En Sinaloa, el crimen organizado caza a jóvenes con falsas ofertas de trabajo

  1. El caso de Teuchitlán refleja la grave falta de oportunidades en México, donde los jóvenes, al buscar mejorar sus vidas, se convierten en víctimas de fraudes, trata, reclutamiento forzado y privación de la libertad.

Texto: Scarlett Nordahl / Revista Espejo

Foto: Redes

Culiacán, Sinaloa

Lunes 31 de Marzo del 2025


En México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De estos, casi la mitad, alrededor de 15.9 millones, están empleados, pero con un ingreso promedio de tan solo 33.8 pesos por hora, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta realidad económica crea el escenario perfecto para que organizaciones criminales exploten la vulnerabilidad de esta población, engañando, reclutando y privando de libertad a muchos jóvenes que buscan una vida mejor.

El caso de Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia la grave situación que enfrentan muchos jóvenes en México. Como relata Alejandra Martínez Carrizales, miembro del colectivo Por las Voces Sin Justicia y quien busca a su hermano, Ismael Alejandro Martínez Carrizales,  desde el 12 de julio de 2020.



“Muchos jóvenes van buscando trabajo con la esperanza de mejorar su vida, intentando cumplir sus sueños, pero terminan siendo reclutados por el crimen organizado”, comentó.

Martínez señaló que el caso de Teuchitlán debe servir como advertencia para no caer en ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser verdad.



El colectivo Por las Voces Sin Justicia también subraya la importancia de que las autoridades, especialmente la Fiscalía General del Estado, reconozcan que una persona privada de su libertad podría ser víctima de diversos crímenes, incluido el reclutamiento forzado por el crimen organizado.

“Volvemos a lo mismo, siempre se criminaliza y revictimiza a los desaparecidos, aseguraron que andaban en algo o podían andar en algo, pero la realidad es esa, mira a todos esos jóvenes que con engaños fueron a ese rancho o muchos otros lugares con la promesa de trabajar, sin saber que era para el crimen organizado. Eso quiere decir que no todos andan mal, algunos solo querían cumplir sus sueños de salir adelante”, subrayó la buscadora.

Durante la conferencia mañanera del 24 de marzo, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó el caso de Jose Gregorio “N”, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al Campo Izaguirre. García Harfuch reconoció que este individuo se encargaba del reclutamiento de personas, utilizando principalmente redes sociales para ofrecer falsas oportunidades laborales. Entre las ofertas que promovía se incluían vacantes de vigilantes de seguridad con sueldos que iban de 4 mil a 12 mil pesos semanales.



Los interesados, tras contactar a los reclutadores, eran citados en diversas centrales de autobuses y, desde allí, trasladados al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Allí, los nuevos reclutas eran adiestrados en el uso de armas de fuego y acondicionamiento físico. Durante este proceso, se les retiraban los teléfonos celulares y permanecían incomunicados por un periodo de hasta un mes, dependiendo de su comportamiento. Después de este tiempo, se les asignaba un puesto dentro de la estructura del crimen organizado.

El Gobierno de México también reconoció que aquellos que se negaban a participar en las actividades delictivas o intentaban escapar eran asesinados o sometidos a torturas. Además, a través del Área de Investigación y Patrullaje Cibernético, se descubrió que existen al menos 39 perfiles en diversas plataformas dedicados al reclutamiento de personas para estos fines.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), advierte que, aunque no haya denuncias formales sobre reclutamiento forzado o trata de personas, siempre existe lo que se conoce como la “cifra negra”.

“He conocido casos, no en esta comisión, pero como activista he recibido informes. Un caso fue el de una joven que fue engañada para viajar a Durango, donde fue localizada por el Ejército junto con otras tres jóvenes. Era un caso de trata, y las iban a prostituir”, comentó Loza Ochoa, quien subraya la importancia de atender incluso un solo caso, ya que detrás de cada uno podría haber muchos más sin denuncia.

El defensor de derechos humanos también explicó que la falta de denuncias podría deberse al desconocimiento sobre el tema o a la confusión con otros delitos, como el secuestro o el secuestro virtual. Sin embargo, destacó que la existencia de incluso un solo caso de trata es alarmante, especialmente en lugares turísticos como Mazatlán y Vallarta, que, según él, podrían estar siendo utilizados para actividades de explotación sexual.

Cifras oficiales y víctimas vulnerables

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) reporta que desde 2010 se han abierto 69 carpetas de investigación relacionadas con trata de personas en Sinaloa. Estas investigaciones involucran a 177 víctimas, de las cuales 77 son mujeres y 92 hombres, con ocho personas cuya identidad de género aún no ha sido determinada.

De las mujeres, el grupo más vulnerable son las menores de edad, con 41 casos registrados. Esto refleja una clara tendencia hacia el tráfico de personas, especialmente en el contexto de la explotación sexual.



Priscila Salas Espinoza, activista y miembro del colectivo No se metan con nuestras hijas, sostiene que la trata de personas es el segundo negocios ilegal más rentable a nivel mundial. Mientras que los hombres son principalmente víctimas de trabajos forzados, las mujeres son explotadas sexualmente. Sin embargo, la falta de protocolos adecuados y la incapacidad de las autoridades para investigar estos delitos profundizan el problema.

“Les cuesta mucho trabajo de delincuentes que son y no quieren visibilizarlo y no quieren hablar de ello. No quieren saber la verdad. La trata es un delito muy complejo y yo creo que la Fiscalía no tiene la capacidad y como no tiene la capacidad para investigar delitos de genero, no hay unidades de contexto, no hay gente especializada, no tienen la capacidad ni humana, ni institucional o tecnológica o el presupuesto para que eso suceda”, denunció Salas.

Salas Espinoza también subraya la relación entre los casos de desapariciones de mujeres y la trata de personas. Asegura que muchas veces, las desapariciones no son reportadas adecuadamente como casos de trata, lo que impide su investigación correcta.

“Si caes en una red de trata, en 90 horas desapareces. La única manera de que la Interpol te busque es a través de una ficha oficial de búsqueda. Parece que hay un hoyo negro en este estado en donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres y nadie sabe nada, nadie sabe qué pasó”, explicó.

Otro problema que Salas señala es el uso de ofertas de trabajo falsas a través de redes sociales y otros medios, donde se engaña a jóvenes con promesas de empleo en el extranjero, solo para ser explotados sexualmente o en trabajos forzados.



“Las ofertas de empleo falsas son una de las maneras más comunes en las que los jóvenes son engañados. Prometen sueldos altos y pocas horas de trabajo, así como facilidades en los tramites para que te vayas a otro lado. incluso te pueden ofrecer una beca o una capacitación. Hay recursos porque es un negocio ilegal rentable, entonces hay como moverte para que termines siendo víctima de trata”, agregó.

A través de los años, este colectivo indentifico en casos de mujeres que fueron localizadas y regresaron con sus familias, tres rutas principales que salen desde Sinaloa para ser explotadas en otros estados: Jalisco, Oaxaca y Sonora.

La respuesta del gobierno: La responsabilidad cae en la sociedad

A pesar de los llamados de los colectivos de búsqueda y los activistas, el gobierno estatal ha minimizado el problema.

Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno en Sinaloa, aseguró que, hasta el momento, no tienen información sobre casos de reclutamiento forzado en la entidad, aunque reconoció que algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones.

“Afortunadamente, no hemos tenido casos de este tipo en Sinaloa, pero es importante que las familias y la sociedad se mantengan alerta y no caigan en ofertas de trabajo sospechosas”, afirmó.

El también vocero oficial del Gobierno de Sinaloa recomendó a los jóvenes a “interactuar” en sus hogares, comentar y preguntarse si una oferta de trabajo es demasiado buena para ser real, con el fin de evitar que caigan en estafas o sean víctimas de este tipo de delito.


Este es un texto de Espejo, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

Oceanida, el equipo mexicano que cruzará a remo el Atlántico por la protección del ecosistema marino

Cuatro atletas mexicanas buscarán cruzar por primera vez el océano Atlántico en remo y lo harán para apoyar dos causas importantes como la protección y regeneración de los ecosistemas marinos y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres.


Texto: Verónica Santamaría / Animal Político 

Foto: Gregory Allen

Chilpancingo 

Domingo 30 de marzo, 2025


Cuatro remeras mexicanas se alistan para cruzar juntas el océano Atlántico por una buena causa: llevar un poderoso mensaje a través del mar por la protección y regeneración de los ecosistemas. Las atletas también navegarán por la lucha por la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas en México.

