Nuevo secretario General recibe cargo con protestas sociales

A 100 días de gobierno, Evelyn Salgado no ha resuelto las demandas de cientos de personas que a diario protestan pidiendo ser escuchados


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez 

20 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En los próximos días asumirá el cargo el nuevo secretario general de gobierno, esto después de que Saúl López Sollano se reincorpore al Senado como suplente de Félix Salgado Macedonio.

Fuentes cercanas a la gobernadora indican que será Ludwig Marcial Reynoso, actual subsecretario de gobierno quien asuma el cargo.

Mientras se decide quién será el próximo secretario general de gobierno, diferente oficinas gubernamentales están tomadas por trabajadores inconformes, quienes exigen soluciones a sus demandas por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su gabinete.

Una de las principales protestas es un campamento ubicado en la entrada principal de la Sede del Poder Ejecutivo, donde alrededor de 200 docentes del Frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero (FEDEEG) están en espera de que Salgado Pineda los atienda.

Los docentes del FEDEG exigen a las autoridades les resuelvan una serie de demandas entre ellas la asignación de recategorizaciones, y el reconocimiento de sus funciones administrativas. Los docentes indicaron que llevan tres años solicitando sus reconocimientos y desde administraciones pasadas no les resuelven.

Al mediodía de este 20 de enero los docentes del FEDEG tenían agendada una reunión con Salgado Pineda, quién lo noche de ayer la canceló para trasladarse a la Ciudad de México a un evento con el presidente de la república.

Ante la negativa de ser atendidos por Salgado Pineda los integrantes del FEDEEG se trasladaron a la residencia oficial de Casa Guerrero donde se tenía prevista la reunión y bloquearon la entrada principal como medida de presión.

El representante del FEDEEG, Luis Vargas Gutiérrez, mencionó que fue ayer por la noche cuando personal de gobernación les informó de la cancelación de la reunión, y la pospusieron para el próximo lunes 24 de enero, “Estamos dispuestos a que la reunión se posponga horas, pero no días, si se siguen posponiendo vamos a radicalizar nuestras acciones y el plantón no se levanta hasta que nos resuelvan”, dijo.

Minutos más tarde personal de la secretaria de gobernación se acercó a los inconformes para tratar de convérselos de retirar el bloqueo en Casa Guerrero y aceptar la reunión para el lunes 24. “Ya esperamos tres años, traten de vivir con 2700 pesos al mes a ver si pueden seguir esperando”, gritaban los docentes al personal de gobernación.

Ante la negativa de los docentes de acceder a la prórroga al bloqueo llegó Pablo Gordillo quien se identificó como secretario técnico de la gobernadora, les informó los motivos de porque la gobernadora no los pudo atender, y se comprometió a que serán atendidos el próximo lunes.

Los docentes inconformes por la respuesta de las autoridades seguirán en el plantón fuera de Palacio de Gobierno y como actividad de protesta bloquearon la avenida Rufo Figueroa.

Otro paro es el que mantienen desde hace 11 días trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) quienes tienen tomadas las oficinas de dicha institución, ubicadas en la avenida Ignacio Ramírez en el centro de Chilpancingo.

Exigen la aplicación de un laudo a favor que está aprobado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde el 2013 y la recontratación de 200 trabajadores despedidos injustificadamente.

De acuerdo con Juan Leal francisco, trabajador del IEEJAG, el laudo a favor con número de expediente 662-2013 y ejecutado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 43 con sede en Acapulco, tiene como fin que se reconozca a 69 trabajadores con antigüedad y se les otorgue una base, así como su inscripción al ISSSTE y FOVISSTE con retroactivo.

Leal Francisco comenta que los trabajadores con más antigüedad tienen laborando 30 años, mientras que los más nuevos tienen 13 años, y en todo es tiempo trabajaron sin ningún tipo de prestación.

Los trabajadores del IEEJAG desconocen el motivo del porque no se ha aplicado el laudo, comentan que ya tenían una minuta firmada por el ex gobernador Héctor Astudillo quien les aseguro la aplicación del laudo, pero esa minuta nunca se cumplió.

La gobernadora recibirá a los trabajadores del IEEJAG el próximo lunes a las 4 de la tarde, de acuerdo con un oficio que les hizo llegar el secretario de la gobernadora Raúl Gustavo García. Mientras esperan ser atendidos para solucionar sus demandas los manifestantes tiene prevista una marcha para el día de mañana a las 11 de la mañana.

También el día de ayer trabajadores despedidos de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, tomaron las oficinas de esta institución, ubicada al sur de Chilpancingo y exigieron a la titular Reyna Mejía Morales ser reinstalados a sus puestos de trabajo.

El día de hoy dichas oficinas siguen tomadas y los trabajadores despedidos están en espera de que alguna autoridad les resuelva.

 

Evelyn y Félix acuerdan nombramiento de Ludwig en Secretaría General

En los 96 días que van del gobierno de Salgado, este es el primer cambio en una Secretaría


Texto: Redacción

Fotografía: Facebook

20 de enero del 2022

Chilpancingo

 

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda nombrará a Ludwig Marcial Reynoso Nuñez en la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Saúl López Sollano quien se incorporará al Senado de la República.

Este cambio en el gabinete de Evelyn fue una operación política que realizó Félix Salgado quien decidió solicitar licencia en el Senado, como suplente es Saúl López, este asumirá la función.

Félix y Evelyn le propusieron al viejo luchador social Eloy Cisneros Guillén que asumiera la Secretaría General de Gobierno pero este les rechazó su oferta bajo el argumento de que enfrenta problemas de salud.

Se planea que en las próximas horas la gobernadora Evelyn Salgado haga el anuncio oficial del nombramiento de Ludwig Marcial quien es actualmente subsecretario de asuntos políticos de esta misma Secretaría.

Ludwig fue Secretario General del ayuntamiento de Acapulco cuando Félix Salgado fue alcalde por el PRD en el período constitucional 2005_ 2008.

En el proceso de elección para Fiscal General, Evelyn pretendía designar a Ludwig a ese cargo pero por indicaciones del gobierno federal nombró a la teniente militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Ludwig Marcial asumirá la Secretaría General con conflictos sociales y políticos que el desde su cargo y su jefe Saúl López Sollano no han podido resolver.

Por ejemplo desde hace dos semanas hay un plantón de directores de escuelas de nivel básico afuera del Palacio de Gobierno que exigen recategorizaciones y que se les reconozca oficialmente sus cargos directivos.

Toma de calles, carreteras, autopista del Sol y edificios públicos por parte de maestros, estudiantes, campesinos y otros sectores sociales así como la violencia es lo que se vive cotidianamente en Guerrero.

