Pobladores de la Sierra liberan a los 32 policías después de un enfrentamiento a balazos

En el enfrentamiento murieron dos agentes y tres presuntos miembros de la FM. Una mujer policía retenida contó en una reunión entre habitantes y autoridades estatales que los miembros de la FM iban infiltrados en la corporación policíaca


Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Oficial

29 de enero del 2023

 

Habitantes de la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, dejaron en libertad a los 32 policías estatales luego de que este sábado en la tarde se enfrentaron a balazos con elementos de esta corporación que dejó un saldo de cinco muertos.

Dos agentes y tres presuntos integrantes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana que supuestamente iban con los uniformados murieron en la confrontación a tiros con los pobladores.

El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, llegaron a El Parotal. En la reunión con el segundo comisario de la comunidad, los pobladores expusieron cómo fue la irrupción de los agentes estatales y tres miembros de la organización criminal de la Familia Michoacana.

Relataron que este sábado alrededor de las dos de la tarde cinco patrullas con más de 30 policías estatales entraron por la comunidad de Santa Rosa, hacia El Parotal, a una distancia de máximo 30 minutos en vehículo.

Los policías estatales iban encapuchados. Llegaron a la comunidad, catearon viviendas y robaron pertenencias a los moradores.

Una persona del pueblo contó en la reunión que después de las agresiones de los policías contra las mujeres y niños, el pueblo se organizó y tapó las salidas.

La población retuvo a los agentes y exigió sus identificaciones.

Los policías, contó, se negaron a identificarse. El comandante que iba con ellos los protegió y fue entonces que empezó el enfrentamiento a balazos entre policías y pobladores.

Una mujer policía de los 32 retenidos dijo ante los secretarios de Gobierno y de Seguridad que los tres fallecidos en el enfrentamiento, presuntamente pertenecen al grupo de la Familia Michoacana. La mujer policía contó, de acuerdo con la versión de los pobladores, que pasaron por ellos este mismo sábado al hotel Fiesta Americana de Acapulco, antes de trasladarse a El Parotal.

La mujer policía confesó ante Reynoso Núñez y Méndez Gómez que a estas tres personas hospedadas en ese hotel se les proporcionó uniformes de agente de la corporación para infiltrarse con ellos.

Tras escuchar el relato de la agente, el titular de la Secretaría de Seguridad prometió a las autoridades y habitantes del pueblo ordenar una investigación contra los agentes.

Los funcionarios estatales llegaron a El Parotal acompañados por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal.

Méndez Gómez y Reynoso Núñez se comprometieron a que a partir de este lunes 30 de enero instalarán bases de seguridad de operaciones mixtas en las comunidades de Pata de Gallo, Ejido Crucero y en San Antonio de las Texas.

Los habitantes de la comunidad entregaron las armas de los agentes retenidos, a quienes también dejaron en libertad.

Los tres presuntos delincuentes que murieron en el enfrentamiento junto con un comandante y un policía portaban fusiles AK-47.

Un habitante de esa comunidad afirmó que si el gobierno estatal no instala las bases de seguridad en los tres puntos acordados como lo prometieron los secretarios de Seguridad y de Gobierno seguramente registrarán más enfrentamientos.

«Nos dijeron que ayer sábado en la comunidad de Pata de Gallo, muy cerca de El Parotal, ya estaba listo un grupo de integrantes de la Familia Michoacana para bajar», afirmó la misma fuente.

 

Antimotines vuelven a intimidar a estudiantes normalistas durante protesta

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

24 de enero del 2023

Chilpancingo 

 

Estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez Castañeda (ENUF) fueron intimidados otra vez por policías antimotines al protestar en el edificio Juan N Álvarez, en el centro de Chilpancingo, en reclamo de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y les resuelva su pliego petitorio.

Cada año los normalistas plantean un pliego petitorio al gobierno estatal, donde exponen sus necesidades. Hoy unos 200 estudiantes de la ENUF salieron a marchar por esa razón.

La movilización de los normalistas comenzó a las once de la mañana en el Parque Bicentenario, ubicado a unas cuadras del centro de la ciudad. De ahí salieron en marcha hasta llegar al edificio de Finanzas del gobierno del estado, el Juan N Álvarez, ubicado en el centro de la ciudad.

Después de que los normalistas cerraron los accesos al edificio público, desde la vía pública, personal desalojó al resto de los trabajadores y a los visitantes; resguardaron el inmueble con rejas metálicas.

Minutos más tarde llegaron alrededor de 100 policías con equipo antimotin y se colocaron en la calle 16 de septiembre, una de las calles que rodea el inmueble y donde estaban los normalistas, en un intento por encapsularlos.

Los dirigentes de la ENUF, que evitaron hablar de sus demandas plasmadas en su pliego petitorio, advirtieron en un primer momento que permanecerian en el lugar hasta que se les otorgue la audiencia con Salgado Pineda.

Al final, los estudiantes, en un intento por evitar alguna confrontación con los antimotines, se retiraron después de una media hora de mantener su protesta.

Aun cuando los estudiantes no estaban, el personal ya no permitió el acceso al edificio para los visitantes o alguna persona que necesitaba hacer un trámite, pues es una área de recaudación y cobranza, pero sí a los trabajadores.

El servicio lo reanudarán mañana.

El año pasado estudiantes normalistas fueron desalojados de manera violenta por antimotines en dos ocasiones.

El primer desalojo ocurrió el 14 de octubre del 2022, durante un bloqueo de normalistas en la Autopista del Sol.

El saldo de dicho desalojo fue de 16 normalistas heridos con golpes, moretones y rasguños; dos fueron hospitalizados.

Después, el 9 de noviembre, unos 500 estudiantes fueron desalojados del Palacio de Gobierno en el que hubo un par de estudiantes golpeados y dos más fueron detenidos.

 

 

 

En medio de una depresión fallece Antonio, un desplazado por violencia de la Sierra

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

22 de enero del 2023

 

Antonio Trujillo Benito falleció el 21 de enero y nunca pudo regresar a su casa, Campo de aviación, un pueblo de la Sierra de Leonardo Bravo, de donde salió hace cuatro años de manera forzado.

La depresión de Antonio, que se desprende desde su desplazamiento forzado, lo condujo al alcohol y este a su muerte, informó Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

El 11 de noviembre de 2018 un grupo de civiles armados “habrían invadido a comunidades de Filo de Caballos en El Ranchito, Puentecillas, Carrizal, Mirabal y Campo de Aviación donde habrían disparado contra la población civil”, se lee en una recuento de los hechos realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV) que da cuenta de la razón por la que salió desplazado Antonio.

Derivado de esa agresión, en total, unos 2,000 pobladores de dichas comunidades salieron en calidad de desplazados ese mismo día y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.

