Empresa implicada en presunto fraude al ISSSTE regresa más de 950 mdp; la indagatoria por corrupción sigue

Texto: Sergio Rincón y Arturo Ángel / Animal Político
Fotografía:
5 de junio de 2022

La empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, perteneciente a uno de los principales grupos farmacéuticos del país, le regresó al ISSSTE más de 950 millones de pesos que había obtenido en una presunta operación fraudulenta en el actual sexenio. Esto, mientras continúa la investigación penal en contra de ocho exfuncionarios, entre ellos, el exabogado del propio instituto, por delitos de corrupción.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la empresa perteneciente al consorcio Grupo Fármacos Especializados —señalada de haber acaparado la compra de medicamentos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto— entregó más de 100 millones por concepto de intereses y 831 millones 302 mil 409 pesos relacionados con el monto del posible fraude.

Como este medio reveló en diciembre pasado, la operación irregular tuvo como origen un doble pago que los entonces funcionarios del ISSSTE realizaron entre 2019 y 2020. Aun cuando el dinero acaba de ser pagado, la fiscalía indicó que las investigaciones siguen en desarrollo en contra de todos los implicados.

El pasado 27 de abril, un juez federal consideró que había elementos suficientes para abrir proceso en contra de los exfuncionarios señalados por la FGR por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y abandono de la defensa. Entre los implicados se encuentra el que fuera director jurídico del instituto hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez.

El juez dio un plazo de tres meses para que continuara la investigación complementaria, periodo que vence el próximo 25 de julio. En caso de no desistir, lo que no ha ocurrido hasta ahora, la fiscalía deberá presentar la acusación para ir al juicio.

Trujeque Ramírez confirmó a este medio que sigue vinculado a proceso y con las restricciones que le impiden salir del país. Este lunes, le solicitó a la jueza responsable del proceso permiso para poder irse de vacaciones al extranjero, pero los fiscales se negaron bajo el argumento de que el caso continúa y sigue bajo proceso.

La devolución del dinero realizada por la empresa se había dado a conocer solo de forma interna durante un informe de labores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizado la semana pasada. En dicho evento, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Thalía Concepción Lagunes, indicó que la empresa entregó el dinero, aunque hubo supuestas resistencias de la actual directora jurídica del instituto para recibir esos recursos.

“No me sorprende que la empresa haya hecho la devolución, pues en algún momento lo tenía que advertir contablemente con las consecuencias penales que ello podría traer. Lo que sí me sorprende es la posición de la actual directora jurídica del ISSSTE, que se negaba a recibirlo, pese a la instrucción de la consejera jurídica y de la oficial mayor”, declaró en entrevista Trujeque Ramírez.

Sobre estos hechos, el área de comunicación del ISSSTE confirmó que el dinero efectivamente se recibió, pero no emitió mayores comentarios.

¿Error humano o corrupción organizada?

Durante la audiencia inicial —realizada en varias sesiones del pasado mes de abril—, los fiscales del caso señalaron que los implicados presuntamente actuaron con dolo y fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Los fiscales en su momento detallaron una cadena de actos. Por ejemplo, Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el cargo de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, dejó su puesto en diciembre de 2018, pero no avisó que había cuentas por pagar con la empresa Selecciones Médicas del Centro, lo que generó un juicio mercantil que finalmente la institución perdió.

A Sebastián López Herrera, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, se le vinculó a proceso por su presunta participación en dos delitos, uno de ellos relacionado al uso ilícito de atribuciones, pues firmó documentos con un cargo que supuestamente no tuvo un nombramiento formal.

Ante el juzgado, el exdirector jurídico, José Febo Trujeque Ramírez, acusó al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que desde su oficina se emitieron “documentos falsos”, pues anteriormente él era director administrativo.

En la audiencia, Febo Trujeque mostró un documento firmado por un funcionario subordinado de Pedro Zenteno y fechado a mediados de 2019, que decía que no se habían realizado los pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

Juan Daniel Álvarez Santillán y Juan Manuel Estañol, quienes laboraban en el área jurídica del ISSSTE, fueron vinculados a proceso por abandono de defensa, pues presuntamente no agotaron todos los recursos legales en el juicio mercantil del instituto contra la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Tras la devolución del dinero que ahora realizó la empresa, Trujeque Ramírez consideró que lo procedente es la extinción del procedimiento y que el caso ya no llegue a juicio, bajo el argumento de que el daño económico causado ha sido reparado.

No obstante, autoridades ministeriales ligadas directamente con este proceso señalaron a Animal Político que la intención del Ministerio Público no solo es continuar con el proceso, sino proceder penalmente en contra de otros responsables que hasta ahora no han sido acusados.

“Estamos ante un delito de naturaleza formal. Es decir, no se trata de un robo donde se devuelve el dinero y se acabó. Aquí hay hechos de corrupción que ya se cometieron y tienen que ser esclarecidos y sancionados”, dijo uno de los fiscales a cargo de las indagatorias.

Gobierno estatal pinta edificios públicos y hasta patrullas de la policía con el emblema de Morena

Texto: ​Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero y Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

El gobierno que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda pintó edificios públicos, hospitales, centros de salud y hasta patrullas de la policía estatal con colores del emblema del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Uno de los primeros edificios pintado de color guinda, el color de este instituto político, es el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG), ubicado en la avenida del Encauzamiento del Río Huacapa, casi frente al Palacio de Gobierno, al sur de esta capital.

Durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores este inmueble administrado por el DIF-Estatal era de color verde, rojo, morado y blanco.

Versiones oficiales señalan que los edificios y las páginas electrónicas de las dependencias del gobierno de Guerrero tienen los colores del emblema de Morena.

El edificio del DIF estatal ubicado en la calle Gabriel Leyva, al sur de esta ciudad, cuya presidenta es Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora, también está pintado de color guinda.

La fachada del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón luce ya con los colores de Morena.
Igual los centros de salud de las colonias de Chilpancingo.

Fotografía: Oscar Guerrero

Esta práctica de pintar edificios y que los documentos oficiales lleven los colores del partido político que gobierna el estado, se lleva a cabo desde que ha estado en el poder el PRI y el PRD.

Aquí en Guerrero a diferencia de algunos estados del país, no existe un ordenamiento legal que prohíba a las autoridades a no colocar los colores partidistas en los edificios públicos.

En el segundo mandato constitucional de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) todos los edificios públicos fueron pintados de amarillo y naranja, los colores de los emblemas del PRD y MC, los partidos políticos que lo impulsaron a la gobernatura.

Hoy con Morena en el poder, la historia se repite.

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Astudillo a punto de pelear a golpes con un priísta durante Consejo del PRI

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

​Durante la sesión del Consejo Político Estatal del PRI realizado este domingo en la sede de este partido, aquí en Chilpancingo, el ex gobernador Héctor Astudillo Flores se insultó y a punto estuvo de darse de golpes con un priísta del municipio de Zumpango de Neri.

Todo transcurría en forma normal en el auditorio Plutarco Elías Calles, en donde fue recibido el líder nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, alías Alito.

El líder nacional del tricolor se tomaba fotos con sus compañeros de partido y Astudillo venía bajando los escalones del inmueble seguido del ex candidato a gobernador en las elecciones de junio del 2021, Mario Moreno Arcos, cuando un grupo de reporteros conocidos como Los Mochileros captaron un video en el que un hombre corpulento de camisa color rosa a rayas y que más tarde fue identificado como

Javier Adame Vázquez, un priísta vecino de la localidad de Zumpango le gritaba al ex mandatario estatal.

