Revela López Obrador que varios testigos protegidos sobre desaparición de los 43 estuvieron detenidos 

En la conferencia matutina de este jueves indicó que esos testigos protegidos fueron liberados por denuncias de tortura hechas por organismos de derechos humanos, las mismas que asesoran a las madres y padres, y salieron libres. Ya como testigos protegidos reconocieron que sí participaron en los hechos 


Texto: Alberto Ramírez 

Foto: Óscar Guerrero/Archivo 

Jueves 11 de abril del 2024

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía información sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo negó y dijo que, de haber sido así, se hubiera utilizado para hacer justicia.

La corresponsal de la revista Proceso aseguró que hubo informes antes, durante y después de la desaparición de los normalistas dentro del Centro Militar de Inteligencia y que desde la Sedena hubo un apagón informativo.

López Obrador dijo que los defensores de los derechos humanos crearon una narrativa con el propósito de manchar la imagen del ejército mexicano.

AMLO recalcó que en su gobierno hacen una investigación seria y responsable y que no hay impunidad para nadie.

Dijo que no existen pruebas y negó que la Fiscalía General de la República (FGR) las retuviera ahora que él ha tenido acceso a la investigación.

El presidente mencionó que toda la participación que tuvo el Ejército está en declaraciones y que los militares que fueron responsables están detenidos, sobre todo por presunta omisión.

Acusó y se refirió a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos como «pseudodefensores». Dijo que son los mismos que defienden a los papás y mamás de los normalistas de Ayotzinapa, pero también a los responsables que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados.

El presidente argumentó que los defensores de los derechos humanos presentaron una denuncia al Poder Judicial por tortura, por lo que fueron liberados más de 80 detenidos.

Dijo que después varios de ellos, como testigos protegidos, declararon que sí participaron en la desaparición de los 43.

López Obrador mencionó que están buscando a los 43 normalistas desaparecidos y que se va a aclarar el caso, además de que hay culpables en la cárcel que extrañamente no estaban detenidos.

López Obrador presumió que su gobierno sí da resultados, dijo que, a pesar de que en un inicio le presentaron un informe falso del caso del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, todo se aclaró y que ahora ya están detenidos los culpables.

Además el presidente recriminó al medio periodístico Proceso por los cuestionamientos que se le realizan y dijo que el medio tiene otros intereses y que va ser difícil que los convenza.

Solicitará AMLO que FGR atraiga el caso de la nueva agresión armada contra normalistas de Ayotzinapa

Margena de la O 

8 de marzo del 2024

Chilpancingo

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que por decisión de su gabinete de seguridad pedirán a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso del ataque de policías estatales contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido de la noche de este jueves en Chilpancingo, donde fue asesinado un normalista y otro más resultó herido.

La versión que ofreció el presidente, a partir del relato de los policías estales, es que los estudiantes viajaban en un vehículo con reporte de robo y que cuando cruzaron por el arco que es la entrada a la ciudad de Chilpancingo, cerca de un hotel, sobre el camino de conecta hasta Tixtla, los intentaron detener, pero los jóvenes les dispararon.

Según la narración del presidente los policías estatales respondieron, y “lamentablemente pierde la vida un joven”. Confirmó que hay otro estudiante herido, pero que no es de gravedad.

“Es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional, lo que ya se conoce, sin embargo son cosas distintas, porque lo que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro”, dijo tan pronto una periodista le preguntó sobre el tema en la conferencia de prensa de esta mañana desde Morelia, Michoacán, donde anda de gira.

El presidente se refirió también a todo lo que ocurrió en el contexto de la protesta de estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México, donde fue derribada una puerta de Palacio Nacional con la ayuda de un vehículo. Ha manejado este hecho como una acto de “provocadores” que se infiltraron en la protesta.

El caso Ayotzinapa es parte de los temas de la conferencia mañanera del presidente, porque expuso, es de su interés de reunirse con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 para informarles del curso de la investigación, pero sin los abogados ni defensores de derechos humanos que los respaldan, porque, dijo, no confía en ellos por llevar “un doble juego”.

El tema ya generó reacciones de las madres y los padres de los 43, quienes ayer por la tarde le respondieron en una conferencia de prensa, junto a su abogado Vidulfo Rosales Sierra, para exponer que no quieren un diálogo condicionado.

A todo esto, se suma que ayer en la noche los policías estatales atacaron a balazos a los normalistas.

Esta mañana el presidente expuso que los muchachos vinieron de Tixtla a Chilpancingo porque hay festejos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los estudiantes celebran los 98 años del funcionamiento de esta institución y cerrarían esta celebración mañana con un baile en Tixtla, pero después del ataque, los estudiantes iniciaron acciones de protesta, como la quema de vehículos oficiales.

El presidente Andrea Manuel López Obrador en la mañanera del 8 de marzo habla sobre los hechos ocurridos en día 7 de marzo en Chilpancingo con los estudiantes normalistas. Foto: Captura de pantalla.

Ante este nuevo ataque de policías contra normalistas, la propuesta del presidente es que la FGR atraía el caso “para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió”.

Lo que consideró importante precisar, porque así lo dijo en la conferencia de prensa, es que no se trató de un “choque” entre policías y normalistas. “Todos tenemos que actuar de manera responsable, yo fui dirigente opositor, por muchos años, y siempre nuestras manifestaciones eran pacíficas. Siempre cuidamos a la gente, porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás; tiene que actuar con responsabilidad”, comentó.