“Duele mucho la partida de nuestro querido compañero Antonio Trujillo Benítez, pero más me duele que se fue con la esperanza de algún día volver a su pueblo natal”, se lee en el comunicado del Centro Morelos, organización que acompaña personas desplazadas.

En el contenido del comunicado se entiende que derivado de estar fuera de su hogar y con toda su familia, Antonio se refugió en el alcohol, porque pensó que así “encontraría la solución a su tristeza y coraje en contra de un gobierno insensible al cual no le importamos”.

En marzo de 2019, durante un plantón fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solucionar el tema de las personas desplazadas, Francisco, otra persona desplazada tuvo un infarto y fue Antonio, quien con “desesperación fue capaz de darle respiración de boca a boca, tratando de salvarlo, pero finalmente se nos adelantó y ahora él (Antonio)”.

“Finalmente la depresión lo venció, pues es dura y sabemos que por esa causa podemos en cualquier momento perder la vida, por tanta tristeza provocada por haber tenido que dejar todo desde el 2018 para salvar la vida, el no poder regresar a su tierra, la falta de justicia, reubicación y reparación del daño”.

El 17 de noviembre de 2018, seis después de que Antonio huyó de su hogar, los desplazados intentaron retornar en una caravana acompañados de militares, policías, activistas, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero fueron atacados entre Los Morros y Campo de Aviación, dos comunidades de la Sierra.

Por el ataque, los pobladores decidieron no seguir hacia sus hogares y se regresaron a Chichihualco, donde muchos permanecen, otros migraron a Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México, pero esperan el apoyo federal para un retorno seguro.

“Seguiremos luchando para que sus hermanos e hijos alcancen la reubicación y un trato digno, exigiendo justicia para las víctimas que se quedan”, precisó en el texto Centro Morelos.

También exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con su promesa de pronta reubicación y reparación del daño para todas las familias víctimas de desplazamiento interno forzado.

“Que ningún/a compañera/o más mueran sin tener un lugar y un techo seguro donde vivir. Hasta siempre compañero Toño, abrazos hasta al cielo”.

En la imagen, Antonio Trujillo Benito en su posición de víctima de desplazamiento forzado durante una manifestación en la Ciudad de México en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

 

México: Un país de matrimonios inf­­­­antiles

Al menos 153 mil matrimonios con menores se han realizado en los últimos 11 años en México. A pesar de su prohibición, han surgido complicidades con autoridades locales para forzar las uniones.


Texto: Alexis Ortiz / La Lista  

Fotografía y gráficas: La Lista 

30 de noviembre del 2022

 

Las niñas tienen precio en la región de la Montaña de Guerrero. Por Yetzali, de 14 años, una mujer desconocida ofreció 160 mil pesos a su mamá. Fue una tarde de primavera de 2021 cuando la señora visitó la casa de la menor en Cochoapa el Grande e hizo la oferta a cambio de que se fuera a vivir con su hijo Diego, de 17 años.

Aquel día, Yetzali estaba en casa con su mamá, a quien le ayudaba a preparar atole para vender y a cuidar a los dos bebés de sus hermanas. No era la primera vez que en su familia escuchaban una oferta similar, su madre también fue vendida cuando era más joven para vivir con un hombre que años después la abandonó con sus tres hijas.

La mamá de Yetzali pidió tiempo para platicar sobre la oferta con su hermano, la figura masculina más cercana a ella. Pero Ofelia insistió durante tres semanas, trató de convencerla diciendo que a su hijo Diego le gustaba la joven delgada, alta y de piel morena.

El tío de Yetzali se sentó con Ofelia para fijar un precio, como si estuviera negociando la venta de ganado. Pero la mujer mantuvo la oferta y soltó una amenaza: si no aceptaban, caería una maldición sobre ellos, una advertencia que tomaron muy en serio.

“La señora dijo que si no aceptaban, no me iba a casar nunca. Fue cuando mi mamá y mi familia decidieron darme”, dice Yetzali en tu’un savi, su lengua natal. Cuando la obligaron a vivir con Diego no dijo ni sintió nada, estaba resignada a repetir la historia de su mamá. Solo tenía un deseo: que la trataran bien.

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En México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021: 38 uniones cada día, según datos obtenidos por La-Lista1. Aunque la práctica está prohibida desde 2014, esto no frenó el problema. Desde la prohibición se celebraron miles y miles hasta llegar a 19 mil en todo el país. El problema afecta más a las mujeres que a los hombres porque en ocho de cada 10 matrimonios, la cónyuge es una menor de edad.

En Ahome, Sinaloa, una niña de nueve años fue casada con un hombre de 43 años en 2010. En ese mismo estado, una joven de 16 años se tuvo que casar con un anciano de 83 en 2014. Entre 2010 y 2016 se registraron oficialmente 17 matrimonios de hombres mayores de 60 años con niñas que llegaban a tener hasta 14 años en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Campeche y Chihuahua.

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Los matrimonios infantiles son un problema visible en todo el país y ocurren con mayor frecuencia en Guerrero, donde se registra uno de cada cinco, le sigue Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. Los casos más recientes fueron en los municipios Allende y Dolores Hidalgo, en Guanajuato; Morelia, Michoacán, y Calpan, Guadalupe Victoria y Jonotla, en Puebla. “No solo en las comunidades indígenas sucede, en las periferias de las grandes ciudades suceden, ahí están los casos, hay que sancionarlo y visibilizarlo porque la ley tiene que ser pareja para todos y para todas”, dice Eufrosina Cruz, activista indígena y diputada del PRI.

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No hay un registro exacto del primer matrimonio infantil en México. “Es un problema añejo, un problema de décadas. Aquí en los pueblos originarios, principalmente en las cabeceras municipales, es donde se tienen focalizados los casos”, detalla Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Robert McCaa, historiador de la Universidad de Minnesota, encontró que en el siglo XVI ya había registros de este tipo de uniones donde las niñas nahuas eran entregadas entre los ocho y los 15 años.

La situación global no cambia mucho, es un problema arcaico que todavía ocurre. Actualmente hay 650 millones de mujeres en todo el mundo que se casaron antes de cumplir 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La amenaza es real: la Unicef proyecta que 150 millones de niñas corren el riesgo de casarse antes de 2030.

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El trato para entregar a Yetzali se cerró con 160 mil pesos y una fiesta de tres días. En Cochoapa el Grande, las bodas comienzan el lunes, cuando los padres de la pareja le preguntan ante todo el pueblo si es su voluntad estar juntos. El martes hay una ceremonia donde la familia de la mujer recibe el dinero y la entregan. El miércoles, la pareja se va a su nueva casa. Todo esto mientras los invitados comen, toman y bailan con música en vivo.

