Incendian normalistas acceso del Palacio de Justicia en Iguala

Nueve años de la desaparición de los 43: normalistas gritan, «fue el Ejército». Después de la acción de los normalistas en el edificio fue incendiada por extraños la estela en memoria de Julio César Mondragón Fontes, uno de los estudiantes asesinados la noche de Iguala, donde poco antes sus compañeros habían dejado una ofrenda flora.


Texto: Margena de la O

Fotografía: Amapola periodismo

Iguala

27 de septiembre del 2023

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, con el apoyo de contingentes de otras normales agremiadas a la Federación Estudiantil Socialista de México (FECSM), atacaron las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala, lanzaron piedras, explosivos y estrellaron la cabina de un trailer en uno de los accesos del inmueble que después incendiaron.

Con esta acción que duró unos 30 minutos, los normalistas cerraron su jornada de acciones de este 27 de septiembre en Iguala, como parte de los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de otros tres de sus compañeros.

Alrededor de las cuatro de la tarde parecía que los normalistas rurales de diferentes partes del país iban de salida de la ciudad, después de que marcharon y visitaron las estelas de los caídos de la noche de Iguala: Julio César Mondragón Fontes, Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo.

En estos sitios de memoria, ubicados al costado de Periférico Norte, donde además ocurrieron una parte de los hechos de la noche de Iguala, dejaron unas ofrendas florales como una manera de insistir que el caso sigue sin ser esclarecido por las autoridades.

Los casi 30 autobuses en los que viajaron se detuvieron frente al Palacio de Justicia y era señal de que habría acciones más fuertes. Al mediodía, cuando llegaron a Iguala, los normalistas pararon en el inmueble y vieron que en el pavimento de alrededor del edificio cavaron una zanja, al parecer para evitar que hicieran acciones contra el inmueble, pero no lo consiguieron. Desde ese momento el edificio ya estaba vacío.

Las protestas recurrentes de los normalistas en Palacio de Justicia de Iguala, lo han explicado antes, es porque los funcionarios del Poder Judicial, encabezados por la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la ahora magistrada en retiro, Lambertina Galeana Marín, ocultaron los videos de las cámaras de seguridad del inmueble que habría captado momentos importantes de la zona de donde se habrían llevado a un número importante de los 43, según datos de las indagaciones adicionales.

Los normalistas se bajaron de los autobuses y de manera inmediata comenzaron a lanzar piedras, y después explosivos que cada vez que estallaban hacían retumbar el suelo.

Con las explosiones constantes, los normalistas volaron el portón trasero del inmueble, por donde ingresaron y rompieron cristales de ventanas, destrozaron y quemaron mobiliario.

En la fachada frontal del edificio, otro grupo de normalistas se apoderó de un trailer que quedó varado entre los autobuses que los llevaban.

Los normalistas bajaron al conductor, después de que sacó sus cosas, y desprendieron el remolque del trailer.

Uno de los normalistas condujo la cabina del tráiler, después de cruzar el camellón, hasta uno de los costados del edificio para evadir la zanja; lo estrelló en lo que también era uno de los accesos.

Para cerrar la protesta le predieron fuego a la cabina, al igual que al acceso principal.

Los normalistas abordaron los autobueses y salieron de Iguala. Para cuando llegaron los elementos de Protección Civil a sofocar la cabina, ya ningún normalista estaba.

Un par de horas después, alrededor de las seis de la tarde, se supo que la estela de Julio César Mondragón Fontes fue incendiada. Circuló un video en las redes sociales donde se ve a unos hombres que atacan la estela y el momento que la incendian.

Gobierno federal encubre al Ejército, el reclamo

El reclamo contundente y claro de la movilización de este 27 de septiembre en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa y de los contingentes del resto de las normales rurales del país, es que el gobierno de México protege al Ejército para no asociarlo con los hechos de hace nueve años.

Como lo hacen cada 27 de septiembre, los normalistas de la FECSM, que congrega a todos los normalistas rurales del país, estuvieron en Iguala para conmemorar la muerte de los tres normalistas que cayeron en la noche de Iguala.

En las estelas levantadas en su nombre, ubicadas a los costados de Periférico Norte, camino a lo que es conocida como zona industrial, los normalistas dejaron unas ofrendas florales y realizaron un mintin.

En esos mitines fue que los estudiantes reprocharon de manera reiterada al gobierno federal se niega a castigar al Ejército.

«Es este gobierno el que está encubriendo a todos esos asesinos, a todos esos militares, los altos mandos, funcionarios que coordinaron todo este operativo», dijo uno de los normalistas rurales en el mitin de la esquina del periférico y Juan N Álvarez, uno de los sitios del ataque hace nueve años.

Las madres y padres de los 43, y los normalistas llevan años con el reclamo de que sea investigado el Ejército por presuntas implicaciones en la noche de Iguala, según los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Pero el lunes, en la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con las madres y padres de los 43, les entregó un informe, al parecer, en respuesta al compromiso que hizo con ellos de darles resultados ante la exigencia de investigar al Ejército, con lo que no quedaron conformes.

El abogado de las madres y los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, dijo ese día a reporteros que los avances eran parecidos a la llamada de la «verdad histórica», al parecer porque otra vez se descargaba la responsabilidad en los estudiantes.

En la versión pública de ese informe, llamado Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, además sólo mencionan a tres militares como implicados en el caso, dos coroneles y un capitán.

«Como es posible que con unos cuantos militares y unos cuantos policías nos quieran ver la cara y nos digan que son todos los culpables», mencionó un normalista en uno de los mitines de hoy en Iguala.

Ángel Aguirre Rivero: la invisibilidad política después de Ayotzinapa

Los nueve años transcurridos desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han invisibilizado al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien en 2018 intentó infructuosamente ser diputado y que ahora sólo dirige una corriente dentro del PRD guerrerense.


Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de septiembre, 2023

 

Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí vieron frenadas sus carreras políticas.

En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.

Uno de los más visibles es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a los 27 días de los hechos de Iguala. El ex priista y ex perredista sigue en una especie de congeladora. Uno de sus últimos comentarios a la prensa fue que pide con todas las fuerzas de su alma que resuelvan el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Después de ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida al final del segundo año del peñismo, el ex gobernador hizo una pausa formal de casi tres años en su vida política. En realidad, no ha vuelto a funciones públicas mayores, sólo la de ser líder de una corriente interna del PRD en Guerrero, partido que lo llevó al poder.