Desde que Saúl López Sollano asumió la Secretaría General de Gobierno mantuvo un bajo perfil.

Con agenda de trabajo cerrada y sin aparecer en actos públicos así se mantuvo López Sollano durante los 96 días que estuvo en el cargo.

En las próximas horas Saúl López será llamado oficialmente para que asuma el escaño de Félix y será este quien decida la hora y el día cuando ya le regrese su lugar en el Senado.

 

Vuelve Félix a desafiar al INE: Promoverá consulta de revocación de mandato

“El INE va a caer, va a caer y le decimos a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama (consejeros de este organismo electoral) que no les tenemos miedo”


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:

19 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Después de que el Senado de la República le aprobó su solicitud de licencia para separarse del cargo, el morenista Félix Salgado dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede impedirle que realice actividades políticas para promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

René Miranda, director del Registro Federal del INE, declaró en la Ciudad de México que sólo este organismo está facultado para realizar la promoción de esa consulta y no ninguna autoridad o actor político incluido Félix Salgado Macedonio y si lo hacen violan la ley.

En reunión con más de cien de sus seguidores en el patio de un edificio que es propiedad de su amigo, el dirigente estatal de Morena, Ney Cuauhtémoc Catalán, Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, arremetió contra el INE.

«Miren toda la malicia que tiene contra mí el INE, es una fobia», dijo Salgado ante sus seguidores que a cada rato le aplaudían.

«¡Va a caer el INE, va a caer!», gritaba Félix junto con sus correligionarios que asistieron a esa cita para ver si ya se les daba un empleo en el gobierno estatal.

«A ver los que están aquí quienes no tienen cargo en el gobierno que alcen la mano», les preguntó el senador con licencia a la gente. La gran mayoría alzaron la mano.

Entre el gentío había quienes todavía llevaban en la mano carpetas con su currículum.

Durante la reunión a la que Félix le denominó «asamblea de trabajo», Salgado Macedonio les informó a sus correligionarios que su suplente en el senado, Saúl López Sollano será llamado para que ocupe su espacio.

Después de la solicitud de licencia de Félix, Saúl López, actual secretario General de Gobierno, ya le entregó su renuncia a la gobernadora Evelyn Salgado y su separación del cargo se hará efectiva cuando el Senado lo llame a ocupar el escaño.

Entre Félix y su hija Evelyn están buscando quien va a suplir a López Sollano en la Secretaría General de Gobierno.

Eloy Tobías Cisneros Guillén, un viejo luchador social le rechazó a Félix y a su hija Evelyn ocupar esa Secretaría por razones de salud.

Félix Salgado le informó a la gente que en las próximas horas el Senado llamará a Saúl López para que ocupe su lugar.

Debido a que el INE ha dicho que no tiene presupuesto suficiente para promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, él y los morenistas de Guerrero, dijo, le van a «ayudar» para realizar este ejercicio.

«El INE no quiere hacer nada (la promoción de la consulta), no hay spots, ni hay nada porque ellos no quieren porque dicen que no tienen presupuesto», acusó Salgado.

Recordó la pelea con el INE en la contienda pasada y dijo que el organismo no le puede prohibir que ejerza sus derechos políticos: «Una vez si me lo prohibieron cuando me violaron mis derechos a ser votado», afirmó Salgado al referirse a la resolución que tomó el INE de cancelarle su candidatura a la gubernatura por no haber presentado informes de gastos de precampaña.

«De todos modos el INE va a caer, va a caer y le decimos a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama (consejeros de este organismo electoral) que no les tenemos miedo», señaló Félix antes de detener la transmisión en vivo a través de su Facebook.

Posteriormente Salgado Macedonio siguió con la reunión en donde varios de sus seguidores le preguntaban cuándo los incorporaría a alguna área de gobierno que encabeza su hija Evelyn.

«Yo quiero hablar”, manoteaba una mujer que llevaba un folder.

Un grupo de seguidores de Félix se percató de la presencia de este reportero a quien se acercaron para exigirle entregara su teléfono celular. Los simpatizantes querían corroborar que no había fotografías o videos de la reunión.

«’¿Ya le revisaste el celular?, ¿no grabó videos, fotos?», interrogó un hombre corpulento a otro individuo.

«Aquí está prohibido tomar fotos o grabar videos», le dijo.

Tras esa advertencia, los individuos se metieron al patio de la casa que está ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de esta capital.

 

Pide Inmujeres a Congreso que apruebe despenalización del aborto

La iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Corte sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

18 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pide al Congreso de Guerrero que apruebe la iniciativa de modificaciones al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.

Esta iniciativa que fue presentada el pasado 12 de enero por las legisladoras morenistas Nora Velázquez, Gloria Citlali Calixto y Beatriz Mojica Morga se encuentra en trámite legislativo en las comisiones de justicia y salud.

Mediante un comunicado, el Inmujeres, recuerda que la penalización del aborto no evita su práctica y mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad para gestar quedan expuestas a realizar procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida y vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Menciona que, en el tema de la interrupción legal del embarazo, el Estado mexicano tiene diversas observaciones de organismos internacionales que lo han instado a armonizar su marco jurídico a nivel nacional y subnacional conforme a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que México se ha comprometido.

El Inmujeres expone que la iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir.

Dicha iniciativa de decreto da elementos para cumplir con las recomendaciones dadas al estado de Guerrero en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado.

Menciona que en Guerrero todavía es una de las pocas entidades del país en el que las mujeres, adolescentes o niñas víctimas de violación deben tener autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo.

Además de que este documento contempla como excluyente de responsabilidad penal el aborto por violación, así como inseminación artificial no consentida, riesgo de salud, alteración genética y por abortos espontáneos o accidentales y mantiene como delito el aborto forzado sin la voluntad de la mujer o persona gestante, dice el Inmujeres.

Esta iniciativa presentada por las tres legisladoras de Morena ha provocado protestas de los grupos religiosos que se han pronunciado en contra de que el Congreso la apruebe.

La legisladora local del PRI, Julieta Fernández, encabezó una protesta frente al Congreso local de un grupo católicos entre ellos el Provida y del Grupo Interreligioso de Guerrero exigiendo que no se apruebe la despenalización del aborto.

Según la diputada priísta en el Congreso hay asuntos más importantes en la agenda legislativa que impulsar estas adecuaciones al Código Penal de Guerrero que permite la despenalización del aborto.

También grupos activistas que han luchado por los derechos de las mujeres se manifestado a favor de esta iniciativa.