A las pocas semanas de la celebración, Yetzali quedó embarazada. La joven tenía la esperanza de que en su nuevo hogar la trataran bien, pero Ofelia comenzó a obligarla a realizar los quehaceres del hogar y a trabajar hasta por 12 horas en un campo de cultivo de chile y tomate en Amatlán, Jalisco. No recuerda cuántos kilos de verdura alzaba, solo pone la mano por debajo de su pecho para señalar el tamaño de las arpillas que cargaba hasta que cumplió ocho meses de embarazo.

“Estaba embarazada y seguía trabajando, durante todo ese tiempo me tocaba moler y llevar la comida al lugar en el que debía trabajar. Aparte tenía que limpiar y hacer lo que mi suegra dijera, solamente así estaba contenta y si no, se enojaba. Si le pedía dinero, lo único que me daba eran 10 o 20 pesos”, cuenta. Cuando estaba cerca de parir, Yetzali, Diego y Ofelia volvieron a Cochoapa el Grande, donde nació el bebé.

Los maltratos continuaron. Ahora Ofelia le decía que el niño no era su nieto porque no se parecía a su hijo. Un día de febrero, cuando la mujer estaba distraída, Yetzali aprovechó para escapar a casa de su madre, estaba cansada de la violencia. Lo único que esperaba de ese matrimonio, recibir un buen trato, nunca ocurrió.

Ofelia fue tras ella: pidió ayuda a la Policía del Pueblo, un grupo civil armado que no es reconocido por el gobierno municipal y que hace justicia por su propia mano si alguien se lo pide con un pago de por medio. Cuando se trata de mujeres que huyen de sus parejas, van por ellas, las llevan por la fuerza y las encierran en un cuarto que usan como cárcel bajo amenaza de muerte.

Yetzali estaba acostada en casa de su mamá cuando los hombres armados irrumpieron. Apenas tenía pocas semanas de haber huido. La tomaron por el brazo, a una de sus hermanas la jalonearon y las metieron a una camioneta para encerrarlas. Durante siete horas recibió amenazas de muerte por parte del grupo armado que le exigía volver con Diego o que regresara a Ofelia los 160 mil pesos que había pagado por ella. Devolver el dinero no era opción, su tío se había quedado con 100 mil pesos y su abuelo con los otros 60 mil pesos.

La única hermana de Yetzali que estaba en libertad pidió ayuda a Hildeberta Moreno, la síndica de Cochoapa el Grande, para que interviniera. Después de varias horas, por fin quedaron libres. En una camioneta de la policía municipal, la funcionaria trasladó a la familia a la ciudad vecina de Tlapa de Comonfort, a tres horas de distancia, entre caminos de terracería, baches y lodo. Las cuatro mujeres y sus hijos se atrincheraron en un refugio improvisado por una organización social –sin camas, sin baños y sin luz–, en busca de un poco de paz.

 

Puedes ver la tabla interactiva en el siguiente enlace:

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Hasta 2019, el Código Civil Federal permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres. Esto a pesar de que el Congreso de la Unión prohibió la práctica cinco años antes con la creación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Al igual que las autoridades federales, los congresos locales se tardaron hasta seis años en reformar sus códigos civiles para prohibir el matrimonio infantil. Avanzaron a paso lento. Baja California fue el último estado en hacerlo en 2020 y, mientras eso sucedía, sus registros civiles autorizaron 256 uniones de niñas, niños y adolescentes.

Los matrimonios infantiles en México siguen ocurriendo con la participación de las autoridades. Funcionarios del registro civil, jueces de paz y síndicos municipales son algunos de los servidores públicos que, a través de distintos mecanismos, avalan que niñas y niños vivan juntos o con alguien mayor, pese a la prohibición de ley.

Tan solo en Guerrero, los jueces de paz –integrantes del Poder Judicial– han emitido 36 actas de 2015 a 2022 para respaldar que dos menores vivan juntos por “voluntad propia”, según el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

La-Lista solicitó información a los cuatro estados donde hay jueces de paz –Yucatán, Chiapas, Baja California y Guerrero–, pero los poderes judiciales de tres entidades respondieron que no había registro de actas que avalen la unión con menores. Solo el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero admitió el problema y compartió los nombres de los funcionarios que han creado estas actas:

  • Teteo Inan Reyes Luciano en el municipio de Teloloapan.
  • María Patricia Guadarrama Garrido en Leonardo Bravo.
  • Santana Galván Catalán en Zihuatanejo.
  • Crescenciano Nava Ramos en Cuautepec.
  • Hugo Quevedo Romero en Atoyac de Álvarez.
  • Ana Lilia Cuevas Monroy en Juan R. Escudero.
  • Clemente Tagle Pérez en Ahuacuotzingo.
  • Norberto Ceballos Suastegui en Tlapa.
  • Esperanza de la Cruz Godoy, secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Paz de Atoyac de Álvarez.

A los registros civiles y los jueces de paz se suman los síndicos municipales, funcionarios que dan su aval para que niñas y niños se unan de manera informal. “Hay algunas comunidades donde hemos detectado que (las familias) van con el síndico o el alcalde, y ahí generan este proceso de formalización del matrimonio”, describe Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde se han registrado 84 matrimonios con menores desde 2014.

En Chiapas, donde hubo 776 uniones con menores a partir de la prohibición, estas ocurren de manera distinta: las familias llegan a acuerdos para que los jóvenes vivan juntos y, cuando cumplen 18 años, acuden al registro civil para formalizar el matrimonio. Carlos Bautista, síndico del municipio de Amatenango del Valle en el estado, dice que es parte de los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas.

Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley, sentencia Neil Arias, de Tlachinollan. “Si estas autoridades saben que es delito, si saben que están prohibidos los matrimonios infantiles, entonces ellos tienen que hacer esa labor de convencimiento y compartirlo en sus lenguas originarias para que la gente entienda que el hecho de que a una menor de edad la casen violenta sus derechos porque no está decidiendo por sí sola”, agrega la abogada.

Al ser intercambiadas por dinero, alcohol o ganado, las mujeres dejan de ser consideradas personas y enfrentan una vida de violencia física y verbal.

Puedes abrir el mapa interactivo en el siguiente enlace:

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Originaria de Michoacán, Irma no entiende por qué su papá la casó con un hombre que le doblaba la edad. Darío, quien intentó violarla a los nueve años, se convirtió en su esposo cuando ella tenía 15. Le dijeron que era para que no le faltara nada, pero la promesa no se cumplió: abusó sexualmente de ella y la obligó a trabajar como albañil sin paga. Después de 10 años, la abandonó con cinco hijos.

Cuando las niñas y adolescentes se casan, tienen menos oportunidades de tener un desarrollo de vida digno, dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “Se interrumpe su trayectoria escolar y su desarrollo físico cuando tienen embarazos tempranos. Ellas no pueden tener un desarrollo profesional, sobre todo cuando son ofrecidas y ofertadas como si fueran una pertenencia de la familia”.