El PRD, por su lado, que había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, se ha ido desdibujando desde la desaparición de los normalistas. Meses después de los hechos, perdió las elecciones de gobernador -en las que ganó el priista Héctor Astudillo-, se debilitó en el Congreso local, en las alcaldías y, en 2021, se alió con el PRI para enfrentar a Morena, pero no pudo impedir la victoria de Evelyn Salgado.

Aguirre intentó volver al servicio público y no lo dejaron. Para la elección de 2018 ya se presentaba como precandidato a diputado federal por el distrito 08, con sede en Costa Chica, Guerrero, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), pero las madres y los padres de los 43 normalistas le recordaron que tenía una deuda pendiente.

En la prensa local quedó documentado el día en el que le frustraron su arranque de precampaña en el salón Ávila de la cabecera de Ayutla de los Libres. Era el 27 de diciembre de 2017. Un grupo de madres y padres de los 43 subió hasta el templete, donde dirigiría un discurso, para exigirle que les dijera dónde estaban sus hijos.

“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, le mencionó una de las madres, según la crónica de ese día del periódico El Sur, donde los simpatizantes del ex gobernador salieron en su defensa.

Después de esos reclamos, Aguirre abandonó su aspiración. “El día de mañana retiraré mi solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero”, escribió en Twitter (ahora X) el 7 de enero del 2018.

Desde entonces, se ha concentrado en sus funciones como una especie de “líder moral” de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG). En lo formal y en lo público Alberto Catalán Bastida es el dirigente estatal del PRD, considerado como un personaje cercano al exgobernador Aguirre.

Algunos actores dentro del PRD todavía le dan a Aguirre Rivero el peso de mover los hilos en el partido. Le atribuyeron que fraguó la alianza en 2021 con el PRI, que ubicó a Mario Moreno Arcos, otro de sus cercanos, pero del ala priista, como el candidato a gobernador por este frente, que perdió ante la actual gobernadora.

Otros, lo ubican ahora como un personaje político disminuido. Un ejemplo: en 2021 no pudo colocar a ningún regidor del PRD en el Cabildo de Ometepec, municipio de donde es originario que es considerado su mayor bastión.

Uno de sus compañeros de partido proporcionó otro dato interno: su corriente, el IPG, tampoco tuvo cuadros para presentar como propuestas a alcaldes en la elección pasada. De los 19 alcaldes actuales del PRD en Guerrero, sólo Tomás Hernández Palma, de San Marcos, pertenece a su corriente, pero porque el edil renunció a Nueva Mayoría (NM), corriente que lidera el perredista Evodio Velázquez Aguirre.

Aguirre “ahora no tiene base social”, comentó la fuente.

Lo que ha mantenido al ex gobernador vigente en la opinión pública durante estos años son sus artículos de opinión en El Sur, a nivel local, y Milenio, a nivel nacional. En ellos ha llegado a comentar algunos elementos del caso que atañe a la noche de Iguala, casi siempre en su defensa.

En una entrevista con reporteros en Chilpancingo, el domingo 17 de septiembre pasado, el ex gobernador informó que el Ejército le ocultó información de los hechos en Iguala, porque el comandante de la región militar le dijo que el 26 y 27 de septiembre de 2014 los estudiantes estaban en la Normal Rural y que se había inventado la desaparición. Esto lo expresó nueve años después.

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en su última aparición pública. Acudió al panteón central de Chilpancingo por el aniversario luctuoso del ex mandatario estatal, Alejandro Cervantes Delgado, el 17 de septiembre pasado.

Los funcionarios de la primera fila de su gobierno

Quien se libró en 2022 de una orden de aprehensión porque un juez federal ordenó la cancelación, es el abogado Iñaki Blanco Cabrera, quien era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2014.

De estos servidores públicos, además de Blanco Cabrera, 16 son integrantes del Ejército, como el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En últimas fechas, el exprocurador ha concedido entrevistas extensas a periodistas de la capital del país para dar detalles de lo que hizo al frente de la ex PGJE tras los hechos en Iguala.

En el programa Contra cara de Heraldo Televisión, en agosto pasado, expuso, entre otras cosas, que la Procuraduría a su cargo fue la primera instancia en investigar los hechos de Iguala, antes de que la investigación fuera atraída por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), como “desaparición forzada”, porque entonces ya sabían de la participación de los policías municipales de Iguala y Cocula.

También que personal a su cargo concentró durante las primeras horas alrededor de 270 elementos municipales de Iguala en las oficinas regionales, los desarmó, les aplicó pruebas periciales y confirmó que al menos 22 habían accionado sus armas en las horas en que ocurrían los hechos. Expuso que le pidió ayuda a elementos militares y a una base de la Policía Federal para concentrar en sus instalaciones a los policías municipales retenidos por los indicios de su participación, pero que se la negaron.

Además, dijo que la estructura de la dependencia a su cargo auxilió a algunos de los estudiantes ilesos de esa noche, quienes fueron los primeros en proporcionarles información de lo que ocurrió.

La idea de pedir ayuda, aclaró, era separar a los estudiantes que también llegaban a las instalaciones regionales de los policías retenidos.

“Mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las autoridades federales o bien, que no se solicitó la intervención del Ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del Ejército, para que me permitieran concentrar a los elementos de la Policía Municipal en instalaciones militares. Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o como sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde ya tenía a resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y familiares”, fue parte de su comentario en el programa.

El caso sin resolver de la desaparición de los 43 normalistas también hizo imposible que Blanco Cabrera volviera al servicio público, actividad en la que se había desarrollado en los últimos años.

Antes de procurador tuvo varios cargos en la PGR: fue coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo, coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, delegado en Guerrero y titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de director de Quejas Recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todas estos cargos los luce en sus redes sociales como una carta de presentación.

En las últimas entrevistas lo presentan como un jurista destacado.

Con quien Blanco Cabrera comparte un escenario similar es con la magistrada en retiro Galeana Marín, quien también libró una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia, al igual que otros servidores públicos del TSJ de Guerrero, porque no resguardaron los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.

Cerca de este edificio público ocurrió una parte importante de los hechos de la noche de Iguala; hay indicios, por las indagaciones adicionales sobre el caso, de que a unos metros se llevaron a un número importante de los normalistas desaparecidos. En este dato estriba la importancia de los videos que nadie halla en el Poder Judicial.

