Sí hay responsabilidad de ex alcalde Iguala en la desaparición de los 43, revira madre de estudiante desaparecido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de la absolución de José Luis Abarca Velázquez del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos, aseguró que el ex alcalde sí es culpable y reprobó la determinación del juez.

Ascencio Bautista señaló a la ex Procuraduría General de la República (PGR) y a su ex titular, Jesús Murillo Karam, de construir un expediente poco sólido, situación que generó que Abarca Velázquez fuera absuelto por los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.

La falta de un buen expediente, expuso, también generó que otros tantos implicados obtuvieron su libertad.

“Decimos como madres y padres ¿cómo no va a ser responsable? Claro que es responsable de la desaparición forzada de nuestros hijos, porque en ese momento estaba como presidente (municipal), así como ya hemos dicho como madres y padres todas las instituciones tenían conocimiento de que estaban atacando a nuestros hijos, desde el presidente de la República de ese tiempo, pasando por el ex gobernado Ángel Aguirre y José Luis Abarca, todos son responsables”, dijo Ascencio Bautista en entrevista al termino del aniversario número 41 de Radio Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), realizado en rectoría.

Con esta absolución emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, Abarca Velázquez fue considerado inocente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,

Tal como la documentó el día de ayer Amapola, periodismo transgresor, el Tribunal absolvió al ex alcalde de Iguala después de considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran que participó y tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca Velázquez ya fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

La madre de Benjamín aclaró que el abogado de ellos aún no tienen la notificación de la absolución del ex alcalde de Iguala.

Lo que preocupa a las madres y padres de los 43 desaparecidos, dijo, es que por el deficiente proceso más personas implicadas en el caso puedan salir de prisión.

“Como madres y padres nos preocupa que ya va a terminar su mandato (de Andrés Manuel López Obrador) y él se comprometió, cuando lo fuimos a verlo a Iguala, durante su campaña, a que va a esclarecer los hechos antes de que termine su mandato y nosotros no queremos llegar a otro año más sin resultados, no podemos dejar en el olvido el caso”, mencionó.

También reprochó que aún no da resultados el actual fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, nombrado por el presidente López Obrador, en sustitución de Omar Gómez Trejo.

“Como madres y padres si vemos obstáculos en la Marina, en el Ejército, el Batallón 27 de Iguala, todos ellos no quieren entregar los expedientes a los expertos y expertas y nuestra exigencia es que entreguen todos los archivos para llegar a la verdad”.

Otra exigencia que hacen las madres y padres es la reactivación de 18 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso, “como fiscal especial es fácil, pero no lo quieren hacer”.

 

Absuelven a José Luis Abarca por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Archivo

Chilpancingo

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue absuelto de tener alguna responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, de acuerdo con la sentencia de un juez de control dada a conocer hoy.

Fue el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, quien absolvió al ex alcalde de Iguala, después de considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditarán la acusación de que Abarca Velázquez participó y tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca Velázquez aún tiene un proceso judicial en su contra por el que ya fue sentenciado a 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y los activistas Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en hechos ocurridos en junio del 2013.

La sentencia, dada a conocer este martes por el magistrado Juan Manuel Rodríguez Gámez, es definitiva, por lo que no podrá ser apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), de tal manera que a partir de hoy el exalcalde es considerado inocente por la justicia mexicana en la desaparición de los 43 normalistas.

La sentencia también absolvió a 18 personas, entre ellas el ex director la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, del delito de delincuencia organizada por su presunta relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

Está determinación fue para ratificar una primer sentencia, dictada por el juez federal Samuel Ventura Ramos, en septiembre pasado, la cual aseguró que no existen evidencias de responsabilidad de Abarca en la desaparición de los 43 estudiantes.

El mismo juez Ventura Ramos lo declaró inocente por la desaparición de los 43 estudiantes, y también dictó la única sentencia condenatoria porque se le halló responsable, el secuestro del activista y Arturo Hernández Cardona y cinco integrantes más de la Unidad Popular, un bloque de organizaciones sociales de la cual forma parte la UCEZ.

Abarca Velázquez también es investigado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones de las cuales aún no se emite alguna sentencia.

Obvian en sentencia por secuestro contra Abarca que tres dirigentes de Iguala fueron asesinados

Lo sentencian por secuestro de Hernández Cardona y otros dirigentes de la UP y aún no es juzgado por desaparición de los 43


Texto: Margena de la O

Chilpancingo

 

En un lapso de ocho meses, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quedó absuelto por un mismo juez de los delitos de participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de delincuencia organizada.

A casi nueve años de su captura, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, la única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrido hace 10 años, el 30 de mayo del 2013.

De acuerdo con la cédula de notificación, de la cual se tiene copia, la condena es por 92 años y seis meses, y una multa judicial equivalente a 920,700 pesos, pero podría ser apelada por la defensa del ex edil.

Tres de los líderes de la UP fueron asesinados en el contexto del secuestro, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Balderas Román, pero este crimen colectivo que evidencia las relaciones políticas y criminales del ex alcalde en Iguala no figuran en la sentencia que emitió el juez Samuel Ventura Ramos el 12 de mayo pasado.

En la cédula de notificación de la sentencia aparecen siete personas por el caso de secuestro. Además de los ya mencionados, están Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Maldonado. Pero en lo registros de la prensa local de hace 10 años figura también Jimmy Castrejón; al parecer, se supo ahora, pudo escapar en el momento de la privación.

