“Si eres víctima de extorsión por amenazas, cobro de piso, secuestro virtual. ¡No te dejes engañar! Denuncia en la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro”, es el mensaje en el volante que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) reparte en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, agregados a la operación policial y militar aplicada en esta central de abastos.
En el mismo volante han incluido un número telefónico y la información de que existe la aplicación “Ponte Buso” para que las personas denuncien sin son víctimas de algunos de estos abusos y delitos.
El personal de la FGE reparte desde ayer estos volantes entre los que se topa en el perímetro del mercado central de Chilpancingo, donde además instalaron un módulo, pero la estrategia parece estar orientada de manera particular para los comerciantes del lugar.
El mercado es vigilado desde el fin de semana pasado por elementos policiacos y militares, después que asesinaran al presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo, Daniel Lorenzo Campos Nava, en el área de carnes, donde tenía su negocio, la carnicería Ruth. En el mismo ataque a balazos mataron un colaborador del negocio, un joven de 20 años.
El asesinato del líder de comerciantes de carnes forma parte de las cuatro víctimas asesinadas en una secuencia de ataques de la semana pasada contra personas asociadas al comercio de carne en la ciudad. No es la primera vez que ocurren estos ataques contra este sector dentro y fuera del mercado, donde parece haber un fondo de tipo económico.
Derivado de los asesinatos, desde el sábado pasado están instalados policías municipales y estales, y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para resguardar el sitio y brindar seguridad a los comerciantes.
En este contexto, comerciantes hicieron denuncias mediante redes sociales acerca de que la vigilancia policial y militar solo estaba en la parte baja del mercado y no en el interior, donde había presencia de personas ajenas con la función de vigilar el mercado.
En un recorrido que ha hecho Amapola, periodismo transgresor por varios días, como el fin de semana pasado, ayer y hoy, ha constatado que los elementos solo están concretados en el estacionamiento del mercado y en la calle lateral que funciona como una extensión de comercios, y en la avenida Insurgentes. Además de que ha confirmado el temor que tienen los comerciantes de compartir lo que ocurre en el mercado y los intereses de fondo.
La fachada del mercado central de Chilpancingo desde el estacionamiento.
En las denuncias mediante redes sociales también exponían que en el mercado central de Chilpancingo integrantes de grupos criminales habían instalado cámaras dentro del mercado, una práctica que han aplicado antes en calles de Acapulco y de manera reciente en Taxco.
El martes pasado elementos policiacos y militares realizaron una operación adentro del mercado con el propósito de detectar cámaras irregulares y, aun cuando hasta este momento no hay información oficial sobre los resultados de esa operación, sí retiraron equipo que no pertenecía a la administración del mercado o que no acreditaron los comerciantes.
El origen de esas cámaras lo habrá de determinar la FGE, pero en una declaración reciente a periodistas locales, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que los circuitos de video vigilancia en los espacios públicos sí son “un modos operandi de grupos criminales”, de acuerdo con lo que público el medio digital Réplica de Guerrero.
El tema que aún estaría pendiente por responder de parte de las autoridades es cómo son instaladas cámaras de dudosa procedencia dentro de un mercado que administra el gobierno municipal y donde hay una área administrativa.
Ahora con una brigada “para prevenir el delito de extorsión” la FGE intenta documentar denuncias de extorsión, cuando todavía no explica los trasfondos de los asesinatos y la video vigilancia en el mercado.
Ahora un sobreviviente dice que habría reconocido que era el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, el lugar de su encierro forzado. Los jornaleros fueron hasta Jalisco por una convocatoria que lanzó el Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con otras áreas del servicio público y la Uagro, quienes niegan tener una relación con las funciones del rancho
Texto: Beatriz García y Margena de la O
Chilpancingo
Jueves 20 de marzo del 2025
La denuncia de jornaleros guerrerenses engañados y retenidos en Jalisco después de una convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Chilpancingo y otras instancias del servicio público fue expuesto desde hace dos años en medios locales de comunicación, pero ahora cobró relevancia porque una de las víctimas habría identificado al Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, como el lugar donde los retuvieron por varios días.
