«Ya perdimos la confianza en este gobierno: madres y padres de los 43

En el cierre de la jornada de lucha por la presentación de sus hijos exigen a López Obrador cumplí la promesa de «tope hasta donde tope»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Iguala

 

El tope hasta donde tope, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.

Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.

«Ya le perdimos confianza a este gobierno», dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.

Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.

«Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años», dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

«Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República», contó un padre.

Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.

El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.

«El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal», afirmó Clemente Rodríguez.

Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.

«Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó», dijo con voz entrecortada.

Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.

«La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable», acusó.

Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:

Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.

Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.

Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.

También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.

Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.

Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.

Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.

En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.

Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

«No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial», dijeron entre los normalistas.

Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.

Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.

Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.

«Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad», afirmó Rosales Sierra.

«Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador», acusó Rosales Sierra.

En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.

Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.

Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.

Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.

Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.

En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.

«Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre», acusó una de las viudas.

La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.

El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.

Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.

Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las «órdenes porque no venían en el informe».

 

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Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero 

Iguala

 

Al término del mitin en esta ciudad, normalistas atacaron con bombas molotov, piedras y petardos las instalaciones del Poder Judicial, ubicado en la carretera federal, rumbo a Chilpancingo.

Posterior al mitin, los normalistas se trasladaron a las instalaciones del Poder Judicial en donde estrellaron los camiones en las dos puertas de acceso.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, fue en repuesta a que la FGR canceló la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana, por ser presuntamente responsable de haber destruido los videos donde se graba cuando  grupo de hombres armados y policías bajan de un auotobús a 17 normalistas de Ayotzinapa y se los llevaron esa misma noche del 26 de septiembre.

El nombre de Galeana Marín aparece en el informe de la Comisión de la Verdad que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto de este año.

Después de casi una hora de estos hechos, en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el puente Mezcala, se registró un accidente.

Un camión de carga embistió un autobús en el que viajaban las estudiantes de la normal de Amilcingo, Morelos.

En el percance, no hubo lesionados. Esto ocurrió alrededor de las 19:30 horas.

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La infiltración en Ayotzinapa puede esclarecer la desaparición de los 43 y dar con su paradero

Es una práctica con la que históricamente poderes dentro o al margen del Estado, pero siempre cohesionados, han intervenido la institución con el propósito de desaparecerla


 

Texto: Margena de la O

Fotografía: Víctor Galindo 

Chilpancingo

 

En cada embestida sorteada por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, está presente la infiltración de poderes dentro o al margen del Estado, como la que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a otros 43, de quienes, a ocho años de distancia de los hechos se desconoce su paradero.

En agosto pasado, la familia de Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio –el normalista que fue desollado, uno de los tres que también asesinaron la noche de Iguala– pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) considerar elementos que han obviado en todos estos años, como la infiltración en la Normal Rural de personajes que pudieron crear las condiciones para que ocurriera el ataque contra los estudiantes.

En realidad, la petición es un reproche. En el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de acuerdo con lo que exponen, no hay nada de dos de los tres apartados que el gobierno federal de López Obrador prometió cumplir en la investigación: el asesinato de los tres estudiantes durante la noche de Iguala y el caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma a causa de recibir una bala en la cabeza durante el ataque, ni de las otras víctimas de esa noche. Según la familia Mondragón sólo hubo información sobre los 43, pero sus padres y madres tampoco estuvieron satisfechos, según expusieron públicamente.

Cuestiona, a través de interrogantes puntuales, la infiltración de personas en Ayotzinapa. “¿Por qué el informe presentado por Alejandro Encinas señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante, cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados?”.

López Patolzin es uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Poco tiempo después de la desaparición, el Ejército confirmó que el joven originario de Tixtla estaba enlistado en el Ejército como miembro activo, lo que puso en evidencia, más allá de la función del muchacho, el interés de mandos militares, que representan uno de los grandes poderes institucionales, por saber o controlar lo que pasaba en Ayotzinapa.

Para abundar en esto es necesario acudir al repositorio de testimonios que Amapola. Periodismo transgresor tiene contenido en la serie Ayotzinapa. Vivir infiltrado, una secuencia de textos que condensan la oralidad de estudiantes de la Normal de diferentes generaciones que van desde 1955 hasta 2019, donde narran cómo vivieron la infiltración en sus tiempos.

En estos testimonios se hacen evidentes los intereses del Estado y de otros poderes al margen de la institucionalidad, nunca indiferentes uno de otro, como el Ejército, el crimen organizado –entendido en un dimensión amplia que incluye a agentes legales o ilegales– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los partidos políticos, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por una razón predominante: dividir, desestabilizar o generar crisis internas para el cierre de la Normal Rural, considerada como un espacio de formación social, política e ideológica de jóvenes.

“La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960”, se lee en el testimonio de Félix Bautista Matías, integrante de la generación 1956-1962, a la cual también perteneció el profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Lo que les tocó sortear a ellos, de acuerdo con Bautista Matías, fue la persecución policiaca y política, y la de los caciques, que se configuraban como poderes al margen del Estado, pero estrechamente relacionados. Una de las familias de caciques conocida en Guerrero es la de los Figueroa, de donde han salido dos gobernadores en épocas distintas, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999, pero sólo gobernó tres años), padre e hijo. “Para nosotros era peligroso hasta repartir volantes contra el gobierno”, comentó.

