Culpan al abogado de los 43 de tomar decisiones por las madres y padres, y ser la causa de la división

El ex vocero de los 43, Felipe de la Cruz, indicó que el abogado Vidulfo Rosales Sierra siempre ha presionado a las madres y padres y hacen lo que él les dice


Texto: Itzel Urieta

Foto: Emilia Barrera 

21 de enero del 2024

Chilpancingo

 

Un grupo de madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, pidieron la unidad al grupo mayoritario que rompió el diálogo con el gobierno federal por reunir a ambos grupos con la Comisión de la Verdad, el pasado 11 de enero.

En lo que sería la primera reunión con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, el grupo mayoritario de madres y padres de los normalistas, representados por el Centro de Derechos Humanos de la Montañana Tlachinollan, informaron que abandonaron dicha reunión debido a que llegó otro grupo de madres y padres que en 2022 marcharon por las calles de Iguala para exigir la liberación del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, lo que implicó una división interna.

Este otro grupo de madres y padres ofrecieron hoy una conferencia de prensa esta tarde en el centro de Chilpancingo para pedir unidad en el movimiento y exigir justicia por los 43 desaparecidos y los tres asesinados durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

En esta conferencia estuvieron Alfonso Rodríguez Ángel, padre de Jesús Giovani Rodríguez Tlatempa; Erica de la Cruz Pascual, esposa del estudiante desaparecido Adán Abraján de la Cruz; Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello e Inés Gallardo Martínez, madre de Daniel Solís Gallardo, uno de los tres estudiantes asesinados esa noche del 26 de octubre del 2014.

Felipe de la Cruz Sandoval, ex vocero del grupo de madres y padres de los 43, en conferencia este 21 de enero del 2024. Foto: Emilia Barrera

También Felipe de la Cruz Sandoval, vocero del movimiento durante siete años, vetado en 2018 por buscar una diputación plurinominal por Morena.

“Como madres y padres de familia y familia directa de los 43 también tenemos derecho a estar en las reuniones, que se nos dé información de cómo va el caso, qué se ha hecho y qué falta y todo eso se nos tiene que dar”, dijo Erica de la Cruz Pascual, esposa de Adán Abraján De la Cruz.

“Llamamos a la unidad, no estamos de acuerdo en lo que dicen que nosotros estamos en contra o rompiendo las reuniones, por el contrario, llamamos a la unión para que seamos más en una sola sintonía”, agregó.

Este grupo de madres, padres y familiares fueron separados del grupo mayoritario después de que el 28 de agosto del año pasado marcharon por las calles de Iguala, junto al empresario Pedro Segura Balladares, para exigir la liberación del ex alcalde de dicho municipio, José Luis Abarca Velázquez, uno de los principales señalador de ordenar la desaparición de los normalistas.

“No se nos hace justo que, porque ellos tengan diferencias con nosotros, no se nos dé a conocer los avances”, agregó de la Cruz Pascual.

De la Cruz Sandoval, el ex vocero, dijo que “por influencias del abogado hay esta separaciones, pero no es porque el gobierno las provoque”.

Un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados hace nueve años pidieron unidad al resto de las familias de los estudiantes. Foto: Emilia Barrera.

El ex vocero de las madres y padres se lanzó contra el abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, integrante de Tlachinollan, y dijo que “la actitud de Vidulfo con los padres siempre ha sido esa, la de la presión, el chantaje y los padres por temor de quedarse en el desamparo han tenido que hacer lo que él dice”.

Agregó que acudieron a la marcha convocado por Segura Balladares porque prometió darles información sobre sus hijos.

“Es nefasto que este gobierno también nos quiera dividir”: Familiares de los 43 de Ayotzinapa

En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.


Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs

15 de enero 2024

 

En un nuevo capítulo de la tragedia de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la presunta estrategia del gobierno de la 4T para socavar las investigaciones y dividirlos, siguiendo los pasos de administraciones anteriores. La mañana del jueves 11 de enero del 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tenía pactada una reunión con los familiares, con el objetivo de entregar los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero dicha entrega no se materializó.

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expresaron su rechazo a una supuesta estrategia del gobierno federal, la cual incluiría una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y sus representantes legales, esto porque legan que el presidente López Obrador estaría replicando tácticas similares a las utilizadas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.

En una reunión programada con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres esperaban la entrega de archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), una solicitud que se remonta a junio de 2023. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo como se planeó, generando frustración entre los familiares.

La sorpresa se instauró cuando un pequeño grupo de madres y padres, presuntamente alineado con otros intereses, participó en una reunión de trabajo convocada por el gobierno federal sin previo aviso a los afectados. Esta táctica fue interpretada como una maniobra maquiavélica para sembrar discordia entre las familias afectadas.

Foto: Mario Marlo/ZonaDocs

 

“El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona?”, expresó doña Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Las estrategias de desprestigio, ofrecimientos de dinero a las víctimas y divisiones entre los afectados, comúnmente atribuidas a gobiernos de la derecha, son denunciadas como prácticas nefastas que persisten en la administración actual. Las madres y padres de los 43 exigen que el ejército entregue los documentos del CRFI y revelen la verdad sobre la desaparición de sus hijos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó la importancia de la entrega de 800 folios que contienen información crucial sobre el caso. Afirmó que, a pesar de la existencia de estos documentos, el gobierno federal ha iniciado una campaña de descalificación contra las entidades que buscan la verdad.