Se trata de Eugenia Mendez, Andrea Gutierrez, Ana Lucía Valencia y Lucila Muriel, quienes enfocadas en diferentes profesiones como fotografía marina, biología marina, navegación y consultoría ambiental, decidieron embarcarse en esta aventura por una de las dos grandes regiones marinas que rodea el territorio mexicano.

Juntas formaron el primer equipo mexicano de remo en cruzar el océano Atlántico remando y lo harán bajo el nombre de Oceanida. Su participación es parte del cruce Atlántico que organiza Atlantic Campaigns.


El equipo de Oceanida. Foto: Gregory Allen.

Andrea Gutiérrez explica en entrevista para Animal MX que Oceanida trabaja para salir a remar por el océano el próximo 12 de diciembre de 2025.

Adentrarse en este reto nace de un arranque de aventura inspirado y motivado por Eugenia Mendez, quien, con dos cruces Atlánticos y un total de 20 mil millas náuticas recorridas, inició la búsqueda de un grupo de mujeres para atravesar en equipo el océano.

“Es así como ella da con un documental de un grupo de mujeres que cruzan el Pacífico llegando hasta Australia desde San Francisco. Fue así como dijo: ‘Ah, okay, esto sí es posible’”, señala Gutiérrez.


¿Cómo será el cruce en remo?

El cruce por el océano Atlántico lo organiza la empresa española Atlantic Campaigns, ubicada en San Sebastián de La Gomera, España.

Este evento de remo es anual y lo lleva a cabo la organización World’s Toughest Row desde el año 2012.

Las cuatro atletas cruzarán 4 mil 800 kilómetros juntas. El punto de partida será en La Gomera, Islas Canarias, España, y llegarán 55 días después, aproximadamente, al puerto de Antigua y Barbuda, en el Caribe.

Oceanida es un equipo en el que sus integrantes comparten una conexión diferente y cercana con el mar, esta característica que les permitió empalmar este objetivo compartido.

“El mar es algo que nos une a todas, independientemente del contexto del que viene cada quien. Cada una tiene una relación muy íntima con el mar, en particular, desde lugares muy diferentes (…) y el remo es algo muy interesante porque, en realidad, ninguna de nosotras había remado como tal, antes. Entonces es un deporte nuevo que estamos adquiriendo”, relata en entrevista Eugenia Mendez.

El remo es un deporte que ninguna de sus integrantes practicó antes de este reto, sin embargo, no fue un tarea para ellas, quienes al decidir ser parte de esta aventura comenzaron a investigar, estudiar y prepararse para cruzar un océano juntas.

“El remo es algo muy mágico que llegó para nosotras y que tenía que suceder para nosotras. Pensándolo, un poco más filosóficamente, este tema de remar en conjunto es una metáfora muy bonita que se utiliza mucho entre mujeres porque remamos juntas hacia un objetivo mismo y a través de un océano”, resalta Eugenia.


Oceanida será el primer equipo mexicano en cruzar el Atlántico en remo. Foto: Gregory Allen

“Remamos juntas”

Para prepararse para este reto de 55 días, las atletas no solo se han conocido y entrenado durante años, sino que para cumplir este objetivo se lo plantearon como un proyecto que las ha enseñado a derribar obstáculos.

Eugenia Mendez explica que lanzarse a remar juntas sin saber nada de este deporte las motivó a aventurarse.

“Mi objetivo no es ser atleta de remo, sino cruzar el océano y si para eso tengo que aprender este deporte nuevo que es remar y remar en conjunto con cuatro mujeres, lo vamos a hacer y eso es en lo que ha consistido el proyecto en los últimos tres años”, añade.

Pasión y motivación son dos sentimientos que han mantenido unidas a las cuatro integrantes de Oceanida, quienes se han preparado física, emocional, mental y espiritualmente durante sus entrenamientos en estos años.

Este reto “no tiene que ser perfecto”, cuenta Eugenia, ya que el objetivo es cruzar y cruzar seguras y mientras ese objetivo que tienen como equipo se logre, es lo importante.

“Parte de la misión y propósito de este cruce en general es un tema de mujeres. No necesariamente tenemos que ser las número uno pero sí podemos hacer lo que queramos hacer y eso es parte del sueño que partimos como equipo”, agrega.


¿Cómo se preparan para remar por el océano?

Andrea Gutierrez, quien desempeñará el ‘rol de oficial de navegación y seguridad a bordo’, comenta que el reto de remar es entender que este deporte se desarrolla a la velocidad del humano, es decir, no hay motor, no hay vela, es el cuerpo propio.

“Es el moverse de un lugar a otro. Es tú te llevas a ti misma y a tu equipo del punto A al punto B, y lo haces a tu tiempo, seguras y una palada a la vez”, explico.

El entrenamiento que recibe el equipo ha sido muy integral, ya que no solo atienden el estado físico de sus integrantes, sino también la salud mental y psicoemocional al tratarse de un viaje de mucha resistencia mental.

“Entrenamos en el gimnasio, entrenamos en el agua (…) pero también somos cuatro cabezas que piensan y sienten distinto. Entonces, lo más importante y fuerte allá afuera, además del reto físico, va a ser cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos la comunicación entre nosotras y cómo resolvemos los problemas”, explica Eugenia Mendez.

La asignación de roles dentro de la embarcación permitirá delegar las actividades que cada una realizará antes y durante el reto.

Además del entrenamiento físico, las atletas toman terapia psicológica una vez a la semana o una vez al mes. Incluso, asisten a talleres de comunicación asertiva, ya que la forma en cómo interactúa el equipo a bordo será muy importante durante la convivencia juntas.

Otro de los aprendizajes que adquirieron previo a su salida al mar son talleres de respiración que les permiten crear estrategias de calma individual por si algún evento ansioso se presenta.

“Hemos buscado talleres de respiración y cómo buscar formas de calamar y encontrar ese centro porque cada una tiene que conseguir esa estrategia porque al final todas somos una red de apoyo”, explica Eugenia.

Finalmente, dentro del entrenamiento está la parte teórica relacionada a la náutica. Ahí aprenden más del comportamiento del viento, del mar y cómo utilizar esas condiciones a su favor.

Incluso cómo resanar la embarcación y qué hacer en caso de tener algún contratiempo o accidente que requiera alguna reparación en la nave.


Las mexicanas tardarán 55 días en cruzar el Atlántico. Foto: Gregory Allen.

Reman por la protección del ecosistema marino

En nueve meses las cuatro integrantes de Oceanida saldrán a su viaje para llevar, además, un fuerte mensaje sobre la protección y regeneración de los ecosistemas marinos en México.

El reto va acompañado de la campaña de recaudación de fondos inspirada en que cada mujer tiene un océano que cruzar.

Para lograrlo tienen como meta recaudar 150 mil pesos que destinarán directamente a dos causas comunitarias. Por una lado, al Fondo Guadalupe Musalem, que es una organización no gubernamental mexicana que brinda educación a niñas indígenas y afromexicanas de la zona rural de Oaxaca.

La segunda causa es para apoyar a las Sirenas de Natividad, un grupo de cinco buceadoras mexicanas en una pequeña isla pesquera de Baja California Sur. Ellas se certificaron como buceadoras para monitorear los ecosistemas marinos y ayudar a su protección.

Para apoyar esta hazaña, solo tienes que ingresar a la plataforma de GoFundMe y dirigirte a la campaña First Latinamerican team to row across the Atlantic Ocean y donar la cantidad que gustes.

Al cierre de esta nota, la campaña ha recaudado 37 mil 045 pesos en la plataforma.

Andrea Gutierrez resalta que pese a los retos que han afrontado en estos casi cuatro años en que comenzaron a prepararse, ya ven cerca el día uno de este proyecto.

Oceanida es el primer equipo mexicano en lograr entrar a este reto, pero también un ejemplo del camino que juntas tuvieron que crear ya que, se han enfrentado a investigar procesos, enfrentarse a gente de empresas gigantescas, procesos burocráticos, todo esto por primera vez.

“Han habido todas las emociones encontradas: frustraciones, tristeza, enojo, felicidad y es parte de esto. El reto no es solamente cruzar el Atlántico sino llegar a donde hemos llegado y ese proceso es lo que se disfruta”, finaliza Andrea.


