Víctimas de matrimonio forzado en Guerrero, una promesa que sigue pendiente

Se cumplieron cinco meses del compromiso institucional de la gobernadora Evelyn Salgado y la atención a las niñas de la Montaña sin avanzar. Anayeli, una de las niñas que huyó al matrimonio forzado, sigue recluida en una Casa Hogar sin acceso a un traductor


Texto: Beatriz García

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

26 de abril del 2022

Chilpancingo

A cinco meses de que las autoridades del estado anunciaron, con apoyo de la federación, que frenarían los matrimonios forzados y que las víctimas recibirían apoyo institucional, siguen sin suceder, de acuerdo con el seguimiento que los defensores y defensoras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han hecho.

El 10 de noviembre del año pasado, después de que fue público el caso de la venta de una menor para un matrimonio forzado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para erradicar esta práctica que ocurre con mayor frecuencia, o al menos así han documentado los organismos de derechos humanos, en la Montaña, región con altos índices de marginación.

Anunció una estrategia en coordinación con otras autoridades, con la presecia de integrahtes de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

Como parte de la estrategia dijo que se harían mesas de trabajo permanentes en las comunidades indígenas.

Luego la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, informó que cada ayuntamiento debería tener un mapa de los riesgos de violencia contra las mujeres, que a las autoridades municipales se les daría capacitación para que conocieran el marco normativo sobre la perspectiva de género y pudieran emprender las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

También que los centros de refugio de mujeres violentadas serían rehabilitados y el personal capacitado, con presupuesto de los ayuntamientos.

Otros elementos que sustentarían esta estrategia serían la de detectar necesidades para dotar de bienes, educación, salud, empleo digno, medidas de protección, procesos de reparación de daños a mujeres y niñas, y la homologación de normas.

El primer caso público de un matrimonio forzado que se conoció en tiempos recientes fue el de Angélica. En octubre pasado, por la documentación de organziaciones de derechos humanos, se supo que Angélica, quien es menor, vivió un casamiento forzado a cambio de 120,000 pesos, además de que fue abusada de manera sexual por su suegro, en Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. Doce días después del anuncio de la estrategia también se supo el caso de Anayeli, de 13 años, quien huyó de su casa, también ubicada en ese pueblo de región Montaña, porque le arreglaron un matrimonio forzado.

De los avances institucionales hasta ahora difundidos por las autoridades sobre la estrategia se apunta la firma de un convenio el viernes pasado entre la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer) con los alcaldes de Alcozauca y Tlapa, Sebastián Ortiz Sayaz y Gilberto Solano Arriaga. Un acuerdo que difundieron como parte de «la estrategia integral para la justicia y bienestar de las mujeres y niñas en 24 localidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica», de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La secretaria, según lo que se lee en el texto, dijo que los alcaldes debían involucrarse en los procesos de capacitación tanto a funcionarios públicos como a efectivos de seguridad.

La estrategia, recordó, contempla garantizar la infraestructura básica, el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades, para erradicar los matrimonios forzados en las niñas, y el fortalecimiento en la atención de apoyos psicológicos y acompañamiento legal.

Pino Girón informó en otro comunicado que para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres, desde la dependencia han brindado de enero a abril 2,062 servicios de asesoría psicológica, jurídica, servicios de traducción, trabajo social, atención al área lúdica, atención pedagógica y médica.

En ninguno de los comunicados hay precisiones de lo que han conseguido hasta ahora rn la Montaña fuera de la firma del convenio.

Las cifras de violencias contra mujeres

Las diferentes violencias hacia las mujeres no paran y organizaciones de la sociedad civil lo documentan. De acuerdo con el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM), en lo que va del 2022, en el estado han registrado 29 feminicidios.

Otras violencias documentadas hasta el 2021 por la organización son la violencia familiar con 2,070 casos, el mayor número registrado es en Acapulco, con 976 casos; la violencia de género con 142 casos, y puerto vuelve a colocarse en el primer sitio con 105 casos; y acusaciones por el delito de aborto en Acapulco, Copala y Chilpancingo, uno en cada municipio.

