Desaparece guerrerense de tres años en Guanajuato mientras sus padres trabajan como jornaleros en ese estado

Texto: Jesús Guerrero

Imagen: Facebook Alerta Amber Guanajuato 

Domingo 19 de mayo del 2024

Chilpancingo

 

El guerrerense de tres años Javier Modesto Moreno desapareció el 15 de mayo en Guanajuato mientras sus padres trabajaban como jornaleros en El Jaguey, municipio de La Romita, de aquel estado del centro del país, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En un comunicado, Tlachinollan menciona que existe la sospecha de que varias personas en una motoneta y dos vehículos se habrían llevado a Javier, hijo del matrimonio de Anselmo Modesto Martínez y Maura Moreno Agustín.

El día de la desaparición, Javier estaba sentado a la sombra de un árbol, a unos 50 metros de donde sus padres trabajaban en el corte de tomate, pero cuando éstos acudieron como a las cinco de la tarde al sitio donde estaba su hijo, ya no lo encontraron.

La familia Modesto Moreno, originaria de la comunidad indígena na savi Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, región de la Montaña, desde hace meses trabaja en esos sembradíos de Guanajuato.

«Los padres de Javier están muy preocupados por la integridad de su hijo. Hay mucha inseguridad en esa zona de Guanajuato generada por los grupos del crimen organizado”, señala Tlachinollan.

De acuerdo con este organismo, existen los antecedentes de que otras familias que se van a ese zona a trabajar como jornaleros han sido víctimas de robo de sus vehículos, por parte de la delincuencia organizada.

El organismo defensor de derechos humanos exigió a las fiscalías de Guanajuato y Guerrero que trabajen de manera coordinada para lograr la localización del niño de tres años.

En la ficha de búsqueda de Javier Modesto, se establece que éste mide medio metro de estatura, complexión delgada, piel color blanca, cabello negro y lacio.

De acuerdo con el último informe de Tlachinollan, en 2023, 12,493 jornaleros agrícolas de municipios indígenas de la montaña alta se fueron a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país, en condiciones de explotación laboral e incluso poniendo en peligro sus vidas por sufrir algún ataque de los grupos del crimen organizado.

La migración de esas familias a trabajar a esas zonas del país, ocasionó que 3,997 niñas y niños abandonaran sus estudios de primaria y de preescolar.

Durante abril y mayo desaparecieron en Guerrero 67 mujeres

Vanessa, quien se formaba como bailarina, es parte de esta estadística; la localizaron, pero sin vida


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

La tarde del 24 de abril, Enya Vanessa, de 16 años, terminó su clase de baile en Estudio BM7, en Acapulco, y salió del lugar entre las 19:30 y 19:40; se dirigía a su casa. La última vez que la vieron fue subiendo la calle Morelos en Acapulco, de acuerdo con información de sus familiares.

Desde el momento de su desaparición, sus familiares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero, de acuerdo con su madre, Ana Bahena, la dependencia tardó mucho tiempo en emitir la ficha de búsqueda.

Ana realizó la denuncia al rededor de las once y media de la noche, la ficha de búsqueda de Protocolo Violeta y Alerta Amber salieron a las dos de la madrugada del 25 de abril.

“En el protocolo de que tráeme 30 fotos y que necesito su acta de nacimiento, sí se fueron unas tres o cinco horas en poderse activar la alerta”, dijo Ana en entrevista.

Otra de las irregularidades cometida por las instituciones fue que al momento de interponer la denuncia y crear la ficha de búsqueda escribieron que la desaparición de la adolescente ocurrió el 23 de abril; la madre y padre de Vanessa aclararon que los hechos corresponden al 24.

Vanessa cursaba el tercer año en el Colegio de Bachilleres, en Acapulco. Es la hija menor del matriomonio de Julio César Pérez y Ana Bahena.

Su padre la describió como una niña “modesta y sobrada de amor, regular en la escuela y muy querida”.

Uno de los sueños de Vanessa era estudiar baile y convertirse en bailarina profesional y, después, en maestra de baile moderno.

“Asistía a sus clases de baile era su pasión”, recuerda Julio César.

Ya no será maestra de baile. Vanessa fue asesinada. Su cadáver lo hallaron la tarde del 25 de abril en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.

Un día después del hallazgo, sus compañeros la despidieron de su plantel entre llantos, reclamos de justicia y la exigencia de que el feminicidio no quedara impune.

La necropsia arrojó que Vanessa fue asesinada mediante asfixia por estrangulamiento; hasta ahora se desconoce quien cometió su crimen.

La exigencia de su madre y su padre es que la FGE agote todas las líneas de investigación para dar con el paradero del o los asesinos.

Desde el momento que hallaron el cadáver de Vanessa sus familiares han exigido a la FGE se haga justicia por su feminicidio y se castigue al o los responsables.

Hasta el momento, no hay avances en su investigación, de acuerdo con lo expuesto por los padres.

Para la activista feminista Yolitzin Jaimes Rendón la desaparición y posterior asesinato de Vanessa cumple con todos los aspectos para que sea catalogado como feminicidio.

“A Enya Vanesa alguien se la llevó, la interceptó cuando se salía de sus clases de baile el pasado domingo 24 de abril en la colonia Morelos y ese alguien la mantuvo cautiva para después exponerla en un paraje ya asesinada”, mencionó Jaimes Rendón.

“Así se configura un feminicidio, el dolor de una familia que pierde una hija, una hermana, una nieta, una sobrina y el mensaje para todas las demás, esto sucede, esto incrementa, esto te puede pasar, así se configura la violencia feminicida que es también violencia institucional por la inoperancia y la omisión”, agregó.

Antes de hallar el cadáver, Vanessa fue reportada como desaparecida por lo que, de acuerdo al recuento de personas desaparecidas que realiza de manera mensual Amapola, periodismo transgresor, su caso es parte de las 44 personas no localizadas en abril. La mitad de ellas mujeres.

El recuento de desapariciones muchas veces se cruza con los homicidios que también son documentados por este medio.

“Buscar a una niña, adolescente o mujer no se debería reducir a colocar su ficha de búsqueda en las redes sociales de la Fiscalía, no debería pero así le hacen, su juego es siempre lavarse las manos y dejarlo en manos de familiares y sociedad”, dijo Jaimes Rendón.

Los números para mayo no cambiaron, al contrario, aumentó el numero de desaparición de mujeres, 45 de lo 77 casos documentados. De las 121 personas desaparecidas en este bimestre, 67 son mujeres, lo que equivale a un 55 por ciento de la cifra total.

Abril, 44 personas desaparecidas

De los 44 casos de desaparición documentados en abril, 22 son de mujeres; 15 de ellas fueron localizadas.