En medio de este cuestionamiento, la magistrada se retiró de sus funciones.

Quien no pudo librarse de acciones legales, aun cuando estuvo en la primera línea de funcionarios públicos del gobierno de Aguirre Rivero, fue el teniente retirado del Ejército, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, porque fue detenido el 28 de octubre de 2022, en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada, además de llevar a cuestas el señalamiento de omisiones en la desaparición de los 43 normalistas.

Aun cuando por obvias razones está desdibujado del servicio público, Vázquez Pérez, sumaba 12 años en cargos públicos policiales y de seguridad, lo que expone que los actores políticos le tenían confianza.

Antes de ascender a secretario, el 7 de enero de 2014, era subsecretario de Prevención y Operación Policial, y antes coordinador operativo de la Policía Estatal, región Acapulco. Fue el cuarto secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguirre Rivero, quien entró en funciones en 2011.

Fue herencia de la administración de Alberto López Rosas, como alcalde de Acapulco (2002-2005), periodo en el que fue comandante de la Policía Turística. En la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) ocupó varios cargos, uno de ellos como coordinador general de Seguridad al Sector Turístico SSP.

Vázquez Pérez sólo duró nueve meses como secretario, porque dejó sus funciones a partir de la renuncia de Aguirre Rivero.

Uno de los funcionarios que libró la sombra de haber sido parte del gobierno de Aguirre, es Jesús Martínez Garnelo, quien fue su secretario General de Gobierno.

Martínez Garnelo sigue en sus funciones como magistrado del TSJ y es catedrático e investigador académico. Fue secretario a partir del 8 de julio de 2013; unas horas antes pidió licencia a la presidencia del TSJ.

Apenas este 20 de septiembre de 2023, el Poder Judicial del Estado de Guerrero convocó a través de las redes sociales a la presentación del libro del magistrado: “El juez penal y su procedimiento especial de ejecución de sentencias, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo”.

La prensa ha documentado que de cara a los hechos de Iguala, Martínez Garnelo se comunicó con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al tercer día de los hechos, el 29 de septiembre de 2014, para saber qué había pasado, pero que le contestó que no sabía.

Además, el gobierno de Aguirre Rivero adquirió un equipo para hackear computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa Hacking Team, unos meses antes de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso en abril de 2016.

En su historia como magistrado, Martínez Garnelo ha sido considerado como una de las personas más cercanas a Aguirre Rivero. En 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por algunos años, porque junto a otro magistrado y una jueza liberaron al secuestrador sentenciado, Carlos Alberto Castro, apodado El Calilla.

Abarca Velázquez, otro de los actores políticos alrededor del caso Iguala, es hasta ahora en quien ha recaído la responsabilidad pública de la noche en que desaparecieron 43 y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa, aun cuando en términos legales, su permanencia en la cárcel está deslindada de esos hechos.

Un mismo juez, en un periodo de ocho meses, lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, aun cuando lleva casi nueve años detenido, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrida el 30 de mayo de 2013. De este caso se desprende el asesinato de tres dirigentes, entre ellos Arturo Hernández Cardona.

Lo que ocurrió la noche de Iguala evidencia un alto nivel de implicaciones de servidores públicos, no sólo a nivel municipal, también estatal y federal, pero a nueve años de distancia, la mayor de las afectaciones del primer círculo de las administraciones al frente de los poderes públicos locales, es un desgaste de su imagen política.

 


Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Piden madres y padres de los 43 al presidente más de 800 documentos que no quiso entregar el Ejército para saber del paradero de sus hijos

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

26 de septiembre del 2023

Madres y madres de los 43 normalistas desaparecidos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la entrega de 858 documentos que tiene el Ejército, que hablan del paradero de sus hijos y que ubicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante sus investigaciones.

De los documentos destacan uno que da cuenta del momento en que 17 de los 43 muchachos desaparecidos son llevados a cierto lugar para privarlos de la vida.

“Pero el mismo es una hoja tamaño carta que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”, detalla la carta.

El documento contiene la relación de los documentos en poder del Ejército, junto con la fecha en que se generó, el folio y el estatus, algunos de los cuales si fueron entregados.

La relación de documentos que ubicó el GIEI arranca con el folio número 525, generado el 30 de abril del 2014, que si fue entregado, pero después enlistan del 526 al 872, sin entregar. El documento 873, generado el 3 de julio del 2014, fue entregado, pero no los documentos que van del 874 al 1076.

El documento 1077 fue entregado, no así los que van del 1078 al 1202.El 1203 sí, pero del 1204 al 1211, no. El 1212, sí y del 1213 al 1251, no. El 1252 tiene estatus de entregado pero no los documentos foliados del 1253 al 1314. El 1315 y 1316 los tienen en su poder pero no los foliados del 1317 al 1372.

Finalmente, el Ejército tampoco proporcionó al GIEI los documentos foliados del 1375 al 1400.

Las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigen a López Obrador de manera respetuosa, incluso agradecen su indicación para la apertura de los archivos militares, pero aseguran que se identificaron varios documentos que no fueron entregados.

En la carta, recuerdan a López Obrador que el Ejército infiltró la Normal, por lo que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a los estudiantes desde que arribaron a Iguala.

“Como madres y padres tenemos la necesidad de conocer esos documentos incompletos que hablan del paradero de nuestros hijos. No nos mueve otro interés más que saber qué contienen tales documentos que pueden ayudar a saber qué pasó con nuestros hijos”.

 

Protestan en Guerrero por los 43 normalistas de Ayotzinapa

Texto: Jesus Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

26 de septiembre del 23

Al cumplirse hoy martes nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres, estudiantes y organizaciones sociales realizaron protestas en Atoyac de Álvarez, Acapulco y Chilpancingo para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su presentación con vida.

La jornada de movilizaciones iniciaron en Atoyac en donde alumnos de la preparatoria popular de la comunidad de El Quemado y militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron dos mítines, uno en el antimonumento de los 43 y otro en el obelisco del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

En esta protesta en la que exigiieron castigo al Ejército Mexicano por su presunta responsabilidad en los hechos de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, también participaron integrantes del Frente Progresista Guerrerense.

En Acapulco, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) llevaron a cabo un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en la Costera Miguel Alemán.

En Chilpancingo, estudiantes de cinco normales marcharon desde su plantel escolar hasta el antimonumento de los 43, en la avenida Lázaro Cárdenas del Río.