 

Por problemas de salud rechaza Eloy Cisneros Secretaría General de Gobierno en Guerrero

Los problemas que tuvo en la columna vertebral fueron parte de las secuelas de la tortura que sufrió en marzo de 1990 cuando policías estatales realizaron un desalojo del ayuntamiento de Ometepec


 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: 

17 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El viejo luchador social Eloy Cisneros Guillén rechazó el ofrecimiento que le hicieron Félix Salgado y la gobernadora Evelyn Salgado de ser el nuevo secretario General de Gobierno, en sustitución de Saúl López Sollano quien regresará al Senado de la República.

El argumento de Eloy Cisneros para no ocupar este cargo en el Gobierno estatal fue su salud, debido a que ha enfrentado complicaciones médicas que en los últimos años se han agravado.

Saúl López será llamado por el Senado de la República para que ocupe el escaño que deja vacante Félix Salgado quien solicitó licencia y anunció una gira en los estados vecinos de Guerrero para promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Hace cuatro días estuve con Félix Salgado y él le habló por teléfono a la gobernadora Evelyn Salgado para proponerme ese cargo (Secretaría General de Gobierno) pero le dije que no porque tengo la presión alta y además tengo problemas con el hígado», señaló en entrevista Cisneros Guillén quien tiene 77 años.

Contó que incluso Félix Salgado llamó a una doctora que estaba ahí que nos tomara la presión arterial.

«Él (Félix) tenía una presión de 130-82, y yo 158-101, o sea la mía es muy alta», expresó el profesor Eloy Cisneros.

Recordó que este mismo ofrecimiento (de ocupar la Secretaría General de Gobierno) se le ofreció Félix y su hija la gobernadora desde el arranque de este gobierno pero también rechazó ocupar el cargo por las mismas circunstancias de salud.

«No por tener un poder político y tener un sueldo yo vaya a quedar mal con mi salud además estar en ese puesto se requiere estar de tiempo completo para resolver los problemas que tiene Guerrero», señaló Cisneros Guillén.

Hace dos años Eloy Cisneros fue sometido a una cirugía en la columna vertebral.

El  luchador social recordó que los problemas que tuvo en la columna vertebral fueron parte de las secuelas de la tortura que sufrió en marzo de 1990, cuando policías estatales realizaron un desalojo del ayuntamiento de Ometepec  tomado por militantes del PRD, en protesta por el fraude electoral de las elecciones a la alcaldía de ese municipio en diciembre de 1989.

Cisneros Guillén quien en ese entonces fue candidato de la izquierda a la alcaldía encabezaba la ocupación del ayuntamiento.

«Durante el desalojo (los policías) me tiraron por las gradas y rodé, pero además cuando me traían en la patrulla me colocaron una llanta en mi cuerpo y ahí se sentaron los policías», dijo.

En ese entonces el gobernador de Guerrero era el priísta José Francisco Ruiz Massieu quien fue asesinado a balazos en septiembre de 1994, en la Ciudad de México a manos de un pistolero.

En aquella época Eloy Cisneros y Félix Salgado Macedonio, formaban parte del bloque opositor al régimen priísta y encabezaban las protestas poselectorales.

Dijo que pese a su problema de salud él sigue en la actividad política trabajando en la unidad de la izquierda.

«Yo no soy militante de Morena pero estamos trabajando con los compañeros de este partido porque es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador», contó Eloy Cisneros, también preso político durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.

Cisneros Guillén fue coordinador de asesores durante la pasada administración de la alcaldesa morenista de Acapulco Adela Román Román.

«Aceptar la Secretaría General de Gobierno acabaría con mi salud porque no me permitiría estar en tiempo y forma total atendiendo los problemas que tiene Guerrero, porque es ahí donde desde ese cargo se tiene que iniciar la cuarta transformación», expresó el también maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Cisneros Guillén quien fue líder estatal del PRD y diputado local por este partido en la década de los noventas, señaló que les agradeció a Félix y a la gobernadora Evelyn Salgado que le hayan hecho esa invitación.

 

Congreso falla en designar Auditor que propuso Evelyn

A pesar de que el Congreso entra en periodo de receso el sábado, los diputados siguen sin tomar esta decisión


 

Texto: Jesús Guerrero

Foto: Oficial

Chilpancingo

13 de enero del 2022

 

Diputados del PRI y PRD se unieron para evitar que la fracción mayoritaria de Morena designara a Olivia Valdovinos Sarabia, como nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) propuesta que avaló la gobernadora Evelyn Salgado.

En la sesión que concluyó después de la una de la madrugada de hoy jueves, Olivia Valdovinos obtuvo 24 votos, Héctor Gervacio Jiménez 18 y Odiseo Rubio Vejar, ningún voto a su favor.

Para que uno de los tres aspirantes a la ASE fuera designado como titular de la Auditoría requerían 31 votos.

La celeridad para designar al titular de la ASE se frenó debido a que en la misma fracción parlamentaria de Morena no había unidad para votar por Olivia Valdovinos Sarabia quien era la propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado.

Inicialmente varios legisladores morenistas apoyaban a Héctor Gervacio porque también contaba con el aval del senador Félix Salgado Macedonio.

Gervacio Jiménez que desde el gobierno de Héctor Astudillo es encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud fue ratificado en este cargo por la gobernadora Evelyn Salgado.

En la votación Gervacio Jiménez obtuvo los 18 votos del PRI y PRD.

Los 24 votos que obtuvo Olivia Valdovinos, fueron 21 de Morena, otro del PT, uno más del PVEM y PAN.

La terna de aspirantes a la titularidad de la ASE y que fue sometida a votación por el Congreso fue impugnada por la organización Colectivo Gamma que dirige Jesús Flores García.

En un escrito firmado por Flores, señala que ninguno de los candidatos cumplen con los requisitos que establece la convocatoria que publicó el Congreso el  30 de junio del 2021.

Indica que los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria en donde se establece que para aspirar a la Auditoría no debieron ser titulares dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal, estatal, titular de algún órgano constitucional, autónomo, magistrado del Poder Judicial, consejero de la judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.

En el caso de Héctor Gervasio Jiménez desde el gobierno de Héctor Astudillo fue designado encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud estatal.

Gervasio se inscribió como aspirante a Auditor y en vez de renunciar sigue en este mismo cargo en el actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

En el 2019, la Auditoría Superior de la Federación responsabilizó a Héctor Jiménez Gervasio de la contratación de 15 trabajadores que no cumplían con el perfil y eso originó que este órgano fiscalizador lo sancionara con la obligación de devolver 4 millones y medio de pesos a las arcas públicas.

Eso señalan lo resultados de la auditoría 2019-A-12000-19-081-2020-812-DS, que realizó la ASF. En su denuncia el ciudadano, Fernando Rodríguez Bermeo.

Olivia Valdovinos Sarabia, otra de las que está en la terna, fue directora de la Auditoría de Desempeño y Presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta el 2019.

