También solicitan investigar a funcionarios de entonces, como el senador electo Omar García Harfuch y el exgobernador Ángel Aguirre
Texto y foto: Jesús Guerrero
Martes 6 de agosto de 2024
Chilpancingo
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014 pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que su gobierno coadyuve con la Federación en la búsqueda de sus hijos y que se investigue a exfuncionarios, entre ellos, al senador electo Omar García Harfuch, virtual secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum que arranca el próximo 1 de octubre.
Las madres y los padres de los 43 se reunieron este martes 6 de agosto con la mandataria guerrerense en la residencia oficial Casa Guerrero, para entregarle un documento en el que le piden que se investigue también al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien a raíz de la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, solicitó licencia para separarse del cargo, el 23 de octubre de ese año, casi un mes después de los hechos de Iguala.
Otro de los puntos del escrito entregado a Evelyn Salgado es que se detenga a ex policías estatales que están prófugos de la justicia.
Al inicio del encuentro, tres de los padres le reclamaron a la mandataria estatal el por qué no los había atendido anteriormente.
Durante la reunión, acompañaron a la gobernadora el subsecretario para Asuntos Sociales y Políticos, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y el subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alejandro Moreno Lira.
De acuerdo con la versión de uno de los padres de los 43, el documento contiene la demanda de que se investigue al Ejército y a Omar García Harfuch.
Los informes de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, reportan que Omar García Harfuch estuvo como principal mando en Guerrero de la desaparecida Policía Federal cuando ocurrieron los hechos en Iguala en 2014.
Durante el diálogo con Evelyn Salgado, varios de los padres expusieron que mandos del 27 Batallón del Ejército en Iguala fueron los responsables de la desaparición de los estudiantes.
En la reunión de más de dos horas en un amplio patio de la residencia oficial Casa Guerrero, varios padres le pidieron a la mandataria estatal que intervenga ante la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, para que una vez que asuma el gobierno no suelte el caso de los normalistas desaparecidos.
Evelyn Salgado les comunicó que el miércoles 7 de agosto tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum y se comprometió a informarle de las demandas de los padres y madres y que sigan las investigaciones.
«La gobernadora (Evelyn Salgado) no habló nada sobre el Ejército y se comprometió a que su gobierno va a coadyuvar en las investigaciones», dijo uno de los padres que estuvieron en la reunión.
Agregó que cuando se tocó el tema de los exfuncionarios del gobierno estatal que no han sido investigados, como es el caso del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, Evelyn Salgado expuso que si alguien no está involucrado no tiene por qué temer que se le investigue o que comparezca ante una instancia.
Otro de los compromisos que la mandataria estatal estableció es que la Secretaría de Salud estará al pendiente de su salud.
Uno de los padres mencionó que desde hace tiempo el gobierno federal ya no les brinda atención médica, pese que ése fue un compromiso que hizo con ellos el gobierno federal.
«A una madre que tiene diabetes tienen que hacerle las diálisis, y a otro padre deben de hacerle una cirugía en las rodillas», refirió uno de los padres.
Después de la reunión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra declaró que uno de los compromisos de la gobernadora es que su gobierno va a coadyuvar con la Federación en las búsquedas de los 43.
Otro de los temas que abordó en esa reunión fue el de los videos que se grabaron de las cámaras del edificio de la Ciudad Judicial en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), esos videos captan el momento en que civiles armados y policías municipales de Iguala y Huitzuco bajan de un autobús a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos.
La presidenta del Poder Judicial de ese entonces era la magistrada Lambertina Galeana Marín, quien actualmente está en retiro.
«En la próxima reunión que se tendrá con la gobernadora en septiembre próximo va estar el presidente del Poder Judicial (Raymundo Casarrubias Vázquez) y nos dará información sobre eso», comentó Vidulfo Rosales.
«Se hicieron varios planteamientos en materia de búsqueda, en donde el gobierno estatal pueda coadyuvar en materia de investigación y son acciones que se pueden hacer en los próximos días», consideró el abogado de los padres y madres de los 43.
Señaló que serán los padres y madres los que decidirán las protestas a realizar en las próximas semanas con motivo de los 10 años de la desaparición de sus hijos.
El abogado sintetizó que este primer acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado fue para tratar temas de manera general.
Se lo plantearon a AMLO y accedió a tener una reunión él, la presidenta electa y las madres y los padres para que haya continuidad en las investigaciones
Texto: Alberto Ramírez
Foto: Amilcar Juárez/Archivo
Martes 4 de junio del 2024
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se va a cerrar por ninguna circunstancia porque se trata de la memoria histórica.
Además, el mandatario dijo que si el caso no se aclarara en su gobierno buscaría la manera de que haya una reunión conjunta con las madres y padres de los desaparecidos, él y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para darle continuidad a la investigación.