Durante la movilización, las y los estudiantes gritaron las consignas «vivos se los llevaron, vivos los queremos», «ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos».

Dos helicópteros que salieron de las instalaciones de la 35 Zona Militar sobrevolaron las cercanías donde unos 500 jóvenes protestaban.

«Ya se cumplieron nueve años de la desaparición de nuestros 43 compañeros y el gobierno no nos los entrega», dijo una normalista durante el mitin en el antimonumento.

Luego se escuchó el pase de lista de cada uno de los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Y la consigna: «presentación con vida».
«Este gobierno (el de López Obrador) prometió hacer justicia a los padres y madres de los 43 y al pueblo de México y nos falló», dijo una normalista.

Entre las normales que participaron en la movilización en Chilpancingo está la Adolfo Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y la Rafael Ramírez.

Después del mitin en el antimonumento, los jóvenes marcharon de regreso hacia sus planteles educativos.

Alrededor de las 10 de la mañana, 20 autobuses con estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales del país se dirigieron a la Ciudad de México para participar en las protestas con los padres y madres de los 43.

La Normal Rural de Ayotzinapa un recinto de memoria por su lucha

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayotzinapa

25 de septiembre del 2023

 

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, además de ser un edificio educativo de formación para maestros en Educación Primaria y Educación Primaria con enfoque bilingüe, es un recinto de memoria sobre las luchas sociales emprendidas por los normalistas desde los tiempos de Lucio Cabañas Barrientos.

Cada generación de estudiantes de la Normal Rural plasma en sus paredes los rostros, las consignas y los ideales de los actores presentes y ausentes de su historia. Es un ejercicio claro para no olvidarlos y fortalecer la memoria colectiva.

Este ejercicio se ha convertido, a la vez, en un recordatorio de la deuda del Estado con ellos al intentar frenar sus luchas en distintos periodos, lo que convierte las paredes del recinto en un grito permanente de justicia.

Recorrer el plantel en estos momentos que se conmemoran los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de tres de sus estudiantes durante la noche de Iguala reaviva la fuerza de su grito: castigo a los responsables de todos los niveles de una noche que refleja el involucramiento de agentes de Estado y fuera de él, asociados en un propósito, desaparecer y aniquilar estudiantes.

Aquí mostramos estos lienzos de concreto de la Normal Rural que han tomado vida propia.

Foto 1. Los rostros de nueve de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la ventana de una caseta del plantel.

Foto 2. Estudiante de nuevo ingreso de la Normal Rural posa en un mural donde aparecen los rostros de sus compañeros caídos en diferentes momentos de la historia de su escuela.

Foto 3 y 4. Mural que presenta la lucha de nueve años por los 43 estudiantes desaparecidos; adelante una escena donde estudiantes se enfrentan a la Policía Estatal.

Foto 5. Mural en memoria de Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, quien fuera torturado y asesinado en noche de Iguala. En la pared continua aparece Genaro Vázquez Rojas Rojas, profesor y guerrillero referente de lucha de los estudiantes de Ayotzinapa.

Foto 6. Mural en honor a la lucha emprendida por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Foto 7. En este mural están los rostros de Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista y Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, en un reconocimiento que hacen los estudiantes a la lucha ya de nueve años de madres y padres de los 43.

Foto 8. El rostro de Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado la noche del 26 en Iguala.

Foto 9. Mural basado en la fotografía del fotorreportero José Luis de la Cruz, donde aparece Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro de los 43, cuando enfrenta a antimotines de la Policía Militar.

Foto 10. Mural con el que exigen de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su promesa de resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Normalistas de Ayotzinapa incendian e impactan vehículo contra sede militar en Iguala

Los normalistas cumplen hoy siete días de acciones por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: La Lente de Guerrero

Chilpancingo

18 de septiembre del 2023

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, incendiaron una camioneta Urvan en una de las puertas de la fachada de la sede del 27 Batallón Infantería, en Iguala, la que minutos antes impactaron en el sitio, como parte de su plan de acción por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros.

La acción de los normalistas ocurrió en cuestión de minutos, porque los elementos de la Guardia Nacional vigilaron en todo momento la protesta y tan pronto los vieron acercarse lanzaron a los estudiantes gases lacrimógenos. En el contingente también estaba un grupo de padres y madres de los 43.

En estos nueve años, el 27 Batallón de Infantería y otras sedes militares fueron blindadas contra estas acciones de los normalistas de Ayotzinapa, las que ocurren cada mes de septiembre por el aniversario de la desaparición de los estudiantes. El portón principal del batallón está cercado con obstáculos de acero y alambre con púas para evitar el paso. Los normalistas impactaron la unidad sobre la puerta del costado, donde no había impedimentos más que el pequeño borde de la jardinera.

Los normalistas llegaron a la ciudad, según los reportes de Protección Civil, en unos 25 autobuses. Circuló la versión de que llegarían al centro de la ciudad, hasta el edificio de Ayuntamiento de Iguala reabierto después de que la administración municipal lo remodeló, pero nunca ingresaron; se encaminaron hacia el edificio local de la Ciudad Judicial y siguieron hasta la sede militar, ubicada sobre Periférico, frente a Plaza Tamarindos.

Normalistas de Ayotzinapa estrellaron e incendiaron un vehículo en uno de los accesos del 27 Batallón del Ejército, en Iguala, este lunes 18 de septiembre.

Toda la zona que hoy recorrieron los normalistas es donde desaparecieron a sus compañeros hace nueve años.

Ante la posibilidad de que los normalistas llegaran al centro de la ciudad, algunos comerciantes cerraron sus negocios.

En su trayecto, los normalistas retuvieron la camioneta de una empresa privada que impactaron en la sede militar; tenía los logos de una tienda departamental. El vehículo fue incendiado después de estrellarlo.

También lanzaron algunos petardos a la sede militar al responder a los elementos de la Guardia Nacional los gases lacrimógenos. El jueves pasado en la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, donde protestaron por la misma razón, los militares también usaron gases.

Los estudiantes, las madres y los padres de los 43 normalistas señalan al Ejército como uno de los responsables directos de la desaparición ocurrida en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, según los hallazgos de los integrantes del Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI).

El reclamo de los estudiantes es que el gobierno federal no investiga a los miembros del Ejército como probables responsables de la desaparición de los 43.