Por el ruido de la música de viento y de los gritos que hacía el maestro de ceremonias del evento partidista, Roberto Salazar López, no se escuchaba lo que Adame Vázquez le gritaba al ex mandatario estatal quien se regresa para encararlo y se observa que también le grita.

Una versión que se difundió este domingo después del evento en donde Moreno Cárdenas le tomó protesta a Alejandro Bravo Abarca y a María del Pilar Vadillo Ruiz como presidente y secretaria general del Comité Estatal del PRI, es de que Adame Vázquez le reclamó a Astudillo haber negociado con Morena para que las elecciones del 2021 las ganara Evelyn Salgado Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio.

«Vendiste la gubernatura», le gritó el priísta a Astudillo.

La otra versión que contó gente allegada al ex gobernador es de que Adame Vázquez le gritó a éste porque no le había cumplido con la entrega de cinco concesiones de transporte público durante su sexenio.

«Yo no te prometí nada, ni siquiera te conozco», le reviró Astudillo.

Adame Vázquez aumentó sus insultos al ex gobernador quien se puso furioso mentándole la madre.

Cuando ya estaban a punto de darse de golpes, priístas y guardaespaldas que acompañaban a Astudillo se pusieron en medio y convencieron a éste que siguiera caminando rumbo a donde estaba el dirigente nacional de su partido.

Poco después de este incidente, Adame Vázquez y el grupo que acudió con él se retiraron del auditorio.

En diciembre del 2019, durante un Consejo Político del PRI que se desarrolló en este mismo auditorio, Javier y su hermano David Adame, quien ya falleció, interpelaron al entonces líder estatal de este partido Jorge Albarrán Mendoza por los malos resultados de las elecciones del 2018 al perder la presidencia de la República.

En esta sesión de Consejo estaba el gobernador Astudillo Flores y gran parte de su gabinete, a quienes se les nombró consejeros estatales, incluido su hijo Ricardo quien es actualmente diputado local.

Los Adame Vázquez forman parte del grupo político del senador Manuel Añorve Baños quien estaba en el evento político de este domingo en el Plutarco Elías Calles.

El zipizape protagonizado por Astudillo y Adame Vázquez no impidió que el primero de ellos fuera festejado en el auditorio por su cumpleaños número 66.

Un pastel y mariachi fueron parte de la fiesta después del evento partidista en donde Alito Moreno ni siquiera se percató del pleito que protagonizó Astudillo.

El líder nacional del PRI, acusado de corrupción en su natal Campeche, estuvo atento a las selfies que se tomaba con las mujeres priístas.

 

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de corrupción por la gobernadora morenista de su propio estado de Campeche, la morenista Layda Sansores, fue arropado este domingo por la clase política del priísmo que encabezan los ex gobernadores Héctor Astudillo Flores y Rubén Figueroa Alcocer.

Acarreo, reparto de playeras y aguas a la gente se vio durante el acto de este domingo en el auditorio Plutarco Elías Calles, del edificio estatal del PRI, durante la protesta de Alejandro Bravo Abarca y María del Pilar Vadillo Ruiz, el primero como presidente y la segunda como secretaria general del Comité Estatal de este partido.

«Alito, alito, está rete bonito», gritaron mujeres en las graderías cuando su líder nacional se abría paso entre los priístas para tomarse una selfie con quienes se lo solicitaban.

Desde su asiento, los ex gobernadores, Héctor Astudillo Flores, Rubén Figueroa Alcocer, ex líderes estatales del tricolor, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos observaban como rodearon a su líder nacional.

Sentado en el presidium estuvo Mario Moreno Arcos, el ex candidato del PRI y PRD a la gubernatura en las elecciones de junio del 2021 que esta vez se disciplinó y aceptó que los grupos políticos que dirigen Figueroa Alcocer y Astudillo Flores escogieran a Bravo Abarca como líder estatal del tricolor en sustitución de Héctor Apreza Patrón, ausente en el acto.

El pasado jueves 30 de junio circuló en las redes sociales una fotografía en donde por primera vez Moreno Arcos aparece al lado de Bravo Abarca acompañados por los ex gobernadores Astudillo Flores, Figueroa, Ángel Aguirre Rivero, el senador Manuel Añorve y el ex diputado local, Héctor Vicario Castrejón.

Desde finales del 2021, gente cercana a Moreno Arcos decían que este renunciaría al PRI. En el 2011 cuando Aguirre Rivero no fue candidato a gobernador por el tricolor y se fue al PRD para que fuera su abanderado, Moreno Arcos ayudó con su estructura política y territorial para que ganara la gubernatura.

En aquel tiempo tras la derrota del candidato del PRI a gobernador, Manuel Añorve, los priístas exigían la expulsión de Moreno por traidor.

En su discurso, durante la toma de protesta de la dupla Bravo Abarca y Vadillo Ruiz, Moreno Cárdenas dijo que se dio cuenta que en Guerrero los priístas se ponen de acuerdo dando una muestra de unidad.

«Esta es la muestra de que el priísmo en Guerrero no solamente está vivo sino está echado para delante porque aquí hubo diálogo e inclusión y acuerdo político», expresó el dirigente nacional del tricolor.

Moreno Cárdenas arremetió contra priístas como el senador Miguel Osorio Chong de quién han pedido su destitución.

«En el PRI todos nos conocemos; todos sabemos quienes son los que trabajan, los que han tenido una responsabilidad política electoral pero también conocemos a los que se acercan al partido en tiempos de elecciones y se prestan a darle servicio y el trabajo al gobierno para criticar a nuestro partido», agrego.

Señaló que los ataques y las campañas de desprestigio y calumnia contra el PRI es porque le dicen al gobierno federal de Morena todos sus errores.

«Le decimos a este gobierno de Morena que son la peor tragedia y la mayor desgracia que le ha pasado al país porque el país se les derrumba», señaló.

Según el líder nacional del tricolor en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron más de 3 mil feminicidios, 4 mil secuestros y más de 123 mil homicidios.

El auditorio y la explanada del edificio del PRI estuvo colmado de gente proveniente, principalmente, de los municipios de Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa y Tlapehuala, donde actualmente el PRI es gobierno.

Los alcaldes de estos municipios estuvieron en primera fila en el acto.

El alcalde de Tlapa, Gilberto Solano Arriaga, hasta se peleó con sus compañeros de partido para que Morena Cárdenas se tomara una selfie con él.

Decenas de autobuses y combis de transporte público, donde trasladaron a la gente, estuvieron en fila en la avenida José Francisco Ruiz Massieu, frente al edificio del PRI estatal.

La multitud de priístas dieron pie a que Moreno Cárdenas dijera que con esta muestra de apoyo de sus compañeros de partido tenía más fuerza para enfrentar al gobierno de López Obrador.

«Muchas gracias porque esta unidad y fortaleza política me anima y me dan más ganas de seguir enfrentando a este gobierno represor y corrupto».

Durante su discurso Moreno Cárdenas mencionó dos veces al ex gobernador Figueroa Alcocer, quien vestía de camisa color guinda, y otra, al fallecido René Juárez Cisneros.

«Saludo a mi amigo y padrinazo político Rubén Figueroa y al negro Juárez en el lugar donde esté», añadió.

El ex mandatario estatal Juárez Cisneros falleció en mayo del 2021 por las secuelas del Covid-19.

Moreno Cárdenas quien fue gobernador de Campeche, hoy en poder de Morena, aseguró que el gobierno de López Obrador no impedirá que se constituya la coalición nacional para el 2024 y presumió que el PRI, aliados con el PAN y PRD suman 40 por ciento de los votos contra el 44 que tiene Morena en las encuestas para la elección presidencial.

