Mediante un comunicado emitido por el Comité de Madres y Padres de los 43, después de la Asamblea Nacional Popular (ANP), realizada el día de ayer en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a “reorganizarnos, tender los puentes fraternos de dialogo y de entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase”.
Esto, de acuerdo al comunicado, porque consideran que el “movimiento social está disperso, a la derivada y aletargado”.
Además de que las madres y padres externaron su preocupación de que, ante la falta de organización y movilización de sectores y organizaciones sociales de izquierda la “derecha” asuma como propias las exigencias de justicia sobre diversos temas.
“Poco a poco la derecha retoma algunas demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contra pesos institucionales y va tomando las calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda”, se lee en el comunicado.
En dicho documento, las madres y padres de los 43 mencionaron que ante este nuevo gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no hay cambios reales para la sociedad.
“Mientras unos pocos tienen mucho, la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”, sentenciaron.
Otro punto que aborda el comunicado es el acceso a la verdad y a la justicia para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Mencionaron que a nueve años de los sucesos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en el que desaparecieron los 43 normalistas y cinco personas más fueron asesinadas no hay acceso a la justicia.
“A esta distancia (nueve años), pesa el cansancio físico, mengua nuestro caminar por las enfermedades que padecemos y duelen las pérdidas irreparables de Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a nuestros hijos y el espíritu inclaudicable de nuestros compañeros que se quedaron en el camino nos animan a seguir”
Otro punto fue el de la violencia, en el que aseguran nada cambio con la llegada del nuevo gobierno, tanto el federal, en 2018, como el estatal, en el 2021.
“La violencia contra las mujeres sigue creciendo exponencialmente sin que existan acciones y políticas del gobierno contundentes que permitan revertirlas, las desapariciones son un lastre social que han continuado. Hoy suman más de cien mil en el país. Tan solo en este gobierno van más de treinta mil. La violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones de nuestro país, zonas completas se encuentran bajo el imperio de las bandas delictivas, son estas las que imponen su ley a sangre y fuego enlutando los hogares de los más pobres”, mencionaron.
También mencionaron problemas en el sector educativo, y expusieron que no se revirtió la Reforma Educativa como lo prometió en campaña López Obrador.
Además que las normales rurales aún padecen la precarización, persecución política, represión y continúan las políticas para el exterminio y el cierre definitivo de los normales rurales.
El tema de la militarización del país fue un tema que consideraron preocupante y aseguraron que las fuerzas militares en las calles son para contener a los movimientos sociales.
“Se han dado facultades legales y constitucionales a las fuerzas armadas para que contengan la violencia, pero sobre todo para que metan en cintura a los inconformes e insumisos. Un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, se lee.
Por último, las madres y padres de los 43 llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a una asamblea para analizar, discutir y proponer nuevos ejes y planes de lucha ante las inconformidades antes mencionadas.
“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, finaliza el comunicado.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Oscar Guerrero 26 de septiembre del 2023 Chilpancingo
Al cumplirse 100 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de personas desaparecidas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda resultados para dar con el paradero de los estudiantes.
Los 100 meses son equivalente a ocho años y cuatro meses de la desaparición de los muchachos sin que exista información contundente de lo que ocurrió lea noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
En el mitin, ocurrido en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a Las Banderas, estuvieron ausentes los estudiantes de Ayotzinapa; una comisión se dirige a la Ciudad de México junto las madres y padres de los normalistas desaparecidos, donde realizarán otro mitin.
Otra comisión de estudiantes acompañó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) al homenaje que le realizaron al maestro Mario Zamora Maldonado, quien fue asesinado el año pasado durante un ataque armado a una base de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Buena Vista de la Salud, asentada en la zona rural Chilpancingo, organización armada de la que formaba parte como autodefensa.
Al mediodía de este jueves, minutos después de las once de la mañana, los manifestantes se concentraron en el Antimonumento a los 43, bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, sentido norte-sur, ubicada a un costado del lugar.
El mitin fue encabezado por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, y asistieron representantes de la CETEG, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y del Comité de Solidaridad con el 60.
Los manifestantes exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, además de otras demandas de las organizaciones presentes.
Durante el mitin, Carlos David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez, mencionó que las cifras de desaparecidos a nivel nacional es de 107,000 personas y en el estado de Guerrero, han contabilizado a 3,790. Puntualizó que aun cuando las cifras son altas tampoco reflejan la realidad.
Roberta Campos Adame, del Comité de Solidaridad con el Movimiento de 1960, reprochó al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda por no actuar para disminuir la violencia en la entidad.
“Para qué es un santuario, pero de la impunidad y de la violencia”, mencionó.
Recriminaron que al cumplirse 100 meses no haya ningún avance en las investigaciones y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumpliera con su palabra de solucionar el caso Ayotzinapa.
Al término del mitin los manifestantes realizaron el pase de lista a los 43. Después desbloquearon la vía y se retiraron.
A tres días de que se cumplan 11 años del asesinato de dos normalistas en la Autopista del Sol, en medio de un operación policiaca con armas de agentes federales y estatales, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, irrumpieron en la Fiscalía General del Estado (FGE) Y realizaron destrozos con petardos y piedras.