Las niñas menores de 18 años que viven con su pareja tienen 10 veces menos probabilidad de ir a la escuela que las que el resto. En 2020 había 226 mil 699 niñas de 12 a 17 años que vivían en pareja con otra persona y la mayoría ya tenía un bebé, según datos de Inegi.

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Eufrosina Cruz tenía 12 años cuando dejó de comer como forma de protesta porque no se quería casar. Le dijo a sus padres que quería irse de Quiegolani, un municipio de la sierra sur del estado de Oaxaca. Terminaron por ceder, su mamá le arregló sus mejores vestidos y huaraches de plástico en una malla y caminó con su papá 12 horas hasta el lugar donde salían los camiones para llegar a Tehuantepec, donde vivían sus tíos.

Con ella se rompió el destino que vivieron su abuela, su madre y su tía. Años más tarde, Eufrosina se convirtió en la primera mujer en ganar una elección para ser presidenta municipal de Quiegolani, pero los hombres de su comunidad no la dejaron asumir el cargo porque es mujer. Después fue electa como diputada local y se convirtió en la primera presidenta del Congreso de Oaxaca. Ahora es diputada federal y está convencida de que los matrimonios infantiles no son parte de los usos y costumbres, sino una forma de esclavitud para las niñas.

En diciembre de 2021 comenzó a impulsar una reforma al Código Penal Federal para que se castigue con 15 años de cárcel a quien permita que una niña o un niño vivan en pareja. “Hay que construir una nueva narrativa para decir: eso se llama abuso, eso se llama violencia, eso se llama trata y tiene una sanción”, dice indignada. “Lo prohibido y lo que no está sancionado es permisible”.

La iniciativa de reforma de la diputada Eufrosina Cruz ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en el Senado de la República a la espera de ser discutida. El objetivo es que no haya más jóvenes obligadas a casarse o a vivir con alguien más.

A sus 15 años, Yetzali ya fue vendida, hizo trabajos forzados, tuvo a su primer hijo, escapó de sus agresores, la amenazaron de muerte, estuvo en la cárcel y huyó junto con su familia para salvar su vida. Hoy no está dispuesta a guardar silencio y exige justicia. Ni una Yetzali más, ni una niña más.

 

 

 

«No hay médicos, enfermeras y medicinas en hospitales», reconoce el presidente en su visita a Acapulco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Cromática, agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco la tarde de este martes, donde reconoció que el sistema de salud en Guerrero enfrenta carencias como la falta de médicos, enfermeras, aparatos y hasta medicamentos.

López Obrador encabezó el banderazo de inicio del Plan de Salud IMSS-Bienestar en la colonia de Ciudad Renacimiento, ubicada en la zona suburbana de este municipio, donde hay altos índices de marginación y pobreza, además de la alta tasa de homicidios y otros delitos.

El acto se desarrolló en el Hospital General Donato G. Alarcón y previo a la llegada de López Obrador, hubo múltiples protestas de trabajadores, campesinos y colonos que exigían solución a sus demandas.

López Obrador cuestionó que aun cuando en Acapulco está la sede de la Secretaría de Salud –como parte de su programa de su gobierno de descentralización de las secretarías– en los hospitales y centros de salud no hay suficientes médicos, enfermeras, enfermeros, equipo y medicamentos.

«Pero además de todas estas carencias los centros de salud solo están abiertos de lunes a viernes y eso se va acabar, porque la gente también se enferma los sábados y domingos», expuso el presidente quien estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el director del IMSS, Zoé Robledo y el Secretario de Salud, Jorge Alcocer además de la alcaldesa de este municipio, Abelina López Rodríguez.

En su discurso, el mandatario se comprometió a levantar el sistema de salud en el país. Fue una promesa que hizo al inicio de su gobierno, pero que se frenó, según él, por atender la pandemia por la Covid-19.

Ante cientos de personas que fueron a Acapulco a echarle porras, López Obrador prometió que los trabajadores del sector salud que no tienen una base laboral ahora la tendrán.

Esta promesa del presidente, que también la hizo en el 2018, cuando empezó su gobierno, tampoco la ha cumplido.

Previo a su visita este martes por la tarde, un grupo de trabajadores del Hospital General de Zihuatanejo lo recibieron con protestas y le exigieron garantía laboral y las prestaciones sociales que establece la ley.

«Vamos a garantizar que todos los trabajadores de salud que no tienen base ahora la tengan», dijo en su discurso el presidente.

Otro compromiso que hizo López Obrador es que habrá todos los aparatos necesarios en los hospitales y centros de salud de Guerrero y la instalación de cuando menos ocho centros para realización de hemodiálisis a las personas que padezcan una enfermedad en el riñón.

El presidente anunció que regresará a este mismo sitio en un plazo de seis meses para ver si todo lo que prometió se está cumpliendo.

Poco antes de la llegada del presidente, decenas de personas tomaron las calles para protestar.

Un grupo de campesinos del municipio de Acatepec, en la región de la Montaña, exigió que el gobierno federal cumpla con la terminación de un eje carretero en esa zona.

También protestaron empleados de Vectores de la Secretaría de Salud estatal que exigen mejores salarios, equipo y vehículos.

Unos 200 profesores estatales afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) cerraron  casi 20 minutos los dos carriles de la costera Miguel Alemán para exigir al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda el pago de un retroactivo salarial que se los prometieron desde hace meses.

Autoridades estatales desactivaron esta última protesta luego de que a los profesores les hicieron efectivo el pago de 20 mil pesos.

Previo a la visita del presidente, autoridades del ayuntamiento enviaron desde este lunes varias brigadas de trabajadores para que realizaran labores de limpieza en las calles de esta colonia, ubicada en la zona suburbana de este puerto y una de las más violentas.

Se desplegó una fuerte operación de fuerzas federales y estatales.

Este lunes, en esta demarcación, un grupo armado entró a una vivienda y asesinó a balazos a una mujer e hirió a su esposo y a sus dos hijos.

Este martes, en esta misma colonia ocurrió una balacera entre integrantes de dos grupos armados y hasta el momento las autoridades estatales no han informado si hubo muertos o heridos.

López Obrador arribó a esta zona alrededor de las 16 horas y durante su trayecto hacia el Hospital a bordo de una camioneta, fue detenido por los manifestantes, a quienes los atendió.

Ya para cerrar su discurso, el presidente les dijo a los asistentes que en Guerrero tienen una excelente gobernadora, lo que originó que se escucharan algunos abucheos contra Salgado Pineda.

Luego Obrador les alzó la mano a la mandataria estatal y a la edil Abelina López Rodríguez.

Posteriormente se bajó del templete y la gobernadora lo siguió.

Así la visita de López Obrador a Acapulco.