«Hay tiro, hay tiro», señaló alegre Moreno Cárdenas a quien en todo momento el maestro de ceremonias del acto político Roberto Salazar López le decía «Alito Moreno» como si fuera su slogan de campaña ya que el político campechano ha dicho que quiere ser candidato presidencial.

El líder estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, sobrino político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvo en el acto como invitado especial y también fue mencionado por Moreno Cárdenas.

Salazar López, quien durante el gobierno de Astudillo Flores fue director de Actividades Cívicas, pedía a cada momento a la gente que le echara una porra a su ex jefe.

Cuando finalizaba el acto Salazar les dijo a los priístas que guardaran silencio porque un grupo musical cantaría las mañanitas a Astudillo Flores con motivo de su cumpleaños.

Un mariachi ingresó al auditorio y un grupo de mujeres ya tenían listo un pastel para que fuera repartido.

Astudillo fue felicitado con abrazos. El primero que lo felicitó fue Alejandro Bravo Abarca, el nuevo líder del PRI estatal, quien durante los seis años de su gobierno fue su Jefe de Oficina.

Moreno Arcos, quien peleaba la dirigencia del tricolor, salió del auditorio del lado contrario donde iba el contingente de Astudillo y Bravo Abarca.

Moreno Cárdenas, «Alito», se entretenía tomándose selfies con los priístas pero sobre todo con las mujeres.

 

 

Con funcionarios estatales Félix organiza evento de Morena en Chilpancingo

Frente a sus seguidores y funcionarios que se aglutinaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anahuac, Salgado Macedonio anunció el inicio del proceso para elegir a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
2 de junio de 2022
Chilpancingo

 

El senador Félix Salgado Macedonio encabezó un mitin de su partido Morena con sus simpatizantes y funcionarios estatales para anunciar el inicio de la contienda electoral de 2024.

En la actividad política hubo presencia de algunos funcionarios estatales, como la secretaria de Salud, una representante de la dirigencia nacional de Morena, diputados locales, federales y alcaldes morenistas.

Frente a sus seguidores y funcionarios que se aglutinaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, Salgado Macedonio anunció el inicio del proceso para elegir a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

«Levante la mano quién quiere ser consejero», preguntó Salgado Macedonio a sus seguidores, quienes respondían sus cuestionamientos y continuó, «pues déjenme decirles que ya va iniciar el proceso para elegir a nuestros consejeros, anótense los que quieran», decía.

Salgado Macedonio explicó que a partir de la elección de los consejeros se abre el camino para la contienda electoral del 2024.

«Ya que tengamos consejeros vamos a definir a nuestro Comité Estatal y de ahí vamos a ver quién quiere ser senador, diputado, o alcalde».

El mitin se llevó a cabo a mediodía de este sábado. Colocaron sillas para las personas de la tercera edad que asistieron al evento, algunos sin protección para el sol se retiraron al poco tiempo de iniciar las participaciones.

En el templete estuvieron los diputados locales Joaquín Badillo, Citlali Calixto, y Jacinto González, las alcaldesas de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y la de Zumpango Sara Salinas Bravo, y el de Txitla, Moisés Antonio González.

La única funcionaria estatal que estuvo en el templete fue la secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro, pero en el evento, como espectadores, hubo presencia de otros funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar estatal, de Educación Guerrero, y de la Secretaría General de Gobierno.

Al evento asistió en representación de los universitarios Fhily Vital, integrante del grupo Juntos Seguiremos Avanzando (JSA), del ex rector Javier Saldaña Almazán quien en los últimos meses acompaña a la gobernadora a sus eventos.

El evento fue nombrado «A cuatro años de la victoria del pueblo, ¡celebremos!», y fue realizado para conmemorar la victoria en las elecciones de 2018 del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque por el nombre, el objetivo fue celebrar la victoria morenista de 2018, Salgado Macedonio se llevó los reflectores con seguidores que le gritaban, «presidente, presidente», en repetidas ocasiones.

Todos los oradores lo felicitaron por su labor como senador, y durante la participación de la alcaldesa de Chilpancingo, ésta le levantó la mano y pidió aplausos para el senador.


 

A 3 años de su creación, la Guardia Nacional es ineficaz contra la violencia y conserva perfil militar: legisladores y expertos

La corporación que comenzó a funcionar en 2019 no ha logrado contener la violencia y está lejos de consolidarse como una instancia civil, como se planteó que ocurriera, advierten diputados, senadores y especialistas en seguridad.


Texto: Sergio Rincón y Zedryk Raziel

Fotografía:

30 de junio de 2022

 

Mientras la Guardia Nacional (GN) cumple tres años este jueves, expertos en seguridad y legisladores consultados por Animal Político coincidieron en que en este periodo la institución se ha consolidado como un cuerpo militar y no como uno civil —como lo ordenaba la reforma constitucional que le dio vida—, así como en que ha fallado en brindar seguridad a la ciudadanía.

Advirtieron que, a pesar del despliegue de elementos de la GN en todos los estados, se han incrementado los números de homicidios y desapariciones en México. Según las cifras oficiales, de julio de 2019 a la fecha se han registrado más de 100 mil asesinatos.

La politóloga y exdiputada federal Martha Tagle consideró que la GN es una fuerza militarizada que no ha transitado a una guardia civil y que no está cubriendo tareas de investigación, inteligencia y seguridad pública.

“Lo único que se está haciendo es aumentar el número de efectivos, pretendiendo que con esta presencia militar se disuada a la delincuencia criminal, pero obviamente eso no va a pasar. No se ha fortalecido las capacidad en seguridad pública, de inteligencia y civiles para atender la inseguridad, que no todo está relacionado con delincuencia organizada (…) Los resultados en cuanto a homicidios nos hablan que esta Guardia Nacional militarizada no está siendo una solución, y además, ha dejado por completo de hacer todas las obligaciones que se manejaron en la reforma constitucional”, dijo.

Para Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sustituir a cuerpos civiles por militares no ha ayudado a disminuir la violencia y la inseguridad.

“La militarización no es compatible con un régimen de democracia, porque hay una relación entre lo militar y los ciudadanos que está basada en la amenaza, en el uso y abuso de la fuerza por parte del Estado. Porque eso son las Fuerzas Armadas, y por eso tiene los resultados que ya conocemos. Hay índices de letalidad, por el uso y abuso de la fuerza. Se trata de una fuerza del Estado y es más letal. Me parece que esa es una reflexión pendiente, si esa es la estrategia que queremos como país, en términos del modelo de seguridad”, argumentó.

El 30 de junio de 2019, el gobierno federal dio el banderazo de salida a la GN. Actualmente,  esta institución cuenta  con más de 96 mil elementos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un plan para que en 2023 no haya efectivos civiles, sino que busca que todos sean de procedencia militar, como lo ha documentado Animal Político.

Actualmente, un 70% de los efectivos de la GN son militares uniformados como si fueran policías.

Para la panista Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la estrategia de seguridad con la GN ha fallado, dado que se trata de una institución militarizada que no ha disminuido la inseguridad en tres años.

“La estrategia para combatir la inseguridad que el gobierno ha implementado es una estrategia fallida, hay claramente datos del propio gobierno que demuestran que no hay condiciones de prever que esto pueda cambiar, pueda mejorar para los mexicanos; los datos que tenemos del propio gobierno incluso demuestran que esta administración del presidente López Obrador ha alcanzado más de 121 mil homicidios. Con esta cifra se supera todo el acumulado en toda la administración del presidente (Felipe) Calderón. El número de feminicidios debería de preocupar a la Presidencia de la República, y debería de fijar una posición clara a favor de las mujeres; sin embargo, eso no ha sucedido. Hay un dato que a mí me parece de los más lamentables en esta administración y son las personas desaparecidas, más de 32 mil personas desaparecidas solo en esta administración”, dijo la senadora.