“¡Exigimos justicia!”, se leía en las consignas que pintaron en las paredes de la FGE.
El próximo lunes 12 se cumplen 11 años de que agentes de la Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial disolvieron a balazos una manifestación de normalistas en el kilómetro 272 de la Autopista del Sol, y donde asesinaron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
De acuerdo con las versiones de algunos trabajadores de la Fiscalía, los normalistas, con la cara cubierta, llegaron a bordo de dos autobuses a las instalaciones.
Iniciaron con pintas en la fachada y después lanzaron petardos y piedras.
Los jóvenes permanecieron dentro de las instalaciones alrededor de 15 minutos y después se retiraron ante la mirada de varios agentes de la Policía Ministerial que no intervinieron.
Según los reportes desde dentro de la FGE, las áreas que fueron dañadas por los petardos y piedras que lanzaron los estudiantes son la Dirección de Investigaciones, Derechos Humanos y Contraloría Interna.
Ahí los cristales del espacio los hicieron añicos, así como material de oficina.
Durante esta semana los normalistas han realizado movilizaciones en esta capital exigiéndoles al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que reabra el caso de Jorge Alexis y Gabriel.
En la visita que realizó una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las instalaciones de Ayotzinapa a mediados de noviembre pasado, donde rindieron un informe del caso de los 43, familiares de Gabriel y Jorge Alexis tuvieron una reunión privada con la secretaria de este organismo.
En esa reunión les informaron a los familiares de los dos normalistas asesinados a tiros el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol el avance del caso.
En el 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpuso una denuncia ante la CIDH del caso, en la que acusaron al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero como responsables de estos hechos.
García Luna está preso en Estados Unidos por diversos delitos que tienen que ver con lavado de dinero y narcotráfico.
Aguirre Rivero continúa con sus actividades políticas, es líder de una corriente política al interior del PRD.
Al presentar el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que detectó injerencia en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de otros poderes o agentes ajenos a sus facultades, lo que provocó la salida del ex fiscal especial a cargo, Omar Gómez Trejo.
Los detalles del informe los dieron en una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y la relatora para México y Pueblos Indígenas de esta Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, donde estuvo un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y miembros de las organizaciones de defensores que los han acompañado.
Ambas hicieron hincapié en la importancia de estar frente a las madres y padres exponiendo este informe que, dijo Arosemena de Troitiño, es una guía orientadora y una hoja de ruta para todas las áreas institucionales involucradas en el Caso Ayotzinapa, como lo es la UEILCA, órgano al que, dijeron, el Estado debe garantizar independencia.
Contiene, pues, de acuerdo con lo que compartió el equipo de la CIDH que organizó la conferencia de prensa para conocer el informe, “observaciones y recomendaciones para avanzar en las investigaciones y esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, así como en la reparación integral a las víctimas y familiares”.
La presidenta y relatora de la CIDH mencionaron algunas, como la recomendación de autonomía de la UEILCA, porque expusieron la injerencia de otros poderes en los trabajos que realiza la unidad encargada de la investigación fiscal del Caso Ayotzinapa.
Arosemena de Troitiño mencionó que la CIDH “levantó banderas de alerta” sobre el tema porque dejarlo pasar afectaría la búsqueda de justicia y comprometería la legitimidad ganada.
Ofreció ejemplos claros de la injerencia que señaló. “La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de la República, autor de la llamada verdad histórica) por otras unidades finales, ajenas a la UEILCA, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión, de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar con debida diligencia. Estos hechos determinaron la salida del titular de la UEILCA”.
En agosto pasado, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por decreto presidencial, que depende de la Secretaría de Gobernación y que preside Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, presentó un informe sobre el Caso Ayotzinapa. Un informe ajeno al órgano fiscal para investigar y resolver el caso.
Después de ese informe fue girada una orden de aprehensión de Murillo Karam y desestimadas 21 órdenes de aprehensión liberadas a raíz del trabajo de la UEILCA, pero no avaladas por el informe de la Covaj.
Al renunciar en septiembre pasado, poco antes de que se cumplieran los ocho años de los hechos de Iguala (la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014), Gómez Trejo le dijo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos que su salida obedeció a que recibió amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que debía proteger a su familia, de acuerdo con lo que ellas y ellos informaron a la prensa, incluido este medio.
En lugar de Gómez Trejo fue designado el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, ubicada como persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la ronda de preguntas y respuestas en la conferencia de hoy, un reportero solicitó más información sobre cómo afecta la injerencia a la Unidad.
“La Unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de ninguno de los poderes, ni del Ejecutivo ni del Legislativo”, comentó Mantilla.
Desde el inicio de la conferencia de prensa, Arosemena de Troitiño y Mantilla, cuando expusieron por qué este tercer informe representa una guía, hicieron énfasis en que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, que inicia con cada día, y no sólo impacta en las víctimas directas de la desaparición, tiene efectos fuertes en sus familiares, como ocurre con las madres, padres, hijas e hijos de los 43 normalistas desaparecidos.
Entonces, dijo Mantilla, la desaparición forzada no es resuelta con un decreto, y eso deben saberlo, por ejemplo, el personal de la Fiscalía. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos que continúa, mientras no aparezcan las personas desaparecidas o no se conozca la suerte de las víctimas, las desapariciones forzadas no terminan por decreto ni por decisiones unilaterales”.