La ex regidora de Iguala, Sofía Lorena Mendoza Martínez, ex pareja sentimental de Hernández Cardona, informó que desconoce los motivos en los que versó el juez la sentencia por secuestro –el caso se dirime en Tamaulipas–, porque no la ha recibido, pero le da cierta esperanza de justicia.

Aun con esto cree que existen elementos suficientes para acreditar sanciones más profundas. “Creo que los hechos que acontecieron muestran claramente que pudo haber sido una desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los tres líderes, bueno, de los siete líderes que integraban el bloque de Unidad Popular de Iguala”, comentó por teléfono.

Para ella lo que vivieron los líderes sociales son delitos de lesa humanidad, porque son cometidos en contra de las personas que se organizan y que organizan a los demás. Planteó la necesidad de que en México haya una reforma a Código Penal parea que estos delitos sean considerados y en realidad nadie sea juzgado por sus ideas.

Antecedentes de las diferencias entre Abarca y la UP

El escenario sin frontera entre lo lícito y lo ilícito que se manejaba el ex alcalde de Iguala quedó expuesto con la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en que desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, donde sus servidores públicos, y de otros niveles de gobierno, y delincuentes en su definición explícita jugaron del mismo lado.

Pero esa no fue la primera vez que lo demostraba. Desde un año atrás, con la desaparición de los dirigentes sociales de la UP, dejaba el mensaje claro sobre cuál sería el destino para quienes se metieran con él.

Horas de su desaparición, el 29 de mayo del 2013, Hernández Cardona denunció penalmente al alcalde y a su esposa, y al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, porque consideró una amenaza directa de edil contra los dirigentes sociales. Tuvieron una discusión en el Ayuntamiento de Iguala, que habría encendido sus alertas, después de que le reclamaron su actuación como autoridad.

En particular eran dos señalamientos que los dirigentes le hacían al alcalde: nepostismo, porque Abarca Velázquez tenía familiares directos en cargos del ayuntamiento, y por sus supuestas relaciones criminales.

Hernández Cardona también dirigía la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), una de las organizaciones sociales de UP, desde donde apoyaba a los campesinos para la liberación del fertilizante subsidiado.

En el contexto de esa discusión, el dirigente social señaló al alcalde del asesinato del síndico Justino Carvajal Salgado, ocurrido meses antes, el 8 de marzo de ese año.

Carvajal Salgado y Hernández Cardona militaban en el PRD. El ex síndico era sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, conocido líder de ese partido de izquierda desde sus inicios, ahora padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Hernández Cardona al igual que Salgado Mecedonio son de grupo del fundadores del PRD.

“Estamos sufriendo hostigamientos que sabemos proceden de este gobierno municipal, poniendo incluso llegar a privarnos hasta de la vida, como sucedió en el caso más reciente del compañero primer síndico municipal, Justino Carvajal Salgado”, es un fragmento de lo que denunció Hernández Cardona en el contexto de la denuncia penal.

El jueves 30 de mayo, los miembros de la UP tomaron desde la mañana la caseta de peaje de la carreta de cuota Iguala-Cuernavaca para exigir obra pública, fertilizante y, otra vez, la cancelación de familiares del alcalde de la nómina del gobierno municipal.

Después de la protesta, de regreso a la ciudad, alrededor de 16:30 horas, la camioneta de Hernández Cardona, una marca Honda tipo Pilot, donde viajaban los otros siete dirigentes, fue interceptada por personas armadas; a todos se los llevaron.

Los cadáveres de Hernández Cardona, Román Ramírez y Balderas Román fueron hallados por las autoridades el 3 de junio siguiente cerca de la colonia Valerio Trujano, un lugar que queda sobre la carretera Chilpancingo-Iguala.

Corría la noticia del hallazgo de los cadáveres y también circulaba que cuatro dirigentes habían escapado del cautiverio. Del único que no se sabían noticias fue de Castrejón.

Arroyo Delgado, el dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos, minutos después de escapar, llamó al teléfono al ya fallecido Bertoldo Martínez Cruz, compañero de procesos de la izquierda de Hernández Cardona, mientras protestaban en Acapulco por su liberación y presentación con vida.

“Al ingeniero (como se referían a Hernández Cardona) lo chingaron el día viernes; luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Balderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos y me voy de Iguala porque me van a matar”, alcanzó a decirle por teléfono.

En noviembre de 2013, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hizo público el documento de una declaración notarial de Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes de los dirigentes de la UP, donde narra momentos de su cautiverio y el de sus compañeros y señala como responsable al ex alcalde quien, aseguró, asesinó de manera directa a Hernández Cardona.

“El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen y luego el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole ‘¡Que tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte!’… se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y el presidente municipal Abarca Velázquez le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa…”.

Hasta ahora Abarca Velázquez se ha librado de estos señalamientos.

Las relaciones que llevaron a Abarca a robustecerse

Iguala, sobre todo en décadas pasadas, fue la referencia, primero, de la creación, y después de la venta de piezas de oro; familias completas y por generaciones, desde los años 50, se dedicaron a este oficio.

La familia Abarca Pineda, proveniente de la región vecina de Terra Caliente, hasta antes de que asumiera la alcaldía (2012), de manera pública estuvo dedicada a la vente de estas piezas, con el tiempo su nivel subió al de empresarios locales, estatus que aún mantienen.

Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de Abarca Velázquez, sobre todo por todas las facilidades que le concedieron sus amigos políticos.