 

ASE: siete meses sin auditor, una terna aprobada por Félix y Evelyn con un Congreso sin definir

Los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria de la ASE en donde se establece que para aspirar no debieron ser titular de dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.


 

Texto: Jesús Guerrero

Foto: Oficial

12 de enero del 2021

Chilpancingo

 

El Congreso local sigue sin definir el nombramiento del Auditor Superior del Estado (ASE) aunque la terna de aspirantes para ese cargo fue avalada desde hace meses por el senador Félix Salgado y su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La terna la integran: Ediseo Rubio Vejar, Héctor Gervasio Jiménez y Olivia Valdovinos Sarabia, ésta última es quien se perfila para ocupar la titularidad de la ASE, de acuerdo a fuentes del Congreso local y del gobierno estatal.

Alfredo Sánchez Esquivel, jefe de la bancada de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso ya tiene en sus manos el proyecto de dictamen.

Desde hace más de seis meses la ASE quedó acéfala luego de que su titular Alfonso Damián Peralta dejó el cargo al concluir su período de seis años.

Los tres candidatos que fueron avalados por Félix y su hija la gobernadora Evelyn Salgado, según la organización Colectivo Gamma dirigida por Jesús Flores García, no cumplen con los requisitos que establece la convocatoria que publicó el Congreso el  30 de junio del 2021.

En un escrito que esta agrupación envío al Congreso, señala que los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria en donde se establece que para aspirar a la Auditoría es no haber sido titular dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal, estatal, titular de algún órgano constitucional, autónomo, magistrado del Poder Judicial, consejero de la judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.

 

Tres perfiles señalados

En el caso de Héctor Gervasio Jiménez desde el gobierno de Héctor Astudillo fue designado encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud estatal.

Gervasio se inscribió como aspirante a auditor y en vez de renunciar sigue en este mismo cargo en el actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

El 26 de noviembre del 2021, Gervasio, en su calidad de Contralor Interno de la Secretaría de Salud, le dio posesión a Ernesto Andraca Rodríguez como administrador del Hospital General de Chilpancingo, lo cual se mantiene en la información de esta dependencia en su página de Facebook.

Gervasio Jiménez, depende directamente del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova quien ocupaba este cargo en el gobierno de Héctor Astudillo y Evelyn Salgado lo ratificó en el puesto.

En el 2019, la Auditoría Superior de la Federación responsabilizó a Héctor Jiménez Gervasio de la contratación de 15 trabajadores que no cumplían con el perfil y eso originó que este órgano fiscalizador lo sancionara con la obligación de devolver 4 millones y medio de pesos a las arcas públicas.

Eso señalan los resultados de la auditoría 2019-A-12000-19-081-2020-812-DS, que realizó la ASF, en denuncia del ciudadano, Fernando Rodríguez Bermeo.

Olivia Valdovinos Sarabia, otra de las que está en la terna, fue directora de la Auditoría de Desempeño y Presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta el 2019, señala en su denuncia el ciudadano Fernando Rodríguez Bermeo.

El otro que tampoco cumple el requisito, según la organización Gamma, es Ediseo Rubio Vejar quien hasta el 2020, era coordinador de planeación y estrategias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y es gente allegada al anterior Auditor, Alfonso Damián Peralta y del ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

«Es evidente que es Félix Salgado Macedonio el que propuso esta terna para Auditor y de ninguna manera dejó que el Congreso realizara su trabajo de análisis de cada uno de las 28 aspirantes que se registraron para obtener ese cargo», dijo Jesús Flores García del grupo Gamma.

«Ya todo está arreglado para que cualquiera de ellos (a) sea el elegido en la Auditoría en base a lo que opine Félix Salgado», expresó.

El diputado local Jacinto González Varona, confirmó que ya está en manos de la Junta de Coordinación Política este dictamen pero que no existe fecha para que sea sometido ante el pleno y uno de los tres candidatos resulte electo.

«Efectivamente los tres candidatos que van en esta propuesta podrían ser sujetos a una impugnación en caso de que alguno de ellos resultara electo porque el proceso de elección no fue el más adecuado», externó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, aseguró que los tres cumplieron con los requisitos para que uno de ellos sea el elegido luego de que pasaron la evaluación.

«La terna está bajo resguardo en la mesa directiva y estamos en pláticas para llegar a un consenso y que el pleno decida», afirmó el legislador en una entrevista.

Este proyecto de dictamen de la terna es el mismo que la pasada 62 legislatura local pretendía que se analizara y se votara en su última sesión del 30 de agosto.

Sin embargo, en esa asamblea legislativa este dictamen ya no fue incluido en el orden del día debido a que las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y el PVEM condicionaban el nombramiento del auditor (a) siempre y cuando se aprobara también un decreto en el que se declarara como deuda pública los 14 mil millones de pesos al ISSSTE que se adeuda desde las administraciones estatales pasadas.

Este mismo dictamen podría ser sometido a consideración este enero.

Héctor Apreza Patrón, jefe de la bancada del PRI, asegura que el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel no les ha entregado el proyecto del dictamen, pero sabe que desde diciembre el morenista pedía que se aprobara el nombramiento de Olivia Valdovinos Sarabia para la titularidad de la ASE.

«Nosotros no vamos avalar algo que no conocemos porque además ni siquiera tenemos ese dictamen», expresó el legislador del PRI.

 

Guerrero, Veracruz y Zacatecas, las policías más letales: más de 250 muertos en presuntos enfrentamientos

En cuatro años, los estados con menores tasas de civiles muertos en presuntos enfrentamientos con policías son Aguascalientes y Chiapas.


Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

10 de enero de 2022

 

El sábado 19 de abril de 2020, policías estatales de Guerrero abatieron a cuatro presuntos sicarios en el poblado de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo. Entre ese día y el domingo se registraron en la zona 13 muertes violentas y dos detenciones tras enfrentamientos entre supuestos grupos criminales y las autoridades, pero la corporación solo se atribuyó el fallecimiento de cuatro personas.

Este fue uno de los 157 choques armados que la policía de Guerrero registró entre 2018 y 2021, uno cada diez días. En ellos murieron 94 supuestos atacantes y 19 uniformados. Esto convierte a Guerrero en uno de los cuerpos más letales de las corporaciones estatales: cada dos semanas desde hace cuatro años, un presunto civil armado perdió la vida en confrontación con los agentes.

