Tres jóvenes, de siete que arrastró un río crecido a causa de la lluvia del jueves 29 de agosto en Apango, permanecen desaparecidos hasta la mañana de este viernes 30, informó la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil (SIRPC).
La dependencia estatal informó que la tarde del jueves, siete personas, entre ellas dos mujeres, que practican deporte extremo a bordo de cuatrimotos, fueron arrastradas por la corriente del río Nacinjintla, en Apango, cabecera del municipio de Martir de Cuilapan, en la Región Centro de la entidad.
Personal de protección civil estatal y municipal rescataron a Jorge Ramos, Alejandra Torres, Jorge Mercado y Pablo Aguilar; sin embargo, hasta la mañana de este viernes 30, seguía la búsqueda de Alberto García, Miguel Garduño y Angélica Chimal, detalló el titular de la SIRPC, Roberto Arroyo Matus.
Los siete jóvenes, originarios de Toluca, Estado de México, participan en el evento deportivo denominado “Acapulcazo”, que a partir de este viernes 30 se desarrolla en Acapulco. Su visita a Apango forma parte de un recorrido de tres días.
En el evento, organizado por el Club Toluca Aventura Extrema, participan 200 pilotos de cuatrimotos que, según se lee en su portal de internet, salieron el jueves de Toluca, capital del Estado de México.
La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó en libertad a 39 detenidos y mantiene arrestados a diez, entre ellos a cuatro policías, por la privación de la libertad de los cinco jóvenes que desaparecieron en Taxco el pasado fin de semana, a quienes se llevaron policías municipales.
Del secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, alías La Sombra involucrado en la desaparición de los cinco jóvenes, la FGE dijo que no lo ha localizado.
Este miércoles 28 de agosto, alrededor de las 11:30 de la noche, 39 detenidos, entre policías municipales, agentes de tránsito y trabajadores de Protección Civil municipal de Taxco salieron de las instalaciones de la FGE, ubicadas al sur de Chilpancingo.
El Ministerio Público del Fuero Común aclaró a los 39 detenidos que solo estaban en calidad de presentados. A los trabajadores y policías municipales que vivieron el trance desde la mañana del miércoles, se les entregaron sus teléfonos celulares y luego fueron custodiados por un convoy de agentes federales y estatales en su regreso a Taxco, unos a bordo de un viejo camión de la FGE y otros, en camionetas de la Policía Investigadora Ministerial.
«Fueron tres horas y media de trayecto de Chilpancingo a Taxco y daba mucho miedo», confesó uno de los acompañantes de uno de los liberados.
La noche del miércoles 28, un familiar de uno de los trabajadores, que vino a buscarlo a la FGE, aseguró que el secretario Cristopher Hernández estaba entre los 49 detenidos.
Hasta este jueves después de mediodía, la FGE emitió un comunicado con los nombres de los 10 detenidos, y entre ellos no está Cristopher Hernández.
Sin embargo, fuentes de la FGE informaron que durante el operativo del miércoles en las instalaciones de Seguridad Pública municipal de Taxco, a cargo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, no fue localizado el jefe policiaco.
«No fue localizado (Cristopher Hernández), pero se sigue investigando», afirmó una fuente de la Fiscalía.
En el comunicado, la FGE informó que en un despliegue en las instalaciones de la SSP, tránsito y protección civil, se logró la liberación de una persona privada de la libertad.
En las mismas instalaciones se ejecutó una orden de aprehensión en contra de los policías municipales Florentino N, Yolanda N y Marino N, en tanto que otro agente de nombre Eusebio N fue detenido en Cacalotenango, municipio de Taxco.
De acuerdo con un informe extraoficial, los cuatro policías eran escoltas de Cristopher Hernández.
La FGE informó que en las instalaciones de la SSP, Protección Civil y Tránsito de Taxco, también fueron detenidos en flagrancia Luis N, David N, Carlos N, Cristofer N, Alexis N y Ángel N, quienes no acreditaron pertenecer a la policía municipal.
Este mismo jueves, los cuatro policías (tres hombres y una mujer) fueron presentados ante un Juez de Control que lo requería.
Los civiles detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público de la FGE para la integración de la carpeta de investigación.
Por su parte, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, informó a través de un comunicado, que los gobiernos federal y estatal nunca le informaron del operativo de las fuerzas de seguridad federal y estatal.
«La administración municipal solicita a la Fiscalía General del Estado informe sobre las actuaciones efectuadas este día (miércoles 28) y los motivos por los cuales fueron retenidas mujeres y hombres de las tres corporaciones locales», exige el texto oficial firmado por Mario Figueroa, la síndico, regidoras y regidores del ayuntamiento de Taxco.
A 24 horas del operativo en las instalaciones de la SPP, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal asumieron oficialmente el control de la seguridad en Taxco.
Las detenciones de los policías y civiles ocurrió después de que este fin de semana se difundió en redes sociales que los agentes municipales sacaron de un bar a cinco jóvenes, quienes están desaparecidos.
En Taxco opera desde hace al menos cuatro años Roberto Carlos Zagal, alías Pelón líder de una célula de la organización criminal La Familia Michoacana.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa argumentaron que en el gobierno de AMLO «no obtuvieron verdad ni justicia», por lo que esperan obtener resultados con la nueva administración de Claudia Sheinbaum.
Por: Redacción Animal Político
Foto: Saherenii Guzmán
27 de agosto del 2024
Las esperanzas de los padres de 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se esfumaron al no encontrar respuestas con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de que les informaron de un par de detenciones, salieron decepcionados de Palacio Nacional y “terminaron mal” por lo que esperan que con Claudia Sheinbaum haya una verdad histórica.
Vidulfo Rosales, abogado y activista, señaló que no existen condiciones para que antes del 1 de octubre se reúnan con el presidente, pues solo existen confrontaciones al no seguir con informes y avances que quedaron hasta 2021.
“La posición de los padres es que hoy es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones para una próxima, el presidente coincidió también en que sólo son confrontaciones, ‘si ustedes ya no quieren que nos reunamos, no nos reunimos”, mencionó Rosales.
Al salir de Palacio Nacional, Joaquina García, familiar de uno de los normalistas, dijo que durante este sexenio tampoco hubo verdad ni justicia y denunció la falta de entrega de documentos militares.
“Nos dio una esperanza muy grande, muy bonita. Sentimos que íbamos a llegar a la verdad porque fue una promesa de un decreto que firmó, pero lamentablemente no fue así, vamos a seguir en esta lucha. Es un sabor amargo, pero aquí vamos a seguir,” dijo.
Rosales señaló que con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, esperan que se pueda reconstruir el diálogo y reencauzar la investigación del caso para que se tracen nuevas rutas que lleve a líneas importantes.
Aseguró que ya preparan una serie de protestas a 10 años de la desaparición de los estudiantes que se conmemoran el próximo 26 de septiembre, por lo que se espera que se integren varios colectivos y activistas como parte de la jornada de lucha.
SRE dice que existe disposición de Israel para extraditar a Tomás Zerón
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que estableció comunicación con el gobierno de Israel para extraditar al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
En un comunicado, la dependencia señalo que existe disposición por parte del gobierno de aquel país a pesar de que se encuentra en medio de un conflicto armado.
Aclaró que también buscan la extradición de José Ulises Bernabé y Abraham Eslava Arvizu.
El primero es prófugo de la justicia en Estados Unidos y se desempeñó como juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala.
Eslava Arvizu era integrante de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y es acusado del delito de tortura en contra de un miembro de Guerreros Unidos.
Detienen a integrante de Guerreros Unidos, personaje clave caso Ayotzinapa
El abogado de los 43 normalistas informó que les notificaron la detención de Marco Antonio “N” alias “La Pompi” quien fue detenido este día.
“Es Marco Antonio Ríos Berber uno de los implicados del principio del caso, de Guerreros Unidos, es una persona muy importante que si se le jala ese hilo a la investigación puede llevarnos a datos importantes”, afirmó el abogado.
El entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó un informe el pasado 27 de septiembre del año pasado, en donde destacó que la comisión a su cargo estableció que los estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada y entregados a tres grupos criminales.
En ese informe, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo un testigo clave: Marco Antonio “N” alias “La Pompi” quien en sus mensajes de texto advirtió estar presente cuando ocurrió la tortura y asesinato de al menos seis estudiantes.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
CIUDAD DE MÉXICO.- La pregunta sigue siendo ¿Dónde están?. Es el letrero que, en la plancha del Zócalo, formaron con luces familiares de personas desaparecidas quienes mantienen encendida la esperanza de localizar a sus seres queridos.
Alrededor de las letras gigantes, un hombre y una mujer se turnan para dar vueltas cargando con las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Solas y cercadas con rejas, como si estuvieran dentro de un corral, madres buscadoras de 5 estados y algunos otros familiares sostienen un campamento en el centro del país.
“Como familiares de personas desaparecidas estamos en una constante guerra con las autoridades”, dice de forma directa Delia Quiroa. A su espalda ondea la bandera nacional.
La intención de soportar las lluvias, el frío, los calores, y medio dormitar en casas de campaña improvisadas, es para que se visibilice que el gobierno sigue sin buscar, localizar y entregar a sus familiares.
“La bandera de México no debe ondear de noche en tiempos de paz, pero estamos en guerra, porque no buscan a nuestros familiares”, expresa Quiroa.
Están ahí porque quieren que las reciba la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedirle que las incluya en su agenda y acordar reuniones periódicas donde se aborden proyectos, datos y cosas que pueden ayudar a solucionar el problema de la desaparición en México. Pero hasta ahora, nadie las ha recibido.
“Es lamentable. Vemos que no le quieren dar importancia a lo que representa que la bandera ondee de noche”, lamenta Delia.
6 años de lo mismo
Para las madres que llevan buscando años a sus hijos, la falta de atención por parte de las autoridade es muestra de que vienen seis años más de lo mismo.
“No hay muestras de empatía por parte de la nueva presidenta. Vemos que nuestra lucha va a ser todavía más intensa, más fuerte, más difícil, porque no han querido salir, ni han mandado a nadie. No hay voluntad política”, reclama Delia.
Las madres buscadoras no quieren ser atendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, debido a que está a cargo de una persona que, dicen, es experta en urbanización y población, pero no en búsqueda de personas.
Las familiares tienen el currículum de la funcionaria por un amparo donde impugnaron su nombramiento. El amparo aún no se resuelve, pues el Poder Judicial está en huelga. De obtener una sentencia a su favor, las colectivas de búsqueda participarán en el nombramiento de la nueva persona titular de la Comisión.
Sin avances y sin protección
En el plantón están reunidas personas buscadoras de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Veracruz. Todas con historias que reflejan la impunidad.
A las buscadoras de Sinaloa, son tres casos los que tienen a las madres de entre 50 y 70 años frente a Palacio Nacional.
Una historia es la de Ana Laura, de Sinaloa, quien dice tener pruebas de que su hijo ha sido cambiado de penal en por lo menos 3 ocasiones.
Otra es la de Ana María Maldonado, también de Sinaloa. En la desaparición de su hijo ya hay una persona juzgada, pero el delincuente salió libre por falta de pruebas y mala integración del expediente. Ahora ninguna Fiscalía quiere retomar el caso.
Maldonado busca a su hijo Carlos Palomares desde 2010, desaparecido el 22 de septiembre en la colonia Narvarte, de Ciudad de México.
“Se le pidió en su momento a Ernestina Godoy que mandara el caso a la Fiscalía de casos relevantes para que sigan buscando a Carlos, el hijo de Ana María”, reclama Delia.
En el caso de la señora Patricia de la Cruz, su hijo fue desaparecido en Tampico, Tamaulipas, por policías ministeriales. Patricia solicitó a la ONU que iniciara una acción urgente, pero la organización internacional no ha realizado ningún trámite.
Las buscadoras denuncian que no hay protección, ni para las víctimas ni sus familiares. Si ellas no presionan para que busquen a sus seres queridos, nadie lo hace.
Delia también señala que ya tenía programada una búsqueda y que a la última hora, no le depositaron el recurso.
“¿Cómo me voy a ir si no tenemos dinero y si nos metemos a trabajar nos corren. Los patrones no se tientan el corazón, ellos no respetan lo que dice la ley. La ley de víctimas dice que, si tú, por cuestiones de diligencias relacionadas con tu caso, y tienes que faltar al trabajo, el patrón te tiene que pagar, pero no lo hacen, te corren. ¿Entonces qué hacemos? Pues tenemos que pedirle al gobierno”.