Después de eso convocó al abogado de las madres y los padres de los 43 a no caer en actos de provocación y a actuar con responsabilidad de cara a este nuevo caso.

El presidente mantiene un señalamiento contra los abogados y defensores de derechos humanos que asesoran a las madres y los padres de los 43; ha expuesto que no cree en ellos. En la conferencia mañanera de ayer dijo que hay un “coctel de provocadores” alrededor del caso, en los que les incluyó.

Para él, los abogados no quieren que tenga tratos directos con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos. “No pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud y que no buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos”, comentó ayer.

Hoy, con el nuevo caso del ataque a estudiantes, trajo a colación estos mismos comentarios y volvió exponer su desacuerdo con los abogados y defensores de los derechos humanos.

Colectivo de desaparecidos realizan mitin para exigir justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Es el segundo mes que los estudiantes de la Normal Rural no acuden al mitin en la capital

Texto y foto: José Miguel Sánchez

Lunes 26 de febrero del 2024

Chilpancingo

El Colectivo de Familiares de Personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso realizó en Chilpancingo el mitin del 26 de cada mes para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala la noche la madrugada del 26 de septiembre del 2014.

En el mitin los ausentes fueron los estudiantes de la Escula Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quienes no asistieron por cuestiones de agenda, de acuerdo con los organizadores del mitin.

Es el segundo mes que los estudiantes faltan a este mitin que se realiza de manera ininterrumpida desde el 2014.

Durante el mitin, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, exigió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presione al Ejército para que se abran los expedientes que faltan en la investigación para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.

Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso durante la protesta de este 26 de febrero para exigir justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014

La denuncia en el mitin de parte del colectivo de búsqueda fue que el gobierno federal recortó el presupuesto a algunas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

Denunciaron que con el recorte presupuestal a la CNBP se cerrará el Centro Nacional de Identificación Humana, por lo que demandaron a las autoridades locales pongan en funcionamiento un Centro de identificación local.

«Nos dimos cuenta que el Centro Nacional de Identificación Humana, el cual se creo en 2022, ya no está funcionando, tampoco le dieron el presupuesto, el personal que estaba ahí integrado por especialistas ya no recibió sus pagos por lo que es un Centro que ya no va a funcionar», mencionó Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo Lupita Rodríguez.

Al mitin acudió una representación de la Comisión Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), quienes exigieron la liberación de Evodio Pérez Malpica, un ex dirigente su organización sindical detenido el pasado 20 de febrero por la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlapa.

Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso durante la protesta de este 26 de febrero para exigir justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014

Durante el mitin, realizado en el Antimonumento a los 43, los manifestantes bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas y después de 20 minutos de mitin se retiraron.

Tlachinollan: López Obrador se obstinó en exonerar al Ejército en la desaparición de los 43

El organismo presentó en Chilpancingo su informe anual número 29


Texto y foto: Itzel Urieta

29 de enero del 2024

Chilpancingo

 

En el último año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, México vive una militarización que viola los derechos humanos, los principios de la seguridad pública y los derechos de los pueblos originarios, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe número 29.

“El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se ha transformado en el defensor del Ejército”, dijo Abel Barrera Hernández, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, durante la presentación de su informe.

La presentación del informe se realizó a la una de la tarde en el hotel Paradise Inn, al norte de Chilpancingo.

En este 29 informe titulado La verdad vestida de verde olivo resaltan que durante el final de este sexenio, López Obrador posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad.

Los panelistas coincidieron en que los casos de desaparición forzada, la violencia, inseguridad y falta de atención a las víctimas, son parte del sexenio de López Obrador y su intento fallido de militarizar la seguridad pública.

Tlachinollan durante la presentación de su informe número 29 en Chilpancingo, este 29 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta.

Algunos casos importantes que se mencionan en el informe es la negativa del Ejército de entregar expedientes que permitan esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente «se obstina en exonerarlos (al Ejército) de los crímenes de lesa humanidad y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No da importancia a los seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con rigor científico desmontaron la verdad histórica”, se lee en una parte del informe.

Uno de los comentaristas del informe fue el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, quien dijo que además de mencionar casos negativos, el informe rescata “historias de vida y esperanza que surgen de la lucha por los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes”.

Mencionó casos como la creación de nuevos municipios indígenas, la continuidad de los sistemas de justicia comunitarios y la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios.

“Esto es la semilla de una esperanza, la flama de una indignación que perdura, que ilumina, pero también que nos motiva y nos alienta a seguir adelanta”, dijo García Campos.

Otra de las comentaristas del informe fue la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, María Luisa Aguilar, quien dijo que Guerrero aún tiene mucho camino por recorrer en temas de justicia y derechos humanos.

Tlachinollan durante la presentación de su informe número 29 en Chilpancingo, este 29 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta.

Mencionó el caso de Inés Fernández Ortega, mujer Me’phaa violada por elementos del Ejército en 2002 y que 25 años después obtuvo justicia gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Menciono el caso del activista del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en noviembre del 2019, quien aún no tiene justicia.

El director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre algunos pendientes en el caso de los 43 que vinculan directamente al Ejército.