Mazón Alonso apoyó el proyecto de la plaza desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), y como senador (2006-2011, porque dejó el cargo un año antes) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra para “vías de acceso y áreas recreativas” del conjunto comercial.

Abarca Velázquez también logró ser alcalde de Iguala con el respaldo de Mazón Alonso, en principio, después por otros dirigentes del PRD estatal.

Otro político que le ayudó a Abarca a conseguir la donación de la Sedena fue el priista Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). El ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, padre de este ex diputado, es señalado en la actual investigación del caso Ayotzinapa como el personaje de El Patrón, por presunta relación en los hechos donde desparecieron los 43 normalistas, pero desde la posición autor intelectual.

Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, de acuerdo a lo que documentaron los medios de comunicación, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena.

La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega tienda de autoservicio que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza en 2015, después de la captura de la pareja Abarca Pineda, era administrada por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.

Es decir, aun con todos los señalamientos, la familia siguió con sus bienes, incluidos los negocios de joyería y la escuela privada, intactos. Todos, de acuerdo con habitantes de la ciudad de Iguala, funcionan en la actualidad y siguen a cargo de los familiares de la pareja Abarca Pineda.

Hubo un momento en que Abarca Velázquez congregó los beneficios de grupos políticos, económicos y criminales en esta parte de la zona Norte de Guerrero.

 

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Abarca es absuelto por delincuencia organizada y sentenciado por secuestro

El juez Samuel Ventura Ramos absolvió a Abarca y a Sidronio Casarrubias por el delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de secuestro. Sólo sentenció a Abarca por el secuestro agravado de tres activistas. El juez no reconoció que fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial


Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página

Foto: Archivo Cuartoscuro

Ciudad de México

 

Tras casi 10 años desde que el entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca privara de la libertad, torturara y asesinara al activista Arturo Hernández Cardona y otros seis más activistas, un tribunal lo sentenció únicamente por secuestro agravado. Recibió 92 años y seis meses de prisión; sin embargo, la defensa de Abarca todavía puede impugnar.

La sentencia firmada el pasado 12 de mayo por el juez primero de distrito de procesos penales federales, Samuel Ventura Ramos, absolvió a Abarca por el delito de delincuencia organizada.

Ventura Ramos sí emitió sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado, cometido  en agravio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Balderas Román. Cabe recordar que estas tres personas fueron halladas maniatadas, con huellas de tortura y asesinadas el 1 de junio de 2013. Un testigo que logró escapar señaló directamente a Abarca de haber asesinado a Cardona.

El exalcalde también recibió una sentencia condenatoria por el  secuestro en contra de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado.

De este modo, legalmente Abarca no fue juzgado por ser responsable de ni de la desaparición forzada, la tortura de cuatro activistas y la ejecución extrajudicial de tres de ellos.

En las misma sentencia emitida el pasado 15 de mayo de 2023, Ventura Ramos absolvió a Sidronio Casarrubias (quien fue señalado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala) de haber participado en estas desapariciones forzadas.

Cabe recordar que el pasado septiembre de 2022, el mismo juez, Samuel Ventura Ramos,  absolvió a José Luis Abarca por el delito de  participar de forma intelectual en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Además, previamente Ventura Ramos ya había dejado en libertad a 77 personas vinculadas a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Estas personas fueron exoneradas debido a que habrían sido objeto de torturas. Sin embargo, aunque el juez alegó esto para liberarlos, no inició ningún procedimiento en contra de las autoridades que habrían cometido estas violaciones de derechos humanos.

Actualmente la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Carmona se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocerse a fondo. Fue admitido precisamente debido a que la asesoría legal de la familia Hernández Cardona acusó de dilaciones y negligencia.

El caso

En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían  cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).

Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a Abarca de vínculos criminales. En medio de ese estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.

Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron  frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona.  Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el alcalde fue quien acusó a Hernández.

Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas; Guerreros Unidos.

Para el 29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ. Quienes estuvieron ahí refieren que las cosas se pusieron muy tensas. Abarca al final gritoneó:

–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.

Hernández Cardona le reviró:

–¿Para qué tienes gente, presidente? ¿Para qué trabajo?¿Nos vas a matar?

Ese mismo día,  varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el presidente municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal.

Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado , J. Carlos Dorantes García , Rafael Ochoa , Justino Amos Osores Narcizo, Ángel Román Ramírez, Daniel Jardon López, Francisco Abarca Perales, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado y Bernardo Cruz Manjarrez.

Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron. Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón.

Se alejaron en una camioneta particular. En el trayecto los desaparecieron.

El hallazgo de los cuerpos

El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar de sus captores.

Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.

Pero en Iguala no se supo nada sino hasta el 3 de junio. El activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba Iguala, pues temía por su vida.

Ayotzinapa y Hernández, destinos unidos

Hernández Cardona era un hombre reconocido en todo Guerrero. El 3 de junio, cuando la gente todavía no sabía del desenlace, las organizaciones sociales marcharon para exigir que aparecieran con vida en el centro de Iguala. Vinieron activistas de varias partes del estado, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa. Cuando la noticia llegó  a los manifestantes reunidos, las cosas se salieron de control. Normalistas rompieron  los vidrios de la presidencia municipal.

