Congreso no consultó a pueblos para ley de seguridad, dice Tlachinollan

La Ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

13 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Tras la aprobación de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que reconoce a la policía comunitaria en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que esta es una legislación inacabada que no surgió de una consulta a los pueblos indígenas.

Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organismo civil señaló que la citada ley que aprobaron la noche de este martes los diputados del Congreso local fue al «vapor» para cumplir con el plazo que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el 2021, la Suprema Corte invalidó el decreto 778 por el que se reformaban, se derogaban y adicionaban diversas disposiciones de la ley 701 de Reconocimientos, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que se publicó en el Periódico Oficial el 24 de agosto del 2018.

Estas modificaciones a la ley y a la Constitución local las aprobó el Congreso a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.

«Los pueblos indígenas donde existe un sistema de justicia comunitaria y policía comunitaria interpusimos un recurso de inconstitucionalidad porque violaba los derechos de los pueblos y la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón», criticó Barrera Hernández.

El plazo para realizar esas modificaciones vence este jueves 14, pero el Congreso ya aprobó la Ley de Seguridad Pública Estatal y el reconocimiento formal a la policía comunitaria.

Los alcances y la manera de su integración se formalizará cuando se aprueben las reformas a la ley 701 y al artículo 14 Constitucional.

Abel Barrera lamentó que el Congreso local incumpliera con una parte importante de la resolución que emitió la SCJN en el sentido de que se tendría que llevar a cabo una consulta a los pueblos indígenas para que en voz de ellos surgiera una ley de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Hace casi dos meses el Congreso empezó el proceso de dicha consulta que sólo se ha suscrito en que los diputados convoquen a una reunión con los comisarios municipales, ejidales y comunales para que les firmen un documento.

«Lo que nos han dicho en los 350 pueblos de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es de los legisladores no los convocaron a las asambleas y consultarlos que es lo que debe de contemplar la ley», expresó el activista.

Barrera Hernández afirmó que en la ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso se reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales.

«En esta ley y en las otras que van aprobar los diputados no se contempla el reconocimiento al sistema tradicional de justicia comunitaria como lo han establecido los pueblos», dijo Barrera Hernández.

La consulta que realizó el Congreso en donde el gobierno de Evelyn Salgado Pineda aportó una fuerte cantidad de dinero para que se realizara, no se cumplieron con las formalidades jurídicas que estableció en su resolución la Corte.

«Los diputados llegaban a las comunidades nomás a entregar formatos y que los firmaran pero nunca se realizaron asambleas para preguntarle a la gente», añadió.

Dice que tiene información que los diputados que convocaron a las reuniones en los pueblos llevaron promesas de realización de obras sociales para que les firmaran los formatos.

«Fueron reuniones en las comunidades, en la que todos los legisladores-PRI, MORENA, PAN, PT, PVEM y PRD- les decían a las autoridades y a la gente que lo que hacían era para garantizar las obras que va a realizar el gobierno», mencionó.

«Fue una consulta igual a la que hubo el pasado domingo 10 de abril, la de revocación de mandato, en donde hubo acarreados y clientelaje político», dijo.

El activista dice que van a esperar cual será la respuesta de la SCJN cuando el Congreso le entregue la ley que aprobó y la supuesta consulta que realizó a los pueblos indígenas.

Barrera consideró que seguramente la Corte se dará cuenta de que en esas consultas que realizó el Congreso los pueblos no participaron para dar su opinión.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso señaló que con la aprobación de la Ley de Seguridad Pública Estatal es parte del cumplimiento a la resolución que emitió la Corte.

Indicó que en muchas comunidades indígenas donde se realizó la consulta no han enviado la información y eso le van a decir a la Corte.

«Estamos en la etapa de cumplimiento y en las consultas que se realizan estamos cumpliendo con los estándares internacionales que se señala en esta materia», dijo.

 

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Habrá juicio político contra diputados, advierte CRAC y Tlachinollan durante protesta contra consulta

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar guerrero

5 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de unos 300 pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, marcharon por las calles de Chilpancingo y realizaron un mitin fuera del Congreso del estado para rechazar la forma en que los diputados realizan la Consulta de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el mitin criticaron a los diputados, quienes son los organizadores de la consulta, por considerar que sus acciones son falsas, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y sólo quieren cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las sanciones económicas y políticas.

La sentencia de la SCJN advierte que de no realizar la consulta antes del día 14 de abril, los diputados enfrentarían juicio político y dejarían su cargo como legisladores.

“Por eso les urge realizar la consulta, quieren salvar su pellejo, no les interesan los pueblos indígenas”, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Rosales Sierra afirmó que los diputados desconocen lo que hacen y tampoco tienen la voluntad para realizar una verdadera consulta.