“El comportamiento del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se debe a la colusión que se dio con mandos y miembros del 27 Batallón de Infantería, con el narcotráfico y la delincuencia organizada”, dijo Rosales Sierra.

Ausentes estudiantes de Ayotzinapa y madres y padres al mitin del 26 para exigir justicia

Texto: Itzel Urieta

26 de enero del 2024

Chilpancingo

 

En el mitin de este 26 de enero, que mes con mes realizan estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para exigir justicia por los 43, no asistieron los estudiantes normalistas y tampoco las madres y padres.

La denominada Acción Global por los 112 meses de la noche de Iguala, fue encabezada por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso y por el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).

A las 12 del día integrantes de ambas organizaciones llegaron al antimonumento a los 43 desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas, donde bloquearon el carril norte -sur para realizar el mitin.

Este es el primer mitin desde el 2014 en el que los estudiantes normalistas faltan. Las causas no fueron dadas a conocer.

En entrevista, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, recordó que el pasado 11 de enero las madres y padres de los 43 se levantaron de una mesa de trabajo con autoridades federales, por que sumaron al otro grupo de madres y padres con los que están peleados porque en 2022 participaron en una marcha para pedir la liberación del principal sospechoso de la desaparición masiva.

“Además continúa la exigencia de que se entreguen los expedientes de al menos 800 folios del Ejército Mexicano, que pueden contener información relevante sobre el paradero de los jóvenes”, agregó Molina Rodríguez.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas encabezó el mitin por la desaparición de los normalistas, con la ausencia de los estudiantes y de las madres y padres, este 26 de enero del 2024. Foto: Especial

Al no haber estudiantes ni alguna madre o padre de los normalistas, no hubo un pronunciamiento sobre los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 y que la semana pasada fueron liberados por un juez federal para enfrentar su proceso fuera de prisión.

Culpan al abogado de los 43 de tomar decisiones por las madres y padres, y ser la causa de la división

El ex vocero de los 43, Felipe de la Cruz, indicó que el abogado Vidulfo Rosales Sierra siempre ha presionado a las madres y padres y hacen lo que él les dice


Texto: Itzel Urieta

Foto: Emilia Barrera 

21 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Un grupo de madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, pidieron la unidad al grupo mayoritario que rompió el diálogo con el gobierno federal por reunir a ambos grupos con la Comisión de la Verdad, el pasado 11 de enero.

En lo que sería la primera reunión con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, el grupo mayoritario de madres y padres de los normalistas, representados por el Centro de Derechos Humanos de la Montañana Tlachinollan, informaron que abandonaron dicha reunión debido a que llegó otro grupo de madres y padres que en 2022 marcharon por las calles de Iguala para exigir la liberación del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, lo que implicó una división interna.

Este otro grupo de madres y padres ofrecieron hoy una conferencia de prensa esta tarde en el centro de Chilpancingo para pedir unidad en el movimiento y exigir justicia por los 43 desaparecidos y los tres asesinados durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

En esta conferencia estuvieron Alfonso Rodríguez Ángel, padre de Jesús Giovani Rodríguez Tlatempa; Erica de la Cruz Pascual, esposa del estudiante desaparecido Adán Abraján de la Cruz; Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello e Inés Gallardo Martínez, madre de Daniel Solís Gallardo, uno de los tres estudiantes asesinados esa noche del 26 de octubre del 2014.

Felipe de la Cruz Sandoval, ex vocero del grupo de madres y padres de los 43, en conferencia este 21 de enero del 2024. Foto: Emilia Barrera

También Felipe de la Cruz Sandoval, vocero del movimiento durante siete años, vetado en 2018 por buscar una diputación plurinominal por Morena.

“Como madres y padres de familia y familia directa de los 43 también tenemos derecho a estar en las reuniones, que se nos dé información de cómo va el caso, qué se ha hecho y qué falta y todo eso se nos tiene que dar”, dijo Erica de la Cruz Pascual, esposa de Adán Abraján De la Cruz.

“Llamamos a la unidad, no estamos de acuerdo en lo que dicen que nosotros estamos en contra o rompiendo las reuniones, por el contrario, llamamos a la unión para que seamos más en una sola sintonía”, agregó.

Este grupo de madres, padres y familiares fueron separados del grupo mayoritario después de que el 28 de agosto del año pasado marcharon por las calles de Iguala, junto al empresario Pedro Segura Balladares, para exigir la liberación del ex alcalde de dicho municipio, José Luis Abarca Velázquez, uno de los principales señalador de ordenar la desaparición de los normalistas.

“No se nos hace justo que, porque ellos tengan diferencias con nosotros, no se nos dé a conocer los avances”, agregó de la Cruz Pascual.

De la Cruz Sandoval, el ex vocero, dijo que “por influencias del abogado hay esta separaciones, pero no es porque el gobierno las provoque”.

Un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados hace nueve años pidieron unidad al resto de las familias de los estudiantes. Foto: Emilia Barrera.

El ex vocero de las madres y padres se lanzó contra el abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, integrante de Tlachinollan, y dijo que “la actitud de Vidulfo con los padres siempre ha sido esa, la de la presión, el chantaje y los padres por temor de quedarse en el desamparo han tenido que hacer lo que él dice”.

Agregó que acudieron a la marcha convocado por Segura Balladares porque prometió darles información sobre sus hijos.