Se dice en Guerrero que Abarca nunca perdonó a los jóvenes de Ayotzinapa por ello. Que desde entonces fueron amenazados de morir si regresaban a la ciudad. Para noviembre, cuando algunos estudiantes regresaron a esa ciudad, los recibieron a balazos. Por suerte, aquella vez no pasó a mayores.

La impunidad en Guerrero

El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa declaró muchas veces: ante la Procuraduría estatal de Guerrero, ante un notario particular en 2013, y ante la prensa. En todas acusó directamente a Abarca. Pero nadie lo detuvo, no hubo investigación. Abarca y su esposa siguieron reinando en Iguala.

La Unión Popular se disolvió. Los sobrevivientes huyeron uno por uno de Iguala.

Para marzo de 2014, la entonces  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. Mendoza Villa también declaró ahí. De nuevo no pasó nada. El caso permaneció en punto muerto y Abarca continuó gobernando al lado de su esposa… hasta el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos.

Un mes después, el 24 de octubre, la Siedo por fin emitió una orden de aprehensión por el caso. Todo bajo presión internacional por lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa.

 

Este trabajo fue publicado originalmente en  Pie de Página, Amapola lo reproduce gracias a la Alianza de Medios, de la cual forma parte.

Acusan normalistas de Ayotzinapa al presidente de apropiarse del movimiento de los 43 para no resolver

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, denunciaron, durante un mitin en Chilpancingo, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abanderó el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala para su campaña presidencial y de incumplir su promesa de resolver.

“AMLO se abanderó del movimiento de nuestros hermanos, los 43, se abanderó y dijo que iba a resolver este caso y ni siquiera ha podido resolver nada, nosotros sólo queremos que nos digan la verdad”, mencionó un estudiante de la normal durante el mitin en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.

Este mitin, en el que ocuparon parte de la avenida Lázaro Cádenas, ocurrió en el marco de los ocho años y siete meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

De acuerdo con las nuevas investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los 43 estudiantes fueron desaparecidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, con apoyo de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y el Ejército.

Las últimas investigaciones apuntan al Ejército como uno de los principales responsables de la desaparición de los estudiantes, de ser omisos y encubrir los hechos de esa noche y madrugada en Iguala.

Los estudiantes en el mitin que realizaron se lanzaron contra el Ejército y contra el presidente porque, denunciaron, los encubre.

“Nosotros simplemente queremos que nos digan la verdad. ¿Qué tiene que perder este gobierno? ¿A sus cuerpos policiacos? Ese tipo de personas no tiene nada que perder y si de verdad sus cuerpos policiacos son unos santos, este gobierno no tendría perder nada”, dijo un estudiante.

En ese tipo de eventos los estudiantes omiten dar sus nombres o algunas declaraciones extras a la prensa.

Ayer el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree se debe a que el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.

Rosales Sierra mencionó que hay archivos del Ejército y expedientes donde narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de la cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero necesitan el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.

Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a entregar dichos documentos.

El mitin duró una hora, de las once de la mañana a las doce del día; después los estudiantes se retiraron en el autobús en el que llegaron con rumbo a la Normal Rural, ubicada en Tixtla, y liberó la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas, la cual estaba tomada por los estudiantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno federal detiene investigación sobre los 43 cuando impactó en el Ejército, denuncia abogado

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree, que porque el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.

En entrevista, previó a una reunión de las madres y padres de los 43 con integrantes de organizaciones sociales a puerta cerrada, Rosales Sierra expuso la situación de las investigaciones.

“El caso avanzó hasta 2021, tiempo en que se obtuvo la identificación y paradero de algunos estudiantes y se libró el mayor número órdenes de aprehensión, y entonces el caso estaba perfilando a una investigación importante que terminó en el año 2022; el problema fue que esa investigación contemplaba a elementos del Ejército y derivaba en su responsabilidad en el caso, y es cuando se para la investigación”, dijo Rosales Sierra.

Derivado de esto, de acuerdo con Rosales Sierra, hubo confrontaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las madres y padres de los 43.

Rosales Sierra adelantó que el próximo 27 de abril habrá una reunión de madres y padres de los 43 con que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, donde le plantearán que abran 13 archivos militares donde se narran los hechos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en 2014.

“Estos archivos no sólo probarían que el Ejército no sólo fue omiso, si no que fueron participes en la desaparición de los 43 estudiantes”, mencionó el abogado.

En uno de esos archivos, contó el abogado, narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de barandillas o cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero se necesita el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.

Para Rosales Sierra existe un “compromiso político” entre el presidente López Obrador y el Ejército, razón por la que se niegan a esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Esta hipotecado el caso Ayotzinapa y el presidente no quiere romper su compromiso político con el Ejército para dar con el paradero de los 43”.

El vocero del colectivo de madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega Jiménez, mencionó que no quitarán el dedo del renglón “para saber dar con el paradero de los 43 y que quienes sean responsables sean llevados ante la justicia”.

Melitón Ortega denunció que las madres y los padres de los normalistas, y los activistas de derechos humanos que los acompañan son víctimas de espionaje; “se supone se tendría que espiar a los culpables y no a las víctimas”.

Sobre la reunión que culminó alrededor de las tres de la tarde, Melitón Ortega informó que abordaron temas de organización y peticiones que le llevarán a Encinas Rodríguez en la reunión del próximo 27 de abril.

Entres las propuestas que harán al subsecretario de Derechos Humanos está el cese al espionaje para activistas y defensores de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa e insistir en que el Ejército abra sus expedientes y se vuelvan a emitir las 16 órdenes de aprehensión contra estos agentes que fueron canceladas en agosto del 2022.