Los otros dos estados con mayores índices de muertos en choques entre policías y civiles son Veracruz y Zacatecas. El primero registró 112 muertos desde 2018, pero con 338 enfrentamientos en los que fallecieron 16 uniformados. Es decir, que sus agentes se enfrentaron a presuntos delincuentes una vez cada tres días y provocaron una baja cada nueve. Córdoba aparece como el principal foco rojo del estado, con 18 enfrentamientos en tres años y con sucesos luctuosos como los incidentes de febrero de 2020, cuando sujetos armados atacaron una comisaría y a diversas dotaciones: murieron dos estatales, dos municipales y tres de los presuntos atacantes. Veracruz es el estado en el que mayor número de choques armados se registró entre supuestos integrantes del crimen organizado y policías.

Zacatecas tiene cifras relativamente bajas aunque también significativas. En los últimos tres años se han registrado 140 enfrentamientos en los que murieron 66 presuntos atacantes y 36 policías. Es decir, que se registraron choques armados cada ocho días y cada 16 murió un atacante. Aquí, por el contrario, el número de uniformados muertos por balas atacantes se dispara: cada mes un funcionario estatal perdió la vida en choques con presuntos delincuentes.

Opacidad en Tamaulipas o Baja California

Estas son algunas de las revelaciones de las solicitudes de transparencia efectuadas por  Animal Político, que pidió a los 31 estados de la federación conocer cuántos enfrentamientos armados mantuvieron sus policías desde 2006, cuántos atacantes murieron o resultaron heridos y cuántas bajas sufrió la corporación. Esto permite tener una perspectiva sobre la violencia registrada en los distintos territorios desde que Felipe Calderón declaró, hace 15 años, la denominada “guerra al narcotráfico”. Aunque el primer dato relevante es la opacidad: apenas 15 estados (Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) dijeron disponer de esta información y en la mayoría de los casos estaba limitada a los últimos años.

Otros, como Baja California o Yucatán, se limitaron a no responder. Algunos, como Quintana Roo o Guanajuato, aseguraron no tener datos mientras que en Tamaulipas, la secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró no ser “competente” para ofrecer información sobre los enfrentamientos de sus agentes y las bajas causadas por estos. Entre los estados que no respondieron están algunos de los que encabezan las estadísticas de homicidios, como Guanajuato o Baja California, y también otros como Tamaulipas donde la presencia del crimen organizado hace habituales los enfrentamientos y cuyos policías han sido señalados por vulneraciones a los derechos humanos.

De los datos que pudo recabar Animal Político se desprende que entre 2018 y 2021 se registraron 812 enfrentamientos armados en 15 estados de la República, con un saldo de 464 civiles armados muertos y 210 policías. Es decir, que por cada agente fallecido, los uniformados mataron a dos atacantes. Sin embargo, esta cifra no es exacta, ya que hay estados donde la letalidad de los policías es muy elevada, como en el caso de Guerrero, y otros como Sinaloa o Michoacán en los que existe equilibrio entre el número de víctimas provocadas por los atacantes y por los policías.

Entre Guerrero, Veracruz y Zacatecas acumulan 272 muertes de presuntos atacantes, lo que supone más de la mitad de los estados que ofrecieron sus datos. Esta proporción es más baja si nos referimos a los agentes asesinados: 64 de los 210 registrados murieron en estos tres estados.

Coahuila y Michoacán son dos estados con alto número de enfrentamientos y civiles y policías muertos. En el caso del territorio fronterizo fueron 51 presuntos atacantes muertos en 21 choques con 8 policías que perdieron la vida. En este caso, las cifras se incrementan mucho por los 23 muertos que se registraron en el municipio de Villa Unión en diciembre de 2019, cuando un grupo de hombres armados atacó la corporación, matando a cuatro policías, y fueron posteriormente abatidos por policías estatales.

En el caso de Michoacán, las cifras muestran un mayor equilibrio entre las fuerzas estatales y los grupos delictivos. Desde 2018, al menos 34 presuntos agresores fallecieron en 63 choques armados, en los que 26 policías perdieron la vida. En este estado, el enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus rivales de Cárteles Unidos capitaliza la violencia. Sin embargo, también se han registrado masacres de policías, como la emboscada en la que 14 oficiales fueron asesinados en El Aguaje, municipio de Aguililla, en octubre de 2019.

Más policías muertos que atacantes en Chihuahua

Chihuahua (24 muertos en 14 enfrentamientos desde 2020, con 36 policías fallecidos) marca una excepción. Se trata de uno de los pocos estados en el que sus cifras dicen que murieron más uniformados que atacantes.

Por detrás aparece Jalisco, con 22 civiles y 11 policías muertos en 44 confrontaciones; San Luis Potosí, con 17 presuntos atacantes y 4 agentes fallecidos en 20 choques; Sonora, con 10 agresores y 14 policías muertos pero sin registro de enfrentamientos y Sinaloa, con 5 civiles y 1 policía muertos en 22 confrontaciones.

Los estados con menores tasas de civiles muertos en choque con las autoridades son Aguascalientes, donde una persona falleció, por diez policías; y Chiapas, con otro civil y otros dos policías muertos desde 2018.

La falta de información proporcionada por las secretarías impide realizar un mapeo más claro sobre muertos y enfrentamientos con las corporaciones. Además, las instituciones tienen a reducir el número de muertes causadas por sus elementos. Por ejemplo, el Ejército llegó a asegurar que en 15 años de la denominada “guerra contra el narco”, sus efectivos únicamente habían matado a 43 personas que eran ajenas a choques armados, aunque una revisión realizada por Animal Político mostró que se incluyó como agresores a víctimas de ejecución extrajudicial.

Candidatos del SUSPEG en espera de la toma de nota

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook

7 de diciembre de 2021

Chilpancingo

 

Los dos candidatos declarados ganadores de la contienda electoral el pasado 30 de noviembre, para dirigir el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) entregaron documentación a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para validar el respectivo triunfo.

 

Ambos esperan que sea esta instancia la que resuelva el conflicto electoral derivado de las pasadas elecciones.

 

El pasado 1 de diciembre, un día después de la elección, en una actividad pública el candidato Adolfo Calderón Nava recibió una constancia de validez firmada por tres integrantes de la Comisión Electoral del SUSPEG.

 

Ahí Calderón Nava mencionó una serie de irregularidades en el proceso electoral y dijo que entregaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje los documentos correspondientes para que resuelvan el conflicto.

 

“Le vamos a dar seguimiento a esta situación por la vía legal, por eso vamos a presentar nuestros documentos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje”, comentó al término de su discurso, donde también admitió la diferencia en contra de 65 votos.

 

En tanto, agremiados cercanos a la candidata Adela Hernández Angelito comentaron que la entrega de documentos a la Junta Local es solo una formalidad, pues la diferencia de votos es evidente y la constancia de validez está firmada por el presidente de la Comisión Electoral y actual secretario general, David Martínez Mastache.

 

“Solo esperamos la toma de nota para hacer oficial el triunfo de la candidata”, dijo una agremiada del magisterio.