“Hice el compromiso, me lo plantearon, en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y en conocer la verdad que yo les ayudaría a establecer comunicación con la próxima presidenta, dije que sí, pero que yo todavía tenía confianza que estos meses que faltan íbamos a avanzar”.
El presidente dio esta información ante las declaraciones del abogado de las madres y padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, quien dijo que la reunión con el presidente «solo se trató de recriminación por la manifestación de semanas antes de las elecciones en la puerta del Palacio de Gobierno y el supuesto boicot que realizaron a la campaña de Claudia Sheinbaum».
Madres, padres y estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo, el pasado 26 de abril.
El presidente dijo que fue una buena reunión en la que les permitió restablecer el diálogo.
En la mañanera de hoy, también dijo que quedaron de tener una reunión antes de que su mandato concluya y que le plantearía a Sheinbaum que estuviera presente.
Respecto a la reunión del presidente, las madres y padres de los 43 desaparecidos y su abogado que se llevó a cabo ayer, Vidulfo Rosales dijo que la reunión también sirvió para aclarar que el movimiento de ellos no tiene tintes políticos.
El abogado reconoció la labor y el trabajo del actual mandatario, pero que a pesar de eso no hay ningún resultado que esclarezca el caso.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó llamar a un “boicot” a las campañas de los candidatos a cargos de elección popular, ante la falta de resultados para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de atenderlos en audiencia antes de las elecciones del 2 de junio.
Lo anterior, lo acordaron las madres y padres de los 43 desaparecidos, los normalistas y organizaciones sociales en una reunión de la ANP en las instalaciones de Ayotzinapa, en Tixtla, este fin de semana.
“Llevaremos la lucha a las calles; particularmente, llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral”, dice el documento aprobado de la ANP.
Esta semana, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que atenderá a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta después de las elecciones bajo el argumento de que ese encuentro se utilice políticamente.
“El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la senda y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, para que la reunión con el presidente se realice en los plazos que el propio jefe del Ejecutivo refirió”, advierte la ANP.
Las organizaciones sociales, las madres y padres y los normalistas advierten que mientras no haya diálogo la lucha va a seguir, y se van ir incorporando otros sectores, campesinos, maestros e indígenas.
Mencionan que a casi 10 años de la desaparición de lo 43 estudiantes, la investigación que encabeza el presidente López Obrador ha fracasado, porque no se cuenta con una fiscalía especial y una comisión para la verdad y la justicia imparcial e independiente, aseguran las madres y padres, normalistas y organizaciones.
“Existen pruebas de que las investigaciones avanzaban, pero cuando la misma tocó al Ejército mexicano, el presidente frenó las pesquisas, para encubrirlo. Y su narrativa para desviar la atención es culpar a los abogados de las madres y padres”, señala la ANP.
En la reunión de más de cinco horas, los participantes consideraron importante que en estos momentos se lleve a cabo una reunión con el presidente López Obrador, para hacer un balance de las investigaciones y que el gobierno dé cuentas de los resultados en el caso, y diga dónde están los 43 jóvenes.
En entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de los 43, consideró que el presidente quiere posponer la reunión hasta después del 2 de junio porque quiere ganar tiempo para no enfrentar los costos políticos de su fracaso en el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de tres de sus compañeros, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
El documento de la ANP establece una serie de acciones de protestas a partir del 26 de abril hasta el 1 de mayo en la Ciudad de México.
En la conferencia matutina de este jueves indicó que esos testigos protegidos fueron liberados por denuncias de tortura hechas por organismos de derechos humanos, las mismas que asesoran a las madres y padres, y salieron libres. Ya como testigos protegidos reconocieron que sí participaron en los hechos
Texto: Alberto Ramírez
Foto: Óscar Guerrero/Archivo
Jueves 11 de abril del 2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía información sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo negó y dijo que, de haber sido así, se hubiera utilizado para hacer justicia.
La corresponsal de la revista Proceso aseguró que hubo informes antes, durante y después de la desaparición de los normalistas dentro del Centro Militar de Inteligencia y que desde la Sedena hubo un apagón informativo.
López Obrador dijo que los defensores de los derechos humanos crearon una narrativa con el propósito de manchar la imagen del ejército mexicano.
AMLO recalcó que en su gobierno hacen una investigación seria y responsable y que no hay impunidad para nadie.
Dijo que no existen pruebas y negó que la Fiscalía General de la República (FGR) las retuviera ahora que él ha tenido acceso a la investigación.
El presidente mencionó que toda la participación que tuvo el Ejército está en declaraciones y que los militares que fueron responsables están detenidos, sobre todo por presunta omisión.