Existe la sospecha que este rancho, después de que el 5 de marzo pasado integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaran y descubrieran que había restos humanos, crematorios y varias centenas de prendas, pudo ser utilizado para entrenamiento forzado y exterminio.
Sospecha aún porque las investigaciones después de los hallazgos de las madres buscadoras están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ayer miércoles, un hombre que se identificó como Roberto se comunicó al programa de radio Formula Noticias, que conduce la periodista Azucena Uresti, y narró que un grupo de jornaleros de Guerrero fueron llevados con engaños a un rancho donde, además de que fueron víctimas de una explotación laboral, porque los llevaban a los campos sin la paga prometida, presenciaron varias escenas extrañas y violentas de personas que, al parecer, vigilaban ese rancho. La conductora presentó a Roberto como sobreviviente del Rancho Izaguirre.
Los jornaleros guerrerenses habrían llegado hasta Jalisco por la convocatoria lanzada por la administración de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Martínez Hernández, en coordinación con otras instancias, una de ellas la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), para una capacitación en campos agrícolas con el fin de que obtuvieran una visa para laborar en Estados Unidos.
Esta foto corresponde a la salida oficial de los jornaleros guerrerenses a campos agrícolas en febrero del 2023. En la imagen aparecen servidores públicos municipales de la anterior administración. Foto: Oficial.
Tanto la ex alcaldesa como la Uagro se han deslindado en comunicados públicos que los fines de la convocatoria sean los del Rancho Izaguirre. Pero la convocatoria sí existió para campos agrícolas de Jalisco, de acuerdo con un rastreo en las redes sociales oficiales de la pasada administración municipal de Chilpancingo.
También ya había registros públicos de una denuncia de privación y trabajo forzado de jornaleros.
Hace dos años, el periódico El Sur de Acapulco publicó la nota con el encabezada “Privan de la libertad a 55 jornaleros empresa de Jalisco; los contactó la Secretaría del Trabajo”, en la cual dan cuenta que un jornalero, de manera anónima, hizo la denuncia de que en 2023 fueron contratados, a partir de una convocatoria que lanzaron servidores públicos, con la promesa de que les darían una visa para trabajar en Estados Unidos, pero terminaron engañados, privados de su libertad y explotados.
La fuente de esa noticia informó que unas personas que, entiende, trabajaban en coordinación con la empresa Big Force–quien los habría contratado–, los mantenían retenidos en los dormitorios después de trabajar y que fueron ellos quienes habrían golpeado duramente a dos de sus compañeros que tuvieron la osadía de salir a ejercitarse en la noche; a uno de ellos, dijo, le desfiguraron la cara.
Esta información coincide en gran parte con la que Roberto le dio a Azucena Uresti.
“Fui invitado hace dos años, fuimos reclutados, más bien fuimos invitados a un programa de trabajos para laborar en Estados Unidos y adquirir la visa H-2 (H-2A es exclusiva para trabajos agrícolas), fuimos invitados por autoridades de aquí del municipio (Chilpancingo) y, bueno, la verdad ese tiempo que estuvimos en ese rancho y las condiciones en las que estuvimos fueron difíciles, porque aquí nos habían dicho una cosa y ya estando allá las cosas cambiaron demasiado”, menciona Roberto.
Esta imagen fue compartida en redes sociales por la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de la administración municipal de Chilpancingo el 15 de febrero del 2023, corresponde al acto de despedida de los jornaleros guerrerenses en la Comedor Universitario, ubicado en el centro de la ciudad. Foto: Oficial.
Además del Ayuntamiento de Chilpancingo, el sobreviviente señaló a la Uagro de participar en esta supuesta convocatoria de trabajo-capacitación que, en principio, les mencionaron como destino de trabajo Guanajuato. Contó que los jornaleros partieron en el autobús confiados en que llegarían a Guanajuato, pero los llevaron a Jalisco.
Al siguiente día, según su narración, los separaron por lugar de origen; calculó que había en el lugar (que sería el rancho en cuestión) unas 500 personas de varias partes del país. Les pidieron su documentación y datos de cuentas bancarias y, además, les informaron que estarían en el sitio durante un año, cuando les habían dicho que la capacitación sería por un corto tiempo.