 

Aumenta delito de extorsión en Guerrero, reconoce Secretario de Seguridad ante diputados

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Congreso del estado 
25 de noviembre del 2022

 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Gómez Méndez compareció a puerta cerrada en el Congreso en donde reconoció que el delito de extorsión en Guerrero ha venido en aumento en este gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
En su resumen, Méndez Gómez informó ante las comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso, que en la entidad aumentó el delito de extorsión en un 93 por ciento.

Durante su comparecencia ante los diputados locales, la única a puerta cerrada de la semana de comparecencias, Méndez Gómez reconoció que hacen falta policías para la seguridad de los guerrerenses.

El funcionario explicó que de los 4,445 elementos en nómina de esa dependencia, 523 realizan funciones de custodia penitenciaria; 617 atienden medidas cautelares o de protección, 343 están incapacitados o adultos mayores y hay mil 288 ausentes por franquicia vacaciones, incapacidad y permisos.

Méndez Gómez informó a los legisladores que de acuerdo a los estándares que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el tema de seguridad, se señala que por cada mil habitantes debe haber 2.8 policías.

En ese sentido, la entidad cuenta con 3 millones 540 mil 685 habitantes, y se requieren de 9,913 policías, de tal manera que se necesitan 3,234 policías más para cumplir con ese indicativo internacional.

Durante su resumen explicó que los policías estatales con los que cuenta el estado para realizar actividades de seguridad ciudadana sólo son 1,674, quienes atienden las llamadas del servicio de emergencia 911, brindan seguridad a programas sociales, atienden conflictos agrarios, realizan recorridos de proximidad social, seguridad a comunidades por desplazamiento, dan seguridad a eventos deportivos y culturales, y atienden manifestaciones sociales.

El funcionario estatal acudió al Congreso Local, para ampliar la información sobre la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del Primer Informe de Evelyn Salgado Pineda.

Explicó que como parte de las estrategias que se delinean en la Mesa para la Construcción de la Paz,  se logró la detención de 33 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 13 armas de fuego y la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo.

Respecto a los salarios de los elementos policiacos, el secretario de Seguridad Pública, dijo que los elementos de esa corporación tienen un sueldo mensual de 11,554 pesos, y reciben por concepto de viáticos por 7 mil 500 pesos, por lo que se requiere de un incremento de mil 728 pesos para alcanzar el estándar nacional, dado que los viáticos no son considerados parte del sueldo.

Finalmente, expuso a los legisladores que del mes de enero a septiembre del 2022 se contabilizaron en Guerrero 1,035 homicidios dolosos, con lo que Guerrero se ubicó en el octavo lugar.

La Biblioteca del Congreso local sólo presentaba problemas de humedad: Secretaría de Protección Civil

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
16 de noviembre del 2022
Chilpancingo

 

El secretario de Prevención de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, informó que la Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso local, presentaba «poco deterioro» y «problemas de humedad», por lo que se desconocen los motivos de la demolición.

Arroyo Matus mencionó que hay dos dictamenes sobre la Biblioteca, emitidos por la administración pasada del priista Héctor Astudillo Flores, donde menciona que en el edificio , «Había deterioros sobre todo debido al paso del tiempo, que estaban provocando algunas filtraciones de humedad y básicamente era eso», mencionó.

Agregó que como Secretaría de Protección Civil no están facultados para recomendar una remodelación o demolición de inmuebles, por lo que desconoce los motivos por los que se demolió el edificio que albergaba la Biblioteca Siervo de la Nación.

«Normalmente Protección Civil no está facultado para emitir dictámenes de demolición. Se hacen dictámenes y opiniones técnicas de la seguridad estructural, pero no puede recomendar demoliciones», dijo Arroyo Matus.

En la imagen, el secretario de Prevención de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, durante una entrevista en Palacio de Gobierno. Foto: Óscar Guerrero

El secretario explicó que la decisión de demoler la Biblioteca la tuvo que realizar un director responsable de obra, pero que ellos ya son «entes autónomos y privados».

«Lo que yo pude ver en los dictámenes es que se recomendaba que participara un director responsable de obras para establecer si era necesaria una demolición».

El contexto de la demolición de la Biblioteca generó una discusión estos últimos días entre los morenistas Alfredo Sánchez Esquivel, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la actual presidenta del citado órgano, Yoloczin Domínguez Serna.

La demolición de la Biblioteca se realizó durante la administración de Sánchez Esquivel en un marco de opacidad y señalamientos por parte de sus compañeros diputados de no transparentar la información sobre la obra.

Domínguez Serna aseguro que tiene en su poder un dictamen donde establece que no es necesaria la demolición de la Bibloteca y que hubo recursos destinados a la construcción que no se ejecutaron con tal fin.

Por su parte, Sánchez Esquivel catalogó de «ignorante» a Domínguez Serna, por lo que ayer diputadas de Morena culparon de misógino a Sánchez Esquivel y se armó un pleito en el pleno del Congreso local.

En la imagen, los trabajos de demolición de la Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso local. Foto: Óscar Guerrero

 

Hombres armados cumplen dos días con la toma de Apaxtla 

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Gobierno del estado

Chilpancingo

 

Hombres armados que se identifican como policías comunitarios de la Sierra de Tlacotepec cumplieron tres días en Apaxtla de Castrejón, supuestamente, para evitar que un grupo armado imponga los precios de los productos de la canasta básica y de los servicios públicos como el transporte.

Desde este domingo en la tarde arribaron a la cabecera de este municipio las autodefensas con su dirigente Salvador Alanís Trujillo.

Según los reportes, son más de 500 hombres armados los que están en este municipio.

Apaxtla está ubicado en la región Norte del estado y actualmente es gobernado por el alcalde David Manjarrez, quien milita en las filas del Movimiento Ciudadano (MC).

Los dirigentes de las autodefensas de Tlacotepec acusaron a los integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera y al grupo del crimen organizado denominada La Bandera de imponer los precios del refresco, cerveza, combustible, productos básicos y hasta de los productos chatarra.

Un huevo que costaba 2.50 pesos, ahora su precio es 5.50 pesos con 50; un refresco de 10 pesos lo subieron a 19.

Habitantes de Apaxtla contaron que los miembros de la Tecampanera y La Bandera detienen a los proveedores a quienes les compran la mercancía y después la distribuyen con un precio más elevado.

Comisarios de comunidades que colindan con los dos municipios de Apaxtla y Heliodoro Castillo acordaron la entrada de las autodefensas y exigir la intervención del gobierno.

Denunciaron que desde hace tres semanas la situación se agravó porque La Tecampanera y otro grupo armado no permite el paso a los transportistas que llevan los insumos a Apaxtla de Castrejón.

La incursión de los supuestos policías comunitarios de Tlacotepec se registra después de que hace una semana los miembros de la Tecampanera cerraron dos días la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de Teloloapan.

El bloqueo fue para exigir al gobierno que impida el ingreso a esta zona de los supuestos policías comunitarios de Tlacotepec, que según los líderes de la Tecampanera, tienen nexos con el grupo del crimen organizado llamado Los Tlacos.