A Vanessa la localizaron, pero sin vida. La etiqueta de localización, cuando así ocurre, aplica tanto para el caso de personas vivas como fallecidas.

De acuerdo con las distintas categorías de fichas de búsqueda los datos quedaron de la siguieren manera: 12 fichas de búsqueda fueron emitidas por la Alerta Ámber, alerta especializada en la desaparición de menores. Tres fichas de búsqueda de la Alerta Alba, especializado en mujeres desaparecidas, al igual de de la Alerta Violenta, donde documentaron 11 mujeres no localizadas.

En el caso de Has visto a, alerta que dedican para reportar a hombres desaparecidos, en abril fueron reportados 18 no localizados.

Estas desapariciones ocurren principalmente en la región de Acapulco, con 24 casos; en la región Montaña, con cinco y zona Centro, con cuatro.

Aumentan desapariciones en mayo

En mayo las cifras aumentaron casi al doble: 77 personas desaparecidas, de las cuales 45 fueron mujeres y 32 hombres.

De esas 45 mujeres desaparecidas 28 fueron localizadas y 17 continúan desaparecidas.

En el caso de los hombres, de 32 desaparecidos, ocho fueron localizados y 24 continúan desaparecidos.

Acapulco, como región, concentra 23 casos de personas desaparecidas; le siguen la región Centro, con 19 casos, distribuidos en Chilpancingo, Chilapa y Eduardo Neri, y zona Norte con nueve casos, concentrados en Iguala, Teloloapan y Taxco.

 

Se acentúa la violencia en Taxco; se llevan a un maestro y exigen su búsqueda con bloqueo

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Facebook Tonatiuh López Ramírez

2 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

En el arranque de los actos religiosos de la Semana Santa, un grupo de personas bloquearon este domingo una de las avenidas principales de Taxco de Alarcón para exigir la presentación con vida del profesor Germán García Hernández quien fue privado de su libertad por hombres armados.

Los manifestantes protestaron en la avenida Plateros que está ubicada cerca de las instalaciones de una central de autobuses y que dicha vía también comunica a la carretera federal Taxco-Cuernavaca, Morelos.

Las personas que protestan muestran cartulinas con la fotografía de la víctima.

El grupo de manifestantes le exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que intervenga ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realice la búsqueda de García Hernández.

Desde este sábado usuarios de las redes sociales relataron que el profesor Germán Garcóa quien trabaja en un taxi fue perseguido por hombres armados que iban a bordo de una camioneta color rojo en el barrio de Landa.

Según los testigos García Hernández fue alcanzado por los delincuentes quienes se lo llevaron y este mismo sábado cuando se realizaba su búsqueda fue hallado el taxi marca Nissan tipo Tsuru número 37 que él conducía cuando era perseguido.

Germán Hernández da clases en una escuela primaria pero cuando hay vacaciones trabaja de taxista.

En las redes sociales se informa que el grupo de delincuentes que se llevaron al profesor son integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana y acusan al alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo de tener vínculos con esta organización.

«Mario Figueroa, ya basta, ya ponle un alto a tus amigos de la delincuencia organizada y que regresen a todas las señoritas, jóvenes, señoras y señores que han secuestrado», escribió en su Facebook, Tonatiuh López Ramírez quien en las elecciones para la alcaldía en el 2021 fue candidato a ese cargo por el Partido Encuentro Social (PES).

El pasado miércoles 29 de este mes, Salgado Pineda puso en marcha un operativo de Semana Santa con mil 600 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para que realicen tareas de seguridad en Taxco.

Desde hace más de un mes habitantes de comunidades y de la cabecera municipal de Taxco han denunciado el aumento de la violencia en este municipio que ha derivado en secuestros, extorsiones y cobro de piso a todo los sectores económicos.

El pasado 28 de febrero, el Servidor de la Nación de la delegación de la Secretaría del Bienestar, Miguel Huerta Torres fue privado de su libertad por un hombre y una mujer armados cuando estaba en una reunión en la comisaría de la comunidad de Temaxcalapa, ubicada a 50 minutos de Taxco.

Desde esa fecha, habitantes de 12 comunidades rurales de esa zona están exigiendo al gobierno la búsqueda del empleado federal y han denunciado la desaparición de al menos otras diez personas más a manos de miembros de la Familia Michoacana.

Los familiares, amigos y compañeros de trabajo del maestro Germán García exigían que la FGE realice la búsqueda para localizar a la víctima.

Este domingo en Taxco arrancó la Semana Santa con las procesiones de las palmas por el Día de Ramos.

Se prevé que en las próximas horas arriben a esta ciudad miles de turistas.

Aspectos de la manifestación de hoy de familiares y amigos del profesor Germán García Hernández, en la ciudad de Taxco, Guerrero. Foto: Retoma del perfíl de facebook de Tonatiuh López Ramírez.

 

Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan

Texto: Marcela Nochebuena/ Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

17 de noviembre del 2022

 

Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección.

Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval.

El 14 de octubre de 2020, horas después de una última búsqueda para encontrar a su hijo Yatziri Misael, María del Rosario Zavala fue asesinada en León, en la puerta de su casa, de seis balazos. Casada, a los 45 años dejó a seis hijos, uno de los cuales continúa desaparecido. En mayo de 2021, se sumó el homicidio de Francisco Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato.

Sandoval subraya que en el caso de Rosario, se documentó desde hostigamiento policiaco hasta criminalización previo a su asesinato. Cuando se dio el homicidio de Barajas, unos meses después, la Plataforma de la Paz solicitó un plan emergente de protección, como los que se han implementado en Chihuahua a través del mecanismo de protección federal, y que también se han intentado en Guerrero.

“Que el mecanismo federal coordinara un plan emergente con los tres niveles de gobierno. Hubo reuniones con la Secretaría de Gobierno, pero ni siquiera funcionó la coordinación, y eso da cuenta de una omisión de prácticamente tres años del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de implementar medidas de protección”, sostiene el activista.

Además, subraya que se trata de un territorio con algunos de los niveles más altos de violencia, uno de los mayores índices de homicidios dolosos y desapariciones en incremento: “Es un estado mortífero, y en esas condiciones se ha agravado mucho la falta de protección para las buscadoras en la entidad”, asegura.

A nivel federal y estatal, añade, se habla mucho del tema pero hay poca propuesta de política pública. Además de eso y de las condiciones del contexto, un tercer factor es la impunidad, de acuerdo con Sandoval. Por ejemplo, si bien en el caso de Javier Barajas hay presuntos responsables en proceso de sentencia, no queda claro para la opinión pública y para los colectivos si son los mismos responsables de la desaparición de su hermana Lupita, y si la búsqueda es el motivo de su asesinato.