 

Acusan a gobierno de estancar investigación de caso Ayotzinapa para proteger a Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de estancar la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala para defender al Ejército y no sean juzgados por sus implicaciones en el caso.

Como cada mes los estudiantes realizaron un mitin en el antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de Chilpancingo, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso.

«El gobierno no ha hecho más que estancar el caso porque saben que si llegan a la verdad se va a venir abajo su cuerpo policial y militar que tanto presume, porque no son más que una bola de asesinos», mencionó uno de los estudiantes de Ayotzinapa y orador del mitin.

Esto porque en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en agosto del 2022, dan cuenta que la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, los normalistas estuvieron vigilados en todo momento por el Ejército, además de tener un elemento infiltrado entre el grupo de estudiantes.

«Seguiremos exigiendo justicia y seguiremos exigiendo la verdad, porque el gobierno no le va a echar la culpa a su queridísimo Ejército, por eso exigimos desde aquí al gobierno que esclarezca el caso, porque no puede ser que a ocho años no sepamos nada de nuestros camaradas», mencionó el estudiante.

Durante el mitin los estudiantes estuvieron acompañados por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso y Colectivo de Solidaridad con las Víctimas de 1960.

Los estudiantes omitieron hablar de la detención de los nueve policías detenidos el pasado 22 de marzo que, presuntamente, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres.

En el acto, los estudiantes reprocharon que el actual  gobierno federal no se diferencia de los anteriores, «aún cuando prometieron ser diferentes y esclarecer el caso, no se ve nada a más de un año de que termine su administración».

En este tipo de actos públicos los estudiantes evitan dar sus nombres, según ellos, por cuestiones de seguridad.

Por su parte, el vocero del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, mencionó que el Ejército se niega a dar información de paradero de los 43 estudiantes.

«Ya se le dijo al Ejército que abra sus archivos y dé la información necesaria para dar con el paradero de los 43, pero siempre se niegan, aunque ya sepamos que es el mismo Ejército que desapareció a cientos de personas en la guerra sucia y es el mismo represor que no se deja investigar porque saben lo que hicieron», mencionó Molina Rodríguez.

Agregó que las autoridades judiciales y forenses acumulan mas de 4,000 personas desaparecidas sin que haya una atención pronta y oportuna para su identificación.

El mitin duró de las 11:40 a las 12:30 del día; después los estudiantes se retiraron en el autobús en el que llegaron con rumbo a la Normal Rural, ubicada en Tixtla.

Con AMLO y con el gobierno de Evelyn, todo sigue igual, aseguran padres y madres de los 43 en Asamblea

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: 

Chilpancingo

 

Mediante un comunicado emitido por el Comité de Madres y Padres de los 43, después de la Asamblea Nacional Popular (ANP), realizada el día de ayer en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a “reorganizarnos, tender los puentes fraternos de dialogo y de entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase”.

Esto, de acuerdo al comunicado, porque consideran que el “movimiento social está disperso, a la derivada y aletargado”.

Además de que las madres y padres externaron su preocupación de que, ante la falta de organización y movilización de sectores y organizaciones sociales de izquierda la “derecha” asuma como propias las exigencias de justicia sobre diversos temas.

“Poco a poco la derecha retoma algunas demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contra pesos institucionales y va tomando las calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda”, se lee en el comunicado.

En dicho documento, las madres y padres de los 43 mencionaron que ante este nuevo gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no hay cambios reales para la sociedad.

“Mientras unos pocos tienen mucho, la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”, sentenciaron.

Otro punto que aborda el comunicado es el acceso a la verdad y a la justicia para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Mencionaron que a nueve años de los sucesos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en el que desaparecieron los 43 normalistas y cinco personas más fueron asesinadas no hay acceso a la justicia.

“A esta distancia (nueve años), pesa el cansancio físico, mengua nuestro caminar por las enfermedades que padecemos y duelen las pérdidas irreparables de Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a nuestros hijos y el espíritu inclaudicable de nuestros compañeros que se quedaron en el camino nos animan a seguir”

Otro punto fue el de la violencia, en el que aseguran nada cambio con la llegada del nuevo gobierno, tanto el federal, en 2018, como el estatal, en el 2021.

“La violencia contra las mujeres sigue creciendo exponencialmente sin que existan acciones y políticas del gobierno contundentes que permitan revertirlas, las desapariciones son un lastre social que han continuado. Hoy suman más de cien mil en el país. Tan solo en este gobierno van más de treinta mil. La violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones de nuestro país, zonas completas se encuentran bajo el imperio de las bandas delictivas, son estas las que imponen su ley a sangre y fuego enlutando los hogares de los más pobres”, mencionaron.

También mencionaron problemas en el sector educativo, y expusieron que no se revirtió la Reforma Educativa como lo prometió en campaña López Obrador.

Además que las normales rurales aún padecen la precarización, persecución política, represión y continúan las políticas para el exterminio y el cierre definitivo de los normales rurales.

El tema de la militarización del país fue un tema que consideraron preocupante y aseguraron que las fuerzas militares en las calles son para contener a los movimientos sociales.

“Se han dado facultades legales y constitucionales a las fuerzas armadas para que contengan la violencia, pero sobre todo para que metan en cintura a los inconformes e insumisos. Un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, se lee.

Por último, las madres y padres de los 43 llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a una asamblea para analizar, discutir y proponer nuevos ejes y planes de lucha ante las inconformidades antes mencionadas.