Ante la escalada de tensiones y la supuesta ruptura de la reunión planificada, las madres y padres evalúan solicitar una reunión directa con el presidente de la república para abordar las líneas pendientes y el manejo de la información que el ejército se niega a entregar. Mientras persiste la incertidumbre, las familias afectadas reafirmaron su compromiso de buscar la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.

Madres y padres de los 43 acusan al gobierno federal de querer confrontarlos

Fue en el contexto de una reunión para pedir la información faltante sobre la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes


Texto: Itzel Urieta

11 de enero del 2023

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de querer dividirlos y confrontarlos con otro grupo de madres y padres apoyados por el empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.

Las madres y padres tuvieron una reunión hoy con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, en dicha reunión también estuvo presente el grupo apoyado por Segura Valladares, quienes en 2022 marcharon en Iguala de la Independencia para exigir la liberación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado de ser uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.

Por la presencia del otro grupo y debido a que no se atendió su petición de mostrarles los archivos faltantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según lo informado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las madres y padres se retiraron de la reunión.

“Nos quieren confrontar entre compañeros. Nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Agregó que no quisieron compartir el espacio con ese grupo de madres y padres porque públicamente expresaron su apoyo a Abarca Velázquez. “Cómo es posible que vayan a defender a esa persona, por eso nosotros nos levantamos porque no queremos confrontarnos con ellos y le dijimos al subsecretario que los atienda pero aparte, no en conjunto con nosotros”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, expresó su inconformidad y descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por “atacar a sus equipos”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI.

“Es una manera de división que ya habíamos pasado con el gobierno anterior, ahora otra de las divisiones que trata de hacer es entre padres”.

González Contreras acusó al otro grupo de madres y padres de ser “quienes les han puesto un poco el pie”, por ese motivo mostraron su inconformidad de estar en la misma sala con ellos.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024. Foto: Captura de video

 

Gobierno tiene información sobre participación del Ejército que se niega a entregar

Externó que el gobierno de López Obrador tiene la información sobre la documentación de la Sedena que falta para esclarecer el caso, pero se niegan a entregarla.

“Vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres. Nosotros no estamos en contra de ningún padre, estamos en contra de las maneras de accionar de gobernación”, expuso González Contreras.

El abogado y representante de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que desde hace un año solicitaron al gobierno federal 800 folios que el Ejército no ha entregado.

“Dentro de estos 800 folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandillas municipal a Lomas del Coyote, a través de una intervención telefónica que el Ejército hizo”, señaló Rosales Sierra.

Aseguró que en las reuniones con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) aceptaron la existencia de estos folios.

Dijo que continuarán en la exigencia de la entrega de la información que falta y de los 800 folios.

“Lo que está pendiente son los 800 folios que estamos exigiendo y que lamentablemente el gobierno, concretamente el presidente y el Ejército Mexicano se niegan a entregarlos aduciendo su inexistencia”.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024, desde Ciudad de México. Foto: Captura de video

Acusó a López Obrador de descalificar a las organizaciones e instituciones que apoyan a las madres y padres.

Las madres y padres solicitaron que la información que falta sea revisada por el GIEI, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH

Ángel Aguirre Rivero: la invisibilidad política después de Ayotzinapa

Los nueve años transcurridos desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han invisibilizado al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien en 2018 intentó infructuosamente ser diputado y que ahora sólo dirige una corriente dentro del PRD guerrerense.


Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de septiembre, 2023

 

Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí vieron frenadas sus carreras políticas.

En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.

Uno de los más visibles es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a los 27 días de los hechos de Iguala. El ex priista y ex perredista sigue en una especie de congeladora. Uno de sus últimos comentarios a la prensa fue que pide con todas las fuerzas de su alma que resuelvan el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Después de ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida al final del segundo año del peñismo, el ex gobernador hizo una pausa formal de casi tres años en su vida política. En realidad, no ha vuelto a funciones públicas mayores, sólo la de ser líder de una corriente interna del PRD en Guerrero, partido que lo llevó al poder.

El PRD, por su lado, que había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, se ha ido desdibujando desde la desaparición de los normalistas. Meses después de los hechos, perdió las elecciones de gobernador -en las que ganó el priista Héctor Astudillo-, se debilitó en el Congreso local, en las alcaldías y, en 2021, se alió con el PRI para enfrentar a Morena, pero no pudo impedir la victoria de Evelyn Salgado.

Aguirre intentó volver al servicio público y no lo dejaron. Para la elección de 2018 ya se presentaba como precandidato a diputado federal por el distrito 08, con sede en Costa Chica, Guerrero, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), pero las madres y los padres de los 43 normalistas le recordaron que tenía una deuda pendiente.

En la prensa local quedó documentado el día en el que le frustraron su arranque de precampaña en el salón Ávila de la cabecera de Ayutla de los Libres. Era el 27 de diciembre de 2017. Un grupo de madres y padres de los 43 subió hasta el templete, donde dirigiría un discurso, para exigirle que les dijera dónde estaban sus hijos.

“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, le mencionó una de las madres, según la crónica de ese día del periódico El Sur, donde los simpatizantes del ex gobernador salieron en su defensa.

Después de esos reclamos, Aguirre abandonó su aspiración. “El día de mañana retiraré mi solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero”, escribió en Twitter (ahora X) el 7 de enero del 2018.

Desde entonces, se ha concentrado en sus funciones como una especie de “líder moral” de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG). En lo formal y en lo público Alberto Catalán Bastida es el dirigente estatal del PRD, considerado como un personaje cercano al exgobernador Aguirre.