También debe ser tiempo de las mujeres buscadoras
Lo que quieren las madres buscadoras es que el presidente escuche varias problemáticas que enfrentan de forma cotidiana.
“Lo que yo quiero es que me regresen a mi hijo porque ya fue localizado, y ellos mismos me lo tienen ya desaparecido. Ellos mismo me lo tienen secuestrado”, pide una mujer sentada en una andadera.
Ana Laura expone que su hijo Miguel Ángel Hernández Sánchez ha sido cambiado de Cefereso en Cefereso. El 25 de agosto se cumplieron cinco años sin que Ana Laura sepa algo de su hijo.
La señora, originaria de Reynosa Tamaulipas, dice tener papeles donde la fiscal de Tamaulipas, un estado severamente castigado por la violencia y lleno de fosas clandestinas, le dijo que ya había localizado a Miguel Ángel, pero con la llegada de la pandemia, la señora Sánchez ya no supo más del paradero de su hijo y no le dan razón de él.
“La señora Claudia Sheinbaum dice que es tiempo de mujeres, pues bueno como mujeres, le pido que se toque el corazón y me ayude a reunirme con mi hijo”.
Ana Laura se preocupa por su nieta de 8 años. Ella tenía 3 años cuando se llevaron a su padre.
“Hoy mi niña acaba de entrar a la escuela, va en tercero de primaria y no pude estar con ella, tengo que estar aquí pasando dificultades porque quiero localizar a mi hijo”, dice.
Miguel Ángel desapareció en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de agosto del 2019. Lo localizaron en un Cefereso de Morelia, Michoacán, en diciembre de ese año. Las autoridades notificaron a Ana Laura el 17 de enero del 2020. Sin embargo, con la pandemia su caso se estancó. Desde entonces, Ana Laura constantemente ha dado vueltas en busca de respuestas, pero no ha obtenido ninguna razón más sobre el paradero de su hijo enfermero.
Además, añade, tampoco le han dicho por qué detuvieron a su hijo.
La madre buscadora dice tener testigos que han visto a su hijo. Pero cuando ubican al, las autoridades lo cambian a otro penal. “Lo traen para allá y para acá”, reprocha la madre.
Sánchez cuenta que su hijo, de profesión enfermero, iba a bordo de la ambulancia donde laboraba cuando un grupo de hombres armados le detuvo el paso. Lo bajaron a él, y a sus compañeros de trabajo, y se los llevaron.
“En ese entonces estaban desapareciendo a muchos doctores y enfermeros. Desgraciadamente me tocó a mí. Le tocó a mi hijo, y no entiendo por qué fue a parar a un Cefereso”, cuestiona la madre.
Avances y trabas
Delia Quiroa explica que en donde sí ha habido avances es en la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses.
“Ahí sí ni digo nada, van bien, se está integrando bien esa herramienta. Nos citan, nos explican, nos enseñan cómo funciona la aplicación”, señala Delia.
El problema que observan es que la FGR tiene 70 mil perfiles de ADN de restos que se han recuperado, pero no hay con qué confrontarlos porque las fiscalías de los estados no les mandan los perfiles de las familias que están buscando a algún familiar.
“Si se identificaran los 56 mil restos que hay en Semefos, pues ya serían 126 mil, que son más de los 110 mil que había en el Registro Nacional, pero si ellos no se ponen de acuerdo y no trabajan como deben, ¿cómo nos los van a entregar?”, apunta Quiroa.
Las buscadoras quieren proponerle a Claudia Sheinbaum que instale reuniones periódicas y la designación de un interlocutor, que de preferencia sea un víctima, y que esa persona sea la encargada de llevar todas las peticiones de las familias de forma directa.
La finalidad, explica Delia, es que se tengan estadísticas respecto a las diversas necesidades de los familiares de acuerdo con el estado de búsqueda, pues las problemáticas son diferentes y la forma de desaparición también es diferente.
Otra de las peticiones es que se retome el modelo de reunión que usaba Roberto Cabrera Alfaro, el primer comisionado, donde también les brindaban capacitación. Esto, porque en ocasiones la falta de conocimiento durante la búsqueda puede perjudicar el proceso penal y los delincuentes pueden quedar en libertad si se contamina la evidencia.
“Si por causas de salud nos tenemos que retirar, pues ni modo, nos vamos porque las madres ya son mayores, pero si nos vamos sin ser atendidas, sirve para entender que vienen 6 años muy difíciles para nosotras”.
Finalmente Delia Quiroa pide a la sociedad estar al pendiente de lo que hacen los gobernantes:
“La gente, mientras no le pasa a una desgracia, no voltea a ver a un lado, y todo esto lastima el tejido social. Aunque sea tu vecino el que se llevaron, tarde que temprano te termina afectando. Hay que exigirles cuentas”, finaliza la activista.
Este texto es original de Pie de Página y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Tres testimonios sobre los “vuelos de la muerte”, que usaba el ejército para desaparecer a quienes eran considerados enemigos del régimen, se suman al recién hallado documento con una lista de 183 posibles víctimas de esta práctica; forman parte del archivo del comité fundado por Rosario Ibarra de Piedra y pueden consultarse en el Camena. La lista encontrada fue incluida en el informe final del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico
Texto: Marcela Turati / A dónde van los desaparecidos
22 de agosto del 2024
Estos señores, torturadores y asesinos, tienen como cementerio particular los lugares despoblados y el mar; y para adentrarse a este último, usan helicópteros y un avión panzón como sapo de color gris, el que se ha visto llegar al Campo Militar Pie de la Cuesta, Mpio. de Acapulco, Gro., desde 1972, en el cual suben a los presos amarrados y vendados, saliendo inmediatamente después con rumbo al mar y a la media hora regresa, bajan una lona cubierta de sangre y al instante los militares la comienzan a lavar, éstas ‘hazañas’ son efectuadas hasta el momento por las noches, a las 11:00 P.M. y a las dos de la mañana, por lo regular usan los días jueves y viernes.
Esta declaración, fechada el 13 de mayo de 1980, figura en una carta hallada en los archivos del Comité ¡Eureka! Es la denuncia de un estudiante guerrerense de bachillerato recién escapado de una cárcel clandestina de Acapulco, que describió su captura, dio señas para la ubicación de la vivienda donde estuvo preso por su militancia política y relató las torturas que sufrió junto con otros detenidos.
Ese testimonio y otra carta dirigida en 2003 a la fundadora del comité, Rosario Ibarra de Piedra, en la que un soldado asegura haber arrojado desde helicópteros a personas heridas al mar, así como el documento —publicado hace dos semanas por este medio— que un presunto militar desertor le entregó en 2004 con una lista de 183 personas que habrían sido desaparecidas en los “vuelos de la muerte”, forman parte del Archivo Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ordenó, sistematizó y digitalizó, y desde hace dos años está disponible para consulta pública.
Esta reportera, tras conocer y solicitar los documentos, pudo localizar y contactar a dos de los tres remitentes para conocer más sobre sus denuncias; consultó sobre dichos hallazgos a cuatro personas que formaron parte del Comité ¡Eureka! —como se conoce al Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México que desde 1977 ha luchado ferozmente por la presentación con vida de las personas detenidas-desaparecidas durante la contrainsurgencia—; y entrevistó a las archivistas del Camena sobre la historia de este importante repositorio casi desconocido.
El bachiller recién fugado, además de declarar haber sufrido toques eléctricos; sumersión constante en agua electrizada; introducción de tehuacán, agua Taxco y agua natural a presión en la nariz; sonido ensordecedor para el desquiciamiento de la mente; simulacro de violación; introducción de parafina caliente en los oídos; golpes constantes con pies y puños y con cables de luz en los testículos; [y] aplicación de drogas, se acercó a Eureka para solicitarle que buscara al obrero Rogelio Díaz Betancourt, quien lo acompañaba y fue también detenido.
El comité reclamó la aparición del obrero con vida hasta que un funcionario de la Procuraduría General de la República, en una carta con el sello de “CONFIDENCIAL” enviada al domicilio particular en Monterrey de Ibarra de Piedra, que forma parte del Archivo Eureka, le informó que había regresado a su hogar.
Cuando esta reportera contactó al entonces estudiante, Ciro Jaimes, hoy un abogado de 67 años que perteneció a las Fuerzas Armadas de Liberación —aunque pensó que se había metido al Partido de los Pobres—, se dijo sorprendido.
Jaimes aseguró que aún siente temor al contar esa parte de su historia sobre los aviones que usaba el Ejército para echar gente al mar. No recordaba que lo que sabía de los “vuelos de la muerte” hubiera quedado por escrito y se conservara en un archivo.
Apenas en 2023 publicó un libro titulado Compartiendo una experiencia de vida, de lucha social y de sobrevivencia personal en la desaparición forzada.
—¿Cómo supo de los vuelos que denunció en 1980?—, se le preguntó vía telefónica.
Jaimes mencionó a su padre ya fallecido que, junto con unos pescadores, iba de madrugada a recolectar huevos de tortuga cuando aún no estaba prohibido en la costa y la laguna de Pie de la Cuesta, en el municipio de Acapulco, donde está ubicada la base aérea militar número 7; actualmente, en la base tienen un criadero de tortugas.
“No sé por dónde andes tú, hay que tener mucho cuidado por las cosas que pasan. Si te agarran asegúrate que no sea vivo”, le advirtió un día su papá, quien sospechaba de su militancia clandestina, y para prevenirlo le contó lo que él vio y que sabían los pescadores: “Que había un avión panzón, y entiendo que era un hidroavión porque aterrizaba sobre el mar, que ellos veían que le subían gente en fila, que se veían como campesinos. ¿Qué tanta? Diez-quince personas, con las manos hacia atrás, que los llevaban como bultos y los hacían subir arriba de ese avión. Como a los 30-40 minutos el avión regresaba, yo supongo que había luz o un foco, y le sacaban una lona y con cepillos empezaban a rastrillarla, a lavarla. Regresaban ya sin la gente. Eso es lo que ellos veían, en el entorno era conocido lo que se estaba haciendo”.
Él fue detenido en tiempos del gobernador Rubén Figueroa, cuando había una fuerte persecución contra campesinos y estudiantes. Los tres meses que pasó en 1979 en un centro de tortura en manos de la Policía Judicial de Guerrero —que durante el periodo de la llamada “guerra sucia” era un brazo del ejército en la estrategia contrainsurgente— escuchaba en clave que iban a transportar detenidos. Pero él ya sabía a dónde, dice.
Un militar le contó que a los detenidos que subían al avión en esa época “los llevaban amarrados con bloques de cemento a un pie, que les daban tres puñaladas y al que seguía otras tres, y que [los] arrojaban en una fosa marina muy profunda, decían de 3,000 metros de profundidad, desde el hidroavión especial que podía planear o aterrizar en el mar”, detalló sobre la información que dio a conocer en 1980 al comité. El hombre no recordaba la carta con la declaración que escribió hace 44 años. Incluso, cuando pudo, se mudó de Guerrero.
Fragmento del testimonio brindado en 1980 al Comité ¡Eureka! por Ciro Jaimes, quien entonces era un bachiller sobreviviente de las torturas que le infligió durante tres meses la Policía Judicial de Guerrero, hasta que pudo fugarse y denunció lo que vio. (Captura de pantalla del documento, Camena)
“Información valiosa”
Otro documento que menciona esta práctica de desaparición forzada es una carta que un ex presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que se identifica con su nombre completo, envió el 6 de octubre de 2003 a Ibarra de Piedra tras verla en la televisión.
Le ofrecía contactarla con un exmilitar que había participado en Guerrero en los “vuelos de la muerte”; sus víctimas eran integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas, el fundador del Partido de los Pobres.
El autor de la carta reproducía el relato que el exmilitar le confesó: Una vez tuve que sustituir a un cabo en un grupo de “picados” porque yo nunca pasé de soldado y lo que hacíamos era subirnos a un helicóptero con siete de los guerrilleros de Lucio Cabañas o de alguno de los otros maestros líderes que traían grupos de guerrillas, […] los subíamos amarrados y en el piso del helicóptero los picábamos con la bayoneta cuando ya estábamos arriba del mar y los aventábamos para que se los comieran los tiburones. Nos decían que la picada era para que les saliera la sangre y los tiburones la olieran, […] hice el trabajo, no una sino varias veces. Nos decían que siete era la cantidad que el helicóptero podía cargar junto con el piloto y nosotros dos.
Contactado por esta reportera, el remitente —quien es empresario y escritor— dijo que el exmilitar se llamaba Eleno; fue su chofer casi dos años, pero ya dejó de verlo.
