Jóvenes piden a Congreso legisle sobre salud, medio ambiente y penalizar matrimonios forzados infantiles

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Durante del Parlamento Juvenil realizado en el Congreso local, jóvenes de las siete regiones del estado pidieron a los diputados legislar sobre temas de salud, justicia, el reconocimiento de sus derechos y el medio ambiente.

El Parlamento Juvenil es una plataforma impulsada por el Congreso local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y la Secretaría de la Juventud para darle la oportunidad a los jóvenes de proponer en la tribuna del Congreso reformas y leyes que sean importantes para ellos.

Algunas de las propuestas de los jóvenes fueron el reconocimiento de sus derechos como juventud, y como parte de algún pueblo originario y afrodescendiente y como población LGBT.

La joven Olimpia Pastrana Sarabia pidió reformar la Ley Número 607 sobre Juventud del Estado de Guerrero para que los jóvenes de pueblos originarios y afrodescendientes sean mencionados como sujetos de derechos.

«En la ley 607 no hay artículos que nos garanticen derechos políticos a los pueblos afro y por lo mismo hay muchos sueños truncados», mencionó Pastrana Sarabia.

Sobre el tema de pueblos originarios, Carmen Ignacio García, quien pertenece a la comunidad na savi y es originaria de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero, habló sobre el tema de los matrimonios infantiles y pidió que sea catalogado como delito e incluirlo en el Código Penal del Estado.

«En la Montaña las niñas no podemos soñar con ser abogadas o doctoras porque los señores grandes nos venden, y eso no es justo, tiene que ser delito privarnos de esos sueños».

En la Montaña de Guerrero en los últimos años diversos casos de venta de niñas fueron públicos.

Alondra Iturbide Ortíz, joven Amuzga, planteó derogar el artículo referente a la justicia indígena dentro de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por considerar que las denominadas policías comunitarias afectan a las mujeres de la región al permitir la venta de niñas y penalizarlas en caso de que se nieguen a ser vendidas.

Sobre el tema de las infancias Erick Pavell Galeana Mayo propuso reformas al Código Penal del Estado para que se elimine la prescripción de los delitos cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes.

Hubo una propuesta de crear en los municipios un Consejo Ciudadano de juventud y que sea un organismo autónomo e independiente integrado por personas jóvenes.

Otro tema abordado por los jóvenes fue el medio ambiente y cambio climático.

Justino Jacinto Román propuso la creación de una ley de arbolado urbano, que establezca normativas y sanciones para quienes talen árboles en zonas urbanas de la entidad.

Otro de los jóvenes preocupados por el medio ambiente fue Pablo Cortés García, quien planteo se debe agregar a la Ley 878 de Equilibrio Ecológico la educación ambiental y sancionar a los pueblos y ciudades que contaminen ríos cercanos.

Los derechos sexuales y reproductivos fue otro de los grandes temas, donde una gran parte de los jóvenes se pronunciaron.

«La menstruación es la única sangre que no proviene de la violencia y es la que más repudia la sociedad «, mencionó al inicio de su participación Galilea García Bello.

Ella propuso que las mujeres tengan una menstruación digna; mencionó la Secretaría de Salud debe garantizar productos gratuitos para la menstruación y asignar espacios dignos para las mujeres, así como una educación plena sobre el tema.

Julio César Lázaro Alejo subió a tribuna y colocó una bandera LGBT, durante su participación propuso que dentro del Premio Estatal de la Juventud se integre un espacio para la diversidad.

Otro de los jóvenes que participaron en el tema de la diversidad sexual fue Luis Fernando Mendoza García, quien propuso reformar el Código Civil del Estado para garantizar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, así como la tipificación de los crímenes de odio en el Código Penal.

En el tema de ciencia y tecnología, Arlette Pamela Silva Hernández propuso dotar de recursos económicos a las instituciones dedicadas al arte, la ciencia, la tecnología y la innovación, y prestarle atención a las comunidades marginadas.

Silva Hernández es parte de 60 jóvenes seleccionados de todo el mundo para participar en el Programa Internacional del Aire y el Espacio de la NASA en Alabama, Estados Unidos.