Las personas que los instruían vestían pantalón café, playera azul marino y botas, similar a personal de las fiscalía oficiales. Ellos mismos les prohibieron tener comunicación con personas cercanas y salir del rancho, de lo contrario, “habría consecuencias”.
Sobre las condiciones en que desempeñaban el trabajo compartió que recibían comida maloliente y que los mantenían encerrados en unos remolques (tráilas) dispuestos como dormitorios, después de llevarlos y traerlos de los campos agrícolas.
Al cabo de un par de semanas, Roberto logró escapar junto con otros compañeros, porque dijeron que irían a comprar artículos personales.
La periodista le preguntó si reconocía el rancho–que sería el Izaguirre– y él dijo que cuando salió a la luz el caso reconoció el lugar porque caminó por una de las zonas. «Miraba apenas unas fotos y hay lugares donde recuerdo haber estado, donde desconocía absolutamente qué es lo que se hacía», dice.
También le insistió si estaba seguro que fueron autoridades quienes los convocaron para trabajar. El «sobreviviente» responde: “todos los que fuimos a esta jornada asistimos al Ayuntamiento municipal. Asistimos al área de Relaciones Exteriores, es ahí donde ellos estaban convocando a esta jornada de trabajo, y ahí fue donde nosotros entregamos papeles”.
Lo convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Chilpancingo aún puede ser rastreada en las redes sociales. Aquí un fragmento: “El Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con la UAGro a través de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Orlando y la Academia de Capacitación Agrícola Mexicana BIG FORCE convocaban a participar en el programa Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
La convocatoria incluye que serían capacitados en Guanajuato y Jalisco, donde recibirían un pago por su trabajo, además de prestaciones como seguro médico, con la oportunidad de obtener la visa H-2 para irse a Estados Unidos.
Hay fotos disponibles en el ecosistema digital de febrero del 2023, cuando el comedor de la Uagro ofreció alimentos a los jornaleros que partirían a los campos agrícolas.
Luego de la entrevista en Radio Fórmula, tanto la ex alcaldesa de Chilpancingo como la Uagro negaron ser participes de las actividades que se hicieran en el Rancho Izaguirre, en Tehuchitlán, Jalisco.
Solo hay de dos para que los habitantes de los pueblos de la zona rural oriente de Acapulco después del río Papagayo tengan contacto con la zona urbana, la primera, es cruzar el caudal en pangas o cayucos, y la segunda, ir hasta El Cortés, San Marcos, municipio que forma parte de la Costa Chica.
En cualquiera de los dos casos el tiempo mínimo es de dos horas para llegar a Las Cruces, zona conurbada que da fluidez a otra cara del puerto, porque todavía falta rodear más pueblos de caminos sinuosos y polvorientos, otro Acapulco que desde la zona turística parece inexistente.
“Estamos abandonados”, dice Leodegaria Vázquez, quien es la comisaria suplente de la comunidad de Huamuchitos, un pueblo que está a unos 40 minutos en camioneta pasajera después de cruzar el río. Hace unas semanas, su remota existencia cobró notoriedad pública porque en redes sociales fue viralizado la fiesta por el acuerdo matrimonial de unos preadolescentes.
En este caso, lo de menos es la distancia, el problema es la condición del trayecto. El paso por estos lares son brechas similares al de una comunidad naciente en la más remota marginalidad, pero éstas no son nuevas y forman parte de Acapulco, un lugar de referencia mundial.
El abandono al que se refiere la comisaria, otras mujeres del pueblo lo miden en relación al tiempo, el trayecto y el dinero que invierten en salir de la comunidad, por tanto prefieren no hacerlo, solo que sea necesario, como vender los productos que ellas misma siembran o producen, como la jamaica, el ajonjolí, la ciruela, el mango, el limón, y las semillas de calabaza.
Lo que significa que la vida de poco más de 2,000 habitantes, de acuerdo con los censos oficiales, se reduce al pueblo, donde el acceso a las posibilidades escolares de los jóvenes llega hasta el nivel medio superior, pero de corte rural. La preparatoria, aun cuando pertenece de manera oficial a la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), es un subsistema que depende de los recursos que aportan las madres y los padres de familia, los cuales obtienen de lo que producen en el mismo pueblo.
