Un grupo de personas protestaron afuera de las oficinas de la delegación de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, en Iguala, para exigir el inicio de la búsqueda del servidor de la nación Miguel Huerta Torres, quien fue privado de su libertad por personas armadas en la comunidad de Temaxcalapa, municipio de Taxco, el pasado 28 de febrero.
«Hoy se cumple un mes de que nuestro amigo Miguel fue privado de su libertad y hasta el momento ninguna autoridad lo está buscando» dijo una de las personas que participó en el plantón frente a las oficinas de gobierno.
Los manifestantes llegaron a las nueve de la mañana a las instalaciones estatales y aun cuando su plan era ocupar estas oficinas, sólo protestaron para no afectar a los ciudadanos que acudían a algún trámite administrativo.
«La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya saben del caso pero no vemos que accione la Comisión nacional o estatal de Búsqueda en la zona donde se presume que está el compañero», dijo una mujer que por razones de seguridad pidió que se omitiera su nombre.
El 28 de febrero ocurría una asamblea en la Comisaría Municipal de Temaxcalapa, cuando un hombre y una mujer armados llegaron en un taxi.
Las dos personas armadas subieron por la fuerza al taxi a Huerta Torres, a una mujer y al hijo de ella. Horas más tarde, la mujer y su hijo regresaron a su casa en Temaxcalapa.
Denuncias publicadas en las redes sociales exponen que el responsable de la privación ilegal de Huerta Torres es el grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana. Las autoridades aún no lo confirman.
«Sabemos que hay muchas personas desaparecidas en las comunidades de Taxco y que incluso sus familiares ya están realizando su búsqueda porque el gobierno no les hace caso», dijo una de las amigas del servidor de la nación desaparecido.
Mencionó también que la delegación estatal del Bienestar es omisa en la exigencia de búsqueda y localización de su compañero, además de que no le entregan el salario de Huerta Torres a su esposa, aun cuando conocen la situación.
En un mensaje a nombre de la Unión de Comunidades de la Zona Norte de Guerrero exponen que hay autoridades cómplices de la Familia Michoacana, grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición del trabajador.
La organización que aglutina a ciudadanos de las comunidades de Paintla, Atzala, Puente Campuzano, San Juan Unión, Huahuzcla, Temaxcalapa, Zapoapa, Huixtac, Tecuiziapa, Totoapa, Icatepec, Cerro Gordo, Cacalotenando, Icatepec, Tecapulco, Taxco el Viejo, La Hacienda, La Presa, San Miguel y Ojo de Agua, la mayoría de Taxco, denunciaron que los taxistas de esa zona actúan como vigilantes del grupo criminal, sobre todo para guardar los nombres de los adultos mayores que reciben su pensión del gobierno federal para después extorsionarlos.
«La principal arma que tenemos en este momento es la denuncia; hay varios desaparecidos de manera forzada en nuestros pueblos y estamos exigiendo que deben de regresar con vida», se lee en el comunicado de la Unión de Comunidades de la Zona Norte de Guerrero.
En las imágenes se aprecian aspectos de la protesta de este martes en las oficinas de la delegación estatal de Finanzas en Iguala.
El vocero del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, denunció que ante el incremento del número de personas desaparecidas en Guerrero no hay acciones de parte de las autoridades estatales para realizar acciones de búsqueda y de castigo a los responsables.
Por el contrario, Molina Rodríguez denunció que existe un desinterés de parte de los tres poderes en el Estado para atender los casos de las personas desaparecidas.
«Hoy Guerrero amaneció con 4,053 personas desaparecidas solamente de cifras oficiales, pero hay un sin número de gente que no se atreve a hablar y denunciar», mencionó Molina Rodríguez en entrevista al término del mitin para exigir la aparición con vida de los 43 hoy, en Chilpancingo.
Los problemas para las familias de una personas desaparecidas comienza en el Poder Judicial. «Son las mismas fiscalías las que hacen a un lado a las familias, porque les dicen que tienen que pasar 48 horas para iniciar el protocolo de búsqueda, cuando ya existe el Protocolo Homologado de Búsqueda que indica que indica que la búsqueda tiene que ser inmediatamente», expuso Molina Rodríguez.
Otra situación que se presenta es que debido a la violencia muchas familias prefieren no denunciar y darlo por muerto.
Una de las principales exigencias de los colectivos de búsqueda de personas es la creación de un Centro Regional de Identificación Humana en Guerrero, ya que actualmente «se siguen encimando los restos humanos sin ningún respeto y sin los estudios debidos».
«A este paso, según los informes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) van a pasar más de 100 años para que se pueda identificar esta crisis humanitaria de más de 52,000 restos sin identificar que hay en el país», dijo Molina Rodríguez.
En el Congreso local los colectivos tiene atorada una iniciativa para crear la Ley de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada que, de acuerdo con Molina Rodríguez, los diputados «no atinan a dar avances».
Desde la movilización que realizaron los colectivos el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, para exigir ser atendidos por los diputados, sólo hubo una reunión de seguimiento en la que apenas comienzan a formular la mencionada iniciativa.
«Nosotros propusimos una serie de necesidades importantes por eso tratamos de nutrirla y la que ellos (los diputados) presentaron en noviembre no llevaba todas las partes que nos parecen importantes».
Entre las propuestas que los colectivos manejan esta la de la total independencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), ya que actualmente dependen de la Secretaría General de Gobierno y sujeta al presupuesto de esta.
«Queremos que nos digan qué procede en esos casos, porque entiendo se tienen que reformar otras leyes y eso es lo que no nos explican».
Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso durante un mitin por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de mayo del 2022. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola)
Amigos y compañeros de Miguel Huerta Torres, servidor de la nación desaparecido desde el 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, denunciaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno minimizan y no atienden su desaparición.
Existen dos fichas de búsqueda de Miguel Huerta, pero sus compañeros denunciaron que a 22 días de la desaparición ninguna autoridad ha implementado alguna operación de búsqueda.
En conferencia de prensa, sus amigos y compañeros informaron que el pasado 18 de marzo acudieron a la Ciudad de México, al evento citado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por la expropiación petrolera, para protestar y exigir la búsqueda de Miguel.
Guadalupe Figueroa Ocampo, amiga de Miguel Huerta, contó que ella llevó una lona con la ficha de búsqueda que vio el presidente López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“La gobernadora sólo la vio, se detuvo a leerla unos segundos, levantó la mano y el pulgar y se fue”, mencionó Figueroa Ocampo.
La lona fue entregada al personal de la ayudantía del presidente y la familia espera que llegué a la manos del presidente para que atiendan la desaparición de Miguel.
“Venimos a Chilpancingo para hacer más eco y ver si las autoridades ahora sí toman cartas en el asunto, porque a 22 días de su desaparición parece a nadie importarle, y la familia está totalmente destrozada”, mencionó José Isabel Arines Hernández, amigo y vecino de Miguel Huerta.
También denunciaron que el delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Días, no ha respaldado su exigencia de que Miguel aparezca, por el contrario, le reclama a la familia que lo involucren en un asunto que les dijo él no puede resolver.
“Al delegado le marca la familia y les contesta que no es su horario de trabajo y que de él no depende la búsqueda de Miguel”, mencionó Figueroa Ocampo.
Arines Hernández contó que esta mañana, antes de la conferencia de prensa, acudieron al Congreso del estado para reunirse con el diputado local Andrés Guevara Cárdenas, “sin embargo, lamentablemente, los guardias de seguridad de las instalaciones legislativas nos impidieron el acceso al ver que portaban lonas con la ficha de búsqueda de Miguel Huerta e incluso pretendieron decomisarlas”.
Guevara Cárdenas atendió a los amigos de Miguel en la calle y “se mostró accesible y dijo que hoy se reunirá con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a quien le planteara el caso”.