“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, finaliza el comunicado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalistas realizan destrozos en Fiscalía para exigir justicia por asesinatos de Jorge Alexis y Gabriel

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

A tres días de que se cumplan 11 años del asesinato de dos normalistas en la Autopista del Sol, en medio de un operación policiaca con armas de agentes federales y estatales, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, irrumpieron en la Fiscalía General del Estado (FGE) Y realizaron destrozos con petardos y piedras.

“¡Exigimos justicia!”, se leía en las consignas que pintaron en las paredes de la FGE.

El próximo lunes 12 se cumplen 11 años de que agentes de la Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial disolvieron a balazos una manifestación de normalistas en el kilómetro 272 de la Autopista del Sol, y donde asesinaron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

De acuerdo con las versiones de algunos trabajadores de la Fiscalía, los normalistas, con la cara cubierta, llegaron a bordo de dos autobuses a las instalaciones.

Iniciaron con pintas en la fachada y después lanzaron petardos y piedras.

Los jóvenes permanecieron dentro de las instalaciones alrededor de 15 minutos y después se retiraron ante la mirada de varios agentes de la Policía Ministerial que no intervinieron.

Según los reportes desde dentro de la FGE, las áreas que fueron dañadas por los petardos y piedras que lanzaron los estudiantes son la Dirección de Investigaciones, Derechos Humanos y Contraloría Interna.

Ahí los cristales del espacio los hicieron añicos, así como material de oficina.

Durante esta semana los normalistas han realizado movilizaciones en esta capital exigiéndoles al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que reabra el caso de Jorge Alexis y Gabriel.

En la visita que realizó una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las instalaciones de Ayotzinapa a mediados de noviembre pasado, donde rindieron un informe del caso de los 43, familiares de Gabriel y Jorge Alexis tuvieron una reunión privada con la secretaria de este organismo.

En esa reunión les informaron a los familiares de los dos normalistas asesinados a tiros el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol el avance del caso.

En el 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpuso una denuncia ante la CIDH del caso, en la que acusaron al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero como responsables de estos hechos.

García Luna está preso en Estados Unidos por diversos delitos que tienen que ver con lavado de dinero y narcotráfico.

Aguirre Rivero continúa con sus actividades políticas, es líder de una corriente política al interior del PRD.

 

La injerencia de agentes de Estado afectan verdad y justicia del Caso Ayotzinapa: CIDH

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero 

Tixtla

 

Al presentar el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que detectó injerencia en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de otros poderes o agentes ajenos a sus facultades, lo que provocó la salida del ex fiscal especial a cargo, Omar Gómez Trejo.

Los detalles del informe los dieron en una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y la relatora para México y Pueblos Indígenas de esta Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, donde estuvo un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y miembros de las organizaciones de defensores que los han acompañado.

Ambas hicieron hincapié en la importancia de estar frente a las madres y padres exponiendo este informe que, dijo Arosemena de Troitiño, es una guía orientadora y una hoja de ruta para todas las áreas institucionales involucradas en el Caso Ayotzinapa, como lo es la UEILCA, órgano al que, dijeron, el Estado debe garantizar independencia.

Contiene, pues, de acuerdo con lo que compartió el equipo de la CIDH que organizó la conferencia de prensa para conocer el informe, “observaciones y recomendaciones para avanzar en las investigaciones y esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, así como en la reparación integral a las víctimas y familiares”.

La presidenta y relatora de la CIDH mencionaron algunas, como la recomendación de autonomía de la UEILCA, porque expusieron la injerencia de otros poderes en los trabajos que realiza la unidad encargada de la investigación fiscal del Caso Ayotzinapa.

Arosemena de Troitiño mencionó que la CIDH “levantó banderas de alerta” sobre el tema porque dejarlo pasar afectaría la búsqueda de justicia y comprometería la legitimidad ganada.

Ofreció ejemplos claros de la injerencia que señaló. “La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de la República, autor de la llamada verdad histórica) por otras unidades finales, ajenas a la UEILCA, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión, de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar con debida diligencia. Estos hechos determinaron la salida del titular de la UEILCA”.

En agosto pasado, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por decreto presidencial, que depende de la Secretaría de Gobernación y que preside Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, presentó un informe sobre el Caso Ayotzinapa. Un informe ajeno al órgano fiscal para investigar y resolver el caso.

Después de ese informe fue girada una orden de aprehensión de Murillo Karam y desestimadas 21 órdenes de aprehensión liberadas a raíz del trabajo de la UEILCA, pero no avaladas por el informe de la Covaj.

Al renunciar en septiembre pasado, poco antes de que se cumplieran los ocho años de los hechos de Iguala (la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014), Gómez Trejo le dijo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos que su salida obedeció a que recibió amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que debía proteger a su familia, de acuerdo con lo que ellas y ellos informaron a la prensa, incluido este medio.

En lugar de Gómez Trejo fue designado el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, ubicada como persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la ronda de preguntas y respuestas en la conferencia de hoy, un reportero solicitó más información sobre cómo afecta la injerencia a la Unidad.

“La Unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de ninguno de los poderes, ni del Ejecutivo ni del Legislativo”, comentó Mantilla.