Unas mujeres reunidas en la iglesia del pueblo el martes pasado, porque al día siguiente (12 de marzo) festejarían a la Virgen de Guadalupe, solo saben que hay dos jóvenes que estudian la licenciatura en Enfermería. Serían los primeros profesionistas de la comunidad.
A y B, las opciones de acceso a una parte del Acapulco rural
Si los habitantes de Huamuchitos deciden salir a la zona conurbada por el río Papagayo, el camino que les resulta más corto, deben abordar una camioneta pasajera hasta la orilla del río, del lado de Cacahuatepec. Pagan 50 pesos si el servicio es colectivo o 200 pesos si es especial.
El tipo de viaje no solo depende de la voluntad o presupuesto del pasajero, porque las vueltas de los conductores del servicio público están sujetos a los horarios de las maestras y maestros de las escuelas o del personal de las casas de salud, sus clientes fijos de lunes a viernes. Los servicios médicos en los pueblos también tienen horarios, de ocho de la mañana a tres de la tarde.
Cruzar el río significa salir por El Fraile, como llaman los habitantes a la zona del embarcadero de las pangas, en referencia a un árbol de esa especie que está en el sitio; pagan 15 pesos de manera individual por cada cruce. El resto del trayecto hasta la zona conurbada, unos 64 kilómetros, sale en unos 45 pesos, porque atraviesan los pueblos, el más próximo al embarcadero es Parotillas.
Por este lado, la ruta solo es por servicio público, porque es imposible sacar un vehículo por el río, no hay puente. En algún momento, recuerda Leopoldo, el conductor de “Mi carrito alegre”, una camioneta pickup vieja en la que lleva y trae pasajeros desde Cacahuatepec hasta Huamuchitos, hubo un tipo de balsa en el río por donde cruzaban los carros, pero las lluvias que han afectado en varios momentos Acapulco lo derribaron.
Lo único que sabe, a sus 57 años, es que desde que era niño espera de que las autoridades de alguno de los niveles de gobierno les construyan el puente. Cada vez que hay nuevos periodos electorales o giras presidenciales, cuenta, sale a colación la promesa de construírselos.
La última en prometérselos con proyecto y todo fue la alcaldesa Abelina López Rodríguez. En noviembre de 2022, en su primer periodo al frente de la administración municipal, anunció una inversión de 300 millones de pesos para la construcción de un puente que conectara a los Bienes Comunales de Cacahuatepec –que cubre gran parte de la parte rural oriente– con la zona urbana de Acapulco, de acuerdo con lo que esta documentado en los medios de comunicación.
Fue una promesa que firmó, incluso, en su etapa de campaña como aspirante por primera vez a la alcaldía, pero en los pueblos no hay ningún indicio de esta obra y López Rodríguez está en su segundo trienio.
Bertha Bailón, una mujer de 38 años de Huamuchitos, agrega que desde que ella era una niña sabe de esa promesa pendiente, que los tiene en las mismas condiciones. De alguna manera lo confirma Salomón, uno de los hombres que reman las pangas para cruzar pasajeros, cuando comparte que de sus 50 años cumplidos lleva 35 en este trabajo.
Ni siquiera las afectaciones por las lluvias en diferentes momentos han sido razón suficiente para la construcción de este puente. En el periodo de lluvias suben los niveles del río Papagayo, a veces hasta desbordarse sobre los pueblos del otro extremo, pero la incomunicación es para toda la zona.
En Acapulco han ocurrido fenómenos naturales tan grandes como Paulina, un huracán categoría cuatro en 1997, hasta Otis, un huracán categoría cinco, la máxima intensidad vivida en México, que dejó devastado el puerto en octubre del 2023. Todavía son evidentes las afectaciones, porque en septiembre del año pasado ocurrió John, un huracán menos fuerte pero volvió a generar daños.
–¿Cómo les cambiaría la vida con el puente?, –se le pregunta a Bertha.