El 28 de febrero pasado, a las seis de la tarde, después de una asamblea en la Comisaría de Temaxcalapa, Miguel Huerta fue interceptado por dos hombres armados, quienes lo subieron al taxi con número económico 01, del poblado vecino de Huixtac, y se lo llevaron.
En ese mismo hecho, los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberadas la misma noche del 28 de febrero.
El caso de Miguel Huerta, lleva ya 22 días desaparecido.
“A ver si se logra que la gobernadora reciba a la esposa e hijos de Miguel Huerta, esperemos que exista esa oportunidad, debido a que la familia está destrozada y sobre todo está abandonada”, agregó Figueroa Ocampo.
Araceli Salcedo está por cumplir 11 años de buscar a Fernanda Rubí, su hija, a quien Los Zetas desaparecieron en 2012. Hoy, sigue una pista de su posible paradero en un rancho que el grupo delictivo controlaba en Río Blanco, Veracruz.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Manu Ureste
21 de marzo del 2023
Es un caserón grande. Cuatro habitaciones en la planta baja, otras cuatro en la de arriba y un amplio comedor donde antes había puertas y ventanas por las que ahora corre el viento. Los techos son altos, con tragaluces por los que se cuela una luz extraña, rojiza. Un patio interior con forma de cuadrado da acceso a la cocina donde solo quedan los restos de unos platos. Y en el baño, donde yacen desperdigados los restos de azulejos hechos pedazos, manchas que parecen impactos de bala se extienden por las paredes carcomidas por el moho.
Afuera, en el suelo de las amplias terrazas cubiertas por un domo, emerge el bracito sucio de un bebé de entre la hojarasca y la basura. Es un brazo de plástico, de juguete. Tal vez una broma sádica, el macabro preámbulo antes de llegar al sendero que da acceso a la parte de atrás del caserón. Ahí, entre una maraña de sofás abandonados, palmeras y vegetación que brota salvaje, se abren a plena vista dos fosas clandestinas: dos rectángulos profundos y estrechos del tamaño de un ataúd que alguien trató de cubrir torpemente con la rama de una palmera.
De vuelta al interior de la casa, nada más cruzar el hueco donde estaba la puerta principal, se observa a la derecha una habitación oscura sin ventanas. Cuando las autoridades ‘reventaron’ el caserón en 2017, los sicarios de Los Zetas dejaron sobre una mesa de madera machetes, hachas, sierras, cuchillos, vendas, cuerdas y las tablas de castigo con las que torturaban, asesinaban, descuartizaban y desaparecían a la gente. Y en la otra habitación contigua, otro cuarto oscuro en el que ahora solo quedan hojas muertas regadas por el suelo y los restos de los conectores que fueron extirpados de las paredes, estaban las cadenas y los ganchos de carnicería con los que colgaban a las víctimas del techo.
—Esa casa es lo más parecido que he visto en la vida real a la película La masacre de Texas.
Araceli Salcedo, de 50 años, morena, menuda y de pelo recogido en una cola, suelta la frase lapidaria y se ajusta incómoda el pesado chaleco blanco antibalas que viste junto a un pantalón tejano y unas botas. Es la mamá de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, una joven de 21 años de ojos café claro, tez morena y 1.60 de estatura, que fue víctima de desaparición en 2012 a manos de Los Zetas en Orizaba, Veracruz. Desde entonces, la mujer se ha convertido en una férrea activista, fundadora del Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba-Córdoba y en una implacable madre buscadora: lo mismo le reclama de frente al exgobernador Javier Duarte por la inoperancia de su fiscalía —que criminalizó a Rubí asegurando que los delincuentes se la llevaron “por bonita”—, que lo mismo alza la voz por las atrocidades del narco. Por eso el chaleco.
La chihuahuense —aunque afincada en Orizaba desde la infancia— ya estuvo hace cinco años en este caserón localizado en un punto remoto del municipio de Río Blanco, al cual se llegó por las declaraciones de la pareja sentimental de un integrante de Los Zetas.
En aquel entonces, luego de que los sicarios huyeron por los cerros, en el inmueble llamado “Rancho Cali” encontraron varias fosas con ocho cuerpos, todos desmembrados y decapitados. Pero el horror no terminó ahí. Pese al cateo de las autoridades, los delincuentes siguieron utilizando el rancho como un narcocementerio: a unos metros de la casa, por donde se extiende un vasto campo de unas 10 hectáreas donde antes pastaban caballos y pavorreales, decenas de banderitas rojas y amarillas clavadas en el suelo dibujan el contorno de lo que podrían ser nuevas fosas. Y en las inmediaciones del caserón, frente a la fachada de ladrillo, se encuentran las otras dos fosas que alguien trató de ocultar con una rama de palmera y que las autoridades deberán analizar para determinar si son positivas.
En los más de 10 años que lleva su hija desaparecida, Araceli ya ha visto de todo. No es alguien que se espante fácilmente. En septiembre del año pasado, estuvo haciendo búsquedas con el colectivo en otra “casa de los martirios” a no muchos kilómetros de este rancho de Los Zetas. Ahí, en un caserón igual de tétrico, donde había una habitación oscura en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación —el grupo que ahora domina la entidad tras la casi desaparición de Los Zetas— mantenía cautivas a sus víctimas para luego asesinarlas, desmembrarlas y desaparecerlas en fosas, encontraron los cadáveres quirúrgicamente desmembrados y cubiertos en cal viva de 15 personas. Y en agosto de 2021, luego de un año de búsqueda, hallaron 53 fosas en otro narcocementerio en la comunidad de Campo Grande, a escasos kilómetros de Orizaba. Mientras, en Los Arenales, también en Río Blanco, se recuperaron 23 cuerpos más.
Araceli tiene miedo, confiesa al fin sin dejar de mirar la casa en ruinas de la que, a lo lejos, sale el inquietante ruido de la motosierra con la que un trabajador municipal corta ramas y maleza para facilitar el trabajo de búsqueda.
Tiene pánico de que su hija aparezca en una fosa, de encontrarla en el infierno que Los Zetas dejaron en el “Racho Cali”.
***
Son las 10:00 de la mañana del lunes 6 de marzo. El sol aún está lejos de alcanzar el cenit, pero ya quema la piel. La veintena de madres del colectivo que participa en esta búsqueda, junto con otros ocho hombres, comienza a distribuirse por el predio.
“Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”, gritan el lema con el que siempre inician, y de inmediato todos comienzan su trabajo: los soldados y policías se distribuyen por los alrededores del rancho para proteger el perímetro; la fiscal de búsqueda, el equipo forense y los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda pasan un aparato por los puntos donde hay indicios de tumbas; las madres rascan la tierra con rastrillos, palas, azadones y machetes para segar la maleza.
Araceli se queda un poco atrás del grupo, a unos discretos metros de distancia, aunque siempre está escoltada por la mirada de policías federales ministeriales que portan rifles de asalto.
—Veo este rancho, esa casa abandonada, estas caballerizas, y no puedo evitar que mi mente se eche a volar.
La mujer, aún brazos en jarra, observa ahora a los dos peritos que excavan la tierra arcillosa.
—Me pregunto… ¿habrán metido por aquí a mi hija? —alza el brazo derecho para señalar con la mano la puerta herrumbrosa del rancho—. ¿La lastimaron? ¿Estuvo en esa casa horrible? ¿Había alguien más con ella? ¿En qué cuarto la tuvieron esos cabrones? ¿¡¡Qué le hicieron!!?
El rostro de Araceli, habitualmente relajado y sonriente, se contrae por el dolor que le generan las imágenes que proyecta en su mente.