Elementos de Protección Civil llegaron a las instalaciones del 27 Batallón para sofocar el fuego y retirar el vehículo.

Después, los estudiantes abordaron los autobuses en los que llegaron y siguieron, al parecer, hacia Ciudad de México, donde tienen contempladas otras acciones de protesta.

Aguirre insiste en ser inocente de la desaparición de los 43

Se refirió a Tomás Zerón como delincuente


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

A unos días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, señalado por los padres y madres, como responsable, asegura ser inocente y que de manera injusta el gobierno de Enrique Peña Nieto lo trató de encarcelar.

Aguirre solicitó licencia al Congreso para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre del 2014, 27 días después de los sucesos del 26 de septiembre.

En entrevista en Chilpancingo dijo que la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), Tomás Zerón de Lucio, es pieza clave para esclarecer el caso.

A Tomás Zerón, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, lo acusaron de la fabricación de la «verdad histórica» .

El ex funcionario vive en Israel en donde se le dio asilo bajo el argumento de que es un perseguido político.

«Lo que yo sí veo muy difícil es la extradición de Tomás Zerón que es un punto clave para que se pueda llegar a la solución del caso; creo que ya no hay condiciones, ojalá y rectificara el gobierno de Israel para que traigan a ese delincuente a México, dijo Ángel Aguirre.

El ex gobernador perredista participó en el acto donde se recordó el 23 aniversario del fallecimiento del ex mandatario estatal Alejandro Cervantes Delgado, en el panteón de Chilpancingo.

La convocatoria de la ceremonia luctuosa reunió a la clase política del PRI y PRD y ex funcionarios del ex gobernador Ángel Aguirre, del fallecido Alejandro Cervantes y familiares cercanos de éste último.

En entrevista, Ángel Aguirre aseguró que cuando la FGR inició las investigaciones del caso Ayotzinapa, Tomás de Zerón siempre lo quiso involucrar a él y a otros funcionarios por el delito de delincuencia organizada.

«Lo que quería (Tomás Zerón) era llevarnos a la cárcel a mí y al ex procurador general de Justicia, Iñaky Blanco», afirmó el ex mandatario. estatal.

Ángel Aguirre aseguró que cuando sucedieron los hechos, el ex pocurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, inició las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa, las que retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

«Esas investigaciones del entonces procurador, Iñaki Blanco han sido reconocidas por el Alto Comisionado de la ONU, de la Comisión de la Verdad y de la FGR», aseguró el ex gobernador.

Mencionó que ninguno de los detenidos por la Procuraduría que dirigía Iñaki Blanco han salido en libertad y tampoco se ha podido acreditar que se les torturara.

Ángel Aguirre afirmó que durante la noche del 26 de septiembre del 2014 hubo una serie de actuaciones que él todavía no puede entenderlas.

«Una de ellas es de que a mí como gobernador, el Ejército no me informó en tiempo real de cómo sucedían los hechos pese a que el Ejército tenía el control y mando del C-4 en Iguala».

«Dos días después (del 26 de septiembre) el entonces comandante de la región militar (35 Zona Militar con sede en Chilpancingo) me informó que los muchachos se encontraban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y solo era una farsa (su desaparición) que se había montado y ahora nos parece delicado que un jefe militar le comunique al gobernador que no tenga mayor preocupación porque ahí están los jóvenes, lo cual era absolutamente falso», detalló Ángel Aguirre.

¿Usted tiene las manos limpias?

—Yo he estado atento a todo el proceso siempre hemos estado en la mejor disposición de colaborar. Yo espero que en las últimas aportaciones que se han dado haya avances más sustanciales y se pueda conocer más sobre estos hechos tristes y lamentables.

¿Cuántas veces ha comparecido ante la FGR?

—Tres veces y si me vuelven a citar, lo haré.

¿Cree que se resolverá el caso Ayotzinapa?

–Yo le pido con todas las fuerzas de mi alma a quien tenga que ayudarnos que se resuelva y que se llegue al fondo.

 

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la entrevista en Chilpancingo este 17 de septiembre.

Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos en zona militar y soldados responden con gases lacrimógenos

Los gases de los militares causaron la intoxicación en menores y en comerciantes de una escuela primaria y del mercado que se ubican en la colonia del PRI


Texto y fotografía: Amapola Periodismo

Chilpancingo

14 de septiembre del 2023

A unos días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, normalistas de esta escuela lanzaron petardos y piedras a las instalaciones de la 35 Zona Militar, aquí en Chilpancingo.

Los policías militares dentro de las instalaciones contestaron lanzando bombas de gas lacrimógeno a los estudiantes.

Los militares empezaron a lanzar los gases cuando un grupo de estudiantes pretendía estrellar una camioneta de la empresa Barcel contra el portón del edificio militar.

Fue entonces que se intensificó el intercambio de lanzamiento de petardos y bombas de gases lacrimógenos.

A las 11:30 30 de la mañana, los estudiantes llegaron en 13 autobuses que estacionaron frente a las instalaciones militares.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestaron para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la presentación con vida de los 43 desaparecidos en septiembre del 2014. Se instalaron en plantón frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar e hicieron ahí un mitin.

«Fue el Ejército» escribieron los estudiantes en una de las paredes de lasi nstalaciones militares.

«En estos casi cinco años del gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha mentido y está protegiendo al Ejército», dijo uno de los normalistas que habló durante el mitin.

El próximo 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de 43 normalistas y las organizaciones sociales así como los estudiantes de la Normal iniciaron, a partir de este martes 12, una jornada de movilizaciones.

El intercambio de bombas de gases lacrimógenos y petardos duró más de una hora. Durante ese tiempo los carriles sur norte del boulevard Vicente Guerrero y la Autopista del Sol estuvieron cerrados al tráfico vehicular.

Se intoxican por los gases estudiantes de una escuela

Unos 30 niños de una escuela primaria y comerciantes del mercado, ubicados en la colonia del PRI, a unas cuadras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, se intoxicaron al respirar los gases lacrimógenos.

Ante el llamado de auxilio de los directivos de la escuela primaria, personal de Protección Civil municipal llegó al lugar para darles los primeros auxilios a las personas intoxicadas.

Los gases lacrimógenos que lanzaron los militares se esparcieron por toda la zona.

Integrantes de Protección Civil atienden a los menores de la escuela primaria afectados por los gases lacrimógenos.