–Pienso que iba a ser más bien, porque alguna cosa más rápido, algún enfermo, para ir hacer compras o las (mujeres) que van a vender. Muchas van a vender ciruela, mango, limón y le dan la vueltota y ya llegan a Acapulco bien tarde.
La vuelta a la que se refiere Bertha tiene que ver con salir de Huamuchitos por la carretera hacia El Cortés, un pueblo ya de la región de Costa Chica, que les lleva más tiempo, por la distancia y, para quienes no tienen vehículo propio, porque hay menos carros pasajeros. Deben ser menos de ocho unidades por esa ruta, porque según Leopoldo, las camionetas que van de orilla del río a Huamuchitos son ocho.
Todas estas comunidades a la vez representan una fuerte resistencia en el estado. En la zona rural de Acapulco se gestó la oposición al proyecto hidroeléctrico que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planeaba en la zona, el cual denominaron La Parota. El proyecto implicaba que los habitantes de estos pueblos serían reubicados, porque sus actuales tierras habrían quedado bajo el agua.
El abandono podría ser un castigo por negarse.
Modos de vida en el aislamiento
Ahora que en Huamuchitos hay feria por la celebración a la Virgen de Guadalupe –nadie supo explicar por qué aquí la celebran el 12 de marzo–, Leopoldo tiene más posibilidades de pasajeros, porque los habitantes de otros pueblos van de visita, ya sea por el jaripeo, para comer algún postre, jugar un juego de azar o subirse al trampolín, en el caso de los más pequeños.
El paseo significa, para los que viven después del río, como en Cacahuatepec, Apanhuac, El Cantón, Espinalillo, Parotillas, un gasto mínimo de 100 pesos en pasaje por la ida y la vuelta. La única excepción que hacen los conductores es con los estudiantes durante los días de clases, les cobran 10 pesos por trayectos más cortos del mismo camino.
Leopoldo da sus razones. El aislamiento en el que viven, el cual la comisaria suplente lo llamó abandono, les dificulta acceder a los insumos. En su caso compra hasta en 600 o 700 pesos la garrafa de gasolina de 20 litros, lo que en una gasolinería formalmente establecida le sale a menos de 480 pesos; en la actualidad el litro de combustible ronda en los 24 pesos.
Cuando sale a la zona conurbada aprovecha para llenar varias garrafas para almacenarla, además de que tiene estrategias para gastar menos combustible.
El martes llegó a Huamuchitos al mediodía porque llevó un viaje especial. Regresó a la base, a la orilla del río, más de tres horas después porque esperó que los maestros y personal médico terminaran su jornada para volver con pasaje y el viaje le conviniera.
Cuando suenan los cohetes por la noche, la gente de Huamuchitos y de todos los pueblos del oriente de Acapulco saben que hay una nueva pareja de novios, lo que ocurre muy seguido.
“Preguntamos: ¿quiénes son los nuevos novios? Averiguamos y luego sabemos que se trata de la hija de tal familia con el hijo de tal”, explicó Bertha Bailón, una habitante de Huamuchitos.
En este pueblo de 2,100 habitantes, a 33 kilómetros de la zona turística del puerto más importante de Guerrero, no hay nada qué hacer. Los cohetes se traducen como fiesta en los siguientes días.
Los alegres por la nueva unión, son las familias ajenas al compromiso matrimonial.
Las familias del novio y de la novia están obligadas a cumplir con una tradición que los endeuda, por la fiesta que deben ofrecer en el pueblo.
“Una se alegra cuando hay nuevos novios pero si no es nuestra hija o hijo. Cuando son los nuestros nos entristece, sobre todo si se trata de nuestra hija, porque significa que de ahora en adelante estará en otra casa y a una ya no nos va a ayudar”.
Estos hechos ocurren, casi siempre, entre menores de edad, la mayoría de veces entre los 13 y 15 años. Así ha sido siempre.
Bertha Bailón, ahora de 38 años, se puso de novia de 15, vivió seis años en unión libre y tuvo su matrimonio civil y religioso a los 22.
La comisaria municipal suplente de Huamuchitos, Leodegaria Vázquez Estrada, huyó con el novio dos meses antes de cumplir 18 años, lo que para el pueblo ya significaba que lo hizo grande.