Desde el inicio de la conferencia de prensa, Arosemena de Troitiño y Mantilla, cuando expusieron por qué este tercer informe representa una guía, hicieron énfasis en que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, que inicia con cada día, y no sólo impacta en las víctimas directas de la desaparición, tiene efectos fuertes en sus familiares, como ocurre con las madres, padres, hijas e hijos de los 43 normalistas desaparecidos.

Entonces, dijo Mantilla, la desaparición forzada no es resuelta con un decreto, y eso deben saberlo, por ejemplo, el personal de la Fiscalía. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos que continúa, mientras no aparezcan las personas desaparecidas o no se conozca la suerte de las víctimas, las desapariciones forzadas no terminan por decreto ni por decisiones unilaterales”.

La relatora también abundó sobre ese aspecto u obstáculos que pueden afectar el ritmo de las investigaciones: “Si hay otra unidad que no sea la encargada, por supuesto habrá afectación en ese proceso, por eso hablamos de esa intervención de cuestionamiento que los padres no los han dicho”.

De acuerdo con la relatora, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos se dieron cuenta de esta injerencia.

Además de la presidenta y relatora de la CIDH, estuvo en la conferencia de prensa celebrada en la cancha techada de la Normal Rural, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.

La conferencia de prensa cerró con una intervención política de los estudiantes, que corearon consignas por sus compañeros: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

 

Una gota de esperanza sigue en el caso Ayotzinapa: madres y padres Iguala

Texto y fotografía: Isael Rosales

 

Madres, padres, estudiantes y organizaciones sociales dejaron ofrendas florales en las estelas de los estudiantes caídos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. La justicia no ha llegado, así como la verdad sobre la desaparición de 43 normalistas.

La madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, estudiante desaparecido, María de Jesús Tlaltempa Bello hizo un rezo para que lleguen las palabras de justicia al mundo de los muertos, pero también para que los estudiantes se sientan acompañados en una lucha que sólo termina hasta que se tenga justicia y verdad.

En el mitin, las madres y padres exigieron justicia para Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

«Cada mes seguimos pidiendo justicia porque no es justo lo que les hicieron a los muchachos, no es justo que se llevaran a nuestros 43 jóvenes, y aún no tenemos justicia, así como no sabemos nada de ellos. Da tristeza ver que entre más pasa el tiempo somos más pocos. Para nosotros es doloroso ver que nos estamos quedando solos y que aún no sabemos nada de nuestros hijos», dijo María Martínez.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, en su intervención recordó que este 27 de octubre se cumplen ocho años y un mes de injusticia y sin verdad.

Por eso el llamado a las autoridades para que agilicen las investigaciones y que nos esclarezcan.

También exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Dijeron que como madres y padres no van a dejar que el caso quede impune. «A nosotros en la casa nos hace falta un hijo y no podemos retirarnos sin saber qué sucedió con ellos, ¿dónde están? Las autoridades prácticamente nos están diciendo que ya paremos, que nuestros hijos ya no viven, que ya los mataron. No lo vamos a aceptar. Como mamá siento que por ahí los tienen, por ahí están y precisamente eso es lo que nos da fuerzas como madres para seguir exigiendo. A mí cuando me digan que mi hijo ya no está yo quiero todos sus restos, no que me entreguen un pedacito o un documento que me diga que mi hijo ya no está», añadió María Martínez.

En recientes días hubo filtraciones que se originaron del hackeo del colectivo Guacamaya al Ejército mexicano. Ahí se constató que en la desaparición de los 43 estudiantes estuvieron todas las fuerzas represivas del Estado. El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) también señala que el ejército participó directamente en la desaparición de los normalistas.

Sin embargo, se cancelaron 16 órdenes de aprehensión contra militares. Este lunes 24, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las madres y padres que se van a reactivar esas órdenes de aprehensión.

“Nosotros aún tenemos esperanza de que en esta cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador se esclarezcan los hechos. Pero también es preocupante que esta cuarta transformación pueda concluir en la impunidad y con las injusticias, violando nuestros derechos a una vida plena”, dijo María de Jesús Tlatempa.

Las madres y padres exigieron la detención de los responsables y que se les castigue con cárcel. También dijeron que seguirán exigiendo que se hagan las detenciones a los militares para que así ya se resuelva.

Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, señaló que la criminalización a las normales rurales fue orquestada desde las altas esferas del poder. La estigmatización fue escalando con represiones, golpes mediáticos y terminó con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados por las fuerzas del orden.

Como una gota de esperanza, las madres y padres llamaron a las organizaciones sociales, estudiantes y al pueblo de México para que sigan solidarizándose con la lucha por la presentación con vida de sus hijos. Seguirán dejando las puertas abiertas de sus casas para que sus hijos lleguen hasta acariciar sus rostros.

 

Ayotzinapa: Sedena reportó vínculos del narco con Abarca y 19 alcaldes de Guerrero de todos los partidos

La Sedena dirigió también gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.


Texto: Alfredo Maza y Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero

 

En octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un reporte a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que señaló presuntos vínculos de 20 alcaldes de Guerrero del PRD, PRI, PVEM, PAN y el PT con Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Tequileros.

José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y del que se desconocía su paradero entonces, fue señalado de estar involucrado con miembros del grupo Guerreros Unidos (partícipes en la desaparición de los estudiantes), “a quienes proporcionaba protección, además de colaborar en las actividades delictivas de estos”.