En periodos más recientes, es decir, previo a la desaparición de los 43 normalistas, los personajes infiltrados estaban asociados a las instituciones.

Los estudiantes por separado coincidieron que en el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) hubo una intervención, a través de la infiltración, de ex funcionarios de la SEG, como Silvia Ojeda, coordinadora de Asesores de la SEG en el gobierno de Torreblanca, donde la dependencia estuvo encabezada por José Luis González de la Vega. También de Héctor Vicario Castrejón, en ese entonces diputado local del PRI, quien incluso apadrinó la generación 2010 de Ayotzinapa, donde la funcionaria acudió como invitada especial.

Vicario Castrejón es un personaje muy cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que abandonar su cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, y fue relevado por Ángel Aguirre Rivero, en condición de gobernador interino.

Todo ese trabajo de intervención fue previo a los hechos del 11 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde asesinaron en una protesta, a la que acudieron armados policías federales y ministeriales, a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Estos hechos ocurrieron durante el periodo de Aguirre Rivero, ya como gobernador institucional, quien, al igual que Figueroa Alcocer, no concluiría su periodo por un episodio funesto, como lo fue la noche de Iguala.

“En mi generación (2010-2014), el Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien era diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, es un fragmento del testimonio titulado Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: Vicario y a otros.

El ejercicio para este texto fue ubicar en los testimonios de los normalistas a personajes claves dentro de la Normal Rural en el contexto previo y durante la desaparición de los 43, y en al menos cinco testimonios (11, 12, 14, 17 y 18, según el orden del listado) es cuestionada la actuación de un personaje clave dentro de la Normal Rural: el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, a quien apodaban La Parka.

En los testimonios 12, 14 y 18 hay cabos que se atan solos: la hazaña de que la Normal Rural de Ayotzinapa reuniera tantos camiones –los estudiantes mencionan entre 15 y 25– para trasladar a la Ciudad de México a normalistas de todas las normales rurales en el país que se concentrarían en Ayotzinapa para participar en la marcha del 2 de octubre, fue una operación que decidió Flores Maldonado, porque, según dijeron, así era él, tomaba determinaciones sin informales a sus compañeros de la dirigencia.

Lo que narran es que él lo ofreció en una asamblea de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM), el órgano que congrega a todas las normales rurales del país, como Ayotzinapa, reunir todos los camiones que se necesitaran para el traslado de los normalistas rurales a la capital del país, aun cuando la encomienda le tocaba a otra escuela.

“Él hacía las cosas a su manera, tomaba decisiones muy personales, sin consultar al resto del Comité Ejecutivo Estudiantil. Recuerdo una reunión muy importante de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) en Amilcingo, Morelos, donde ofreció que la Normal de Ayotzinapa se encargaría de conseguir los autobuses para mover a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Ahí se decidió que esa tarea la tendría la Normal de Tenería, la que está en el Estado de México, pero La Parka ofreció que lo haríamos nosotros, y cuando llegó a Ayotzinapa informó que era una comisión que nos encomendaba la FECSM”, este párrafo es parte del testimonio de un estudiante de la generación 2013-2017.

Otro elemento que pesa en esos testimonios es la manera en que Flores Maldonado llega a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa. En el número 11 hay más detalles, y en los otros datos complementarios, acerca de que las funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil las asumió después de maniobrar la expulsión del dirigente en funciones, Ángel Cegueda, quien estaba ausente recuperándose de una golpiza que le dieron policías federales durante una actividad en Casa Verde, un punto sobre la carretera que lleva a Iguala, donde fueron a pedir cooperación a los automovilistas.

La manera en que actuaron los policías también es cuestionada en ese testimonio: “Teníamos muchas actividades de ese tipo y las policías antes de reprimirnos negociaban con nosotros. Esa vez llegaron y se nos fueron con todo. En esa ocasión quien resultó más golpeado fue precisamente Ángel Cegueda, el secretario general, pareciera que lo tenían ubicado. Fue a quien más golpearon”.

En su ausencia, Cegueda fue acusado de infiltrado o una especie de informante a familiares, y sin acuerdo de la base estudiantil lo expulsaron de la dirigencia, y Flores Maldonado subió a ese cargo, de acuerdo con que se lee en los textos.

Los normalistas de las generaciones alrededor de la desaparición de los 43, que con claridad hablan de la infiltración en Ayotzinapa como una práctica conocida y asumida en la Normal Rural (como también la conocen la de otras generaciones), también cuestionan las decisiones que se tomaron al interior de la Normal Rural ese 26 de septiembre del 2014.

La primera, fue por qué la dirigencia estudiantil decidió llevar a estudiantes de primer año a una actividad de retención de autobuses, cuando eran los que menos experiencia tenían, la segunda, y la hace en particular el maestro Eduardo Moreno Peralta, parte de la generación 2012-2016, quien exponen que él como muchos estudiantes nunca estuvieron de acuerdo en reunir todos esos autobuses y viajar a Iguala, si lo tenían prohibido desde el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013.