 

Encuentro entre exalcaldesa de Chilpancingo y líder de Los Ardillos ocurre dentro de una gira de trabajo en zona rural


Hernández Martínez dice que se lo presentaron como un líder de la Policía Comunitaria en 2022, ya en funciones como alcaldesa. Ahora que le restituyeron sus derechos en Morena vuelve hablar del tema y dice que el video completo es de 40 minutos e insiste en que lo difundan completo


Texto: Margena de la O

Foto: Cortesía 

Chilpancingo

Domingo 30 de marzo del 2025


Ahora que Morena le restituyó su militancia en el partido, después de un proceso interno derivado de la exposición de un video donde se le ve reunida con quien fue identificado como Celso Ortega Jiménez, el líder del grupo criminal local Los Ardillos, la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, comparte que el encuentro ocurrió durante una gira como parte de su encargo en pueblos de la capital.

De acuerdo con su narración, ella estaba en una gira de trabajo por Petaquillas y Tepechicotlán, dos comunidades del municipio que forman parte del corredor que conecta a Quechultenango, el municipio vecino de donde son originarios los hermanos Ortega Jiménez. Este encuentro debió ocurrir en junio del 2022, por las referencias que proporciona.

Cuando fueron filtrados partes de este video, julio del 2023, no quedó claro en qué momento fue, si estaba en funciones o no, pero le costó ser relegada por los actores políticos de su partido, incluida la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la estructura estatal de Morena y su dirigente, Jacinto González Varona. Lo que desencadenó un proceso en su contra al interior del partido.

Después de su recorrido, menciona que acudió a desayunar con un grupo de personas a un restaurante ubicado sobre ese camino rural. Ahí le presentaron a Ortega Jiménez como un líder de seguridad comunitaria en la zona, con quien comienza una charla de cosas “sin importancia”, que calcula duró unos 40 minutos, porque su permanencia completa en el lugar cree que fue de una hora.

Admite que el hombre le dice explícitamente quién era y que ella sigue la conversación mostrándose “empática”. Pero insiste en entrevista para Amapola, periodismo transgresor lo que ha dicho siempre, nunca pactó con él ningún tipo de acuerdo y que los fragmentos del video que circularon fueron cortados con un sesgo o intención.

–¿Usted llega (al lugar) sabiendo de esa reunión?, –se le pregunta.

– Te voy a comentar un contexto antes. Días antes, ustedes recordarán que en esos días había una situación bien complicada, entre Petaquillas, Chilpancingo no había transporte, días antes habían retenido a los militares. Al ver ahí empezamos a poner camionetas para ayudar a la gente por lo menos (…), como esas prohibiciones aparentemente, digo fácticas (…), porque nunca nadie (incomprensible), porque nomás decían a partir de esta fecha no hay (…), genera caos, uno como gobernante trata de ayudar dentro de sus alcances; puse a disposición esas camionetas, fui a entregar apoyo esos días, me fui…

Tú sabes que ahí en ese entronque hay Policía Comunitaria.

–¿De Petaquillas, se refiere?

–Ajá. Entonces yo lo que hice fui a Tepe (Tepechicotlán), fui a Peta (Petaquillas) y fuimos a desayunar, no recuerdo ni el restauran, pero está en la carretera. Cuando yo estoy ahí me dicen que ahí estaba el comandante comunitario, y lo que hago, me dicen, salúdalo, sirve que tienes la oportunidad de poder interactuar lo que está sucediendo, como operan aquí, me refería en el sentido de cuidar a la gente y cosas así, y obviamente salieron otras cosas.

Como ves en el video, se habló de política, o sea cosas, fuera sin importancia, pero de alguna manera hubo una interacción de no más de 40 minutos. Fue muy rápido, porque estaba desayunando abajo con mi esposo y otras personas. Ya tiene la Fiscalía (FGR-Fiscalía General de la República) ahí la información, incluso nos convocaron y alguien me dice oye aquí está, lo saludé y yo ah, hola.

–¿Se presentó esta persona?

–Sí, ya en el momento se presentó (…). Obviamente ahí está en el video, dice soy, y yo (…) creí que era más (…). Yo pensé, todas las líneas, la mayor parte de los, por ejemplo en Mazatlán había un comandante comunitario que se llama Neri, incluso fue asesinado, era un adulto mayor, ya eran grandes, personas que de alguna manera tenían como sus autodefensas, pero obviamente era gente mayor, cosas así.

[En varias partes de la entrevista, la ex alcaldesa no termina las palabras, frases u oraciones.

La retención de militares citada ocurrió el 8 de junio del 2022, de acuerdo con lo que está documentado en la prensa local. Habitantes de Petaquillas y miembros de la autodefensa del pueblo retuvieron por unas nueve horas a 25 militares, como parte de sus acciones para impedir que policías y guardias nacionales entraran al pueblo para labores de seguridad. Los habitantes también formaron barricadas con llantas y piedras para impedir el paso durante la noche.

Lo que Hernández Martínez menciona como Policía Comunitaria en Petaquillas es un grupo armado todavía cobijado en el discurso de autodefensa, que ingresó en enero de 2015 al amparo de una organización de seguridad comunitaria, el llamado Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

Pero lo que esta documentado hasta por el propio gobierno estatal es que en el camino que va de Petaquillas a Quechultenango hay una férrea presencia de Los Ardillos].

–(…) No le di importancia porque nunca hablamos, o sea, de alguna manera, yo ahí lo dije (…). Si hablamos, hablamos cosas de paso, oye qué está sucediendo, cosas así, no, pues, nosotros nomás cuidamos cuestiones de eso, ah, pues, bien, ya. No, pues, estamos a la orden, cosas. Fui muy, como que fui empática en ese sentido. No hubo otra cosa.

Por eso digo que si hubiese habido algo, creanme que yo me hubiera callado. Siempre me mantuve, me mantuve, me mantuve, dije no es cierto, incluso yo dije, yo exijo que salga ese video completo, exijo porque no es lo que está pasando. Trataron de cortar, poner, como tratar de hacer, buscar la forma de que había un pacto.

–¿Esto en sus funciones, entiendo, estaba como alcaldesa en ese recorrido?

–Sí, así es. Así es.

–¿La investigación sigue? Entiendo que la Fiscalía sigue con el curso de la investigación.

–Por supuesto. Creo que hay al respecto muchas averiguaciones previas, carpetas de investigación por lo que yo entendí, incluso de chascarrillo me dijeron oiga, si usted hubiese sido el chivo de la campana para agarrar a tales delincuentes desde cuando le hubiéramos hablado. Y también quiero decirte que siempre estuve a disposición de la Fiscalía (FGR) todo el tiempo, incluso con quien tuve el encuentro directamente, el fiscal que estaba en Chilpancingo, el que asesinaron, hubo siempre la atención. Derivado de esta situación, el asunto se estaba llevando allá (Chilpancingo), y derivado de su asesinato se vino el asunto aquí en la Ciudad de México y desde aquí lo hemos estado llevando.

Yo he estado atenta, porque yo le pregunté a la Fiscalía, díganme, resuélvanme, me dijeron no, es que no eres indiciada, el proceso sigue, eres entrevistada.

[Fernando García Hernández era el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana del 12 de septiembre en la colonia Cipatli, de la ciudad de Chilpancingo.

La exalcaldesa ha manifestado desde los días siguientes en que fueron filtrados los fragmentos del video que aun cuando fue notificada por la FGR, quien investiga el caso, solo le han llamado para ser entrevistada].

–Entonces, lo que usted me dice es que son como 40 minutos de este encuentro.

–Como fue rápido a veces no sientes el tiempo, yo creo que no fue ni una hora. Creo que una hora me tardé ahí desayunando con las personas que veníamos de esta visita dentro de Petaquillas, Tepe (Tepechicotlán).

–Una cosa, ¿usted como alcaldesa tuvo acoso de estos grupos (en referencia de Los Ardillos)?

–No. No. No.

-¿Pudo trabajar? ¿Usted terminó su administración trabajando normalmente?

–Así es, pero nunca tuve un acoso ni nada, molestia, eso se los aseguro. Porque yo me desplazaba ahí a Petaquillas, iba a los eventos de todo el corredor del Valle (del Ocotito), pueden ver todos los eventos, ya solamente dejé de ir en los procesos de elección (tiempos de elecciones), como que me mantuve para no entorpecer.

[Los Ardillos tienen presencia según un mapa criminal diseñado al principio de la administración del gobierno estatal en toda esa parte rural al sur de la ciudad de Chilpancingo.