Como este medio ha documentado, pese al despliegue de la GN en las calles, los asesinatos crecieron 9%. Son 8 mil 422 asesinatos por encima de los 92 mil 562 registrados en el periodo previo a que se movilizara a la GN. El promedio diario de asesinatos era de 88.

Para el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, la GN falla en su labor de brindar seguridad porque atiende tareas distintas a aquellas para las que fue concebida.

“Los resultados de la GN son pobrísimos, porque se le está dedicando a lo que no se concibió: hoy la GN reparte libros de texto, acompaña la repartición de tanques de gas, cuida fertilizantes, obras públicas, ayuda a la construcción de aeropuertos, trenes, refinerías, pero nada de lo que era su función principal”, dijo.

El legislador agregó: “No hay una correlación entre delitos y presencia territorial. Claramente, hay una multiplicidad de tareas que limitan su eficacia y el sentido para el que fue creada, que no están entendiendo que la criminalidad y la violencia son problemas, no son enemigos, los problemas se resuelven con factores multidimensionales, con estrategia, con institucionalidad democrática, y eso no es lo que estamos viendo. Si siguen como van, lo que va a pasar en este gobierno es que la intervención de la GN va a ser absolutamente insulsa para detener el narcoestado militarizado y autoritario”.

Bernardo León Olea, especialista en reforma policial y justicia penal, dijo que la GN está realizando tareas que hacen actualmente las policías municipales, pero debería realizar actividades de investigación, como el FBI de Estados Unidos.

“La Guardia Nacional tiene varios errores de origen, pues parte de un análisis muy equivocado de lo que necesita México en seguridad, porque las policías deben investigar los delitos, pero en el caso de la Guardia Nacional, es como tener una policía municipalota, porque las policías municipales hacen patrullaje en las calles, detienen en flagrancias, ordenan el tránsito vehicular, es la enumeración legal de lo que tiene que hacer (…) Lo que necesitamos es una policía de investigación, una especie de FBI que diga cómo se va a desmantelar al Cártel de Sinaloa o al del Golfo, que tenga claro cómo se van a sacar de la jugada”, consideró.

Agentes de la Guardia Nacional han contado a este medio sentirse confundidos, pues muchos de ellos tienen doctrina militar y ahora tienen funciones de policía civil. A esto se suma que las capacitaciones que han tenido han sido exprés.

Por ejemplo, el curso de formación inicial para la GN dura solamente ocho semanas; el curso de combate individual, igualmente ocho semanas, y el curso básico para ser policía militar tiene una duración de un mes.

“Hay una falta de capacitación, un policía tiene una capacitación totalmente distinta a la de un militar, y es evidente; se puede ver ahora a lo largo y ancho del país, los militares hoy terminan teniendo tantos frentes abiertos que lamentablemente no hay una respuesta favorable para la ciudadanía, para los migrantes, para las mujeres”, dijo la senadora Kenia López.

Para el especialista Bernardo León Olea, la GN no está capacitando a sus agentes para ser policías, sino para convertirse en una fuerza militar de ocupación.

“Vemos a los agentes de la Guardia Nacional haciendo tareas de policías municipales, es decir, haciendo rondines, pero la diferencia es que no conocen la zona, a la gente del lugar. Los policías municipales saben de la zona y eso genera cierta estabilidad social, controlar pleitos vecinales, cosa que la GN no tiene idea. No solo es que no los capaciten, sino que no tienen esa proximidad con la comunidad. La Guardia Nacional es una fuerza de ocupación”, agregó.

Para Daniel Gómez-Tagle, consultor especializado en utilización de la fuerza y derechos humanos, los agentes de la GN son expuestos a condiciones que surgen de una filosofía militar, donde tienen que realizar su deber hasta el sacrificio, incluso renunciar a su derecho a la vida, aunque esto solo se puede dar en un contexto de guerra.

“Este sistema militarizado justifica estas condiciones, que no permiten que los agentes se protejan a sí mismos ni el Estado los protege; entonces, la ciudadanía no puede sentirse segura. Es una idea que los elementos tienen que seguir las órdenes sin importar las condiciones en las que se encuentren, no importa si no tienen arma o techo, o si no tienen comida, no importa, porque es su obligación hasta el sacrificio. El problema es que esto se utiliza en la guerra y en el Ejército, pero en la seguridad pública esto no aplica, porque quien brinda esa seguridad pública es un ciudadano que protege a los ciudadanos”, argumentó Gómez-Tagle.

El senador Álvarez Icaza dijo que la GN no está cumpliendo con la seguridad ciudadana y tampoco está garantizando la seguridad nacional, a pesar de la militarización en el país. Por ello, consideró que se debe fortalecer la visión civil.

“Yo creo que se (debe reforzar) la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la seguridad civil, los controles ciudadanos de las fuerzas de seguridad pública y el trabajo del MP, porque hoy por hoy la procuración de justicia no solo está peor, sino que la apuesta que teníamos de hacer una nueva fiscalía ha resultado una gran decepción”, señaló el senador.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 


Mujeres liberadas tardan hasta 5 años para obtener una identificación oficial; burocracia entorpece reinserción

El INE ha expedido más de 4 mil 800 credenciales a personas con sus derechos políticos suspendidos. El objetivo es que tengan un medio de identificación, pero autoridades penitenciarias y defensores de oficio siguen desincentivando el trámite.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

 

“Si alguien sabe lo difícil que es conseguir una identificación, soy yo”, asegura Fabiola Ferruzca, quien apenas hace tres semanas obtuvo su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), después de cinco años de vivir en libertad condicional sin tener cómo identificarse.

En 2005, ingresó al penal de Barrientos y salió casi 13 años después, en 2017, del reclusorio de Neza Sur, mediante un beneficio por buen comportamiento pero bajo ciertas condicionantes, como firmar primero cada semana y luego quincenalmente y permanecer bajo tutela. Aún le restan ocho años para cumplir su sentencia en libertad, pero desde el inicio había querido retomar sus estudios. Sin la credencial del INE —que en México es el equivalente al carnet de identidad oficial— le fue imposible y, hasta ahora, cinco años después, podrá revalidarlos.

Define su historia como “la clásica, en la que estás con la persona equivocada en el momento equivocado”. En este caso, esa persona era el padre de sus hijas, que entonces tenían tres y nueve años, un hombre violento que solía encerrarla. “En algún momento estuvo a punto de matarme”, recuerda. No sabe exactamente qué sucedió el día que terminó en el MP, y aunque pensó que ahí acabaría todo, la historia apenas empezaba: él la involucró en su declaración y ella fue sentenciada a 25 años por privación de la libertad.

En ese momento, como toda persona sentenciada, perdió sus derechos políticos, es decir, a votar y ser votada. Antes, una vez dados de baja del padrón electoral, quienes habían sido liberados de manera condicionada no tenían acceso a una credencial del INE, que en México es también la identificación más común. Cuando, como en el caso de Fabiola, se sigue cumpliendo una condena en libertad, los derechos políticos permanecen suspendidos.

En 2020, a partir de la sentencia SCM-JDC-1 050/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE emitió los lineamientos para garantizar el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales y expedir credenciales únicamente con fines de identificación, sin derecho a voto. Aunque en el papel esta medida resuelve el tema, con frecuencia funcionarios del sistema penitenciario y defensores de oficio desconocen, niegan o desincentivan la posibilidad de este trámite, como le sucedió a Fabiola.