Era arriesgado ir hasta esa ciudad porque los estudiantes de Ayotzinapa participaron en las actividades de protesta del 3 de junio por la muerte de tres de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez. En realidad la protesta fue convocada para exigir su aparición, pero en los preparativos se supo del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales desparecidos días antes, y en respuesta, las organizaciones sociales, entre ellas Ayotzinapa, respondieron causando destrozos en la alcaldía, en ese entonces encabezada por el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.

El ex alcalde ahora está preso por el asesinato de los dirigentes sociales, además de vínculos con grupos criminales, y es señalado por el caso de los 43.

El maestro cuestiona además la información proporcionada por Flores Maldonado en una entrevista para este medio, donde relata su versión de la noche de Iguala. Por ejemplo, dice que él no estuvo desde el mediodía en Chilpancingo con su novia ese 26 de septiembre del 2014 como contó, porque el maestro lo vio en la Normal Rural dando la indicación de que todos los estudiantes de segundo a cuarto año se retiraran de la escuela, al parecer para ahorrar las raciones de comida para tener que ofrecerles a los miembros de la FECSM, porque Ayotzinapa sería la sede para partir a Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.

“A ustedes les dijo en la entrevista –que Amapola publica el 25 de septiembre del 2019– que desde el mediodía hasta el anochecer de ese 26 de septiembre él estuvo en Chilpancingo con su novia. La hora de la comida establecida en la Normal es entre la una cuarenta y dos cuarenta de la tarde, y fue en ese lapso que lo vi y escuché”, es parte del fragmento del texto.

La familia Mondragón exigió el 22 de agosto pasado que el gobierno federal también investigue al ex alumno de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, y a sus allegados durante su periodo como dirigente estudiantil, a quienes los define como infiltrados.

Después que egresó (2016), Flores Maldonado mantuvo una relación cercana a las instituciones, durante el gobierno federal anterior, es decir, en el del presidente Enrique Peña Nieto, formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apareció en el organigrama como subdirector de Atención a Docentes. Se supo que todavía se mantiene un espacio en la dependencia.

Los Mondragón también exigen que las autoridades investiguen a Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien se asumió como el 44 al difundir que fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Ahora es diputado federal plurinominal por Morena.

“Ellos dos representaban el poder político y estudiantil de la normal en esa época”, es una línea del comunicado de la familia de Julio César Mondragón Fontes.

Con este texto no se intenta descargar la responsabilidad o señalar a uno, dos o un puñado de estudiantes de la responsabilidad de la noche de Iguala, sólo se pone el dedo en el renglón de que la infiltración es una estrategia de distintos poderes que ha funcionado por años para mermar el funcionamiento de Ayotzinapa.

Cuando se expone que hay poderes detrás de la infiltración, es una referencia a poderes dentro del Estado y fuera de él, y como evidencia se deja una de las exigencias públicas que hizo la familia Mondragón para que el gobierno federal de López Obrador que se comprometió a aclarar el caso, la incluya en la investigación: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo?”.

 

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Protestan normalistas por los 43 en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Estudiantes de ocho normales públicas de Guerrero marcharon por las calles de esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años en Iguala.

Con el conteo del uno al 43 y con gritos de justicia, los jóvenes iniciaron su recorrido en el monumento de Las Banderas ubicado al sur de esta capital.

En este lugar, los normalistas colocaron flores en el antimonumento de los 43.

Posteriormente iniciaron su marcha por la avenida Lázaro Cárdenas, pasaron por la Juan N. Álvarez y al llegar al centro doblaron por la calle Galo Soberón y Parra.

El más de medio millar de jóvenes tomaron la avenida Benito Juárez y llegaron al zócalo en donde realizaron un mitin.

Un manta de más de cinco metros de largo en la que se leía el nombre de Ayotzinapa la llevaba un grupo de normalistas al frente de la marcha.

Se prevé que en el transcurso de este lunes haya otras protestas de organizaciones sociales y del magisterio para exigir al gobierno federal que esclarezca el caso.

 

 

 

 

Las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra implicados en el caso Ayotzinapa fue porque no estaban en el informe: AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Victor Galindo 

Chilpancingo 

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra mandos militares y de seguridad en Guerrero se debió a que no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Entre las órdenes de aprehensión canceladas figuran la del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, ambos funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Y de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Lambertina Galeana Marín, además de otros mandos militares.

Durante su conferencia de prensa matutina en palacio nacional, López Obrador afirmó que los nombres de esos presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, “no estaban en el informe”.

“Se actuó a partir de las personas que aparecen en como responsables en el informe, y esto no significa que se cierra la investigación”, mencionó el presidente.

López Obrador negó que ello implique impunidad en el caso, esto tras ser cuestionado por las madres y padres de los normalistas quienes exigen una investigación a profundidad respecto al papel de las fuerzas armadas en los hechos.

Defendió las acciones que su gobierno realiza para esclarecer el caso, que fue una de sus promesas de campaña.

“¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general de un batallón de la Secretaría de la Defensa? Se actuó así porque viene en la investigación y esto no significa querer manchar al Ejército”.