”¿No te acuerdas cómo se apellidaba Eleno o de dónde era?”, le preguntó a su esposa cuando recibió la llamada telefónica de esta reportera. Ella respondió que no, que parecía estar todo el tiempo en fuga. Pero les contó, recordaron, que en el Mar de Cortés había tirado a unas estudiantes de Sonora.
Conozco bien a este ex soldado de las tropas del Estado de Guerrero, sé donde vive y tal vez podría ponerlo en comunicación con Ud. En otro tiempo dudé en hacer pública esta información o enviársela, […] ahora el panorama se ve más claro, tal vez le pueda ser útil este conmovedor testimonio si conseguimos de manera inteligente y discreta que el testigo esté dispuesto a cooperar, afirmaba en la carta.
La misiva fue recibida en el correo electrónico eureka@eureka.org.mx; alguien que firmó como Pepe se la envió a la activista encargada de hacer la base de datos de las víctimas de desaparición forzada, quien la remitió a un cofundador del comité. Dos de las personas copiadas en esos correos al ser consultadas dijeron que no recordaban haberla recibido.
La información que anexo es en extremo delicada, indicaba el remitente. Confiando en que será entregada directamente a ella [Ibarra de Piedra] la envió. La única finalidad es ayudar a la causa de Doña Rosario y demás madres valerosas de esa organización. Me hago directamente responsable del contenido de este correo.
El mensaje se titulaba“Información valiosa”. Nadie le contestó.
Fragmento de la carta que un ex presidente municipal envió al correo de Eureka para contactarlos con un militar desertor que participó en los “vuelos de la muerte”. La carta quedó sin respuesta en los archivos. (Captura de pantalla del documento, Camena)
Estos documentos se suman a la lista de 183 personas detenidas entre 1972 y 1974 que estaba en el Archivo Eureka desde 2004, entregada por un supuesto desertor del ejército a Ibarra de Piedra. Contiene los nombres de personas que —aseguraba— habrían sido arrojadas al mar desde aviones que despegaron de la base de Pie de la Cuesta, por órdenes del capitán Francisco Barquín Alonso, uno de los orquestadores de los “vuelos de la muerte”.
Como le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto, escribió el informante en la carta de cinco hojas escritas a máquina.
El presunto desertor se identifica como Benjamin Apresa, lo que podría ser un seudónimo porque su nombre no figura en el registro de 1974 del 2o. Batallón de Policía Militar, al que pertenecía el capitán Barquín.
En la misiva, fechada el 26 de mayo de 2004, se enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas, a las 183 víctimas —nueve mujeres— que son identificadas con sus nombres.
La información comenzó a ser entregada a líderes de colectivos y familiares de víctimas desde julio. Tanto defensores de derechos humanos como historiadores expertos en el periodo de la contrainsurgencia señalaron que la carta era un hallazgo importante que aporta información sobre uno de los destinos de 183 personas, detenidas y en poder del ejército, que siguen desaparecidas, aunque pidieron cautela para saber si la lista se refería a traslados entre bases militares o realmente a “vuelos de la muerte”, en los que se desaparecía, arrojándolos al mar, a disidentes políticos e integrantes de grupos guerrilleros o personas sospechosas de serlo.
Fotografía de dos aviones Arava de la Fuerza Aérea Mexicana; el de atrás porta el número 3, donde se habrían ejecutado “vuelos de la muerte” en 1974. (Página de Facebook Mexican Military Aviation History)
“Decían que los pescados se iban a dar un banquete”
En el archivo de 5,057 documentos que Ibarra de Piedra permitió que se digitalizara y consultara en el Camena, como dejó firmado en un convenio, se encuentra también una carta escrita a mano en 1982. Es el testimonio de un hombre de 58 años originario de El Porvenir, municipio de Atoyac de Álvarez, quien se identificó como Maximiliano Nava Martínez y relató que con tres de sus hijos y dos jóvenes fue detenido por el ejército el 20 de agosto de 1974.
En la escuela de San Vicente de Benítez los mantuvieron vendados, amarrados de pies y manos, y fueron torturados para que dijeran dónde estaba “el Maestro”, pues en ese momento había un cerco militar y judicial para capturar a Cabañas.
Cinco días después llevaron a la escuela al luchador social Rosendo Radilla Pacheco, detenido por componer un corrido sobre la lucha social del líder del Partido de los Pobres.
En su testimonio menciona: Al día siguiente fuimos trasladados en helicóptero al cuartel de Atoyac, en el camino nos preguntaron que dónde nos gustaba para tirarnos. […] Cuando sacaban a alguien nos decían a todos que los pescados se iban a dar un banquete. A los dos días lo sacaron al señor Radilla junto con Pablo Loza Patiño, Austreberto García Pintor y otros que no conocí (7 en total), en una camioneta pic-up roja, diciendo que dentro de poco vendrían por los que quedábamos allí, mientras se acababan “estos cadáveres”. Desde entonces no los volví a ver.
Relató que él y su familia fueron liberados, pero que el ejército se llevó a sus hijos Macario y Esteban Nava Hipólito, en noviembre y diciembre de 1974, los cuales siguen desaparecidos.
Según la lista de supuestos “vuelos de la muerte” que el presunto desertor del ejército entregó en 2004 a Ibarra de Piedra, en el “1/er. viaje” iba un hombre llamado Pablo Loza Patiño, en el “2/o.” Austreberto García Pintor, y en el “3/o.” Rosendo Radilla Pacheco, los tres aprehendidos por personal de la 27/a zona militar de Guerrero, uno en El Porvenir, otro en Cacalutla y otro en Alcochola. En esas naves habrían viajado 21 detenidos, todos de Guerrero. Veinte fueron capturados ese mismo agosto del 74.
Por la desaparición forzada de Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano. El mandato es encontrarlo.
La lista que este medio publicó fue compartida desde finales de julio al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que la incluyó en su informe final, presentado la semana pasada; también fue compartida a organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas antes de su divulgación.
Esta revelación abrió una discusión pública sobre la procedencia de la información que, por 20 años, no había sido dada a conocer.
Tras la publicación del reportaje se supo que la lista forma parte de un segundo informe del MEH coordinado por la comisionada Eugenia Allier, quien aún no presenta al público sus hallazgos. Esta información fue proporcionada por la investigadora Soledad Lastra, quien revisó las distintas colecciones del Camena.
Beatriz Torres (der.) y Cristina Jiménez, directora y archivista del Camena, revisan el acervo del Comité ¡Eureka!; la fotografía muestra a Rosario Ibarra de Piedra en una manifestación para exigir la presentación con vida de las personas detenidas-desaparecidas por el régimen priista. (Marcela Turati)
Un archivo “perseguido”
En 2016, el rector de la UACM, Enrique Dussel, firmó un convenio con Ibarra de Piedra para que el Camena —dirigido por la exiliada chilena Beatriz Torres, a cargo de ese acervo de documentos sobre la guerra fría en Latinoamérica— organizara, sistematizara y digitalizara los documentos en poder del Comité ¡Eureka!
La archivista Bettina Gómez Oliver, quien militó de 2011 al 2015 en el colectivo de H.I.J.O.S. México —organización formada por descendientes de personas sobrevivientes de prisión política y víctimas de desaparición forzada, exilio o ejecuciones extrajudiciales— veía ese archivo amontonado en cajas de cartón en un espacio “oscuro, muy húmedo” de la casona otorgada en comodato a Eureka por el gobierno de la Ciudad de México, que desde 2012 es la sede del Museo Casa de la Memoria Indómita (Mucmi), un museo independiente dedicado a mostrar la lucha política de Ibarra de Piedra y sus compañeros contra la desaparición forzada, y por la búsqueda de sus familiares.
“Lo veía por la ventana y decía: ‘Ay, dios mío’. […] Estaba apilado, todas las cajas unas sobre otras, sobre el piso, y habían empezado a sacar el material de las cajas y a ponerlo en estas micas, dentro de carpetas de argollas —sin ningún tipo de organización—, que sirven normalmente para archivos administrativos. Tenían una etiqueta circular de diferentes colores con un número, que supongo que era el orden que le estaban dando, y que cuando las empezamos a trabajar no tenían sentido esos colores y esos números”, dijo en entrevista.
Esas cajas, que años antes estuvieron dispersas en las distintas casas de Ibarra de Piedra, en el Distrito Federal o en Monterrey; en las mesas de su casa en pilas de papeles, e incluso un tiempo en una alacena, y después fueron albergadas en la antigua casona del Centro Histórico de la Ciudad de México, comenzaron a llegar al Camena a finales de 2016.
Además de las limitaciones impuestas por la pandemia, hubo que salvar resistencias para que las más de 120 cajas de documentos que albergaba el Mucmi —dirigido por Jorge Humberto Gálvez Girón, yerno de Ibarra de Piedra— pudieran trasladarse a la UACM del plantel del Valle.
Gómez Oliver, quien es responsable de los acervos históricos del Camena, contó que cuando lo recibieron ya había pasado un proceso de ordenamiento en el que participaron simpatizantes y familiares de víctimas que se fueron relevando a lo largo del tiempo, y que tenían distintos métodos de clasificación. La iniciativa de guardar en micas cada documento pudo dañarlos: dentro del plástico se generan microclimas que incuban hongos; las etiquetas de colores que les pegaron encima, con el tiempo, entintan los papeles.
“Encontramos muchos documentos echados a perder por la humedad. Ya no había mucho que hacer por ellos, […] se aislaron para no contaminar el resto de los archivos”, dijo.
“La historia del archivo también justifica que fuera un desastre, un desorden, porque es un archivo perseguido. Muchas veces tuvo que moverse de lugar, sacar las cajas, aventarlas a una camioneta y llevártelo a otro lado, cuando el archivo estaba siendo compilado por Las Doñas [como se conocía a las mujeres que formaban parte del Comité Eureka]. Entonces se iba a Monterrey [a la casa de Ibarra de Piedra], se regresaba, se mudaba”.
Documentos que forman parte del acervo del Comité ¡Eureka! digitalizado por el Camena, los cuales dan cuenta de la lucha por la recuperación de personas desaparecidas y la liberación de presos políticos del régimen. (Marcela Turati)
Al abrirlo, en el Camena encontraron mucha correspondencia, pósters, volantes, escritos, recortes de periódicos, bases de datos, fichas con registros de personas que estaban desaparecidas después de que agentes del gobierno se las habían llevado, y fotografías de eventos de Las Doñas y de doña Rosario con diferentes personas.
Además de las complicaciones que hubo para lograr el acceso completo, tanto Gómez Oliver como su colega, la etnohistoriadora y archivista Cristina Jiménez, recordaron que fue difícil trabajar el archivo por su doloroso contenido y por la sensación de impotencia ante tanta impunidad.
“Al principio sí, hubo mucho llanto, sí, mucho. Sobre todo por los testimonios de las chicas que habían estado en alguna casa clandestina y contaban lo que habían visto, las torturas, y los casos de las chicas embarazadas. Todo ese tipo de información, porque una cosa es medio escuchar y otra estar ocho horas al día leyéndolo”, dijo Jiménez.
“El trabajo en este archivo no es fácil para la cuestión anímica”, agregó Gómez Oliver.
“Son cosas que sabías, que te enojan, que te pegan durísimo al ánimo, que horrorizan. O sea, leer sobre torturas, sobre la propia desaparición forzada, que sabes que hay tortura involucrada y demás, es muy fuerte para cualquiera. Cristina se me rompió alguna vez y le dije: ‘Déjalo un rato’”.
El acervo está clasificado en dos: el fondo “R” es el archivo personal de Ibarra de Piedra, consta de 1,561 expedientes y versa sobre su actividad pública y política.
Beatriz Torres, la directora del Camena, reconoció que hubo un momento en que la familia Piedra Ibarra quiso retirarlo. “Es entendible”, dijo, ya que contiene documentos personales. No solo sobre la madre y la activista, que fue diputada, senadora, columnista de El Universal, impulsó la fundación del Frente Nacional contra la Represión —que, a partir de la lucha de las madres de Eureka, aglutinó a más de 50 organizaciones contra el autoritarismo y la violencia de Estado en 1979—, y fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República.
Bajo las siglas “CE” está organizado lo que corresponde al Comité ¡Eureka!, con 3,496 expedientes.
Las archivistas señalaron que al menos un 25 por ciento de las personas registradas como desaparecidas forzadamente, por la falta de información que se tenía en esa época y posiblemente la precariedad o el miedo de sus familiares, ocupa solo una hoja; sus únicos datos son esos formatos escritos a mano con los nombres de cada víctima.