La sentencia del tribunal afirma que el hecho de que una persona esté cumpliendo una pena privativa de la libertad, bajo un beneficio penitenciario que le da la posibilidad de estar libre, no le niega la calidad de ciudadanía mexicana, además de que la credencial para votar es el mecanismo que garantiza el derecho a la identidad.
De acuerdo con información proporcionada por el INE, desde la emisión de los lineamientos y hasta el 8 de junio pasado, se han expedido 4 mil 897 credenciales a personas suspendidas en sus derechos político-electorales para ser utilizadas únicamente como medio de identificación: 4 mil 541 a hombres y 446 a mujeres. Al Estado de México corresponden 616: 560 a hombres y 56 a mujeres.

Daniela Ancira, directora de la organización La Cana, asegura que el tema sigue siendo un obstáculo, porque más allá de las barreras legales a las que se enfrentan las personas liberadas para ejercer su derecho a la identidad, que están en apariencia resueltas con los lineamientos vigentes, es necesario eliminar barreras fácticas, como la falta de capacitación y sensibilización del personal del sistema penitenciario, de los defensores de oficio y de otras autoridades, que disuaden a las mujeres de atreverse siquiera a pedirla.

Ancira recuerda el largo camino para lograr obtener la identificación de Fabiola, que empezó desde la complejidad para algo tan básico como ingresar al edificio en el que se encuentra el despacho que les ayudó con el trámite. “Llegamos y literalmente no podía ni subir, porque no tenía una identificación”, relata.

Después, los obstáculos van de no poder entrar a una oficina a la imposibilidad de ser dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o en cualquier instituto de seguridad social, hasta no poder ingresar a un trabajo donde lo primero que se solicita son documentos. Además, en el caso de Fabiola, los primeros en decirle que no podía tener acceso a una INE fueron las autoridades penitenciarias encargadas de recabar su firma cada 15 días, al igual que su defensora pública.

“Dices: ‘no manches, voy a sacar la de la tercera edad y el INE no lo voy a obtener’; es parte del proceso y cuesta, pero hay gente buena que te apoya. Es el acceso al estudio, al trabajo, a decir ‘yo soy…’, pero ahora compruébalo; ni rentar una bicicleta puedes”, lamenta Fabiola.

Con el miedo que sintió tras la advertencia, ella misma le pidió al despacho no hacer el trámite. Si bien el dicho de las autoridades penitenciarias no era verdad, al comprender su temor, sus abogadas y La Cana decidieron apoyarla para tramitar un pasaporte. Inicialmente, le pidieron una identificación, que no tenía, pero accedieron a validar su identidad mediante la mayor cantidad de documentos posible.

Ella se dedicó a reunir todos los certificados y testimonios que pudo, pero cuando volvió a intentar el trámite, se topó de nuevo con la intención de disuasión de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes le aseguraron que el pasaporte se define como un documento de viaje, por lo que si lo expedían, podría alertar al juez de una posible fuga. Después de la larga travesía, Fabiola finalmente se animó a tramitar el INE.

Sofía Torres y Guadalupe Lecona, sus abogadas, también recuerdan el sinuoso camino y coinciden en que es un tema de desinformación, además del temor que las autoridades hicieron crecer en Fabiola en torno a que el trámite sería señal de que quería violar su medida preliberacional. A eso se sumaba que tampoco tenía en su poder ninguna de sus sentencias, por lo que era “como estar prácticamente a ciegas”. Ellas la ayudaron a conseguir la documentación, definir su estatus y animarse a ejercer su derecho.
“Hicimos varias gestiones, y lo que nos encontramos fue a personas que le decían todas lo mismo: que tenía que esperar a compurgar su pena, que les hacía perder el tiempo y mejor debía esperar ocho años más sin identificación, lo que implica no poder estudiar, trabajar formalmente o cosas tan sencillas como contratar un servicio de cable, de gas, pasar a nuestra oficina… encontramos de parte de las autoridades un poco de cerrazón”, señala Lecona.

Ahora, Fabiola está más tranquila porque puede usar su INE “sin bronca”: “No tengo el pendiente de que si se da cuenta el juez, me revoque mi beneficio, y son ocho años que les debo, no dos meses. Para mí sí fue muy importante después de cinco años tan solo poder seguir estudiando; es lo único que yo quería, no quería irme a bailar ni nada, solo una identificación para estudiar”.

“Nada me costaba buscar la manera de tener una (credencial) ‘fuera de’, pero pensando en hacer las cosas correctamente, me fui sobre los lineamientos; le buscamos primero al pasaporte, y algunas veces me fue muy mal porque la gente te trata mal; te ve y no pasa nada, pero cuando explicas la situación, es cuando cambia la actitud y la manera de tratarte”, relata.

Desde que empezó a ocupar el internet para la escuela, tuvo que hacerlo mediante favores, como pedirle a su hermana que lo tramitara a su nombre. “No tenía una identificación, no podía ni estudiar ni decir que era mamá de mis hijas. Tenía que andar pidiendo favores, que alguien me acompañara porque no podía decir quién era… La verdad es que se te cierran las puertas, no puedes avanzar porque la gente es muy prejuiciosa, la sociedad te tacha de lo peor sin saber la historia, sin saber cómo ganaste ese beneficio para salir”, relata Fabiola.

Después del difícil proceso no solo para obtener sus documentos, sino para reintegrarse, volver a reconocer a su familia —en la que hubo quienes la aceptaron y quienes la rechazaron—, y retomar su vida y sus responsabilidades, ahora trabaja en un taller, a partir de las capacitaciones que le dio La Cana, pero también con los nuevos conocimientos que obtuvo ahí mismo, consiguió una vida independiente y ha recuperado la relación con sus hijas, ahora de 21 y 27 años.

“Ahorita voy a hacer mi examen para certificar prepa; tenía cinco años que no podía hacerlo porque no tenía identificación, y ya la obtuve. Fue un proceso muy difícil… A final de cuentas es absurdo, porque cuando quieren volver a delinquir, con un INE o sin un INE, lo van a volver a hacer. Eso no limita para volver a hacer las cosas mal, pero si hay quienes queremos hacerlas bien, por qué ponernos tantas trabas para avanzar y reinsentarnos”, cuestiona Fabiola.

Mucha de la labor, recuerdan sus abogadas, recayó también en que ella se sintiera lo suficientemente capaz para pedir su identificación, pues primero no sabía que podía hacerlo, y después, otras personas reforzaban esa idea. Todo ello a pesar de que los lineamientos del INE lo convierten en un trámite relativamente sencillo, para el que basta que el juzgado extienda un oficio dirigido al instituto, probar la medida preliberacional con copia certificada de las resoluciones y, a partir de ahí, seguir los pasos habituales para recibirla en aproximadamente tres semanas.

“Es importante tomar cartas en el asunto y que la gente sepa que existe este procedimiento, porque si no lo dicen en el juzgado, que es donde la gente que va a firmar tiene acceso a las herramientas para reincorporarse a la vida en sociedad después de haber salido de la cárcel, es muy difícil que lo conozcan”, apunta Torres.

A esto se suma que la mayoría de las mujeres en reclusión se quedan solas; el 90% no recibe visitas. “Este punto es muy importante porque a final de cuentas, cuando salen de la cárcel están solas… a lo mejor ni se ponen a pensar en que pueden tramitar una identificación porque primero están viendo cómo sobrevivir; lo más importante sería hacer las cosas fáciles, casi que cuando se decreta una sentencia de ese tipo, decirles: ‘aquí está el oficio al INE para que te den tu identificación’, como un derecho”, concluye.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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AMLO minimiza violencia, va más allá de 6 estados; usa dichos engañosos sobre apoyos y enfrentamientos

Aunque la violencia se concentra en algunas zonas, más de seis estados viven homicidios, feminicidios, desapariciones y ataques de personas armadas.