Sobre la filtración en la investigación del caso Ayotzinapa, López Obrador calificó el acto como de “mala fe”, pero dijo que tal hecho no tumbará la investigación.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas, A lo mejor quienes filtraron el documento sin testar lo hicieron pensando que de esa manera ya no va a tener validez legal, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo”, dijo sobre la filtración sin testar del informe del Covaj, que se realizó el pasado fin de semana y se publicó en el semanario Proceso.

Partes del informe del Covaj contienen transcripciones de mensajes telefónicos entre los implicados, la mayoría no pueden leerse. La filtración a Proceso fue una versión con los contenidos legibles y los nombres de los implicados.

Por último López Obrador declaró este lunes 26 de septiembre como “día de luto nacional” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años.

“Hoy es día de luto nacional porque se conmemoran los ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación que se ha avanzando, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo Viejo, una vieja historia de terror que salta por caso Ayotzinapa

Texto: Jesús Guerrero

 Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

Iguala

 

El sábado 4 de octubre del 2014, ocho días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de agentes de la Policía Ministerial, peritos forenses y agentes del Ministerio Público y el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, entraron a las faldas de un cerro del ejido de Pueblo Viejo.

El hoy ex funcionario del gobierno de Ángel Aguirre Rivero tiene orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 y vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos al que actualmente se le conoce como La Bandera.

Alrededor de las cinco de la tarde de ese día, Iñaky Blanco, a bordo de una camioneta Suburban blanca blindada, bajó del camino sinuoso del cerro de esta zona.

El procurador se negó a responder las preguntas de los reporteros a quienes se les impidió ingresar a ese lugar en el que el funcionario encabezó la primera búsqueda de los normalistas desaparecidos.

El último informe que presentó la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa dio a conocer que en esa zona de Pueblo Viejo habrían sido asesinados y mutilados un grupo de estudiantes de la Normal.

A mediados de octubre del 2014, semanas después de los hechos de Iguala, Iñaky Blanco dio un informe del caso en donde reveló que lo que ya se había indagado del caso es de que uno de los detenidos de Guerreros Unidos confesó que 17 normalistas habían sido llevados a ese lugar de Pueblo Viejo para asesinarlos.

Días después, a Iñaky lo dejaron fuera de la investigación y las retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde donde, ahora se sabe, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se maquinó la verdad histórica para ocultar el crimen de Estado.

En el informe que dio en el mes de agosto el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez se establece que «Juan» uno de los testigos protegidos y que se llama Gilberto López Astudillo, El Gil quien era líder del GU y que fue exonerado por un juez federal, aseguró que Iñaky Blanco recibía cien mil dólares mensuales de Guerreros Unidos.

El Gil, uno de los líderes de esta organización, menciona que también recibían sobornos el entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez.

También tiene orden de captura por el caso Ayotzinapa, la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín. Todos ellos eran funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Desde el 2013, Pueblo Viejo ha sido reconocido por las autoridades como un tiradero de cadáveres de personas desaparecidas que perpetraba el GU.

Durante el 2013 en las Lomas de Zapatero y Loma del Coyote, que forman parte de este ejido de Pueblo Viejo, fueron halladas decenas de fosas clandestinas con cadáveres que tiraban miembros de Guerreros Unidos.

También las autoridades estaban enteradas de que este grupo tenía vínculos con el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y los jefes de la policía municipal, así como con jefes militares del 27 Batallón de Infantería.

«Toda esta zona es un cementerio de los narcotraficantes”, define una de las vecinas de las últimas casas de la colonia Las Parotas, en Pueblo Viejo.

Recargada en la tranca de madera de su patio, la memoria de la mujer viaja en retrospectiva cuando ubica que el tiradero de cadáveres en este punto al poniente de Iguala empezó en el 2010.

En una de las calles de la colonia San Miguelito, aparecieron los cuerpos decapitados de dos jóvenes que tenían un mensaje en una cartulina: «esto les pasó por uñas».

La primera fosa clandestina descubierta en esta zona del antiguo ejido de Pueblo Viejo, data de abril de 2013.

En esa ocasión, once policías municipales y un comandante del municipio de Cuetzala fueron privados de su libertad por miembros de Guerreros Unidos. Hasta la fecha solamente hallaron tres agentes en una fosa clandestina en la colonia Granjales, el resto de las víctimas sigue sin aparecer.

Por todo lo que ocurrió aquella vez el entonces alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por la PGR en abril del 2014 acusado de pertenecer a La Familia Michoacana, otro grupo del crimen organizado, y de ordenar secuestros en la región Norte de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Álvarez Mesino fue dejado en libertad porque no hallaron pruebas en su contra.

En abril y mayo de este mismo año del 2014, cuatro meses antes de la desaparición de los 43, fueron halladas seis fosas clandestinas con 19 cadáveres en avanzado estado de putrefacción en esa misma zona de Pueblo Viejo.

En abril del 2013, Ernesto Pineda Vega, vecino de esta misma zona, denunció que en esta demarcación una célula de Guerreros Unidos secuestraba, asesinaba y sepultaba aquí mismo a sus víctimas.

PIneda Vega quien fue detenido por la policía municipal de Iguala y que según él, fabricándole el secuestro de un ciudadano de nombre Adolfo Salgado Salgado, acusó a Abarca Velázquez de tener nexos con Guerreros Unidos.