Aquí mismo, dice ahora apuntando hacia el suelo que pisa, era donde ‘el Picoreta’ —que fue detenido y encarcelado a finales de 2015—, ‘el Duende’ y ‘el Muerto’, líderes e integrantes zetas de aquel entonces, tenían su base y hacían reuniones y fiestas. Y donde los sicarios les traían a las jóvenes que secuestraban. Además, se sospecha que era el lugar donde los gatilleros ‘cocinaban’ a las víctimas para que fuera más fácil desaparecerlas en hoyos y no en tumbas, una hipótesis que las autoridades ministeriales no descartan, aunque a una semana de que iniciaran los trabajos no habían encontrado indicios concluyentes que la confirmen.
—A veces, a pesar de que haya pasado el tiempo, me doy cuenta de que no estoy preparada para encontrar lo que no quiero encontrar, lo que ninguna madre quisiera encontrar jamás. Porque… sí, una cosa es hacer un trabajo. Buscar. Ayudar a los demás. Que te echen bendiciones cuando regresas una persona desaparecida a su familia. Pero otra muy distinta es estar aquí parada. Estar de este lado de la historia.
Araceli traga saliva. Deja correr un silencio. Sus ojos están al borde del colapso, pero no llora. No quiere hacerlo, no puede. Tiene que mantenerse serena y firme, se repite testaruda.
—Es algo que no puedo explicar, un sentimiento muy cabrón —recobra el aire—. Llevo días con el estómago revuelto. Con dolor en el pecho. Días que llego a casa y me tumbo en la cama como una pesadez muy rara.
Acto seguido, con los ojos negros clavados otra vez en el caserón, Araceli musita que cuando volvió a entrar a las habitaciones del rancho no pudo evitar que en su mente retumbara una y otra vez “la voz fea” del “hombre alto, gordo, feo y malo” que contestó el celular de Fernanda Rubí al mediodía del sábado 8 de septiembre de 2012, pocas horas después de que la noche previa Los Zetas se la llevaran cuando salía de una discoteca de Orizaba, el bar Bull Dog.
—Durante toda la noche le estuve marcando al celular, pero nadie contestaba. Hasta que al día siguiente me respondió ese cabrón.
La mujer toma una bocanada de aire.
—Le grité: “¿¡Por qué tienes el teléfono de mi Rubí, hijo de la chingada!? ¡Pásame ahora mismo a mi hija! ¡Pásamela!” —las gruesas venas del cuello se le marcan recordando la escena.
Pero del otro lado de la llamada, el tipo de voz fea, al que la mujer ya le ha puesto rostro a base de imaginarlo tantas veces en estos 10 años, no le comunicó con su hija.
—El maldito solo me contestó: “Yo no tengo a ninguna Rubí, perra”.
Y luego colgó.
***
En la zona de las caballerizas, los dos peritos forenses llevan un metro y medio de tierra excavada. Por el momento, no se atisba ningún resto humano. Aunque tampoco es extraño. El colectivo ha llegado a encontrar cuerpos a más de dos metros de profundidad. Por eso, y porque previamente agentes caninos hicieron “un comportamiento” señalando una “anomalía”, los peritos continúan trabajando.
Roxie, una joven de pelo recogido y lentes que se mueve por todo el predio con una libretita en la mano para tomar nota de todo el trabajo y de los hallazgos de los peritos y del equipo de la policía ministerial de búsqueda, explica que tan solo en un primer cuadrante han identificado 19 anomalías, de las cuales 16 han resultado de “interés”. Esto, luego de que el equipo forense pasara un aparato, una especie de sonar que lleva dentro de una maleta negra que arrastra por el suelo, y detectara remociones sospechosas de tierra.
—Se me hace muy raro que el agente canino haya podido oler algo —le comenta Araceli a Roxie, que es integrante del colectivo—. Porque este es un rancho que se utilizó años atrás y los cuerpos ya no tienen olor, son esqueletos. Además, aquí llueve mucho, y el agua se filtra y lava la tierra, y cuando se seca se hace de nuevo muy compacta.
Que las fosas y los cadáveres tengan años de antigüedad complica las cosas. Aunque tampoco es imposible encontrar cuerpos en esas circunstancias, matiza Araceli. Así les pasó en Los Arenales, otro narcocementerio. En ese lugar, el equipo forense hizo un pozo de sondeo sin resultado alguno. “Metieron las varillas y no aparecía nada”. Sin embargo, a la mañana siguiente se encontraron con una sorpresa.
—Mero arribita del hoyito de sondeo encontramos una vértebra humana. No sabemos cómo llegó ahí, pero nos hizo excavar mucho, como dos metros 25, que es muy profundo. Excavamos, excavamos y, en efecto, al fondo estaba el esqueleto. Lo más maravilloso es que la vértebra coincidía con el ADN del cuerpo. ¿Cómo salió a flote? No tenemos ni idea. Pero sí fue lo que nos dio el indicio para buscar. Como que ese cuerpo quería ser encontrado. Nos decía: “No me dejen, aquí estoy. Quiero tener paz”.
Tras contar la anécdota, Araceli sonríe cansada. En su rostro fatigado hay una mezcla de satisfacción y de frustración acumulada. No en vano va para 11 años sin respuesta del paradero de su hija, de no saber qué fue lo que le pasó a “la huerca”, como la llaman con cariño sus tres hermanos cuando sentados a la mesa recuerdan las comidas que le gustaban a Fernanda Rubí.
Araceli se encuentra ahora en esa terrible encrucijada por la que atraviesan tantas madres y padres que buscan a sus seres queridos en México, especialmente quienes ya llevan muchos años rastreando respuestas en lugares como el “Rancho Cali”: por un lado, no quieren ni imaginar que su hija, hijo, esposo, hermanos puedan estar enterrados en una “casa del terror” como esta; por otro, la angustia de no saber qué les pasó les va carcomiendo el ánimo y la salud. Y, al mismo tiempo, esa falta de certeza es la que deja abierta una pequeña rendija para la ilusión, y lo que desata un círculo vicioso de dolor y esperanza
Esta mañana, antes de llegar al rancho, Araceli dice que tomó entre sus manos el llaverito rosa de la Virgen de Guadalupe que su hija siempre cargaba en la bolsa.
—Lo agarré y le dije: “Rubí, dame una luz. Si estás aquí, ya déjame encontrarte. Ya quiero tener paz. Voy a hacer 11 años sin ti…”.
En este punto, a la mujer se le resquebraja de nuevo la voz.
—A veces, le digo a Diosito: “Tú sabes cómo te he ayudado. Tú me has iluminado para que ayude a mucha gente que lo necesita. Siempre te estaré agradecida por eso. Pero ahora solo te pido que me ilumines a mí para encontrar a mi hija —ruega—. No voy a abandonar a estas madres, pero dame un poco de luz. Un poco de paz”.
Araceli se quita los viejos guantes de gimnasio que utiliza para remover piedras del suelo donde los peritos forenses pasaran el sonar y se restriega los ojos para evitar que las lágrimas broten delante de sus tres hijos que la acompañan esta mañana en la búsqueda.
—¿Presientes que Rubí puede estar en este rancho? —le pregunta el periodista.
Araceli esboza un largo “Ahhhh” mientras trata, en vano, de contener las lágrimas que se le escapan entre los dedos.
Acto seguido, respira profundo y se toma unos cincos segundos.
—Pues al menos lo tengo que descartar —contesta tratando de esbozar una sonrisa—. Porque ni yo ni mis hijos podremos tener paz hasta encontrarla.
Vista de la fachada del caserón que Los Zetas utilizaban como cementerio clandestino. Foto: Manu Ureste / Animal Político.
Integrantes de los colectivos y diputadas y diputados locales retoman los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
17 de marzo del 2023
Chilpancingo
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) no cuenta con presupuesto, oficina ni personal suficiente para atender a las víctimas, denunciaron ante las diputadas y los diputados locales integrantes de colectivos de búsquedas de personas desaparecidas.