La relatora también abundó sobre ese aspecto u obstáculos que pueden afectar el ritmo de las investigaciones: “Si hay otra unidad que no sea la encargada, por supuesto habrá afectación en ese proceso, por eso hablamos de esa intervención de cuestionamiento que los padres no los han dicho”.
De acuerdo con la relatora, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos se dieron cuenta de esta injerencia.
Además de la presidenta y relatora de la CIDH, estuvo en la conferencia de prensa celebrada en la cancha techada de la Normal Rural, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.
La conferencia de prensa cerró con una intervención política de los estudiantes, que corearon consignas por sus compañeros: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Madres, padres, estudiantes y organizaciones sociales dejaron ofrendas florales en las estelas de los estudiantes caídos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. La justicia no ha llegado, así como la verdad sobre la desaparición de 43 normalistas.
La madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, estudiante desaparecido, María de Jesús Tlaltempa Bello hizo un rezo para que lleguen las palabras de justicia al mundo de los muertos, pero también para que los estudiantes se sientan acompañados en una lucha que sólo termina hasta que se tenga justicia y verdad.
En el mitin, las madres y padres exigieron justicia para Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
«Cada mes seguimos pidiendo justicia porque no es justo lo que les hicieron a los muchachos, no es justo que se llevaran a nuestros 43 jóvenes, y aún no tenemos justicia, así como no sabemos nada de ellos. Da tristeza ver que entre más pasa el tiempo somos más pocos. Para nosotros es doloroso ver que nos estamos quedando solos y que aún no sabemos nada de nuestros hijos», dijo María Martínez.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, en su intervención recordó que este 27 de octubre se cumplen ocho años y un mes de injusticia y sin verdad.
Por eso el llamado a las autoridades para que agilicen las investigaciones y que nos esclarezcan.
También exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Dijeron que como madres y padres no van a dejar que el caso quede impune. «A nosotros en la casa nos hace falta un hijo y no podemos retirarnos sin saber qué sucedió con ellos, ¿dónde están? Las autoridades prácticamente nos están diciendo que ya paremos, que nuestros hijos ya no viven, que ya los mataron. No lo vamos a aceptar. Como mamá siento que por ahí los tienen, por ahí están y precisamente eso es lo que nos da fuerzas como madres para seguir exigiendo. A mí cuando me digan que mi hijo ya no está yo quiero todos sus restos, no que me entreguen un pedacito o un documento que me diga que mi hijo ya no está», añadió María Martínez.
En recientes días hubo filtraciones que se originaron del hackeo del colectivo Guacamaya al Ejército mexicano. Ahí se constató que en la desaparición de los 43 estudiantes estuvieron todas las fuerzas represivas del Estado. El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) también señala que el ejército participó directamente en la desaparición de los normalistas.
Sin embargo, se cancelaron 16 órdenes de aprehensión contra militares. Este lunes 24, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las madres y padres que se van a reactivar esas órdenes de aprehensión.
“Nosotros aún tenemos esperanza de que en esta cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador se esclarezcan los hechos. Pero también es preocupante que esta cuarta transformación pueda concluir en la impunidad y con las injusticias, violando nuestros derechos a una vida plena”, dijo María de Jesús Tlatempa.
Las madres y padres exigieron la detención de los responsables y que se les castigue con cárcel. También dijeron que seguirán exigiendo que se hagan las detenciones a los militares para que así ya se resuelva.
Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, señaló que la criminalización a las normales rurales fue orquestada desde las altas esferas del poder. La estigmatización fue escalando con represiones, golpes mediáticos y terminó con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados por las fuerzas del orden.
Como una gota de esperanza, las madres y padres llamaron a las organizaciones sociales, estudiantes y al pueblo de México para que sigan solidarizándose con la lucha por la presentación con vida de sus hijos. Seguirán dejando las puertas abiertas de sus casas para que sus hijos lleguen hasta acariciar sus rostros.
«No nos avisaron de nada», afirmó don Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, sobre el nombramiento del nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, quien es allegado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
«Yo me enteré a través de los medios de comunicación», afirmó Rodríguez Moreno padre del estudiante normalista desaparecido, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, y que según la Fiscalía de este caso, un hueso hallado en el lugar conocido como la barranca de La Carnicería, en Cocula, pertenecía a él.
El pasado 26 de septiembre cuando se cumplieron ocho años de los hechos de Iguala, se dio a conocer la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo.
Por versiones de las madres y padres de los 43, Gómez Trejo habría sido amenazado por gente de la propia Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones que realizó y que involucraban a mandos del Ejército y la Marina.
En entrevista, don Clemente dijo que mañana lunes él y los demás padres se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en donde seguramente les informarán del nombramiento del que que sustituye a Gómez Trejo.
«Lo que pedimos es que el nuevo fiscal, haga bien su trabajo pero vemos que éste (Rosendo Gómez Piedra) carece de una trayectoria de realizar investigaciones sobre derechos humanos», refirió.
La reunión se desarrollará en las oficinas del Centro Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México.
Rodríguez Moreno aseguró que ellos no tenían ninguna propuesta para el nombramiento del nuevo fiscal.