“La fiscalía no nos ha dicho si están asesinándolas por su labor de búsqueda. Nosotros hemos tenido comunicación con diversos mecanismos de la ONU, con el grupo de trabajo y con el comité, y les hemos pedido eso, que verifiquen si estos asesinatos son producto de la búsqueda, y si son represalias por ese trabajo. Nosotros creemos que sí, pero no tenemos evidencia ministerial o de investigación por parte de las fiscalías que permita, efectivamente, probarlo”, explica.

Al menos 17 desde 2010; ONU documenta falta de protección a víctimas

En el último informe de su visita a México, el Comité contra la desaparición forzada (CED) de la ONU subraya que a pesar de los avances alcanzados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las necesidades de protección de las víctimas han quedado insuficientemente atendidas.

“Las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la Comisión Nacional de Búsqueda, en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y sin contar con la protección que necesitan”, describe el documento.

Como parte de su informe, el Comité lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Durante la propia elaboración del documento, detalla el CED, se tuvo noticia del homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022. Después de esa fecha, se han reportado otras cuatro.

El organismo advierte que a ello se suman decenas de incidentes cotidianos de seguridad como actos de seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura cometidos en contra de víctimas o sus acompañantes, por haber denunciado una desaparición o participar en acciones de búsqueda e investigación.

Además, advierte que a pesar de que la Ley de Víctimas entró en vigor desde 2013 y le dio atribuciones, en casos de desaparición, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las comisiones locales para canalización a instituciones de salud, apoyo psicológico, representación legal, cobertura de gastos de viaje y derivados de desplazamientos por ataques o amenazas, después de casi nueve años de su adopción, sus resultados han sido muy criticados.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas –documenta el CED– solo se ha reunido una vez en 2015, y la CEAV no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en procesos de atención, lo que provoca la desatención a las víctimas. Por otro lado, aunque la CEAV inicialmente tiene competencia en casos del fuero federal, excepcionalmente puede intervenir si el estado correspondiente no cuenta con medios para atender a las víctimas. “Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante la visita denunciaron que esta atracción de casos locales suele ejercerse de forma discrecional”, acusa el CED.

“Varios interlocutores del Comité denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se enfoca excesivamente en el pago de dinero, entendiendo la reparación únicamente como indemnización. Esto ha provocado que, a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas”, añade el organismo. A ello se suma que cinco estados aún no tienen una comisión estatal de víctimas, y la mayoría carecen de recursos humanos y financieros.

Además de los casos de María del Rosario Zavala y Javier Barajas, la Plataforma por la Paz tiene documentado un tercer asesinato de un buscador en Pénjamo, ocurrido en junio de 2021, cuya familia decidió reservar su identidad; mientras que el cuarto fue el de Ulises Cardona Aguilar, hijo de Rosario, en julio de 2022, y el quinto el recién ocurrido de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el domingo 6 de noviembre.

De acuerdo con la agrupación, en los cinco se evidencia que se trató de una represalia por la búsqueda. En los casos de Rosario y María Carmela, particularmente, el haber sido asesinadas expresa y directamente en su domicilio es un indicio de que estaban plenamente identificadas por sus agresores.

Pese a los antecedentes, en más de una ocasión, acusa Raymundo Sandoval, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha negado medidas: “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señala.

Hasta agosto de 2021, en el actual sexenio habían sido asesinadas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019; Rosario Zavala en 2020; y para el año siguiente Javier Barajas, en Salvatierra, en mayo; Aranza Ramos, en Guaymas, Sonora, el 17 de julio, y Nicanor Araiza en Zacatecas el 31 de julio de 2021.

2022 suma cinco casos

A los pocos días de haber empezado el 2022, el 28 de enero se conoció el asesinato de la madre buscadora Ana Luisa Garduño, a sus 51 años, en el municipio de Temixco, Morelos. Desde 2012, se había sumado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mediante la organización civil que fundó a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea.

Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM, la recuerda como una participante muy activa en este, en el diplomado que ahí se realiza y en el primer curso de personas desaparecidas que habían realizado en el 2020, además de su trabajo con las familias de Morelos.

Desde entonces, el Proyecto ha hecho llamados por su asesinato y tres más a a lo largo del año. El 30 de agosto –como la propia iniciativa recordaría en su siguiente comunicado– levantaron la voz, junto con decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas de México y otros países, para condenar y exigir la investigación del asesinato y feminicidio de la madre rastreadora de Sinaloa, Rosario Lilián Rodríguez Barraza.

Integrante del colectivo Corazones sin Justicia, Rosario Lilián fue privada de la libertad en La Cruz, municipio de Elota, Sinaloa, la noche del martes 30 de agosto, y localizada sin vida más tarde. En esa ocasión, el Proyecto remarcó la necesidad de velar sobre la seguridad e integridad de las madres y familias que buscan, así como en los riesgos y afectaciones que implican sus búsquedas, necesarias y legítimas, ante la pasividad y omisiones del Estado.

El 4 de octubre se sumó la condena por el asesinato de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los desparecidos en Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo desde el 13 de enero de 2021, cuando desapareció a los 22 años en Puebla. El proyecto académico y los colectivos subrayaron que la impunidad posibilita más crímenes, especialmente frente a la vulnerabilidad de las madres y padres que buscan a sus seres queridos en total indefensión.

Apenas un mes después, al igual que agrupaciones de todo el país e instancias internacionales, se sumaron a la condena del asesinato de María Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato. A sus 46 años, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de 2022. El domingo 6 de noviembre, cerca de las 20:35 de la noche, dos hombres armados tocaron a su puerta y le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la Unión de Búsqueda del Bajío, Pénjamo, un municipio a 25 kilómetros de Abasolo, sería el epicentro de la desaparición en la zona, donde existe un registro oficial de 126 personas desaparecidas y más de 150 familias organizadas; algunas de ellas deciden no denunciar. “Colectivos denunciaron recibir amenazas para que no realizaran una movilización en el centro de Pénjamo en el marco del 30 de agosto”, acusó la organización.

A ellas se sumó el feminicidio de Brenda Jazmín, de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido en Bacum, Sonora desde 2018. Se presume que su asesinato no está vinculado con sus acciones de búsqueda. La autopsia determinó que murió por asfixia en un hecho relacionado con su entorno personal.

Como parte de su pronunciamiento en la UAM tras el asesinato de Maria Carmela, los colectivos recordaron que hay miles de familias en este momento, en las fosas y los campos, buscando a sus personas desaparecidas, realizando la tarea que el Estado no hace, por lo que no se les debe condenar a riesgos que el Estado debería atender para garantizar la búsqueda en condiciones de seguridad.