Por casos de trata de personas en el 2021 en Guerrero, el AGCVIM registró uno en Acapulco; por tráfico de menores tres, en Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec; por violencia equiparada 124 casos; por acoso sexual 42 y por abuso sexual 200 casos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de más de 300 casos de niñas a quienes las forzaron o intentaron forzar para que contrajeran matrimonio, según la abogada de ese organismo, Neil Arias Vitinio.

Estos casos se centran en siete municipios de la Montaña alta: Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Copanatoyac, Tlapa y Xalpatláhuac.

Difícil de erradicar matrimonios forzados en la Montaña: abogada de Tlachinollan

La abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien da acompañamiento de matrimonios forzados en la parte alta de región Montaña, consideró que será difícil erradicar esa práctica arriagada en la región.

En entrevista, la defensora que acompaña los casos de Angélica y Anayeli lamentó que esta práctica está normalizada en los pueblos de Montaña alta, además de que después de que fueron públicos estos casos la situación se abordó como trata de personas. En las comunidades, expuso, las personas son cautelosos al momento de arreglar un matrimonio, situación que se ha planeta en la zona como una costumbre.

La defensora insistió que esta problemática se focaliza en zonas marginadas, alejadas y de difícil comunicación, y eso complica que las instituciones hagan un monitoreo puntual de lo que pasa en las comunidades.

En la estrategia que anunciaron las autoridades, dijo, están involucrados principalmente los presidentes municipales y los DIF, sin que hayan detenido ess prácticas.

Recientemente, en un documento que obtuvo el medio de comunicación digital ANIMAL POLÍTICO a través de una solicitud de información, se supo que la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción” y que en el Presupuesto de Egresos del Estado se contempló un monto de 5 millones 161,000 pesos para implementarla en este año, pero los recursos siguen sin autorizarse.

“Lo que nos preocupa bastante es que hoy en día el DIF en el municipio de Tlapa es difícil toda la cuestión que tiene que ver con la prevención y atención, porque en este mes ha aumentado la violencia contra la mujer. Sabemos que viene la violencia en las comunidades indígenas de toda esta práctica que son mujeres que son vendidas, y que viven con el esposo, los suegros las maltratan”, comentó la abogada.

Un problema que la defensora ha visto y que es necesario atender son los albergues o refugios para dar atención a las mujeres.

En Tlachinollan recientemente, recordó, llegó un oficio firmado por la titular de la Secretaría de la Mujer para solicitarle al organismo refugio para unas víctimas de violencia, pero como sociedad civil no cuentan con esos espacios que debería garantizar el Estado.

Supo que las autoridades suben con complicaciones a algunas cabeceras municipales como Cochoapa el Grande para instalar las mesas de diálogo de la estrategia, también para implementar programas en adolescentes, pero a las comunidades se les ha complicado, y es donde deben focalizar la atención.

En las comunidades están concentrados otros problemas alrededor de los matrimonios forzados, como la salud, la educación, los servicios básicos, los caminos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, según Arias Vitinio se reunió con funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Mujer y les propuso trabajar con las comunidades, asambleas con los pueblos, principales y mujeres, para crear comités de autoridades y jóvenes para saber qué está pasando y, sobre todo, lo que piensan.

En Tlachinollan, dentro de las posibilidades de los defensores, dan apoyo psicológico a las víctimas, sólo en casos particulares, porque atienden casos de desapariciones, feminicidios, violaciones, homicidios, trata de personas, secuestros.

Tlachinollan, el organismo que atiende y acompaña a la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en la Montaña, carace de un albergue, pero ante la desatención de las autoridades ha pagado hospedajes, alimentación a víctimas, trasladado de cadáveres, todas estos acciones debían ser atención que debería de dar el estado.

Este contexto envuelve a una serie de pendientes que hay con las víctimas, como ejemplo los últimos tres casos que atendió Tlachinollan, el de Angélica, el de Anayeli y el de una menor de 13 años de Yucunduta, Metlatónoc.

Guadalupe es revictimizada por negarse a casarse

Guadalupe, así la llamaremos para no revelar su nombre, tiene 13 años y es la última niña a quien Arias Vitinio ha acompañado, porque que intentaban casarla por la fuerza con un joven de 18 años.