«Lo único que pedíamos es que el nuevo fiscal cumpliera con el perfil como el que tiene Omar Gómez pero vemos como que éste (Gómez Piedra) no lo cumple, pero hay que esperar», refirió.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que el nombramiento del nuevo fiscal tiene un carácter «político» ya que éste no es experto en materia de derechos humanos.
En un comunicado, Tlachinollan lamentó que no se les haya consultado a las madres y padres del nombramiento del nuevo fiscal.
Gómez Piedra fungió como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría General de Gobierno cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco.
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante un mitin en Chilpancingo para exigir la aparición con vida de los estudiantes. Foto: Amílcar Juárez
La Sedena dirigió también gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.
En octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un reporte a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que señaló presuntos vínculos de 20 alcaldes de Guerrero del PRD, PRI, PVEM, PAN y el PT con Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Tequileros.
José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y del que se desconocía su paradero entonces, fue señalado de estar involucrado con miembros del grupo Guerreros Unidos (partícipes en la desaparición de los estudiantes), “a quienes proporcionaba protección, además de colaborar en las actividades delictivas de estos”.
Según el reporte del Ejército, el 25% de los municipios de la entidad (81 municipios) eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado a través de sus policías preventivas y cuyas campañas políticas habían sido financiadas por jefes de plaza y operadores del narcotráfico, revelan documentos encontrados en los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.
Este reporte, del 17 de octubre de 2014, fue hecho por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y dirigido a Tomás Zerón, principal responsable de la investigación que meses después sería nombrada como la “verdad histórica”.
Además, 16 días después de la llamada noche de Iguala, la Sedena informó sobre la detención de César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, que fue aprehendido por elementos de la PGR “a fin de que declarara sobre presuntos vínculos, con miembros de Guerreros Unidos, tanto de este como de su policía preventiva” .
Sin embargo, Peñaloza fue liberado un día después, el 14 de octubre, pese a que estaba en el segundo lugar de la lista de la Sedena “por orden de incidencia” y de ser señalado por proporcionar apoyo y protección a los miembros de la organización criminal que en aquel entonces se ostentaban como “elementos de la policía rural de la comunidad de Atscala” organizada por Pablo Tomás Ortiz Hernandez, presunto jefe de plaza.
Otros alcaldes, como el de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, presuntamente “lavaba dinero de Los Caballeros Templarios a través del hotel Real de la Loma ubicado en Ciudad Altamirano” y habría asistido a fiestas y reuniones sociales con Luis Navarro Peñaloza, alias el Zarco, operador en el municipio del grupo delictivo.
En una circunstancia similar se identificó al presidente municipal de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, a quien la Sedena vinculó con los hermanos Bernabé, David y Gerardo Lagunas Contreras, del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes eran identificados como “presuntos lavadores de dinero del narcotráfico y propietarios de hoteles, ranchos y de la Plaza de Toros de San Andrés” del municipio.
En dicho archivo también se menciona a los presidentes municipales Salomón Majul González, de Taxco de Alarcón, y Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, cuyas campañas políticas fueron presuntamente financiadas por integrantes del crimen organizado como Mario Casarrubias Salgado, el Sapo Guapo, y Alexander Palacios, el Cholo Palacios, presunto jefe de plaza.
En el caso de Chávez Carbajal la Sedena también lo vinculó con los hermanos Onésimo y Javier Marquina Chapa, así como a Omar Cuenca Marino, señalados por “mantener el control de enervantes” en su municipio, considerado como de alta incidencia en el cultivo de amapola y mariguana.
Sobre la relación de presidentes municipales con el grupo conocido como “La Familia Michoacana”, la Sedena identificó que al menos Taurino Vázquez Vázquez, de Arcelia; Everardo Wenses Santamaría, de Tlapehuala; y María Guadalupe Eguiluz Bautista, de Tlalchapa, contaban con diversas denuncias ciudadanas que los vinculaban con Johnny Hurtado Olascoaga ‘El Pez’, principal operador de esta organización criminal en la entidad.
Investigan a trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa
Pese a que la situación del crimen organizado en la entidad para el 2020 contemplaba la presencia de cinco organizaciones delictivas y 16 grupos locales, quienes se encontraban en “pugna por el control, venta y trasiego de drogas”, la Sedena dirigió gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.
Así lo refiere un diagnóstico ejecutivo de la Secretaría fechado en febrero de 2020, en el que en una sección titulada “¿De quién lo protegemos?” se refiere que “el estado de Guerrero ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre en la población”.
De esa manera refiere que para el año 2019, de los 81 municipios con que cuenta el estado se registraron mil 725 movilizaciones (mítines, marchas, bloqueos, toma de instalaciones y casetas de cobros) convocados en su mayoría por organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Antorcha Campesina, Sindicatos Únicos de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Popular de la Montaña.
De manera específica, sobre el activismo del magisterio disidente de la CETEG, la Sedena da cuenta que este se encuentra fragmentada en tres grupos: el “ala moderada” encabezada por el profesor Arcángel Ramírez Perulero, secretario general de la Coordinadora; dos “ala(s) radical(es)” encabezadas por María Antonia Morales Vélez, dirigente en la región centro del estado y por José Manuel Venancio Santiago, coordinador de Gestoría Laboral.