Acusó y se refirió a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos como «pseudodefensores». Dijo que son los mismos que defienden a los papás y mamás de los normalistas de Ayotzinapa, pero también a los responsables que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados.
El presidente argumentó que los defensores de los derechos humanos presentaron una denuncia al Poder Judicial por tortura, por lo que fueron liberados más de 80 detenidos.
Dijo que después varios de ellos, como testigos protegidos, declararon que sí participaron en la desaparición de los 43.
López Obrador mencionó que están buscando a los 43 normalistas desaparecidos y que se va a aclarar el caso, además de que hay culpables en la cárcel que extrañamente no estaban detenidos.
López Obrador presumió que su gobierno sí da resultados, dijo que, a pesar de que en un inicio le presentaron un informe falso del caso del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, todo se aclaró y que ahora ya están detenidos los culpables.
Además el presidente recriminó al medio periodístico Proceso por los cuestionamientos que se le realizan y dijo que el medio tiene otros intereses y que va ser difícil que los convenza.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que por decisión de su gabinete de seguridad pedirán a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso del ataque de policías estatales contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido de la noche de este jueves en Chilpancingo, donde fue asesinado un normalista y otro más resultó herido.
La versión que ofreció el presidente, a partir del relato de los policías estales, es que los estudiantes viajaban en un vehículo con reporte de robo y que cuando cruzaron por el arco que es la entrada a la ciudad de Chilpancingo, cerca de un hotel, sobre el camino de conecta hasta Tixtla, los intentaron detener, pero los jóvenes les dispararon.
Según la narración del presidente los policías estatales respondieron, y “lamentablemente pierde la vida un joven”. Confirmó que hay otro estudiante herido, pero que no es de gravedad.
“Es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional, lo que ya se conoce, sin embargo son cosas distintas, porque lo que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro”, dijo tan pronto una periodista le preguntó sobre el tema en la conferencia de prensa de esta mañana desde Morelia, Michoacán, donde anda de gira.
El presidente se refirió también a todo lo que ocurrió en el contexto de la protesta de estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México, donde fue derribada una puerta de Palacio Nacional con la ayuda de un vehículo. Ha manejado este hecho como una acto de “provocadores” que se infiltraron en la protesta.
El caso Ayotzinapa es parte de los temas de la conferencia mañanera del presidente, porque expuso, es de su interés de reunirse con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 para informarles del curso de la investigación, pero sin los abogados ni defensores de derechos humanos que los respaldan, porque, dijo, no confía en ellos por llevar “un doble juego”.
El tema ya generó reacciones de las madres y los padres de los 43, quienes ayer por la tarde le respondieron en una conferencia de prensa, junto a su abogado Vidulfo Rosales Sierra, para exponer que no quieren un diálogo condicionado.
A todo esto, se suma que ayer en la noche los policías estatales atacaron a balazos a los normalistas.
Esta mañana el presidente expuso que los muchachos vinieron de Tixtla a Chilpancingo porque hay festejos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los estudiantes celebran los 98 años del funcionamiento de esta institución y cerrarían esta celebración mañana con un baile en Tixtla, pero después del ataque, los estudiantes iniciaron acciones de protesta, como la quema de vehículos oficiales.
El presidente Andrea Manuel López Obrador en la mañanera del 8 de marzo habla sobre los hechos ocurridos en día 7 de marzo en Chilpancingo con los estudiantes normalistas. Foto: Captura de pantalla.
Ante este nuevo ataque de policías contra normalistas, la propuesta del presidente es que la FGR atraía el caso “para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió”.
Lo que consideró importante precisar, porque así lo dijo en la conferencia de prensa, es que no se trató de un “choque” entre policías y normalistas. “Todos tenemos que actuar de manera responsable, yo fui dirigente opositor, por muchos años, y siempre nuestras manifestaciones eran pacíficas. Siempre cuidamos a la gente, porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás; tiene que actuar con responsabilidad”, comentó.
Después de eso convocó al abogado de las madres y los padres de los 43 a no caer en actos de provocación y a actuar con responsabilidad de cara a este nuevo caso.
El presidente mantiene un señalamiento contra los abogados y defensores de derechos humanos que asesoran a las madres y los padres de los 43; ha expuesto que no cree en ellos. En la conferencia mañanera de ayer dijo que hay un “coctel de provocadores” alrededor del caso, en los que les incluyó.
Para él, los abogados no quieren que tenga tratos directos con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos. “No pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud y que no buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos”, comentó ayer.
Hoy, con el nuevo caso del ataque a estudiantes, trajo a colación estos mismos comentarios y volvió exponer su desacuerdo con los abogados y defensores de los derechos humanos.