La lista que armaron en esa época mal llamada “guerra sucia” (desde 1969 a 1990) llegó a 557 nombres. A los que se suman 148 que fueron rescatados vivos, muchas veces gracias a la presión de las familias organizadas en Eureka.
Doña Rosario coleccionaba toda la información que obtenía o se publicaba de su hijo Jesús Piedra Ibarra, detenido-desaparecido en 1975, pues ocupa alrededor de siete tomos.
El archivo del Camena no solo tiene esas referencias sobre los “vuelos de la muerte”. Otra de las copias que las responsables entregaron a esta reportera es una referencia a escritos del general José Francisco Gallardo —encarcelado entre 1993 y 2002 por haber propuesto la creación de un ombudsman militar—, en la que menciona que en 1971 recibió a una veintena de civiles encapuchados y atados que estaban en la Comandancia de la Zona Militar. Que después supe que fueron ejecutados tirados desde un avión militar a un lago, en el grupo se encontraba una persona allegada al entrante Presidente de la República Luis Echeverría, lo que provocó una investigación, el relevo del Comandante del Regimiento y la consignación de los responsables (todos militares); por supuesto que, al igual que a los que victimaron, fueron torturados y mantenidos incomunicados por más de seis meses en los sótanos de la policía judicial militar y en las negras (celdas de castigo) de esta prisión militar, pero más tarde por su “lealtad” y silencio se les otorgó absolución.
Imagen de una publicación perteneciente al archivo de la integrante de Las Doñas de Eureka, Sara Hernández, esposa del detenido-desaparecido Rafael Ramírez Duarte. (Marcela Turati)
“Sentíamos miedo”
Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977, quien fue muy cercana a Ibarra de Piedra y una de las cofundadoras del Comité ¡Eureka!, recordó que a casa de doña Rosario todo el tiempo llegaba gente que quería declarar o que traía denuncias que enviaban presos políticos; pocas veces llegaban por correo postal.
Las Doñas de Eureka, como se les conocía, tomaban los testimonios en un formato creado por el comité, que compilaba también los datos básicos de cada declarante y de la persona que había sido detenida y desaparecida.
Otros documentos valiosos que conservaban, dijo, son los del Frente Nacional contra la Represión, que crearon con todas las agrupaciones y personas solidarias después de la huelga de hambre en la Catedral de la Ciudad de México en 1978 para reclamar la presentación con vida de los desaparecidos, y que incluyen también la historia de leyes que después se aprobaron, como la Ley de Amnistía o la Ley de Organizaciones Político-Electorales.
Hernández explicó que Ibarra de Piedra era desconfiada con la información que le entregaban, y que cuando algo le inquietaba lo consultaba con sus contactos de alto nivel. Tenían razón para la desconfianza: en sus primeros años sentían miedo. Recordó que un ex preso político que acababa de sobrevivir a torturas y estuvo a punto de ser desaparecido —“se llamaba Domingo Estrada”—, después de mucho meditarlo se animó a contactar a doña Rosario y le dio su testimonio, y “jodidamente, diez días después lo mataron”. Fue en 1980. El cuerpo de Estrada no apareció, con él secuestraron a dos niños hijos suyos.
En las casas de la luchadora social, en la calle Medellín de la colonia Roma, o en la de Culiacán en la Condesa, las víctimas siempre encontraban puertas abiertas, apapachos, el respaldo para brindar sus testimonios o para levantar denuncias ante ministerios públicos. Cuando las familias eran muy pobres les daban apoyo económico.
Hernández tiene su propio archivo con recuerdos de aquella lucha que dieron y siguen dando por encontrar a sus familiares desaparecidos. Las paredes de la sala están adornadas con fotografías de Rafael y de la familia que construyeron en común, imágenes de momentos históricos y afiches de esos años. Tiene una mesa con álbumes de documentos.
Para el historiador Camilo Vicente, autor de Tiempo Suspendido: una historia de la desaparición forzada en México 1940-1980, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, uno de los aprendizajes de los nuevos hallazgos, que se suman a lo que ya se conocía sobre la existencia de los “vuelos de la muerte”, es que para la reconstrucción de la memoria se requiere buscar no solo en los archivos oficiales, los llamados archivos de la represión, sino en otros como el de Eureka, perseguidos, creados con amor y —a pesar del miedo— alimentados por años.
Foto del convenio entre la UACM y el Comité ¡Eureka! para la sistematización y digitalización de los archivos de la lucha de las familias por la presentación de sus familiares desaparecidos forzadamente y de la vida pública de Rosario Ibarra de Piedra. (Marcela Turati)
Foto de portada: En Memórica, un repositorio digital de archivos, se pueden consultar documentos del archivo del Comité ¡Eureka! (Captura de pantalla)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Texto de Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos. Puedes leer la publicación original aquí.
Las buscadoras exigieron una reunión interinstitucional con titulares de la CNB, CEAV, Poder Judicial, el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para presentar las demandas y necesidades de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Texto: Tamara Mares / Animal Político
19 de agosto del 2024
Un grupo de madres buscadoras tomó el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México la tarde de este domingo en protesta por la crisis de desaparecidos en el país, pues explicaron que si la bandera mexicana sigue puesta por la noche es señal de guerra, y ellas están “en guerra con las autoridades” ante la falta de resultados.
Un grupo de unos quince manifestantes llegó al Zócalo alrededor de las 15:00 horas con lonas que mostraban las fotografías de personas desaparecidas que buscan las madres de estos colectivos, que incluyen casos de estados como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Sinaloa.
“Nosotras vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, las noches que sean necesarias, porque la bandera de México no debe ondear de noche en tiempos de paz”, explicó Delia Quiroa, integrante del Colectivo 10 de Marzo que busca a su hermano Roberto Quiroa.
“Como las víctimas estamos en guerra con las autoridades que deberían de apoyarnos, fiscalías y juzgados, estamos dejando la bandera de noche”.
Entre sus exigencias, planteó la activista, están la presentación de avances en las investigaciones de los casos de la desaparición de Carlos Palomares Maldonado y Miguel Ángel Hernández Sánchez, así como de otros familiares desaparecidos de las buscadoras.
Asimismo, solicitaron una reunión interinstitucional con los titulares de organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña; el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Seis horas después de la llegada de las manifestantes al Zócalo capitalino, representantes de la CNB arribaron para dialogar con las buscadoras y ofrecer una reunión inicial con funcionarios de la Comisión, a lo cual contestaron que lo analizarían pero mantuvieron la exigencia de un encuentro con las demás autoridades.
Laura y Paty exigen a las autoridades avances en los casos de sus hijos desaparecidos
Las madres buscadoras Laura y Patricia de la Cruz se sumaron a la manifestación realizada en la capital del país para demandar que las autoridades locales y federales brinden atención a los casos de desaparición de sus hijos, Miguel Ángel Hernández Sánchez y Fernando Hernández de la Cruz, respectivamente.
El joven Miguel Ángel fue desaparecido el 25 de agosto de 2019 en Reynosa, Tamaulipas, relató la señora Laura, y la última información que tuvo sobre el caso es que su hijo se encontraba en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Morelia, Michoacán.
“La misma autoridad me lo ha desaparecido, porque primero lo habían localizado en Matamoros, Tamaulipas, y de ahí me lo movieron –que fue cuando apareció luego luego– en Morelia, Michoacán, y de ahí la misma autoridad ya no me dio información de él”, detalló Laura.
“Me hace mucha falta. Yo sólo pido y quiero que me ayuden a localizarlo, que me lo entreguen y me lo regresen”.
“Que nos regresen a nuestros hijos”, exige madre buscadora
Con respecto a Fernando, expuso su madre, fue desaparecido junto con otros dos amigos suyos el 22 de junio de 2022 en Altamira, Tamaulipas.
“Estoy peleando para que regrese mi hijo, porque fueron las mismas autoridades las que dieron parte para que se llevaran a mi hijo”, recalcó Patricia de la Cruz.
A dos años de su ausencia, no ha tenido avances en la investigación del caso ni apoyo de las autoridades locales o federales, e incluso se ha turnado a cinco diferentes ministerios públicos. En su opinión, a lo largo del sexenio actual no se han registrado avances en materia de personas desaparecidas, motivo por el cual se manifestaron para exigir un diálogo con las autoridades.
“Nosotros buscamos tener una plática, los colectivos y papás que tienen a sus hijos desaparecidos, tener pláticas y que nos hagan justicia y nos regresen a nuestra familia”.
Buscadoras toman asta bandera del Zócalo; piden apoyo ante posibles agresiones de grupos de choque
El Colectivo 10 de Marzo y Quiroa pidieron apoyo de otras víctimas y de la sociedad con su presencia y con carpas y otros insumos para protegerse del clima.
“Solicitamos del apoyo de la sociedad, de los medios de comunicación, en especial de las víctimas en Ciudad de México y de los demás estados que tampoco somos escuchadas. AquíNosQuedamos en el Zócalo y en medio del dolor y de las inclemencias del clima solicitamos carpas, lonas, casas de campaña para protegemos”, publicó el Colectivo en sus redes sociales.
Quiroa denunció que “grupos de choque nos quieren agredir”.
Además, llamó a olvidar diferencias entre los colectivos de buscadoras y unirse para exigir justicia.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
La historia de María Demetria, quien murió sin encontrar a su esposo Gersain, será parte de la exposición Tejer Memoria, que se inaugura este viernes en la casa Rafael Galván como homenaje a quienes fallecieron en la búsqueda.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Foto: Lizbeth Ovando
09 de agosto del 2024
María Demetria Martínez se esmeró tanto en documentar la búsqueda de su esposo desaparecido que llegó a escribirle a sus hijas en un cuaderno las instrucciones específicas para viajar a Piedras Negras, Coahuila, desde la salida de su casa hasta las rutas de transporte que debían tomar llegando a Saltillo. Hasta el día de su muerte, nunca dejó de decirles que era su obligación seguir buscando a su papá.
Demetria no hablaba mucho, pero apuntaba todo: el día que había buscado, cuándo había sido recibida por autoridades, qué le habían dicho, qué había descubierto o aprendido en determinada fecha…
El detalle de las indicaciones para llegar a Coahuila es el que más conmueve hoy a Carmen, mientras recuerda la picardía y generosidad de su mamá.
El 26 de octubre de 2016 Demetria dejó de existir por motivos de salud, agravados por los estragos físicos y emocionales derivados de buscar a su esposo Gersain, que desapareció el 21 de marzo de 2009 a sus 36 años de edad, junto con otras 11 personas. A casi ocho años de su muerte, Carmen y Liz honrarán su memoria con rosas, crisantemos y notas musicales como componentes centrales.
Fotografías intervenidas con esos elementos, también relacionados con su propia iniciativa de bordado Corazones robados, formarán parte de la exposición Tejer memoria: El legado de quienes nunca dejaron de buscar, que hoy llega a la galería Rafael Galván en la colonia Roma de la Ciudad de México con el planteamiento central de contar las historias de quienes perdieron la vida sin conocer qué ocurrió con sus familiares desaparecidos.
Liz y Carmen, que tenían 15 y 12 años respectivamente cuando su papá desapareció, vivían con sus padres en Ecatepec, Estado de México. Él se dedicaba a la venta de pinturas casa por casa, labor que lo llevó a Piedras Negras junto con sus compañeros. De las tres camionetas en las que iban, solo regresó una; cuando el dueño dejó de tener contacto con las otras dos, ingresó una denuncia.
María Demetria recibió una última llamada de Gersain, en la que le avisaba que una de las camionetas, con seis personas, había desaparecido; después, en la búsqueda de sus amigos, también se perdió el rastro de aquella donde iba él. Su esposa inició su búsqueda cuando aún no se sabía mucho sobre desaparición, no existía la ley en la materia, no se había tipificado el delito y en primera instancia se pensaba que era un secuestro.
“Desde el día uno, la acompañamos en la búsqueda”
Al principio, la búsqueda incluso fue a solas, hasta que María Demetria conoció a otras personas que vivían las mismas circunstancias y se unió al primer colectivo de personas buscadoras de Coahuila, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec).
“En ese transcurso desde 2009 hasta 2019 pertenecimos a Fundec, ya después nos separamos. Lo que ella hizo fue hacer la búsqueda en Coahuila, pero también nos incluía, nunca nos ocultó la verdad y siempre nos dijo qué había pasado realmente con mi papá. Desde el día uno sabíamos lo que había pasado, desde entonces la acompañábamos a la búsqueda”, relata Liz.