Miles de mensajes inéditos confirman ayuda de autoridades al cártel en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: NYT

Unos 23 mil mensajes de texto inéditos a los que accedió el NYT muestran cómo militares, policías y funcionarios trabajaban para el cártel Guerreros Unidos, lo que ayudó al grupo criminal a desaparecer a los 43 normalistas.


Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz

Un conjunto de 23 mil mensajes de texto inéditos obtenidos por la DEA confirman la ayuda que daban las autoridades al cártel Guerreros Unidos y cómo esto contribuyó a que pudieran desaparecer a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un reportaje del diario estadounidens New York Times.

El NYT dijo que tuvo acceso a unos 23 mil mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación.

“Prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino”, de acuerdo con el reportaje del NYT publicado este sábado.

Estos miles de mensajes muestran conversaciones de militares, policías y funcionarios locales con elementos del grupo criminal acusado de desaparecer a los normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014.

Incluso, más que favores concretos, el NTY indica que estos mensajes muestran cómo estas autoridades eran prácticamente empleados del grupo criminal.

“Lo que revelan los otros miles de intercambios es sorprendente: más allá de comprar favores específicos, el cártel, conocido como Guerreros Unidos, había convertido a funcionarios públicos en empleados en toda regla”, describe la investigación del diario.

El Times aclara que los mensajes obtenidos no abarcan la noche de la desaparición y aún faltan detalles clave de lo sucedido a los estudiantes.

“En un testimonio inédito, un integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para ‘desaparecer gente sin dejar rastro’”, , indica el Times con base en los mensajes de texto.

Estos mensajes fueron interceptados en 214 por  la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) en el marco de una investigación del tráfico de drogas de Guerreros Unidos en Chicago, indica el diario.

Fue hasta 2022 cuando la DEA entregó a México los 23 mil mensajes. Según un investigador consultado por el NYT la entrega de los mensajes no ocurrió antes por la desconfianza hacia el gobierno mexicano. La DEA no quiso comentar, dijo el Times.

“Los mensajes obtenidos por el Times no abarcan la noche de la desaparición y aún faltan detalles clave de lo sucedido a los estudiantes”.

Como ejemplo de los mensajes obtenidos, el Times relata lo siguiente: 

“Un integrante del cártel le preguntó a un alcalde local que tenían en nómina si debían disciplinar a un concejal: ‘Qieres q alinie a ese puto de tu rejidor, ¿o le damos pabajo?’.

El alcalde respondió un segundo después diciendo que el regidor era trabajador. ‘Yo lo arrimo”, escribió, él ‘es jalador’”.

Los comandantes de policía habían estado obedeciendo órdenes directas de los narcotraficantes de Guerreros Unidos, según los mensajes de texto.

El Times publió que los militares que monitoreaban de cerca el secuestro pero nunca acudieron a socorrer a los estudiantes también había recibido sobornos del cártel.

“En los mensajes de texto, captados en intervenciones telefónicas, los traficantes y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como ‘putos’ a los que tenían ‘en la bolsa’”.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Con protestas de normalistas y fuertes medidas de seguridad, encabeza la gobernadora ceremonia en Tixtla

Al acto cívico por el 241 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero asistieron menos pesonas que en otros años. En las últimas semanas Tixtla como Chilpancingo es referencia de asesinatos cotidianos


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:  Facebook Evelyn Salgado Pineda

Chilpancingo

Tixtla que desde hace seis años vive una situación de violencia por el crimen organizado ayer tuvo un despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal sólo por la visita de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien encabezó la ceremonia del 241 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero.

Así, desde la mañana del miércoles, los habitantes de Tixtla vieron un inusual patrullaje de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y la Marina.

Además, las salidas y las entradas de la cabecera de este municipio fueron vigiladas por estas fuerzas de seguridad.

La gobernadora morenista llegó en una camioneta blindada y escoltas que iban en otros dos vehículos.

Durante su campaña y el inicio de su gobierno, Salgado Pineda dijo que ella «andaría a ras de tierra», sin escoltas y vehículos blindados.

En su discurso que dio durante la ceremonia oficial, la mandataria estatal dijo que el espíritu de Vicente Guerrero guía sus esfuerzos para seguir avanzando y atender los retos y adversidades. Recordó que si Vicente Guerrero, aun en sus momentos críticos por la traición que sufrió por uno de los suyos, no claudicó ni se rindió, ella tampoco lo hará.

«Aun en esos momentos tan complicados (de Vicente Guerrero) no claudicó, no se rindió aun en esos momentos tan complicado, tampoco nosotros nos vamos a rendir, vamos hacia adelante», dice la gobernadora.

Tixtla es gobernado en la actualidad por el alcalde morenista Moisés Antonio González Cabañas, pero desde hace al menos seis años enfrenta problemas de inseguridad.

Durante el julio pasado, integrantes del grupo criminal de Los Ardillos asesinaron a balazos a cuatro choferes de transporte público y los incendiaron en sus unidades.
Esta organización criminal mantiene operaciones en Tixtla desde la administración municipal 2018-2021 de la perredista Erika Alcaraz.

Los Ardillos son un grupo criminal originario de Quechultenango, que lideran los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, quienes, a su vez, son hermanos del diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien ya fue alcalde de su municipio y ha repetido en varias ocasiones como legislador local del distrito donde tienen operaciones sus consanguíneos.

Con el actual edil González Cabañas am frente, un egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, las operaciones de Los Ardillos no hna disminuido, por el contrario, los hechos violentos en Tixtla, como asesinatos y desapariciones, son constantes.

Cuando se expone operaciones del crimen organizado se hablan de máa actorea que grupos criminales.

Apenas el pasado 30 de julio fue hallado asesinado el aspirante a estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa en Tixtla, Marco Antonio Benegas, quien días antes fue privado de su libertad en esta localidad.

La visita que Salgado Pineda realizó ayer en Tixtla se da en un contexto de violencia que existe en varias zonas de Guerrero con operaciones del crimen organizado.

Por ejemplo, ayer jueves los transportistas de Chilpancingo reanudaron el servicio público a la ciudadanía después de un paro de dos días después del asesinato de tres choferes de la ruta Mercado-Centro-Los Ángeles.

Pero en el discurso que dio ayer Salgado Pineda durante la ceremonia oficial no eludió sobre este tema de la inseguridad.