“Llegan los diputados a hacer pequeñas reuniones a los pueblos, pero no informan nada, no dicen si la consulta es para reformar una ley, un artículo o la constitución, si ni ellos saben, cómo esperar que nosotros sepamos”, dijo.

Este martes, a nueve días de que venza el plazo que dio la SCJN a Congreso, representantes de 300 comunidades de la Montaña y la Costa Chica marcharon desde el norte de la capital hasta el Congreso local para exigir la cancelación de la consulta que calificaron como “falsa” y “tendenciosa”.

Fuera del Congreso los manifestantes se pronunciaron contra la forma en que los diputados querían consultarlos.

“Los diputados van, solo hacen reuniones pequeñas y pagan a los comisarios y a los líderes comunitarios para que les firmen sus actas de asamblea, y eso es lo que van a presentar a la SCJN”, dijo Rubí Martínez, coordinadora de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Costa Chica.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció también que los diputados nunca han tenido la disposición para garantizar los derechos a las comunidades originarios.

Recordó que desde 1991 que México firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ni así han acatado dichos tratados internacionales.

“México es candil de la calle y obscuridad en la casa, porque es el primero que firma tratados internacionales, pero el último en acatarlos”, dijo.

Agregó que con dichas reformas que fueron sancionadas por la SCJN buscaban desaparecer a las policías comunitarias y la actual consulta pretenden lo mismo.

“Quieren acabar con la autonomía de las comunidades, quieren de nuevo vasallos a los pueblos indígenas”, agregó Barrera Hernández.

Otro de los oradores fue el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien calificó a los diputados locales de racistas y los acusó de pagar firmas para validar documentos oficiales.

Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), propuso reeducar, a través del sistema comunitario, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza los trabajos de la consulta.

Sánchez Esquivel a través de la vía plurinominal y contra las acciones afirmativas dictadas por el INE ocupa una curul destinada a un representante indígena.

En la marcha participaron 300 policías comunitarios desarmados, a quienes respaldaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Tlachinollan, del Colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, del Frente Popular de la Montaña (FPM), del Frente Progresista de Guerrero (FPG), del Cecop y del Comité de desaparecidos del 60.

En 2021, la SCJN ordenó a los legisladores de Guerrero realizar la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.

Esto porque en 2018 se reformó el artículo 14 de la Constitución estatal y se reformó la Ley 701, pero los legisladores de ese periodo no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas.

En su sentencia la SCJN ordenó repetir el proceso, pero esta vez haciendo “una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, según se lee en la sentencia.

Los manifestantes hicieron un llamado a la SCJN de no avalar las pruebas y procedimientos que presenten los diputados, porque consideran que no los realizaron bajo los parámetros y procedimientos indicados en la sentencia.

Rosales Sierra dijo que en caso de que la SCJN avale la consulta, la CRAC – PC y las organizaciones van a impugnar.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso realizar la consulta de forma correcta.

“Este Organismo Público manifiesta su preocupación al Congreso de Guerrero por su desdén por escuchar y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de ese estado. El Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país otorgó un plazo de doce meses, para que el Congreso del estado de Guerrero realizará una consulta indígena”, se lee en el documento de la CNDH.

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Policías comunitarios cercan Congreso en rechazo a consulta indígena

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

5 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Policías comunitarios y habitantes de 300 pueblos realizaron una marcha y se instalaron en plantón afuera del Congreso local en rechazo a la que consideran como “amañada” y discriminatoria consulta de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que realizan los diputados para hacerla ley.

Los guardias civiles desarmados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) iniciaron la marcha en el monumento de Nicolás Bravo y arribaron al recinto legislativo donde se desarrolla un mitin.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC, dijo que los comisarios y habitantes de las 300 comunidades de la región de Montaña y Costa Chica que participan en la movilización no están enterados de que los diputados estén realizando esta consulta.

Recordó que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la reforma del artículo 14 constitucional y como consecuencia la ley 701 que fue aprobada por el Congreso local a propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

Esta legislación desconocía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el 2021, la SCJN le dio un plazo de 14 meses al Congreso para que apruebe una nueva ley realizando una consulta con los pueblos.

“Será el próximo 14 de este mes de abril cuando a los diputados se les vence el plazo pero nadie de los pueblos sabe en qué consiste esa consulta porque ni siquiera les dicen que va a contener la ley”, dijo Rosales Sierra.

Los más de mil comunitarios, comisarios y habitantes de los pueblos mantienen encerrados a los diputados locales.

Cuando pasaba la marcha, el legislador morenista y presidente de la Junta de Gobierno, Alfredo Sánchez Esquivel se asomó para ver el contingente.

Los manifestantes lo identificaron y de inmediato me gritaron: “traidor”, “traidor”.

 

 

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