Un tema del que muchos de los participantes hablaron fue el de garantizar el derecho a la salud y, en particular, a la salud mental, pues, consideraron que es un tema abandonado por las autoridades y que impacta en los jóvenes.

Al término del Parlamento, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Alfredo Sánchez Esquivel, mencionó que harán un resumen de las participaciones y las tomarán en cuenta.

No mencionó sobre una próxima reunión o plan de trabajo para darle seguimiento a las propuestas de los jóvenes.

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Hasta septiembre se prevé aprobación de ley para visibilizar y erradicar matrimonios forzados

​Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

Chilpancingo

 

Hasta septiembre próximo se prevé que el Congreso local apruebe o en su caso rechace el dictamen para visibilizar y erradicar los matrimonios forzados que se registran en algunas zonas de Guerrero con base a usos y costumbres.

Se trata de un dictamen de reformas a la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El dictamen fue aprobado el pasado 14 de junio en las comisiones unidas de Igualdad, y de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La legisladora local de Morena, Beatriz Mojica Morga, señaló que en este momento solo sesiona la comisión permanente y una vez que inicie el período ordinario, en septiembre, será cuando se prevé que se incluya en la orden del día ante el pleno.

Mojica Morga aseguró que existe la certeza de que estas reformas se aprobarán.
«Todo va caminando muy bien para que esto se dé».

Aclaró que una vez que se apruebe esta reforma a la Ley 553, habrá otra reforma al Código Civil del estado en donde se va a señalar en forma implícita que se prohíben los matrimonios forzados entre niñas y niños.

«Hay toda una serie de reformas para fortalecer la erradicación de los matrimonios infantiles», afirmó.
Mencionó que el dictamen que aprobaron el pasado 14 de junio las comisiones legislativas unidades es de que los usos y costumbres no queden por encima sobre todo de las niñas.

Sin embargo dijo que faltan otras reformas para establecer en forma expresa los matrimonios infantiles.
Contó que en el Código Civil de Guerrero todavía hay una parte donde se permite ese tipo de matrimonios entre menores de edad.

«Lo que vamos a hacer es suprimir esa parte y que quede prohibido las uniones a temprana edad», expresó.

Una reforma al Código Penal en la Comisión de Justicia del Congreso establece de cuatro y hasta 10 años de prisión a quien obligue a una niña, adolescente o mujer a contraer matrimonio o concubinato con otra persona.

La pena podría ser hasta de 20 a 40 años de cárcel cuando el motivo de la unión sea prostituir o someter a la persona a trabajos domésticos, de campo o esclavitud.

Desde el 2021 en la región de la Montaña de Guerrero se han documentado casos de matrimonios forzados o venta de niñas.

El más reciente caso es el de Ema, una niña de 13 años de edad de Cochoapa El Grande que fue obligada a casarse con un adolescente de 16 años en julio del 2021.

En marzo de este año, ya estando embarazada, otra menor huyó de la casa de sus suegros quienes la encerraron en la cárcel y ahora le exigen les devuelva los 160 mil pesos que le dieron a su tío y abuelo.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asegura que la estrategia que el 10 de noviembre puso en marcha la gobernadora Evelyn Salgado para frenar los matrimonios forzados a las niñas, no ha funcionado.

 

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Piden activistas evaluar estrategia para frenar matrimonios forzados en la Montaña

Desde noviembre de 2021 hasta lo que va de 2022 se registraron varios casos de matrimonios forzados de niñas.


Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 

Chilpancingo

 

Activistas feministas de Guerrero exigieron que se evalúe la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y matrimonios forzados en la Montaña que en noviembre del 2021 el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda puso en marcha.

«Debe de haber una evaluación de esta estrategia en un sentido crítico para saber si funcionó, está funcionando o que más falta por hacer porque de nada sirve que se esté trabajando si no se está atendiendo a esta problemática que son los matrimonios forzados o venta de niñas», afirmó la abogada y activista Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

El 10 de noviembre del 2021, después de varias semanas de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumió el cargo de gobernadora, arrancó la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la Montaña.