 

La llamada toma de nota es el documento oficial que entrega la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar legalidad a las elecciones de los sindicatos y comités directivos.

 

El abogado Omar Armando Dircio Contreras explicó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje funciona como un órgano resolutivo que da fe a los procesos electorales de sindicatos y organizaciones de trabajadores y la toma de nota significa que se oficializa el triunfo.

 

“La toma de nota se deriva del cumplimiento del proceso de elección que establecen los sindicatos en sus estatutos”.

 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene que deliberar, pues no puede quedar sin dirección el Sindicato.

 

Hasta el momento no hay información sobre al asunto, los candidatos esperan que les informe sobre dicho documento, el cual tiene que ser entregado antes del próximo 15 de diciembre que es la fecha cuando se tiene programa la toma de protesta.

 

Incertidumbre en resultados de la elección para dirigente del SUSPEG

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes sociales 

6 de diciembre de 2021

Chilpancingo

 

Con dos candidatos que se declararon ganadores, con la base trabajadora dividida y en la incertidumbre de quien será su próximo dirigente, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) llevó a cabo su elección para elegir a su próximo secretario general.

 

El SUSPEG es el sindicato más grande del estado, con 22,000 agremiados entre maestros y personal administrativo. Aglutina a trabajadores de todas las dependencias del gobierno del estado, Organismos Públicos Descentralizados (OPD), ayuntamientos, Poder Legislativo y una parte del magisterio estatal.

 

La elección se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre, los candidatos fueron Adolfo Calderón Nava, Adela Hernández Angelito y Héctor Acevedo Rivera.

 

Los tres candidatos tienen antecedes con partidos políticos o con grupos dentro del sindicato, quienes, de acuerdo con varios agremiados, no dudan que estos están manipulando la contienda.

 

Calderón Nava fue regidor de Chilpancingo en el periodo 2018-2021 por el Partido Revolucionaria Institucional (PRI), y antes ya había ocupado el cargo de secretario general del SUSPEG en el periodo 2012-2016.

 

Adela Hernández Angelito, de acuerdo con los agremiados, es la candidata oficial, y la que apoya el actual secretario general, David Martínez Mastache.

 

Acevedo Rivera, en tanto, se asume así mismo como el candidato de la Cuarta transformación dentro del SUSPEG, y durante su campaña aparecía en fotos con el senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, aunque estos nunca se pronunciaron a favor de ningún candidato.

 

Al final de la contienda los resultados quedaron de esta manera: 7,215 votos para Hernández Angelito, 7,150 para Calderón Nava y 2,000 para Acevedo Rivero. La diferencia entre los dos candidatos punteros fue de 65 votos.

 

La noche del 30 de noviembre los dos candidatos que recibieron la mayoría de los votos se declararon ganadores y ambos recibieron una constancia de validez a su triunfo.

 

Hernández Angelito recibió su constancia por parte del secretario general del SUSPEG, Martínez Mastache, quien también preside la Comisión Electoral. Por su parte, Calderón Nava recibió una constancia firmada por tres integrantes de la Comisión Electoral.

 

La doble entrega de constancias generó incertidumbre en la base trabajadora, pues no tienen certeza de quien será su próximo dirigente estatal.

 

“Nosotros votamos por un candidato y en la noche salen con que hay dos ganadores y no se nos aclara nada, no sabemos quién ganó o cual constancia es la verdadera”, comenta una agremiada del Sindicato.

 

Mientras algunos están en la incertidumbre otros continúan apoyando el triunfo de su respectivo candidato.

 

Los que apoyaron a Calderón Nava sostienen que hubo muchas inconsistencias durante la jornada electoral, mencionan inflado de urnas y casillas que cerraron horas después de lo acordado.

 

Mientras que personal que apoyó a Hernández Angelito dice que es imposible inflar casillas porque la boletas están seriadas y se envían a cada sección el número exacto de los agremiados.

 

De acuerdo con una sindicalizada perteneciente al magisterio, quien no quiso dar su nombre, comentó que durante la administración de Calderón Nava no hubo apoyo para los agremiados.

 

«Aumentó la deuda del ISSSPEG, no se otorgaron nuevas bases y aceptó la reforma educativa enviada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en lugar de ver por nosotros los trabajadores apoyó a los de arriba», comentó.

 

Las dos constancias de validez de los candidatos están en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde se espera se resuelva el conflicto en los próximos días para que él o la ganadora proteste el 15 de diciembre por un periodo de cuatro años.

 

Por desorden financiero que le hereda Astudillo, Evelyn Salgado inicia medidas de austeridad

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

6 de diciembre del 2021

Chilpancingo

 

Debido al desorden administrativo derivado del déficit financiero de 3 mil 351 millones de pesos que le heredó su antecesor, el priísta Héctor Astudillo Flores, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha una serie de medidas de austeridad en su gobierno.

 

Entre estas medidas, el oficio SFA/1/701-2021 de la Secretaría de Administración y Finanzas, señala la no contratación de más personal y de la eliminación de «la lista de raya».

 

«Este gasto de personal de lista de raya que tenía la anterior administración generaba un millón de pesos mensuales», indicó en una entrevista el titular de esta dependencia estatal, Raymundo Segura Estrada.

 

El documento oficial de la SAF del gobierno estatal que circuló desde el pasado 2 de diciembre en las dependencias ordena que se suspende todo tipo de gastos extraordinarios.

 

Otra de las indicaciones que dio la gobernadora es de que solo personal con «funciones relevantes» utilizarán vehículos oficiales.

 

Además a partir de este sábado (4 de diciembre) todos los vehículos oficiales estarán en el estacionamiento de las dependencias estatales y las unidades solo se utilizarán los fines de semana en caso de áreas operativas o viajes de comisión.

 

Evelyn Salgado enfrenta este problema financiero a menos de dos meses de iniciar su mandato.

 

Además, la morenista tampoco recibió el apoyo financiero que esperaba de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Durante su visita a Guerrero, el pasado 24 de octubre, López Obrador se comprometió a apoyar financieramente al gobierno de Evelyn Salgado.

 

Raymundo Segura Estrada, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, declaró que ellos esperaban que la Secretaría de Hacienda les diera una «ayuda» de 3 mil millones de pesos que es el déficit financiero que heredaron de la anterior administración que encabezó Astudillo.

 

Hacienda sólo les ofreció menos de mil millones de pesos.

 

A finales de noviembre pasado, el gobierno estatal solicitó un crédito de 2 mil cien millones de pesos a las instituciones bancarias para pagar salarios y otras prestaciones a los trabajadores.

 

En octubre, a unos días de que Héctor Astudillo dejara el cargo trabajadores de las dependencias estatales y paraestatales pararon labores y tomaron los edificios para exigir el pago de salarios, bonos y otras prestaciones.