«Hacemos un llamado a la unidad a la reconciliación por el bien superior del pueblo de Guerrero a reconstruir juntos y juntas las condiciones de seguridad», menciona la mandataria estatal, quien fue acompañada por los integrantes de su gabinete, alcaldes, alcaldesas y diputados, todos de Morena.

También llegó al evento el líder estatal de Morena, Jacinto González Varona.

«La orden es estar en estos eventos para que la gobernadora vea que tiene el respaldo», agrega un funcionario estatal de bajo nivel.

Al que no se vio en el acto oficial fue al senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora.

Junto con Salgado Pineda estuvieron en el presidium el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias; la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Yoloczin Domínguez Domínguez; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso.

También asistió Alfredo Hernández Suárez, comandante de XII Región Naval, el jefe de coordinación policial de la Guardia Nacional, Héctor Hernández González; el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) ), José Alfredo Romero Olea.

La mandataria estatal colocó una ofrenda floral en la estatua de Vicente Guerrero y posteriormente presidió el desfile en el que, en su mayoría, participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal.

Al final del contingente del desfile aparecieron los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes gritaron su consigna principal desde el 26 dead septiembre del 2014 que desaparecieron sus 43 compañeros en Iguala: «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!». También hicieron el conteo del 1 al 43.

La gobernadora Evelyn Salgado y el resto de los demás funcionarios se pusieron de pie cuando desfiló por la calle el contingente de los normalistas de Ayotzinapa.

«¡Obrador decía que todo cambiaría, mentira, mentira la misma porquería!», fue otra de las consignas de los jóvenes de primer año de la Normal.

A diferencia de otros años que el evento cívico dura hasta tres horas, ahora tardó 90 minutos además de que se observó poca la participación.

El evento oficial se programó para que fuera más corto por razones de seguridad, dijeron fuentes del Ayuntamiento de Tixtla.

A tres cuadras donde se desarrollaron los eventos cívicos de ayer miércoles hombres armados incendiaron un taxi de una base de Chilpancingo el 7 de julio pasado, cuando en Chilpancingo ese mismo día hubo otros hechos de violencia contra taxistas.

Terminó la ceremonia oficial y las fuerzas de seguridad federal y estatal se retiraron de Tixtla.

 

El PRI perdió la presidencia en el 2018 por caso Ayotzinapa, dice Rosario Robles y exculpa a Peña Nieto

Texto: Emiliano Tizapa Lucena

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en reunión con el Grupo Cuicalli, en Chilpancingo, consideró que por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, el PRI perdió las elecciones a la presidencia en 2018.

Sostuvo que los grupos criminales en complicidad con las autoridades municipales, encabezadas por José Luis Abarca Velázquez, fueron “quienes desaparecieron a los normalistas”, y “quienes mataron a esos jóvenes hoy están en libertad”.

Esta mañana, Rosario Robles Berlanga se reunió con un grupo de 30 integrantes del Grupo Cuicalli, en el salón que lleva el mismo nombre, ubicado en el barrio de Santa Cruz, en Chilpancingo, entre ellos, algunos empresarios, en su mayoría militantes locales del PRI y PRD.

La ex funcionaria federal ennumeró una serie de supuestos logros del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto de Peña, del cual formó parte: el programa Prospera tenía 7 millones de familias y en este sexenio desapareció; sumaron 53 millones de personas afiliadas al Seguro Popular; el IMSS pasó de 57 millones de derechohabientes a 67 millones en seis años, o sea, 10 millones más; concedieron uno de cada tres créditos Infonavit; ese gobierno disminuyó el costo de la tarifa de la electricidad e incrementó en el uso de energías limpias; y dieron más empleos formales que en los sexenios anteriores y más inversión pública y privada.

“Los resultados no eran malos, en efecto, hubo un Pacto por México que logró muchas de estas reformas, el problema se llamó y no es que les quiere echar la culpa, Ayotzinapa y la Casa Blanca, no tuvimos la capacidad de enfrentar, ahora puede haber casas grises, verdes, rosas, rojas y no pasa nada, pero la Casa Blanca y sobre todo Ayotzinapa que era responsabilidad de una presidencia municipal (de Iguala), que los jóvenes desaparecieron por el crimen organizado. Ustedes díganme qué hace Chucho Murillo Karam (en la cárcel), qué tiene que ver con la desaparición de esos jóvenes”, comentó.

Rosario Robles comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al no encontrar “una verdad distinta a la que ya se tenía, de que había sido el crimen organizado en complicidad con las autoridades municipales” quienes desaparecieron a los normalistas, escogieron a un culpable, es decir, a Murillo Karam.

“Quienes mataron a esos jóvenes hoy están en libertad, y Jesús Murillo que hizo la investigación, pues, como un día se le ocurrió decir, ‘ya me cansé’, pues, hay que ponerlo en la cárcel, enfermo como está”, comentó la ex funcionaria priísta.

Rosario Robles en conferencia de prensa después de su sesión con los integrantes del Grupo Cuicalli este 4 de julio en Chilpancingo.

Expuso que el gobierno federal ejerce una “justicia selectiva”, y responsabilizó a Ayotzinapa de ser “el punto de quiebre” porque, según su criterio, el gobierno de Peña Nieto “venía muy bien”; “teníamos crecimiento, estábamos haciendo, o sea, al mismo tiempo que crecíamos y generábamos empleo y es la mejor manera de combatir la pobreza”.

En agosto de 2022 detuvieron a Jesús Murillo Karam en la Ciudad de México, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por la investigación del caso Ayotzinapa, y de crear la “verdad histórica”, investigación que fue desvanecido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indendependientes (GIEI).

Del actual proceso preelectoral hacia 2024, Robles Berlanga cuestionó al presidente López Obrador de ejercer violencia política en contra de la senadora, Xóchitl Galvez Ruiz, quien hoy mismo se registró como aspirante a candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, es decir, por la colación opositora a Morena, conformada por PAN, PRI y PRD.

“La violencia política sigue siendo el pan de cada día. Bueno, el presidente no soporta que haya una mujer independiente porque le dice que la maneja otro hombre. Que es otro hombre y un grupo de empresarios los que la manejan y si fuera otra mujer también diría lo mismo. Lo hice de Xóchitl Gálvez, si fuera Beatriz Paredes lo diría, si fuera Claudia Ruiz Massieu lo diría, la que sea, Lily Téllez”.