El pasado 8 de noviembre, cuando todavía estaba el bloqueo en la vía federal, individuos armados se enfrentaron a balazos en la comunidad de Cuaxilotla, del municipio de Cuetzala del Progreso, dejando como saldo dos personas asesinadas y dos camionetas incendiadas.

Se presume que el enfrentamiento fue entre integrantes de la Tecampanera y Los Tlacos.

Cuetzala es un municipio que colinda con los municipios de Apaxtla y Teloloapan.

Adrián Wences Carrasco, líder estatal del MC, afirmó que está enterado de que estos supuestos policías comunitarios llegaron a Apaxtla para frenar el alza de precios de todos los productos y hasta del transporte que supuestamente impone un grupo armado a la población.

«Yo hablé con el alcalde (David Manjarrez) el pasado sábado y me dijo que esperaba una situación como ésta y por eso canceló una reunión que íbamos a tener con otros ediles del Movimiento Ciudadano en Tlapa», comentó el líder de este partido.

«La verdad en esa zona Norte y Tierra Caliente es una situación muy delicada porque la delincuencia tiene todo bajo control; los precios de la tortilla, el maíz, la carne, los refrescos, los combustibles son ellos los delincuentes los que imponen el precio”, dijo el líder del MC.

Wences Carrasco afirmó que está enterado de que hasta el momento no se ha registrado ningún incidente en Apaxtla y que la situación se mantiene en calma.

La policía comunitaria de Tlacotepec que tiene bajo su control Apaxtla se dio a conocer en noviembre del 2018 cuando irrumpió en comunidades del municipio de Leonardo Bravo en donde más de mil personas fueron desplazadas de esa zona de la Sierra.

En la imagen, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, en asamblea con pobladores de Apaxtla de Castrejón. Foto: Gobierno del Estado

 

Declaran patrimonio cultural la gastronomía y la cocina tradicional guerrerense

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El día de hoy el Congreso local declaró patrimonio cultural tangible e intangible a la comida y cocina tradicional guerrerense.

La iniciativa fue una propuesta de la Comisión de Cultura y tiene como objetivo implementar el reconocimiento y la riqueza culinaria del estado.

Con este decreto se pretenden crear políticas públicas que protejan, reconozcan y preserven “los saberes, sabores, técnicas y conocimientos de las mujeres y hombres que forman parte del ciclo gastronómico de la cocina guerrerense”, se mencionó en el dictamen .

También quedó instituido el 15 de octubre como Día de la Cocina Tradicional de Guerrero y en el marco de este día se celebrará el Encuentro de Cocineras Tradicionales y se otorgará el Premio de Rescate y de la Cocina Tradicional de Guerrero.

“Derivado de la inscripción de la gastronomía mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, así como de la declaratoria del Día de la Gastronomía Nacional el 16 de noviembre de cada año, se ha buscado impulsar la riqueza natural y cultural de Guerrero y ubicarlo como destino turístico de clase mundial”, mencionó el diputado priista Jesus Parra García, promovente de la iniciativa.

Parra García dijo que intentarán complementar las acciones relacionadas con el decreto recién aprobado, a través de las comisiones de Educación y Cultura, de las secretarías de Cultura y de Desarrollo Económico y junto a los ayuntamientos buscarán promover el reconocimiento de esta declaratoria a nivel nacional e internacional.

Al respecto, la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz mencionó que este decreto cubre una deuda histórica con las mujeres en relación a su empoderamiento económico, “además de reconocer que la gastronomía, a través de los años, ha posicionado a Guerrero como uno de los principales destinos turísticos”.

El decreto fue votado por unanimidad de los 35 diputados presentes en la sesión.

Durante la votación asistieron cocineras tradicionales de los municipios de Chilapa, Tixtla y Atixtac que expusieron parte de la gastronomía de la región como son las chalupas, tamales y tostadas.

Las cocineras agradecieron a los diputados y mencionaron que este reconocimiento es importante para cocina tradicional guerrerense porque esta obtiene premios a nivel nacional e internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huir, desplazarse, deprimirse, desaparecer: la tragedia de los que huyen 

En octubre se registraron 74 desapariciones en Guerrero, uno de los desplazados internos que huyó de la violencia es una de las víctimas. Desapareció junto a un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos y por esa razón su caso fue público


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero

9 de noviembre del 2022

Chilpancingo

 

El 28 de octubre pasado, Pedro Romero Sotelo, de 64 años, avisó a su esposa que iría con unos amigos a buscar trabajo. La posibilidad de tener empleo le dio algo de felicidad.

El 2021 fue un año difícil para Pedro. Tuvo depresión y para salir recibió atención psicológica. Pedro estuvo deprimido porque perdió, de un día para otro, su casa, su parcela, su huerta. Su pueblo. En resumen: toda su vida.

Pedro tenía cuatro años en desplazamiento interno forzado. Se llama así a la situación límite que obliga a cientos de miles personas a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del mismo país debido a situaciones de conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos y catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, de acuerdo con la ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados.

Los desplazados huyen para salvar la vida. En noviembre del 2018, Pedro, su esposa y sus dos hijos huyeron de su hogar en Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, en la zona Centro de Guerrero, a causa de la violencia generada por el choque entre Los Tlacos y el Cártel de la Sierra, dos grupos del crimen organizado coludidos con intereses económicos y políticos de la región.

Fuera de su hogar y su huerta de aguacates en Campo de Aviación, Pedro entristeció a tal grado que dejó de sentir interés por la vida. Es uno de los impactos psicológicos que enfrentan las personas que se desplazan cuando se dan cuenta que no recuperarán su vida anterior. El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón gestionó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyo psicológico para Pedro, su familia y las demás personas desplazadas en la cabecera de Leonardo Bravo, Chichihualco.

Pedro buscaba trabajo para ocuparse en algo y para llevar dinero a su casa.

La mañana del 28 de octubre dijo a su esposa que ya había hallado algo, indicó que iría con dos amigos a donde lo emplearían.

Alcanzó a decirles que ese trabajo sería en un aserradero. No dijo más. Sus familiares lo vieron emocionado ante esa posibilidad. Salió de casa con entusiasmo.

Ese rostro, con una sonrisa, es la última imagen de Pedro en la mente de sus familiares.

Octubre: 74 desapariciones

Este décimo mes del año fue uno de los más violentos en Guerrero de este 2022, fue el mes de la masacre en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, y de tres personas desaparecidas en un mismo evento. Ese 28 de octubre que desapareció Pedro, fue el mismo día que desapareció Efrén Barrios Cárdenas, de 55 años, y a Adolfo Aparicio Bello, de 34.

Pedro, Efrén y Adolfo iban juntos cuando sus familiares perdieron rastro de ellos.