Esta zona del ejido de Pueblo Viejo está integrada por una veintena de colonias irregulares que solo tienen el servicio de luz eléctrica.

La vecina de la colonia Las Parotas dice que por la noche o en la madrugada de casi todos los días se escucha el ruido de camionetas que suben hacia una vereda que lleva a uno de los cerros. «Hemos percibido olores fétidos, como que atrás de los vehículos llevan animales o personas fallecidas», dijo.

De su casa, a las faldas del cerro El Coyote, donde el 5 de octubre peritos de la PGR y de la FGE localizaron seis fosas con 28 cuerpos calcinados, hay más de dos kilómetros. Primero es una vereda donde no caben más de dos personas, pero a medida que se avanza sólo puede caminar una y a veces agachado haciendo a un lado la maleza.

«A las personas que las traen aquí en contra de su voluntad no tenían otra forma de caminar porque también sabían que iban derecho a su muerte», declaró en aquella ocasión uno de los agentes ministeriales que resguardó la zona durante el tiempo que duraron las excavaciones en octubre del 2014.

Los 28 cuerpos hallados en estas fosas estaban calcinados. «Los hicieron como en barbacoa», dijo uno de los enviados de la CNDH.

Según el informe pericial, los cuerpos de las víctimas fueron colocados abajo de ramas y troncos y les prendieron fuego. Pero todavía no se determina si los quemaron vivos.

En esa ocasión, la PGR estableció que ninguno de los 28 cuerpos localizados en estas fosas pertenecía a los normalistas desaparecidos.

Aunque ahora la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa informó que si existe la presunción de que en algún lugar del ejido de Pueblo Viejo fueron tirados los cadáveres de un grupo de los 43 normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Otras historias de Pueblo Viejo

Delfino Zaragoza Ocampo, cuenta que su hermano Alberto y sus compañeros Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora, desaparecieron el 2 de junio del 2013, luego de salir de la central camionera de Iguala.

La denuncia de desaparición forzada de estas tres personas está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y la FGE.

Para llegar a Pueblo Viejo se entra por el Periférico Norte, justo por donde el 26 de septiembre del 2014, en la noche, los normalistas sufrieron el segundo ataque a tiros por parte de un grupo civil, en donde murieron dos jóvenes y al día siguiente apareció desollado otro. De allí se llevaron a un grupo de normalistas.

Un taxista dice que esta zona del poniente de la ciudad, rumbo al municipio de Teloloapan, es una de las más peligrosas. Según él, quien entra y no conoce el lugar, por lo menos lo asaltan. «Aquí es tierra de nadie, porque mandan los delincuentes. Y nadie, ni siquiera el Ejército Mexicano les puede hacer algo», afirma.

El taxista dice : “Aquí en Iguala, los que mandan son los de la delincuencia, y no la autoridad”.

En la imagen, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos durante una búsqueda de sus hijos en el Ejido de Carrizalillo el pasado 23 de mayo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Fototeca Amapola)

Poder Judicial desconoce las acusasiones sobre la ex magistrada Lambertina Galeana

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

Chilpancingo

 

El Poder Judicial desconoce si la ex magistrada Lambertina Galeana ordenó borrar los vídeos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, el Poder Judicial desconoce la situación de la ex magistrada Lambertina Galeana Marín y sus implicaciones en el caso Ayotzinapa.

En el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, Galeana Marín es señalada de perder u ocultar los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.

Entrevistado en las oficinas de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, Casarrubias Vázquez dijo que a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se desconoce si Galeana Marín, entonces presidenta del TSJ, fue llamada a declarar por presuntamente borrar los vídeos de la cámara de seguridad de la Ciudad de Iguala.

“La verdad como ese es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República (FGR) y a una comisión especial y ellos son los que vienen investigando nosotros desconocemos”, mencionó Casarrubias Vázquez.

Agregó que se desconoce si alguna autoridad la citó a declarar por la acusación de borrar los vídeos y que en el tiempo que lleva Casarrubias Vázquez como presidente del TSJ eso tampoco sucedió.

Casarrubias Vázquez era magistrado en Iguala cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas, pero dijo que él como magistrado no tenía acceso al área técnica, por lo que también desconoce si hubo manipulación sobre los vídeos.

“Nosotros solo nos dedicamos a conocer los asuntos de apelación y no tenemos nada que ver con las cuestiones técnicas”.

El día de hoy se conoció que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Galeana Marín por delitos contra la administración de justicia.

Además de Galeana Marín, también se liberaron órdenes de aprehensión contra el exprocurador de justicia, Iñaki Blanco y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se burla el diputado Bernardo Ortega durante el conteo por los 43 de Ayotzinapa en la sesión

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilapancingo 

 

El diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, se burló de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en la sesión de este jueves al término del pase de lista que los diputados de Morena realizaron al cumplirse casi ocho años de la desaparición forzada de los estudiantes.

Los diputados de Morena, Nora Yanek Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel, subieron a tribuna y se sumaron a la exigencia de justicia de las madres y padres de los 43.

Al término de sus participaciones, sus compañeros de bancada empezaron a contar del uno al 43.