Algunos actores dentro del PRD todavía le dan a Aguirre Rivero el peso de mover los hilos en el partido. Le atribuyeron que fraguó la alianza en 2021 con el PRI, que ubicó a Mario Moreno Arcos, otro de sus cercanos, pero del ala priista, como el candidato a gobernador por este frente, que perdió ante la actual gobernadora.

Otros, lo ubican ahora como un personaje político disminuido. Un ejemplo: en 2021 no pudo colocar a ningún regidor del PRD en el Cabildo de Ometepec, municipio de donde es originario que es considerado su mayor bastión.

Uno de sus compañeros de partido proporcionó otro dato interno: su corriente, el IPG, tampoco tuvo cuadros para presentar como propuestas a alcaldes en la elección pasada. De los 19 alcaldes actuales del PRD en Guerrero, sólo Tomás Hernández Palma, de San Marcos, pertenece a su corriente, pero porque el edil renunció a Nueva Mayoría (NM), corriente que lidera el perredista Evodio Velázquez Aguirre.

Aguirre “ahora no tiene base social”, comentó la fuente.

Lo que ha mantenido al ex gobernador vigente en la opinión pública durante estos años son sus artículos de opinión en El Sur, a nivel local, y Milenio, a nivel nacional. En ellos ha llegado a comentar algunos elementos del caso que atañe a la noche de Iguala, casi siempre en su defensa.

En una entrevista con reporteros en Chilpancingo, el domingo 17 de septiembre pasado, el ex gobernador informó que el Ejército le ocultó información de los hechos en Iguala, porque el comandante de la región militar le dijo que el 26 y 27 de septiembre de 2014 los estudiantes estaban en la Normal Rural y que se había inventado la desaparición. Esto lo expresó nueve años después.

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en su última aparición pública. Acudió al panteón central de Chilpancingo por el aniversario luctuoso del ex mandatario estatal, Alejandro Cervantes Delgado, el 17 de septiembre pasado.

Los funcionarios de la primera fila de su gobierno

Quien se libró en 2022 de una orden de aprehensión porque un juez federal ordenó la cancelación, es el abogado Iñaki Blanco Cabrera, quien era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2014.

De estos servidores públicos, además de Blanco Cabrera, 16 son integrantes del Ejército, como el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En últimas fechas, el exprocurador ha concedido entrevistas extensas a periodistas de la capital del país para dar detalles de lo que hizo al frente de la ex PGJE tras los hechos en Iguala.

En el programa Contra cara de Heraldo Televisión, en agosto pasado, expuso, entre otras cosas, que la Procuraduría a su cargo fue la primera instancia en investigar los hechos de Iguala, antes de que la investigación fuera atraída por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), como “desaparición forzada”, porque entonces ya sabían de la participación de los policías municipales de Iguala y Cocula.

También que personal a su cargo concentró durante las primeras horas alrededor de 270 elementos municipales de Iguala en las oficinas regionales, los desarmó, les aplicó pruebas periciales y confirmó que al menos 22 habían accionado sus armas en las horas en que ocurrían los hechos. Expuso que le pidió ayuda a elementos militares y a una base de la Policía Federal para concentrar en sus instalaciones a los policías municipales retenidos por los indicios de su participación, pero que se la negaron.

Además, dijo que la estructura de la dependencia a su cargo auxilió a algunos de los estudiantes ilesos de esa noche, quienes fueron los primeros en proporcionarles información de lo que ocurrió.

La idea de pedir ayuda, aclaró, era separar a los estudiantes que también llegaban a las instalaciones regionales de los policías retenidos.

“Mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las autoridades federales o bien, que no se solicitó la intervención del Ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del Ejército, para que me permitieran concentrar a los elementos de la Policía Municipal en instalaciones militares. Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o como sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde ya tenía a resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y familiares”, fue parte de su comentario en el programa.

El caso sin resolver de la desaparición de los 43 normalistas también hizo imposible que Blanco Cabrera volviera al servicio público, actividad en la que se había desarrollado en los últimos años.

Antes de procurador tuvo varios cargos en la PGR: fue coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo, coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, delegado en Guerrero y titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de director de Quejas Recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todas estos cargos los luce en sus redes sociales como una carta de presentación.

En las últimas entrevistas lo presentan como un jurista destacado.

Con quien Blanco Cabrera comparte un escenario similar es con la magistrada en retiro Galeana Marín, quien también libró una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia, al igual que otros servidores públicos del TSJ de Guerrero, porque no resguardaron los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.

Cerca de este edificio público ocurrió una parte importante de los hechos de la noche de Iguala; hay indicios, por las indagaciones adicionales sobre el caso, de que a unos metros se llevaron a un número importante de los normalistas desaparecidos. En este dato estriba la importancia de los videos que nadie halla en el Poder Judicial.

En medio de este cuestionamiento, la magistrada se retiró de sus funciones.

Quien no pudo librarse de acciones legales, aun cuando estuvo en la primera línea de funcionarios públicos del gobierno de Aguirre Rivero, fue el teniente retirado del Ejército, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, porque fue detenido el 28 de octubre de 2022, en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada, además de llevar a cuestas el señalamiento de omisiones en la desaparición de los 43 normalistas.

Aun cuando por obvias razones está desdibujado del servicio público, Vázquez Pérez, sumaba 12 años en cargos públicos policiales y de seguridad, lo que expone que los actores políticos le tenían confianza.

Antes de ascender a secretario, el 7 de enero de 2014, era subsecretario de Prevención y Operación Policial, y antes coordinador operativo de la Policía Estatal, región Acapulco. Fue el cuarto secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguirre Rivero, quien entró en funciones en 2011.