«La Comisión Estatal de (Atención a) Víctimas no tiene ni oficina, es una casa que no tiene las áreas adecuadas para atender a las familias, no hay la infraestructura ni del lugar ni del personal. Queremos personal calificado para atender a las víctimas, tanto psicólogos, secretarias y todo», mencionó la representante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, quien asistió a la reunión.
Esta información fue revelada en una reunión entre los colectivos y un grupo de legisladores locales para comenzar los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.
Para ejemplificar la problemática, Antúnez Flores mencionó algunos necesidades urgentes.
«En la Comisión (Estatal de Búsqueda) pasó un caso de un psicólogo que resultó ser un acosador que no tenía ni título profesional, y luego si tenemos una emergencia tenemos que hacer fila para acceder a esos servicios», agregó.
Ante las diputadas y los diputados denunció que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) sólo cuenta con una persona asignada para la búsqueda de personas.
«Tantos colectivos que somos y cuando solicitamos búsquedas tenemos que hacer fila hasta que se desocupen de la búsqueda que algún otro colectivo esté haciendo en ese momento», mencionó.
En dicha reunión los colectivos pidieron a legisladores locales más presupuesto para la CEAV y la CEBP, ambas dependientes de la Secretaría General de Gobierno.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado, a la CEAV se le otorgo para este año un presupuesto de 13 millones 577 mil, que representa una tercera parte de lo que recibe la Oficina de la Gobernadora, con 33 millones 95 mil pesos a su disposición.
Después de una movilización el pasado 7 de marzo, por parte de varios colectivos de búsqueda de personas, este viernes se realizó la reunión entre un grupo de diputados y representantes de los colectivos para comenzar los trabajos para crear la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.
Tanto la movilización de la semana pasada y la reunión de hoy tienen el fin de presionar a los legisladores locales para que aprueben una iniciativa de ley para que las víctimas directas e indirectas de desaparición y desaparición forzada tengan un marco jurídico mediante el cual puedan acceder a una búsqueda pronta.
Para llegar a esta primera reunión con los legisladores locales, los colectivos tuvieron que marchar, bloquear los accesos al Congreso local y los cuatro carriles de la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo, por cinco horas.
Derivado de ese bloqueo y manifestación las diputadas y los diputados pusieron como fecha este día para un primer encuentro.
Para seguir con el análisis de la iniciativa de ley, agendaron ambas partes otra reunión para el próximo 21 de abril y dependerá de los avances, pero esperan que la iniciativa suba al pleno del Congreso local para su votación a mediados de junio próximo.
Al finalizar la movilización del 7 de marzo, Antúnez Flores denunció que los legisladores de la 62 legislatura, es decir, la anterior, perdieron una iniciativa que los colectivos trabajaron desde 2019 con la Cruz Roja Internacional.
«Afortunadamente nosotros conservamos una copia, lo que viene ahora es leer lo que ya tenemos avanzado y aportar a esta nueva que se está haciendo».
En la reunión estuvo presente la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández y Osbaldo Ríos Manrique.
De parte de los colectivos asistieron representantes de Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Los ausentes en esta reunión fueron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), a quienes los colectivos hicieron un llamado a integrarse a los trabajos para le creación de esta ley.
«Queremos que se valore el área, el presupuesto y se le garantice a las personas su derecho a ser buscados», dijo Antúnez Flores.
Familiares de personas desaparecidas durante la movilización del pasado 7 de marzo para exigir al Congreso legislar en materia de desaparición de personas y desaparición forzada. Foto: Óscar Guerrero.
La comisión finalmente hizo público su Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estima que se requieren cuatro fases distribuidas en nueve años para implementar acciones, desde la preparación hasta la evaluación de resultados.
El Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP), que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) adeudaba desde 2018, propone nueve ejes de intervención principalmente relacionados con la regionalización, las herramientas tecnológicas y el enfoque masivo para la identificación de personas desaparecidas, y plantea que sean implementados en un plazo de nueve años.
Ante el diagnóstico de un contexto amplio y heterogéneo, víctimas en situación de vulnerabilidad, la crisis forense y el escenario de desaparición como las principales problemáticas asociadas al fenómeno de desaparición de personas en México, que suman más de 112 mil, la CNB calcula que se requieren cuatro fases de implementación para las medidas que propone: un año de preparación, del segundo al tercero para la ejecución de líneas de acción y fortalecimiento institucional, del cuarto al sexto para la atención e intervención centrada en personas, y del séptimo al noveno para evaluar la intervención y los resultados.
Además de la dimensión de la problemática por la cifra de personas desaparecidas y la crisis forense, la CNB reconoce como problemas específicos la falta de debida diligencia en la atención oportuna a desapariciones; la falta de coordinación interinstitucional efectiva para dar respuesta inmediata; la debilidad institucional de instancias de búsqueda, investigación y servicios forenses; la ausencia de mecanismos y procedimientos efectivos para rendición de cuentas, y la ineficiencia de la persecución penal para garantizar la no repetición.
En el aspecto sociohistórico, el documento identifica dos momentos críticos: el primero, conocido como “guerra sucia” —entre 1964 y 1985—, donde se utilizó la desaparición como un medio para disolver a la oposición política, y el segundo, la ola de violencia derivada de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”, iniciado en 2006 y con impactos hasta la fecha. A este último corresponde el 83% de las desapariciones concentradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
De la misma manera, aclara que aunque prevalece un alto número de desapariciones en el país, los distintos registros y bases de datos reflejan discrepancias con la realidad actual. Hasta el momento, según el registro oficial, 112 mil 287 personas continúan desaparecidas o no localizadas. El 74.46% son hombres y el 24.87% mujeres, más un 0.67% que no está determinado.
El programa reconoce que hay sectores de la población que son afectados de manera diferenciada, debido a la desigualdad, la discriminación estructural, el sexismo y el racismo, entre otros factores. En tanto, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León se destacan con registros por arriba de las 12 mil personas desaparecidas o no localizadas. En 21 estados, los hombres desaparecen en mayor proporción; sin embargo, en 11 la desaparición de mujeres es más elevada, lo cual puede agudizarse por otras violencias de género asociadas.
Respecto de la crisis forense, el documento revela que apenas el 4.5% del presupuesto de las instituciones de procuración de justicia se dirige a los servicios periciales y médicos forenses. A esto se suma la carencia de registros útiles para la identificación de personas localizadas sin vida. En el caso de cinco estados, sus instituciones de procuración de justicia no destinan ni el 1% del presupuesto a estos servicios: Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala.
Los objetivos a un plazo de nuevo años
Según el documento publicado por la CNB, el propósito principal del programa, si se cumplen las acciones y los objetivos estratégicos que plantea, es que en México las víctimas de desaparición, no localización y sus familias reciban una respuesta adecuada, inmediata y efectiva del Estado para garantizar la búsqueda, localización e identificación, así como el acceso a la justicia y la verdad.
Entre sus objetivos principales plantea homologar y garantizar el intercambio, la disponibilidad y la consistencia de los datos relativos a personas desaparecidas o no localizadas. Por otro lado, pretende que el PNBP siente las bases para que las acciones del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense se desarrollen en condiciones de menor rezago.
Esto se logrará —se plantea— mediante las líneas de acción encaminadas a la recolección de registros de ADN de familiares de personas desaparecidas, así como a sumar a la despresurización de los espacios de servicios periciales y procuración de justicia que tienen recursos limitados e insuficientes para la identificación de personas sin vida, dentro de los que pueden estar personas desaparecidas, principalmente mediante la coordinación con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
El programa subraya que está pendiente el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense (PNEIF), a cargo de la FGR, de acuerdo con la Ley General en la materia, que debería identificar aquellos cadáveres inhumados sin identidad, a través de exhumaciones planificadas, programadas y controladas, así como la recuperación y el análisis de indicios que permitan establecer una hipótesis de identidad y, en su caso, la notificación y entrega a sus familias.