“Citadas fracciones realizan diversas movilizaciones para demandar a las autoridades competentes asignación de plazas, prestaciones a sus agremiados, incorporación al FONE y movilización de apoyo a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, promoviendo el paro de labores en los centros educativos, cuya dinámica de protesta se basa en realizar bloqueos carreteros principalmente”.
Sobre la “problemática estudiantil” del estado, la Sedena también tiene identificados a los estudiantes Alfredo Conde Carmona y Sureydi Mariscal Sierra como secretario general y presidenta del Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de Ayotzinapa y de la Normal Regional de la montaña “José Vasconcelos”, respectivamente.
A ambos comités estudiantiles se les relaciona por realizar “marchas, bloqueos vehiculares, toma de casetas de cobros en la autopista del sol, toma de instalaciones gubernamentales, retención de autobuses de transporte público y retención de camiones de empresas comerciales para apoyar las actividades de protesta del comité de padres de familia de los 43.
Pese a que en el mismo documento la Sedena refiere que el activismo social es un factor que tiene un impacto temporal bajo “sin que haya logrado tener repercusiones en el ejercicio del Gobierno en el nivel municipal y estatal” y que estas han disminuido durante la actual administración, entre sus recomendaciones plantea que las comandancias de la IX Región Militar y las 27 y 35 Zonas militares gestionen ante el gobierno del estado “proyectos de ley para aumentar la penalidad de quienes agreden a los cuerpos de seguridad pública de los tres Órdenes de Gobierno”.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
El grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señaló que el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa indica un manejo político del gobierno federal para cerrar estos crímenes de lesa humanidad.
En su edición 2019 del órgano de difusión El Insurgente que publica periódicamente este grupo armado, dice que dicho informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la misma lógica discursiva que presentó como la verdad histórica del ahora desechable, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam actualmente está preso por delitos federales derivados de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala en donde fueron desaparecidos 43 normalistas y seis personas más se les asesinó a balazos.
“Lo sucedido el 26 y 27 de septiembre son múltiples crímenes de Estado perpetrados bajo la lógica contrainsurgente, ejecutados por el aparato policiaco militar y cuya responsabilidad cae en toda la cadena de mando del Estado mexicano”, afirma el ERPI.
“La investigación que se realiza desde la administración actual se centra en la desaparición y homicidio de los normalistas, bajo el argumento de que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, se busca cerrar el caso así como la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos”, detalla este grupo subversivo.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente que es una escisión del EPR, se dio a conocer públicamente en 1997 después de la masacre de El Charco, del municipio de Ayutla de los libres que, según los milicianos de esta organización clandestina, perpetró el Ejército mexicano contra la población civil cuando estaba reunida en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez.
En su página editorial de la revista El Insurgente, el ERPI, indica que el fenómeno acaecido los días 26 y 27 de septiembre del 2014 fue ante todo un hecho represivo con profundas motivaciones políticas, producto de la esencia contrainsurgente de la política del Estado burgués mexicano.
“No es un suceso colateral del conflicto por el trasiego de drogas, conducirnos por esa ruta es diluir el sentido político y empantanarnos en la lógica de la indenpendencia del narcotráfico con relación al Estado”, y opina el grupo guerrillero sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
El GIEI también indicó que continuará en el caso Ayotzinapa
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Victor Galindo
Chilpancingo
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció, en conferencia de prensa, que hay un intento por frenar las investigaciones del caso Ayotzinapa y que de parte de ellos pidieron una prórroga de 30 días al gobierno federal para examinar los nuevos elementos y continuar en las investigaciones
En la presentación del Tercer Informe del Caso Ayotzinapa los integrantes del GIEI mencionaron que hay intentos por frenar las investigaciones y omisiones de parte del Ejército para entregar todos los archivos y expedientes del del 26 y 27 de septiembre del 2014.
Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI, explicó que hay registro de llamadas telefónicas realizadas por el Ejército que exponen conversaciones sobre el destino de los jóvenes, pero que están incompletas y necesitan todos los datos para dar una conclusión del paradero de los estudiantes.
“Obtuvimos esa información porque así lo ordeno el comandante supremo de la fuerzas armadas, o sea el presidente, pero está incompleta y cuando pedimos lo demás nos dicen que no existe, que no saben dónde está, pero eso es una omisión porque no pueden estar incompleta una información tan importante”, mencionó
De acuerdo con el Tercer Informe del GIEI los mandos militares tenían órdenes de seguir a los estudiantes desde el 20 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2014, como parte de un protocolo de cara a las marchas en conmemoración de la matanza de Tlatelolco.
Por lo mismo, al GIEI le parece ilógico que no haya registros después del 26 de septiembre sobre el seguimiento de los estudiantes desaparecidos.
También confirmaron la versión del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) de que un grupo de seis normalistas estuvieron con vida hasta el 4 de octubre posterior y eran custodiados por el Ejército.
Denunciaron también una intromisión en la Fiscalía General de la República (FGR) de alguien que no quiere que se esclarezca el caso y acusaron al fiscal, Alejandro Gertz Manero, de no cumplir su promesa de trabajar hacia ese objetivo.