Texto: León Ramírez y Siboney Flores / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo) 

16 de junio de 2022

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó que en todo el país se vivan situaciones de violencia pues afirmó que los homicidios están focalizados en seis estados, y que además en esas entidades ya se atiende la situación con programas sociales.

Sin embargo, su información es engañosa y falsa: existen estados con mayor tasa de homicidios que no están contemplados en su lista; han sucedido eventos graves de violencia en entidades con menor número de asesinatos.

Estados con altas tasas de desapariciones tampoco aparecen en su conteo, y es mentira que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se enfoque en los estados más violentos.

Además, el mandatario repitió la idea de que supuestamente 75% de los homicidios se relacionan con enfrentamientos entre bandas, y en respuestas vía transparencia el gobierno negó tener un estudio que sustente dicha afirmación.

“No es generalizado”, dijo el presidente durante la conferencia matutina del 15 de junio, y agregó que “en seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios, en seis de 32 estados”.

Según el gobierno, los estados que tienen la principal situación de violencia son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, entidades que “concentran programas sociales”.

Si se analizan únicamente las cifras absolutas de víctimas de homicidio doloso y feminicidios del registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril de 2022, es verdad que estas entidades encabezan la lista.

Pero si se toma en cuenta la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes –la relación de asesinatos con la población del estado–, aparecen otras que no están contempladas entre la lista del gobierno de las seis entidades con más violencia.

Los seis estados con mayor tasa de homicidios son ColimaZacatecas, Baja California, Michoacán, Sonora y Morelos. Además, otros cuatro estados –Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo– superan la tasa de homicidios a nivel nacional, que de enero a mayo de 2022 se ubicó en 8.36 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con Alejandro Hope, especialista en seguridad, el análisis de los homicidios es la herramienta idónea para evaluar la situación de violencia que se vive porque es el delito con la menor cifra negra, y porque el derecho tutelado es la vida.

Sin embargo, considera que resulta una obviedad afirmar que las cifras totales de homicidios se concentran solo en algunos estados, porque es una tendencia que se mantiene desde gobiernos anteriores y no toma en cuenta a la población.

En un lugar como Colima o como Zacatecas, la situación es gravísima aunque el número absoluto de homicidios no pinte en términos nacionales”, comentó.

Por otro lado, en los estados de Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Baja California Sur y Zacatecas se concentran los feminicidios, según la tasa obtenida con datos del SESNSP, pero no aparecen en el listado del gobierno de estados con más violencia.

Además, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), también de enero a mayo de 2022, ubican a Zacatecas, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México como las entidades con mayor tasa de personas en esta situación. De ese listado, solo Jalisco aparece en el conteo de seis estados que dio el presidente.

Sobre este punto, Hope considera que se debe tener precaución al incluir las cifras de desapariciones en un análisis sobre la violencia, dado que no queda claro en la base de datos qué se está midiendo ni las causas de la desaparición.

Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, señala que es complicado relacionar desapariciones y homicidios, “pero es una hipótesis que sí hay que trabajar. Sí hay que hacerse preguntas, de qué tamaño serían las desapariciones, y hay que relativizar el tema de la cifra oscura de los homicidios”.

“Hay que insistir en que la inseguridad se compone de temores, riesgos y daños de múltiple naturaleza, y que los homicidios son uno de múltiples indicadores que deben ser utilizados”, comenta.

“La inseguridad está hecha de cuestiones subjetivas relacionadas con los temores, de las percepciones, son cuatro indicadores: temor asociado a percepción de seguridad, confianza institucional, victimización y denuncia”, agrega.

Eventos de violencia abarcan más de seis estados

Si bien el presidente sostiene que la violencia se concentra en seis estados, en lo que va del año se han registrado importantes multihomicidios, enfrentamientos y ataques en otras demarcaciones.

Apenas el 14 de junio, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hombres armados recorrieron calles, se enfrentaron a balazos y provocaron que personas en la zona se atrincheraran en sus casas y negocios para protegerse.

En Atlixco, Puebla –estado que no figura en las listas con más homicidios– asesinaron a 10 personas, entre ellas dos menores de edad, el 9 de marzo de 2022. El gobernador de la entidad, Miguel Ángel Barbosa, acusó sin dar detalles que se trataba de “una ejecución entre bandas”.

La violencia también llegó a Querétaro, el cuarto estado con menor tasa de homicidios, cuando el 5 de marzo se registraron enfrentamientos y hechos violentos en el estadio Corregidora, con un saldo de al menos 26 personas heridas.

La organización Causa en Común lleva un registro de “atrocidades” en el país, que abarca de multihomicidios y casos de tortura hasta violencia contra migrantes. Según este conteo, basado en notas periodísticas, se han contado 1,940 hechos de enero a abril.

Si bien estas “atrocidades” se concentran en algunos estados, en los 32 estados se ha reportado al menos una.

Además, el Informe de Búsqueda e Identificación de Personas del primer semestre del año pasado detalló que se habían ubicado 1,749 fosas con restos humanos del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021.

Entre los municipios con más fosas se ubicaron Tecomán, en Colima, y Ahome y Mazatlán, en Sinaloa, de nuevo dos estados que no aparecen en la lista del presidente.

El mayor número de cuerpos se ubicó en los estados de Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora.

Jóvenes Construyendo Futuro no se enfoca en estados con más homicidios

El presidente también afirmó que en los estados donde hay más violencia, “ahí tenemos más Programas de Bienestar”. Posteriormente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, difundió el número de beneficiarios de “programas sociales” en estas entidades.

“6 estados concentran 49% de los homicidios del país. Esas entidades concentran programas sociales: Michoacán (25,979), Guanajuato (5,653), EdoMex (27,349), Baja California (1205), Jalisco (7,428) y Sonora (2,553). Nuestro objetivo es arrebatarle los jóvenes a la delincuencia”, escribió en Twitter.

Aunque no especificó a qué refieren estas cifras y el área de comunicación de la oficina de Presidencia no respondió a la solicitud de aclaración, sus datos coinciden con el padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los estados, según la página del Padrón Único de Beneficiarios.

Sin embargo, si se cotejan los datos de los 32 es falso que estos programas se concentren en la lista que difundió el gobierno.

En realidad, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Estado de México y Michoacán tienen más beneficiarios; mientras que Baja California registra menos en todo el país.

Sin sustento, que el 75% de homicidios se relacione con enfrentamientos “entre bandas”

Sobre el tema de homicidios, el presidente también afirmó que “la mayor parte de los homicidios, 75%, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas”, aunque ni la Oficina de la Presidencia, ni el SESNSP, ni la Secretaría de Gobernación ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen información que sustente esta afirmación.

En respuesta a solicitudes de información dirigidas a estas instituciones, todas reconocieron no tener datos que demuestren que 3 de cada 4 homicidios están relacionados con enfrentamientos entre grupos delictivos.

Presidencia dijo el 6 de abril que “no es competente para atender su solicitud” y refirió al SESNSP, mientras que este organismo indicó que no cuenta con esos datos y que la solicitud podría hacerse a la oficina de la Presidencia de la República.

La FGR, por su parte, dijo que no tenía el dato y recomendó hacer la petición a Presidencia. La Secretaría de Gobernación sugirió acudir al SESNSP y a la FGR.

Según Alejandro Hope, este cálculo es especulación, porque no hay una base de datos oficial que desglose los homicidios por móvil.

“Hay ‘ejecutómetros’ –uno público y varios privados– que clasifican homicidios cómo relacionados con delincuencia organizada a partir de ciertas características del incidente (uso de arma larga, cadáver mutilado, mensaje, etc.), pero no pasa de ser especulación informada”, comentó.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el texto original dando click en este enlace. 