Este octubre, los casos de desapariciones incrementaron 25 por ciento, con respecto al mes anterior. Septiembre cerró con un registro de 59 personas desaparecidas, de los que 29 fueron localizados. En octubre se registraron 74 desapariciones, de las que se reportó que 26 fueron localizadas, tres sin vida. Estas tres personas halladas sin vida son Pedro, Efrén y Adolfo.

Las familias de las víctimas de desaparición tienen diferentes formas de dar a conocer que dejaron de ver a un ser querido. En Guerrero hay tres tipos diferentes de alertas. Para que la autoridad emita una alerta hay una denuncia del hecho.

Otras familias no tienen la opción de hacer una denuncia ante una autoridad y sólo dan cuenta de lo que viven mediante redes sociales, a veces ni eso.

La familia de Pedro es un ejemplo. Huyeron de la violencia en Campo de Aviación y, en Chichihualco, en donde se refugiaron, viven con miedo.

Por la desaparición de Pedro no se emitió ninguna alerta. Por los casos de Efrén Barrios Cárdenas y Adolfo Aparicio Bello, se emitió la ficha de búsqueda Has visto a.

De las 74 desapariciones registradas este octubre se emitió una alerta Alba (para los casos de mujeres mayores de 18 años), ocho alertas Amber (para niñas y niños menores de 18), 32 alertas Violeta (para mujeres sin distinción de edad cuyas familias denuncien a un número telefónico exclusivo para este fin), 19 alertas Has visto a (generalmente es para casos de hombres mayores de 18 años), cinco mediante la Comisión Estatal de Búsqueda, seis por Locatel y tres solamente en redes.

Bloquear, gritar, exigir…

Por la denuncia de los familiares de Adolfo Aparicio Bello, la familia de Pedro Romero Sotelo supo que esa mañana del 28 de octubre Pedro se fue a Quechultenango y que el trabajo que había hallado, como dijo a sus familiares, sería en Mochitlán.

Pedro, Efrén y Adolfo fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín, municipio de Quechultenango, alrededor de las siete de la noche.

Estas tres desapariciones fueron abiertamente públicas porque Adolfo era funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y salieron a exigir, primero con denuncia ante los medios, la búsqueda de su familiar y el organismo de derechos humanos se pronunció para que la FGE los buscara.

Adolfo Aparicio fue precandidato a la alcaldía del municipio de Copala, región de la Costa Chica, por parte de Morena y diputado suplente por ese mismo partido en la 62 Legislatura. En 2021 lo nombraron encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la CDHEG.

Hace cinco meses, falleció el papá de Adolfo, quien tenía una maderería en Chilpancingo. El ex precandidato se hacía cargo del negocio familiar y a Quechultenango fue a acordar la compra de madera, de acuerdo con lo que compartieron integrantes de la familia.

Cuando los pronunciamientos no fueron suficientes, las familias bloquearon la Autopista del Sol para exigir la búsqueda. El lunes 31 de octubre, los familiares de los tres desaparecidos cerraron el carril Norte-Sur de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, alrededor de tres horas. Ese punto es estratégico en la vía, cuando se bloquea, se ahorca la circulación de los automovilistas hacia Acapulco, ya sea por la Autopista o por la vía libre, situación que se complica cuando se trata de los puentes vacacionales, como fue el caso, ya que ese lunes 31 era la mitad del puente por Día de Muertos. Así que les hicieron caso.

Las familias fueron atendidas a las tres horas del bloqueo y la FGE reanudó la búsqueda iniciada el día anterior, dos días después de la denuncia de las desapariciones.

En octubre, 23 personas sin aparecer o no localizadas

De las 74 desapariciones registradas en octubre, 48 personas fueron localizadas, aunque la FGE nunca informa las circunstancias en las que regresan a sus hogares. Sólo cuando se trata de casos mediáticos como los de Pedro, Efrén y Adolfo se saben las circunstancias de la localización, algunas de esas veces, las personas reportadas como desaparecidas, son localizadas sin vida.

Las personas que siguen sin ser localizadas este mes, de las 74, son 23. Las otras regresaron a sus hogares.

23 familias sin conocer el paradero de un integrante son muchas en un mes y ese dolor a veces es perpetuo. En México hay una crisis por la cantidad de personas desaparecidas desde el 2007, año en que el presidente panista Felipe Calderón decidió declarar una supuesta guerra al narcotráfico. Esta crisis de la que se pronunciaron organismos internacionales originó la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y la integración de un sistema único de información para registrar y contar a las y los desaparecidos.

Este registro debería diferenciar entre personas desaparecidas y no localizadas. Una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y una persona desaparecida es aquella de la que se desconoce su paradero y su ausencia podría estar relacionada con la comisión de un delito. En Guerrero, la FGE no hace ninguna distinción en el registro, todas son personas no localizadas. Las personas no localizadas podrían estar en esa condición por su propia decisión, no por un posible delito cometido por alguien. La presunción de desaparición eleva las estadísticas sobre delitos.

Esa podría ser la causa de que la FGE llame a todos no localizados.

Otras víctimas de desaparición en octubre

En octubre, los casos de personas desaparecidas aumentaron 25 por ciento, con respecto al mes anterior. Una de esas desapariciones fue la de Melisa Abigail Patiño Campos, de 19 años, de quien se reportó su desaparición mediante la alerta Alba.

Melisa fue reportada como desaparecida el 15 de octubre, en Iguala, y localizada seis días después en Cuernavaca, Morelos. El padre de Melisa comunicó en las redes sociales que la joven se ocultó en Morelos para huir de quienes la perseguían, pero no dio detalles de quiénes la perseguían y por qué.

Melisa reportó a sus familiares la noche del sábado 15 de octubre que alguien la perseguía. Después no supieron de ella. Hicieron la denuncia y la autoridad publicó la alerta Alba. La joven fue entregada a su familia la madrugada del 21 de octubre. El padre de la joven afirmó que la vida de Melisa estuvo en riesgo. Cuando Melisa reapareció, la FGE colocó sobre la ficha de esta desaparición la leyenda localizada. Es un claro ejemplo de que Melisa podría ser víctima de la comisión de un delito, sin embargo, los días que no supieron de ella, se reportó como no localizada.

De los 74 desaparecidos de octubre, 42 son mujeres y 32 son hombres. En este delito, a diferencia de los asesinatos, siempre la mayoría de víctimas son mujeres.

De las 42 mujeres que se reportaron como desaparecidas o no localizadas (algunas fueron localizadas como es el caso de Melisa) 27 son menores de 18 años y 15 mujeres adultas.

En el caso de los 32 hombres que se perdieron en octubre, 29 son hombres mayores de 18 años y tres menores. Se trata de los casos de Máximo Tinoco, de un año, desaparecido en Acapulco; de Yael Armando Vargas Orbe, de 16 años, en Chilpancingo y de Tristan Gael Navarro Reza, de 16 años, también en Chilpancingo.