Fue herencia de la administración de Alberto López Rosas, como alcalde de Acapulco (2002-2005), periodo en el que fue comandante de la Policía Turística. En la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) ocupó varios cargos, uno de ellos como coordinador general de Seguridad al Sector Turístico SSP.

Vázquez Pérez sólo duró nueve meses como secretario, porque dejó sus funciones a partir de la renuncia de Aguirre Rivero.

Uno de los funcionarios que libró la sombra de haber sido parte del gobierno de Aguirre, es Jesús Martínez Garnelo, quien fue su secretario General de Gobierno.

Martínez Garnelo sigue en sus funciones como magistrado del TSJ y es catedrático e investigador académico. Fue secretario a partir del 8 de julio de 2013; unas horas antes pidió licencia a la presidencia del TSJ.

Apenas este 20 de septiembre de 2023, el Poder Judicial del Estado de Guerrero convocó a través de las redes sociales a la presentación del libro del magistrado: “El juez penal y su procedimiento especial de ejecución de sentencias, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo”.

La prensa ha documentado que de cara a los hechos de Iguala, Martínez Garnelo se comunicó con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al tercer día de los hechos, el 29 de septiembre de 2014, para saber qué había pasado, pero que le contestó que no sabía.

Además, el gobierno de Aguirre Rivero adquirió un equipo para hackear computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa Hacking Team, unos meses antes de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso en abril de 2016.

En su historia como magistrado, Martínez Garnelo ha sido considerado como una de las personas más cercanas a Aguirre Rivero. En 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por algunos años, porque junto a otro magistrado y una jueza liberaron al secuestrador sentenciado, Carlos Alberto Castro, apodado El Calilla.

Abarca Velázquez, otro de los actores políticos alrededor del caso Iguala, es hasta ahora en quien ha recaído la responsabilidad pública de la noche en que desaparecieron 43 y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa, aun cuando en términos legales, su permanencia en la cárcel está deslindada de esos hechos.

Un mismo juez, en un periodo de ocho meses, lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, aun cuando lleva casi nueve años detenido, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrida el 30 de mayo de 2013. De este caso se desprende el asesinato de tres dirigentes, entre ellos Arturo Hernández Cardona.

Lo que ocurrió la noche de Iguala evidencia un alto nivel de implicaciones de servidores públicos, no sólo a nivel municipal, también estatal y federal, pero a nueve años de distancia, la mayor de las afectaciones del primer círculo de las administraciones al frente de los poderes públicos locales, es un desgaste de su imagen política.

 


Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Piden madres y padres de los 43 al presidente más de 800 documentos que no quiso entregar el Ejército para saber del paradero de sus hijos

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

26 de septiembre del 2023

Madres y madres de los 43 normalistas desaparecidos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la entrega de 858 documentos que tiene el Ejército, que hablan del paradero de sus hijos y que ubicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante sus investigaciones.

De los documentos destacan uno que da cuenta del momento en que 17 de los 43 muchachos desaparecidos son llevados a cierto lugar para privarlos de la vida.

“Pero el mismo es una hoja tamaño carta que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”, detalla la carta.

El documento contiene la relación de los documentos en poder del Ejército, junto con la fecha en que se generó, el folio y el estatus, algunos de los cuales si fueron entregados.

La relación de documentos que ubicó el GIEI arranca con el folio número 525, generado el 30 de abril del 2014, que si fue entregado, pero después enlistan del 526 al 872, sin entregar. El documento 873, generado el 3 de julio del 2014, fue entregado, pero no los documentos que van del 874 al 1076.

El documento 1077 fue entregado, no así los que van del 1078 al 1202.El 1203 sí, pero del 1204 al 1211, no. El 1212, sí y del 1213 al 1251, no. El 1252 tiene estatus de entregado pero no los documentos foliados del 1253 al 1314. El 1315 y 1316 los tienen en su poder pero no los foliados del 1317 al 1372.

Finalmente, el Ejército tampoco proporcionó al GIEI los documentos foliados del 1375 al 1400.

Las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigen a López Obrador de manera respetuosa, incluso agradecen su indicación para la apertura de los archivos militares, pero aseguran que se identificaron varios documentos que no fueron entregados.

En la carta, recuerdan a López Obrador que el Ejército infiltró la Normal, por lo que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a los estudiantes desde que arribaron a Iguala.

“Como madres y padres tenemos la necesidad de conocer esos documentos incompletos que hablan del paradero de nuestros hijos. No nos mueve otro interés más que saber qué contienen tales documentos que pueden ayudar a saber qué pasó con nuestros hijos”.

 

La Normal Rural de Ayotzinapa un recinto de memoria por su lucha

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayotzinapa

25 de septiembre del 2023

 

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, además de ser un edificio educativo de formación para maestros en Educación Primaria y Educación Primaria con enfoque bilingüe, es un recinto de memoria sobre las luchas sociales emprendidas por los normalistas desde los tiempos de Lucio Cabañas Barrientos.

Cada generación de estudiantes de la Normal Rural plasma en sus paredes los rostros, las consignas y los ideales de los actores presentes y ausentes de su historia. Es un ejercicio claro para no olvidarlos y fortalecer la memoria colectiva.

Este ejercicio se ha convertido, a la vez, en un recordatorio de la deuda del Estado con ellos al intentar frenar sus luchas en distintos periodos, lo que convierte las paredes del recinto en un grito permanente de justicia.