Félix Salgado presume motocicleta de casi medio millón; ¿y la austeridad republicana?

Texto y fotografía: Amapola Periodismo

Chilpancingo

 

El senador morenista Félix Salgado Macedonio presumió una motocicleta que en el mercado libre cuesta entre 448,000 y medio millón de pesos, según el equipo adicional del vehículo.

Se trata de una unidad BMW R1250 Gs Adventure que Salgado Macedonio lució al asistir este martes a mediodía a un acto oficial que encabezó su hija, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda en el salón del hotel Holiday Inn, ubicado al sur de Chilpancingo, donde puso en marcha el taller Teórico-Práctico sobre los Lineamientos de Operación de los Programas Presupuestarios para la Gestión de Riesgos.

Desparpajado y sonriendo, el político morenista se montó en la motocicleta, se puso un casco verde y saludó a algunos periodistas.

El ex alcalde de Acapulco y tres veces candidato a gobernador de Guerrero (dos veces por el PRD y una por Morena) es aficionado a tener una colección de motocicletas. En 1997 ingresó a la clínica del IMSS de Chilpancingo después de ser embestido por un automóvil cuando conducía una motocicleta sobre la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco; sufrió una fractura en la nariz y perdió varios dientes.

Durante su mandato como alcalde de Acapulco  (2005-2008), Salgado Macedonio impulsó el Aca-Moto en el que participan cientos de motociclistas provenientes de la Ciudad de México.

En varias ocasiones muchos de los participantes de este festival anual en Acapulco protagonizan escándalos en las calles y avenidas. Las autoridades deben implementar operaciones policiacas para vigilar que los motociclistas no provoquen accidentes o riñas entre ellos o con prestadores de servicios.

En varias ocasiones el propio Salgado Macedonio ha participado en los arrancones de motociclistas en las calles de Acapulco.

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Tras las elecciones, Morena se perfila a gobernar en 20 de 32 entidades del país

De confirmarse los conteos rápidos dados a conocer anoche, Morena se quedará con 20 de 32 gubernaturas, que aumentan a 22 considerando aquellas en manos de sus partidos aliados PES y PVEM.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político 

Fotografía: Facebook Morena Si 

6 de junio de 2022

 

Tras la jornada electoral de ayer, que le dio a Morena ventaja en cuatro de seis estados en disputa, según los conteos rápidos difundidos por los institutos electorales locales y el INE, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila a ampliar su dominio territorial y ahora gobernar un total de 20 entidades federativas, esto es, el 65% del territorio nacional.

A su vez, la alianza Va por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, perdió cobertura electoral y ahora se encamina a gobernar ocho de los 12 estados donde tenía presencia.

Ayer, con una votación favorable de hasta 55%, esa alianza retuvo el control de Durango con un candidato colocado por el PRI, el exdiputado local Esteban Villegas Villarreal, que venció a la morenista Marina Vitela, de acuerdo con el conteo rápido.

No obstante, el tricolor se perfila a perder la gubernatura de Oaxaca ante el candidato de Morena, Salomón Jara, que obtuvo hasta el 61% de la votación, e Hidalgo, ante Julio Menchaca, también de Morena, que ganó con hasta el 63%. Los gobernantes salientes de ambas entidades son, respectivamente, Alejandro Murat y Omar Fayad. El virtual triunfo de Menchaca en Hidalgo significa el primer gobierno de alternancia en Hidalgo tras 93 años de gobiernos del PRI.

Durante décadas el partido hegemónico que llegó a gobernar todos los estados del país, al tricolor ahora solamente le quedará el control de dos gubernaturas en solitario: el Estado de México, con Alfredo del Mazo —primo del expresidente Enrique Peña Nieto—, y Coahuila, con Miguel Riquelme. Ambas entidades celebrarán comicios el próximo año.

Por su parte, el PAN perdió ayer dos de ocho de sus gubernaturas ante los candidatos de Morena: Tamaulipas, frente a Américo Villarreal, quien tuvo hasta 52% de la votación, y Quintana Roo, ante Mara Lezama, con hasta 58% de los votos. Los mandatarios salientes de esos estados son Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Joaquín González, quien fue postulado en 2016 en conjunto con el PRD.

Con la alianza Va por México, Acción Nacional logró retener Durango —actualmente gobierna el panista José Rosas Aispuro— y Aguascalientes, con la candidata Teresa Jiménez, que obtuvo hasta el 55% de la votación. El dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó en ambas entidades la presunta injerencia de elementos policiacos que hicieron detenciones arbitrarias de operadores y legisladores morenistas. Por ello, adelantó que su partido impugnará ante tribunales.

 

El PAN también mantiene el gobierno de Chihuahua con María Eugenia Campos, Querétaro con Mauricio Kuri, Guanajuato con Diego Sinhue Rodríguez y Yucatán con Mauricio Vila. Estas dos últimas entidades celebrarán comicios en 2024.

Por su parte, el PRD se quedó con representación estatal únicamente en Durango, aunque la entidad tendrá ahora un gobernador priista emanado de la alianza Va por México. Ningún estado del país es gobernado por un político perteneciente al sol azteca.

Reacomodo electoral

De confirmarse las tendencias arrojadas por los conteos rápidos, 20 entidades federativas estarán gobernadas por políticos pertenecientes a Morena. No obstante, en otros dos estados, los mandatarios actuales pertenecen a sus partidos aliados, con lo que Morena tendría influencia en 22 entidades.

En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco es militante del extinto Partido Encuentro Social (PES), que se alió a Morena en 2018. En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo pertenece al PVEM, que en la elección estatal de 2021 contendió en solitario y sin unirse a Morena, que postuló a su propia candidata.

Dos estados son gobernados por Movimiento Ciudadano (MC): Jalisco, con Enrique Alfaro, y Nuevo León, con Samuel García. Este partido no ganó ninguna de las elecciones para gubernatura de ayer.

Otros dos estados, Edomex y Coahuila, son gobernados por el PRI y seis por el PAN: Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y Durango.

La paulatina pérdida de hegemonía de los partidos de oposición es proporcional a los triunfos de Morena. En 2018, el partido oficial ganó cuatro gubernaturas: la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Ese mismo año, su alianza con el PES ganó Morelos.

En 2019, Morena ganó en Puebla en una elección extraordinaria. En 2021, triunfó en 11 entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ese año, San Luis Potosí fue ganado por el PVEM, partido con el que Morena tiene una alianza en el Congreso y en prácticamente todos los estados.

En la jornada electoral de ayer, Morena sumaría otros cuatro estados: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

 

Directora de Semefo denuncia a secretaria de Salud de obligarla a renunciar

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La directora del Servicio Médico Forense (Semefo), Lorena Méndez Leyva, acusó a la titular de la Secretaría de Salud, Aidé Ibarez Castro de pretender obligarla a renunciar en forma irregular por lo que no lo hará.

En rueda de prensa que ofreció en las instalaciones de la unidad del Semefo aquí en Chilpancingo, la funcionaria dijo que ella no va a firmar ninguna renuncia porque a ella la nombró la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y no Ibarez Castro.

Acompañada por trabajadores que la apoyan para que siga en el cargo, Méndez Leyva mostró el documento de su nombramiento firmado por Salgado Pineda con fecha del 17 de enero de este año.

Méndez sustituyó en el cargo a Ben Yehuda Martínez Villa, quien duró al frente de la dirección general del Semefo los seis años de gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores.

Este jueves, poco después de las diez de la mañana, arribó al Semefo personal de la Contraloría interna de la Secretaría de Salud para notificarle a Lorena Méndez Leyva que era relevada del cargo y que en su lugar quedaba César Suástegui.