Pedro, Efrén y Adolfo

Los tres hombres desaparecidos el 28 de octubre: Pedro, Efrén y Adolfo, fueron hallados el 1 de noviembre, en la comunidad de San Martín, el mismo lugar donde la última vez se supo de ellos, presuntamente, tuvieron un accidente que ocasionó que se fueran al fondo de un barranco de 300 metros de profundidad.

Las maniobras para rescatar los cadáveres fueron difíciles por la profundidad del barranco. La autoridad ministerial aún no informa las causas de muerte de las víctimas.

En redes sociales se especuló sobre un homicidio múltiple, por la zona en la que ocurrió el supuesto accidente.

En Quechultenango, municipio de la región Centro, hay un control férreo del territorio por parte de Los Ardillos, un grupo del crimen organizado con ramificaciones en grupos económicos y políticos regionales.

Un accidente automovilístico en ese territorio no hubiera pasado inadvertido para los hombres de Los Ardillos, los que a bordo de camionetas y con armas de grueso calibre, vigilan el territorio.

Cuando se llega a ese municipio, desde el acceso, policías municipales hacen un registro minucioso de quienes ingresan. Anotan nombres, edades, placas de los vehículos y razones de la visita. En el siguiente punto, otro grupo de policías municipales, hace un nuevo registro sólo para confirmar los datos reportados por los primeros policías.

No hay manera de que ese grupo criminal no supiera que tres hombres estuvieran desaparecidos en su territorio y se hubieran accidentado.

En la imagen, familiares de desaparecidos bloquean la Autopista del Sol para exigir a la autoridades la búsqueda inmediata. Foto: Oscar Guerrero

 

Velan en su comunidad a los tres integrantes del Cipog-EZ asesinados en Chilapa

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

7 de noviembre del 2022

 

Los tres integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que fueron asesinados a balazos presuntamente por miembros del grupo criminal de Los Ardillos en Chilapa son velados en la explanada de la iglesia de la comunidad nahua de Alcozacán.

Decenas de mujeres, hombres y niños están fuera de la iglesia para acompañar a los familiares de Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipisteco y Guillermo Hilario Morales, las víctimas del ataque, quienes serán sepultados mañana (martes) en el panteón de la comunidad, que también pertenece al municipio de Chilapa.

Esta mañana, los tres cadáveres les fueron entregados a sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo.

De regreso a su comunidad, los familiares de los tres asesinados y miembros del Cipog-EZ fueron custodiados por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (PE).

Jesús Plácido Valerio, dirigente de esta organización que también cuenta con su policía comunitaria, dijo que del 2015 a la fecha ya son 48 personas de las comunidades de la Montaña baja asesinadas por el grupo delictivo de Los Ardillos.

Dijo que sus tres compañeros asesinados a tiros en las inmediaciones de la comunidad de Xochimilco, Chilapa, el pasado sábado en la tarde, participaron en la protesta que realizaron a la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en donde detuvieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle medidas de seguridad y la detención de los integrantes del grupo grupo criminal.

La presencia de Los Ardillos en Montaña baja no es sólo un señalamiento de este organización, las propias autoridades desde hace años han aceptado que este grupo criminal tiene presencia en la zona, como tampoco es ignorado de manera institucional que están asociados de manera personal al diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien es hermano de los líderes, Celso e Iván Ortega Jiménez.

Localizan los cadáveres de tres desaparecidos en supuesto accidente en Quechultenango

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Dos de ellos fueron hallados en el interior de la camioneta Toyota, tipo Hilux, color gris y, el otro cadáver, a escasos metros del vehículo en el fondo de un barranco.

Este lunes, familiares y amigos de los tres desaparecidos cerraron la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 272, en el punto conocido como el Parador del Marqués, para exigir al gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda, reanudar la búsqueda que según los manifestantes en forma inexplicable la habían suspendido.

Por la presión de los manifestantes, casi a la una de la tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE), policía estatal y Guardia Nacional reiniciaron la búsqueda en Quechultenango, municipio controlado por el grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

La mamá de Aparicio Bello contó que la última vez que entabló conversación telefónica con su hijo fue a las 05:25 de la tarde del viernes 28 de octubre, quien avisó que ya venía de regreso a Chilpancingo.

La FGE y la CDHEG dieron a conocer este domingo 30 de octubre que el rastro de Aparicio se había perdido en las inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Quechultenango.

Esta localidad enclavada en un cerro está ubicada a máximo 20 minutos de la cabecera de Quechultenango.

Para llegar a esta localidad se transita por una carretera con tramos pavimentados y otros de terracería, con muchas curvas.

La versión que contó la mamá de Aparicio Bello es de que desde hace cinco meses después del fallecimiento de su esposo, su hijo le ayudaba con los trabajos de una empresa de madera, ubicada en una colonia de Chilpancingo.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres voy a hacerme cargo de la empresa», le dijo Aparicio a su mamá.

En el 2021, Aparicio Bello participó en el proceso interno de Morena como aspirante a la candidatura a la alcaldía del municipio de Copala.

En mayo del 2021, Cecilia Narciso Gaytán fue designada por el Congreso local como presidenta de la CDHEG y semanas después nombró a Aparicio Bello como encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos.

Las autoridades estatales informaron que personal de la FGE, Protección Civil, Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Nacional realizaron las labores de rescate de los tres que habrían muerto en un accidente.

Sin embargo, el gobierno reconoce que todavía no están establecidas las causas del accidente.

Hace exactamente un mes se reportó la desaparición de la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Alma Yadira Astudillo, quien dos días después fue hallada muerta dentro de su automóvil, supuestamente se desbarrancó, también en territorio de Los Ardillos.

 

Uno de los tres era desplazado por violencia

 

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dio a conocer que Pedro Romero Sotelo, uno de los tres desaparecidos y hallado muerto, era un desplazado de la violencia del municipio de Leonardo Bravo.

Romero Sotelo y su familia, al igual que cientos de personas, fueron expulsados de la comunidad Campo de Aviación por un grupo armado de supuestos policías comunitarios vinculados con el grupo de Los Tlacos.

Esto ocurrió en noviembre del 2018 y las familias se refugiaron en la cabecera de Chichihualco, en donde hasta la fecha reciben apoyo oficial a cuentagotas por parte de los gobiernos federal y estatal.

«Nosotros sabíamos que Pedro (Romero Sotelo) se venía de Chichihualco a trabajar a Mochitlán y a Quechultenango», dijo una fuente del organismo.

A casi cuatro años de que las 1,800 personas fueron expulsadas de al menos seis comunidades de esa parte de la Sierra varias de ellas han fallecido en diversas circunstancias; unos por enfermedades y otros asesinadas.

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