Es el segundo mes que los estudiantes de la Normal Rural no acuden al mitin en la capital
Texto y foto: José Miguel Sánchez
Lunes 26 de febrero del 2024
Chilpancingo
El Colectivo de Familiares de Personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso realizó en Chilpancingo el mitin del 26 de cada mes para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala la noche la madrugada del 26 de septiembre del 2014.
En el mitin los ausentes fueron los estudiantes de la Escula Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quienes no asistieron por cuestiones de agenda, de acuerdo con los organizadores del mitin.
Es el segundo mes que los estudiantes faltan a este mitin que se realiza de manera ininterrumpida desde el 2014.
Durante el mitin, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, exigió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presione al Ejército para que se abran los expedientes que faltan en la investigación para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso durante la protesta de este 26 de febrero para exigir justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014
La denuncia en el mitin de parte del colectivo de búsqueda fue que el gobierno federal recortó el presupuesto a algunas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).
Denunciaron que con el recorte presupuestal a la CNBP se cerrará el Centro Nacional de Identificación Humana, por lo que demandaron a las autoridades locales pongan en funcionamiento un Centro de identificación local.
«Nos dimos cuenta que el Centro Nacional de Identificación Humana, el cual se creo en 2022, ya no está funcionando, tampoco le dieron el presupuesto, el personal que estaba ahí integrado por especialistas ya no recibió sus pagos por lo que es un Centro que ya no va a funcionar», mencionó Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo Lupita Rodríguez.
Al mitin acudió una representación de la Comisión Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), quienes exigieron la liberación de Evodio Pérez Malpica, un ex dirigente su organización sindical detenido el pasado 20 de febrero por la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlapa.
Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso durante la protesta de este 26 de febrero para exigir justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014
Durante el mitin, realizado en el Antimonumento a los 43, los manifestantes bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas y después de 20 minutos de mitin se retiraron.
El organismo presentó en Chilpancingo su informe anual número 29
Texto y foto: Itzel Urieta
29 de enero del 2024
Chilpancingo
En el último año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, México vive una militarización que viola los derechos humanos, los principios de la seguridad pública y los derechos de los pueblos originarios, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe número 29.
“El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se ha transformado en el defensor del Ejército”, dijo Abel Barrera Hernández, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, durante la presentación de su informe.
La presentación del informe se realizó a la una de la tarde en el hotel Paradise Inn, al norte de Chilpancingo.
En este 29 informe titulado La verdad vestida de verde olivo resaltan que durante el final de este sexenio, López Obrador posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad.
Los panelistas coincidieron en que los casos de desaparición forzada, la violencia, inseguridad y falta de atención a las víctimas, son parte del sexenio de López Obrador y su intento fallido de militarizar la seguridad pública.
Tlachinollan durante la presentación de su informe número 29 en Chilpancingo, este 29 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta.
Algunos casos importantes que se mencionan en el informe es la negativa del Ejército de entregar expedientes que permitan esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El presidente «se obstina en exonerarlos (al Ejército) de los crímenes de lesa humanidad y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No da importancia a los seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con rigor científico desmontaron la verdad histórica”, se lee en una parte del informe.
Uno de los comentaristas del informe fue el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, quien dijo que además de mencionar casos negativos, el informe rescata “historias de vida y esperanza que surgen de la lucha por los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes”.
Mencionó casos como la creación de nuevos municipios indígenas, la continuidad de los sistemas de justicia comunitarios y la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios.
“Esto es la semilla de una esperanza, la flama de una indignación que perdura, que ilumina, pero también que nos motiva y nos alienta a seguir adelanta”, dijo García Campos.
Otra de las comentaristas del informe fue la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, María Luisa Aguilar, quien dijo que Guerrero aún tiene mucho camino por recorrer en temas de justicia y derechos humanos.
Tlachinollan durante la presentación de su informe número 29 en Chilpancingo, este 29 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta.
Mencionó el caso de Inés Fernández Ortega, mujer Me’phaa violada por elementos del Ejército en 2002 y que 25 años después obtuvo justicia gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Menciono el caso del activista del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en noviembre del 2019, quien aún no tiene justicia.
El director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre algunos pendientes en el caso de los 43 que vinculan directamente al Ejército.
“El comportamiento del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se debe a la colusión que se dio con mandos y miembros del 27 Batallón de Infantería, con el narcotráfico y la delincuencia organizada”, dijo Rosales Sierra.
En el mitin de este 26 de enero, que mes con mes realizan estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para exigir justicia por los 43, no asistieron los estudiantes normalistas y tampoco las madres y padres.
La denominada Acción Global por los 112 meses de la noche de Iguala, fue encabezada por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso y por el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).
A las 12 del día integrantes de ambas organizaciones llegaron al antimonumento a los 43 desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas, donde bloquearon el carril norte -sur para realizar el mitin.
