En el informe número 28 de la organización, el abogado de las madres y padres, que también forman parte de este equipo, ve pocas posibilidades de esclarecimiento en este sexenio
Texto: Amapola periodismo (con información de José Miguel Sánchez)
Fotografía: José Miguel Sánchez
21 de febrero del 2023
Chilpancingo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan evaluó que el caso Ayotzinapa no sé resolverá en este sexenio, y planteó su preocupación porque otra verdad histórica puede ser fabricada.
Este balance lo planteó el abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien es asesor de las madres y los padres de los 43 e integrante de Tlachinollan, durante la presentación del informe número 28 de la organización al que denominaron Naufragio por la Verdad, celebrado en un salón del hotel Paradise Inn, al norte de la ciudad de Chilpancingo.
El abogado denunció que el Ejército sigue negándose a presentar sus expedientes e informes que, según el argumento de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, ya les solicitó en 30 ocasiones, todas esas veces se han negado.
“Hasta el presidente como comandante supremo ya ordenó que entreguen los expedientes, pero no lo hacen, no quieren pisar los juzgados, quieren vivir en la impunidad”.
Rosales Sierra mencionó que en este gobierno tampoco ve posibilidades del esclarecimiento de los hechos, justo ante la negativa de los militares de mostrar sus expedientes.
“Todos los indicios nos llevan a establecer que el principal responsable de la desaparición de los 43 fue el Ejército y hay un ocultamiento de pruebas que los militares no quieren dar a conocer”, mencionó Rosales Sierra.
El temor de que creen otra verdad histórica, el abogado la basa en que el último informe presentado por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa mantiene como pruebas unas capturas de pantalla donde presuntamente intercambian mensajes integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos con mandos militares y hablan sobre el paradero de los 43 normalistas.
De acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) esas capturas de pantalla son falsas.
“Ya no vemos posibilidades de esclarecimiento del caso, por el contrario, tememos que haya un cierre del caso y haya una nueva verdad, y ahora el gobierno diga que resolvió los hechos, ya se sabe qué pasó”.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos, estuvo presente en el informe y dijo que en los próximos días se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, para conocer los avances de la investigación, pero temen que pretendan cerrar el caso de cara a las próximas elecciones.
“Esperemos que en estos días no nos den una nueva sorpresa con el nuevo informe que presentara el licenciado Encinas, para no llegar a la elecciones con el gran problema de los 43”, comentó.
Insistió en la importancia de investigar al Ejército para saber la verdad de lo que sucedió con los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.
“Tenemos información de la implicación de los militares en la desaparición de los 43, nosotros sólo pedimos la justicia que merecemos”.
Durante el informe abordaron otros ejes que atente la organización, como los matrimonios forzados, los desplazados, los jornaleros y los asesinatos de activistas que están en la impunidad.
En su participación, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó al gobierno estatal y federal de un “abandono institucional” a los pueblos de Guerrero.
“En todos los problemas sociales que tiene Guerrero no hay un apoyo institucional, los desplazados exigen paz, las víctimas justicia, pero nadie tiene nada de eso. Hay una clase política distraída en otros temas que no resuelve nada”, dijo.
Durante la presentación del informe acudieron activistas y víctimas de la violencia en diferentes puestos del estado.
También estuvo presente el representante en México del alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien reconoció la labor de Tlachinollan al frente de las problemáticas sociales.
También asistió Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), hermano de Vicente Suástegui, activista desaparecido en Acapulco en 2021.
Suástegui Muñoz exigió la aparición con vida de su hermano e hizo un recuento de la violencia que viven desde el 2000 por su activismo en defensa del río Papagayo.
“En el 2000 fuimos encarcelados por el gobernador René Juárez Cisneros, en 2005 reprimidos por el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, y con Aguirre Rivero enviados a una prisión de máxima seguridad para ser torturados, sólo esperemos ser ejecutados por la morenista Evelyn Salgado Pineda”.
El informe de Tlachinollan permitió ver sólo parte de los problemas sociales y las víctimas de Guerrero que son quienes dan la lucha por la justicia pendiente.