“Es nefasto que este gobierno también nos quiera dividir”: Familiares de los 43 de Ayotzinapa

En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.


Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs

15 de enero 2024

 

En un nuevo capítulo de la tragedia de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la presunta estrategia del gobierno de la 4T para socavar las investigaciones y dividirlos, siguiendo los pasos de administraciones anteriores. La mañana del jueves 11 de enero del 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tenía pactada una reunión con los familiares, con el objetivo de entregar los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero dicha entrega no se materializó.

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expresaron su rechazo a una supuesta estrategia del gobierno federal, la cual incluiría una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y sus representantes legales, esto porque legan que el presidente López Obrador estaría replicando tácticas similares a las utilizadas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.

En una reunión programada con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres esperaban la entrega de archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), una solicitud que se remonta a junio de 2023. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo como se planeó, generando frustración entre los familiares.

La sorpresa se instauró cuando un pequeño grupo de madres y padres, presuntamente alineado con otros intereses, participó en una reunión de trabajo convocada por el gobierno federal sin previo aviso a los afectados. Esta táctica fue interpretada como una maniobra maquiavélica para sembrar discordia entre las familias afectadas.

Foto: Mario Marlo/ZonaDocs

 

“El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona?”, expresó doña Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Las estrategias de desprestigio, ofrecimientos de dinero a las víctimas y divisiones entre los afectados, comúnmente atribuidas a gobiernos de la derecha, son denunciadas como prácticas nefastas que persisten en la administración actual. Las madres y padres de los 43 exigen que el ejército entregue los documentos del CRFI y revelen la verdad sobre la desaparición de sus hijos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó la importancia de la entrega de 800 folios que contienen información crucial sobre el caso. Afirmó que, a pesar de la existencia de estos documentos, el gobierno federal ha iniciado una campaña de descalificación contra las entidades que buscan la verdad.

Ante la escalada de tensiones y la supuesta ruptura de la reunión planificada, las madres y padres evalúan solicitar una reunión directa con el presidente de la república para abordar las líneas pendientes y el manejo de la información que el ejército se niega a entregar. Mientras persiste la incertidumbre, las familias afectadas reafirmaron su compromiso de buscar la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.

Madres y padres de los 43 acusan al gobierno federal de querer confrontarlos

Fue en el contexto de una reunión para pedir la información faltante sobre la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes


Texto: Itzel Urieta

11 de enero del 2023

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de querer dividirlos y confrontarlos con otro grupo de madres y padres apoyados por el empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.

Las madres y padres tuvieron una reunión hoy con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, en dicha reunión también estuvo presente el grupo apoyado por Segura Valladares, quienes en 2022 marcharon en Iguala de la Independencia para exigir la liberación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado de ser uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.

Por la presencia del otro grupo y debido a que no se atendió su petición de mostrarles los archivos faltantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según lo informado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las madres y padres se retiraron de la reunión.

“Nos quieren confrontar entre compañeros. Nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Agregó que no quisieron compartir el espacio con ese grupo de madres y padres porque públicamente expresaron su apoyo a Abarca Velázquez. “Cómo es posible que vayan a defender a esa persona, por eso nosotros nos levantamos porque no queremos confrontarnos con ellos y le dijimos al subsecretario que los atienda pero aparte, no en conjunto con nosotros”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, expresó su inconformidad y descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por “atacar a sus equipos”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI.

“Es una manera de división que ya habíamos pasado con el gobierno anterior, ahora otra de las divisiones que trata de hacer es entre padres”.

González Contreras acusó al otro grupo de madres y padres de ser “quienes les han puesto un poco el pie”, por ese motivo mostraron su inconformidad de estar en la misma sala con ellos.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024. Foto: Captura de video

 

Gobierno tiene información sobre participación del Ejército que se niega a entregar

Externó que el gobierno de López Obrador tiene la información sobre la documentación de la Sedena que falta para esclarecer el caso, pero se niegan a entregarla.

“Vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres. Nosotros no estamos en contra de ningún padre, estamos en contra de las maneras de accionar de gobernación”, expuso González Contreras.

El abogado y representante de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que desde hace un año solicitaron al gobierno federal 800 folios que el Ejército no ha entregado.

“Dentro de estos 800 folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandillas municipal a Lomas del Coyote, a través de una intervención telefónica que el Ejército hizo”, señaló Rosales Sierra.

Aseguró que en las reuniones con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) aceptaron la existencia de estos folios.

Dijo que continuarán en la exigencia de la entrega de la información que falta y de los 800 folios.

“Lo que está pendiente son los 800 folios que estamos exigiendo y que lamentablemente el gobierno, concretamente el presidente y el Ejército Mexicano se niegan a entregarlos aduciendo su inexistencia”.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024, desde Ciudad de México. Foto: Captura de video

Acusó a López Obrador de descalificar a las organizaciones e instituciones que apoyan a las madres y padres.