La familia del novio truena las cohetes para que los parientes de la novia, angustiados porque su hija no regresa, se tranquilicen.
“Así la familia se entera que su muchacha no está secuestrada o desaparecida; aunque la familia se queda triste, por lo menos, se queda tranquila”, comenta Bertha.
Lo que sigue abona al compromiso social. La familia del novio, sea muy noche o ya de madrugada, busca entre sus vecinos y parientes, unas dos familias que lo acompañen a la casa de la niña que ahora tiene de nuera, a ofrecer su palabra de que su hijo va a responder responsablemente, es decir, se va a casar y va a proveer.
Esa misma noche acuerdan una fecha para juntarse y hacer el arreglo matrimonial, que no tiene que ver con negociar el matrimonio, es acordar las fechas para los enlaces civil y religioso.
El arreglo matrimonial se convierte en una fiesta grande a la que acuden todos las familias conocidas de ambas partes.
Como se trata de menores, el arreglo es como una preboda. La boda ocurrirá cuando cumplan la mayoría de edad, tiempo para el cual ya tienen uno o dos hijas o hijos.
Celia, de 14, y Gael, de 15, cuya fiesta de arreglo matrimonial ocurrió el pasado 23 de febrero, evento que se hizo viral en las redes, se casarán hasta dentro de cuatro años.
Las fiestas más populares en estos pueblos son las de los arreglos matrimoniales. Las familias pagan por un video de la fiesta. Hay muchos en Youtube sobre estas uniones entre adolescentes de los pueblos de esta zona rural de Acapulco.
“Nuestro arreglo matrimonial: Emmanuel y María”.
“Nuestro arreglo matrimonial: Antonio y Diana”, por ejemplo.
El que ya no está disponible es el arreglo entre Celia y Diego.
El grupo Producciones Beto, el que lo compartió en su página, lo bajó después de la polémica, pero mantiene las fiestas de arreglos matrimoniales de otros adolescentes.
“No sabemos porque estos muchachos tuvieron mala suerte y salió su arreglo en todos los medios”, cuenta la comisaria suplenta Leodegaria Vázquez.
“Estas fiestas solo son del pueblo y con Celia y Gael, Huamichitos se hizo famoso”, expresó Bertha.
Celia y Gael: escondidos por la comisaría para que la polémica se olvide
Este martes 11 de febrero, el pueblo estaba en los preparativos de la velada de la Virgen de Guadalupe, es la fiesta anual más importante de Huamuchitos.
En la iglesia, señoras y señores cuidaban las ollas de comida. En la calle principal, los juegos mecánicos y los puestos de la feria, anunciaban fiesta.
El comisario iba y venía para atender los contratiempos, entre ellos, que el corral de toros, el que registraba varias averías, estuviera bien para el jaripeo de la tarde.
Se excusó para atender al único medio de comunicación que se presentó en la comunidad para explicar a la audiencia, la noticia viral del matrimonio entre adolescentes.
Comisionó a la comisaria suplente, Leodegaria Vázquez, quien explicó las tradiciones de las uniones matrimoniales, acompañada de varias señoras de diferentes edades que cuando adolescentes les tronaron los cohetes cuando se fueron de novias, tuvieron su fiesta de arreglo matrimonial y, después, su boda civil y religiosa.
Durante la plática con las señoras del pueblo, todo indica que el comisario giró indicaciones para que escondieran a Celia y a Gael.
En la casa de Gael, a dónde viven, los familiares dijeron que él y ella se habían ido a otra comunidad a visitar un familiar enfermo de Celia. Informaron que tampoco estaba la mamá y el papá de Gael. Los que estaban en casa, hermanos, hermanas o tíos de Gael anticiparon que no sabían nada.
El comisario y todos en la comunidad están molestos con los medios de comunicación por hacer viral la noticia, sin confirmar detalles sobre los hechos.
“Dijeron que vendieron a la muchacha. Aquí no se venden a las muchachas, no hay nada de eso”, expresó la comisaria suplente.
La familia de Gael vive, digamos, en el centro de Huamuchitos, muy cerca de la iglesia.