Carmen subraya que desde la primera llamada hasta el fallecimiento de su mamá afrontaron todo junto a ella. La denuncia se promovió en los ámbitos estatal y federal, y la familia cooperó en todos los aspectos correspondientes, pero no ha habido ningún resultado; apenas un avance mínimo una vez que cambiaron a un Ministerio Público federal.
“Hay un análisis de contexto que nos han explicado cuál fue la ruta, pero de ahí en fuera a nivel estatal tampoco hay resultados. También ya se hizo un análisis de toda la red de vínculos, pero como nuestro caso ya es del mal llamado ‘larga data’, pues no hay un resultado. Aunque tengamos la denuncia federal y estatal, no vemos avances”, lamenta Liz.
Con esa misma incertidumbre falleció María Demetria en 2016. Carmen cuenta que ya tenía diabetes, y a raíz de la desaparición de su papá y durante el proceso de búsqueda, su salud se fue desmejorando. El tipo de vida que conlleva ser una persona buscadora –subraya– no permite cuidarse por completo, y desgasta física y emocionalmente.
Sus hijas recuerdan que su vida cambió de manera radical desde el primer día, empezando por el hecho de que su papá era el sustento económico de la familia. Su mamá tuvo que emprender la búsqueda al mismo tiempo que trabajaba para subsistir junto con sus hijas.
“También cambió nuestra forma de ver el espacio, porque el movernos a Coahuila, porque allá desapareció, en Piedras Negras, fue un cambio muy radical porque son 12 horas en camión, luego pagar el pasaje, si íbamos a ir las tres o solo una; fue un cambio muy difícil, pero creo que fue reconfortante el haber colectivizado el caso, el acompañamiento de otros familiares es fundamental para el trabajo que se hace”, detalla Liz.
Familias que tejen memoria: “no se trata de cifras”
Además de la historia de María Demetria, la exposición Tejer Memoria. El legado de quienes nunca dejaron de buscar contempla la de otra familia mexicana, Lupita Rodríguez y Josué Molina, dos guatemaltecas, dos hondureñas y una de El Salvador, para un total de siete.
En entrevista, Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, que está a cargo de la exposición, explica que podrán apreciarse fotografías intervenidas con bordados de las familias, pero también video y audio testimonial de otros integrantes.
Considera que se compone de testimonios potentes que tendrán un impacto considerable porque abordan lo que ocurrió dentro de la familia a partir de la desaparición, la lucha y dedicación de las personas que buscaron, así como lo que significa su ausencia para la familia ahora que ya no están. “Es el lado humano, el lado familiar atrás de la figura pública”, señala.
Las familias –que fueron parte esencial de la exposición desde su concepción hasta su ejecución– trabajaron también en la reconstrucción de testimonios en primera persona, como si se tratara de la voz de la persona desaparecida. Desde su perspectiva, eso es lo que conmueve a escuchar y ver los diferentes elementos, que se hicieron siempre junto con los familiares.
Destaca igualmente el esfuerzo de los bordados en las fotografías, realizado no solo por la familia directa, sino también por personas que acompañan o forman parte de colectivos que quisieron contribuir como un acto de solidaridad a la memoria de la persona. “El bordado es significativo, representa algo del núcleo familiar de la persona desaparecida o de la que falleció durante la búsqueda”, añade Dubois.
El mensaje principal que, como organizador, le gustaría transmitir al CICR es que no se trata de cifras de personas desaparecidas, sino de personas, del impacto a largo plazo, de la necesidad o el deber forzado de no parar la búsqueda y de entender que el deseo de conocer el paradero, saber lo que ocurrió y tener una memoria de la persona desaparecida es algo que también se transmite y no se acaba cuando la figura principal de la búsqueda fallece.
“Este deseo sigue y está transmitido, por supuesto también a nivel del Estado, de las autoridades que deben liderar este proceso de búsqueda. Este fallecimiento no significa que ya no hay que hacer nada; al contrario, hay que seguir”, asegura.
Herencias, memoria y exigencia
Ese fue precisamente el principio que María Demetria le transmitió a sus hijas, aunque el tema de la herencia de búsqueda sigue siendo una discusión compleja entre las familias. Por ejemplo, Liz revela en voz baja que a ella no le gustaría que sus hijos hereden la labor que han sostenido ella y su hermana tras la muerte de su madre.
Para ellas, por lo pronto, las acciones que siguen emprendiendo, como esta exposición, apuntan al mismo tiempo a la memoria, la sensibilización y la exigencia. “Lo que queremos es sensibilizar a la sociedad sobre estos temas y prevenir, y que vean que no son casos aislados; no queremos meter terror, pero todos estamos expuestos a que nos pueda pasar”, dice Liz.
En la misma medida, buscan reiterar su exigencia al Estado en el sentido de que deje de pasar por alto los temas de desaparición forzada, violencia e inseguridad. “Creo que es importante que la sociedad también exija al Estado esta seguridad, y también la memoria. La acción de memoria es muy importante porque a veces solo los ven como números”, añade.
Aunque no es el caso de su mamá, Carmen y Liz remarcan igualmente la importancia de visibilizar a las madres buscadoras que han sido asesinadas en ese proceso, y que en esos casos son también otros familiares los que continúan con la búsqueda.
“Visibilizar y dejar plasmado el trabajo de mi mamá, todo lo que dedicó en la búsqueda de su esposo. Yo recuerdo con la enjundia que decía: ‘es que tengo que entregarle a su papá a mis hijas’. Dejar marcado el trabajo que ella realizó en vida; sí siento que el Estado tiene la culpa: es por enfermedad, pero se deterioró mi mamá por tanta preocupación y tanta lucha”, señala Carmen.
Sin la desaparición de su papá –sostiene— habrían llevado una vida más tranquila, por lo que quiso reflejar en la exposición el amor de su mamá en la búsqueda de su papá, que es lo que más la enorgullece. “Ella nos encargó igual, en su amor hacia mi padre siempre dijo que, si ella llegaba a faltar, no lo olvidáramos; era su preocupación”, añade.
Como un acto de memoria ante todo ello, para la exposición bordaron fotografías con significados especiales o que se identificaran con la historia. En el caso de María Demetria, fueron rosas y crisantemos, que le gustaban mucho, y notas musicales para Gersain. Para ellas, el recuerdo más valioso de su padre es cuánto le gustaba la música.
De hecho, en la mesa frente a la que hablan, reposa una fotografía de Gersain en una hoja tamaño carta con unas cuantas flores pequeñas bordadas que dice: “mi papá. Gersain Cardona Martínez. Le gusta jugar básquet y comer, por él me gusta la música y la radio. Te seguiré buscando”. Gersain cumplió 52 años de edad apenas este 12 de julio.
Dónde y cuándo ver la exposición
Tejer Memoria. El legado de quienes nunca dejaron de buscar llega a la Ciudad de México después de haberse exhibido dos semanas en Honduras, del 23 de julio al 3 de agosto. En la casa Rafael Galván se inaugura este viernes 9 de agosto a las 12:00 horas, y permanecerá ahí hasta el 10 de septiembre. Podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
Además, contempla una programación de eventos especiales: el sábado 17 el conversatorio “El derecho a saber: resolver la suerte y paradero, un imperativo humanitario” de 15:00 a 16:00 horas; el viernes 23 el diálogo “Vivir con la desaparición: garantizar el derecho a la salud y el bienestar psicosocial”, de 14:00 a 15:30 horas; la participación en la Noche de Museos del miércoles 28 de agosto con una sesión colectiva de bordado de 17:00 a 20:00 horas; el conversatorio “El legado de quienes no dejaron de buscar: arropar la búsqueda y mantener viva la memoria” el 4 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas, y un sábado de galería abierta el 24 de agosto de 10:00 a 18:00 horas.
Liz y Carmen, ahora de 30 y 27 años, esperan que la exposición genere una reacción: “Que todo el trabajo que ha hecho tanto el CICR como nosotras sea reconfortante con la sensibilización, y que la sociedad lo visite y tenga en cuenta estos temas, que son de terror, se podría decir malos, pero también tienen algo que visibilizar y prevenir”.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
La Fiscalía General del Estado de Zacatecas pidió disculpas públicas a la señora Natividad Guerrero y otros familiares de personas desaparecidas por las graves violaciones a sus derechos humanos, cometidas durante sus procesos de investigación y búsqueda reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la desaparición de sus familiares hace 14 años.
Texto: Ana Paula Carbonell / ZonaDocs
8 agosto del 2024
Ilustraciones por CEPAD
La Fiscalía General del Estado de Zacatecas ofreció disculpas públicas por la desaparición de cuatro personas ocurrida hace 14 años en esta entidad.
La disculpa pública fue parte de la recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que reconoció la afectación al derecho de búsqueda, localización e identificación; así como el derecho a la verdad y el acceso a la justicia en el caso de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero (hija de Natividad Guerrero) y Luis Ramón Enciso Ramírez (esposo de Dalia Guadalupe) quienes fueron desaparecidos el 30 de septiembre de 2010 en Calera, Zacatecas.
Natividad Guerrero ha estado al pie del cañón en la localización de su hija Dalia y su yerno Luis Ramón, una lucha que al día de hoy se rehúsa a abandonar, a pesar de la incompetencia de las autoridades. Ha liderado protestas, búsquedas en campo, colectivos y ha formado parte de estrategias legales para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Ella denunció que tanto la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, junto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, trataron de manera revictimizante, le dieron largas para continuar su caso y actuaron de manera tardía. Por eso mismo la CNDH emitió la recomendación 167/2023 en agosto del 2023, que confirmó la “dilación en las investigaciones, falta de debida diligencia y de atención a víctimas por parte de trece personas servidoras públicas”.
El 7 de agosto del 2024, casi un año después de que ésta se emitió, Cristian Camacho Raya, Secretario General de Justicia de Zacatecas, comenzó dándole la bienvenida a Natividad Guerrero, Ramon Enciso Garcia, y Ernesto Cruz; todos familiares de las personas desaparecidas en 2010, para después disculparse.
“Rechazamos el actuar de los funcionarios, pues ellos fueron quienes cometieron las vulneraciones fundamentales de las víctimas directas e indirectas. Como titular de la institución, les ofrezco una sincera y respetuosa disculpa”, comentó Camacho Raya.
El Secretario General prometió que esta disculpa sería el primer paso para corregir los errores que se cometieron. “Reconocemos que no se cumplieron con los requisitos, que se perdió evidencia clave, lo cual hizo perder tiempo esencial en la búsqueda de las víctimas directas y dejó a las víctimas indirectas en la oscuridad sobre sus casos.” Mencionó que hubo cambio de personal y se buscará seguir capacitando al equipo para que no se vuelva a repetir.
Después, Deysi Janett Montez Marquez, Fiscal Especializada para la Medición de la Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida Por Particulares de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas pasó al frente para disculparse con las familias:
“Estoy aquí para expresarles mi más gratificante disculpa ante las circunstancias que vivieron. La Fiscalía tiene un compromiso con ustedes y las madres buscadoras. El realizar las búsquedas de manera constante, el integrar las carpetas de investigación de manera diligente y exhaustiva. Haciendo uso de todas y cada una de las herramientas que la tecnología nos da. La investigación no descansa. Estoy comprometida con ustedes”, comentó Montez Márquez.
La Fiscal hizo hincapié en la importancia de que los organismos públicos de todos los estados colaboren para un proceso de investigación mucho más integral. Que esta disculpa debe ser un parteaguas para que se tomen las medidas necesarias para que la búsqueda de personas desaparecidas no implique la revictimización ni la omisión a las víctimas.
“Haremos todo lo posible por encontrarlos. Nuevamente, como titular de la institución, les pido nuevamente una gran, sincera, y sobre todo, respetuosa disculpa.”
A continuación, pasó Natividad Guerrero al podio a hablar. Comenzó recordando el largo camino que ha recorrido durante estos 13 años en la búsqueda de Dalia y Luis, andar en el que a la par ha tenido que cuidar y criar a su nieto. Denunció que ha sido un martirio encontrarse con tantas trabas de las instituciones que se supone deberían estar de su lado para localizar a sus familiares. Ha sido cuestionada, victimizada y negada de información sobre el caso de Luis y Dalia.
“Esta disculpa es lo mínimo que pueden hacer las autoridades ante la omisión y negligencia que causaron tanto dolor a las víctimas directas e indirectas.