Recorrer el plantel en estos momentos que se conmemoran los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de tres de sus estudiantes durante la noche de Iguala reaviva la fuerza de su grito: castigo a los responsables de todos los niveles de una noche que refleja el involucramiento de agentes de Estado y fuera de él, asociados en un propósito, desaparecer y aniquilar estudiantes.

Aquí mostramos estos lienzos de concreto de la Normal Rural que han tomado vida propia.

Foto 1. Los rostros de nueve de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la ventana de una caseta del plantel.

Foto 2. Estudiante de nuevo ingreso de la Normal Rural posa en un mural donde aparecen los rostros de sus compañeros caídos en diferentes momentos de la historia de su escuela.

Foto 3 y 4. Mural que presenta la lucha de nueve años por los 43 estudiantes desaparecidos; adelante una escena donde estudiantes se enfrentan a la Policía Estatal.

Foto 5. Mural en memoria de Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, quien fuera torturado y asesinado en noche de Iguala. En la pared continua aparece Genaro Vázquez Rojas Rojas, profesor y guerrillero referente de lucha de los estudiantes de Ayotzinapa.

Foto 6. Mural en honor a la lucha emprendida por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Foto 7. En este mural están los rostros de Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista y Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, en un reconocimiento que hacen los estudiantes a la lucha ya de nueve años de madres y padres de los 43.

Foto 8. El rostro de Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado la noche del 26 en Iguala.

Foto 9. Mural basado en la fotografía del fotorreportero José Luis de la Cruz, donde aparece Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro de los 43, cuando enfrenta a antimotines de la Policía Militar.

Foto 10. Mural con el que exigen de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su promesa de resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Madres y padres de los 43 exigen a AMLO que el Ejercito entregue información clave sobre Ayotzinapa; realizarán plantón en la FGR

A seis días de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares se reunión con López Obrador y anunciaron un plantón.


Texto: Animal Político

Fotografía: Tlachinollan

20 de septiembre 2023

 

Las madres y  los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a seis días de cumplirse nueve años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas, dijo que durante el encuentro le insistieron al presidente que necesitan que el Ejército y la Marina entreguen la documentación que le negó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Sabemos que el presidente protege mucho a las Fuerzas Armadas, pero vamos a seguir insistiendo”, declaró al salir de la reunión.

Los familiares anunciaron que desde mañana, a las 11 am., harán un plantón en las instalaciones de la FGR para continuar con su demanda. 

 

Ejército y Marina negaron al GIEI información del caso Ayotzinapa

En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.

El GIEI, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que llegó en 2015 a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del crimen organizado, en contubernio con diversas autoridades policiacas y militares en septiembre de 2014, denunció en su sexto y último informe que la Sedena mintió en múltiples ocasiones ante el requerimiento de información clave.

Los familiares de los jóvenes ingresaron a Palacio Nacional portando imágenes y fotos de sus hijos desaparecidos, todos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Los acompañó el abogado Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante la conferencia de prensa en la Ciudad de México después de la salida del GIEI. Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

AMLO asegura que se entregará la información del caso Ayotzinapa 

Por la mañana, el mandatario aseguró que se entregará completa la información sobre el caso Ayotzinapa, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar castigo a los responsables del crimen.

López Obrador descartó que haya un rompimiento en la relación con los familiares de los desaparecidos y dijo que están en su derecho de manifestarse.

Detienen policías municipales de Tixtla a padre de uno de los 43 por supuesta falta de tránsito

Mario González, a través de mensajes, informó que se lo llevaron, en realidad, detenido por nada, que estuvo en la cárcel municipal, y que tenía la mano hinchada de la agresión de los policías


Texto: Margena de la O

Fotografía: Redes

16 de septiembre 2023

Chilpancingo

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos, fue detenido esta tarde en la cabecera municipal de Tixtla por policías municipales, por una supuesta falta de tránsito.

Después de unas dos horas fue liberado, de acuerdo con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

La detención ocurrió alrededor de la una de la tarde, en el punto conocido como el triángulo, porque es el punto donde la cabecera municipal de Tixtla conecta a las carreteras hacia Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan, y continua hacia Chilapa.

Él mismo compartió el momento de su detención a través de su cuenta personal de Facebook, Don Mario Ayotzi, mediante un en vivo.

En ese video se escucha que él les dice a los policías que no hay razón para una infracción, al mismo tiempo que trata de indicarles dónde ocurrió el percance.

Después él exige que no lo toquen y uno de los policías, de varios que lo rodean, dice ya molesto que lo detendrá; el video se corta donde, al parecer, González Contreras se resiste a la detención.

En el mismo perfil de don Mario hubo un posteo unos minutos después con el siguiente mensaje: “No sé dónde lo llevaron, lo golpearon y se lo llevaron estos policías, fueron muchos. Hago la denuncia que elementos de Tixtla se llevaron a don Mario, fueron bastantes los que lo llevaron y lo golpearon”.

Raymundo Díaz Taboada, integrante del CCTI, informó que se comunicó con Hilda Hernández Rivera, esposa de González Contreras y madre de César Manuel, quien le reportó que todo ocurrió por una supuesta falta de tránsito al arribar a la cabecera municipal.

“Me comentó que iban llegando a Tixtla y los detuvo la Policía Municipal, con pretexto de que se había pasado un tope, como una falta de tránsito, y estuvieron alegando con don Mario. Le pedían que se bajara, que enseñara documentos, que quién era, que a dónde iban, y ya don Mario defendiéndose, hasta que llegaron otros policías”, comentó en una breve comunicación.

Unas dos horas después de que se supo de la detención, el CCTI reportó que el padre de César Manuel fue liberado. La organización lo posteó a las 15:22 horas a través de sus redes sociales.