Antes, en la plática con el puñado de señoras, contaron que por la lejanía y el costo económico de salir, los habitantes hacen esto muy poco.
Salen solo si tienen que vender sus productos como jamaica, ajonjolí o semilla de calabaza, pero a estas alturas del ciclo agrícola, ya no les queda nada por vender. El contexto de los habitantes está reducido al pueblo que, a la vez, parece una isla por la marginalidad en la que les puso el abandono institucional. Para llegar de la zona conurbada de Acapulco a este pueblo se requieren al menos de dos horas en carro y cruzar un río en pangas.
Al buscar a la familia de Celia, algunas personas no quisieron dar informes. Incluso dijeron que no la conocían.
La familia de Celia vive alejada del centro, en un caserío disperso entre los cerros, en dónde para llegar se camina por el cauce de una barranca que durante las lluvias forma un incipiente río, pero en tiempo de secas corren aguas negras.
En la casa de Celia tampoco estaba la madre y el padre, solo una hermana y una cuñada que, dijeron, venían de otro pueblo para la fiesta de la Virgen de Guadalupe.
La hermana dijo que no estaba enterada de nada y no sabía dónde habían ido su mamá y su papá, tampoco su hermana. Estaba molesta también por la noticia del arreglo matrimonial de Celia.
Uniones tempranas sinónimo de pobreza intergeneracional
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, consideró que cuando se normaliza que las uniones tempranas llevan siglos realizándose es lamentable porque se convierten en el mecanismo con el que se perpetua la herencia intergeneracional de la pobreza.
¿Por qué? Porque esos adolescentes pierden la posibilidad de tener una formación académica, quedan condenados a trabajos precarios y a la dependencia del subsidio familiar.
Lo anterior porque el hombre tiene que demostrar que es un buen hombre siendo proveedor y la mujer de que es una buena mujer teniendo hijos.
Para Pérez García la validación social que hay en las comunidades a las uniones tempranas es una imposición y presión del mundo de los adultos, atropellando los derechos de las niñas y los niños.
Si las madres y los padres quieren dar su apoyo a sus hijas e hijos, los menores involucrados tienen que estar en libertad de tener un noviazgo, sin sucumbir a la coacción social de que los obliguen a vivir juntos.
“A los 13 o 14 años ningún niño o niña está en condición de decidir algo tan trascendental como una relación de pareja”, asegura el experto.
“Lo más seguro es que cuando cumplan la mayoría de edad ya no estén pensando lo mismo, pero quedan atrapados por la presión y coacción de las familias”, agregó.
Consideró que si la comunidad en su conjunto está molesta por la exhibición de la unión temprana y la condena de la sociedad “es porque siguen sin entender nada de los derechos de niñas y niños”.
El experto dijo que espera que esta comunidad y otras donde continúan las mismas prácticas “vean que hay otra forma de ver el mundo, que lo que ellos creen que está bien puede ya no ser apropiado”.
Condenó el papel del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) porque cuando ocurren estas uniones tempranas solo atiende que no ocurra un acto civil de matrimonio entre menores, lo que no ocurre porque la ley no lo permite, pero pocas veces aprovecha para realizar actividades con toda la comunidad, para abordar el rechazo social, no contra la comunidad sino por la vulneración de los derechos de los menores.
Por el caso de Celia y Gael, el DIF visitó a las familias de ambos menores y emitió un comunicado en el que reprobaba cualquier “práctica” en contra de los derechos de la niñez y adolescencia. También difundió que acordó con las madres y los padres intervenir de manera integral en la comunidad a fin de brindar información a la población sobre los derechos de las infancias y adolescencias, como el cuidado y prevención del embarazo infantil.
Pero las mujeres sentadas en la iglesia también criticaron que el gobierno, en lugar solo de condenar la unión de estas uniones tempranas, debería de tener un programa al menos de pláticas entre los jóvenes para transmitirles que hay muchas cosas por hacer, como estudiar, antes de casarse. Lo que significa que el DIF no ha brindado ninguna información.
En Guerrero, el 20 de octubre del 2022, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal para prohibir y sancionar conductas relacionadas con el matrimonio infantil, la cohabitación y las uniones tempranas.