Las madres y padres solicitaron que la información que falta sea revisada por el GIEI, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH

Autoridades “pierden” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 normalistas de Ayotzinapa del Registro de Personas Desaparecidas

Texto: Alfredo Maza/Animal Político

4  de enero 2024

 

A casi 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades encargadas de la búsqueda y rescate de los jóvenes “perdieron” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Se trata de las fichas de Carlos Iván Ramírez Villarreal, Giovanni Galíndez Guerrero, Jonás Trujillo González, José Ángel Campos Cantor y Miguel Ángel Hernández Martínez, quienes desaparecieron junto con sus compañeros tras una serie de hechos violentos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

El extravío de las fichas de búsqueda de los estudiantes, que por ley deberían estar dentro de la consulta pública del Registro Nacional, ocurre en medio de la controversia provocada por el cruce de diversas bases de datos y de un censo “casa por casa” ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acción con la que finalmente el Gobierno de México presumió que fueron localizadas 16 mil 681 personas desaparecidas en México, en una conferencia de prensa en la que primaron omisiones, dudas y opacidad.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional en donde presentó detalles sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
FOTO: GALO CAÑAS//Animal Político

También ocurre luego de que el pasado viernes 29 de diciembre de 2023, el Gobierno de México prometió abrir por dos meses todos los archivos del caso Ayotzinapa a padres de los 43 normalistas, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones al presidente la apertura de la información sobre el caso, sobre todo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes incluso les solicitaron 806 documentos de los cuales solo les han entregado 5.

Pese a lo anterior, las fichas de búsqueda de los cinco estudiantes, que deberían contener datos como la fotografía de los jóvenes, su edad al momento de la desaparición, la fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de la desaparición y señas particulares, entre otros datos, no aparecen dentro del Registro Nacional, lo que incluso se podría catalogar como una falta administrativa grave.

Animal Político buscó a la Comisión Nacional de Búsqueda(CNB), a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para preguntar el motivo por el cual no aparecen las fichas de los cinco jóvenes, y la dependencia aseguró que la publicación de estos “boletines” responde a las “autoridades primarias”, que en este caso pudieron ser la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Guerrero o la Comisión Estatal de Búsqueda, encargadas de subir la información desde el primer momento de la desaparición.

Foto: Animal Político

“Para que esté un nombre en el Registro Nacional tuvo que haberlo subido una autoridad primaria o el familiar de algún desaparecido. Es la única manera. En general la Comisión Nacional, a menos que reciba una orden o reciba aquí a los familiares a los denunciantes, nosotros no hacemos, no subimos los registros, sino son las autoridades primarias”.

Este medio también buscó a la FGR para conocer el motivo por el cuál no está registrada esta información, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

No obstante, Vidulfo Rosales Sierra, representante de las madres y los padres de los 43 de Ayotzinapa aseguró que las familias no sabían sobre la desaparición de las fichas de búsqueda de los cinco jóvenes y que “no hay motivo para ello, a menos que no hayan sido registrados”.

“Pero en su momento a todos se les realizó una ficha de búsqueda ¿correcto?”―se le preguntó―.

“Sí, a los 43 “, respondió.

«Localización con vida o sin vida: las opciones para dar de baja información del Registro Nacional»

De acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, si una persona con estatus de desaparecida o no localizada es encontrada viva o si fueron encontrados sus restos óseos se dará de baja del Registro Nacional su información, dejando constancia de ello, lo cual no debe de interferir con el seguimiento de la investigación correspondiente.

Foto: Pie de }Página

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que entre las responsabilidades que las autoridades primarias tienen para la búsqueda inmediata de personas está realizar una entrevista inicial con familiares o testigos de la desaparición, así como registrar en el RNPDNO datos como nombre completo y apodos usuales, dirección de domicilio o centro de trabajo, rutinas, fotografías recientes, señas particulares, último contacto, vestimenta, fecha de nacimiento y edad, género, ocupación, entre otros.

Y agrega que “ninguna información que las personas entrevistadas proporcionen debe quedar sin registrar” y que las personas servidoras públicas solicitan información para orientar la búsqueda, “pero absolutamente nada de lo que obtengan puede ser usado como base para negarse a registrar y buscar diligentemente a la persona desaparecida o no localizada”.

A su vez, cuando las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas localicen a una víctima del delito de desaparición forzada, como fue el motivo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tienen por obligación poner a la persona a salvo, cuidando que quienes la violentan no tengan forma de hacerle daño a ellas o a sus familiares.

“Las autoridades que realicen la localización deben notificar de los hechos a la fiscalía especializada en desaparición de la entidad de la que se trate, o, cuando se advierta la participación de agentes federales, a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República”, señala este documento.

Conferencia de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en las inmediaciones del Centro Prodh, en posicionamiento al sexto informe del GIEI.

Solo bajo este supuesto es que el protocolo indica que podrán realizar un informe de localización, que a su vez deberá consignar las decisiones y actuaciones de las autoridades responsables de la búsqueda a partir de la determinación del paradero de las víctimas, y dejar disponible para la víctima y sus familiares una copia de este informe y otra copia que se anexará a la carpeta de investigación o averiguación previa en que se investigan los delitos cometidos contra la persona localizada.

“La búsqueda de la persona debe darse de baja en el RNPDNO rellenando el formulario de localización y el informe de localización debe adjuntarse al sistema”, señala el mismo Protocolo.

Bajo esta situación se puede entender la ausencia de las fichas de búsqueda de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, los tres normalistas cuyos segmentos han sido identificados hasta ahora, pero no la ausencia de las fichas de búsqueda de sus cinco compañeros, que siguen desaparecidos al día de hoy, ni tampoco las investigaciones sobre el caso.