“La inacción nos tiene en el campo, en los ceresos, en los hospitales, buscando y haciéndonos visibles, lo que nos lleva a lo que está sucediendo ahora. No contamos con el apoyo necesario, y es una acción que no nos corresponde hacer. Han asesinado a varias compañeras, y condenamos al Estado por la falta de acciones reales de búsqueda, por la falta de seguridad a todas las familias que salen a buscar, e invitamos a todas las instituciones y organismos internacionales a presionar al gobierno mexicano. Nos están matando”, dijo Silvia Ortiz, del Grupo Vida Laguna de Coahuila.

En la imagen, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso antes de iniciar una marcha en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo)

Huir, desplazarse, deprimirse, desaparecer: la tragedia de los que huyen 

En octubre se registraron 74 desapariciones en Guerrero, uno de los desplazados internos que huyó de la violencia es una de las víctimas. Desapareció junto a un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos y por esa razón su caso fue público


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero

9 de noviembre del 2022

Chilpancingo

 

El 28 de octubre pasado, Pedro Romero Sotelo, de 64 años, avisó a su esposa que iría con unos amigos a buscar trabajo. La posibilidad de tener empleo le dio algo de felicidad.

El 2021 fue un año difícil para Pedro. Tuvo depresión y para salir recibió atención psicológica. Pedro estuvo deprimido porque perdió, de un día para otro, su casa, su parcela, su huerta. Su pueblo. En resumen: toda su vida.

Pedro tenía cuatro años en desplazamiento interno forzado. Se llama así a la situación límite que obliga a cientos de miles personas a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del mismo país debido a situaciones de conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos y catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, de acuerdo con la ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados.

Los desplazados huyen para salvar la vida. En noviembre del 2018, Pedro, su esposa y sus dos hijos huyeron de su hogar en Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, en la zona Centro de Guerrero, a causa de la violencia generada por el choque entre Los Tlacos y el Cártel de la Sierra, dos grupos del crimen organizado coludidos con intereses económicos y políticos de la región.

Fuera de su hogar y su huerta de aguacates en Campo de Aviación, Pedro entristeció a tal grado que dejó de sentir interés por la vida. Es uno de los impactos psicológicos que enfrentan las personas que se desplazan cuando se dan cuenta que no recuperarán su vida anterior. El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón gestionó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyo psicológico para Pedro, su familia y las demás personas desplazadas en la cabecera de Leonardo Bravo, Chichihualco.

Pedro buscaba trabajo para ocuparse en algo y para llevar dinero a su casa.

La mañana del 28 de octubre dijo a su esposa que ya había hallado algo, indicó que iría con dos amigos a donde lo emplearían.

Alcanzó a decirles que ese trabajo sería en un aserradero. No dijo más. Sus familiares lo vieron emocionado ante esa posibilidad. Salió de casa con entusiasmo.

Ese rostro, con una sonrisa, es la última imagen de Pedro en la mente de sus familiares.

Octubre: 74 desapariciones

Este décimo mes del año fue uno de los más violentos en Guerrero de este 2022, fue el mes de la masacre en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, y de tres personas desaparecidas en un mismo evento. Ese 28 de octubre que desapareció Pedro, fue el mismo día que desapareció Efrén Barrios Cárdenas, de 55 años, y a Adolfo Aparicio Bello, de 34.

Pedro, Efrén y Adolfo iban juntos cuando sus familiares perdieron rastro de ellos.

Este octubre, los casos de desapariciones incrementaron 25 por ciento, con respecto al mes anterior. Septiembre cerró con un registro de 59 personas desaparecidas, de los que 29 fueron localizados. En octubre se registraron 74 desapariciones, de las que se reportó que 26 fueron localizadas, tres sin vida. Estas tres personas halladas sin vida son Pedro, Efrén y Adolfo.

Las familias de las víctimas de desaparición tienen diferentes formas de dar a conocer que dejaron de ver a un ser querido. En Guerrero hay tres tipos diferentes de alertas. Para que la autoridad emita una alerta hay una denuncia del hecho.

Otras familias no tienen la opción de hacer una denuncia ante una autoridad y sólo dan cuenta de lo que viven mediante redes sociales, a veces ni eso.

La familia de Pedro es un ejemplo. Huyeron de la violencia en Campo de Aviación y, en Chichihualco, en donde se refugiaron, viven con miedo.

Por la desaparición de Pedro no se emitió ninguna alerta. Por los casos de Efrén Barrios Cárdenas y Adolfo Aparicio Bello, se emitió la ficha de búsqueda Has visto a.

De las 74 desapariciones registradas este octubre se emitió una alerta Alba (para los casos de mujeres mayores de 18 años), ocho alertas Amber (para niñas y niños menores de 18), 32 alertas Violeta (para mujeres sin distinción de edad cuyas familias denuncien a un número telefónico exclusivo para este fin), 19 alertas Has visto a (generalmente es para casos de hombres mayores de 18 años), cinco mediante la Comisión Estatal de Búsqueda, seis por Locatel y tres solamente en redes.

Bloquear, gritar, exigir…

Por la denuncia de los familiares de Adolfo Aparicio Bello, la familia de Pedro Romero Sotelo supo que esa mañana del 28 de octubre Pedro se fue a Quechultenango y que el trabajo que había hallado, como dijo a sus familiares, sería en Mochitlán.

Pedro, Efrén y Adolfo fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín, municipio de Quechultenango, alrededor de las siete de la noche.

Estas tres desapariciones fueron abiertamente públicas porque Adolfo era funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y salieron a exigir, primero con denuncia ante los medios, la búsqueda de su familiar y el organismo de derechos humanos se pronunció para que la FGE los buscara.

Adolfo Aparicio fue precandidato a la alcaldía del municipio de Copala, región de la Costa Chica, por parte de Morena y diputado suplente por ese mismo partido en la 62 Legislatura. En 2021 lo nombraron encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la CDHEG.

Hace cinco meses, falleció el papá de Adolfo, quien tenía una maderería en Chilpancingo. El ex precandidato se hacía cargo del negocio familiar y a Quechultenango fue a acordar la compra de madera, de acuerdo con lo que compartieron integrantes de la familia.

Cuando los pronunciamientos no fueron suficientes, las familias bloquearon la Autopista del Sol para exigir la búsqueda. El lunes 31 de octubre, los familiares de los tres desaparecidos cerraron el carril Norte-Sur de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, alrededor de tres horas. Ese punto es estratégico en la vía, cuando se bloquea, se ahorca la circulación de los automovilistas hacia Acapulco, ya sea por la Autopista o por la vía libre, situación que se complica cuando se trata de los puentes vacacionales, como fue el caso, ya que ese lunes 31 era la mitad del puente por Día de Muertos. Así que les hicieron caso.