Este es el primer mitin desde el 2014 en el que los estudiantes normalistas faltan. Las causas no fueron dadas a conocer.
En entrevista, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, recordó que el pasado 11 de enero las madres y padres de los 43 se levantaron de una mesa de trabajo con autoridades federales, por que sumaron al otro grupo de madres y padres con los que están peleados porque en 2022 participaron en una marcha para pedir la liberación del principal sospechoso de la desaparición masiva.
“Además continúa la exigencia de que se entreguen los expedientes de al menos 800 folios del Ejército Mexicano, que pueden contener información relevante sobre el paradero de los jóvenes”, agregó Molina Rodríguez.
El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas encabezó el mitin por la desaparición de los normalistas, con la ausencia de los estudiantes y de las madres y padres, este 26 de enero del 2024. Foto: Especial
Al no haber estudiantes ni alguna madre o padre de los normalistas, no hubo un pronunciamiento sobre los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 y que la semana pasada fueron liberados por un juez federal para enfrentar su proceso fuera de prisión.
El ex vocero de los 43, Felipe de la Cruz, indicó que el abogado Vidulfo Rosales Sierra siempre ha presionado a las madres y padres y hacen lo que él les dice
Texto: Itzel Urieta
Foto: Emilia Barrera
21 de enero del 2024
Chilpancingo
Un grupo de madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, pidieron la unidad al grupo mayoritario que rompió el diálogo con el gobierno federal por reunir a ambos grupos con la Comisión de la Verdad, el pasado 11 de enero.
En lo que sería la primera reunión con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, el grupo mayoritario de madres y padres de los normalistas, representados por el Centro de Derechos Humanos de la Montañana Tlachinollan, informaron que abandonaron dicha reunión debido a que llegó otro grupo de madres y padres que en 2022 marcharon por las calles de Iguala para exigir la liberación del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, lo que implicó una división interna.
Este otro grupo de madres y padres ofrecieron hoy una conferencia de prensa esta tarde en el centro de Chilpancingo para pedir unidad en el movimiento y exigir justicia por los 43 desaparecidos y los tres asesinados durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
En esta conferencia estuvieron Alfonso Rodríguez Ángel, padre de Jesús Giovani Rodríguez Tlatempa; Erica de la Cruz Pascual, esposa del estudiante desaparecido Adán Abraján de la Cruz; Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello e Inés Gallardo Martínez, madre de Daniel Solís Gallardo, uno de los tres estudiantes asesinados esa noche del 26 de octubre del 2014.
Felipe de la Cruz Sandoval, ex vocero del grupo de madres y padres de los 43, en conferencia este 21 de enero del 2024. Foto: Emilia Barrera
También Felipe de la Cruz Sandoval, vocero del movimiento durante siete años, vetado en 2018 por buscar una diputación plurinominal por Morena.
“Como madres y padres de familia y familia directa de los 43 también tenemos derecho a estar en las reuniones, que se nos dé información de cómo va el caso, qué se ha hecho y qué falta y todo eso se nos tiene que dar”, dijo Erica de la Cruz Pascual, esposa de Adán Abraján De la Cruz.
“Llamamos a la unidad, no estamos de acuerdo en lo que dicen que nosotros estamos en contra o rompiendo las reuniones, por el contrario, llamamos a la unión para que seamos más en una sola sintonía”, agregó.
Este grupo de madres, padres y familiares fueron separados del grupo mayoritario después de que el 28 de agosto del año pasado marcharon por las calles de Iguala, junto al empresario Pedro Segura Balladares, para exigir la liberación del ex alcalde de dicho municipio, José Luis Abarca Velázquez, uno de los principales señalador de ordenar la desaparición de los normalistas.
“No se nos hace justo que, porque ellos tengan diferencias con nosotros, no se nos dé a conocer los avances”, agregó de la Cruz Pascual.
De la Cruz Sandoval, el ex vocero, dijo que “por influencias del abogado hay esta separaciones, pero no es porque el gobierno las provoque”.
Un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados hace nueve años pidieron unidad al resto de las familias de los estudiantes. Foto: Emilia Barrera.
El ex vocero de las madres y padres se lanzó contra el abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, integrante de Tlachinollan, y dijo que “la actitud de Vidulfo con los padres siempre ha sido esa, la de la presión, el chantaje y los padres por temor de quedarse en el desamparo han tenido que hacer lo que él dice”.
Agregó que acudieron a la marcha convocado por Segura Balladares porque prometió darles información sobre sus hijos.
En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.
Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs
15 de enero 2024
En un nuevo capítulo de la tragedia de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la presunta estrategia del gobierno de la 4T para socavar las investigaciones y dividirlos, siguiendo los pasos de administraciones anteriores. La mañana del jueves 11 de enero del 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tenía pactada una reunión con los familiares, con el objetivo de entregar los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero dicha entrega no se materializó.
Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expresaron su rechazo a una supuesta estrategia del gobierno federal, la cual incluiría una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y sus representantes legales, esto porque legan que el presidente López Obrador estaría replicando tácticas similares a las utilizadas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.
En una reunión programada con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres esperaban la entrega de archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), una solicitud que se remonta a junio de 2023. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo como se planeó, generando frustración entre los familiares.
La sorpresa se instauró cuando un pequeño grupo de madres y padres, presuntamente alineado con otros intereses, participó en una reunión de trabajo convocada por el gobierno federal sin previo aviso a los afectados. Esta táctica fue interpretada como una maniobra maquiavélica para sembrar discordia entre las familias afectadas.
Foto: Mario Marlo/ZonaDocs
“El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona?”, expresó doña Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.
Las estrategias de desprestigio, ofrecimientos de dinero a las víctimas y divisiones entre los afectados, comúnmente atribuidas a gobiernos de la derecha, son denunciadas como prácticas nefastas que persisten en la administración actual. Las madres y padres de los 43 exigen que el ejército entregue los documentos del CRFI y revelen la verdad sobre la desaparición de sus hijos.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó la importancia de la entrega de 800 folios que contienen información crucial sobre el caso. Afirmó que, a pesar de la existencia de estos documentos, el gobierno federal ha iniciado una campaña de descalificación contra las entidades que buscan la verdad.
Ante la escalada de tensiones y la supuesta ruptura de la reunión planificada, las madres y padres evalúan solicitar una reunión directa con el presidente de la república para abordar las líneas pendientes y el manejo de la información que el ejército se niega a entregar. Mientras persiste la incertidumbre, las familias afectadas reafirmaron su compromiso de buscar la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.
Fue en el contexto de una reunión para pedir la información faltante sobre la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes
Texto: Itzel Urieta
11 de enero del 2023
Chilpancingo
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de querer dividirlos y confrontarlos con otro grupo de madres y padres apoyados por el empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.
Las madres y padres tuvieron una reunión hoy con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, en dicha reunión también estuvo presente el grupo apoyado por Segura Valladares, quienes en 2022 marcharon en Iguala de la Independencia para exigir la liberación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado de ser uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.
Por la presencia del otro grupo y debido a que no se atendió su petición de mostrarles los archivos faltantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según lo informado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las madres y padres se retiraron de la reunión.
“Nos quieren confrontar entre compañeros. Nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
Agregó que no quisieron compartir el espacio con ese grupo de madres y padres porque públicamente expresaron su apoyo a Abarca Velázquez. “Cómo es posible que vayan a defender a esa persona, por eso nosotros nos levantamos porque no queremos confrontarnos con ellos y le dijimos al subsecretario que los atienda pero aparte, no en conjunto con nosotros”.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, expresó su inconformidad y descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por “atacar a sus equipos”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI.
“Es una manera de división que ya habíamos pasado con el gobierno anterior, ahora otra de las divisiones que trata de hacer es entre padres”.
González Contreras acusó al otro grupo de madres y padres de ser “quienes les han puesto un poco el pie”, por ese motivo mostraron su inconformidad de estar en la misma sala con ellos.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024. Foto: Captura de video
Gobierno tiene información sobre participación del Ejército que se niega a entregar
Externó que el gobierno de López Obrador tiene la información sobre la documentación de la Sedena que falta para esclarecer el caso, pero se niegan a entregarla.
“Vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres. Nosotros no estamos en contra de ningún padre, estamos en contra de las maneras de accionar de gobernación”, expuso González Contreras.
El abogado y representante de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que desde hace un año solicitaron al gobierno federal 800 folios que el Ejército no ha entregado.
“Dentro de estos 800 folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandillas municipal a Lomas del Coyote, a través de una intervención telefónica que el Ejército hizo”, señaló Rosales Sierra.
Aseguró que en las reuniones con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) aceptaron la existencia de estos folios.
Dijo que continuarán en la exigencia de la entrega de la información que falta y de los 800 folios.
“Lo que está pendiente son los 800 folios que estamos exigiendo y que lamentablemente el gobierno, concretamente el presidente y el Ejército Mexicano se niegan a entregarlos aduciendo su inexistencia”.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024, desde Ciudad de México. Foto: Captura de video
Acusó a López Obrador de descalificar a las organizaciones e instituciones que apoyan a las madres y padres.