“La FGR no cumplió con apoyar en las investigaciones, desde colocar en el Ministerio Público (MP) a una licenciada que no tiene conocimiento del caso, de los procedimientos y por no sustentar de manera adecuada la orden de aprehensión contra Murillo Karam se esté en riesgo de dejarlo en libertad cuando claramente está implicado”, mencionó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.
Otro de los puntos que hace pensar al GIEI de que existe una intromisión es la manera en que fueron canceladas las 81 órdenes de aprehensión contra elementos militares, judiciales y de seguridad implicados.
Entre las 81 órdenes de aprehensión había elementos del Ejército adscritos al Centro de Inteligencia Militar, en el 27 Batallón de Infantería, que en todo momento siguieron las acciones de los normalistas la noche del 26 de septiembre.
“Cuando se empezaron a judicializar los casos de los trabajadores del Centro de Inteligencia es cuando comienzan las trabas y los problemas en la FGR y en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UILCA), la llegada de personal que no sabe sobre el tema, la destitución de las unidades ministeriales son algunos de los elementos que nos hacen dudar”, mencionó Cox Vial.
Por la cancelación de las 81 órdenes de aprehensión fue que el titular de la UILCA, Omar Gómez Trejo, renunció al cargo.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya informó que nombrará a otro en sustitución.
Claudia Paz y Paz otra de las integrantes del GIEI, mencionó la importancia en continuar la línea de investigación del quinto autobús con placas 3278, del que poco se sabe “y existe una clara intención de seguir ocultando ese autobús”.
“El quinto autobús con número 3278 sale por la parte de atrás de la central y evade la operación candado, que había en ese momento en Iguala, sale sin ser tocado por un disparo y escoltado por policías municipales, de eso hay muchas pruebas pero se necesita seguir investigando”, sentenció Paz y Paz.
El GIEI también informó que existen conversaciones entre mandos del Ejército e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en clave que todavía, reconocieron, no descifran.
Durante la presentación del Tercer Informe estuvo una representación de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos quienes pidieron a la prensa no realizarles preguntas.
Buscaban “reventar” la indagatoria, dice AMLO
Este jueves en la mañana, en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que detrás de las acusaciones en contra de militares vinculados al caso Ayotzinapa, hay intereses de quienes buscaban “reventar” la indagatoria y una rebelión contra el Ejército.
“Como en todo esto, hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco, claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me inmagino que son soldados”, aseguró.
“Pero ¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie”. No, no, cero impunidad, cero corrupción”, dijo el presidente.
En el cierre de la jornada de lucha por la presentación de sus hijos exigen a López Obrador cumplí la promesa de «tope hasta donde tope»
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Iguala
El tope hasta donde tope, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.
Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.
«Ya le perdimos confianza a este gobierno», dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.
Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.
Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.
«Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años», dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
«Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República», contó un padre.
Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.
El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.
«El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal», afirmó Clemente Rodríguez.
Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.
«Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó», dijo con voz entrecortada.
Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.
«La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable», acusó.
Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:
Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.
Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.
Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.
También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.
Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.
Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.
Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.
En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.
Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
«No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial», dijeron entre los normalistas.
Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.
Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.
Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.
«Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad», afirmó Rosales Sierra.
«Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador», acusó Rosales Sierra.
En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.
Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.
Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.
Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.
Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.
En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.
«Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre», acusó una de las viudas.
La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.
Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.
Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.
El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.
Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las «órdenes porque no venían en el informe».
Al término del mitin en esta ciudad, normalistas atacaron con bombas molotov, piedras y petardos las instalaciones del Poder Judicial, ubicado en la carretera federal, rumbo a Chilpancingo.
Posterior al mitin, los normalistas se trasladaron a las instalaciones del Poder Judicial en donde estrellaron los camiones en las dos puertas de acceso.
Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.
Este ataque, dijeron los estudiantes, fue en repuesta a que la FGR canceló la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana, por ser presuntamente responsable de haber destruido los videos donde se graba cuando grupo de hombres armados y policías bajan de un auotobús a 17 normalistas de Ayotzinapa y se los llevaron esa misma noche del 26 de septiembre.
El nombre de Galeana Marín aparece en el informe de la Comisión de la Verdad que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto de este año.
Después de casi una hora de estos hechos, en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el puente Mezcala, se registró un accidente.
Un camión de carga embistió un autobús en el que viajaban las estudiantes de la normal de Amilcingo, Morelos.
En el percance, no hubo lesionados. Esto ocurrió alrededor de las 19:30 horas.
Es una práctica con la que históricamente poderes dentro o al margen del Estado, pero siempre cohesionados, han intervenido la institución con el propósito de desaparecerla
Texto: Margena de la O
Fotografía: Víctor Galindo
Chilpancingo
En cada embestida sorteada por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, está presente la infiltración de poderes dentro o al margen del Estado, como la que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a otros 43, de quienes, a ocho años de distancia de los hechos se desconoce su paradero.
En agosto pasado, la familia de Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio –el normalista que fue desollado, uno de los tres que también asesinaron la noche de Iguala– pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) considerar elementos que han obviado en todos estos años, como la infiltración en la Normal Rural de personajes que pudieron crear las condiciones para que ocurriera el ataque contra los estudiantes.