Don Mario, a través de mensajes, informó que se lo llevaron, en realidad, detenido por nada, que estuvo en la cárcel municipal, y que tenía la mano hinchada por la agresión de los policías.

Él y su familia son originarios de Huamantla, Tlaxcala, pero se mantienen en Guerrero, en particular en Tixtla, desde la desaparición de su hijo en Iguala junto a otros 42 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en esta cabecera municipal.

Mario César González, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, en los momentos de su detención por parte de policías municipales de Tixtla.

La detención de don Mario ocurre a unos días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sin que el gobierno federal aclare lo que pasó la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Los estudiantes de la Normal Rural comenzaron la jornada de acciones de este año por el esclarecimiento de los hechos el martes 12 y el jueves 14 se manifestaron en la 35 Zona Militar, donde lanzaron petardos porque, insisten, las instituciones han obviado al Ejército de su responsabilidad de la noche de Iguala.

Los policías municipales que detuvieron al padre de César Manuel forman parte de la administración municipal que encabeza el alcalde morenista Moisés Antonio González Cabañas, quien es profesor egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, y llegó a la alcaldía precisamente por su activismo a favor de la presentación con vida de los 43 estudiantes.

Tixtla, de acuerdo con las autoridades, es un municipio controlado territorialmente por el grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos, encabezado por los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez.

CNDH pide información sobre el trabajo realizado por el GIEI en el caso Ayotzinapa, pero omite señalar al Ejército

La CNDH solicitó revisar el trabajo del GIEI para continuar con la investigación del caso Ayotzinapa tras su salida de México


Texto: Animal Político

Fotografía: David Juárez (Archivo Amapola)

27 de julio del 2023

Chilpancingo

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó información del trabajo realizado por elGrupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero omitió señalar al Ejército como un actor implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mientras que más de cien organizaciones respaldaron el informe de los expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, quienes señalaron obstáculos por parte del Ejército mexicano para avanzar en la investigación.

En un comunicado, la CNDH dijo que “existen actuaciones pendientes que son trascendentes para la investigación” por parte de la Comisión Presidencia para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

Comunicado de la CNDH

La comisión solicitó las constancias de las actuaciones realizadas por el GIEI durante su estancia en el país y aquellas derivadas de su trabajo que sirvan para esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos.

Sin embargo, la CNDH omitió mencionar al Ejército, a quien los expertos independientes responsabilizan por el ocultamiento sistemático de información del caso Ayotzinapa, uno de los motivos del GIEI para dejar la investigación.

Autoridades analizan informe del GIEI

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo que el Gobierno federal y una unidad de investigación del caso Ayotzinapa analizan el sexto informe del GIEI así como sus 30 recomendaciones.

De acuerdo con la dependencia, estas medidas recomendadas son sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; la unificación de las averiguaciones, así como en labores de búsqueda, justicia y reparación con las víctimas.

“La instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es ir al fondo de las investigaciones, por lo que continúan las búsquedas en la zona, y ratificó que se cumplirá el compromiso de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado”, señaló la dependencia en un comunicado.

Organizaciones sociales respaldan trabajo del GIEI sobre caso Ayotzinapa

Aunque la CNDH omitió mencionar al Ejército, organizaciones sociales también publicaron un comunicado para mostrar su respaldo a los expertos del GIEI y su solidaridad con los padres y las madres de los 43 normalistas.

Destacaron que Carlos Beristain y Ángela Buitrago hablaron de la existencia de información generada por el Estado, principalmente la Sedena y la Marina, que contienen datos sobre el paradero de los estudiantes que no fueron entregados.

“Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de información que explica el papel de las corporaciones de seguridad la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala”, señalaron.

Las organizaciones acusaron que la opacidad y la manipulación de información hacen inviable la colaboración del GIEI con el Estado mexicano para el esclarecimiento del caso y desestima el trabajo de los expertos.

Aseguraron que la voluntad política de las instituciones “queda corta” frente al poder castrense en México.

Además, señalaron que el último informe del GIEI muestra la innegable implicación del Ejército y la Marina en la desaparición de los jóvenes y en hechos posteriores para ocultar la verdad.

Finalmente, hicieron un eco del llamado de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de su exigencia de una reunión con el presidente AMLO para que responda a las evidencias presentadas por los expertos, con una propuesta clara para remover los obstáculos de acceso a la información y no mantener el caso impune.

GIEI acusa ocultamiento de información y obstáculos del Ejército

El pasado 25 de julio, los integrantes del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, acusaron un ocultamiento sistemático de información y obstáculos que están impidiendo llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, por parte de la Sedena y la Marina.

“No hemos podido dar todas las respuestas a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa porque no hemos tenido acceso a toda la información existente por parte de las autoridades. Y para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar? Se necesita información para llegar a la verdad y a la justicia”, refirieron.

Carlos Beristain aseguró, contrario a lo dicho por AMLO, que el acceso a la información ha sido parcial, y parte de esa información se ha ocultado por la Sedena, factores que impiden una investigación efectiva.

Sobre la noche del 26 de septiembre de 2014, reiteraron como en sus anteriores informes, que “el músculo del Estado” estuvo presente en los hechos de Iguala, “que actuaron y no protegieron a los jóvenes y que sabían lo que pasó”.

Con este informe, el GIEI dio por finalizada su investigación sobre la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa y dieron por concluida su estancia en el país.