Según el reporte del Ejército, el 25% de los municipios de la entidad (81 municipios) eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado a través de sus policías preventivas y cuyas campañas políticas habían sido financiadas por jefes de plaza y operadores del narcotráfico, revelan documentos encontrados en los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Este reporte, del 17 de octubre de 2014, fue hecho por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y dirigido a Tomás Zerón, principal responsable de la investigación que meses después sería nombrada como la “verdad histórica”.

Además, 16 días después de la llamada noche de Iguala, la Sedena informó sobre la detención de César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, que fue aprehendido por elementos de la PGR “a fin de que declarara sobre presuntos vínculos, con miembros de Guerreros Unidos, tanto de este como de su policía preventiva” .

Sin embargo, Peñaloza fue liberado un día después, el 14 de octubre, pese a que estaba en el segundo lugar de la lista de la Sedena “por orden de incidencia” y de ser señalado por proporcionar apoyo y protección a los miembros de la organización criminal que en aquel entonces se ostentaban como “elementos de la policía rural de la comunidad de Atscala” organizada por Pablo Tomás Ortiz Hernandez, presunto jefe de plaza.

Otros alcaldes, como el de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, presuntamente “lavaba dinero de Los Caballeros Templarios a través del hotel Real de la Loma ubicado en Ciudad Altamirano” y habría asistido a fiestas y reuniones sociales con Luis Navarro Peñaloza, alias el Zarco, operador en el municipio del grupo delictivo.

En una circunstancia similar se identificó al presidente municipal de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, a quien la Sedena vinculó con los hermanos Bernabé, David y Gerardo Lagunas Contreras, del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes eran identificados como “presuntos lavadores de dinero del narcotráfico y propietarios de hoteles, ranchos y de la Plaza de Toros de San Andrés” del municipio.

En dicho archivo también se menciona a los presidentes municipales Salomón Majul González, de Taxco de Alarcón, y Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, cuyas campañas políticas fueron presuntamente financiadas por integrantes del crimen organizado como Mario Casarrubias Salgado, el Sapo Guapo, y Alexander Palacios, el Cholo Palacios, presunto jefe de plaza.

En el caso de Chávez Carbajal la Sedena también lo vinculó con los hermanos Onésimo y Javier Marquina Chapa, así como a Omar Cuenca Marino, señalados por “mantener el control de enervantes” en su municipio, considerado como de alta incidencia en el cultivo de amapola y mariguana.

Sobre la relación de presidentes municipales con el grupo conocido como “La Familia Michoacana”, la Sedena identificó que al menos Taurino Vázquez Vázquez, de Arcelia; Everardo Wenses Santamaría, de Tlapehuala; y María Guadalupe Eguiluz Bautista, de Tlalchapa, contaban con diversas denuncias ciudadanas que los vinculaban con Johnny Hurtado Olascoaga ‘El Pez’, principal operador de esta organización criminal en la entidad.

Investigan a trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa

Pese a que la situación del crimen organizado en la entidad para el 2020 contemplaba la presencia de cinco organizaciones delictivas y 16 grupos locales, quienes se encontraban en “pugna por el control, venta y trasiego de drogas”, la Sedena dirigió gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.

Así lo refiere un diagnóstico ejecutivo de la Secretaría fechado en febrero de 2020, en el que en una sección titulada “¿De quién lo protegemos?” se refiere que “el estado de Guerrero ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre en la población”.

De esa manera refiere que para el año 2019, de los 81 municipios con que cuenta el estado se registraron mil 725 movilizaciones (mítines, marchas, bloqueos, toma de instalaciones y casetas de cobros) convocados en su mayoría por organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Antorcha Campesina, Sindicatos Únicos de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Popular de la Montaña.

De manera específica, sobre el activismo del magisterio disidente de la CETEG, la Sedena da cuenta que este se encuentra fragmentada en tres grupos: el “ala moderada” encabezada por el profesor Arcángel Ramírez Perulero, secretario general de la Coordinadora; dos “ala(s) radical(es)” encabezadas por María Antonia Morales Vélez, dirigente en la región centro del estado y por José Manuel Venancio Santiago, coordinador de Gestoría Laboral.

“Citadas fracciones realizan diversas movilizaciones para demandar a las autoridades competentes asignación de plazas, prestaciones a sus agremiados, incorporación al FONE y movilización de apoyo a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, promoviendo el paro de labores en los centros educativos, cuya dinámica de protesta se basa en realizar bloqueos carreteros principalmente”.

Sobre la “problemática estudiantil” del estado, la Sedena también tiene identificados a los estudiantes Alfredo Conde Carmona y Sureydi Mariscal Sierra como secretario general y presidenta del Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de Ayotzinapa y de la Normal Regional de la montaña “José Vasconcelos”, respectivamente.

A ambos comités estudiantiles se les relaciona por realizar “marchas, bloqueos vehiculares, toma de casetas de cobros en la autopista del sol, toma de instalaciones gubernamentales, retención de autobuses de transporte público y retención de camiones de empresas comerciales para apoyar las actividades de protesta del comité de padres de familia de los 43.

Pese a que en el mismo documento la Sedena refiere que el activismo social es un factor que tiene un impacto temporal bajo “sin que haya logrado tener repercusiones en el ejercicio del Gobierno en el nivel municipal y estatal” y que estas han disminuido durante la actual administración, entre sus recomendaciones plantea que las comandancias de la IX Región Militar y las 27 y 35 Zonas militares gestionen ante el gobierno del estado “proyectos de ley para aumentar la penalidad de quienes agreden a los cuerpos de seguridad pública de los tres Órdenes de Gobierno”.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

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