Mencionó que en el país, las mujeres sólo unidas han logrado avanzar. Como resultado de esto citó la Ley 3 de 3.

Apovechó para referirse al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. «El senador, pues, que se vaya despidiendo de su reelección, porque no cumple ya los requisitos”, dijo y enseguida los asistentes riero .

Salgado Macedonio fue señalado durante su postulación a la gubernatura en 2021 de abuso sexual, y ahora el nuevo marco jurídico prevé que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo a elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno.

También recomendó a la gobernadora morenista independizarse y asumir la gubernatura, y aprovechar los programas federales para reconstruir tejido social.

“El sistema de partidos yo creo que está en una crisis brutal y que tenemos que replantearnos este sistema de partidos no para desaparecerlo, pero sí necesitamos partidos que no tengan dueños, porque cuando alguien se adueña de un partido ese partido ya no se le debe a su militancia”, criticó.

Rosario Robles estuvo presa tres años por estar involucrada en el desvío millonario conocido como La Estafa Maestra en el sexenio de Peña Nieto. Comentó que las cárceles están llenas de pobres y en su mayoría las mujeres son abandonadas en estos lugares.

Dijo que para costear su defensa tuvo que vender todas sus camionetas, “con lo único que nos quedamos es con nuestra casa, porque yo siempre he vivido de mi trabajo y no había cómo hacerle frente a esta situación, si no era vendiendo y vendiendo y vendiendo”.

Comentó que el gobierno federal nunca la investigó, que la vincularon por notas periodísticas. «Esto es la no investigación que hacen las fiscalías, es decir, vinculada por notas periodísticas, no ‘porque vimos que en sus cuentas cayó este dinero’, no, ‘porque ella autorizó determinada situación’, sino porque las notas periodísticas me habían vinculado; eso es brutal”.

Rosario Robles continuará este miércoles su gira en Guerrero; sostendrá una reunión similar en Acapulco, el domingo pasado hizo lo mismo en Iguala.

 

“El Ejército desobedece al presidente”: familiares de Ayotzinapa denuncian ocultamiento de información y temen salida del GIEI

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian que el Ejército oculta información de lo sucedido en 2014 y advierten que la posible salida de los expertos del GIEI les dejaría “vulnerables” y ante el escenario de que el caso se cierre.


Texto: Manu Ureste / Animal Político 

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

 

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, tras una reunión este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedenaestá ocultando deliberadamente información del caso, y mostraron su preocupación por la posible salida en julio próximo de los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que quedan en el país.

“Creemos que ellos (los expertos del GIEI) están en la mejor disposición de quedarse y seguir investigando. Pero el problema es que el Ejército está en desacato con el presidente y no está obedeciendo el mandato de entregar toda la información”, dijo en entrevista Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Armando González, quien ayer fue uno de los familiares de los jóvenes que estuvieron presentes en la reunión con Encinas en la Secretaría de Gobernación, en la capital mexicana.

“Si el Ejército entregara toda la información, estamos seguros de que los expertos del GIEI (Carlos Beristáin y Ángela Buitrago) se quedarían para continuar con las investigaciones. Pero si no abren todo, ¿para qué se van a quedar más tiempo?”, preguntó González, y agregó: “Desconocemos qué información están ocultando los militares o a quién están protegiendo de tan alto nivel”.

“Es algo que no comprendemos”, insistió. “Incluso, la Sedena firmó un decreto estando de acuerdo su titular, Crescencio Sandoval, para liberar toda la información y así ayudar a la localización de nuestros muchachos”.

Todo lo anterior se da en el contexto de lo publicado la semana pasada por el diario El País, que informó que los dos expertos del GIEI no renovarían por más tiempo su estancia en México, dando por concluida en julio su participación en el caso Ayotzinapa. Esto, debido a “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encontrarían el ocultamiento por parte del Ejército de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, está previsto que para finales del próximo mes tanto el subsecretario Encinas como el GIEI den a conocer públicamente, aunque por separado, amplios informes sobre el avance de las investigaciones. En el caso del GIEI, según lo publicado por El País, se dará a conocer que el Ejército ocultó de manera deliberada información sobre el ataque a los normalistas.

“El Ejército ha negado que esos documentos existan, pero el GIEI señala que hay evidencia de sobra que demuestra lo contrario. Los expertos han denunciado incluso que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos”, publicó el diario.

Ante la perspectiva de una inminente salida de los expertos del GIEI, que lleva investigando el caso desde 2015, los familiares de los jóvenes dijeron que, de concretarse, sería una situación que los dejaría “en un estado de gran vulnerabilidad”.

“No sabemos aún cómo reaccionaríamos sin una fuerza tan grande como el GIEI, un equipo de expertos del que no se puede dudar de su trabajo. Nos quedaríamos muy vulnerables e incluso tememos que se pudiera cerrar el caso. Por eso, creemos que debe buscarse un mecanismo para que el GIEI se quede y pueda seguir investigando”, pidió Mario César González.

Bernabé Abraham Gaspar, padre del normalista Adán Abraham de la Cruz, dijo durante la marcha que se realizó la tarde de ayer, a casi nueve años ya de la desaparición forzada de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, que los familiares exigen que los expertos del GIEI se queden en el país, aunque para ello, demandó, es necesario que el Ejército abra toda la información.

“Todos queremos que sigan porque nos han ayudado mucho. Pero no hay avance, ese es el problema. Y pues también se entiende, claro. Porque si no los dejan trabajar ni avanzar, pues para qué se van a quedar más tiempo”, señaló.

Más detenciones

Los familiares entrevistados explicaron que durante el encuentro con Encinas, el cual realizan mensualmente, se les informó de la detención el domingo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El exfuncionario está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es muy importante que se haya dado esta detención, porque esta persona forma parte de la ‘verdad histórica’ y puede aportar nueva información sobre el caso”, dijo Melitón Ortega, tío del normalista Mauricio Ortega Valero.

Asimismo, durante la tarde de ayer el subsecretario Encinas informó que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La detención se produjo el pasado 21 de junio. Se trata de militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Estas capturas se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados también por desaparición forzada.

El 26 de agosto del año pasado, el gobierno federal, a través del subsecretario Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar a seis de los 43 normalistas. El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general.

Imagen de archivo de una marcha y un mitin en Iguala, donde las madres, los padres y estudiantes reclamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

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