Las familias fueron atendidas a las tres horas del bloqueo y la FGE reanudó la búsqueda iniciada el día anterior, dos días después de la denuncia de las desapariciones.

En octubre, 23 personas sin aparecer o no localizadas

De las 74 desapariciones registradas en octubre, 48 personas fueron localizadas, aunque la FGE nunca informa las circunstancias en las que regresan a sus hogares. Sólo cuando se trata de casos mediáticos como los de Pedro, Efrén y Adolfo se saben las circunstancias de la localización, algunas de esas veces, las personas reportadas como desaparecidas, son localizadas sin vida.

Las personas que siguen sin ser localizadas este mes, de las 74, son 23. Las otras regresaron a sus hogares.

23 familias sin conocer el paradero de un integrante son muchas en un mes y ese dolor a veces es perpetuo. En México hay una crisis por la cantidad de personas desaparecidas desde el 2007, año en que el presidente panista Felipe Calderón decidió declarar una supuesta guerra al narcotráfico. Esta crisis de la que se pronunciaron organismos internacionales originó la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y la integración de un sistema único de información para registrar y contar a las y los desaparecidos.

Este registro debería diferenciar entre personas desaparecidas y no localizadas. Una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y una persona desaparecida es aquella de la que se desconoce su paradero y su ausencia podría estar relacionada con la comisión de un delito. En Guerrero, la FGE no hace ninguna distinción en el registro, todas son personas no localizadas. Las personas no localizadas podrían estar en esa condición por su propia decisión, no por un posible delito cometido por alguien. La presunción de desaparición eleva las estadísticas sobre delitos.

Esa podría ser la causa de que la FGE llame a todos no localizados.

Otras víctimas de desaparición en octubre

En octubre, los casos de personas desaparecidas aumentaron 25 por ciento, con respecto al mes anterior. Una de esas desapariciones fue la de Melisa Abigail Patiño Campos, de 19 años, de quien se reportó su desaparición mediante la alerta Alba.

Melisa fue reportada como desaparecida el 15 de octubre, en Iguala, y localizada seis días después en Cuernavaca, Morelos. El padre de Melisa comunicó en las redes sociales que la joven se ocultó en Morelos para huir de quienes la perseguían, pero no dio detalles de quiénes la perseguían y por qué.

Melisa reportó a sus familiares la noche del sábado 15 de octubre que alguien la perseguía. Después no supieron de ella. Hicieron la denuncia y la autoridad publicó la alerta Alba. La joven fue entregada a su familia la madrugada del 21 de octubre. El padre de la joven afirmó que la vida de Melisa estuvo en riesgo. Cuando Melisa reapareció, la FGE colocó sobre la ficha de esta desaparición la leyenda localizada. Es un claro ejemplo de que Melisa podría ser víctima de la comisión de un delito, sin embargo, los días que no supieron de ella, se reportó como no localizada.

De los 74 desaparecidos de octubre, 42 son mujeres y 32 son hombres. En este delito, a diferencia de los asesinatos, siempre la mayoría de víctimas son mujeres.

De las 42 mujeres que se reportaron como desaparecidas o no localizadas (algunas fueron localizadas como es el caso de Melisa) 27 son menores de 18 años y 15 mujeres adultas.

En el caso de los 32 hombres que se perdieron en octubre, 29 son hombres mayores de 18 años y tres menores. Se trata de los casos de Máximo Tinoco, de un año, desaparecido en Acapulco; de Yael Armando Vargas Orbe, de 16 años, en Chilpancingo y de Tristan Gael Navarro Reza, de 16 años, también en Chilpancingo.

Pedro, Efrén y Adolfo

Los tres hombres desaparecidos el 28 de octubre: Pedro, Efrén y Adolfo, fueron hallados el 1 de noviembre, en la comunidad de San Martín, el mismo lugar donde la última vez se supo de ellos, presuntamente, tuvieron un accidente que ocasionó que se fueran al fondo de un barranco de 300 metros de profundidad.

Las maniobras para rescatar los cadáveres fueron difíciles por la profundidad del barranco. La autoridad ministerial aún no informa las causas de muerte de las víctimas.

En redes sociales se especuló sobre un homicidio múltiple, por la zona en la que ocurrió el supuesto accidente.

En Quechultenango, municipio de la región Centro, hay un control férreo del territorio por parte de Los Ardillos, un grupo del crimen organizado con ramificaciones en grupos económicos y políticos regionales.

Un accidente automovilístico en ese territorio no hubiera pasado inadvertido para los hombres de Los Ardillos, los que a bordo de camionetas y con armas de grueso calibre, vigilan el territorio.

Cuando se llega a ese municipio, desde el acceso, policías municipales hacen un registro minucioso de quienes ingresan. Anotan nombres, edades, placas de los vehículos y razones de la visita. En el siguiente punto, otro grupo de policías municipales, hace un nuevo registro sólo para confirmar los datos reportados por los primeros policías.

No hay manera de que ese grupo criminal no supiera que tres hombres estuvieran desaparecidos en su territorio y se hubieran accidentado.

En la imagen, familiares de desaparecidos bloquean la Autopista del Sol para exigir a la autoridades la búsqueda inmediata. Foto: Oscar Guerrero

 

Pese a crisis de desapariciones, comisiones de búsqueda estatales dejaron sin usar 230 mdp del dinero que recibieron en tres años

De 2019 a 2021, las comisiones estatales de búsqueda de personas recibieron más de mil 200 mdp de recursos federales para cumplir su función. Sin embargo, muchas de ellas no ejercieron esos fondos y los devolvieron, a pesar de que el número de desaparecidos en el país sigue creciendo.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

En los últimos tres años, a pesar de la crisis de desapariciones en México, por la que se desconoce dónde están más de 107 mil personas, las comisiones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas en los estados del país desaprovecharon 233 millones de pesos del subsidio que reciben por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desde 2019.

Esto representa 18% del total de más de mil 200 millones de pesos que la CNB distribuyó a estos organismos entre 2019 y 2021. Creados por orden de la Ley General en materia de personas desaparecidas de 2017, año con año han ido creciendo en número, por lo que el subsidio se distribuyó entre 20 en 2019, 27 en 2020 y 30 en 2021.

Las comisiones locales deben encargarse de la búsqueda de personas desaparecidas en las entidades, en coordinación con fiscalías y otros entes, mediante un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y una de gestión y procesamiento de información, además de contar con un consejo ciudadano.

En los últimos tres años, algunas devolvieron más del 50% o hasta el 100% del subsidio que recibieron de la Federación. Por ejemplo, en 2019, las comisiones de Chihuahua y Puebla regresaron el total que les fue entregado: 7 y 10 millones de pesos, respectivamente.