De esa fecha hasta en lo que va de este 2022 se registraron varios casos de matrimonios forzados de niñas.

El caso más reciente es de Ema, de 13 años, después de que fue obligada a casarse, fue explotada por sus suegros en los campos agrícolas en el estado de Jalisco, regresó a Cochoapa El Grande, se escapó y el pasado 28 de abril la suegra la encarceló para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella a su tío y abuelo.

De la Rosa Palafox señaló que aun de que su organización no fue tomada en cuenta para integrar el Comité Técnico Interinstitucional, ellas como activistas feministas independientes exigen que se garanticen los derechos de las niñas y de las adolescentes a vivir libres de violencia.

«Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado», afirmó la abogada y activista feminista.

De la Rosa Palafox dijo que no es solo el hecho del matrimonio forzado sino que la violación de los derechos de las niñas va mucho más allá con su compra venta.

«O sea a los padres, familiares se les otorga una cierta cantidad de dinero o algunos objetos e incluso animales a cambio de esta unión forzada por parte de una menor de edad», expresó.

En entrevista telefónica, la activista reconoció que esta práctica sigue vigente en comunidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica no se va a erradicar en seis meses porque esto es una práctica de usos y costumbres pero que vulnera los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Cree que uno de los posibles obstáculos de esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del gobierno estatal.

«Es difícil llegar a las comunidades más recónditos de la Montaña porque aquí ni siquiera están garantizados los servicios más esenciales para las mujeres».

Planteó que una de las medidas preventivas que debe impulsar este gobierno para erradicar estas prácticas discriminatorias hacia la mujer es la prevención y sensibilización.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que ojalá y esta estrategia que puso en marcha esta administración estatal para prevenir y frenar los matrimonios forzados de las mujeres, niñas y adolescentes no sea solo en este gobierno.

«Tenemos la experiencia que muchos programas son sexenales y no hay una continuidad».

Mencionó que es necesario cambiar esas tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas.

Reyna Aguilar también consideró necesario que se evalué la estrategia de las instituciones gubernamentales, entre ellas, la que implementa la Secretaría de la Mujer.

Reconoció que extirpar de raíz estas prácticas no será tan fácil y que será un proceso difícil pero ella confía en la voluntad de las autoridades.

Violencia y pobreza viven las mujeres de la Montaña, dice Tlachinollan

Pobreza, violencia intrafamiliar, secuestro, aumento de feminicidio y falta de justicia son los problemas que enfrentan las mujeres en la región de la Montaña, señala en un informe que presentó este viernes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El evento convocado en Tlapa por la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, fue para analizar los avances y retos para la erradicación de las uniones tempranas forzadas.

Tlachinollan señala en su informe que en los municipios de esta región hay un incremento de asesinatos de niñas; secuestros a mujeres y niñas; violaciones sexuales; víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Se denunció que las agencias del Ministerio Público de la Montaña son centros de negociaciones de los matrimonios forzados de niñas.

También en las agencias de delitos sexuales, no se les da credibilidad a los dichos de las víctimas y alientan en acuerdo en favor del esposo.

En las decisiones que toman los jueces de control no toman en cuenta el contexto regional de violencia que padecen las mujeres y juzgan sin perspectiva de género, dice el informe de Tlachinollan.

Al evento llegaron Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; no llegaron la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda ni la representante en México de la ONU-Mujeres, Belen Sanz Luque.

En entrevista, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organización civil, aseguró que a ocho meses que arrancó la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, los matrimonios forzados a edad temprana no han bajado.

«Se siguen registrando muchos casos (de matrimonios forzados) no solamente en las comunidades de Cochoapa El Grande sino en otros municipios de la Montaña y la inacción del gobierno es insólita», agregó.

En entrevista telefónica, el activista dijo que una prueba de que esta estrategia que puso en marcha el gobierno de Salgado Pineda, es el diagnóstico que ellos presentaron este viernes en Tlapa.