Por otro lado, en el mismo protocolo se señala que si se realiza una localización sin vida, la notificación debe hacerse a la familia “con extrema sensibilidad”, por un equipo interdisciplinario que incluya personal especializado en psicología y asesoría jurídica, y en los casos en que la notificación sea producto de la identificación de un cuerpo o restos óseos, el equipo debe integrar también personal pericial y forense que conozca en caso o haya intervenido en la identificación, lo que no ha sucedido en los casos de las supuestas localizaciones del censo “casa por casa”.

“En los casos en que la recuperación, identificación y restitución de los restos sea materialmente imposible, la notificación debe incluir la exhibición y explicación de la totalidad del material probatorio utilizado para alcanzar esa conclusión, del cual le será entregada copia a la familia. De conformidad con el Eje Rector Operativo de Permanencia y los Principios Rectores aprobados por el CED-ONU, en estos casos el consentimiento de las y los familiares es necesario para suspender la búsqueda y darla de baja en el RNPDNO. La búsqueda no se suspenderá si entre familiares no hay consenso”.

«Gobierno federal abre nuevo sitio de consulta pública sobre personas desaparecidas»

Pese a lo anterior, autoridades de la CNB señalaron que el pasado mes de diciembre de 2023, el Gobierno Federal presentó un nuevo sitio de la “versión pública especial para consulta” de personas desaparecidas (que tiene la misma información de la “versión pública integral” del RNPDNO) creada a partir de la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada” del presidente López Obrador, con fecha de corte de la versión pública al 22 de agosto de 2023 y fecha corte de la estrategia nacional al 13 de diciembre de 2023.

“La diferencia entre una y otra es justo el tipo de búsqueda. Es decir, es un poco más amable. Esta versión lo hicimos así para que pudieran encontrar más fácil, pero es la misma versión que en la parte de arriba dice versión integral y ahí está también el registro de Excel con un poco de más datos al que se pueda acceder igual, pero es un poquito más rebuscado”, aseguraron.

En esta nueva base Animal Político buscó nuevamente la información de los 40 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos y encontró que la información del normalista José Ángel Campos Cantor aparece como “confidencial” por ser “información reservada por la FGR”.

“Si tú los buscas en ésta (página) vas a encontrar los datos que están dentro del Registro Nacional y Registro Nacional también es el que se utiliza para generar los boletines. Sin embargo, las autoridades pueden determinar la pertinencia de que el boletín sea público o no sea público y es por eso que pueden no estar en la página de boletines y sí encontrarse dentro del Registro Nacional”, respondió la CNB.

No obstante, la información de Campos Cantor no aparece en “la versión pública integral” del Registro Nacional.

«Familias identifican ‘rasurada’ de al menos 120 personas en Tamaulipas»

El 28 de diciembre de 2023, la activista y defensora de derechos humanos, Delia Quiroa, denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que familias de víctimas de desaparición en el estado de Tamaulipas aseguraban que sus familiares no aparecían en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

“Hoy con tristeza y frustración leo los chats de familias con alguien desaparecid@ preguntando ¿cómo busco a mi hij@ en el registro? Y pienso ¿acaso lo que hizo el presidente no vuelve a desaparecer a nuestros familiares? Claro que sí, las familias están desesperadas

No solo hay que buscar a nuestros desaparecidos por todas partes sin descanso, ahora hay que estar buscandol@s en el registro nacional derivado de la “rasurada” que le dieron al censo”, escribió Quiroa, quien desde el año 2013 busca a su hermano.

Consultada por Animal Político, la también licenciada en derecho y juicios orales aseguró que hasta el momento 120 familias han identificado que los datos de sus familiares desaparecidos en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, han sido “rasurados” del Registro Nacional.

“Pero faltan más. Necesitamos el permiso de las familias (para dar a conocer los casos) y en eso estamos, porque es importante que se sepa. No sabe la cantidad de mensajes que llegan a los chats de familias, quejándose de que ya no aparece su familiar. Son demasiados”, aseguró.

Según el propio RNPDNO, Tamaulipas tiene un total de 12 mil 931 personas desaparecidas y no localizadas desde el 10 de noviembre de 1961 hasta el 31 de diciembre de 2023, de las cuales 594 desaparecieron en el último año.

Caso Ayotzinapa: Segob confirma que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas

El contenido de los 18 folios tiene que ver con intervenciones de comunicaciones; informe de actividades delictivas de grupos organizados; enfrentamientos; detonaciones de arma de fuego: hechos de violencia cometidos en contra de los estudiantes, así como su posible destino.


Texto: Manu Ureste

Fotografía: Animal Político

18 de octubre 2023

 

La Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación publicó la tarde del martes documentos y extractos de comunicaciones que confirman que el Ejército mexicano tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, así como de los delincuentes que estaban implicados y los grupos delictivos a los que pertenecían. Incluso, tuvo reportes de los posibles lugares a los que los pudieron haber llevado.

Lo anterior forma parte de los 18 folios que la Comisión encontró en sus archivos con información elaborada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, del Ejército mexicano.

Este 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. | Foto: Cuartoscuro

Caso Ayotzinapa: ¿Qué dicen los 18 nuevos documentos?