La de Tlaxcala devolvió la mitad —3.5 de 7 millones—; Jalisco, que hoy ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desaprovechó casi 60% del recurso, y Guerrero, el 29%. En los años siguientes, Guerrero regresó cada vez más recursos: en 2020 devolvió el 75% y para 2021 dejó de ocupar el total de los poco más de 9 millones que tenía asignados.

Gráficos: Andrea Paredes (@driu.paredes) y Jesús Santamaría (@re_ilustrador)

En 2020, las comisiones de Durango y el Estado de México ni siquiera presentaron un proyecto para recibir recurso federal, pese a que estaban conformadas desde el año anterior, cuando ya habían accedido a este. Además de Guerrero, que no utilizó 6 millones de los 8 que recibió, Aguascalientes no ocupó el 76% de los 14 millones destinados, Guanajuato devolvió 41% del subsidio y Jalisco regresó poco más de 7 de 17 millones.

Para 2021, Aguascalientes volvió a reintegrar el 44%, Chiapas no usó casi el 70% de los recursos destinados, Chihuahua devolvió más de 31 millones de los 36 recibidos y la CDMX desaprovechó 46%, en un año en el que la problemática de personas desaparecidas en la capital se empezó a visibilizar más a partir de la conformación de colectivos organizados. Ese mismo año, Guerrero y el Estado de México regresaron el recurso completo.

Consultada al respecto, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, señaló que desde el principio de su administración se ha hecho un esfuerzo para que los recursos sean accesibles, y año con año, los lineamientos para obtenerlo se han ido modificando para asegurar que el dinero llegue de manera adecuada, pero también que las entidades federativas asuman de manera colegiada las decisiones de cómo ejercerlo.

En ese contexto, los reintegros se deben, en su mayoría, a la falta de ejercicio en los tiempos y las modalidades que prevé la ley, para lo cual las comisiones son responsables de presentar las evidencias correspondientes y llevar a cabo sus procesos de licitación de manera adecuada y autónoma.

“Hemos ido adecuando y mejorando los lineamientos, de conformidad con la experiencia y con las observaciones de auditorías para poder brindar la mayor transparencia posible y seguimiento, con responsabilidades locales, sobre cómo se ejercen los subsidios y tener un mejor control”, aseguró Quintana.

Sin embargo, subrayó que los estados también tienen una responsabilidad: “Hay que recordar que a quien le corresponde principalmente la consolidación de las comisiones de búsqueda con personal, presupuesto, instalaciones, infraestructura y una ley local que las fortalezca es a los gobiernos locales; los subsidios son apoyo adicional para este fortalecimiento, pero lo que no puede suceder es que las comisiones locales dependan mayoritariamente del subsidio federal”.

El costo de la ausencia

Cuando no organizan rifas, gestionan recursos ante organizaciones o echan mano de sus propios medios, las familias del colectivo Siguiendo Tus Pasos se organizan para vender aguas en “su crucero”, aunque en realidad se trata de una donación, pues buscan “lo que la gente guste cooperar”.

Adriana Moreno recuerda que cuando su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno desapareció el 11 de mayo de 2009, en Francisco I. Madero, Coahuila, ella no vivía en la opulencia pero tampoco en la carencia. “Eso es lo que no entienden las autoridades. Tenías una vida, tenías un proyecto de vida, tenías un nivel de vida, otra vida, carajo, otra vida totalmente diferente hasta en nivel económico”, añade.

Desde entonces, las lecciones para allegarse de recursos mediante las cosas más sencillas las aprendieron siguiendo los pasos de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), uno de los colectivos pioneros en ese estado. “Buscando nos encontramos”, dice Adriana sobre el momento cuando ellos la arroparon. Después, se fue a vivir a Ensenada, Baja California; allá, con una compañera que vivía en Tijuana y otra persona que recién conocía, dieron vida a Siguiendo Tus Pasos.

Mientras las comisiones estatales desperdician los recursos del subsidio federal y operan con insuficiencias, colectivos en todas las entidades llevan años haciéndose cargo de ese trabajo y sobreviviendo con sus propios recursos. “Al final de cuentas, echas mano de tu colchoncito, y te lo acabas, y vendes hasta lo que no tienes, y después vienen otras consecuencias tremendas. Así es como nos mantenemos: buscando recursos”, relata Adriana.

Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), subraya que, en el tema de los recursos, las instituciones siempre argumentan que no cuentan con ellos como justificación para no hacer su trabajo, aunque también es una realidad la complicación para ejercerlos desde la administración pública, pues en algunos casos no se reciben inmediatamente y la burocracia complica ejecutarlos.

“Cuando se hacen acciones de búsqueda, o de cualquier tipo, va desde poner dinero de nuestra bolsa, el que ganamos en nuestro trabajo, y de ahí los llamados a la solidaridad, ya sea con boteos, venta de alimentos o de alguna otra cosa, donaciones, apoyo de organizaciones de derechos humanos, de la iglesia, en algunos casos de universidades, recursos obtenidos de la solidaridad de las personas; esa es la otra forma”, describe Jorge.

Adriana coincide en que lo primero que se pone a disposición de la búsqueda es lo que está a la mano: ahorros, propiedades, objetos empeñados. Todo eso es finito, por lo que después vienen iniciativas como la de Romanita Ramírez, de Torreón, Coahuila. Con un hijo y un nieto desaparecidos, su hija Carmen y ella horneaban pan para venderlo en bolsitas en una iglesia y continuar la búsqueda. O el bus-cador de la esperanza, en Saltillo y Torreón: un camioncito para llevar alimentos a donación. De la misma manera nació la idea de la venta de aguas.

“En Siguiendo Tus Pasos hacemos rifas, y nos vamos a los cruceros; tenemos un crucero en particular donde vamos a hacer venta de aguas, a donación, lo que guste cooperar; compramos nuestros paquetes de agua, ponemos nuestras lonas, agarramos un crucero y en los semáforos. También hay una compañera que hace manualidades, flores de fomi que se andan vendiendo. A cada rato hacemos rifas, que la verdad ya hasta pena da”, relata Adriana.

Aun así, para ella lo económico no es lo que más pesa. Tras 13 años, habla de los costos de salud y de la fragmentación familiar; reconoce que su familia está fracturada, dispersa. Aunque sigue unida, a pesar de reacciones y procesos diferentes, hay un costo muy importante de ausencia, porque se resiente la del hijo y el hermano, pero también la de la madre que busca, que sigue en su casa pero no está.