«No solamente los matrimonios no han bajado, también los feminicidios, violaciones sexuales contra las mujeres y la justicia e impunidad siguen vigentes», aseguró.

En los próximos días esta organización dará a conocer más casos de uniones forzadas de niñas de localidades de la Montaña.

 

Aprueban dictamen en comisiones para prohibir la venta de niñas y niños en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

Chilpancingo

 

Las comisiones de Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso Local aprobaron un dictamen de iniciativa para erradicar la venta de niñas, niños y matrimonios forzados de menores de edad, lo que le concede el pase para que las diputadas y los diputados la discutan próximamente en pleno.

La iniciativa es una reforma al artículo 44 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero y pretende que deje de usarse la figura legal de usos y costumbres para realizar matrimonios forzados o venta de niñas y niños.

“Que ningún uso y costumbre de comunidades indígenas y de toda la sociedad socave o limite los derechos humanos de las mujeres, erradicando prácticas como los matrimonios forzados y la venta de niñas”, se lee en el dictamen.

La propuesta va encaminada para que a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres garantice el cumplimiento de la ley.

El dictamen fue discutido en la sesión de las comisiones unidas y aprobado para subir al pleno del Congreso el próximo periodo legislativo.

“Se espera que el dictamen suba a tribuna en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ahorita estamos en receso, pero seguimos trabajando”, comentó la presidenta de las comisiones unidas, Gabriela Bernal Reséndiz.

De acuerdo con la diputada esta iniciativa va dirigida a erradicar los casos de venta de niñas en la Montaña de Guerrero.

La propuesta fue realizada por la diputada Julieta Fernández Márquez y en la sesión estuvieron presentes las diputadas integrantes de Comisión para la Igualdad de Género, y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Leticia Mosso Hernández, Patricia Doroteo Calderón, Nora Velázquez Martínez y Susana Paola Juárez Gómez.

Las diputadas discutieron que los matrimonios forzados son una práctica que no respeta el principio básico de lo que constituye el matrimonio e impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí mismo.

“En ese sentido es que la comunidad internacional considera esta práctica como una forma contemporánea de esclavitud y una forma de violencia de género”, mencionó Fernández Márquez.

Las comisiones unidas coincidieron que la propuesta se fundamenta en La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El 10 de noviembre del 2021, después de que fue público el caso de la venta de una menor para un matrimonio forzado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para erradicar esta práctica que ocurre con frecuencia en la región de la Montaña.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres en 2019 Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional de venta de niñas, y 10 de cada tres niñas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas las venden a través de usos y costumbres,

Con el dictamen aprobado hoy se pretende atender otro punto de las dos Alertas de Violencia de Género (AVG) que tiene el estado, de acuerdo con Bernal Reséndiz la aprobación de la legalización del aborto fue un punto que se atendió con miras a desactivar las alertas de género.

 

Víctimas de matrimonio forzado en Guerrero, una promesa que sigue pendiente

Se cumplieron cinco meses del compromiso institucional de la gobernadora Evelyn Salgado y la atención a las niñas de la Montaña sin avanzar. Anayeli, una de las niñas que huyó al matrimonio forzado, sigue recluida en una Casa Hogar sin acceso a un traductor


Texto: Beatriz García

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

26 de abril del 2022

Chilpancingo

A cinco meses de que las autoridades del estado anunciaron, con apoyo de la federación, que frenarían los matrimonios forzados y que las víctimas recibirían apoyo institucional, siguen sin suceder, de acuerdo con el seguimiento que los defensores y defensoras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han hecho.

El 10 de noviembre del año pasado, después de que fue público el caso de la venta de una menor para un matrimonio forzado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para erradicar esta práctica que ocurre con mayor frecuencia, o al menos así han documentado los organismos de derechos humanos, en la Montaña, región con altos índices de marginación.

Anunció una estrategia en coordinación con otras autoridades, con la presecia de integrahtes de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

Como parte de la estrategia dijo que se harían mesas de trabajo permanentes en las comunidades indígenas.