En esta entrevista, la ex alcaldesa también insiste en que el trasfondo del caso es político. Cuando se le preguntó por qué y de quiénes dijo que no señalaría a nadie en particular, pero mencionó que en su momento ella buscó y se reunió con gente de su partido y del gobierno estatal para explicarles lo que había pasado y que ellos, en particular González Varona y el secretario General de Gobierno, de quien rehusó pronunciar su nombre, pero en ese momento era Ludwig Marcial Reynoso Núñez, prefirieron dirimir el caso de manera pública.

Quizá “por miedo por verse manchados, porque nunca había gobernado la Cuarta Transformación”, pero eso, dice, lo aprovecharon sus adversarios políticos].


 

Exigen destitución del nuevo director del zoológico Zoochilpan un día después de su nombramiento 


Profesionales en áreas ambientales, especialistas en flora y fauna, entre otros, emitieron un comunicado para hacer la petición pública, la razón es que Rodríguez Zavalza no cumple con el perfil que establece la Ley del Bienestar Animal 491. Es licenciado en Locución y su mérito más reciente es el de cuidador de Perritos Felices, el refugio de perros que fundó Salgado Macedonio.


Texto: Alberto Ramírez

Foto: Facebook Rommel Francisco Rodríguez Zavalza

Viernes 28 de marzo del 2025 

Biólogos, médicos veterinarios, profesionales en áreas ambientales, especialistas en flora y fauna, y sociedad civil manifestaron a través de las redes sociales su preocupación y rechazo por el reciente nombramiento de Rommel Francisco Rodríguez Zavalza, licenciado en Locución, como nuevo director del zoológico Zoochilpan, de Chilpancingo, por no contar con el perfil idóneo para el cargo.

Ayer jueves le tomaron protesta como servidor público de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), área de la cual depende el zoológico.

Él mismo difundió en sus redes sociales los detalles de ese momento y agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por la encomienda. Este nuevo servidor público es públicamente conocido como alguien cercano al senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.



Entre sus funciones recientes eran la de cuidador de Perritos Felices, el refugio de perros que fundó Salgado Macedonio.

Enrique Vázquez Arroyo, biólogo cofundador Bio-Explora Guerrero, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), hizo una publicación en redes sociales mediante la cual convocaba a la sociedad en general a integrar un documento donde plasmaran su inconformidad y razones de peso contra este nombramiento.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Ángel Almazán Juárez, presentó al nuevo director del zoológico Zoochilpan, Rommel Francisco Rodríguez Zavalza, el jueves 27 de marzo del 2024. Foto: Facebook oficial Ángel Almazán Juárez.

Horas más tarde, el biólogo y otros tantos expertos y profesionales en áreas ambientales, especialistas en flora y fauna, técnicos, divulgadores y sociedad civil difundieron un documento donde argumentan su rechazo al nombramiento de Rodríguez Zavalza y piden su destitución como director del zoológico.

Además, exigieron que el gobierno estatal dé a conocer los procesos de selección que empleó para elegirlo.

En el documento los expertos y profesionales expusieron que con la designación de Rodríguez Zavalza incumplen la Ley del Bienestar Animal 491, que establece que “los titulares de zoológicos, bioparques y acuarios en Guerrero deberán poseer título y cédula profesional de médico veterinario zootecnista, biólogo u otra carrera a fin de la materia”.

Recordaron también que la ley menciona que debe existir una convocatoria emitida por la Semaren, la cual debe ser pública y abierta, pero esto nunca sucedió. No hay registros en las redes sociales oficiales o medios de comunicación locales sobre esta convocatoria.

Rodríguez Zavalza es licenciado en Locución, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas.



La preocupación de los profesionista, expertos y sociedad civil es por el desconocimiento del nuevo director para manejar un zoológico. Es “un significativo retroceso en cuanto a transparencia y cumplimiento de la ley, optando por una persona con un perfil diferente al estipulado, sin experiencia en el manejo de vida silvestre, medicina veterinaria, anatomía, morfología, nutrición animal, entre otras áreas de importancia requerida en el zoológico”, se lee en el documento.

Esto sucede después de dos años de que el Zoochilpan se viera envuelto en un escándalo nacional porque el entonces director, José Rubén Nava, permitió que se sacrificaran cuatro cabras pigmeas para la cena de fin de año de sus colaboradores.

Rodríguez Zavalza solía salir en los en vivos en redes sociales que hace Salgado Macedonio desde el refugio Perritos Felices, como uno más de sus seguidores que aplauden y ríen ante las ocurrencias del senador.


 

“Somos amenazadas, somos perseguidas por buscar”: madres buscadoras enfrentan riesgos, criminalización y discursos revictimizantes

Las madres buscadoras enfrentan constantes riesgos de seguridad. En los últimos 15 años, 28 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas. Además, la difusión de discursos que las desacreditan, revictimizan y criminalizan aumenta su vulnerabilidad.

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Foto: Facebook Madres Buscadoras de Guerrero
Chilpancingo

Viernes 28 de Marzo del 2025


Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.

De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.

A esas entidades les siguen Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, uno por cada una. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, destaca que a un año de la audiencia temática sobre protección a personas buscadoras en México, —solicitada originalmente por un asesinato—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó la protección para mujeres buscadoras. Sin embargo, no se atendió la petición de crear un mecanismo específico de supervisión.

Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.

El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras.

En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.

A estas se añaden acciones para la obtención ilegal de información, inteligencia, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación: delitos contra el honor y la imagen pública de las personas buscadoras; vulneración y exposición de datos personales e información sensible, así como agresiones en el entorno digital y mediático.

“13 amenazas de muerte solo por buscar”

María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.

“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala.

En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.

Para ella, los discursos que buscan desacreditar a las madres buscadoras, especialmente en el contexto del hallazgo de Teuchitlán, son preocupantes y de miedo, porque los señalamientos vienen de las grandes autoridades que deberían protegerlas. Además, en ocasiones termina dándosele veracidad a la delincuencia organizada y desacreditando a las madres.

“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene.

La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización.

“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca.

Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.

“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica.

Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.

Un clima de revictimización y criminalización

Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.

En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.

Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.

Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.

Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué  se encontró en el predio?”.

Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.

Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó.

Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.

“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval.

Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.

Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.


 


FGE intenta recoger denuncias de extorsión en el mercado central de Chilpancingo sin explicar los trasfondos de los asesinatos

Texto y Foto: Amapola Periodismo

Chilpancingo 

Jueves 28 de marzo del 2021


“Si eres víctima de extorsión por amenazas, cobro de piso, secuestro virtual. ¡No te dejes engañar! Denuncia en la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro”, es el mensaje en el volante que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) reparte en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, agregados a la operación policial y militar aplicada en esta central de abastos.

En el mismo volante han incluido un número telefónico y la información de que existe la aplicación “Ponte Buso” para que las personas denuncien sin son víctimas de algunos de estos abusos y delitos.

El personal de la FGE reparte desde ayer estos volantes entre los que se topa en el perímetro del mercado central de Chilpancingo, donde además instalaron un módulo, pero la estrategia parece estar orientada de manera particular para los comerciantes del lugar.

El mercado es vigilado desde el fin de semana pasado por elementos policiacos y militares, después que asesinaran al presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo, Daniel Lorenzo Campos Nava, en el área de carnes, donde tenía su negocio, la carnicería Ruth. En el mismo ataque a balazos mataron un colaborador del negocio, un joven de 20 años.

El asesinato del líder de comerciantes de carnes forma parte de las cuatro víctimas asesinadas en una secuencia de ataques de la semana pasada contra personas asociadas al comercio de carne en la ciudad. No es la primera vez que ocurren estos ataques contra este sector dentro y fuera del mercado, donde parece haber un fondo de tipo económico.

Derivado de los asesinatos, desde el sábado pasado están instalados policías municipales y estales, y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para resguardar el sitio y brindar seguridad a los comerciantes.

En este contexto, comerciantes hicieron denuncias mediante redes sociales acerca de que la vigilancia policial y militar solo estaba en la parte baja del mercado y no en el interior, donde había presencia de personas ajenas con la función de vigilar el mercado.

En un recorrido que ha hecho Amapola, periodismo transgresor por varios días, como el fin de semana pasado, ayer y hoy, ha constatado que los elementos solo están concretados en el estacionamiento del mercado y en la calle lateral que funciona como una extensión de comercios, y en la avenida Insurgentes. Además de que ha confirmado el temor que tienen los comerciantes de compartir lo que ocurre en el mercado y los intereses de fondo.