Por ello, plantea que las acciones de identificación con enfoque masivo que lleva a cabo el CNIH, de personas fallecidas que se encuentran en instancias forenses, fosas comunes y sitios de inhumación clandestina, tendrán el propósito de apoyar a las instituciones de procuración de justicia en los procesos de identificación que requieren de disciplinas forenses para facilitar las condiciones para que se ponga en marcha el programa de exhumaciones.
En su implementación, el PNBP determina que prevé la participación de las familias de personas desaparecidas o no localizadas, así como de otros actores de la sociedad, que, asegura el documento, han sido parte de la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Se los llevaron cuando colocaba flores en las tumbas de dos de sus familiares asesinados unos días antes
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
7 de marzo del 2023
Chilpancingo
Durante la protesta que realizaron familiares de desparecidos en la Autopista del Sol para exigir al Congreso local la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada, el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, denunció que el pasado jueves integrantes del grupo criminal de Los Ardillos se llevaron a tres integrantes de una familia en Chilapa.
En entrevista, el activista denunció que el gobierno mexicano no le da el mismo trato a los familiares de desaparecidos de Guerrero que a los estadounidenses, por quienes en menos de 24 horas activaron todos los mecanismos de seguridad y hallaron con vida a dos de los cuatro.
El pasado viernes en Tamaulipas, un grupo armado atacó a balazos una camioneta en la que viajaban cuatro afroamericanos a quienes, presuntamente, confundieron con unos traficantes haitianos; ese mismo día el gobierno de Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano la localización de sus connacionales.
“Nosotros somos de la Montaña baja de Guerrero y no somos de Estados Unidos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador voltee los ojos hacia acá para ordenar que busquen a nuestros desaparecidos”, dijo Díaz Navarro.
Este mismo martes dos de los cuatro desaparecidos fueron localizados con vida y dos asesinados.
“Nosotros no somos gente de dinero, gente poderosa, no tenemos una embajada que nos proteja y tampoco tenemos un presidente brinde atención a los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas”, agregó el activista a quien le desparecieron y asesinaron a dos hermanos.
“Nosotros llevamos años pidiendo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para que nos autoricen las búsquedas en Chilapa, pero ni nos atiende”, siguió.
El activista de este colectivo de Chilapa acudió en el 2015 a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar a los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, líderes Los Ardillos, un grupo del crimen organizado, porque su asociación criminal tiene relaciones políticas y económicas, de ser los responsables de la desaparición y asesinato de sus hermanos Hugo y Alejandrino en el 2014.
Los líderes de Los Ardillos son hermanos del diputado local Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro dijo que en este 2023 supuestamente hay mil millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al colectivo de Siempre Vivos de Chilapa desde hace tres años no le autorizan una búsqueda por una insuficiencia de recursos.
Dijo que el presidente López Obrador ordenó la búsqueda de los cuatro estadounidenses porque hubo presiones del gobierno de Estados Unidos.
«Seguramente pronto van a detener a los responsables que agredieron a los cuatro estadounidenses”.
Durante el mitin frente al edificio del Congreso local, ubicado al sur de Chilpancingo, el activista denunció que en Guerrero y, en particular, Chilapa siguen las desapariciones de personas.
Contó que el pasado lunes 27 de febrero integrantes de Los Ardillos asesinaron a balazos a la señora Beneranda Hernández Rendón de 70 años y a su nieto, Eduardo Jaimes García, de 18 años. Ambos estaban en su casa cuando fueron atacados a tiros.
Para el jueves 2 de marzo, detalló, cuando otros tres integrantes de esa familia colocaba flores en las tumbas de sus familiares asesinados, unas personas armadas se los llevaron por la fuerza en una camioneta.
La personas privadas de su libertad son Raúl Isidro Jaimes Hernández de 48 años, su hijo Raúl Jaimes García de 18 años, y su hermana Irma Jaimes Hernández.
El presidente de Siempre Vivos informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia del doble asesinato y de la desaparición de las otras tres personas, todos de una misma familia.
Mencionó que Irma Jaimes Hernández acudió a Chilapa –vive en Chilpancingo– para participar en los funerales de sus familiares asesinados. “Fue a Chilapa la señora Irma y sólo para que se la llevaran”, expresó Díaz Navarro.
El activista acusó al gobierno de proteger al grupo del crimen organizado Los Ardillos, porque lleva años en Chilapa y, según él, su poder es intocable.
Colectivos de familiares y víctimas de personas desaparecidas marcharon y bloquearon la Autopista del Sol y avenidas a la altura del Congreso local, para exigir a los diputados la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.
A las diez de la mañana alrededor de 800 personas, todas familiares de desaparecidos integrantes de colectivos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, marcharon desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y continuaron en marcha al norte de Chilpancingo.
Durante la marcha bloquearon el carril norte-sur del bulevar Vicente Guerrero y a la altura del Congreso local, los cuatro carriles y la lateral del Autopista del Sol para exigir a las diputadas y los diputados la aprobación de esta ley.
Después de hora y media de mantener bloqueado los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, el contingente de la manifestación se movió a las entradas del Congreso local.
En tanto los diputados sesionaban dentro del Congreso local, los accesos fueron cerrados por el personal de seguridad.
Durante la movilización representantes de diversos colectivos coincidieron en que ninguna autoridad “los quiere ver ni escuchar ni atender”.
Con la Ley de desaparición de personas que proponen los colectivos intentan que exista un marco jurídico que garantice la coordinación de todas las dependencias encargadas de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas para mejorar e implementar los mecanismos más eficientes.
A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.
Dichas leyes a pesar de estar aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado estas leyes. Guerrero está pendiente.
Los inconformes también piden el presupuesto suficiente para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y tener acceso a una reparación del daño.
Otra de las demandas que expusieron es la creación e implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de los hechos.
“Parece que sólo así nos voltean a ver, porque en campaña (los diputados) van y nos prometen mil soluciones, pero una vez en el poder ni nos ven ni nos oyen”, mencionó la directora de Los otros desaparecidos de Iguala AC, Aurora Bahena Cruz
Explicó que desde noviembre pasado presentaron la iniciativa ciudadana en materia de personas desaparecidas, y a la fecha sólo les informaron que dicho documento está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
“Desde noviembre está ahí y no hacen nada los diputados, si no hacen nada que renuncien, con el sueldo que tienen se podrían resolver muchos problemas”, dijo.
Bahena Cruz informó que del Congreso local, al conocer la manifestación, les informaron a los colectivos que la ley la aprobarían en los próximos días, “pero nosotros queremos saber y verla antes de que se apruebe, y tener la certeza que es una ley acordé a las necesidades de las víctimas”.
Durante la protesta platearon al Congreso local un foro, un parlamento abierto y mesas de trabajo para discutir, proponer y crear en conjunto la Ley de desaparición de Personas.
“Queremos que se garantice el principio de participación conjunta y podamos manifestar nuestras necesidades y opiniones”, dijo Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.
Además de los colectivos de personas desaparecidas, a la marcha asistieron integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, y representantes de colectivos de víctimas de la guerra sucia.
“Desgraciadamente al Estado mexicano y a sus instituciones parece no importarles cumplir con todo lo que ratifican ante las instancias internacionales y aún seguimos luchando para que nos proporcionen una gota de nuestros múltiples derechos”, se lee en un documento que repartieron durante la movilización.
Los colectivos participantes en la movilización fueron la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem); Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero; Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.
José Díaz Navarro, representante de Siempre Vivos, mencionó que desde 1960, época de la llamada guerra sucia, hasta el 2022 tienen un registro de 4,000 personas desaparecidas.