Esos 18 folios son parte de los 868 folios que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que existen, antes de abandonar el país, y que no les fueron entregados por los militares, pese a que pueden contener información clave sobre los jóvenes desaparecidos y sobre cuál fue el grado de participación del Ejército y de las autoridades mexicanas en el suceso.

Como publicó Animal Político, de esos 868 folios, la Sedena solo había reconocido la existencia de cinco que entregó, lo que generó la inconformidad de los padres y la exigencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les brindara toda la documentación por parte de los militares. De hecho, durante la marcha por los 9 años del caso del pasado 27 de septiembre, los padres acusaron directamente al presidente de estar del lado de los militares y no de las víctimas.

Ahora, luego de que el mandatario pidiera públicamente que se rastreara toda la información, la Segob, a través del subsecretario Alejandro Encinas, anunció que encontró en los archivos de la Comisión de la Verdad 18 folios de la Sedena y extractos de conversaciones que, básicamente, vienen a corroborar varios de los puntos que la Comisión ya expuso en su segundo informe del caso, que publicó el pasado 27 de septiembre.

A 9 años de la desaparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ángel Aguirre no enfrenta consecuencias penales, pero ha tenido consecuencias políticas. Foto: Cuartoscuro

Entre los que se encuentra que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de lo sucedido con los 43 normalistas. En concreto, la Comisión señala en un ‘adendum’ a ese Segundo Informe cinco puntos clave: 

1.  Que la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad de los hechos de Iguala “a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos”.

2. Que se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI).

3. Que se confirma que desde al menos el año 2009, Julio ‘N’, estudiante desaparecido “inicia su relación laboral con el Ejército y realizaba funciones de OBI”. Es decir, que se encontraba ‘infiltrado’ entre los estudiantes.

4. Que “se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo” los días de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014.

5. Y que se confirma que “el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.

De los 18 folios encontrados por la Comisión, 6 están fechados antes de los hechos de Iguala, 4 están fechados durante los hechos, y 8 están fechados después de los hechos.

En esos folios se detalla, por ejemplo, 196 extractos de conversaciones y temas relacionados con hechos violentos en contra de los estudiantes la noche en la que desaparecieron; comunicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés; seguimiento a miembros de la delincuencia organizada; pugnas por el territorio, y referencias a sitios donde se buscó a los 43 estudiantes.

Tanto la publicación del Segundo Informe del caso, el pasado 27 de septiembre, en el que, entre otros puntos, se señala que el exfiscal Tomás Zerón admitió que el Gobierno de Peña Nieto construyó la ‘verdad histórica’, como la publicación de este nuevo adendum con información del Ejército, fue considerado por los padres de los normalistas como un paso adelante en darles la razón de que el Ejército, en efecto, tiene más documentación e información del caso que la entregada inicialmente, aunque consideraron que esto no es suficiente, pues la exigencia es que se entreguen hasta 868 folios. Y, hasta ahora, solo se han revelado 18.

El pasado 28 de septiembre, los padres de los normalistas levantaron el plantón que habían instalado frente al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, el cual habían instalado para presionar al Ejército mexicano para que entregara toda la documentación del caso Iguala.

“Finalmente aceptan que el Ejército mexicano tiene información en sus archivos, y hoy hubo un mandato presidencial para que esa información sea buscada y entregada a las autoridades que están investigando. Esto reafirma y nos da la razón de que en los archivos militares existe información relacionada con el paradero de nuestros estudiantes”, dijo el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, el pasado 28 de septiembre.

Caso Ayotzinapa

En las últimas semanas, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 han denunciado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo su promesa respecto a la resolución del caso. Incluso, han denunciado que en su segundo informe, nuevamente criminalizan a los estudiantes.

“En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron padres de familia de manera muy puntual, vuelve a referir que ya fueron integrados y hace un recuento de los archivos analizados, pero eso ya lo sabemos”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.

Las madres y padres de los 43 encabezaron la marcha por los 9 años de la desaparición de sus hijos. | Foto: Cuartoscuro

En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.

 

 

Este texto fue realizado por Animal Político.

 

 

9 años de Ayotzinapa: familiares marchan y gritan frente a Palacio su desilusión con el gobierno de AMLO por “obstaculizar” investigación

Familiares y cientos de participantes en marcha por Ayotzinapa expresaron en el Zócalo su desilusión con el gobierno de AMLO por «obstaculizar» la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve años.


Texto y Foto: Animal Político 

27 de septiembre 2023

Tras la marcha de este martes por el caso Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes normalistas expresaron frente a Palacio Nacional su desilusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerar que obstaculiza la investigación para esclarecer la desaparición en 2014 de los jóvenes en Guerrero.

“Depositamos esperanza en este gobierno porque de verdad creíamos que habría un cambio y que realmente sabríamos qué pasó. Pero cuál fue la desilusión. Nos llevaron cinco años por el camino fácil. Y ahora quieren que aceptemos una narrativa que no tiene fundamentos”, dijo en el Zócalo Mario, familiar de los jóvenes desaparecidos.

Alrededor de cinco mil personas -según datos de la autoridad capitalina- participaron este martes en la marcha por el caso Ayotzinapa para exigir justicia por la desaparición hace nueve años de 43 normalistas en Guerrero.