Activistas, estudiantes y organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo el 12 de diciembre del 2021 por dos normalistas asesinados en la Autopista del Sol en 2011. Foto: David Juárez (Archivo Amapola).

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Estudiantes de Ayotzinapa y colectivos de desaparecidos lamentan la salida del GIEI

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, organizaciones sociales y colectivos de personas desaparecidas lamentaron la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin que halla certeza sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Cada 26, los estudiantes y organizaciones realizan un mitin en el Antimonumento a los 43, en Chilpancingo, para exigir justicia, castigo a los responsables y la aparición con vida de los estudiantes.

En dicho mitin, uno de los estudiantes normalistas lamentaron la salida del GIEI del caso. «Fueron los únicos que aportaron avances, al señalar la participación directa del Ejército Mexicano, de policías estatales y municipales, además de la Marina Armada de México en los hechos», dijo el estudiante.

Los normalistas reconocieron que con su investigación, el GIEI logró «tirar la llamada verdad histórica” que se dio a conocer durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y que aseguraba que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

Para los colectivos que acompañan a la Normal Rural de Ayotzinapa que los expertos del GIEI se retire sin esclarecer el caso es lamentable, porque se acortan las posibilidades de llegar a la verdad.

«El GIEI se fue con una profunda tristeza porque vieron que no había elementos para seguir con el caso, y con su salida se pierde la esperanza de encontrar a nuestros familiares», mencionó el representante del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez.

Durante el mitin colocaron una ofrenda floral por los ocho años y 10 meses de aquel 26 de septiembre del 2014.

Además de los estudiantes y el colectivo de familiares de desaparecidos, al mitin asistió una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), quienes también lamentaron la salida del GIEI.

El mitin ocurrió a las dice del día en el Antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la glorieta de Las Banderas, en Chilpancingo.

 

Padre de uno de los 43 reprocha que el gobierno diga que los normalistas ya están muertos

Texto: Itzel Urieta y Jesús Guerrero

Fotografía: Franyeli García (Archivo)

26 de julio del 2023

Chilpancingo 

 

Don Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, reprochó que el gobierno siga protegiendo al Ejército y diga que los estudiantes ya están muertos sin que presenten las evidencias.

«Así con ese cinismo y desfachatez nos han dicho (las autoridades) que nuestros hijos ya están muertos, ¿pero dónde están?, les preguntamos y no contestan», dijo Rodríguez Moreno.

Clemente Rodríguez, quien es padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los 43, dijo que al presidente Andrés Manuel López Obrador le falta más de un año para que deje el cargo y no cree que resuelva el caso porque una de las piezas claves es el Ejército mexicano.

«El presidente defiende a capa y espada al Ejército pese a que se han presentado pruebas de su responsabilidad (de la desaparición de los 43 notmalistas) del caso», expresó Rodríguez Moreno.

Entrevistado después del sexto y último informe que presentaron ayer martes los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago y Carlos Beristaín.

Clemente Rodríguez comentó que si bien es cierto ya fueron detenidos un general, un capitán, un subteniente y un sargento, además de ocho soldados rasos por su presunta implicación en el caso, son procesados por autoridades del propio Ejército.

«Los militares detenidos deben ser juzgados por una autoridad civil y no militar, pero eso es parte de la protección que les está brindado el gobierno», afirmó Clemente Rodríguez.

El 5 de julio del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, Clemente y su esposa estaban en su casa en Tixtla cuando recibieron la visita del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y del entonces jefe de la Unidad Especial del caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, de que uno de los restos (un hueso de 3 centímetros de un pie) hallados en la barranca de La Carnicería, municipio de Cocula, pertenecía a su hijo.

La identificación estuvo basada en estudios científicos realizados en la Universidad de Innsbruck, Suiza.

Desde que Encinas Rodríguez le dio esa información a Clemente, éste no ha aceptado el resultado y su exigencia es que el gobierno lo busque vivo.

«No queremos que nos den un huesito», ha dicho don Clemente.

Margarito Guerrero, de la comunidad de Omeapa, del municipio de Tixtla, tampoco acepta otro resultado científico de la Universidad de Innsbruck acerca de que uno de los restos hallados en Cocula pertenece a su hijo, Jhosivani Guerrero, otro de los 43 desaparecidos.

«En las pláticas que hemos tenido con el presidente se le ha dicho que obligue al Ejército que suelte toda la información, pero no ha querido y vemos que él (López Obrador) no quiere tocar a los militares», expresó Rodríguez.

Mencionó que en los próximos días los padres y madres de los 43 van a tener una reunión con el presidente López Obrador, a quien le van a recordar la promesa que les hizo en diciembre del 2018 de que su gobierno llegaría a fondo en el caso Ayotzinapa.

Meses antes de las elecciones presidenciales del 2018, un grupo de padres y madres de los 43 acompañaron a López Obrador a un acto de campaña en Iguala. Ahí el entonces candidato de Morena les prometió que su gobierno daría con el paradero de sus hijos y que castigaría a los responsables.

«Precisamente en la reunión que tengamos con él (con el presidente) le vamos a recordar lo que nos prometió y que no ha cumplido en su totalidad, aunque solamente se ha avanzado en un 70 u 80 por ciento», dijo Clemente.

Sobre la salida de los dos últimos expertos del GIEI, Rodríguez Moreno, afirmó que gracias a ellos y el resto de los integrantes no se cerró el caso y se echó para atrás la «verdad histórica» que según él, fue inventada por el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam quien está preso en un penal de la Ciudad de México.

«Los expertos tuvieron obstáculos para realizar su investigación no solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto sino también en el actual de López Obrador», expresó Clemente Rodríguez.