Sigue tratando de trabajar en eso, porque sus otros hijos le reclaman no haber estado. Su hija tenía nueve años cuando Adriana empezó a faltar aunque seguía en casa. Hasta apenas hace poco le confesó que, entonces, agarraba su pijama para sentirla cerca a través de su olor: “Es fuerte, es muy tremendo; ella me lo ha dicho pero los otros dos no; ahí están los costos”.

En manos de la voluntad de los gobiernos estatales

Aunque en marzo de 2014 solo estaban conformadas 14 comisiones estatales, a partir de 2021 se instalaron 30, pero han quedado sujetas a la voluntad de quien las encabeza y de sus gobiernos estatales, responsables de fortalecerlas. Para acceder al subsidio federal, cada una debe presentar un diagnóstico y un proyecto ejecutivo a la CNB, con la proyección de los recursos que requieren y para qué. Los gobiernos estatales están obligados, además, a aportar una coparticipación de al menos 10%.

El Estado de México, que hoy ocupa el tercer lugar en el RNPDNO, desaprovechó los recursos desde 2019. Aquel año, según consta en los archivos de la CNB, esa comisión estatal había solicitado 2.5 millones que, supuestamente, sumados a la coparticipación, servirían para adquirir dos georradares. De ellos, recibió una primera ministración de 1 millón 750 mil pesos; sin embargo, al final no demostró ninguna compra y devolvió el monto total.

En tanto, los reintegros del último ejercicio cerrado, 2021, son los únicos que la CNB tiene sistematizados en un solo archivo, donde evaluó la eficiencia en el gasto de los recursos. Cuatro estados aparecen en rojo por haber aprovechado solo entre 0% y 30% de los recursos, mientras que CDMX y Aguascalientes usaron apenas la mitad, y Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas se ubicaron en el rango de 63% a 77%.

La CNB, que es responsable de la asignación de los recursos y el seguimiento de cómo se ocupan, no ha hecho públicos los montos que las comisiones locales desaprovecharon. Incluso, en el informe que entregó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU durante su última visita a México, se incluye un cuadro con el total de los recursos distribuidos a las entidades, sin especificar cuánto de ese dinero no ha sido ocupado en realidad.

Querétaro, sin pistas ante un problema creciente

La comisión de Querétaro no ha dejado un rastro para acceder al subsidio federal. La CNB no tiene ninguna información proveniente del estado y tampoco lo incluye en su reporte sobre las estructuras de estos organismos en el informe al CED.

En respuesta a una solicitud de información directamente a la entidad, el organismo señaló que destinó a la búsqueda de personas 1 millón 280 mil pesos en 2019, 5 millones 243 mil en 2020 y 6 millones 492 mil en 2021, ninguno de esos montos proveniente del recurso federal y sin detallar cómo fueron ejercidos.

En un estado que ya rebasa las 440 personas desaparecidas, según el RNPDNO, actualmente la comisión local está presidida por una encargada de despacho, pero no hay un titular designado. Con la anterior comisionada, asegura la organización Desaparecidos Justicia Querétaro, había reuniones periódicas; ahora, el acompañamiento y seguimiento están detenidos.

“Todos los casos que nos siguen llegando a la organización es porque no les quieren dar ni siquiera un número de reporte de búsqueda. Es una situación terrible porque es una lucha por no reconocer que tenemos desaparecidos en el estado, que tenemos personas que se han encontrado sin vida; la fiscalía siempre termina diciendo que son hechos aislados. Es muy difícil que podamos tener acceso a la verdad y a la justicia”, señala Brenda Rangel, de esa agrupación.

Mientras tanto, el colectivo cada vez recibe más reportes e información de hechos violentos, sobre todo en las zonas limítrofes con Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Ante ello, la fiscalía local generalmente disuade a las familias de compartir información, cuando ni siquiera han levantado un reporte o iniciado una investigación formal. Incluso, dice Rangel, la asociación con sus propios recursos ha logrado localizaciones antes que las autoridades.

Aquí la historia se repite: Desaparecidos Justicia Querétaro invierte sus propios recursos y tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual golpea en la economía, la salud y el estado emocional. “Las actividades que nosotros hacemos son las marchas, hacemos tejido, visibilizamos, hacemos prevención, pero no con el fin de recaudar fondos. La manera en la que obtenemos los recursos son los propios, de nuestras ocupaciones laborales”, explica.

¿Qué hacen las comisiones con el recurso federal?

Durante tres años, las comisiones estatales han utilizado los recursos del subsidio federal, en su mayoría, para la compra de automóviles, dispositivos de búsqueda, accesorios y equipamiento para su operación diaria, y en menor medida, para material de difusión y papelería, según los archivos de la CNB a los que Animal Político tuvo acceso en respuesta a una solicitud de información pública. En algunos casos, ni siquiera tienen personal suficiente para utilizar lo adquirido.

Por ejemplo, la comisión de Zacatecas compró en 2019, a unos meses de su creación, 46 camisas, 41 chamarras y 37 chalecos. Sin embargo, en el proyecto ejecutivo que presentó para acceder al subsidio al año siguiente reportó que, para ese momento, su estructura era de únicamente 10 personas.

En tanto, en el proyecto ejecutivo que presentó para 2021, la comisión de la CDMX aseguró que estaba en “la imposibilidad de destinar recursos para que su personal acceda a cursos y capacitaciones especializadas, como el caso de costear la certificación para utilizar drones inteligentes (que ya tenía) que permiten realizar inspecciones en entornos naturales más complejos y en un tiempo reducido”. Lo anterior, en el mismo año que devolvió casi la mitad del subsidio.

Sin embargo, cuánto han gastado las comisiones locales específicamente en cada una de las compras que han hecho es información a la que no se puede acceder. La Secretaría de Gobernación reservó por cinco años las descripciones y los costos unitarios de los insumos, bienes y servicios en los que estos organismos gastaron los recursos del subsidio federal que reciben anualmente, aduciendo motivos de seguridad.

Por ello, no puede conocerse “la información relativa a las descripciones que incluyen las características técnicas de los conceptos, así como los costos unitarios y totales de los proyectos ejecutivos, informes trimestrales, informes de avance físico-financiero al cierre del ejercicio y cualquier otro documento que forme parte de la solicitud de información en cuestión y que contenga estos datos”.

De acuerdo con la dependencia, la divulgación de cuánto gastaron las comisiones y en qué insumos “representa un riesgo real para la vida, seguridad e integridad de las personas que se involucran en las labores de búsqueda e identificación”.

Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostiene que esto contraviene el principio de máxima publicidad que establece la propia Ley General en la materia, además de que en este caso el interés general sí debe prevalecer, pues es muy importante saber con qué se cuenta para la búsqueda de personas.