La menor es originaria de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, y su padre, quien es migrante en Estados Unidos, se enteró del trato que hizo la madre de su hija con el padre del joven. No estuvo de acuerdo con casarla a la fuerza.

El padre de la niña se comunicó a las oficinas de Tlachinollan para pedir ayuda, porque supo que a la casa de su hija ya habían llevado 70 cartones de cerveza, como parte del arreglo del matrimonio. La niña huyó luego de que supo que la querían forzar a casarse.

En Tlachinollan los defensores mandaron traer a la mamá y al comisario, porque se hablaba de que había colusión con las autoridades municipales.

La niña, dijo la abogada, como en la mayoría de los casos, tuvo miedo y desistió de la acusación por el temor de señalar a sus familiares.

Afortunadamente, dijo Arias Vitinio, se habló con las familias del por qué no debían forzar a la niña a casarse. Disuadieron el compromiso. La niña tuvo que salirse de su comunidad al ser señalada y revictimizada en su comunidad por no cumplir con el compromiso.

“Se truncan proyectos, se trunca la escuela porque ya estaba en tercer año de secundaria, salió. No terminó la secundaria y se deben buscar mecanismos para que no le afecte en la escuela y en algún momento pueda estudiar”, manifestó la abogada.

A la niña le gusta jugar basquetbol y le gustaría aprender a tocar instrumentos musicales, contó la abogada.

Desde Tlachinollan hablaron con autoridades del DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que le dieran apoyo, la respuesta fue que la menor no quiso interponer una denuncia formal y por eso no es posible.

La menor no tuvo acceso a ninguna medida de esta estrategia que se anunció, sólo la intervención de las autoridades municipales para disuadir el matrimonio. Ahora el cargo total de la menor está bajo la tutela de su hermano mayor.

Anayeli sigue recluida en una Casa Hogar y sin acceso a un traductor

Anayeli también fue forzada por su comunidad a huir de ahí, la señalaron porque su caso se hizo público y no se consolidó el matrimonio.

Por la menor pagaron 200,000 pesos a sus padres para que se casara con otro menor de edad, no lo consintió y fue retenida por la Policía Comunitaria de la localidad. En el caso también intervino el organismo defensor, entre ellos la abogada.

Por la menor, ninguno de sus familiares respondió aun cuando se logró disuadir el compromiso, lo único que hicieron las autoridades fue enviarla a una Casa Hogar. Sus padres y sus hermanos se fueron de jornaleros, de acuerdo con lo documentado en Tlachinollan.

La única posibilidad que tiene la menor es que un familiar cercano se haga cargo de ella, pero tampoco lo tiene.

La niña es monolingüe, habla tun´savi, y no ha podido acceder a un perito traductor para que le tomen la denuncia. El argumento de las autoridades es que le están enseñando a hablar “aunque sea poquito español”, aunque se le violentes sus derechos con perspectiva intercultural.

La abogada de Tlachinollan dijo que pidieron a profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que le enseñen a leer, pero aun no lo logran.

La estrategia sigue siendo un pendiente para ella, lo único que tiene es alojamiento, atención psicológica y la promesa de que aprenderá un oficio.

Angélica, en espera de la oprtunidad para estudiar

Angélica huyó de los abusos y maltratos de sus suegros con apoyo de defensores de derechos humanos. Ella ambién fue motivo de señalamientos en su comunidad, por romper con lo que en muchos pueblos de la Montaña tratan como parte de los usos y costumbres. Después de eso le impiden regresar a su pueblo.

El matrimonio de Angélica se disolvió después de que se hiciera público y una tía se hiciera cargo de ella. Viven en una casa rentada y no estudia. No recibe atención médica ni apoyos para estudiar.

La abogada manifestó que como defensores de derechos humanos insisten en que a las víctimas en los ministerios públicos (que dependen de la Fiscalía General del Estado) les hacen valoraciones psicológicas, evalúan daños emocionales y emiten dictámenes para integrar las carpetas de investigación, pero no les dan seguimiento.

Por ejemplo, dijo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se hace cargo de la atención de víctimas de matrimonios forzados.