Pero la destituida directora del Semefo no firmó ninguna renuncia y se declaró en rebeldía, además acusó a Suástegui de no tener el perfil para ocupar ese cargo.

«El (Suástegui) es médico general y yo soy especialista en medicina forense, además tengo 25 años trabajando aquí y él es de nuevo ingreso», dijo Lorena Méndez.

«A mí me nombró la gobernadora y no me dicen la razón del por qué tengo que dejar el cargo», dijo.

Por su parte, César Suástegui, quien llevaba un folder en la mano con la hoja de su nombramiento, coomentó que desde el pasado jueves 26 recogió su nombramiento en el edificio Chilpancingo del Palacio de Gobierno, donde están las oficinas de la gobernadora Evelyn Salgado.

Visiblemente nervioso, Suástegui no quiso revelar el nombre de la persona que lo designó en el cargo. «Yo fui al Palacio de Gobierno y ahí me dieron el nombramiento», mencionó.

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En Campeche, gobierno de Alejandro Moreno gastó 3 mil 800 mdp sin comprobar su destino; ASF y FGR indagan boquete

Durante la gestión de Alejandro Moreno, los malos manejos se dispararon, según auditorías federales. Solo se ha esclarecido el destino del 10% de los recursos observados.


Texto: Zedryk Raziel y Arturo Ángel / Animal Político  

Fotografía: Facebook Alejandro Moreno

2 de mayo de 2022

 

A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos.

Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos públicos, esto es, el 90% del dinero observado.

Los datos de la ASF muestran claramente que justo en los tres años de administración del hoy presidente del PRI, el monto de los recursos mal manejados y no esclarecidos en la entidad se incrementó de forma exponencial.

Mientras que entre 2004 y 2015 los montos observados no superan los 70 millones de pesos anuales, para 2016 ascendieron a 122 millones, en 2017 rozaron los 300 millones de pesos; y en 2018 se dispararon hasta los 3 mil 430 millones de pesos.

El 2018 fue el último año completo que gobernó Moreno, ya que en 2019 pidió licencia para competir por la presidencia de su partido. En 2019 y 2020, las irregularidades volvieron a disminuir y no sobrepasan los 45 millones de pesos por año.

A través del área de comunicación social del CEN del PRI, Animal Político solicitó al dirigente partidista un posicionamiento respecto de las observaciones de la ASF sin aclarar, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta alguna.

Aunque las observaciones hechas al gobierno de “Alito” (apodo con el que es conocido el priista)  ya tienen cerca de cuatro años que fueron realizadas, hasta el momento no han sido solventadas. Pese a ello, y como ha sido característico en la gestión del auditor federal David Colmenares, la ASF amplió los periodos de investigación y solventación y, hasta el momento, no ha presentado denuncias penales por el posible desfalco en Campeche.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) ya integra formalmente una carpeta de investigación por posibles malos manejos de recursos federales de Moreno Cárdenas en su periodo como gobernador de Campeche.

La indagatoria, iniciada por delitos que incluyen posible enriquecimiento ilícito, peculado y otros hechos de corrupción, se inició a partir de un desglose enviado por la Fiscalía General de Campeche, tras la denuncia presentada por la administración de la actual gobernadora, la morenista Layda Sansores.

Ésta es la segunda ocasión que se indaga penalmente al hoy presidente nacional del PRI. En 2019, a raíz de una denuncia presentada por el también priista Ulises Ruiz, la FGR abrió una carpeta de investigación por la presunta adquisición irregular de inmuebles por parte de “Alito” entre 2012 y 2015, durante su periodo como diputado federal.

Recientemente, la gobernadora Sansores ha acusado púbicamente a Moreno Cárdenas de haber incurrido en presuntos hechos de corrupción. El martes, la morenista divulgó un audio en el que Moreno Cárdenas supuestamente planea un esquema de lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias simuladas.

Los desfalcos

De todo el dinero público cuyo destino no comprobó Moreno Cárdenas durante su administración, el 80% corresponde sólo a 2018, año de la elección presidencial.

Uno de los fondos federales más afectados fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, en el que la ASF detectó un ejercicio no justificado de 2 mil 941 millones de pesos.

En la auditoría 606-DE-GF, el órgano fiscalizador determinó, por ejemplo, que 16 instituciones de Campeche –varias secretarías del Ejecutivo estatal, pero también institutos de educación y universidades– no aportaron documentación comprobatoria del gasto de 458 millones de pesos.

La ASF también detectó 17 adjudicaciones por 39 millones de pesos en las que no se comprobó la recepción de los bienes o la prestación de los servicios contratados, entre los que se encuentran eventos artísticos, asesorías, impresiones de libros y mantenimiento de aeronaves.

Otro de los fondos federales cuyos recursos se ejercieron indebidamente en el gobierno de “Alito” fue el de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que tiene la finalidad de prestar servicio médico a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social, así como asegurar el abasto de medicamentos.

En la auditoría 603-DS-GF, la ASF determinó un monto de 339 millones de pesos cuyo destino no fue aclarado, una cuarta parte del total de recursos transferidos por la Federación a Campeche por concepto del FASSA.

Entre las irregularidades financieras detectadas se encuentra el hecho de que no existe documentación comprobatoria de erogaciones con cargo al capítulo 1000 (nómina); tampoco se cobraron penalizaciones a proveedores; y las que fueron cobradas fueron depositadas a cuentas no autorizadas.

Tampoco se retornaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) recursos del fondo que no fueron gastados; se hicieron pagos en exceso por concepto de sueldo a personal no calificado; se detectaron gastos de viáticos sin comprobar y se pagó a trabajadores del Seguro Popular con recursos del FASSA.

La ASF también encontró malos manejos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es financiar proyectos en infraestructura, transporte, educación, salud, deporte y cultura tanto a nivel estatal como municipal.

En la auditoría 616-DS-GF, se detectó un posible daño al erario por 63.8 millones de pesos, que fueron pagados a cinco empresas por obras de construcción y remodelación de inmuebles que no se concluyeron.

Riqueza investigada

En julio de 2019, cuando ya había solicitado licencia al cargo de gobernador para contender por la dirigencia del PRI, Reforma dio a conocer que Moreno Cárdenas era dueño de una mansión en la capital del estado con valor de 46 millones de pesos, misma que construyó a lo largo de dos años en los que declaró ingresos de 5 millones de pesos anuales.

El diario documentó que “Alito” mintió en su declaración patrimonial, al afirmar que el valor de la propiedad era de 6 millones de pesos.

No es la única propiedad cuyo valor habría “maquillado” el ahora dirigente priista. En septiembre del mismo año, Reforma publicó que, según la denuncia presentada por Ulises Ruiz en la FGR, Moreno falseó el valor real de 15 inmuebles que adquirió en Campeche, los cuales fueron comprados con dinero en efectivo y cuya procedencia se desconoce.

En abril pasado, el Fiscal General de Campeche, Renato Sales, informó que se estaba integrando una carpeta de investigación contra el exgobernador por posible enriquecimiento ilícito en la adquisición de inmuebles.

El fiscal detalló que uno de los bienes es un polígono de 30 hectáreas que el priista compró en Champotón a un precio de medio centavo por metro cuadrado y el cual, supuestamente, donó a su madre.

En el audio divulgado el martes por Layda Sansores, Moreno se refiere a ese terreno como suyo.

Sales precisó que otras propiedades del dirigente priista que están bajo investigación son dos casas ubicadas en los fraccionamientos Campeche Hills y Country Club, así como un departamento en la Ciudad de México.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original dando click en este enlace.