Luego la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, informó que cada ayuntamiento debería tener un mapa de los riesgos de violencia contra las mujeres, que a las autoridades municipales se les daría capacitación para que conocieran el marco normativo sobre la perspectiva de género y pudieran emprender las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

También que los centros de refugio de mujeres violentadas serían rehabilitados y el personal capacitado, con presupuesto de los ayuntamientos.

Otros elementos que sustentarían esta estrategia serían la de detectar necesidades para dotar de bienes, educación, salud, empleo digno, medidas de protección, procesos de reparación de daños a mujeres y niñas, y la homologación de normas.

El primer caso público de un matrimonio forzado que se conoció en tiempos recientes fue el de Angélica. En octubre pasado, por la documentación de organziaciones de derechos humanos, se supo que Angélica, quien es menor, vivió un casamiento forzado a cambio de 120,000 pesos, además de que fue abusada de manera sexual por su suegro, en Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. Doce días después del anuncio de la estrategia también se supo el caso de Anayeli, de 13 años, quien huyó de su casa, también ubicada en ese pueblo de región Montaña, porque le arreglaron un matrimonio forzado.

De los avances institucionales hasta ahora difundidos por las autoridades sobre la estrategia se apunta la firma de un convenio el viernes pasado entre la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer) con los alcaldes de Alcozauca y Tlapa, Sebastián Ortiz Sayaz y Gilberto Solano Arriaga. Un acuerdo que difundieron como parte de «la estrategia integral para la justicia y bienestar de las mujeres y niñas en 24 localidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica», de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La secretaria, según lo que se lee en el texto, dijo que los alcaldes debían involucrarse en los procesos de capacitación tanto a funcionarios públicos como a efectivos de seguridad.

La estrategia, recordó, contempla garantizar la infraestructura básica, el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades, para erradicar los matrimonios forzados en las niñas, y el fortalecimiento en la atención de apoyos psicológicos y acompañamiento legal.

Pino Girón informó en otro comunicado que para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres, desde la dependencia han brindado de enero a abril 2,062 servicios de asesoría psicológica, jurídica, servicios de traducción, trabajo social, atención al área lúdica, atención pedagógica y médica.

En ninguno de los comunicados hay precisiones de lo que han conseguido hasta ahora rn la Montaña fuera de la firma del convenio.

Las cifras de violencias contra mujeres

Las diferentes violencias hacia las mujeres no paran y organizaciones de la sociedad civil lo documentan. De acuerdo con el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM), en lo que va del 2022, en el estado han registrado 29 feminicidios.

Otras violencias documentadas hasta el 2021 por la organización son la violencia familiar con 2,070 casos, el mayor número registrado es en Acapulco, con 976 casos; la violencia de género con 142 casos, y puerto vuelve a colocarse en el primer sitio con 105 casos; y acusaciones por el delito de aborto en Acapulco, Copala y Chilpancingo, uno en cada municipio.

Por casos de trata de personas en el 2021 en Guerrero, el AGCVIM registró uno en Acapulco; por tráfico de menores tres, en Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec; por violencia equiparada 124 casos; por acoso sexual 42 y por abuso sexual 200 casos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de más de 300 casos de niñas a quienes las forzaron o intentaron forzar para que contrajeran matrimonio, según la abogada de ese organismo, Neil Arias Vitinio.

Estos casos se centran en siete municipios de la Montaña alta: Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Copanatoyac, Tlapa y Xalpatláhuac.

Difícil de erradicar matrimonios forzados en la Montaña: abogada de Tlachinollan

La abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien da acompañamiento de matrimonios forzados en la parte alta de región Montaña, consideró que será difícil erradicar esa práctica arriagada en la región.

En entrevista, la defensora que acompaña los casos de Angélica y Anayeli lamentó que esta práctica está normalizada en los pueblos de Montaña alta, además de que después de que fueron públicos estos casos la situación se abordó como trata de personas. En las comunidades, expuso, las personas son cautelosos al momento de arreglar un matrimonio, situación que se ha planeta en la zona como una costumbre.