 

A los pocos días de que la morenista Evelyn asumió el cargo, el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, informó que el anterior gobierno les heredó un déficit financiero de 3 mil 351 millones de pesos y más de 20 mil millones de pesos en deudas al Sistema de Servicio Tributario (SAT) y al ISSSTE.

 

«Únicamente estamos apagando fuegos porque no nos dejaron recursos y los recursos recibimos de las participaciones federales son insuficientes, ante tantas deudas, tantos compromisos», dijo en esa ocasión el funcionario estatal.

 

«Hubo desvíos de recursos con Astudillo», dice diputado

El diputado local y presidente de la Comisión de Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jacinto González Varona, dijo que los informes financieros que ha dado a conocer el gobierno de Evelyn Salgado de la administración pasada reflejan que el ex gobernador Héctor Astudillo habría incurrido en desvíos de recursos públicos.

 

González citó el caso de la deuda histórica de 14 mil millones de pesos al ISSSTE que heredó Evelyn Salgado Pineda.

 

«Aquí lo que ocurrió es de que esos recursos destinados para pagarse el ISSSTE los gobiernos de Astudillo y las anteriores administraciones lo tomaban para pagar salarios a trabajadores de la Secretaría de Salud o de Educación que no están regularizados por el gobierno federal», expuso.

 

¿Qué es lo que hacían los gobiernos anteriores? pues llegaba el recurso de la Secretaría de Hacienda y lo tomaban para destinarlo a otros rubros y nunca lo reponían, dijo.

 

El legislador morenista criticó que la pasada legislatura local haya aprobado casi sin ningún trámite la cuenta pública del gobierno de Astudillo.

 

«En marzo del 2022, llegará al Congreso la cuenta pública del 2021 del ex gobernador Héctor Astudillo y esta vez será muy diferente porque ahora si vamos analizarla bien y seguramente vamos a descubrir muchas irregularidades financieras que se habrían incurrido».

 

En la pasada 62 legislatura y que fue la que aprobó la cuenta pública 2020 de Astudillo estaban los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, quien está de nuevo en el Congreso y además como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también en esa ocasión aprobaron y ahora repiten en el cargo el priísta Héctor Apreza Patrón y el perredista Bernardo Ortega Jiménez. Los tres tienen presencia nuevamente por la vía plurinominal.

 

El diputado Jacinto González Verona dijo que estará muy pendiente de los resultados de la auditoría que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de Astudillo.

 

Fiscalías anticorrupción esclarecen menos del 1% de casos: poco personal y recortes complican investigaciones

Un diagnóstico de TOJIL y el IMCO destapa las deficiencias con las que operan estas fiscalías: en promedio cada una tiene solo 7 policías y 4 peritos para atender cientos de indagatorias.


 

Texto: Arturo Rangel / Animal Político

Fotografía:

2 de diciembre de 2021

 

Durante 2019 y 2020 las fiscalías anticorrupción del país iniciaron casi 18 mil carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Sin embargo, en ese mismo lapso solo 67 casos (menos del 1%) fueron esclarecidos con una sentencia en contra de los responsables. En cambio, la enorme mayoría de las indagatorias (9 de cada 10) se mantienen en curso sin llegar ante un juez o de plano fueron archivadas ante la imposibilidad de las fiscalías de conseguir más pruebas.

Múltiples obstáculos potencian estos malos resultados. Recursos humanos insuficientes, recortes de presupuesto, procedimientos de investigación inadecuados, legislaciones incompletas, fallas en capacitación y poca o nula autonomía, son algunas de las deficiencias con las que a diario se enfrentan las fiscalías especializadas en la investigación de estos casos.

Una investigación conjunta realizada por la asociación civil TOJIL y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) diagnosticó por primera vez las condiciones de operación, desempeño y resultados de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción del país. Dichas fiscalías son una pieza clave del sistema nacional anticorrupción, pues se encargan de investigar hechos irregulares que podrían haber derivado en delitos, y de ser el caso proceder en contra de los responsables para que el daño sea reparado.

Sin embargo, pese a esta función primordial, el estudio identificó que la mayor parte de estas áreas de investigación operan en medio de carencias y con pobres resultados. Es decir: aunque por ley ya existen en la mayoría de los estados, su desempeño se encuentra muy lejos del esperado.

Aunque, en promedio, cada entidad inició 749 carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción, solo 35 de ellas (4.6%) avanzaron lo suficiente para llegar ante un juez y que se abriera un proceso, y solo en tres casos (el 0.4%) se llegó hasta una sentencia condenatoria.

“Pese a que se cuenta con Fiscalías Anticorrupción a nivel normativo, en la realidad no cuentan con un mínimo de recursos para ser una institución operativa y funcional. Si bien existen esfuerzos a nivel nacional, actualmente ninguna Fiscalía Anticorrupción cumple con los estándares analizados en su nivel óptimo”, concluye el estudio.

Para llegar a estos resultados las organizaciones responsables del estudio enviaron solicitudes de información a todas las fiscalías del país; además se entrevistaron con fiscales, policías y peritos de cinco estados seleccionados como muestra. A continuación, se detallan los puntos clave del análisis realizado por dichas organizaciones en los cinco ejes que se estudiaron.

 

Poco personal y mal capacitado

 

De acuerdo con el informe, las fiscalías anticorrupción del país tienen, en promedio, hasta 12 agentes del Ministerio Público para atender las denuncias. Dicha cifra se agrava si se toma en cuenta que estos fiscales tienen que distribuir sus casos entre los 7 policías de investigación y cuatro peritos con los que en promedio cuentan estas fiscalías.

A ello se suman las deficiencias en la capacitación. Apenas cinco fiscalías anticorrupción tuvieron peritos que recibieron algún curso o reforzamiento de sus habilidades para indagar este tipo de delitos entre 2019 y 2020, mientras que solo 11 brindaron alguna preparación especial para sus policías. La mitad de las fiscalías capacitaron a sus agentes del Ministerio Público asignados.

Fuera de los promedios, al analizar cada caso por separado se advierte que solo la Fiscalía anticorrupción de Sonora cuenta con un capital humano satisfactorio, es decir, con un número suficiente de fiscales, policías y peritos, los cuales además han sido capacitados adecuadamente. Hay 13 estados que se consideran que tienen recursos humanos regulares.

En cambio, hay 13 entidades donde el estudio concluye que el capital humano es deficiente cuantitativa y cualitativamente: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

El Estado de México es la entidad del país con más agentes del MP en su fiscalía anticorrupción con 53, aunque a su vez estos tienen que dividirse las 6 mil 266 indagatorias iniciadas en los dos años analizados; es un promedio de 118 carpetas de investigación por cada fiscal. En el otro extremo se encuentra la fiscalía anticorrupción de San Luis Potosí que apenas cuenta con dos agentes del MP, o las fiscalías de Querétaro, Guerrero y Colima que apenas tienen tres.