La fachada del mercado central de Chilpancingo desde el estacionamiento.

En las denuncias mediante redes sociales también exponían que en el mercado central de Chilpancingo integrantes de grupos criminales habían instalado cámaras dentro del mercado, una práctica que han aplicado antes en calles de Acapulco y de manera reciente en Taxco.

El martes pasado elementos policiacos y militares realizaron una operación adentro del mercado con el propósito de detectar cámaras irregulares y, aun cuando hasta este momento no hay información oficial sobre los resultados de esa operación, sí retiraron equipo que no pertenecía a la administración del mercado o que no acreditaron los comerciantes.

El origen de esas cámaras lo habrá de determinar la FGE, pero en una declaración reciente a periodistas locales, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que los circuitos de video vigilancia en los espacios públicos sí son “un modos operandi de grupos criminales”, de acuerdo con lo que público el medio digital Réplica de Guerrero.

El tema que aún estaría pendiente por responder de parte de las autoridades es cómo son instaladas cámaras de dudosa procedencia dentro de un mercado que administra el gobierno municipal y donde hay una área administrativa.

Ahora con una brigada “para prevenir el delito de extorsión” la FGE intenta documentar denuncias de extorsión, cuando todavía no explica los trasfondos de los asesinatos y la video vigilancia en el mercado.


 

“Nadie está pagando por esta atrocidad”, sin justicia a 2 años del incendio donde murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez

Han pasado dos años desde el incendio en la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes extranjeros que estaban encerrados y bajo el cuidado de las autoridades migratorias; el caso aún no llega a juicio, además en este tiempo tres funcionarios acusados por la tragedia dejaron la cárcel para enfrentar el proceso en libertad, uno sigue profugo y al comisionado Garduño le congelaron el proceso penal en su contra


Texto: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez

Foto: Cortesía / Redes Sociales

Ciudad Juárez

Jueves 27 de Marzo del 2025


Ana Evangelista recuerda que la tarde del 27 de marzo del 2023 fue la última vez que habló con su hijo Roberto, “me dijo que lo había detenido Migración y lo iba a regresar a El Salvador”. Él la llamó desde la estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde horas después murió atrapado en medio de un incendio provocado en una celda cerrada bajo llave.

Roberto Antonio Henriquez Evangelista, el hijo de Ana, es uno de los 40 hombres migrantes extranjeros que la noche de ese día murieron encerrados asfixiados por el humo de las llamas en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), sin que los oficiales que los tenían bajo su resguardo les abrieran la celda; una tragedia que además dejó a otros 27 con lesiones de por vida y a 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático.

“Se siente uno impotente de saber que nadie está pagando por esta atrocidad que cometieron con tantas personas”, dice Ana, en entrevista telefónica con La Verdad Juárez desde California, en Estados Unidos donde esperaba recibir a su hijo. “Parece que la justicia en México es ciega”.

El reclamo de impunidad también lo lanza Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez, uno de los 27 sobrevivientes. “¿Por qué tanto retraso con la justicia?… Si realmente las pruebas (de lo que ocurrió) están ahí”.

A dos años de esta tragedia desatada por un incendio provocado, por la falta de ayuda, así como por irregularidades, abusos y omisiones graves en la operación de la estancia migratoria, ninguna de las causas penales abiertas contra los 11 acusados –ocho de ellos funcionarios del INM– han llegado a juicio.

Además, solo tres de los ocho funcionarios de Migración imputados por la muerte de los migrantes enfrentan el proceso en prisión, tres de ellos dejaron la cárcel con el pago de una fianza y uno más está prófugo. En tanto que el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez en enero pasado logró que se le congelara el procedimiento judicial en su contra por un plazo de 18 meses a cambio de seis acciones, entre ellas: ofrecer una disculpa pública a las víctimas. Esto último aún no ha ocurrido.

Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

Las autoridades mexicanas tampoco han reconocido como víctimas de esta tragedia a las mujeres migrantes que fueron liberadas de otra celda de la estación en medio del incendio, quienes padecen estrés postraumático por este suceso en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

Frente a este panorama, Marcos Edgar Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho –organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas– considera que el Poder Judicial federal no ha hecho su trabajo. Tampoco la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni la Fiscalía General de la República (FGR).

“No se ha juzgado a nadie aún”, dice Zavala Cruz, quien reflexiona sobre lo ocurrido por la muerte de migrantes debido a la falta de ayuda, y por considerar que los acusados no son los únicos responsables de esta tragedia, sino también la política migratoria que criminaliza a las personas en movilidad.

‘Si evaden la ley, Dios se va a encargar de todos ellos’

La tragedia comenzó en la celda de hombres de la estancia migratoria en la ciudad, donde migrantes extranjeros encerrados bajo llave discutían enojados con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación.

De acuerdo con una investigación colaborativa de La Verdad JuárezLighthouse Reports y El Paso Matters, las primeras llamas visibles en la celda se registraron a las 21:28 horas.

Casi seis horas antes, Ana Evangelista, recibió una llamada telefónica de Roberto. “Ese día que pasó la tragedia yo pude hablar con él, a las 3:38 de la tarde”, dice la mujer al relatar sobre esa plática y lo difícil que han sido los últimos dos años de su vida por la muerte de uno de sus dos hijos.

Roberto le contó que lo detuvo Migración mexicana el viernes 24 de marzo. Esa semana “los coyotes” –como nombra a los traficantes de personas que lo trasladaban– lo intentaron pasar a Estados Unidos tres veces. El martes cruzó la frontera junto con otras personas, pero lo agarró la Patrulla Fronteriza y lo regresaron por un puente a Ciudad Juárez; luego volvieron a cruzar el jueves, pero ese día lo regresaron nuevamente.

En su tercer intento, el viernes, fue detenido por las autoridades mexicanas y trasladado a la estación del INM donde murió.


Funeral de Roberto en El Salvador, 10 de abril de 2023. Fotografía: Tomada de FB | En Memoria De Roberto Evangelista

Ana recuerda que en la llamada Roberto le contó su frustración por no llegar a Estados Unidos, pero también le dijo que estaba conforme porque lo iban a regresar a El Salvador y eso lo ponía feliz, porque volvería a ver a sus hijas, que ahora tienen 11 y 6 años.

“Yo tenía la esperanza de volver a ver a mi hijo”, dice la mujer quien desde hace 19 años vive en California, en el oeste de Estados Unidos. “Él venía de El Salvador para acá, estuvo tres años rogándome que me lo trajera, yo no quería”.

Los videos captados por las cámaras de seguridad instaladas en la estancia del INM evidenciaron que los oficiales de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres, como se expuso en la investigación colaborativa de La Verdad Juárez que reveló detalles de ese acontecimiento, irregularidades, abusos y omisiones graves que contribuyeron a la letalidad del incendio.

Al día siguiente, el 28 de marzo, Ana se enteró del incendio y la muerte de su hijo.

“Estaba por entrar a mi trabajo, eran las 7:45 de la mañana, cuando me cayó una llamada por WhatsApp, era un amigo de mi hijo, de Guatemala, con quien venía en el trayecto, a quien también detuvieron el viernes, me dijo: ‘hubo un incendio, hay muchos fallecidos’”, recuerda.

La narración de esa llamada sigue: “No quiero preocupar, pero quiero que sepa, me dijo, que en el centro de detención de migrantes ayer hubo un incendio y dicen que hay muchos fallecidos, yo no sé si Roberto está fallecido o está en el hospital”.

Desde ese momento “sentí en mi corazón como que él ya no estaba…”, relata Ana con su voz alterada por el llanto contenido. “Fue un horror, bien terrible”.

Su corazonada se confirmó horas después. La hija de su compañero de vida, quien trabaja para una institución en El Salvador le confirmó el deceso con información de la cancillería de su país. Luego, la esposa de Roberto se trasladó a Ciudad Juárez y reconoció su cuerpo.

Al dolor de la muerte de su hijo, en Ana se sumó la frustración porque no pudo estar presente en el funeral y en el sepelio. “Eso fue muy difícil para mí, porque yo el día que lo llevaron (a enterrar), que fue el día 10 de abril, lo tuve que ver a través de una videollamada, para mi fue un momento muy difícil”.