 

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Congreso no consultó a pueblos para ley de seguridad, dice Tlachinollan

La Ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

13 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Tras la aprobación de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que reconoce a la policía comunitaria en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que esta es una legislación inacabada que no surgió de una consulta a los pueblos indígenas.

Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organismo civil señaló que la citada ley que aprobaron la noche de este martes los diputados del Congreso local fue al «vapor» para cumplir con el plazo que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el 2021, la Suprema Corte invalidó el decreto 778 por el que se reformaban, se derogaban y adicionaban diversas disposiciones de la ley 701 de Reconocimientos, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que se publicó en el Periódico Oficial el 24 de agosto del 2018.

Estas modificaciones a la ley y a la Constitución local las aprobó el Congreso a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.

«Los pueblos indígenas donde existe un sistema de justicia comunitaria y policía comunitaria interpusimos un recurso de inconstitucionalidad porque violaba los derechos de los pueblos y la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón», criticó Barrera Hernández.

El plazo para realizar esas modificaciones vence este jueves 14, pero el Congreso ya aprobó la Ley de Seguridad Pública Estatal y el reconocimiento formal a la policía comunitaria.

Los alcances y la manera de su integración se formalizará cuando se aprueben las reformas a la ley 701 y al artículo 14 Constitucional.

Abel Barrera lamentó que el Congreso local incumpliera con una parte importante de la resolución que emitió la SCJN en el sentido de que se tendría que llevar a cabo una consulta a los pueblos indígenas para que en voz de ellos surgiera una ley de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Hace casi dos meses el Congreso empezó el proceso de dicha consulta que sólo se ha suscrito en que los diputados convoquen a una reunión con los comisarios municipales, ejidales y comunales para que les firmen un documento.

«Lo que nos han dicho en los 350 pueblos de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es de los legisladores no los convocaron a las asambleas y consultarlos que es lo que debe de contemplar la ley», expresó el activista.

Barrera Hernández afirmó que en la ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso se reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales.

«En esta ley y en las otras que van aprobar los diputados no se contempla el reconocimiento al sistema tradicional de justicia comunitaria como lo han establecido los pueblos», dijo Barrera Hernández.

La consulta que realizó el Congreso en donde el gobierno de Evelyn Salgado Pineda aportó una fuerte cantidad de dinero para que se realizara, no se cumplieron con las formalidades jurídicas que estableció en su resolución la Corte.

«Los diputados llegaban a las comunidades nomás a entregar formatos y que los firmaran pero nunca se realizaron asambleas para preguntarle a la gente», añadió.

Dice que tiene información que los diputados que convocaron a las reuniones en los pueblos llevaron promesas de realización de obras sociales para que les firmaran los formatos.

«Fueron reuniones en las comunidades, en la que todos los legisladores-PRI, MORENA, PAN, PT, PVEM y PRD- les decían a las autoridades y a la gente que lo que hacían era para garantizar las obras que va a realizar el gobierno», mencionó.

«Fue una consulta igual a la que hubo el pasado domingo 10 de abril, la de revocación de mandato, en donde hubo acarreados y clientelaje político», dijo.

El activista dice que van a esperar cual será la respuesta de la SCJN cuando el Congreso le entregue la ley que aprobó y la supuesta consulta que realizó a los pueblos indígenas.

Barrera consideró que seguramente la Corte se dará cuenta de que en esas consultas que realizó el Congreso los pueblos no participaron para dar su opinión.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso señaló que con la aprobación de la Ley de Seguridad Pública Estatal es parte del cumplimiento a la resolución que emitió la Corte.

Indicó que en muchas comunidades indígenas donde se realizó la consulta no han enviado la información y eso le van a decir a la Corte.

«Estamos en la etapa de cumplimiento y en las consultas que se realizan estamos cumpliendo con los estándares internacionales que se señala en esta materia», dijo.

 

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Gobierno de Evelyn, desatención a los derechos humanos

Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal que se quedó en la esfera de lo mediático 


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan y Oscar Guerrero

27 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En 100 días de gobierno Evelyn Salgado Pineda no ha podido establecer una estrategia para pacificar el estado, ni atender a las víctimas de desapariciones y asesinatos, tampoco la crisis que enfrentan los jornaleros agrícolas que salen de sus comunidades obligados por el desempleo, ni en el tema que aseguró resolver: los matrimonios forzados de menores de edad.