La defensora insistió que esta problemática se focaliza en zonas marginadas, alejadas y de difícil comunicación, y eso complica que las instituciones hagan un monitoreo puntual de lo que pasa en las comunidades.

En la estrategia que anunciaron las autoridades, dijo, están involucrados principalmente los presidentes municipales y los DIF, sin que hayan detenido ess prácticas.

Recientemente, en un documento que obtuvo el medio de comunicación digital ANIMAL POLÍTICO a través de una solicitud de información, se supo que la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción” y que en el Presupuesto de Egresos del Estado se contempló un monto de 5 millones 161,000 pesos para implementarla en este año, pero los recursos siguen sin autorizarse.

“Lo que nos preocupa bastante es que hoy en día el DIF en el municipio de Tlapa es difícil toda la cuestión que tiene que ver con la prevención y atención, porque en este mes ha aumentado la violencia contra la mujer. Sabemos que viene la violencia en las comunidades indígenas de toda esta práctica que son mujeres que son vendidas, y que viven con el esposo, los suegros las maltratan”, comentó la abogada.

Un problema que la defensora ha visto y que es necesario atender son los albergues o refugios para dar atención a las mujeres.

En Tlachinollan recientemente, recordó, llegó un oficio firmado por la titular de la Secretaría de la Mujer para solicitarle al organismo refugio para unas víctimas de violencia, pero como sociedad civil no cuentan con esos espacios que debería garantizar el Estado.

Supo que las autoridades suben con complicaciones a algunas cabeceras municipales como Cochoapa el Grande para instalar las mesas de diálogo de la estrategia, también para implementar programas en adolescentes, pero a las comunidades se les ha complicado, y es donde deben focalizar la atención.

En las comunidades están concentrados otros problemas alrededor de los matrimonios forzados, como la salud, la educación, los servicios básicos, los caminos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, según Arias Vitinio se reunió con funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Mujer y les propuso trabajar con las comunidades, asambleas con los pueblos, principales y mujeres, para crear comités de autoridades y jóvenes para saber qué está pasando y, sobre todo, lo que piensan.

En Tlachinollan, dentro de las posibilidades de los defensores, dan apoyo psicológico a las víctimas, sólo en casos particulares, porque atienden casos de desapariciones, feminicidios, violaciones, homicidios, trata de personas, secuestros.

Tlachinollan, el organismo que atiende y acompaña a la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en la Montaña, carace de un albergue, pero ante la desatención de las autoridades ha pagado hospedajes, alimentación a víctimas, trasladado de cadáveres, todas estos acciones debían ser atención que debería de dar el estado.

Este contexto envuelve a una serie de pendientes que hay con las víctimas, como ejemplo los últimos tres casos que atendió Tlachinollan, el de Angélica, el de Anayeli y el de una menor de 13 años de Yucunduta, Metlatónoc.

Guadalupe es revictimizada por negarse a casarse

Guadalupe, así la llamaremos para no revelar su nombre, tiene 13 años y es la última niña a quien Arias Vitinio ha acompañado, porque que intentaban casarla por la fuerza con un joven de 18 años.

La menor es originaria de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, y su padre, quien es migrante en Estados Unidos, se enteró del trato que hizo la madre de su hija con el padre del joven. No estuvo de acuerdo con casarla a la fuerza.

El padre de la niña se comunicó a las oficinas de Tlachinollan para pedir ayuda, porque supo que a la casa de su hija ya habían llevado 70 cartones de cerveza, como parte del arreglo del matrimonio. La niña huyó luego de que supo que la querían forzar a casarse.

En Tlachinollan los defensores mandaron traer a la mamá y al comisario, porque se hablaba de que había colusión con las autoridades municipales.

La niña, dijo la abogada, como en la mayoría de los casos, tuvo miedo y desistió de la acusación por el temor de señalar a sus familiares.

Afortunadamente, dijo Arias Vitinio, se habló con las familias del por qué no debían forzar a la niña a casarse. Disuadieron el compromiso. La niña tuvo que salirse de su comunidad al ser señalada y revictimizada en su comunidad por no cumplir con el compromiso.