Sobre el manejo que hasta ahora han hecho las comisiones de los subsidios federales, apunta que las instituciones tienen la obligación de informar periódicamente acerca de sus resultados y cómo están funcionando, lo cual tiene que ver tanto con los recursos humanos como con los materiales, incluso en cuanto a su suficiencia y la posibilidad de ejercerlos. Para ello, también es indispensable la participación y retroalimentación de los consejos ciudadanos que deben tener las comisiones.

Aunque habrá tareas que se estén haciendo bien —aclara—, los resultados en la cantidad de personas desaparecidas indican lo contrario: “Creo que sí es importante hacer una reevaluación sobre la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda, por una parte, los sistemas locales de búsqueda y, otra vez, la importancia del uso de los recursos públicos y su funcionalidad”.

En Nuevo León, las familias construyen la experiencia 

Mientras la comisión local ha recibido más de 7, 14 y 18 millones de subsidio federal en los últimos tres años —de los que devolvió más de 3 y más de 5 millones en 2020 y 2021—, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) siguen señalando las carencias de este organismo, así como la necesidad de que tenga más atribuciones y sea, al mismo tiempo, transparente.

En ese estado, las familias organizadas son las que llevan la experiencia a las autoridades: fue su insistencia la que permitió el descubrimiento de restos humanos en la zona conocida como El Tubo, y fueron también ellas quienes capacitaron en 2019 a elementos de la fiscalía para operar un dron para la búsqueda de personas.

Angélica Orozco, de las Fuerzas Unidas, explica que además, ellas mismas han impulsado que se le den mayores atribuciones a la comisión local, al tiempo que el estado, a través de su universidad, tendría que implementar las carreras de Antropología y Arqueología Forense: “Siempre el pretexto que nos dicen es que no hay elementos o que solo están en la Ciudad de México o Veracruz, donde existen las carreras”.

Mientras tanto, ellas absorben la labor de búsqueda mediante donativos, recursos destinados por las familias y trabajo voluntario. “Depende de la situación en que nos encontremos, por ejemplo, hace como dos años, cuando acreditamos a varios de los peritos en antropología, nosotras desembolsábamos el dinero y luego se pedía un reembolso a través de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), porque las familias tienen derecho a peritajes independientes; así se hizo en algunas ocasiones, pero primero es desembolsar y luego a ver si nos reembolsan; era todo un trámite”, detalla.

Por ejemplo, este año inician una intervención para la que están planeando cómo allegarse recursos para llevar a Nuevo León a antropólogos de la CDMX, con viáticos y pago de honorarios. Por medio de un donativo del Servicio Judío, las FUNDENL recién adquirieron un dron, pues el anterior se descompuso. Además de eso, también están previendo una capacitación para aprovecharlo al máximo.

Ellas desconocen si la comisión estatal podría apoyar con eso. “Nosotras, de hecho, en el 2019, que nos capacitó el arqueólogo, capacitamos a los elementos de la fiscalía en el uso de dron, ellos tenían uno, y a los tres mejor evaluados, o que le aprendieron mejor a la técnica de la fotogrametría, se los llevó la comisión local de búsqueda. Debilitó, por así decirlo, al equipo que ya había en fiscalía, porque en lugar de conseguir nuevos elementos, se llevó a los que habíamos capacitado. Uno ya renunció: el que mejor lo operaba porque le enseñó nuestro arqueólogo; no sabemos si sigan usándolo”, señala Angélica.

Las FUNDENL han construido su propio conocimiento: cuando compraron su primer dron, solamente lo volaban y hacían una visión de campo para hacer ubicaciones en el lugar y en el momento. Ahora, con la capacitación del arqueólogo, a través de la fotogrametría, han aprendido a comparar el terreno actual con el de hace años, ver sitios de interés y otros aspectos, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental para intervenciones como la de este año.

Angélica asegura que el contacto con la comisión local es muy limitado, pues ha estado muy ausente en las búsquedas. En un principio, cuando inició funciones, las FUNDENL le compartieron un listado con todos los casos de larga data para que hicieran planes de búsqueda, pero hasta el momento no hay resultados. El colectivo ha sido, además, muy crítico respecto del perfil de la comisionada, una exfuncionaria de la fiscalía que fue durante años coordinadora de ministerios públicos: “Ya sabemos la forma en la que opera, trabaja, y así ha seguido aquí en la comisión”.

El costo para las familias —dice— ha sido el gran esfuerzo para impulsar que se hagan búsquedas cuando se requiere que se involucren las autoridades, como en El Tubo, una intervención que inició el 30 de diciembre de 2021 y culminó el 1 de junio de este año con la recuperación de restos de al menos 17 personas. “Tardamos dos años para que se lograra esta intervención, de estar insistiendo. En ese sentido, ha sido un esfuerzo muy grande; hay otros sitios donde podemos ir solas y hasta después le hablamos a la fiscalía, que es arriesgarse, y también implica poner la vida en riesgo por salir a buscar”.

El daño mayor, que también es necesario denunciar —señala Édgar Chávez— es justamente la exposición de la seguridad de las personas que buscan. Recuerda los casos de madres que han sido asesinadas, que son un ejemplo de lo que implican las búsquedas por parte de sus familiares: una exposición continua de su seguridad con el posible daño hacia sus vidas.

Es muy importante —añade— situar el cuidado y el autocuidado que también deben propiciar y difundir las autoridades: “No se trata de dotarles de palas o de una camioneta para que vayan a buscar; se trata de que las autoridades hagan lo que les toca hacer y que a las familias no las utilicen de mano de obra barata, porque eso es lo que está ocurriendo en muchos de los estados: las familias saliendo a cubetear tierra, a hacer la parte donde los funcionarios luego están observando nada más”.

El académico reconoce que lo hacen de una forma precisa y amorosa incluso cuando no se trata de sus familias, pero llama a no olvidar que se han convertido en personas expertas de manera forzada.

“Deberíamos decir que no es normal que las personas familiares estén buscando. Lo tienen que hacer porque si no lo hacen ellas, lo han dicho muchas veces, nadie más lo va a hacer o el Estado lo hace a medias. Las familias están haciendo lo que no les toca, y terminan además percibiendo un daño, además de moral y psicológico, por lo que implica una exhumación y después el reconocimiento, físico. Tenemos referencia de muchos familiares que están sufriendo daños irreversibles en columna vertebral, en extremidades y en el sistema respiratorio por cernir la tierra continuamente”.

Además de sus limitaciones para la búsqueda —subsanadas por familiares y colectivos— y de la falta de claridad sobre el destino y uso de los recursos, las fallas en la operatividad de las comisiones estatales están ligadas también a sus propias estructuras y escaso cumplimiento de la ley.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Salir de la versión móvil