Una manifestación multitudinaria como las que se realizaban en los primeros años de ocurrida la desaparación, pero ahora con la exigencia al gobierno de López Obrador de entregar toda la información del caso y de que no proteja al Ejército.

“No somos necios como el señor presidente, sabemos leer, no hace falta que el presidente nos diga que leamos. Estamos molestos porque no puede ser que no nos entreguen toda la documentación del caso. Este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica”, expresó una madre de los estudiantes desaparecidos durante los discursos en el Zócalo.

Hacia las 19:00 horas comenzaron a llegar los primeros participantes en esta manifestación al Zócalo de Ciudad de México, punto final de esta protesta.

Ahí, familiares agregaron que AMLO no quiere reconocer que el Ejército sabe a dónde se llevaron a los normalistas.

“No hay nadie más que sepa a dónde se los llevaron que el ejército mexicano. Que no lo quiera reconocer (AMLO) y jugar al desprestigio, es otra cosa. Hay pruebas de cómo se movió el ejército ese día”, dijo Mario.

Emiliano Navarrete, otro de los participantes que tomó el micrófono, lamentó que López Obrador dificulte a las familias el camino para llegar a esclarecer el caso Ayotzinapa.

“No estamos por caer en el juego del presidente. Lamentamos mucho su postura, porque nos hace difícil llegar a esclarecer el caso.

“El presidente no quiere aceptar el trabajo del GIEI, pero nosotros queremos saber dónde se llevaron a nuestros hijos. Porque el gobierno sigue siendo hoy los principales obstaculizadores de la verdad y la justicia”, añadió Navarrete.

Además, dijeron que el gobierno federal se ha puesto del lado de los militares y no de las víctimas, que ha ocultado información y eso “es criminal”.

“Hasta hoy no hay pruebas contundentes del paradero de los 43 y eso nos obliga a seguir exigiendo verdad y justicia y a seguir luchando. Y no nos van a acallar con desprestigio, amenazadas ni descalificación. Aquí vamos a seguir y vamos a mantener el plantón en el símbolo de la desaparición, que es el ejército mexicano”, dijo Vidulfo Rosales.

El paso de los contigentes transcurrió de manera pacífica, sin presencia de policías, sólo agentes de tránsito.

Únicamente algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas por las calles donde pasa la columna de la manifestación.

En las vallas metálicas colocadas para resguardar el Palacio Nacional, participantes pintaron la frase “Fue el Ejército”.

Cuando se mencionó el nombre de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura por la jefatura de Ciudad de México y exsecretario de Seguridad en la capital, algunos de los asistentes gritaron “asesino”.

Manifestantes pintaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional con mensajes como “Narcoestado militar”. Foto: Manu Ureste

 

De acuerdo con las autoridades capitalinas, en la marcha por Ayotzinapa 2023 participaron alrededor de cinco mil personas y el saldo fue blanco.

“Con una afluencia de 5 mil personas se llevó a cabo de manera pacífica y con saldo blanco, la marcha a 9 años de los hechos de Ayotzinapa. El @GobCDMX garantizó el derecho a la libre manifestación en todo momento, salvaguardando la integrad de los manifestantes”, reportó en X Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno capitalino.

Durante la concentración en el Zócalo, manifestantes lanzaron objetos que provocaron un par de explosiones, sin que se reportaran lesionados.

La marcha por el caso Ayotzinapa comenzó alrededor de las 16:00 horas de este martes en el Ángel de la Independencia, donde los contigentes se dieron cita para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparacidos hace nueve años.

En el lugar se observó la presencia de múltiples contigentes para comenzar la marcha por Paseo de la Reforma.

“Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue”, entonaron algunos de los participantes que se dirigen al Zócalo de CDMX.

Los manifestantes llegaron a bordo de autobuses, incluidos los padres de los estudiantes desaparecidos. Incluso, ya con la marcha iniciada, arribaron al menos otros 10 camiones con más participantes.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre no se olvida”, gritaba otro contigente a su paso por Reforma.

Esta marcha ocurre un día después de una reunión entre los padres de los jóvenes desaparecidos con autoridades del gobierno federal.

Este 26 de septiembre se conmemora la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

Los padres de los normalistas exigieron que el Ejército entregue toda la información relativa al caso Ayotzinapa.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que haría pública toda la información sobre el caso. Esta tarde, la Presidencia publicó en su sitio web un documento titulado “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada” para consulta del público en general.

 

Manifestantes señalan la participación de militares en el caso Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

Durante la marcha, algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas y algunos monumentos con consignas y exigencias a las autoridades.

“Ejército asesino”, escribieron algunos.

A su paso, algunos manifestantes realizaron pintas de consignas en fachadas de los alrededores. Foto: Manu Ureste

Mientras que las autoridades movilizaron a un grupo de policías por la calle de Bucareli, cerca de Reforma.

Policías son movilizados en la calle de Bucareli. Foto: Nayeli Roldán

 

Mujeres expresan consignas en la marcha por los nueve años de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al exprocurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. 


Texto: Jhon Gibler / Quinto Elemento Lab

Fotografía: Quinto Elemento Lab

26 de septiembre 2023

 

Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU.

Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero.

“Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.

Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.

Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.

Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU.  En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.

Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.

Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia.

Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba.

“Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.

el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.

“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.

El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.

En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.

 

El reportaje completo está en Quinto Elemento Lab

Salir de la versión móvil