Las madres y padres solicitaron que la información que falta sea revisada por el GIEI, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH
A casi 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades encargadas de la búsqueda y rescate de los jóvenes “perdieron” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Se trata de las fichas de Carlos Iván Ramírez Villarreal, Giovanni Galíndez Guerrero, Jonás Trujillo González, José Ángel Campos Cantor y Miguel Ángel Hernández Martínez, quienes desaparecieron junto con sus compañeros tras una serie de hechos violentos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
El extravío de las fichas de búsqueda de los estudiantes, que por ley deberían estar dentro de la consulta pública del Registro Nacional, ocurre en medio de la controversia provocada por el cruce de diversas bases de datos y de un censo “casa por casa” ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acción con la que finalmente el Gobierno de México presumió que fueron localizadas 16 mil 681 personas desaparecidas en México, en una conferencia de prensa en la que primaron omisiones, dudas y opacidad.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional en donde presentó detalles sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. FOTO: GALO CAÑAS//Animal Político
También ocurre luego de que el pasado viernes 29 de diciembre de 2023, el Gobierno de México prometió abrir por dos meses todos los archivos del caso Ayotzinapa a padres de los 43 normalistas, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones al presidente la apertura de la información sobre el caso, sobre todo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes incluso les solicitaron 806 documentos de los cuales solo les han entregado 5.
Pese a lo anterior, las fichas de búsqueda de los cinco estudiantes, que deberían contener datos como la fotografía de los jóvenes, su edad al momento de la desaparición, la fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de la desaparición y señas particulares, entre otros datos, no aparecen dentro del Registro Nacional, lo que incluso se podría catalogar como una falta administrativa grave.
Animal Político buscó a la Comisión Nacional de Búsqueda(CNB), a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para preguntar el motivo por el cual no aparecen las fichas de los cinco jóvenes, y la dependencia aseguró que la publicación de estos “boletines” responde a las “autoridades primarias”, que en este caso pudieron ser la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Guerrero o la Comisión Estatal de Búsqueda, encargadas de subir la información desde el primer momento de la desaparición.
Foto: Animal Político
“Para que esté un nombre en el Registro Nacional tuvo que haberlo subido una autoridad primaria o el familiar de algún desaparecido. Es la única manera. En general la Comisión Nacional, a menos que reciba una orden o reciba aquí a los familiares a los denunciantes, nosotros no hacemos, no subimos los registros, sino son las autoridades primarias”.
Este medio también buscó a la FGR para conocer el motivo por el cuál no está registrada esta información, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
No obstante, Vidulfo Rosales Sierra, representante de las madres y los padres de los 43 de Ayotzinapa aseguró que las familias no sabían sobre la desaparición de las fichas de búsqueda de los cinco jóvenes y que “no hay motivo para ello, a menos que no hayan sido registrados”.
“Pero en su momento a todos se les realizó una ficha de búsqueda ¿correcto?”―se le preguntó―.
“Sí, a los 43 “, respondió.
«Localización con vida o sin vida: las opciones para dar de baja información del Registro Nacional»
De acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, si una persona con estatus de desaparecida o no localizada es encontrada viva o si fueron encontrados sus restos óseos se dará de baja del Registro Nacional su información, dejando constancia de ello, lo cual no debe de interferir con el seguimiento de la investigación correspondiente.
Foto: Pie de }Página
El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que entre las responsabilidades que las autoridades primarias tienen para la búsqueda inmediata de personas está realizar una entrevista inicial con familiares o testigos de la desaparición, así como registrar en el RNPDNO datos como nombre completo y apodos usuales, dirección de domicilio o centro de trabajo, rutinas, fotografías recientes, señas particulares, último contacto, vestimenta, fecha de nacimiento y edad, género, ocupación, entre otros.
Y agrega que “ninguna información que las personas entrevistadas proporcionen debe quedar sin registrar” y que las personas servidoras públicas solicitan información para orientar la búsqueda, “pero absolutamente nada de lo que obtengan puede ser usado como base para negarse a registrar y buscar diligentemente a la persona desaparecida o no localizada”.
A su vez, cuando las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas localicen a una víctima del delito de desaparición forzada, como fue el motivo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tienen por obligación poner a la persona a salvo, cuidando que quienes la violentan no tengan forma de hacerle daño a ellas o a sus familiares.
“Las autoridades que realicen la localización deben notificar de los hechos a la fiscalía especializada en desaparición de la entidad de la que se trate, o, cuando se advierta la participación de agentes federales, a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República”, señala este documento.
Conferencia de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en las inmediaciones del Centro Prodh, en posicionamiento al sexto informe del GIEI.
Solo bajo este supuesto es que el protocolo indica que podrán realizar un informe de localización, que a su vez deberá consignar las decisiones y actuaciones de las autoridades responsables de la búsqueda a partir de la determinación del paradero de las víctimas, y dejar disponible para la víctima y sus familiares una copia de este informe y otra copia que se anexará a la carpeta de investigación o averiguación previa en que se investigan los delitos cometidos contra la persona localizada.