En realidad, la petición es un reproche. En el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de acuerdo con lo que exponen, no hay nada de dos de los tres apartados que el gobierno federal de López Obrador prometió cumplir en la investigación: el asesinato de los tres estudiantes durante la noche de Iguala y el caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma a causa de recibir una bala en la cabeza durante el ataque, ni de las otras víctimas de esa noche. Según la familia Mondragón sólo hubo información sobre los 43, pero sus padres y madres tampoco estuvieron satisfechos, según expusieron públicamente.
Cuestiona, a través de interrogantes puntuales, la infiltración de personas en Ayotzinapa. “¿Por qué el informe presentado por Alejandro Encinas señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante, cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados?”.
López Patolzin es uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Poco tiempo después de la desaparición, el Ejército confirmó que el joven originario de Tixtla estaba enlistado en el Ejército como miembro activo, lo que puso en evidencia, más allá de la función del muchacho, el interés de mandos militares, que representan uno de los grandes poderes institucionales, por saber o controlar lo que pasaba en Ayotzinapa.
Para abundar en esto es necesario acudir al repositorio de testimonios que Amapola. Periodismo transgresor tiene contenido en la serie Ayotzinapa. Vivir infiltrado, una secuencia de textos que condensan la oralidad de estudiantes de la Normal de diferentes generaciones que van desde 1955 hasta 2019, donde narran cómo vivieron la infiltración en sus tiempos.
En estos testimonios se hacen evidentes los intereses del Estado y de otros poderes al margen de la institucionalidad, nunca indiferentes uno de otro, como el Ejército, el crimen organizado –entendido en un dimensión amplia que incluye a agentes legales o ilegales– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los partidos políticos, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por una razón predominante: dividir, desestabilizar o generar crisis internas para el cierre de la Normal Rural, considerada como un espacio de formación social, política e ideológica de jóvenes.
“La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960”, se lee en el testimonio de Félix Bautista Matías, integrante de la generación 1956-1962, a la cual también perteneció el profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
Lo que les tocó sortear a ellos, de acuerdo con Bautista Matías, fue la persecución policiaca y política, y la de los caciques, que se configuraban como poderes al margen del Estado, pero estrechamente relacionados. Una de las familias de caciques conocida en Guerrero es la de los Figueroa, de donde han salido dos gobernadores en épocas distintas, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999, pero sólo gobernó tres años), padre e hijo. “Para nosotros era peligroso hasta repartir volantes contra el gobierno”, comentó.
En periodos más recientes, es decir, previo a la desaparición de los 43 normalistas, los personajes infiltrados estaban asociados a las instituciones.
Los estudiantes por separado coincidieron que en el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) hubo una intervención, a través de la infiltración, de ex funcionarios de la SEG, como Silvia Ojeda, coordinadora de Asesores de la SEG en el gobierno de Torreblanca, donde la dependencia estuvo encabezada por José Luis González de la Vega. También de Héctor Vicario Castrejón, en ese entonces diputado local del PRI, quien incluso apadrinó la generación 2010 de Ayotzinapa, donde la funcionaria acudió como invitada especial.
Vicario Castrejón es un personaje muy cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que abandonar su cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, y fue relevado por Ángel Aguirre Rivero, en condición de gobernador interino.
Todo ese trabajo de intervención fue previo a los hechos del 11 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde asesinaron en una protesta, a la que acudieron armados policías federales y ministeriales, a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Estos hechos ocurrieron durante el periodo de Aguirre Rivero, ya como gobernador institucional, quien, al igual que Figueroa Alcocer, no concluiría su periodo por un episodio funesto, como lo fue la noche de Iguala.
“En mi generación (2010-2014), el Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien era diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, es un fragmento del testimonio titulado Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: Vicario y a otros.
El ejercicio para este texto fue ubicar en los testimonios de los normalistas a personajes claves dentro de la Normal Rural en el contexto previo y durante la desaparición de los 43, y en al menos cinco testimonios (11, 12, 14, 17 y 18, según el orden del listado) es cuestionada la actuación de un personaje clave dentro de la Normal Rural: el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, a quien apodaban La Parka.
En los testimonios 12, 14 y 18 hay cabos que se atan solos: la hazaña de que la Normal Rural de Ayotzinapa reuniera tantos camiones –los estudiantes mencionan entre 15 y 25– para trasladar a la Ciudad de México a normalistas de todas las normales rurales en el país que se concentrarían en Ayotzinapa para participar en la marcha del 2 de octubre, fue una operación que decidió Flores Maldonado, porque, según dijeron, así era él, tomaba determinaciones sin informales a sus compañeros de la dirigencia.
Lo que narran es que él lo ofreció en una asamblea de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM), el órgano que congrega a todas las normales rurales del país, como Ayotzinapa, reunir todos los camiones que se necesitaran para el traslado de los normalistas rurales a la capital del país, aun cuando la encomienda le tocaba a otra escuela.