También comentó que le tomó años darse cuenta de que no era su responsabilidad buscar y dar información a las autoridades, sino que ese era el trabajo de las fiscalías, sin embargo, se rehusaban a hacer su trabajo:
“Ha sido un largo camino, pero se logra un gran avance. Me dijeron que no iban a buscar a mis familiares porque había pasado mucho tiempo. ¿Cómo explicar a un niño de tres años que sus padres desaparecieron?”.
Terminó su discurso con lágrimas en los ojos, recordándoles a todas las autoridades presentes que aún faltan Dalia y Luis. No pierde la esperanza de encontrarlos con vida, por lo que, espera que esta disculpa pública se vea reflejada en acciones reales que verdaderamente abonen a la búsqueda de sus seres queridos. Cerró con un mensaje a la sociedad:
“Ojalá las personas puedan empatizar con nosotras, y no dejarnos solas. Acompañarnos en las búsquedas y solidarizarse. Porque lo que me preocupa es que mientras los desaparecidos no sean sus desaparecidos, no entenderán la magnitud del problema. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
El público le contestó en eco, ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¡No estás sola!
¿Qué sigue después de la disculpa?
La disculpa pública de la Fiscalía de Zacatecas es un gran paso para la reparación y la justicia. Sin embargo, hay un largo camino por delante. Karolina Chimiak, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) mencionó que después de la disculpa queda pendiente lo más importante: la localización de Dalia Guadalupe y Luis Ramón. La responsabilidad ahora fue asumida por los organismos responsables, por lo que, habrá que hacer un seguimiento de sus acciones de ahora en adelante.
La recomendación emitida por la CNDH no solo menciona la disculpa pública. También menciona la obligación de garantizar las necesidades e interés superior de la niñez, esto en el caso del hijo de Dalia Guadalupe y Luis Ramón, a quien el Estado Mexicano debe garantizar su derecho a la educación básica y superior. Además, precisa la creación de un sistema para comunicarse con los familiares de personas desaparecidas, apoyo psicológico sin costo, registro en el Registro Estatal de Víctimas para gestionar reparaciones, compensación económica, y la inclusión de los adultos mayores en programas gubernamentales de asistencia.
A la par, la comisión especial de búsqueda que ordenó crear el tribunal colegiado para investigar el caso seguirá activo. En él, participarán la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNDH y el Ejército, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y el CEPAD.
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Si deseas escuchar la transmisión de las disculpas públicas, puedes revisar el video del evento en la página de FaceBook de la CEPAD.
Este texto es original de ZonaDocs y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Texto: Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos
7 de agosto del 2024
Una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido
Hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos, una lista con 183 nombres de personas detenidas entre abril de 1972 y diciembre de 1974, que habrían sido desaparecidas en 25 vuelos que despegaron de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, desde donde fueron arrojadas al mar.
El informante le dejó una carta en la que se lee, textualmente: “Tengo en mi poder relacion de los vuelos efectuados que creo que le serviran de mucha ayuda para que se investigue directamente a [el capitán] Javier Barquin ya que el fue el autor material de esos crimenes. Como comprendera no puedo arriesgar a mi familia por eso le hago llegar estos documentos con un propio”.
La misiva, con fecha del 26 de mayo de 2004, iba acompañada por cinco hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas, los cadáveres de las 183 víctimas, todas identificadas con sus nombres.
De confirmarse la información en poder del Comité Eureka, que fundó Ibarra de Piedra, sería la primera revelación de las identidades de personas desaparecidas en los “vuelos de la muerte” en México: 174 hombres y nueve mujeres, quienes fueron registrados con sus nombres completos, sus “seudónimos” como militantes o guerrilleros, el lugar y la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que las detuvieron.
Diez corresponden a la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), cinco a la Policía Judicial de Guerrero, y las restantes a manos del Ejército: 116 capturadas por elementos de la 27a Zona Militar ——distrito cuya sede en esa época estaba en El Fuerte de San Diego; actualmente en Acapulco—, 32 por la Policía Militar, y 17 por el Batallón de Fusileros Paracaidistas..
Entre los nombres figuran el fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón —registrado en el cuarto viaje con una cruz, una clave en los registros militares de que la persona murió cuando era torturada—. También está el músico y cantautor Rosendo Radilla —a bordo del tercero—, por cuya desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México por los crímenes de Estado del periodo conocido como la “guerra sucia”.
La inédita información, que desde 2004 reposaba como un papel más en los archivos del Comité Eureka, es actualmente analizada por personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia e investigadoras de organizaciones de derechos humanos que representan legalmente a víctimas de ese periodo histórico o son independientes, quienes han encontrado similitudes con otros documentos generados por el Ejército y la DFS durante esa época, así como coincidencias con los datos de los registros de las personas desaparecidas esos años, y con testimonios y documentos oficiales sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Los especialistas aún no han llegado a una conclusión.
Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979 el Ejército mexicano utilizó los “vuelos de la muerte” para deshacerse de quienes consideraba sus opositores. Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Por eso, esta nueva información es devastadora para muchas familias.
Hasta el momento no ha sido posible determinar si Benjamin Apresa, el firmante, es el nombre real del supuesto delator. Su nombre no aparece en los organigramas de quienes participaron en la contrainsurgencia en ese periodo. Aún está por resolverse si era información falsa para entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus búsquedas. Lo que queda claro es que su autor conocía bien la logística de la desaparición de personas.
A pesar de eso, esta semana diversas autoridades comenzaron a distribuir el documento a líderes de colectivos de víctimas y a familias de las personas mencionadas en las bitácoras, que a su vez lo compartieron con más familias de víctimas. A algunas de las ya informadas se les contactó para ser entrevistadas para este reportaje para no ocasionar más impactos emocionales.
“Cuando me avisaron de la lista y que aparece mi papá sentí un vuelco en el corazón, empecé a llorar en silencio, tratando de asimilar la información que estaba recibiendo, pensando lo que sufrió, que lo arrojaron al día siguiente de que lo capturó el ejército”, dijo en entrevista Angélica María Ramírez Hernández, hija de Gorgonio Santiago Alvarado, quien es registrado en el “viaje 23” junto a otras cinco personas, dos de ellas mujeres.
Ella habló del impacto de la noticia: “Ya va a cumplir 50 años desde que se lo llevaron y hasta hace menos de un mes aparece una ruta de esto, pero la sensación es que si esto le pasó nunca vamos a poder recuperar los restos, y que lo asesinaron de esa forma, que de todas las alternativas escogieron ese método. Siempre pensando si le rompieron los huesos, si lo torturaron con choques eléctricos, si lo picaron y lo aventaron al mar, si los aventaban vivos, No alcanzo a imaginar todo ese terror”.
Ramírez Hernández pertenece al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez; su padre fue capturado por el ejército el 24 de noviembre de 1974 y llevado en helicóptero a la base militar de ese municipio. Ella aún no cumplía dos años de edad. Ha pasado su vida esperándolo.
“No he podido decirle a las familias que conozco, a las que aparecen sus familiares. No es porque no merezcan saberlo, sino porque quiero dejar a la autoridad que nos explique si la lista es cierta o no, que nos expliquen lo que han investigado”, dijo entristecida luego de que un exfuncionario de la Comisión Nacional de Búsqueda le dio la noticia.
El nombre de Gorgonio Santiago Alvarado, desaparecido por el ejército en 1974, está registrado en el “viaje 23” consignado en el documento. (Óscar Guerrero / Cromática/ Obturador MX)
‘Metidos en el avión para arrojarlos al mar’
La mayoría de las personas mencionadas en la lista de “los viajes” (el documento original no los registra como vuelos) fueron capturadas en Guerrero —164 del total— durante la feroz persecución, por tierra y aire, de militares, agrupaciones especiales y judiciales contra la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, el profesor que fundó el Partido de los Pobres, movimiento en el que participaba Gorgonio Santiago. El castigo fue también contra los pobladores de la costa y la sierra que eran sospechosos de simpatizar con Cabañas o se apellidaban como él.
Del resto de las personas registradas, siete fueron detenidas en Michoacán, cuatro en Hidalgo, dos en el Distrito Federal, dos en el Estado de México, una en Morelos, otra en Oaxaca y una más cuyo lugar de captura no se especifica.
Solo cuatro fueron detenidas en 1972, once en 1973, y el resto, 168, en el mortífero año de 1974, cuando —sugiere la carta— fueron asesinados.
“Como le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto”, escribió, textual, el informante en la carta escrita con mayúsculas y dirigida a Rosario Ibarra de Piedra.
El desertor se refiere a Javier Barquín Alonso, segundo comandante del grupo operativo de la Policía Militar y del temido Grupo Zorba, que trabajaba bajo el mando del coronel de infantería Francisco Quirós Hermosillo, operador de la salvaje represión. Se sabe que Barquín era el encargado de registrar en “un libro de pastas negras” la relación de los “paquetes”, como en el argot militar se referían a las personas presas en cárceles clandestinas, que serían torturadas para extraerles información y después —en su mayoría— desaparecidas.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) acusa a estos militares —y al general Mario Arturo Acosta Chaparro— de haber desaparecido a 143 personas. Calcula que durante la contrainsurgencia 1,200 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra 532 casos.
El informante menciona el avión Aravat, aunque su nombre correcto es Arava; se refiere a las aeronaves de fabricación israelí compradas por el gobierno mexicano, diseñadas para transportar carga, sobrevolar superficies y practicar el paracaidismo, pero que fueron usadas para desaparecer guerrilleros y disidentes políticos y, posteriormente, traficar droga.
La carta no era conocida, hasta ahora, por las familias que desde hace medio siglo exigen al gobierno la presentación con vida de sus seres queridos detenidos-desaparecidos durante el periodo de la mal llamada “guerra sucia”, tampoco por sus representantes legales ni por quienes han investigado de manera independiente la represión en esa época.
El documento pasó 20 años inadvertido en los archivos del Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, como se conoce al Comité Eureka. Fundado en 1977 por doña Rosario a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1974, aglutinó a cientos de familiares de personas desaparecidas en el país por su militancia o afinidad con movimientos políticos, sociales o armados que el régimen priista veía como una amenaza.Esta reportera recibió la lista al solicitar documentos del archivo de Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, digitalizó, ordenó y clasificó por varios años, y que planea publicar en septiembre. Dos integrantes de Eureka consultados para este reportaje dijeron que desconocían la existencia de la carta.
Extracto de un expediente de los juicios contra tres militares (Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Javier Barquín) en 2002, en el que se reconstruyeron los “vuelos de la muerte” con base en las declaraciones de miembros del ejército. (Captura de pantalla)
Nuevas pistas
Tres expertos que revisaron el documento consideran la lista como “plausible” y su contenido “coincidente” con otros documentos generados en esa época.
“¿Quién tiene esta información reunida en esa época? ¿Quién puede tenerlo todo? ¿Quién puede saber qué corporación y en qué fecha detuvieron a quién y lo de los vuelos? Pues la DFS o el ejército”, opinó Javier Yankelevich, quien fue jefe del Equipo Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente durante la “Guerra Sucia”, perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El historiador obtuvo por su cuenta la relación de vuelos al solicitar todo el acervo de Eureka vía Transparencia.
“Solo para indagar esta lista se necesitaría otra comisión de la verdad; este es el inicio de lo que debería de ser una gran investigación y no el fin”, consideró en entrevista, tras conocer los papeles, el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a varias víctimas de las llamadas “desapariciones del pasado”.
Otras personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia que han tenido acceso al contenido de la carta también lo consideran verosímil. Notaron que coinciden fechas, lugares de detención, compañías participantes, seudónimos, así como el estilo de redacción y la manera de registrar de la Sedena y la DFS, que son similares a otros documentos bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN).
Sin embargo, algunos especialistas piden cautela. “El documento en sí tiene mucha relevancia, aunque no podamos decir que todo su contenido efectivamente trata de los ´vuelos de la muerte´. Es muy relevante porque nos permite hacer preguntas y abre una línea de investigación sobre los vuelos. Si después de una investigación seria resulta que no tiene que ver con esto, de todos modos va a estar relacionado con otras cosas sobre las estrategias de contrainsurgencia”, estimó el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, uno de los instrumentos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Consideró que se requiere un análisis más profundo del documento para dar por válido su contenido. Al experto le llama la atención que la relación de viajes, en sí misma, no contiene la palabra vuelos —como sí aparece en otros archivos históricos—, solo viajes, y que carece de un título que indique de qué es el listado y de la fecha en que se hicieron los traslados.
Lo que llamó la atención al Centro Prodh, tras un primer análisis, es que incluye 13 nombres que no están mencionados en fuentes abiertas o en registros oficiales o en las listas de víctimas de la CNDH, la Comverdad de Guerrero, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), los archivos de la represión encontrados en el AGN, u otras investigaciones de esclarecimiento histórico. También considera relevante que de un número elevado, 170 nombres, haya coincidencias con distintos informes.