“Se truncan proyectos, se trunca la escuela porque ya estaba en tercer año de secundaria, salió. No terminó la secundaria y se deben buscar mecanismos para que no le afecte en la escuela y en algún momento pueda estudiar”, manifestó la abogada.

A la niña le gusta jugar basquetbol y le gustaría aprender a tocar instrumentos musicales, contó la abogada.

Desde Tlachinollan hablaron con autoridades del DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que le dieran apoyo, la respuesta fue que la menor no quiso interponer una denuncia formal y por eso no es posible.

La menor no tuvo acceso a ninguna medida de esta estrategia que se anunció, sólo la intervención de las autoridades municipales para disuadir el matrimonio. Ahora el cargo total de la menor está bajo la tutela de su hermano mayor.

Anayeli sigue recluida en una Casa Hogar y sin acceso a un traductor

Anayeli también fue forzada por su comunidad a huir de ahí, la señalaron porque su caso se hizo público y no se consolidó el matrimonio.

Por la menor pagaron 200,000 pesos a sus padres para que se casara con otro menor de edad, no lo consintió y fue retenida por la Policía Comunitaria de la localidad. En el caso también intervino el organismo defensor, entre ellos la abogada.

Por la menor, ninguno de sus familiares respondió aun cuando se logró disuadir el compromiso, lo único que hicieron las autoridades fue enviarla a una Casa Hogar. Sus padres y sus hermanos se fueron de jornaleros, de acuerdo con lo documentado en Tlachinollan.

La única posibilidad que tiene la menor es que un familiar cercano se haga cargo de ella, pero tampoco lo tiene.

La niña es monolingüe, habla tun´savi, y no ha podido acceder a un perito traductor para que le tomen la denuncia. El argumento de las autoridades es que le están enseñando a hablar “aunque sea poquito español”, aunque se le violentes sus derechos con perspectiva intercultural.

La abogada de Tlachinollan dijo que pidieron a profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que le enseñen a leer, pero aun no lo logran.

La estrategia sigue siendo un pendiente para ella, lo único que tiene es alojamiento, atención psicológica y la promesa de que aprenderá un oficio.

Angélica, en espera de la oprtunidad para estudiar

Angélica huyó de los abusos y maltratos de sus suegros con apoyo de defensores de derechos humanos. Ella ambién fue motivo de señalamientos en su comunidad, por romper con lo que en muchos pueblos de la Montaña tratan como parte de los usos y costumbres. Después de eso le impiden regresar a su pueblo.

El matrimonio de Angélica se disolvió después de que se hiciera público y una tía se hiciera cargo de ella. Viven en una casa rentada y no estudia. No recibe atención médica ni apoyos para estudiar.

La abogada manifestó que como defensores de derechos humanos insisten en que a las víctimas en los ministerios públicos (que dependen de la Fiscalía General del Estado) les hacen valoraciones psicológicas, evalúan daños emocionales y emiten dictámenes para integrar las carpetas de investigación, pero no les dan seguimiento.

Por ejemplo, dijo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se hace cargo de la atención de víctimas de matrimonios forzados.

 

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¿Qué han hecho las autoridades?, cuestionan organizaciones, a cuatro meses de la estrategia contra la venta de niñas

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres demandaron a las autoridades emitir una tercera declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres por matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes en Guerrero


Texto: Beatriz García

Fotografía: Lenin Mosso (Archivo)

12 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

A cuatro meses de que se anunciara una estrategia integral en la Montaña, región de pueblos originarios, para prevenir, sancionar y erradicar el delito de venta de niñas, actores sociales que dan seguimiento a estas acciones, desconocen qué han hecho las autoridades.

Mientras que en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sigue acompañando a menores víctimas, la última fue en este año, una niña de Metlatónoc. La organización logró que no se consolidara el matrimonio forzado al que la estaban orillando, informó la abogada, Neil Arias Vitinio.