Al término del conteo, Bernardo Ortega Jiménez continúo, «44, 45, 46, ah no, perdón, me equivoqué», mencionó en tono de burla y al finalizar soltó una carcajada. Cuando ocurrieron los hechos de Iguala, en setiembre del 2014 en Iguala, él  fungía como coordinador del Congreso local y era del grupo político del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

«Ese es el nivel de muchos», le contestó Sánchez Esquivel.

En el último punto del orden del día de la sesión de hoy, la diputada Velázquez Martínez pidió el uso de la palabra para hablar acerca del caso Ayotzinapa, hechos en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala; el próximo 26 de septiembre se cumplen ocho años de ese episodio.

En su intervención, Velázquez Martinez habló acerca de la exigencia de justicia de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y reconoció que los hechos ocurridos en Iguala fueron un crimen de Estado.

«No solo se trató de un acto de exterminio a cargo de un grupo de la delincuencia organizada en complicidad y coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, sino todo un proceso pensado, planeado y coordinado desde las más altas esferas del gobierno federal, para encubrir los hechos», mencionó en tribuna Velázquez Martínez.

Al término de su participación dijo que el Poder Legislativo se tiene que solidarizar con la búsqueda de justicia y castigo a los culpables.

«Exhorto respetuosamente a todos los grupos parlamentarios y representaciones de partido a recuperar en este caso, la vigencia del Estado de derecho, garantizando el ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos».

Sánchez Esquivel también pidió el uso de la palabra sobre el mismo tema, y mencionó que a casi ochos años de la desaparición de los estudiantes tiene que existir una justicia real.

Propuso que se legisle le Ley de Desaparición Forzada para que puedan atraer el caso Ayotzinapa.

Al término de esas participaciones y del conteo que realizaron los diputados morenistas fue que Ortega Jiménez se burló de la acción de sus compañeros.

Ortega Jiménez es hermano de los líderes del grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos, que operan en la región Centro y Montaña Baja de la entidad, Celso y Antonio Ortega Jiménez.

En distintas entrevistas el legislador lo acepta sin problema y argumenta que no tiene nada que ver con las actividades laborales de su familia.

Ortega Jiménez es el diputado local del distrito 24, que abarca los municipios de Mártir de Cuilapan, Quechultenango, Mochitlán y Tixtla, en este último se ubica la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Horas más tarde, Ortega Jiménez emitió un comunicado donde aseguró que no lo hizo con intención de burlarse y que sólo fue «una distracción».

«Durante el conteo por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se realizó este jueves por la tarde en el Pleno del Congreso de Guerrero, por una distracción proseguí el conteo y aunque de inmediato rectifiqué, ofrezco una disculpa al movimiento social que exige su presentación con vida», publicó en la página oficial del Grupo Parlamentario del PRD.

 

No fue una detención, fue una entrega voluntaria la de general José Rodríguez Pérez

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Ayotzinapa

 

El representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, informó que no fue una detención la del general José Rodríguez Pérez, como lo informó está mañana el subsecretario de Seguridad, si no una entrega voluntaria.

Durante el foro La Opacidad de las fuerzas armadas, realizada en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Rosales Sierra informó sobre la detención de Rodríguez Pérez la noche de ayer.

“Lo que sabemos es que fue una entrega voluntaria la de José Rodríguez a un juez de control y hasta el momento no tenemos más información”, mencionó Rosales Sierra.

Durante la conferencia presidencial de esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja informó sobre la detención del general José Rodríguez Pérez por sus implicaciones en el caso Ayotzinapa, que de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad fue el responsable se asesinar a seis estudiantes normalistas y de limpiar las escenas del crimen en la ciudad de Iguala.

Sobre la exoneración de ex alcalde de Iguala José Luis Abarca por un juez federal de Tamaulipas el representante legal de las madres y los padres de los 43 dijo que fue exonerado por fallas en el proceso judicial.

“La exoneració de José Luis Abarca se debe a que su caso estuvo sustentado en la llamada verdad histórica, y fue culpado con declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Rosales Sierra dijo que en la acusación de secuestro hay dos errores; el primero porque las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita y la segunda porque para ser considerado secuestro tiene que haber una petición de rescate, lo cual no hubo.

Además de Abarca Velázquez hay otras 19 personas exoneradas del caso Ayotzinapa, entre los que están el ex comandante de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores junto con otro 17 policías municipales.

“Nosotros desde aquí seguiremos exigiendo justicia, castigo a todos los culpables y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos”, dijo Rosales Sierra.

Durante el foro, que fue organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Normal Rural de Ayotzinapa, hablaron sobre el peligro de la militarización en México.

Y pusieron de ejemplo los elementos militares que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

El foro de hoy es parte de la jornada de lucha rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestan por los 43 en zonas militares y FGR ejecuta aprehensión contra mandos del Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso Ayotzinapa, de las cuales tres ya fueron ejecutadas.

Uno de los militares detenidos es quien en 2014 fue el comandante del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, lugar donde el 26 de septiembre de 2014 elementos del Ejército, Policía Estatal, Federal y Municipal, en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Mejía Berdeja dijo que derivado del informe de la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa fue que se liberaron las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos del Ejército.