El director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera, Gema Antúnez Flores, a petición de Amapola. Periodismo transgresor revisaron los 100 días de gobierno de Salgado Pineda.

El defensor de derechos humanos, el religioso y la activista coincidieron que en este arranque de gobierno la gobernadora ha desestimado uno de los problemas más importantes y urgente que enfrenta Guerrero: la atención integral de los derechos humanos.

Barrera Hernández considera que se debe a que este gobierno no ha diseñado políticas públicas para atender a los pueblos.

Rangel Mendoza lo atribuye a la inexperiencia de la gobernadora y la injerencia que tiene su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, en las decisiones de su gobierno.

Antúnez Flores se lo imputa al desconocimiento de algunos funcionarios que “no saben ni dónde están parados”.

Sin interlocución con los pueblos

Abel Barrera afirma que en estos 100 días en el gobienro de Evelyn Salgado no hay una estrategia clara en cómo establecer vínculos con las organizaciones, con las comunidades, con los núcleos agrarios.

El defensor celebra que la gobernadora junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hayan recorrido el 23 de octubre pasado varios municipios de la Montaña y la Costa Chica para conocer de cerca las demandas de los pueblos.

Aunque después de ese día, lamenta, la gente encuentra la interlocución adecuada para encauzar o canalizar sus problemas, sobre todo, uno tan desolador: los matrimonios forzados.

En 2021 se visibilizó en los medios de comunicación uno de los problemas que sufren los menores de edad desde hace décadas: el matrimonio forzado. Los casos de Angélica (15 años) y de Anayeli (13 años) atrajeron la atención. Ambas fueron encarceladas por autoridades comunitarias, una por resistirse al acuerdo y, la otra, por desahacer el matrimonio.

Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal.

Sin embargo, lamenta que sólo haya quedado en la esfera “mediática” y no diera seguimiento a casos de Angélica y Anayeli para darle acompañamiento y un esquema completo de apoyo para la familia.

Reprocha que no se haya involucrado a las mujeres indígenas, ni tampoco víctimas que luchan por justicia.

“No hay avance en la implementación de acciones de políticas que lleguen al ámbito comunitario, ni se vislumbra una acción pensada en las comunidades indígenas”, dice.

Otro sector que está sin atender por este gobierno son los jornaleros, una de las poblaciones más “vulnerable, olvidadas, golpeadas”, dentro de los pueblos originarios.

Recuerda que en la pasada temporada de migración de jornaleros, hubo apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y en otros años ayudaban a mantener un comedor y la atención médica.

“En estos 100 días no ha llegado ninguna despensa, ninguna medicina, ningún apoyo concreto para darle a miles de familias que han salido en estos meses de temporada alta, octubre, diciembre y ahora enero”, informó.

Tlachinollan ha tenido que proveer para que los migrantes jornaleros tengan dónde descansar, atención médica e insumos de higiene ante esta pandemia de la Covid-19.

No busca la pacificación

El obispo Salvador Rangel recuerda que cuando Salgado Pineda estaba en campaña se comprometió a que dialogarían al asumir la gubernatura y juntos buscarían la pacificación del estado, pero a cien 100 de su gobierno eso no ha sucedido.

–¿Qué temas trataría específicamente con la gobernadora?

–Me interesa platicar sobre la pacificación de Guerrero, sobre todo yo tenía una propuesta para el norte del estado: Taxco, Tetipac. Desgraciadamente no se ha dado esta plática.

El religioso compartió que hace unos días se reunió con sus compañeros, los obispos de Tlapa y Acapulco, donde coincidieron en que era extraño que las autoridades del estado no quisieran dialogar con ellos. Considera que, en su caso, sea porque ha criticado a este gobierno y sus declaraciones hayan disgustado a los funcionarios.

El obispo ve que con la entrada del gobierno de Salgado Pineda la violencia no para incluso, evalúa, va en aumento.

Aunado a este panorama, al obispo le preocupa que desde las campañas electorales se dio cuenta que algunas de las presidencias fueron impuestas por organizaciones criminales.