De las 183 personas enlistadas, 40 no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).Hasta ahora no se habían mencionado las identidades de las posibles víctimas de los crímenes cometidos hace medio siglo, solo los tipos de aeronave —al menos dos aviones Arava de manufactura israelí y un número no identificado de helicópteros que despegaban de las costas de Guerrero—, los métodos de ejecución, los nombres de los generales y capitanes que ordenaban los operativos y de los subalternos que los llevaban a cabo, y los modus operandi que confesaron pilotos, mecánicos y militares de distintos rangos en el juicio que la Procuraduría General de Justicia Militar entabló en 2002 contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y el ya retirado Barquín Alonso, por las desapariciones forzadas de 148 personas, a la par de otro juicio por narcotráfico. Los dos últimos murieron durante el proceso, mientras que Acosta fue absuelto.
El nombre de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue registrado en el cuarto viaje. Estas fotos son de los archivos de la DFS, la corporación que se encargó de sus torturas e interrogatorios.
Señalan coincidencias
Yankelevich, historiador que este sexenio estuvo a cargo de la unidad que investigaba las desapariciones del pasado en la CNB, de donde fue despedido este año, pidió por transparencia el archivo digitalizado por Camena y comenzó sus propios cotejos. Releyó la confesión que en 1975 envió desde Petatlán, Guerrero, a su casa en Mexicali, el soldado Benito Tafoya Barrón, en la que se refiere a los mortales vuelos en los que participó; el AGN tiene una copia.
Tafoya formaba parte de una de las unidades que cercó y atrapó al guerrillero Lucio Cabañas. La misiva contiene dos datos que llamaron la atención de Yankelevich. Habla de dos mujeres que acababan de ser arrojadas al Pacífico —en el viaje 23 se mencionan los nombres de dos mujeres—, y cuenta que participó en la captura de Cabañas y en echar al mar a uno de sus acompañantes. Efectivamente, en el “viaje 24” de la lista aparece Marcelo Serafín Juárez, un menor de edad, quien fue el único compañero del líder guerrillero del que, tras ser detenido, aún se desconoce su paradero.
La carta del soldado, publicada por primera vez por el periodista Gustavo Castillo en La Jornada en 2008, dice: “Hermanos quiero que en cuanto reciban esta carta me contesten, mándenme decir si ya les mandaron decir de la casa de la Güera [Nicolaza] se fue con su novio y que Raquel y Paz se andan metiendo en problemas muy serios, que se andan metiendo de guerrilleras, digo problemas serios porque me ha tocado ver como acaban los que se dicen guerrilleros, digo que me ha tocado ver porque yo participé cuando rodiamos a Lucio Cabañas y su gente y murieron muchos y a los que agarramos vivos [fueron varios] a mí me tocó subirlos a un helicóptero amarrarlos de pies y manos y atados a unas barras de fierro e irlos a tirar al mar y entre ellos iban dos muchachas, por eso yo temo que ellas lleguen a caer en manos de la policía y tengan el mismo fin, de mis compañeros del batallón mataron nada más a uno y a nosotros nos tocó matar a Lucio Cabañas”.
Aunque cuando se descubrió la carta el militar fue interrogado por un Ministerio Público —según consta en el AGN—, a quien dijo que era una broma, los datos sobre su hermana son reales: Raquel fue detenida y encarcelada en Sinaloa y fichada como miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Para Yankelevich, las menciones de Tafoya y las listas tienen datos coincidentes. La información que dio el mecánico militar Margarito Monroy Candia en los juicios de 2002 sobre el número de personas que cabían en cada vuelo (siete u ocho) —aunque se refería a los que partieron de 1975 en adelante y en el Arava 2005—- concuerda con el número de personas registradas en los vuelos enlistados en la carta
“No es claro cuándo se hizo la lista, acá no hay fechas de viajes, sí de detenciones. El estilo es consistente con lo militar, las siglas, las puntuaciones”, señaló Yankelevich. “Menciona a personas de detención tardía; haciendo una inferencia, el documento se elaboró en diciembre del 74, […] [y en 1975] la carta del soldado que dice que desde el helicóptero tiró al mar a los detenidos, y te da un cruce fuerte: Serafín está en la lista de gente lanzada al mar”.
Con estos hallazgos, Yankelevich comenzó a hablar con algunos familiares para explicarles, paso por paso, la información encontrada, y los hallazgos de sus cotejos.
Lo que el informante de la carta pretende dejar claro es que todos los detenidos desaparecidos estuvieron en 1974 en la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar que fue el destino final de un número aún indeterminado de disidentes políticos del régimen priista, pues se sabe que los vuelos continuaron hasta 1979.
“Es un documento valioso. Pero hay que irse con cuidado, indagar y hacer una investigación mucho más compleja para verificar el documento”, advirtió Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido, sobre las desapariciones forzadas.
Señala que el documento también pudo haber sido construido por el propio Ejército para desviar la atención o engañar; o porque en 2004 entre las filas castrenses existían rencillas internas.
“Puede estar relacionado con los ‘vuelos de la muerte’, el problema es saber cómo está relacionado. No irnos con la finta: ¿qué tipo de traslado menciona?, ¿por qué dice la palabra viaje y no vuelo?, ¿de dónde a dónde eran esos traslados? Falta ver cómo podemos relacionarlo con Pie de la Cuesta, con los vuelos, con las bitácoras y cosas por revisar. Esta es una pieza de un rompecabezas pero tenemos que saber qué nos dice”, precisó.
La carta generó esta semana que las organizaciones de derechos humanos Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19, integraran un grupo de trabajo para contrastar su contenido con los datos que se tienen de ese periodo, y para planear un posicionamiento.
Detonó también que la agrupación Fundar —representante legal de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla— enviara la carta a la Fiscalía General de la República, al área donde se investigan los llamados delitos del pasado para que se analice, y eso mismo hizo el área de esclarecimiento histórico de la Secretaría de Gobernación que, junto con la CNB, crearon ya un grupo de trabajo para examinar la carta. También ha llegado a manos de los comisionados de la verdad del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que presentarán este mes su informe final.
‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’
¿Hubo alguna razón por la que la fundadora de Eureka descartó su contenido? ¿Hizo Rosario Ibarra de Piedra algo con la lista? Es difícil saberlo; la también exsenadora, quien llegó a ser la primera mujer candidata a la Presidencia de México, murió en 2022. Su familia no respondió a una petición de entrevista.
Este martes por la noche la información llegó a algunas de las compañeras de Rosario Ibarra, conocidas como Las Doñas.
Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1974 e integrante de “Las Doñas de Eureka”, respondió que dudaba que el documento sea certero.
“Primero, Rosario hubiera buscado la forma de confirmar esa información. Tenía muchos contactos para eso. Segundo, nunca se buscó a los desaparecidos muertos, siempre con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tercero, ella algo hubiera hecho pero jamás archivarlo”, opinó.
Pero quienes conocieron a Ibarra de Piedra —madre de la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra— saben de su eterna renuencia a considerar que las personas desaparecidas forzadamente pudieran estar muertas.
“Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno”, declaró en 2002 al periodista Gustavo Castillo, cuando trascendió que tribunales castrenses juzgaban los “vuelos de la muerte”. Siempre consideró sospechoso que la Procuraduría General de Justicia Militar aceptara que 143 desaparecidos políticos en Guerrero fueron asesinados y arrojados al mar.
Éramos radicales en nuestro lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, confesó una persona perteneciente a Eureka, omitían hablar de los indicios de que algunos de los desaparecidos ya habían sido asesinados.
En ese contexto hay que situar a Eureka. Ibarra recibió la carta cuando acababan de terminar los juicios y se cerraba la decepcionante investigación de los delitos del pasado de la Femospp, y recibía muchos documentos y confesiones de todo tipo; las familias habían sido engañados durante años por funcionarios de gobierno, que les mentían o entregaban información falsa. Y la consigna de Eureka era que aparecieran con vida, no dejaba que se mencionara otra posibilidad.
Sin embargo, entre familiares que reciben la lista siempre surge la pregunta: ¿Por qué Rosario no nos informó?
Han sido días difíciles para mucha gente a partir de que circuló esa información. También han comenzado a escucharse las exigencias de verdad.
“Si el ejército tuvo la lista de 1974 debe existir listas de los años posteriores, al menos hasta 1979 que se tienen documentados los vuelos de la muerte. La mayoría de las víctimas enlistadas fueron aprehendidas por el ejército y su último paradero conocido fue en las instalaciones militares. Este hallazgo es un punto de inflexión que hace vigente la exigencia histórica de las familias de que el Estado mexicano entregue todas las listas con los nombres de las víctimas de esta operación”, dijo Contreras, del Centro Prodh.
“Pedimos a la Sedena que colabore y no ponga obstáculos o nos dé información a cuentagotas. También llamamos a la cautela; aunque tiene información verídica, Tita Radilla ya antes había recibido otra lista de ‘vuelos de la muerte’ que tenía inconsistencias; esta tiene datos verídicos, por eso pedimos a las autoridades darle importancia”, concluyó el abogado Humberto Guerrero Rosales, de Fundar.
La lista de los presuntos vuelos comenzó a divulgarse en grupos de mensajería de colectivos de víctimas desde este martes por la noche. En A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab decidimos publicarla porque ya está en los celulares de las familias de las víctimas de manera descontextualizada y sin explicaciones certeras. Como sabemos que está causando dolor e indignación preferimos que esté acompañada de esta investigación.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Texto de Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos. Puedes leer la publicación original aquí.
Operadores de transporte público bloquean desde la tarde de este viernes 19 de julio la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de Teloloapan, para exigir al gobierno que envíe a las fuerzas de seguridad federal y enfrente a integrantes de la organización criminal que ataca con drones explosivos a dos comunidades de la Región Norte del estado.
De acuerdo con el reporte de una organización civil, este viernes a mediodía, hombres armados tiraron drones con explosivos a las comunidades de Totoltepec, municipio de Teloloapan, e Ixcatepec, municipio de Arcelia.
En el comunicado, la agrupación de Teloloapan llama a la población civil a que extreme precauciones y se mantenga en alerta máxima ante la posible incursión de este grupo armado a la localidad.
“Le hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales, en especial a la Fiscalía General del Estado, para que investiguen e intervengan inmediatamente para salvaguardar la integridad de los ciudadanos de este municipio de Teloloapan”, dice el mensaje difundido en redes sociales la tarde de este viernes, luego de que empezó el cierre de la vía federal por parte de los transportistas.
La protesta se registra en el contexto de la desaparición de los trabajadores de una compañía de gas de este municipio.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, los repartidores de gas Adrián de la Cruz Domínguez, de 34 años, y Carlos Alberto Flores Barrera, de 29 años, fueron privados de su libertad por un grupo armado en La Romita, comunidad del municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc el miércoles 17.
La Fiscalía General del Estado ya publicó en su página electrónica de «Has Visto A» los nombres de los dos desaparecidos e inició el protocolo de búsqueda de personas.
Un taxista que también es vecino de Teloloapan fue privado de su libertad en Ixcateopan el mismo miércoles, señala el reporte de la Fiscalía.
En este mismo municipio vecino de Teloloapan, cinco integrantes de una familia, dos niñas y tres adultos fueron secuestrados por un grupo armado el miércoles 17.
De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, hombres armados identificados con el grupo criminal de La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad de San Juan, municipio de Ixcateopan, y se llevaron por la fuerza a Ascencio, de 77 años; su esposa, de 73 años; su hija Nicolasa, de 43 años, y sus nietas Elisa y Diana Nicole, de un año y siete meses, respectivamente.
Hasta la tarde de este viernes 19 de julio, los transportistas mantenían cerrada la vía federal.
La mayoría de los casos corresponde a hombres jóvenes en edad productiva, mientras que en el caso de las mujeres ocurre con mayor frecuencia en adolescentes víctimas de violencia de género
Texto: Mónica Cerbón/PopLab
Foto: Especial
19 de julio de 2024
Pese a ser uno de los estados con menor número de desapariciones en el país, en Aguascalientes la problemática se ha cuadruplicado en los últimos tres años, en los que la violencia, traducida en homicidios, violencia familiar y casos de alto impacto, también ha aumentado.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del primero de enero al 15 de julio de 2022 En Aguascalientes se registraron sólo seis desapariciones. Un año después y en el mismo periodo, los casos aumentaron a 22, y en este 2024 la cifra se disparó a 100 personas desaparecidas durante los mismos meses, correspondiente a un 78% de incremento.