Aunque Mejía Berdeja no reveló los nombres de los detenidos, el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa menciona al coronel José Rodríguez Pérez como el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.

En dicho informe señalaron a Rodríguez Pérez de ser aliado de Guerreros Unidos y de ordenar asesinar a seis estudiantes normalistas privados de su libertad en una bodega cerca de la ciudad de Iguala.

También lo acusaron de ser el responsable de borrar todas las evidencias de las escenas del crimen.

Además de las órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, Mejia Berdeja informó que el Ministerio Público federal emitirá un amparo en contra de la resolución del juez que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del caso Ayotzinapa y de otras 19 personas relacionadas con el caso.

“Se impugnará la resolución del juez para que José Luis Abarca y los otros 19 implicados no queden libres”, mencionó Mejía Berdeja durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Además de la impugnación, la Secretaría de Gobernación interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez federal de Tamaulipas que exoneró a Abarca Velázquez y a 19 personas más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intacto el imperio Abarca-Pineda en Iguala*

Texto: Margena de la O

Fotografía: Tomada de internet

 

En Iguala, la familia de empresarios Abarca Pineda es una de las económicamente más acomodadas. Sus negocios, de diferentes ramos, funcionan sin contratiempos aun con la crisis de violencia que se sabe existe en la ciudad.

La posición de la familia podría resultar intrascendente en un lugar donde la economía se basa en la venta de oro en grandes centros comerciales, si no fuera porque la pareja pilar de esa familia, José Luis Abarca Velázquez (ex alcalde de Iguala) y María de los Ángeles Pineda, enfrentan un proceso judicial por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

Ambos, señalados por la noche de Iguala ocurrida el 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y desaparición a 43 más. También de operadores en primera fila del grupo criminal Guerreros Unidos en esa zona del estado. (La información más reciente es que Abarca fue absuelto por un juez por este caso).

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, asegura que en casos donde se determina lavado de dinero debería existir una revisión del origen de los bienes.

Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de José Luis Abarca Velázquez, sobre todo por las facilidades concedidas por sus amigos políticos. El ex perredista, Lázaro Mazón Alonso, apoyó el proyecto desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), pero como senador (2006-2012, aunque lo dejó en 2011) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra que cedieron con la condición de que sólo fueran «vías de acceso y áreas recreativas».

Otro político que ayudó a conseguir la donación de la Sedena, fue el priísta Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena. Todo esto quedó asentado en la prensa.

La PGR difundió que investigaba, entonces, las propiedades de la familia Abarca-Pineda. Entre los comerciantes de Galerías Tamarindos nunca se supo de algún cierre o del escrutinio de alguna medida judicial, por que funciona con cierta normalidad. Los negocios cierran a las 10 de la noche, y las actividades concluyen con la última función de cine; sólo la administración cierra a las 6:30 de la tarde.

Las medidas salieron de los arrendatarios: terminaron su relación de arrendamiento con la familia Abarca y cerraron su negocio. En plaza, se contaron el viernes 27 de marzo del 2015, 11 locales cerrados, en un espacio de 40 cortinas disponibles–aunque la plaza en general cuenta con 62 locales–; el negocio cerrado más reciente es mariscos Miguelitos. Cerraron otras líneas de comidas rápidas, como Subway y MacDonald’s, aunque éste último sólo por un par de meses, pero ya reabrió.

El 22 de octubre de 2014, Iguala fue la sede de la movilización nacional por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, ocasión que un grupo de personas utilizó para saquear las tiendas de Galerías Tamarindos. Los arrendatarios, en medio del caos, llegaron, muchos con los nervios desbordados, a tratar de rescatar lo que pudieron.

La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega Comercial Mexicana que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza es administrada actualmente (en 2015) por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.

Existe todo un protocolo en la administración de la Plaza para que ofrezcan información del arrendamiento de los locales: llenar una solicitud con todos los datos personales y empresa o giro; entregarla a la asistente, y después, la maestra Roselia Abarca se comunica para otorgar una cita.

–¿Quién es la administradora, perdón?

–La maestra Roselia, –responde la mujer joven a cargo de oficina en ese momento.

–¿Cuál es su apellido?

–Abarca, –dice en un tono bajito, y cambiando la dirección de la mirada.

En Iguala se sabe –es lo que comentaron algunas personas– que las farmacias Guadalajara también son de los Abarca Pineda, empresarios, servidores públicos y generadores, en parte, de la crisis actual del estado de Guerrero. Abarca Velázquez logró ser alcalde de Iguala por el respaldo de Lázaro Mazón Alonso, en principio, y después por el de Sebastián de la Rosa Peláez, líder local de Nueva Izquierda (NI), diputado federal con licencia, y actual candidato a diputado plurinominal en tercera posición.

Habitantes del municipio recuerdan a Abarca Velázquez justificando el ingreso de las dos farmacias, ubicadas en Morelos esquina con Aldama y Periférico Norte, como opción generadora de empleo para la ciudad. Ambas funcionan normalmente hasta las nueve de la noche. Pero la actividad por la que se le conocía mucho antes del caso Iguala, era la de orero (vendedor de piezas de oro), aunque su familia tiene toda una historia en el comercio.