“Ya no pude estar con mi hijo, ni con su familia”, dice Ana, quien por su situación de indocumentada no pudo salir de Estados Unidos para regresar a El Salvador, de donde salió en busca de mejores ingresos económicos para ayudar a su familia. Lo mismo que buscó Roberto.

A dos años de la tragedia, Ana reclama la impunidad en la que se mantiene esta tragedia.

“No hay justicia aún”, dice, “y si logran evadir la justicia de los hombres, algún día Dios se va a encargar de todos ellos”.

En memoria de… Lee aquí los nombres de las víctimas mortales


Un nuevo comienzo

La noche del incendio Rubbelsy, nacido en Guatemala, se refugió en el baño de la estancia, se quitó la playera y la mojó para colocarla en su boca. Después de unos cinco o máximo 10 minutos perdió el conocimiento y cuando despertó habían pasado 20 días.

Ese tiempo estuvo intubado porque sufrió quemaduras en la vía aérea, en la cabeza y en una parte del oído derecho y dos quemaduras en el pulmón izquierdo. Él estuvo un mes hospitalizado y su recuperación fue lenta y dolorosa.

A dos años de esta tragedia, el hombre, de 40 años, aún enfrenta secuelas como son ataques de ansiedad y limitaciones para llevar a cabo actividades que requieren un esfuerzo físico.

A pesar de estos inconvenientes y de lo que le tocó vivir en la estancia migratoria, Rubbelsy narra cómo fue su nuevo comienzo en Estados Unidos, donde reside desde octubre del 2023.


Rubbelsy junto a su esposa e hijos cruzan a Estados Unidos por el puente internacional Paso del Norte que une a Ciudad Juárez y El Paso, Texas. 10 Octubre de 2023. Fotografía: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez

Actualmente vive en Tennessee con su familia, integrada por su esposa, su hija de 13 años, un niño de 8 años y una bebé de días de nacida. Labora como operador ensamblador.

Es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos donde buscaron rehacer su vida, sin embargo, muchos de ellos regresaron a su país sin lograr el asilo que buscaban. Rubbelsy y su familia aún siguen su proceso migratorio, tienen cita en la Corte de inmigración estadounidense hasta diciembre del 2026.

“Pienso en lo afortunado que fui en sobrevivir, prácticamente fue un milagro”, dice el hombre que permaneció 20 días inconsciente, “porque prácticamente estuvimos en un horno”.

¿ Y la justicia?

Ahora Rubbelsy exige justicia y que no se olvide lo que se vivió en la estación migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo del 2023.

“¿Por qué tanto retraso de la justicia?”, cuestiona. “Es frustrante pensar en lo que vivimos y luego ver que incluso se privilegia a Garduño… aunque él físicamente no estuvo ahí, como dice, él es el que da las órdenes y pudo ordenar que abrierán la puerta de la celda, nadie abrió”.

La estación migratoria permanece cerrada desde el incendio donde murieron 40 migrantes extranjeros. Aunque la contención migratoria siguió por las autoridades del INM, las personas en movilidad que son detenidas en esta región fronteriza de Chihuahua se trasladan a la estación de Janos o hacia el sur de México.

Esas acciones son encabezadas por Francisco Garduño, a quien mantuvo en el cargo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora lo sostiene el de Claudia Sheinbaum, pese a que está acusado por ejercicio ilícito del servicio público, y que organizaciones acompañantes de víctimas del incendio han solicitado de manera reiterada que Garduño sea retirado de su cargo como comisionado del INM. En enero pasado logró que se le congelara el procedimiento judicial en su contra por un plazo de 18 meses a cambio de seis acciones, entre ellas: ofrecer una disculpa pública a las víctimas.

“Es una burla”, dice Rubbelsy, “tanto a las víctimas como a los fallecidos”.

El sobreviviente se muestra incrédulo por la falta de justicia a dos años de la tragedia.


Francisco Garduño Yánez, comisionado del INM, al salir de los juzgados federales en Ciudad Juárez. Octubre 2024. Fotografía: La Verdad Juárez

Esta impunidad prevalece porque ninguno de los procesos penales abiertos han llegado a juicio, explica Marcos César Zavala Cruz, abogado de la organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas. Además, dos causas judicializadas en 2023 aún tienen pendiente la celebración de sus audiencias iniciales.

“¿Por qué no se han dado los juicios?”, pregunta y se responde: “porque cuando nosotros empezamos a revisar los primeros tomos de la carpeta de investigación, nos dimos cuenta que las víctimas no habían sido tomadas en cuenta”.

Como no se garantizaba los derechos de las víctimas, quienes fueron totalmente desdibujadas, invisibilizadas, la organización interpuso juicios de amparo, que aún no se han resuelto.

“Acusamos a la Fiscalía, acusamos las omisiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, denunciamos las omisiones del juez de control, pero aún es fecha de que el Poder Judicial no resuelve ninguno de los amparos que se promovieron desde 2023 y principios de 2024”, explica en entrevista.

En medio de este estancamiento judicial, tres de los ocho funcionarios del INM imputados por la tragedia lograron dejar la cárcel con el pago de una fianza para seguir su caso penal en libertad. Esto son: Daniel G.Y., quien al momento del incendio se desempeñaba como representante local Noroeste del Instituto Nacional de Migración; Eduardo A.M., jefe de recursos materiales de la estancia migratoria en Ciudad Juárez; Juan Carlos M.C., quien al momento del incendio se desempeñaba como coordinador del Grupo Beta.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, quien enfrentaba el proceso en libertad, presuntamente está evadido desde mayo del 2023.

Solo tres imputados por la muerte de los migrantes enfrentan el proceso en prisión: El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua; así como Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio.

Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela, Jeison D. C.R. y Carlos Eduardo C.R., y el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V., también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

A estas últimas seis personas mencionadas se les vence el plazo de la prisión preventiva en unos días y como aún no han sido juzgadas es posible que a partir de abril se les conceda el cambio de la medida cautelar y sigan el proceso en libertad.

El abogado Zavala Cruz considera que este caso exhibe que el sistema de justicia penal en México no tiene capacidad para procesar graves violaciones a derechos humanos.

“Nosotros simplemente queremos que todos los implicados atraviesen un juicio… y que haya justicia”, dice.

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Este es un texto de La Verdad Juárez, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

Teuchitlán, el cruel montaje del ‘circo del horror’

La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas


Texto:  Marcela Turati para A dónde van los desaparecidos

Foto: Créditos en el texto.

Jalisco

Miércoles 26 de Marzo del 2025


Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.

No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.

“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”.

Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas.

No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México.

A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.

Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.


Decenas de zapatos, ropa y maletas fueron encontrados en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. (Facebook de Guerreros Buscadores de Jalisco)


Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán.

Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.

Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.

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Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.


La esposa de Juan José Ramos, desaparecido en 2019, se sintió engañada porque en el rancho no había ninguna prenda y pidió que dejaran a los colectivos excavar en busca de indicios. (Marcela Turati)

“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”.

En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.

Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar.

Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:

—Tócale aquí, cómo suena, ¡está hueca!… ¡Miraaaaaaa!…  ¡Mira cómo suena aquí!…

—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…

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Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.

“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.

Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno.

Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch.

Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.

A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:

“Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar”.

El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:

“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.

Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.

La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar.

Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.

Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”.

A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.

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Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”.

En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.

No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico.

En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobiero de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.

Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.

El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.

En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.

De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento.

Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros.

No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.

“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.

Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.

Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.

Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.

—¿Aquí se usaron combustibles?

—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.

—¿Cómo se veía eso que quedó?

—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.

Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.

Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:

—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?

—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.

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A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.

“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.

A partir de ese tour Montessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.

El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.

“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.

Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.

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¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal.

Después de la visita, el tema de Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales.

The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.

El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.

New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.

CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.

En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.

Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.

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Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría.

Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.

Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.

Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas.

Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.

El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión.

Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó.

Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.

**Foto de portada: Una madre buscadora, al darse cuenta de que el adoquín estaba hueco, intentó excavar el piso con las uñas. Intentaba encontrar la gorra y la mochila de su hijo desaparecido. (Marcela Turati)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx). 

*Marcela Turati es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos. Autora del libro “San Fernando: última parada” (2023), sobre las desapariciones de personas en Tamaulipas y la búsqueda de sus familiares.

Las evidencias del horror en Teuchitlán muestran otras verdades

“Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento”, escribe Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI para el caso Ayotzinapa, reconocido por su labor en varias partes del mundo con las víctimas de las violencias de Estado, quien señala que también muestra de la dolencia y la impunidad.


