Marchan normalistas y activistas contra el Ejército y por la justicia pendiente al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Reprochan espionaje del aparato de gobierno contra defensores de derechos humanos y víctimas


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Normalistas del estado y miembros organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo para exigir un alto a la criminalización de los luchadores sociales y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La protesta se da en el marco de un mes de acciones por los más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. La marcha comenzó al norte de la ciudad, en la estatua de Nicolás Bravo, conocida popularmente como el caballito, y avanzó con dirección al sur por el centro de la ciudad.

Durante la marcha, el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre lo que consideró hostigamiento y criminalización contra las organizaciones sociales y contra sus integrantes.

«Seguimos pidiendo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se investigue a las fuerzas armadas y se abstenga al Ejército de realizar investigaciones encubiertas contra las organizaciones sociales, porque sus funciones son otras, es la seguridad nacional y no el espionaje», mencionó.

Agregó que en la reunión que tuvieron con López Obrado acordaton que habrá una revisión de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado contra elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en los hechos de hace ocho años en la ciudad de Iguala.

Sobre la designación del nuevo fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Rosales Sierra mencionó que López Obrador podría designar a un nuevo fiscal a propuesta de los padres y madres de los 43.

Después de la renuncia del Fiscal Omar Gómez Trejo por supuestas diferencias con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el gobierno de López Obrador lo sustituyó por Rosendo Gómez Piedra.

La marcha, en la que participaba al menos 500 personas de distintas organizaciones sociales, hizo una parada en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.

Entre las organizaciones asistentes estuvieron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), el Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Tlachinollan y el Sindicato Único de Trabajadores de Bachilleres del Estado e Guerrero (Sutcobach).

Además de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de la Normal Pública Estatal Adolfo Viguri Viguri.

En el antimonumento los manifestantes realizaron un pase de lista por los 43 normalistas desaparecidos; se sumó un contingente numeroso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).

El contingente, ya con al menos 800 personas, avanzó con dirección al Palacio de Gobierno, antes hicieron una parada en el Congreso local, donde los estudiantes de Ayotzinapa realizaron pintas.

Desde ahí la marcha siguió sobre la Autopista del Sol hasta llegar a Palacio de Gobierno.

En la entrada de Palacio de Gobierno los manifestantes realizaron un mitin político donde cada una de las organizaciones sociales fijó postura y reclamó verdad y justicia.

La primera participación fue la lectura de un comunicado donde condenaron el espionaje y hostigamiento que realiza el Ejército a las organizaciones sociales.

«Es criminal que el Ejército nos hostige y por el contrario sea omiso con los grupos criminales que matan y asesinan a plena luz del día», dijo uno de los activistas.

Intervino Joaquina García Velázquez, madre del normalista desaparecido Martín Getsemany Sánchez García, y agradeció a todas las organizaciones presentes por el apoyo a la exigencia de justicia y aparición con vida de los normalistas.

«Un mes más de estar presente, exigiendo la aparición con vida de nuestros hijos y no vamos a parar en nuestra lucha para exigir la verdad, el gobierno quiso entregarnos un mensaje de que el caso estaba cerrado pero como madres no nos vamos a detener para saber la verdad.

Durante la participación de la CETEG, el secretario general, Héctor Torres Solano, comentó que hoy comenzaron una jornada de lucha de 72 horas en contra de las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante la participación de Torres Solano, un grupo de maestros de la CETEG quemó un paquete de boletas electorales de la elección ocurrida ayer en el que ellos llaman el sindicato charro.

Marco Antonio Suastegui Muñoz, representante del CECOP, exigió la aparición con vida de su hermano, Vicente Suastegui Muñoz, y acusó al gobierno anterior de Héctor Astudillo Flores de ser es el responsable de la desaparición, pero también acusó de omisión al actual de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

«Una noche lluviosa del cinco de agosto de 2021 se llevaron a mi hermano Vicente y hasta la fecha sigue desaparecido, y en aquel momento dije que fue una venganza del chacal de Héctor Astudillo y lo sigo sosteniendo».

El Centro Morelos habló sobre la militarización del gobierno federal y acusó al Ejército de ser el responsable de que existan familias desplazadas por la violencia.

Además pidieron una audiencia con Salgado Pineda porque, dijeron, a un año de que tomo el cargo no hay ningún acercamiento.

 


Te podría interesar:

«No nos informaron nada», dice papá de un normalista de Ayotzinapa sobre nombramiento de fiscal

El GIEI podría dejar caso Ayotzinapa por falta de condiciones: Tlachinollan 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Ante las presiones que hay en los más altos niveles del gobierno federal que originó la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, hay el riesgo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone las investigaciones, advirtió el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas», dijo Barrera Hernández.

El 6 de mayo del 2020, la CIDH firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones y determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula como lo estableció en su verdad histórica el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por diversos delitos derivados de este caso.

«Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta», dijo Barrera.

Este jueves 29, integrantes del GIEI ofrecerán una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que darán a conocer un informe del caso Ayotzinapa.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más», afirmó Barrera.

Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reinvidicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.

«Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México», dijo Barrera.

El activista y director de Tlachinollan estuvo aquí en Chilpancingo en donde participó en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico en donde habló acerca del riesgo de que se desmantele la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

«Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creo en México a través del mecanismo de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa», dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su intervención, Barrera Hernández contó que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.

Entrevistado al concluir su participación en el foro, Barrera consideró que la salida del GIEI y la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad, Omar Gómez, forma parte del desmantelamiento de este mecanismo de justicia transicional que se puso en marcha en diciembre del 2018 en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a petición de los padres y madres de los 43.

«Además desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay el interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso», dijo Barrera.

Mencionó que ya había ese acuerdo para que se firmara pero este se estancó luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio el informe del caso en agosto pasado, donde señala al Ejército como responsable de los sucesos de Iguala.

«Se van a ir (los expertos internacionales) porque ven que no hay las condiciones políticas no son las mismas y además el curso que está tomando esta embestida es lo que no les va a permitir asegurar un trabajo dentro de la Fiscalía o el Ejército», dijo Barrera.

El activista señaló que una de los motivos de que podría originar el desmantelamiento de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es el apoyo que el gobierno da al Ejército en las investigaciones para buscar la justicia.

La semana pasada, la FGR dio a conocer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y cinco autoridades civiles, entre ellos, el ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín.

«También hay una descalificación en las redes sociales hacia Vidulfo Rosales Sierra (asesor de los familiares de los 43) y eso preocupa mucho porque se está criminalizando a los defensores por el hecho de que están denunciando los abusos de los militares», afirmó Barrera Hernández.

Los ataques que hay en contra de Rosales Sierra a través de las redes sociales se originaron a raíz de que el presidente López Obrador arremetió contra éste en las conferencias mañaneras.

Padre de normalista de Ayotzinapa lamenta que FGR se haya desistido de órdenes de aprehensión

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:

Chilpancingo

 

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lamentó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cancelado 21 órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez en contra de ex funcionarios y militares.

«Lo que le puedo decir a (Alejandro) Gertz Manero (fiscal general de la República) que vaya por estas órdenes de aprehensión contra estas personas», afirmó don Clemente.

En entrevista telefónica, Rodríguez Moreno aseguró que dentro de la FGR hay funcionarios de la anterior administración de Enrique Peña Nieto que obstaculizan las investigaciones del caso.

«Hay un interés de por medio porque dentro de la Fiscalía hay gente coludida del anterior gobierno y por eso no se avanza en las investigaciones», dijo don Clemente.

El papá del normalista Cristian Alfonso Rodríguez dijo que una de las funcionarias que, según él obstaculiza las investigaciones, es Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR.

Alfredo Higuera Bernal, quien también estuvo en la FGR durante el gobierno de Peña, es actual titular de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo).

«También este señor Bernal ha obstaculizado las investigaciones», aseguró don Clemente.
Este sábado se dio a conocer que la FGR canceló las órdenes de aprehensión contra 16 militares y ex funcionarios, entre ellos, el ex procurador general de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, quien estaba acusado de delincuencia organizada.

Contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, la FGR también canceló la orden de captura. Ella estaba acusada de los delitos de obstrucción de la justicia y delincuencia organizada.

A otro que se le canceló la orden de aprehensión es al comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto, y a otros 15 militares del 27 Batallón de Infantería.

En julio del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, don Clemente recibió en su casa la visita del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para notificarle que un análisis genético realizado por la Universidad de Innsbruck confirmó que un hueso hallado en la barranca de la carnicería en Cocula pertenecía a su hijo Cristian Alfonso.

Rodríguez Moreno indicó que tiene la esperanza de que su hijo esté con vida y que él solo va a creer que está muerto cuando le entreguen todos sus restos.

Este domingo, Rodríguez Moreno estuvo en Cancún, Quintana Roo, a invitación de padres y madres de desaparecidos de aquella entidad.

«En una de las avenidas principales de Cancún se colocó un antimonumento de los 43 y estoy muy emocionado», dijo.

Mencionó que los demás padres y madres que siguen en la Ciudad de México para realizar actividades con motivo de los ocho años de los sucesos en Iguala se cooperaron para que él acudiera a Cancún y representarlos en el acto de la colocación del antimonumento de los 43.

«Mañana lunes estaremos de regreso muy temprano para participar en la marcha», dijo don Clemente.

En la imagen, familiar de un normalista desaparecido de Ayotzinapa marcha el 12 de diciembre del 2021 en las calles de Chilpancingo

 

Salir de la versión móvil