Las localizaciones también aumentaron en el mismo periodo, pasando de 59 en 2022, a 330 en 2023 y 381 en 2024. La mayoría de las personas fueron localizadas con vida.
Frente a la problemática, el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia –en el que participan 16 familias de víctimas de desaparición–, así como el Colectivo Maverick –que representa a 10 familias–, ven falta de coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la fiscalía del estado, así como falta de medidas de prevención, una tarea que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Personas desaparecidas del 1 de enero al 17 de julio de 2022. Fuente: RNPDNO
Personas desaparecidas del 1 de enero al 17 de julio de 2023. Fuente: RNPDNOPersonas desaparecidas del 1 de enero al 17 de julio de 2024. Fuente: RNPDNO
De acuerdo con los datos del Registro Nacional, la mayoría de las víctimas que permanecen desaparecidas son hombres en edad productiva, de entre 15 a 49 años de edad, mientras que las mujeres –cuyos casos son menores– van de los 10 a los 19 años.
Violeta Sabás de León, que desde noviembre de 2023 es titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), explicó en entrevista con PopLab que el incremento en el número de casos se debe, en parte, a que antes de su ingreso en la dependencia no se hacían los registros correctamente.
“Por ejemplo, si llegaban a la Comisión 15 reportes, de esos 15 se subían hasta el mes siguiente y nada más los que habían sido localizados. La otra situación que yo detecté es que se recibía el reporte pero no sabían qué hacer, con esto me refiero a que no tenían estandarizada la ruta de qué es lo que se hace para la búsqueda”, explicó la comisionada.
En el primer periodo desde su creación, en 2020, la dependencia fue conducida por el militante panista Juan Antonio Hernández Organista, un hombre sin experiencia en el tema que nunca fue aceptado por los colectivos de búsqueda.
“Y aparentemente de pasar de nueve reportes en octubre de 2023, pasamos a veintitantos en noviembre, a cuarenta y tantos en diciembre y a 58 en febrero. Con esto no estoy diciendo que no esté aumentando como tal la desaparición”, añadió Sabás de León.
“Yo creo que el promedio anual de reportes en Aguascalientes está entre 600 y 700, más o menos. Aquí en la comisión el año pasado se recibieron 258 reportes, vamos a mitad del año y ya hemos recibido 287. O sea, ya sobrepasamos los reportes del año pasado y vamos a cerrar el año posiblemente entre 600, más o menos”, dijo, y aseguró que en el 80% de los casos se localiza a las personas que desaparecen.
La comisionada agregó que desde mayo de este año, está detenida la firma de un convenio de colaboración con la fiscalía estatal. “En junio ya no pudimos avanzar. Y en este julio yo quiero retomar. Esta colaboración es para articularnos, mejorar la coordinación, también queremos realizar mesas mensuales o quincenales con procesos que teníamos en común”, detalló.
Para Claudia de la Torre, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, el aumento puede deberse a casos de reclutamiento forzado, mientras que Sabás de León explica que la mayoría de los hombres desaparecidos están relacionados con el consumo de sustancias y, en el caso de las mujeres, con violencia de género al interior de sus hogares.
“(Los hombres) están consumiendo y pierden contacto con la familia. De hecho, algunas de las localizaciones que hemos hecho han sido en centros de rehabilitación. Ellos, de manera voluntaria se internan y deciden no comunicárselo a la familia. Otro porcentaje se relaciona con alguna situación de salud mental. En el caso de las mujeres, todas, puedo decirlo, se relacionan con una situación de violencia de género y son jóvenes, hemos recibido reportes de niñas de hasta 10 años. Este fin de semana nos llegó el reporte de una niña de 13 años que afortunadamente ya se localizó, estaba en Jalisco”, explicó la funcionaria.
Otros casos de desaparición ocurren en municipios colindantes de Zacatecas y Jalisco, lo que dificulta la búsqueda. Tal es el caso de Ricardo Esquivel Velázquez, de 37 años y Flavio Palomar Pérez, de 32 años, desaparecidos a inicios de febrero de este año y cuya última conexión ocurrió en el municipio jalisciense de Mechoacanejo, a 66 kilómetros de Aguascalientes. Pese a que se realizó una búsqueda en esa zona con las familias de ambas víctimas y su representante legal, ninguno de los dos ha sido localizado. El caso fue remitido a la fiscalía de Jalisco.
En la Comisión Estatal de Búsqueda, al menos un caso de desaparición al mes está relacionado con delitos como secuestro y privación ilegal de la libertad, ligados al crimen organizado, pero esos casos son, en su mayoría, reportados solamente a la fiscalía estatal. “No es alto el número, pero eso no significa que no prevalezca”, consideró Sabás de León.
De acuerdo con el Registro Nacional, la mayoría de los casos de desaparición se registran en la capital del estado, el municipio con mayor densidad poblacional, seguido de los municipios de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, dos de los más violentos en la entidad. En los próximos meses, la Comisión reactivará búsquedas en campo de desapariciones de larga data. Los operativos ocurrirán entre agosto y septiembre en la comunidad de Loretito, el fraccionamiento Los Negritos y en los pozos de las Tres Centurias.
En la entidad, desde 2007, se han localizado más de 40 fosas clandestinas, la mayoría en la capital del estado y en el municipio de Rincón Romos.
Una problemática invisible
La desaparición en Aguascalientes, y sus distintas aristas, nunca ha sido mencionada por la gobernadora panista Teresa Jiménez. En su administración tampoco se han anunciado programas específicos para atender la problemática.
“Como que tienen miedo hablar de ese tema, o no les importa. Ni siquiera tienen una reunión pequeña donde digan que estuvieron platicando sobre este tema, literalmente es algo que, yo creo, no les interesa a ellos tratar”, dice Claudia de la Torre, que busca a su hermano Marco, desaparecido en abril de 2018.
De la Torre forma parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda, que se conformó en abril de 2023 pero que hasta la fecha no puede sesionar de manera formal porque su reglamento no ha sido aprobado por la Secretaría de Gobierno, algo que se espera suceda este año.
“Aparentemente ya van a aprobar nuestras reglas de funcionamiento, desde enero de este año hemos estado con oficios, pero no nos han dado el visto bueno, no las han publicado en el Periódico Oficial, pero pensamos que será pronto”, dice de la Torre, que explica que tuvieron que hacer varios cambios a su propuesta inicial, solicitados por la Secretaría de Gobierno.
La buscadora reconoce el trabajo de Sabás de León, un ex activista en temas de violencia de género y desaparición con más de 20 años de trayectoria, al frente de la Comisión Local de la Búsqueda, pero la funcionaria enfrenta una gestión complicada. La comisionada ha sido acusada por Javier Espinosa, líder del Colectivo Maverick –de quien había sido aliada– de la falta de inscripción en el Registro Nacional de personas desaparecidas, lo que, explica Espinosa, alenta la búsqueda y violenta los derechos de las personas desaparecidas.
“Esta problemática ha ido escalando mes con mes, ahora ya lo hicimos público. No registran a tiempo a las personas que desaparecen, entonces las demás autoridades que revisan el Registro no saben que están desaparecidas. Quien sí lo supo, en este caso, fue la Comisión Local, y en efecto, sí emite los boletines de búsqueda, pero es una obligación de la autoridad registrarlos en este Registro Nacional para que las demás autoridades se enteren. Al no registrarlos, le quita el derecho que tiene toda persona desaparecida a ser buscada, inclusive podría incurrir hasta en una cuestión penal, se llama comisión por omisión. La separación (con la comisionada) se dio porque no había diálogo, no había consenso”, afirma Espinosa, un buscador emblemático en la entidad, que lleva 17 años buscando a su hijo Javier Espinosa Almanza.
El buscador también ha criticado la falta de profesionalización de la mayoría del personal de la Comisión Local, y el uso político de su nómina, donde estuvieron inscritos funcionarios panistas sin experiencia en el tema, como César Cervantes Mena, que apenas en mayo de este año fue removido de su cargo como Coordinador de Acciones de Búsqueda de Personas, un cargo que obtuvo a inicios de 2023 y para el que no tenía experiencia. Cervantes Mena no se había presentado a trabajar durante al menos ocho meses, argumentando cuestiones médicas. Percibía un sueldo mensual bruto de 40 mil 810 pesos.
La comisionada, por su parte, asegura que no ha habido retrasos en el registro de personas desaparecidas y argumenta que, posiblemente, las fallas estén relacionadas con la falta de actualización del Registro Nacional en su versión pública. Además de que, dice, el personal se ha ido renovando con perfiles que tienen experiencia en la búsqueda.
“Ahorita ya ha aumentado la plantilla laboral, pero han salido bastantes personas. Somos 22 y de estos solamente 6 forman parte de la anterior administración”, afirma.
Sabás de León también ha sido acusada de violencia laboral por una trabajadora en activo de la Comisión Local de Búsqueda. Tanto esa acusación, como la de Javier Espinosa, están siendo investigadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA).
El 5 de julio de 2021, Sandra Luz Román Jaimes se alegró al recibir un correo electrónico de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con el aviso de que su hija Ivett Melisa Flores aparecía en la lista de las personas vacunadas contra el Covid-19.
La noticia le dio esperanza de que su hija estaba con vida, después de que el 24 de octubre de 2012, presuntos policías estatales, de la Policía Ministerial y municipales, balearon su casa, en la colonia Centro de Iguala, y se llevaron a Ivett Melissa, cuando tenía 19 años.
«Pero hasta el momento la Comisión Nacional de Búsqueda no me aporta más datos de lo que me informó; y seguimos buscando a mi hija», comentó Sandra Luz Jaimes, quien desde este lunes encabeza una búsqueda en varios municipios de Guerrero.
La búsqueda oficial de Ivett Melissa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) es en cumplimiento a una sentencia que emitió contra el Estado Mexicano el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La sentencia del organismo internacional se deriva de un amparo que promovió Sandra Luz ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU.
La jornada de búsqueda de Ivett Melissa empezó este lunes 15 de julio en 12 municipios, entre ellos Chilpancingo.
Personal de la FGR, de la Guardia Nacional y de la CNB realizan las diligencia, entre estas, pegar carteles en las terminales de los autobuses de pasajeros, mercados y plazas de las ciudades.
«Para mí es muy triste que el gobierno haya iniciado la búsqueda de mi hija después de casi 12 años de que se la llevaron agentes de la policía ministerial, policías del estado, policías municipales; y hasta agentes de tránsito de Iguala participaron para darles paso libre a los delincuentes en las calles», expuso Sandra Luz Román.
Reveló que el 24 de octubre de 2012, cuando su hija fue secuestrada, otras 16 jóvenes fueron privadas de su libertad en distintos puntos de Iguala.
«Una de las mujeres que se llevaron ese 24 de octubre fue localizada con vida después y enfrenta una serie de problemas traumáticos y físicos. Pero el gobierno nunca la atendió», criticó.
Sandra Luz Román dijo que la desaparición de las otras 16 jóvenes fue del conocimiento público en Iguala, pero la gente se calló, porque la ciudad estaba prácticamente tomada por la delincuencia, en complicidad con las autoridades, entre ellos el entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Del caso de su hija Ivett Melissa, Sandra Luz atribuyó su desaparición forzada al ex comandante regional de la Policía Investigadora Ministerial Humberto Velázquez Delgado, alías _el Guacho_.
Ivett Melissa estuvo casada con uno de los hijos del ex jefe policiaco.
El 16 de junio de 2021, Humberto Velázquez fue asesinado a balazos, cuando ya no pertenecía a la PIM y era investigado por la FGR por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sandra Luz dijo que en la carpeta de investigación del caso de su hija, expuso que Humberto Velázquez tuvo una conversación con ella y le aseguró que Ivett Melissa se la había llevado la organización criminal La Familia Michoacana y que en un lapso de siete años regresaría.
Mencionó que la expareja de su hija, el hijo de Humberto Velázquez, tiene información pero no ha sido investigado.
«Los hijos de Humberto son policías y tienen información», aseguró.
Blanca Luz, quien es presidenta del Colectivo Guerrero Madres Igualtecas, mencionó que en estos casi 12 años que lleva buscando a su hija recordó que acudió a un centro nocturno de Acapulco donde le habían dicho que un grupo criminal obligaba a trabajar a Ivett Melissa, pero la información resultó falsa.
De acuerdo con la información que ella tiene, su exconsuegro Humberto Velázquez, también