Texto: Carlos Martín Beristain / A dónde van los desaparecidos

Foto: Facebook de la FGE de Jalisco

Teuchitlán

Martes 25 de Marzo del 2025


Hace años, visitando la sierra Tarahumara, los indígenas y pobladores de varios de esos pueblos colgados de las impresionantes montañas rocosas, me contaron que había jóvenes que eran reclutados para entrenamiento de grupos del narco. Algunos nunca volvían, otros lo hacían con las prácticas aprendidas del terror que habían sufrido, aplicado ahora a sus comunidades. Unos pocos conseguían escapar. Los rarámuris son los mejores corredores del mundo, pueden correr descalzos días y noches enteras, pero saben que se necesita algo más que varios maratones para huir del terror. En esa misma tierra fueron asesinados dos padres jesuitas, Javier Campos y Joaquin Mora, que habían estado en un encuentro con comunidades y agentes de pastoral donde hablábamos de cómo acompañar a las comunidades, enfrentar el miedo, potenciar el apoyo mutuo. De esas montañas que estremecen, uno nunca termina de volver.

En otras partes de México, cuando empezábamos a acompañar procesos de los familiares de personas desaparecidas con grupos como FUUNDEC de Coahuila o el CEDHEM de Chihuahua, varias veces escuché los relatos de centros de entrenamiento y de que personas que estaban siendo desaparecidas habrían sido llevadas para ser forzadas a algún tipo de trabajo o para incluirse en la dinámica de esos grupos de delincuencia tremendamente organizada. Y digo tremendamente organizada porque parece que los estados no se enteran, cuando en cambio son la estructura organizada del poder. Esos relatos siempre estaban a mitad de camino de la esperanza en que estuvieran vivos, del desaliento de que fueran forzados a colaborar, de la desesperanza de que estuvieran muertos. Para alguien que necesita pruebas, todo podía parecer parte de un mito.

Uno de los papás de los 43 normalistas desaparecidos, don Margarito, había sido llevado en su juventud a un campo forzado de cultivo controlado por el narco, del que pudo finalmente huir. O sea que existe reclutamiento forzado desde hace mucho tiempo. Ahora que la escalada de la violencia no ha tenido límite en México, para mantener la maquinaria se necesita gente entrenada, a base de morir para poder matar, una vieja fórmula llevada al extremo por los kaibiles en la guerra contrainsurgente en Guatemala en los años 80.

Cuando estábamos trabajando en los primeros meses en 2015 en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, leyendo el expediente, en uno de esos oficios abigarrados de lenguaje jurídico y burocrático, encontramos un documento que hablaba de que la PGJ de Guerrero había recogido ropa de los chavos que habían sido desaparecidos de uno de los autobuses que fueron a tomar para su marcha del 2 de octubre. Cuando preguntamos a la PGR por esa ropa, la respuesta fue que no sabían nada. Tirando del hilo llegamos a un almacén de la PGR donde había un rollo de ropa embalada, y otra parte de la ropa se encontró en un archivo de la PGJ de Guerrero. El impacto de ese hallazgo para los familiares fue brutal. La pregunta que asaltaba todo el tiempo era: ¿Cómo es posible que seis meses después descubriéramos que había ropa que nunca había sido identificada ni procesada?

En una sesión en la escuela normal, con todos los padres y madres sentados en las sillas donde tendrían que estar sus hijos desaparecidos, comenzamos una reunión cargada de emociones y detalles. La antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) vino con todas las fotos de la ropa cuidadosamente tratada después de que fue descubierta y explicó a los familiares el trabajo que se había hecho con ella. La ropa estaba en condiciones espantosas porque no había sido recogida de forma adecuada ni preservada, tenía moho en muchas partes.

El equipo argentino hizo un trabajo de calidad excepcional, el examen de las camisas, de la ropa, del librito, de las cosas que aparecieron en la mochila, y traía todo preparado para compartir con las familias. Como integrantes del GIEI que éramos, explicamos que lo que íbamos a ver eran fotografías de la ropa y objetos que habían sido encontrados. La preparación para una reunión así, para lo que luego podría ser una diligencia formal con la PGR y el EAAF, era crucial. Se necesita crear un contexto favorable, explicar a las familias lo que se puede ver, darles tiempo para prepararse, responder a sus preguntas y sus dudas hasta donde sea posible. Ayudarles a poner un pie delante y otro detrás para una diligencia muy estresante. ¿Será la camisa de mi hijo? Esas botas se parecen. Yo le regalé algo igual. Es estresante y doloroso, pero las familias quieren saber y están dispuestas a enfrentarlo. La cuestión es cómo se prepara y acompaña ese proceso. Y cómo se responde a las preguntas que se resumen en una: ¿cómo es posible?

Hay un tiempo en que las cosas se muestran y otro en que se asimilan. Cada foto tiene sus detalles que tratan de identificar. En la reunión del caso de los 43, Don Mario se agarraba la cabeza y su cabello entre las manos era su llanto. Hay que explicar de vez en cuando algunos detalles. Los jóvenes se pusieron la camisa en el rostro para evitar los gases lacrimógenos, la ropa oscurecida en este caso no es sangre sino moho, el cuaderno es idéntico, los jóvenes se prestaban ropa unos a otros. Todo ello ayuda a poner los hallazgos en su contexto, a poder escuchar y atender.

La ropa, los objetos, humanizan la pérdida.  Los restos óseos se parecen en todos nosotros, pero la ropa, los objetos tienen un valor simbólico clave, la ropa es el último rastro, la última huella de una presencia. Lo que se enfrenta ahí es algo que Sandra, la hermana de Richard, desaparecido en Colombia por la policía en 1995, sentía cada vez que iba a un lugar a buscar a su hermano: “que esté, que esté, que esté… y cuando iba a entrar, pensaba, que no esté, que no esté, que no esté, estaba como matándole y reviviéndole todo el tiempo”.

Las fotos de la ropa vienen con su estela de posibles sentidos, no solo de que estuvo ahí, sino de qué le pasó, qué le hicieron. El caso del Patio 29 en Chile, un caso con mala identificación de restos de personas desaparecidas por la dictadura de Pinochet, aumentó enormemente la demanda de atención psicosocial de familiares de desaparecidos, no solo de quienes estaban en ese caso, sino en todo el país.

Las evidencias del horror de esos zapatos y ropas muestran también la impunidad de las diligencias mal hechas o las denuncias nunca investigadas que se acumulan en México y su impacto en las familias se extiende por todo el país. 

El caso de Rabinal, una masacre en los años ‘80 en Guatemala, fue una de las primeras exhumaciones que se hizo. Con los cuerpos de las víctimas maniatadas, aparecieron pruebas de lo sucedido que eran detalles de lo sufrido. La historia que había sido negada durante tantos años por los responsables y el Estado, estaba ahí. Ninguna reconstrucción del tejido social se puede hacer imponiendo la mentira, la insensibilidad o el olvido. En la investigación en la escombrera de Medellín de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por las desapariciones llevadas a cabo en la Operación Orión en 2002, y donde desde hace décadas hubo testimonios de que habían sido asesinadas y desaparecidas muchas personas que se encontrarían sepultadas entre cientos y cientos de toneladas de escombros, mucha gente pensó que no era cierto, que era el mismo mito del que fueron víctimas don Margarito o los rarámuri.

Cuando en diciembre de 2024, aparecieron en la escombrera los cuerpos de un hombre y una mujer finalmente identificados, en Colombia se desató una clarividencia que las mamás habían tenido desde hacía décadas, señalando que se podrían encontrar desaparecidos ahí, que apareció escrita en las calles de todo el país: «Las cuchas tenían razón». Las cuchas son las mamás en Colombia.

También en México. Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento. Las evidencias tienen que estudiarse científicamente, las pruebas protegerse, la negligencia o complicidad investigarse, y las familias tienen que ser atendidas con respeto a su dignidad. Todo lo demás es parte de una ceremonia de la confusión.

*Carlos Martín Beristain es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y fue comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia.


www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx). 

Imagen pública, oratoria, manejo de redes: candidatos al Poder Judicial pagan cursos de hasta 45 mil pesos para sus campañas

Estos cursos indican que serían impartidos por especialistas, pero en redes han sido criticados por sus vínculos políticos


Texto y foto: Animal Político 

Chilpancingo

25 de marzo de 2025


Estrategas electorales ofrecen cursos, talleres y consultorías a personas candidatas a cargos del Poder Judicial, ya sea federal o local, para preparar su campaña rumbo a los comicios del próximo 1 de junio.