“Desgraciadamente el Congreso ha sido omiso, indiferente, siempre pone excusas y nunca nos atienden. A nivel nacional ya hay 15 estados que tienen una ley de personas desaparecidas lo que nos habla de las prioridades que hay en el estado”, expuso.
Liberaron un carril de la Autopista del Sol en cada sentido.
A las tres de la tarde, después de que entró una comisión de los colectivos al Congreso local para dialogar con algunos diputados, levantaron el bloqueo de la Autopista del Sol y el personal liberó los accesos del Congreso local.
La investigación del caso fue atraída por la FGR, que aún no concluye sus indagatorias. Las familias de los marinos, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, realizarán una marcha este lunes para exigir justicia y respuestas.
A un año de la desaparición de los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, quienes fueron vistos por última vez mientras escoltaban al senador José Narro Céspedes, según declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades encargadas de la investigación no han presentado avances sobre el paradero de los militares.
López Obrador habló del caso por primera vez en una conferencia de prensa el 29 de septiembre pasado; ahí, informó que el caso ya era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente para la búsqueda de Rodríguez Zurita, según documentó el portal de noticias Latinus.
Animal Político buscó a las familiares de los marinos, quienes, argumentando razones de seguridad, declinaron dar una entrevista. A la par, informaron que marcharán este lunes a las 10:00 de la mañana, desde la Torre del Caballito hasta Palacio Nacional, para exigir justicia.
En tanto, cuestionado sobre el asunto, el senador Narro dijo que, debido a que se trata de un proceso de investigación abierto, no volverá a tocar el tema. “Lo único que puedo decir es que yo en ningún momento los solicité, nunca estuvieron custodiándome, no fueron mis escoltas y no estuvieron a mi cargo”, señaló.
Los días de la desaparición
De acuerdo con un documento obtenido por Latinus, el 2 de marzo de 2022 el senador Narro envió una carta a Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, para solicitarle personal de seguridad que laborara como su escolta durante tres días en la CDMX.
“Con motivo de la celebración del evento denominado ‘revocación de mandato’ a celebrarse en la Ciudad de México, le solicito si no existe inconveniente alguno, me asigne personal de seguridad a su cargo, vestidos de civil y con armamento orgánico, para fungir como escoltas para mi resguardo personal, a partir del día 3 al 6 del mes y el año en curso”, indicó.
En múltiples ocasiones, Narro ha rechazado haber pedido marinos para su resguardo. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información realizada por un ciudadano en diciembre, el senador Narro reconoció que su oficina sí tiene el oficio en cuestión, aunque su contenido fue clasificado por un año por estar relacionado a investigaciones judiciales.
Un día después del envío del oficio, según consta en una de las carpetas de investigación del caso, la alcaldesa pidió al capitán Maximiliano Serrano Pérez, secretario de Seguridad de Acapulco, atender la petición y asignar personal para el resguardo del senador.
El capitán Serrano atendió la solicitud emitiendo los oficios SSP/02363/2022 y SSP/02367/2022, por los que asignó al marino Óscar Manuel González Andrade y el marino retirado Victoriano Rodríguez Zurita “para que dieran cumplimiento a la encomienda de la presidenta municipal”.
Los marinos se presentaron ante el senador el domingo 5 de marzo de 2022, cuando Narro estaba en una comida en el restaurante Cambalache Oasis, ubicado en la plaza comercial Oasis Coyoacán, en la CDMX.
“Ellos iban acompañando a una persona que nos solicitó tomarse una fotografía conmigo y mis acompañantes cuando terminábamos de comer”, respondió Narro a este medio.
En dicha reunión también estuvieron el senador Américo Villarreal, entonces precandidato a gobernador de Tamaulipas, y un empresario guerrerense, Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, ‘el Gerry’. La fotografía del encuentro fue subida a Twitter por el propio Narro, pero la borró meses después.
De acuerdo con declaraciones del capitán Serrano, cuando los marinos llegaron al restaurante, el senador Narro les indicó que ya no era necesaria su presencia, por lo que incluso puso a su disposición una camioneta Audi con placas de Morelos para que se regresaran, algo que Narro ha rechazado.
Al día siguiente, el capitán Serrano se puso en contacto nuevamente con el senador para preguntarle por el paradero de su personal; este último presuntamente le respondió que él mismo les instruyó que descansaran y se regresaran hasta el lunes a Acapulco.
Ese mismo día, el capitán reportó a sus superiores de la Marina la desaparición de ambos elementos, indicando que se perdió la señal de los teléfonos celulares de ambos, así como de una tercera persona de la que no se conoce mayor información.
La pérdida de la señal telefónica presuntamente sucedió en el tramo carretero de la Laguna de Zempoala, punto que queda entre Morelos y el Estado de México y que queda de paso en el camino de la CDMX a Acapulco.
‘El Gerry’, un tercer implicado
Luego de la desaparición de los elementos, la fiscalía capitalina emitió una tarjeta de búsqueda para localizar a Rodríguez Zurita, de 38 años y 1.80 metros de altura; como fecha de desaparición estableció del 5 de marzo de 2022 en la CDMX.
A González Andrade, de 49 años y 1.65 metros de altura, se le declaró desaparecido en el trayecto de la CDMX a Acapulco el 6 de marzo de 2022.
En paralelo, la fiscalía emitió una ficha por la desaparición de Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, empresario que estaba en la comida entre Narro y Villarreal; indicó que este también desapareció el domingo 6 de marzo, en la calle Alba, en Coyoacán.
Meses después, la presencia del empresario empezó a llamar la atención debido a una nota publicada en el portal Eje Central, en la que se señala que dicho empresario ya había sido detenido en Nayarit en 2009 por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, como presunto operador para Los Zetas.
Además, presuntas indagatorias de la Marina, que vinculan al ‘Gerry’ con un grupo del Cártel del Noroeste en Morelos, señalaban que las tres personas fueron interceptadas por un comando armado en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías. Las autoridades no se han posicionado al respecto.
Nuevamente cuestionado sobre su relación con este empresario, Narro respondió: “No tengo relación alguna con él. Lo conocí en un evento público en el municipio de Acapulco”.
Cinco días después de las desapariciones, el 11 de marzo, Serrano informó por escrito a la Comandancia de la Base Naval respecto de las instrucciones que tenían ambos marinos.
Ese mismo día, la agente del Ministerio Público Fátima Zuppa Rubio, de la Unidad de Investigación 4B de la Fiscalía de Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, solicitó por primera vez la comparecencia, por escrito, del senador Narro.
Tal como lo dijo en la respuesta a la solicitud de información, el 1 de junio de 2022 Narro dio “puntual respuesta por escrito a diversos planteamientos e interrogantes que me fueron formulados en una petición que también por escrito me formuló la agente del Ministerio Público” en la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/Ul-3C/D/00339/03-2022.
En ese documento, el senador adjuntó como prueba una copia simple del oficio por el que presuntamente solicitó a la alcaldesa el personal para su resguardo, petición que ha negado haber hecho.
La FGR, por su parte, abrió la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEIDDF-GRO/0000396/2022, en la que Narro reconoció haber comparecido el 2 de junio de 2022, “aportando todos los datos de los que dispongo sobre los hechos o aspectos que pudiesen estar relacionados con los hechos o aspectos que pudiesen estar relacionados con los hechos motivo de la carpeta”.
El lunes 25 de julio, tras la salida de Serrano, la alcaldesa habló por primera vez del asunto, pero rechazó haber dado la instrucción de otorgar dos elementos de su Secretaría de Seguridad para el resguardo de Narro. “Yo no mandé marinos, que yo no firmé nada, que yo no sé nada”, dijo.
Finalmente, la FGR ejerció su facultad de atracción de la carpeta de investigación que estaba conociendo la fiscalía capitalina; dicha carpeta no está concluida.