“La búsqueda de la persona debe darse de baja en el RNPDNO rellenando el formulario de localización y el informe de localización debe adjuntarse al sistema”, señala el mismo Protocolo.
Bajo esta situación se puede entender la ausencia de las fichas de búsqueda de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, los tres normalistas cuyos segmentos han sido identificados hasta ahora, pero no la ausencia de las fichas de búsqueda de sus cinco compañeros, que siguen desaparecidos al día de hoy, ni tampoco las investigaciones sobre el caso.
Por otro lado, en el mismo protocolo se señala que si se realiza una localización sin vida, la notificación debe hacerse a la familia “con extrema sensibilidad”, por un equipo interdisciplinario que incluya personal especializado en psicología y asesoría jurídica, y en los casos en que la notificación sea producto de la identificación de un cuerpo o restos óseos, el equipo debe integrar también personal pericial y forense que conozca en caso o haya intervenido en la identificación, lo que no ha sucedido en los casos de las supuestas localizaciones del censo “casa por casa”.
“En los casos en que la recuperación, identificación y restitución de los restos sea materialmente imposible, la notificación debe incluir la exhibición y explicación de la totalidad del material probatorio utilizado para alcanzar esa conclusión, del cual le será entregada copia a la familia. De conformidad con el Eje Rector Operativo de Permanencia y los Principios Rectores aprobados por el CED-ONU, en estos casos el consentimiento de las y los familiares es necesario para suspender la búsqueda y darla de baja en el RNPDNO. La búsqueda no se suspenderá si entre familiares no hay consenso”.
«Gobierno federal abre nuevo sitio de consulta pública sobre personas desaparecidas»
Pese a lo anterior, autoridades de la CNB señalaron que el pasado mes de diciembre de 2023, el Gobierno Federal presentó un nuevo sitio de la “versión pública especial para consulta” de personas desaparecidas (que tiene la misma información de la “versión pública integral” del RNPDNO) creada a partir de la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada” del presidente López Obrador, con fecha de corte de la versión pública al 22 de agosto de 2023 y fecha corte de la estrategia nacional al 13 de diciembre de 2023.
“La diferencia entre una y otra es justo el tipo de búsqueda. Es decir, es un poco más amable. Esta versión lo hicimos así para que pudieran encontrar más fácil, pero es la misma versión que en la parte de arriba dice versión integral y ahí está también el registro de Excel con un poco de más datos al que se pueda acceder igual, pero es un poquito más rebuscado”, aseguraron.
En esta nueva base Animal Político buscó nuevamente la información de los 40 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos y encontró que la información del normalista José Ángel Campos Cantor aparece como “confidencial” por ser “información reservada por la FGR”.
“Si tú los buscas en ésta (página) vas a encontrar los datos que están dentro del Registro Nacional y Registro Nacional también es el que se utiliza para generar los boletines. Sin embargo, las autoridades pueden determinar la pertinencia de que el boletín sea público o no sea público y es por eso que pueden no estar en la página de boletines y sí encontrarse dentro del Registro Nacional”, respondió la CNB.
No obstante, la información de Campos Cantor no aparece en “la versión pública integral” del Registro Nacional.
«Familias identifican ‘rasurada’ de al menos 120 personas en Tamaulipas»
El 28 de diciembre de 2023, la activista y defensora de derechos humanos, Delia Quiroa, denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que familias de víctimas de desaparición en el estado de Tamaulipas aseguraban que sus familiares no aparecían en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“Hoy con tristeza y frustración leo los chats de familias con alguien desaparecid@ preguntando ¿cómo busco a mi hij@ en el registro? Y pienso ¿acaso lo que hizo el presidente no vuelve a desaparecer a nuestros familiares? Claro que sí, las familias están desesperadas
No solo hay que buscar a nuestros desaparecidos por todas partes sin descanso, ahora hay que estar buscandol@s en el registro nacional derivado de la “rasurada” que le dieron al censo”, escribió Quiroa, quien desde el año 2013 busca a su hermano.
Consultada por Animal Político, la también licenciada en derecho y juicios orales aseguró que hasta el momento 120 familias han identificado que los datos de sus familiares desaparecidos en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, han sido “rasurados” del Registro Nacional.
“Pero faltan más. Necesitamos el permiso de las familias (para dar a conocer los casos) y en eso estamos, porque es importante que se sepa. No sabe la cantidad de mensajes que llegan a los chats de familias, quejándose de que ya no aparece su familiar. Son demasiados”, aseguró.
Según el propio RNPDNO, Tamaulipas tiene un total de 12 mil 931 personas desaparecidas y no localizadas desde el 10 de noviembre de 1961 hasta el 31 de diciembre de 2023, de las cuales 594 desaparecieron en el último año.