Los aspirantes aprenden desde branding personal e imagen pública, redes sociales para conectar con la audiencia y potenciar su campaña, entrenamiento para mejorar su desempeño ante medios de comunicación, oratoria y técnicas para pulir su discurso, por costos que van desde los 5 mil hasta los 45 mil pesos.

Que las personas juzgadoras ahora tengan que buscar el voto popular como los políticos ocasionó la apertura de “escuelas judiciales” tan pronto como la reforma judicial fue presentada o aprobada. Animal Político entrevistó a los fundadores de las principales: el Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial (CC-NPJ) y El Instituto.

Centro de Capacitación tiene colaboradores que trabajaron con Zaldívar pero niega vínculo

Pese a ser una institución privada de reciente creación, el CC-NPJ imparte cursos en línea dirigidos a personas candidatas a ocupar un cargo en el Poder Judicial, a quienes por seis horas cobra entre 5 mil y 10 mil 500 pesos más impuestos.

De acuerdo con Xiuh Tenorio, director del CC-NPJ, desde enero a la fecha han impartido 12 cursos distintos —incluido un seminario internacional presencial celebrado el 7 de marzo—, en los que han capacitado a más de 350 personas, ya sea candidatas y candidatos y sus equipos de trabajo.

En su página de internet, nuevo poder judicial.mx, el Centro promociona la “nueva edición” de un curso titulado “Ejecución de campañas exitosas para personas juzgadoras”, en el que se les enseña estrategias en redes sociales y campaña digital, creación del mensaje y manejo de medios y el régimen normativo de campañas de personas juzgadoras.

También informa que abrirán las segundas ediciones de los cursos “Entender la elección del Nuevo Poder Judicial y las reglas para participar como candidato a persona juzgadora”, “Introducción al Nuevo Poder Judicial Federal en México” y “Comunicación Estratégica”, esta última en alianza con la agencia EP/C Comunicación Estratégica.

Además del curso “Branding personal e imagen pública”, que será impartido con Unánimo, integral political concierge, para construir “marca personal” y contar sus historias frente a las y los votantes.

Pese a indicar que estos cursos serían impartidos por expertas y expertos en diversas materias, en redes critican al Centro por la participación de personas como César Castillejos Rangel, quien fue director general de comunicación social para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la presidencia del exministro Arturo Zaldívar y quien actualmente se desempeña como director de alianzas estratégicas en TV Azteca.

También participa Gabriela Díaz Salinas, quien se desempeñó como titular del área de vinculación con organismos internacionales en la dirección general de Derechos Humanos durante la presidencia de Zaldívar. En uno de los “Diálogos nacionales para la reforma constitucional al Poder Judicial” fue criticada por afirmar que la Constitución “es un papel (…) el derecho no es la Constitución”.

“Los abogados tendemos a darnos golpes de pecho, que el artículo uno, el artículo dos. Yo no me sé ningún artículo de memoria y no por eso desconozco las teorías de la justicia social, la justicia que viene de abajo”, señaló durante su participación en el último foro en el que incluso aprovechó la oportunidad para criticar como “ilegítimos los salarios de los Ministros de la Corte”.

Xiuh Tenorio asegura que el exministro Zaldívar —quien renunció a su puesto en la Corte para sumarse a la campaña presidencial de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum y ahora ocupa el cargo de coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México— no tiene relación con el Centro de Capacitación.

“Tenemos un par de colaboradores que han trabajado en el Poder Judicial, particularmente en los tiempos de la presidencia del ministro Zaldívar, pero lo que estamos buscando es gente que conozca el Poder Judicial porque es parte de lo que se requiere en esta reforma […] yo en lo personal no tengo el gusto de conocer al ministro Zaldívar y te diría que no hay una vinculación del Centro con su persona, ni tampoco con el trabajo que él realiza en la actualidad”, señaló.

La reforma al Poder Judicial de la Federación comenzó a configurarse el 5 de febrero de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de reformas constitucionales que denominó “Plan C”.

“Nosotros desde ese momento empezamos a analizar y veíamos que sí era un escenario factible, cosa que se comprobó en la elección federal del año pasado. Desde que se conocieron los resultados (de la elección) empezamos a trabajar en la constitución formal del Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial, mismo que anunciamos el año pasado […] de ahí surgió la idea de hacer este Centro con una visión de largo plazo, donde la primera etapa es este proceso que está por celebrarse el próximo 1 de junio”, señala Tenorio.

Juezas y jueces, quienes más se inscriben a El Instituto

El Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégicas es una empresa de 2020 presidida por Roberto Trad y constituida en la Ciudad de México, según el Registro Público del Comercio. Este 2025 puso en línea quisierasertujuez.com, una página que ofrece un manual de campaña para candidatas y candidatos a personas juzgadoras.

“Este manual es nuestro primer producto para ti. Queremos que en menos de 24 horas tengas pensada tu campaña”, dice el documento de 19 páginas que promete estructurar una candidatura paso a paso, construir un mensaje sólido y creíble, estrategias digitales para aumentar el alcance y tácticas para movilizar votantes.

Pero al grupo de alrededor de 20 consultores especializados en fortalecer la participación ciudadana se asociaron empresas para así crear un centro de herramientas de campaña para el Poder Judicial.

“Ya está la reforma, ya está la elección. La pregunta no es cómo la echamos para atrás, sino cómo nos echamos para adelante. Quisiera ser tu juez nace un poco de eso, de la necesidad de un grupo de profesionales de adaptarse a esta nueva realidad”, cuenta Trad, quien ha sido estratega de campañas como la de Ricardo Anaya para las elecciones presidenciales de 2018; de Xóchitl Gálvez, cuando buscó la gubernatura de Hidalgo en 2010; y de los gobernadores de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y de Coahuila, Rubén Moreira.

Desde noviembre de 2024, a casi dos meses de que la reforma fue aprobada, comenzó el trabajo de campo para El Instituto y sus socios, según el presidente de dicha empresa.

“El levantamiento de encuestas fue llevado a cabo por la empresa Áltica, con una muestra de 2 mil 250 entrevistas digitales a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial para votar vigente,

representando las cinco circunscripciones electorales de México. Asimismo, la empresa SIMO realizó cuatro grupos focales presenciales en la Ciudad de México, con participantes divididos en pro-Morena y pro-oposición, hombres y mujeres de 20 a 45 años”, refiere el manual.



Eso fue la base para crear el Taller Quisiera ser tu juez, cuyo costo es de 7 mil 500 pesos por cinco horas o el de Evaluación Estratégica de Candidatura que dura dos horas y cuesta 17 mil. También hay consultorías de dos horas por 17 mil 400 pesos que abordan redes sociales, identidad gráfica, lenguaje inclusivo, entre otras.

La consultoría más cara vale 45 mil pesos por cuatro horas acerca de narrativa, oratoria y discurso, lo mismo que el Taller de planeación estratégica para hasta cuatro miembros del equipo de campaña. Todo es en la modalidad en línea.

“Hasta ahorita la mayoría de las personas que se han acercado a nosotros a tomar las capacitaciones son personas candidatas a juzgadores, sus familias. Dos personas que están tomando esto como un proyecto de pareja, ella le está llevando la campaña”, detalla.

Trad asegura que a días de que empiecen las campañas, ya han dado seis talleres, sobre todo a quienes aspiran ser juezas o jueces.

“La mayoría son para cargos, digamos, territoriales menores, o sea, en el equivalente al Poder Ejecutivo, la mayoría son alcaldes y diputados locales, ¿no? O sea, jueces, juezas, algunos magistrados de circuito y algunos jueces locales también. Es la misma gente de carrera, digamos, la que se está inscribiendo, los niveles más bajos. Aunque hemos tenido, excepcionalmente, un par de candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia”, comenta.

La parte legal del manual fue realizada en colaboración con el despacho de abogados Ojesto Martínez y Asociados, que brinda consultoría jurídica electoral.

“Ojesto Martínez y Asociados dan una plática sobre el reglamento, lo que se puede cumplir, lo que no se puede cumplir. También se les explica cómo interpretar estas regulaciones, se les da una clase para que puedan interpretar y para que puedan cumplir la ley y hacer campaña cumpliendo la ley”, explica.


 

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