El jueves 4 de agosto, el senador Narro compareció ante la FGR y al salir tuvo un breve encuentro con medios. “Los marinos nunca estuvieron a mi cargo. Si revisan mi agenda, que generalmente es pública, nunca tuve un evento, como dicen que iba a hacer, de revocación de mandato. Esos marinos nunca estuvieron bajo mi disposición, nunca llegaron. Los vi en un momento, nunca los pedí. Llegaron acompañados de otra persona”, dijo.
Por esos mismos días, el senador Narro interpuso dos denuncias ante las fiscalías correspondientes por la presunta filtración ilegal de información del caso. “He denunciado la filtración de información, porque es un acto indebido e ilegal. Se ha hecho en mi contra un juicio mediático que nos condena sin que la autoridad competente haya emitido una resolución definitiva y que expone de manera innecesaria esos juicios que han hecho a las personas que están involucradas en los hechos”, dijo.
AMLO habla de la desaparición de los marinos
Seis meses después, el presidente López Obrador confirmó la desaparición de ambos marinos, caso por el que informó que ya se contaba con la intervención de la FGR.
“No estaban, tengo entendido, como vigilantes permanentes del senador Narro, sino que lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México”, dijo, incluso contradiciendo la versión del senador.
Un mes después, senadoras y senadores del PAN presentaron ante la FGR una denuncia de hechos por la presunta desaparición forzada y el homicidio de los dos marinos, solicitando ejercer acción penal contra los presuntos responsables.
Animal Político buscó a la FGR, pero debido a que se trata de una carpeta de investigación en curso, la institución rechazó posicionarse al respecto. En tanto, la Marina informó que no tiene acceso a la carpeta de investigación y “es muy respetuosa de los procesos que siguen otras dependencias para cumplir con sus atribuciones”.
“Para nosotros es triste y lamentable la desaparición de elementos de esta institución y nos mantenemos a la expectativa de la información que pueda dar la misma FGR”, añadió la Marina, y Narro también aseguró tener “respeto y solidaridad” con las familias de los uniformados.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Estas personas pertenecen a la autodenominada Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo y al Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón –también algunos señalan a ellos como un grupo armado con actividades criminales–, y fueron detenidos en una operación policiaca el pasado 21
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oficial/Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
10 de febrero del 2023
Chilpancingo
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió de manera oficial las fichas de búsqueda de cinco de los ocho autodefensas de Apaxtla de Castrejón y Tlacotepec que fueron reportados como desaparecidos por sus compañeros el pasado 21 de enero.
La noche de ayer, la FGE publicó cinco fichas de búsqueda para localizar a Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Torres Ríos, Jorge Hernández Nava, Carlos Hernández Nava y Celestino Carreto Figueroa.
Estas cinco personas pertenecen a la autodenominada Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo y al Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón –también algunos señalan a ellos como un grupo armado con actividades criminales–, y fueron detenidos en una operación policiaca el pasado 21.
En total, de acuerdo con un comunicado emitido el 26 de enero por la Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo, son nueve personas las que desaparecieron la madrugada del 23 de enero.
Ocho de esas personas pertenecían a los grupos de autodefensa y el noveno fue el chófer de la unidad que los transportaba y que también fue el asesor legal que los liberó.
De acuerdo con los líderes de los grupos de autodefensas, ocho de sus integrantes desaparecieron después de ser liberados en la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán.
Los hechos ocurrieron así. Los ocho integrantes de las autodefensas o grupo armado fueron detenidos el 21 de enero durante una operación policiaca en la que participaron la Policía Estatal, Ejército, Marina y Guardia Nacional, con el objetivo de desarmarlos.
Tanto la autodenominada Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón mantenían retenes en las entradas de la cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón, ubicada en zona Norte, por lo que elementos de seguridad decidieron ingresar.
En la imagen, elementos de la Policía Estatal resguardan las entradas a Apaxtla de Castrejón después de desarmar a los autodefensas que operaban en la zona. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.
Ese día, a los ocho integrantes fueron detenidos por los agentes de las fuerzas policiaca y militares por faltas administrativas y portación de arma de fuego y los trasladaron al Ministerio Público (MP) de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, de donde fueron liberadas el lunes 23 de enero.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), después de ser liberados, los detenidos fueron resguardados y escoltados por patrullas de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Ministerial.
La idea, dijeron, era escoltarlos hasta Apaxtla de Castrejón, pero la unidad en la que eran transportados tomo una ruta alterna con dirección al estado de Michoacán.
Lo que reportó la SSP es que los elementos que los escoltaban tuvieron que dejarlos porque de ingresar a Michoacán quedaban fuera de su jurisdicción.
La autodefensa denunció que les preocupaba el cambio de ruta porque pasaron por territorio controlado por la Familia Michoacana, grupo criminal al que consideran sus agresores o con quienes tienen conflicto.
El 26 de enero, los autodefensas denunciaron que sus ocho compañeros, más el chófer que los trasladaba, estaban desaparecidos. Después que los autodefensas lo hicieron público, las autoridades estatales informaron que la unidad en que los trasladaban se desvió a Michoacán.
Hasta este jueves 9 de febrero, la FGE colocó en su página de Facebook cinco fichas de búsqueda bajo el mecanismo ¿Has visto a?, la primera corresponde a Bernabé Aguilar Lagunas, de 21 años.
Otra ficha es la de Jorge Torres Ríos, de 25 años; la tercera corresponde a Jorge Hernández Nave, de 23 años; la siguiente es de Carlos Hernández Nave, de 30 años y la última de Celestino Carreto Figueroa, de 47 años.
En cuatro casos se anota como fecha de desaparición el 26 de enero, a todos se les señala como desaparecidos en Apaxtla de Castrejón, lugar en el que se les detuvo, sólo en el caso Celestino Carreto dice que su lugar de desaparición fue el municipio de Leonardo Bravo.
Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública
26 de enero del 2023
Chilpancingo
Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla de Castrejón informaron que ocho de sus integrantes están desaparecidos después de ser detenidos durante un operación de seguridad organizada por el gobierno estatal y federal el pasado 20 de enero.
La versión de la Policía Estatal, una de las corporaciones que realizó la operación, sobre el caso informó que estas personas, o sea los reportados como desaparecidos, fueron regresadas a Apaxtla escoltados por elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional.
Mediante un comunicado, los grupos de autodefensa que se autodenominan Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo y Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón informaron de la desaparición de sus compañeros.
Seis de los desaparecidos forman parte del grupo de Heliodoro Castillo y los otros dos al de Apaxtla de Castrejón.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de enero. La operación de la Policía Estatal era para desalojar a un grupo de 20 civiles armados que resguardaban las entradas al municipio de Apaxtla.
Los civiles armados de ambos grupos de autodefensas, según sus propias versiones, estaban en las entradas de Apaxtla para impedir la entrada de la Policía Tecampanera a su municipio.
La Policía Tecampanera es otro grupo armado amparado como autodefensa que opera en los límites de las regiones Tierra Caliente y Norte del estado, y son acusados por los pobladores de Apaxtla de, a través de diversos retenes por las carreteras de la zona, cobrar un impuesto de 20 a 25 por ciento adicional sobre los productos de la canasta básica que ingresan a la zona.
Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla difundieron que su movimiento también responde a una cuestión de seguridad, al impedir que el grupo delictivo conocido como La Bandera ingrese a la zona.
En respuesta al desalojo de los grupos de autodefensa de Apaxtla, la mañana del 20 de enero, decenas de transportistas de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo se apostaron a la salida de Chilpancingo, en el carril su-norte de la Autopista del Sol. Ante la presencia de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin los transportistas decidieron retirarse por su cuenta.
Durante la operación policiaca del sábado, donde fueron detenidas ocho personas, las autodefensas acusaron a las fuerzas de seguridad de violar derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza; denunciaron que detuvieron a personas que no portaban armas.