El año pasado después de las denuncias públicas sobre las comunidades de los municipios de la Montaña que venden a niñas con el argumento de que es una tradición por usos y costumbres. El 10 de noviembre, en presencia de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de la Mujer encabezó el anuncio del gobierno del estado: una estrategia para evitar más casos de niñas vendidas en esta región.

Aunque la estrategia fue anunciada por la Senujer, el evento oficial, fue encabezado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. Estuvieron la representante en México de la ONU Mujeres, Belén Sáenz Leuke; la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; la coordinadora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Susana Vanesa Otero González, además 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

En entrevista con la abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien ha dado acompañamiento a los casos de ventas de niñas en la Montaña, recordó el convenio que hicieron con autoridades de estos municipios. Después quienes integran Tlachinollan acudieron a Cochoapa el Grande, por el caso de la comunidad Joya Real,  donde una niña de 15 años le intentaron arreglar su matrimonio por la fuerza.

La abogada supo que ni el presidente municipal de Cochoapa el Grande tenía en sus manos el convenio que firmaron con las autoridades del estado.

Lo que sabe, dijo, es que la gobernadora ha ido a las comunidades de la Montaña alta, a Cochoapa el Grande, por ejemplo, pero sólo a regalar juguetes, pero no  a una estrategia real sobre el acuerdo que se tomó en noviembre.

“Nosotros también desconocemos, sabemos que una de las cosas a las que se comprometió la secretaria de la Mujer (Violeta Pino Girón), es que apuesta a la capacitación y sensibilización a las autoridades municipales, a comisarios y están pensando en la realización de unas asambleas para enfocarse en la venta de niñas. También tenemos conocimiento que iban a iniciar unos programas pero sinceramente desconocemos”, precisó la defensora de derechos humanos.

La abogada expuso que tienen conocimiento que ha habido reuniones entre los que anunciaron la estrategia pero que sigue sin estar claro cómo será esta estrategia.

-¿Las autoridades han buscado a Tlachinollan para incluirlos en la estrategia a implementar, por el acompañamiento que han dado a las víctimas?

– Recientemente nos llamaron porque quieren tener un acercamiento con nosotros para que de manera conjunta nosotros podamos decir, de acuerdo al trabajo que hemos realizado el acompañamiento directo con víctimas, de cuáles pidieran ser algunos lineamientos para crear un protocolo.

La abogada agregó que desafortunadamente cuando son temas coyunturales los atienden en el momento pero después las víctimas se quedan en la vulnerabilidad porque nadie es responsable de ellas.

Arias Vitinio resaltó que urge la atención, porque incluso las mismas personas de los pueblos mencionan que no se trata sólo con que les vayan a decir qué deben hacer y qué no, que lo que quieren es que las autoridades también atiendan esta problemática tomando en cuenta que son zonas marginadas y pobres, lugares que están olvidados.

La abogada dijo que las comunidades tienen derecho al desarrollo,  que es necesario que se invierta en estos lugares, que no solo lo hagan en zonas turísticas, y que es necesario para abatir la marginación que viven los pobladores.

Tlachinollan continúa trabajando de manera independiente en el problema de los matrimonios forzados en menores, de acuerdo a la abogada.

“Seguimos acompañando casos, siguen llegando los casos respecto a este problema de que las venden. Los problemas que más atendemos es de violencia, donde vienen y denuncian que no quieren continuar con la violencia, pero que fueron vendidas y que no es tan fácil que puedan romper con esta relación”, dijo.

Tampoco las autoridades han informado a cuatro meses del anuncio de la estrategia qué se ha logrado o qué se ha implementado.

Recientemente mujeres de organizaciones, colectivas, asociaciones, activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas, agrupadas en la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres demandaron a las autoridades emitir una tercera alerta de violencia de género contra mujeres por matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes en Guerrero.

“A la fecha, 07 de marzo del 2022, las colectivas y activistas de las regiones montaña y costa chica que atendemos cotidiana y solidariamente a las mujeres en situación de violencia, reprobamos la falta de información, transparencia y claridad pues no hemos sido convocadas ni informadas acerca de la evolución de esa anunciada estrategia”, resaltaron en un comunicado.

 

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