“Contar con la cantidad y calidad de capital humano para la investigación de los actos de corrupción es fundamental para la atención de las cargas de trabajo y los tiempos de respuesta. Sin personal suficiente y bien capacitado, difícilmente los hechos de corrupción se podrán investigar con oportunidad e idoneidad”, advierte el análisis.

 

Poco dinero y contado

 

El estudio concluye que solo cinco estados cuentan con fiscalías anticorrupción con recursos materiales que se consideran satisfactorios: Chihuahua, Durango, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. En cambio, hay 12 estados con un nivel regular y ocho estados con un nivel deficiente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa.

En promedio, el presupuesto anual de las fiscalías anticorrupción del país asciende a 24.5 millones de pesos que las organizaciones consideran insuficiente, y más si se considera que hay entidades como Tamaulipas donde los recursos no llegan ni a tres millones de pesos. Otro dato negativo es que de 20 estados que proporcionaron datos de sus presupuestos en 2019 y 2020, hay ocho en los que hubo recortes de recursos.

Un foco rojo: solo cinco estados (Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz) cuentan con fiscalías anticorrupción con presupuestos que se asignan de manera independiente. El resto de las fiscalías no cuentan con un presupuesto propio, sino con asignaciones que se realizan desde otra dependencia o desde la Fiscalía General.

“La falta de recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones por hechos de corrupción genera una dependencia presupuestal de las Fiscalías Generales, lo que en algunos casos puede representar un riesgo en la autonomía para ejercer sus facultades y limitar su capacidad operacional por falta de recursos”, indica el informe.

 

Normas inadecuadas y falta de autonomía

 

El común denominador es que las fiscalías anticorrupción del país operan con un marco legal deficiente. Ninguna de las 29 analizadas cuenta con un protocolo de audiencias, un protocolo de protección a testigos, o un protocolo de investigaciones encubiertas. Hay 10 estados donde, además, el nombramiento del fiscal anticorrupción no es autónomo, sino que se trata de una designación directa del fiscal general.

“Este dato es relevante, ya que, si bien no se cuenta con evidencia del impacto que este modelo organizacional ha tenido, este pudiera ser un elemento que limite o restrinja la autonomía de los Fiscales Anticorrupción al no tener una certeza en la estabilidad de su cargo, por lo que puede quedar sujeto a decisiones de índole político”, advierte el estudio.

Otra deficiencia importante es que existen siete estados donde los códigos penales no tienen una clasificación independiente de los delitos que representan hechos de corrupción como pueden ser el peculado, el abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, entre otros. Esta es una deficiencia importante porque dificulta la identificación de casos que competen a sus fiscalías anticorrupción.

De acuerdo con el puntaje que el informe asignó en este apartado, hay diez fiscalías anticorrupción estatales que funcionan con un marco jurídico deficiente: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, estado de México, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

“También se destaca que la mayoría de las fiscalías no cuentan con las reformas necesarias para realizar la investigación y persecución de empresas de forma autónoma. Por lo que esto implica limitar más aún las posibilidades de llevar a cabo investigaciones de mayor complejidad en las que se encuentren involucrados particulares y servidores públicos” indicó el IMCO.

 

Investigando al “ahí se va”

 

El análisis identificó deficiencias en la manera en cómo las fiscalías investigan los casos de posible corrupción. En general, las indagatorias se llevan a cabo con procedimientos discrecionales, sin mecanismos específicos u homologados ni una metodología bien definida.

Resalta, por ejemplo, que el 45% de las fiscalías carecen de plataformas electrónicas para registrar y dar seguimiento a sus actuaciones. De hecho, solo hay tres entidades en donde las fiscalías tienen registros claros de las investigaciones que tienen en curso.

Pese a que la denuncia es un mecanismo fundamental a partir del cual se puede iniciar una investigación, solo 18 estados cuentan con tres o más vías de denuncia. El resto tienen vías muy acotadas para presentar las querellas y hay tres casos (Guanajuato, Morelos y Querétaro) donde no es posible formular denuncias de manera anónima.

Otro aspecto negativo es que hay 11 fiscalías que no tienen las capacidades para iniciar indagatorias de oficio. Es decir, pese a que tengan conocimiento de que pudo haberse cometido un acto de corrupción (por ejemplo en un reportaje en la prensa) no pueden iniciar una indagatoria a menos que alguien no lo denuncie directamente.

“En la generalidad las fiscalías se limitan a investigar los hechos que les son denunciados directa y formalmente sin que se generen diversos mecanismos de investigación del fenómeno criminal en cada caso en concreto”, señala el informe.

Las fiscalías anticorrupción de Veracruz, Querétaro, Nayarit y Morelos presentan –en general– procesos de investigación deficientes. Hay nueve estados más con procedimientos regulares, y quince estados cuyos procesos se consideran satisfactorios.

 

Prevalece la impunidad

 

Pese a que los delitos de corrupción cuentan para su investigación con fiscalías especializadas en la mayor parte del país, la realidad es que es mínima la proporción de casos que se esclarecen aún cuando se denuncien y se abran las indagatorias correspondientes. La regla general es la impunidad.

Como ya se dijo al inicio, apenas el 0.4% de los casos denunciados llegaron a una sentencia condenatoria; en proporción se trata de apenas 1 de cada 200 casos. Las fiscalías anticorrupción apenas lograron convertir en procesos judiciales firmes el 5% de las carpetas iniciadas.

Solo hay dos fiscalías anticorrupción, las de Sonora y Michoacán, que lograron judicializar más del 10% de sus indagatorias iniciadas. El resto ni eso. Hay cuatro estados: Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí que no lograron enviar ni un solo caso ante un juez local.

Peor aún: de 24 fiscalías anticorrupción que proporcionaron información, hay 12 de ellas (o sea la mitad) que no obtuvieron una sola sentencia relacionada con delitos de corrupción en 2019 y 2020.

Los especialistas detectaron que hay casos como el de la fiscalía anticorrupción del estado de México la cual reporta que decidió “resolver” tres mil 404 carpetas de investigación (prácticamente la mitad de las que abrió) enviándolas al archivo temporal. Si bien se trata de una opción legal en caso de que no haya datos suficientes, en los hechos significa más impunidad.

“Tratándose de posibles hechos de corrupción, esta forma de terminación de la investigación no resulta la más idónea ya que no resuelve los casos ni asegura completa efectividad por parte de las Fiscalías”, concluye el análisis.