Los detenidos durante la operación policiaca y hoy presuntos desaparecidos son: Jorge Torres Ríos, Juan Torres Rojas, Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Hernández Nava, Carlos Hernández Santiago, Carlos Mosso Barragán, Emilio Hurtado Gonzales, Esteban Silva Delgado, además del chofer de la Urvan en que eran trasladados, Julio César Reyna Díaz.
Los ocho detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de Coyuca de Catalán “acusados por desobediencia y resistencia de particulares, donde fueron dejados en libertad con el apoyo de un abogado”.
“El lunes 23 de enero, las ocho personas iban a ser trasladas a Teloloapan, ciudad por la que se ingresa para ir hacia Apaxtla, pero las familias de estos pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se buscará una ruta alterna ante el temor de un grupo criminal”, se lee en el comunicado de las autodefensas.
Desde ese momento, denunciaron las autodefensas, ya no supieron más de los detenidos.
La Policía Estatal emitió un comunicado en el que asegura que las ocho personas fueron regresadas a Apaxtla escoltadas por un convoy con elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Ejército.
“Esperamos un tiempo prudente para que aparezcan nuestros elementos, de lo contrario iniciaremos acciones para encontrarlos y llevar a los responsables ante la justicia comunitaria”, insisten los autodefensas.
Confirman autoridades desaparición de autodefensas y asesor
La vocería de la Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero confirmó la desaparición de las ocho personas retenidas durante una operación policiaca en Apaxtla de Castrejón, además del asesor jurídico y chofer del vehículo en el que las trasladaban de regreso a zona Norte después de ser liberadas.
En total son nueve los desaparecidos.
A través de un comunicado, la vocería de la Coordinación informó que las ocho perosnas fueron puestas a disposición del Ministerio Público con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, se entiende que después de la operación policiaca, pero que el 21 pasado los liberaron y entregaron a un asesor jurídico.
El mencionado asesor jurídico, se lee en el comunicado, «llevaba un medio de transporte para su traslado (de las ocho personas ya liberadas) al municipio de Apaxtla de Castrejón (municipio de zona Norte)».
El vehículo, informaron, sería escoltado hasta la entrada Apaxtla, pero por petición del asesor jurídico y chofer del vehículo, Julio César Reyna Díaz, tomaron otro camino que incluía entrar al municipio de Riva Palacio, Michoacán.
En ese momento los elementos de seguridad que los escoltaban le dijeron que ese camino ya no era su jurisdicción y, por tanto, ya no podrían acompañarlos.
Desde ese momento, informaron las autoridades, las nueve personas están reportadas como desaparecidas.
Doroteo Iturio de Jesús trabajaba en la construcción de caminos en Coyuca de Benítez. Una tarde del 15 de octubre de 1974 regresaba del trabajo con sus compañeros cuando en un reten militar, a la altura del vado de Aguas Blancas, lo detuvieron y nadie más supo de él.
Cada mañana Doroteo salía a trabajar, era parte de la Junta Local de Caminos de Coyuca de Benítez, un organismo que dependía de la Dirección de Obras Públicas municipal que se encargaba de construir, reparar y dar mantenimiento a las carreteras locales, principalmente a las que conducían a las comunidades rurales.
Se lo llevaron de la carretera que lleva a Aguas Blancas, donde trabajaba.
Desde la mañana de ese 15 de octubre, Doroteo, también junto a un grupo de compañeros, vio el retén militar, pero los soldados sólo los pararon minutos y los dejaron ir a trabajar.
“Entonces los militares le dijeron que fuera a trabajar y que al regreso se iba a quedar con ellos. Si él hubiera sido otro, entonces, ya no pasa, pero él era obediente y por eso regresó, y cuando lo detuvieron ya no lo soltaron”, cuenta una de sus hijas, Carmen Iturio Nava, en entrevista.
“Entonces, uno de sus compañeros del trabajo nos fue a avisar, me dijo: ‘agarraron a Doroteo, ya no lo dejaron venir y yo no sé qué va a pasar’”.
La familia buscó ayuda de inmediato para localizar a Doroteo, pero nunca la consiguió.
En las oficinas de la Junta Local de Caminos tampoco dieron razón de él, le dijeron a la familia que na sabían nada.
Las pocas pistas que recabó la familia los llevo a un búsqueda que tampoco tuvo éxito. Les dijeron que a Doroteo lo llevaron a un retén de Pie de la Cuesta, en Acapulco; uno de sus hijos lo fue a buscar pero nunca lo vio y las autoridades militares no le dieron información.
El caso de Doroteo también es parte de una recopilación de testimonios publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el que los ocho hijos cuenta parte su vida después de la desaparición de su padre.
“Lo buscamos en los retenes, lo buscamos en el cuartel militar de Atoyac, lugar donde realmente nos cerraron las puertas, no decían nada o nos decían a lo mejor anda por ahí de borracho, a lo mejor se fue con otra mujer, le decían a mi mamá, o sea, vulgaridades que los militares tenían preparadas para alejar a las familias”, es un fragmento en el libro del testimonio de Antonio Iturio Nava, otro de los hijos de Doroteo.
En la imagen, Carmen Iturio Nava muestra la foto de su padre desaparecido durante un testimonio a la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, el pasado 9 de diciembre del 2022, en Chilpancingo.
En el momento de su desaparición, Doroteo tenía siete hijos y una más que estaba por nacer. Derivado de su desaparición, su familia se vio en la necesidad de emigrar a Chilpancingo ante la falta de condiciones para vivir en su natal Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.
Doroteo era el sustento de su familia, su esposa era ama de casa y cuidaba a los siete hijos.
Con la desaparición de Doroteo la familia se quedó sin ingresos y las tierras fueron acaparadas por otros familiares.
“Mis hermanos trabajaron de lo que fuera para tener, los más pequeños hacían mandados en las casas por unas monedas que les pudieran dar”, recuerda Carmen.
En época de cosecha, la familia se alquilaba para el corte de café, pero fue insuficiente y al final migraron.
La familia Iturio Nava también sufrió acoso e intimidación de parte del Estado. “(…) Después de que desaparecieron a mi papá, cerca de la casa, todas las noches, pasaban los militares y se oía cómo andaban recorriendo en la colonia donde vivíamos nosotros, porque era parte de la intimidación que hacían hacia los hijos y esposas”, narra Carmen.
“Nosotros denunciamos al Estado mexicano que nos hizo víctimas de lo que ahora somos y de la situación en la que estamos, porque nosotros quisiéramos que nuestro familiar estuviera a lado de nosotros, pero no es así por culpa del Ejército”.
La detención de Doroteo, creen algunos familiares, fue porque era familiar del entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos –sus padres de ambos eran primos–, y por algunas colaboraciones a su primo.
Era 1974, la época de la llamada guerra sucia, término que algunos académicos y familiares de las víctimas prefieren llamar terrorismo de Estado.
Entre 1960 y 1980 el Ejército y grupos paramilitares desaparecieron, de acuerdo con cifras oficiales, a 800 personas, entre estudiantes, militantes de izquierda y personas sumadas a la guerrilla, por considerarlos un peligro para el Estado.
Entre esas 800 personas está Doroteo, de quien no hay pistas de su paradero. 48 años después todavía exigen su aparición con vida y justicia.
“Queremos que nos explique y se nos diga dónde está nuestro padre. Puedo decir que a mi no me avergüenza que mi padre haya sido un guerrillero, a mí me enorgullece ser hija de Doroteo Iturio de Jesús y quiero se escuche su nombre donde quiera que vaya yo”, dice Carmen.
La familia de Doroteo es parte del Colectivo de Integrantes Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde junto con otras familias en la misma situación piden justicia y reparación del daño.
“Mi padre no era un criminal, era un guerrillero que peleo por sus ideales y del que siempre voy a vivir orgullosa”.