Su familia vendía sombreros y vestidos de novia. Isidoro Velázquez Hernández, abuelo del ex alcalde, era comerciante de sombreros. Nicolás Abarca, su padre, también es comerciante, tiene una tienda de vestidos de novia.

Iguala tiene toda una tradición artesanal del oro, de familias que se dedicaron desde los años 50 a crear a mano cada uno de las piezas. Con los años, las casas de cambio de Guadalajara, Jalisco se convirtieron en los principales proveedores de los oreros de Iguala, y dejaron la orfebrería.

El Centro Joyero de Iguala, ubicado en el centro de la ciudad, Reforma esquina con Obregón, es uno de los cuatro centros comerciales de oro más grande de la ciudad, aún con varios de sus locales cerrados. También el empoderamiento de los Abarca Velázquez: Arte en joyería Aurium (locales 13, 14, 15, 28, 36, 96, 97 y 98, en los que se solía ver a la pareja Abarca-Pineda), Joyería Orovel’s (locales 3,4 y 34), y Stela (local 19).

La tarde del 27 de marzo del 2015, el local 36 de Arte en joyería Aurium, lo atendía una mujer mayor, cabello oscuro al hombro. Los que la conocen, dijeron que se trata de Esther Velázquez, la madre de José Luis Abarca Velázquez. Y debe de ser, porque la adolescente de cuerpo espigado, piel clara y cabello largo y rizado de las fotos de promoción del Centro de Estudios Benemérito de las Américas distribuida por Galerías Tamarindos, llega y la saluda con familiaridad.

En las publicaciones periodísticas inmediatas a la información proporcionada por la PGR de que investigaba 65 propiedades de la pareja de empresarios y políticos, se conoció que son propietarios de al menos 19 inmuebles en Iguala y otros cinco en Morelos.

En el contexto de la captura y detención de la pareja (5 de noviembre de 2014, delegación Iztapalapa), la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que 65 propiedades de la familia eran investigadas por un probable involucramiento en el lavado de dinero del «narcotráfico».

En el número 8 de la calle Roble, entre Álamo y Laurel, en la colonia Jacarandas, hay una casa de una extensión un poco menor a la tercera parte de toda la vía; paredes altas, pintada a dos colores neutros distintos, portón eléctrico y una cámara en dirección a la puerta y el portón. «Allí vivía José Luis Abarca», dijo un joven sobre la casa grande, de fachada lujosa.

Es el mismo 27 de marzo del 2015 por la tarde y un muchacho moreno y esbelto abre la puerta y sale de la casa; tras él otro que le rebasa un poco en estatura y de piel un poco más clara. Los dos se suben a una motoneta estacionada afuera y se van por la calle Álamo. Después, se enciende la luz de una lámpara que se asoma a la calle.

Los vecinos de los Abarca Pineda no han visto que alguna corporación vigile la casa o realice alguna actividad parecida a una especie de aseguramiento, de no ser por la vez que gente de la PGR, lo supieron porque llevaban estampada las siglas en las ropas, estuvieron por allí cuando recién capturaron a la pareja. Más bien, dicen, parece todo normal en esa casa, y hasta reparaciones le hacen: hay dos montones de arena y grava en la banqueta.

Desde la noche que desaparecieron los normalistas han pasado seis meses, tiempo en que las madres y padres, casi a diario, libran una protesta con la consigna firme desde el principio: se los regresen vivos. En ese mismo tiempo, los Abarca Velázquez y Abarca Pineda, recobraron gran parte de su vida de antes.

 

*Este texto se publicó en el Semanario Trinchera en 2015, en los siguientes años hasta este 2022, la plaza comercial Galerías Tamarindos y otros negocios de los Abarca Pineda continuaron igual.

Se preveía absolución de Abarca, dice Vidulfo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace casi ocho años, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se preveía la absolución del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, porque las pruebas que presentó la entonces PGR por el delito de secuestro eran débiles de manera premeditada.

«Fueron pruebas sustentadas en ilícitos que le hicieron al ex alcalde», dijo Rosales Sierra.

Dijo que esta investigación a Abarca que hizo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto fue parte de la «verdad histórica» que maquinó el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión.

«Era obvio que el derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria porque hay una debilidad probatoria, porque esa investigación tiene datos de prueba que fueron extraídos de forma ilícita”, explicó el abogado.

El abogado mencionó que el ex alcalde de Iguala preso en el penal del Altiplano enfrenta otras causas penales una de ellas tiene que ver con la desaparición forzada de los normalistas.

Según Rosales Sierra, la nueva investigación que realiza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa cuanta con datos de prueba contra Abarca que permiten establecer su responsabilidad en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Aseguró que el ex edil perredista de Iguala ya enfrenta órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en estos hechos y que existen pruebas de que él dio órdenes esa noche (el 26 de septiembre).

«Para nosotros es claro que él tiene responsabilidad», externó Rosales Sierra.

Este martes, el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, absolvió del delito de secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa a Abarca Velázquez sin embargo sigue en prisión porque enfrenta otros procesos penales, uno de ellos por el del homicidio calificado en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, en mayo del 2013, un año y meses antes de los sucesos de Ayotzinapa.

 

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