“Él hacía las cosas a su manera, tomaba decisiones muy personales, sin consultar al resto del Comité Ejecutivo Estudiantil. Recuerdo una reunión muy importante de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) en Amilcingo, Morelos, donde ofreció que la Normal de Ayotzinapa se encargaría de conseguir los autobuses para mover a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Ahí se decidió que esa tarea la tendría la Normal de Tenería, la que está en el Estado de México, pero La Parka ofreció que lo haríamos nosotros, y cuando llegó a Ayotzinapa informó que era una comisión que nos encomendaba la FECSM”, este párrafo es parte del testimonio de un estudiante de la generación 2013-2017.
Otro elemento que pesa en esos testimonios es la manera en que Flores Maldonado llega a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa. En el número 11 hay más detalles, y en los otros datos complementarios, acerca de que las funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil las asumió después de maniobrar la expulsión del dirigente en funciones, Ángel Cegueda, quien estaba ausente recuperándose de una golpiza que le dieron policías federales durante una actividad en Casa Verde, un punto sobre la carretera que lleva a Iguala, donde fueron a pedir cooperación a los automovilistas.
La manera en que actuaron los policías también es cuestionada en ese testimonio: “Teníamos muchas actividades de ese tipo y las policías antes de reprimirnos negociaban con nosotros. Esa vez llegaron y se nos fueron con todo. En esa ocasión quien resultó más golpeado fue precisamente Ángel Cegueda, el secretario general, pareciera que lo tenían ubicado. Fue a quien más golpearon”.
En su ausencia, Cegueda fue acusado de infiltrado o una especie de informante a familiares, y sin acuerdo de la base estudiantil lo expulsaron de la dirigencia, y Flores Maldonado subió a ese cargo, de acuerdo con que se lee en los textos.
Los normalistas de las generaciones alrededor de la desaparición de los 43, que con claridad hablan de la infiltración en Ayotzinapa como una práctica conocida y asumida en la Normal Rural (como también la conocen la de otras generaciones), también cuestionan las decisiones que se tomaron al interior de la Normal Rural ese 26 de septiembre del 2014.
La primera, fue por qué la dirigencia estudiantil decidió llevar a estudiantes de primer año a una actividad de retención de autobuses, cuando eran los que menos experiencia tenían, la segunda, y la hace en particular el maestro Eduardo Moreno Peralta, parte de la generación 2012-2016, quien exponen que él como muchos estudiantes nunca estuvieron de acuerdo en reunir todos esos autobuses y viajar a Iguala, si lo tenían prohibido desde el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013.
Era arriesgado ir hasta esa ciudad porque los estudiantes de Ayotzinapa participaron en las actividades de protesta del 3 de junio por la muerte de tres de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez. En realidad la protesta fue convocada para exigir su aparición, pero en los preparativos se supo del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales desparecidos días antes, y en respuesta, las organizaciones sociales, entre ellas Ayotzinapa, respondieron causando destrozos en la alcaldía, en ese entonces encabezada por el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
El ex alcalde ahora está preso por el asesinato de los dirigentes sociales, además de vínculos con grupos criminales, y es señalado por el caso de los 43.
El maestro cuestiona además la información proporcionada por Flores Maldonado en una entrevista para este medio, donde relata su versión de la noche de Iguala. Por ejemplo, dice que él no estuvo desde el mediodía en Chilpancingo con su novia ese 26 de septiembre del 2014 como contó, porque el maestro lo vio en la Normal Rural dando la indicación de que todos los estudiantes de segundo a cuarto año se retiraran de la escuela, al parecer para ahorrar las raciones de comida para tener que ofrecerles a los miembros de la FECSM, porque Ayotzinapa sería la sede para partir a Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.
“A ustedes les dijo en la entrevista –que Amapola publica el 25 de septiembre del 2019– que desde el mediodía hasta el anochecer de ese 26 de septiembre él estuvo en Chilpancingo con su novia. La hora de la comida establecida en la Normal es entre la una cuarenta y dos cuarenta de la tarde, y fue en ese lapso que lo vi y escuché”, es parte del fragmento del texto.
La familia Mondragón exigió el 22 de agosto pasado que el gobierno federal también investigue al ex alumno de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, y a sus allegados durante su periodo como dirigente estudiantil, a quienes los define como infiltrados.
Después que egresó (2016), Flores Maldonado mantuvo una relación cercana a las instituciones, durante el gobierno federal anterior, es decir, en el del presidente Enrique Peña Nieto, formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apareció en el organigrama como subdirector de Atención a Docentes. Se supo que todavía se mantiene un espacio en la dependencia.
Los Mondragón también exigen que las autoridades investiguen a Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien se asumió como el 44 al difundir que fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Ahora es diputado federal plurinominal por Morena.
“Ellos dos representaban el poder político y estudiantil de la normal en esa época”, es una línea del comunicado de la familia de Julio César Mondragón Fontes.
Con este texto no se intenta descargar la responsabilidad o señalar a uno, dos o un puñado de estudiantes de la responsabilidad de la noche de Iguala, sólo se pone el dedo en el renglón de que la infiltración es una estrategia de distintos poderes que ha funcionado por años para mermar el funcionamiento de Ayotzinapa.
Cuando se expone que hay poderes detrás de la infiltración, es una referencia a poderes dentro del Estado y fuera de él, y como evidencia se deja una de las exigencias públicas que hizo la familia Mondragón para que el gobierno federal de López Obrador que se comprometió a aclarar el caso, la incluya en la investigación: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo?”.