“Lo peor es que cuando ves que ya tomaron posesión los nuevos presidentes, los mandan llamar para ponerse de acuerdo. La semana pasada, no diré el nombre, pero es de aquí de Guerrero, una presidenta municipal me decía: ́yo tengo que estar dando una cuota para poder trabajar en paz y yo creo que muchos están pagando las cuotas´”, destacó.

El obispo, dice, desconoce si la gobernadora y sus funcionarios están enterados de esta situación o simulan no saber nada.

Salvador Rangel expresa su preocupación por la falta de experiencia de la gobernadora y su equipo, además de que su padre, Félix Salgado, esté detrás de todo “porque es quien quita o designa dentro del gobierno”.

“Mientras que la gobernadora esté a la sombra de Félix, las cosas se van a empeorar en el estado, pero hay solución”, aseguró.

Desde la administración pasada, la que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, el obispo ha mantenido relaciones por el momento tensas con el mandatario y funcionarios, en específico con el entonces secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

En este gobierno, ya ha tenido desencuentro con la gobernadora, pero fue Félix Salgado quién le pidió que ya no hablara de política.

“Con todo respeto, el clero tiene sus sagradas funciones, pero no puede intervenir en los asuntos del gobierno, así como el gobierno no puede interferir en los asuntos de la iglesia”, le dijo Félix Salgado.

Sin esperanza de un cambio

–¿Confían en que en este gobierno encuentren justicia?

–La conclusión a la que hemos llegado es que este gobierno va a ser peor que el anterior. La verdad no tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar, vemos que nombraron muchos secretarios, al frente de cada dependencia que no saben ni dónde están parados.

Quien responde es Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera.

Desde febrero del 2011, Gema Antúnez busca a su hijo, Juan Sebastián García Antúnez, quien fue desaparecido en Chilpancingo. Lo último que se supo fue que hombres lo interceptaron en el Paseo Alejandro Cervantes y se lo llevaron.

–¿Qué urge resolver para las víctimas de María Herrera y así encontrar justicia?

–Desgraciadamente las desapariciones están aumentando mucho. Por ejemplo, yo tenía 80 familias registradas hasta el año pasado y en lo que va del mes ya aumentaron 15 más, eso solo de mi colectivo. Es muy difícil, porque la gente queda muy desamparada y no hay apoyos económicos y en Guerrero hay una canasta básica que se les tiene que entregar a las víctimas afectadas.

El 11 de enero, el colectivo junto con organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos se reunieron por primera vez con la gobernadora, pero, dice Gema Antúnez, no le han planteado con puntualidad sus demandas, que arrastran desde hace años.

Uno de los acuerdos de este primer encuentro fue que a inicio de febrero la gobernadora encabezará mesas de trabajo para atender de manera más específica las demandas. Sin embargo, hasta ahora no hay fecha programada para las nuevas reuniones.

El encuentro no fue por iniciativa de la gobernadora, más bien, afirma la activista, por la presión que ejercieron las organizaciones sociales.

El colectivo María Herrera agrupa a 95 familiares de 98 desaparecidos y tres asesinados en Guerrero, registrados desde 2008 a este año.

Uno de las urgencias para los familiares de los desaparecidos y asesinados, es que las autoridades del estado atiendan lo que respecta a la Comisión Estatal de Búsqueda, pues no cuentan con personal para búsquedas y, eso, provoca que sea ellos mismos los que salgan a campo a buscar directamente a sus seres queridos.

“Estamos desamparados, les digo ayúdenme con esto, con lo otro y yo veo que están en ceros, no saben por dónde empezar, y piden orden federal”, reprochó.

Covid-19: Sin freno éxodo de migrantes y violaciones a sus derechos humanos

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país


Texto: Beatriz García

Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

18 de enero del 2021

Chilpancingo

 

La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.

De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.

En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.

“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de  lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.

En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.

Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y  tres por coronavirus.

Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.

“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las  condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.

Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas  donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.

Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.

En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.

Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.

El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.

Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.

Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.

El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias  dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.

 

Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional

En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.

Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores,  no se atendió el problema de los jornaleros.

La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.

Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo,  se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa  se registraron 14 mil  jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.

Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para  este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.

Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.

La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.