Mencionó que uno de los obstáculos que tuvieron los expertos en la actual administración federal es que la información que se le requirió al Ejército sobre el caso nunca la aportaron.

«En los primeros informes y en este último nos dieron un gran avance y nos dejaron herramientas para señalar a cierto personajes como (Jesús) Murillo Karam y Tomás Cerón de Lucio y nos dijeron también que el Ejército no aportaron mayor información», dijo.

Mencionó que el movimiento para exigir la verdad del caso de Iguala no ha dejado a un lado la demanda de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sea investigado por la desaparición de los 43 normalistas.

«Cuando menos Aguirre es responsable por omisión al no haber actuado para frenar la desaparición de los jóvenes», expresó.

Después del informe de los dos expertos del GIEI, el padre Christian viajó a un país de Centroamérica para participar en una plática sobre el movimiento que los padres y madres han encabezado desde el 2014 para exigir la presentación con vida de sus hijos.

Clemente Rodríguez durante una entrevista realizada por Amapola periodismo en 2020. Foto: Franyeli García (Archivo Amapola).

 

“El Ejército desobedece al presidente”: familiares de Ayotzinapa denuncian ocultamiento de información y temen salida del GIEI

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian que el Ejército oculta información de lo sucedido en 2014 y advierten que la posible salida de los expertos del GIEI les dejaría “vulnerables” y ante el escenario de que el caso se cierre.


Texto: Manu Ureste / Animal Político 

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

 

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, tras una reunión este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedenaestá ocultando deliberadamente información del caso, y mostraron su preocupación por la posible salida en julio próximo de los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que quedan en el país.

“Creemos que ellos (los expertos del GIEI) están en la mejor disposición de quedarse y seguir investigando. Pero el problema es que el Ejército está en desacato con el presidente y no está obedeciendo el mandato de entregar toda la información”, dijo en entrevista Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Armando González, quien ayer fue uno de los familiares de los jóvenes que estuvieron presentes en la reunión con Encinas en la Secretaría de Gobernación, en la capital mexicana.

“Si el Ejército entregara toda la información, estamos seguros de que los expertos del GIEI (Carlos Beristáin y Ángela Buitrago) se quedarían para continuar con las investigaciones. Pero si no abren todo, ¿para qué se van a quedar más tiempo?”, preguntó González, y agregó: “Desconocemos qué información están ocultando los militares o a quién están protegiendo de tan alto nivel”.

“Es algo que no comprendemos”, insistió. “Incluso, la Sedena firmó un decreto estando de acuerdo su titular, Crescencio Sandoval, para liberar toda la información y así ayudar a la localización de nuestros muchachos”.

Todo lo anterior se da en el contexto de lo publicado la semana pasada por el diario El País, que informó que los dos expertos del GIEI no renovarían por más tiempo su estancia en México, dando por concluida en julio su participación en el caso Ayotzinapa. Esto, debido a “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encontrarían el ocultamiento por parte del Ejército de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, está previsto que para finales del próximo mes tanto el subsecretario Encinas como el GIEI den a conocer públicamente, aunque por separado, amplios informes sobre el avance de las investigaciones. En el caso del GIEI, según lo publicado por El País, se dará a conocer que el Ejército ocultó de manera deliberada información sobre el ataque a los normalistas.

“El Ejército ha negado que esos documentos existan, pero el GIEI señala que hay evidencia de sobra que demuestra lo contrario. Los expertos han denunciado incluso que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos”, publicó el diario.

Ante la perspectiva de una inminente salida de los expertos del GIEI, que lleva investigando el caso desde 2015, los familiares de los jóvenes dijeron que, de concretarse, sería una situación que los dejaría “en un estado de gran vulnerabilidad”.

“No sabemos aún cómo reaccionaríamos sin una fuerza tan grande como el GIEI, un equipo de expertos del que no se puede dudar de su trabajo. Nos quedaríamos muy vulnerables e incluso tememos que se pudiera cerrar el caso. Por eso, creemos que debe buscarse un mecanismo para que el GIEI se quede y pueda seguir investigando”, pidió Mario César González.

Bernabé Abraham Gaspar, padre del normalista Adán Abraham de la Cruz, dijo durante la marcha que se realizó la tarde de ayer, a casi nueve años ya de la desaparición forzada de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, que los familiares exigen que los expertos del GIEI se queden en el país, aunque para ello, demandó, es necesario que el Ejército abra toda la información.

“Todos queremos que sigan porque nos han ayudado mucho. Pero no hay avance, ese es el problema. Y pues también se entiende, claro. Porque si no los dejan trabajar ni avanzar, pues para qué se van a quedar más tiempo”, señaló.

Más detenciones

Los familiares entrevistados explicaron que durante el encuentro con Encinas, el cual realizan mensualmente, se les informó de la detención el domingo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El exfuncionario está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es muy importante que se haya dado esta detención, porque esta persona forma parte de la ‘verdad histórica’ y puede aportar nueva información sobre el caso”, dijo Melitón Ortega, tío del normalista Mauricio Ortega Valero.

Asimismo, durante la tarde de ayer el subsecretario Encinas informó que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La detención se produjo el pasado 21 de junio. Se trata de militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Estas capturas se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados también por desaparición forzada.

El 26 de agosto del año pasado, el gobierno federal, a través del subsecretario Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar a seis de los 43 normalistas. El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general.

Imagen de archivo de una marcha y un mitin en Iguala, donde las madres, los padres y estudiantes reclamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

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