Es decir, que Celia y Gael cohabiten como pareja también está penado.
Educación y empleo, la solución
Antonia Ramírez Marcelino, una lideresa nahua de la Montaña, originaria de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, expone que los matrimonios forzados y las uniones tempranas se acabarán cuando la autoridad lleve las oportunidades de educación a estas comunidades apartadas.
Acercar los servicios educativos, además deben de ir acompañados de estrategias para que las y los adolescentes tengan los recursos económicos para ir a la escuela.
En las zonas indígenas, principalmente entre los me’phas, acceden a casar a sus hijas a temprana edad, porque eso significa recursos para la sobrevivencia del resto de la familia.
Antonia Ramírez cree que un programa de empleo para los varones en las comunidades donde se da este fenómeno podría desactivar tales arreglos tradicionales.
Antonia, como integrante de una comunidad nahua, sabe que su destino era casarse de unos 15 años, pero tuvo la fortuna de ir a la primaria y continuar por esa ruta de su preparación hasta hacer estudios de licenciatura y a eso deben tener acceso todas las mujeres como una norma, no como excepción.
Actualmente Antonia Ramírez es la directora de la radiodifusora La Voz de la Montaña y consejera electoral federal, en su caso, en su familia, rompió la condena de la pobreza intergeneracional, y la educación es la razón.
Equinox Gold, la empresa que extrae oro desde el 2019 anunció que cierra este 31 de marzo por los altos costos de producción y de la renta de tierras
Texto: Marlén Castro
Foto: Margena de la O
Carrizalillo / Municipio de Eduardo Neri
Martes 11 de marzo del 2025
No fueron necesarios 50 años para que la peor pesadilla de un pueblo minero salte a la vista en Carrizalillo, una comunidad de la región Centro de Guerrero.
El ejido podría ser en los siguientes años un pueblo fantasma y los habitantes iniciar un proceso de desplazamiento forzado, sin dinero, sin tierras y enfermos.
Equinox Gold, la tercera trasnacional en extraer oro en los 20 años de minería en Carrizalillo, anunció el cierre de su operación y ya dio los primeros pasos para concretarlo.
Notificó de forma individual a los habitantes que ya no ocupará más sus parcelas individuales ni tampoco las de uso común.
La medida es una forma de presión, a decir de la mesa ejidal de Carrizalillo, para que le firmen un nuevo convenio de ocupación que representa 65 por ciento menos en renta y la anulación de beneficios sociales, entre ellos, la cantidad que aporta para los medicamentos de la población enferma.
Sí Carrizalillo acepta, la mina se queda. Sino el cierre será un hecho.
El acceso a la comunidad de Carrizalillo.
Enfermedades, la consecuencia minera en el cuerpo
Mutaciones genéticas, cáncer, abortos espontáneos, embarazos pretérmino, hernias discales, tos crónica, dermatitis y conjuntivitis, entre muchas otras enfermedades padece la gente en Carrizalillo.
Cada habitante tiene alguno de estos males, por los que cada mes gasta en medicamentos costosos que deberá usar de por vida.
Un porcentaje importante de lo que reciben por la renta de sus parcelas individuales y las de uso común lo invierten en sus tratamientos, explicaron en la casa de salud comunitaria, que abrieron las propias empresas mineras.
Este mes de febrero se registraron dos decesos por cáncer, uno de útero y otro de pulmón.
Estas son evidencias de padecimientos en la piel que tienen habitantes de Carrizalillo a causa de la contaminación minera. Foto: Especial.
El personal médico estableció que ambos casos de cáncer tienen relación con la contaminación del aire y otros factores vinculados a la minería.
Entre la población hay varios hombres operadores de maquinaria pesada con hernias discales.
«Lo que hace la mina es despedirlos, en lugar de reubicarlos», explicaron en la casa de salud.
Las niñas, niños y adolescentes padecen de dermatitis atópica, quienes necesitan hidratación cada dos horas con cremas especiales.
«De cada 20 pacientes, 15 son por enfermedades respiratorias y los cinco por enfermedades de los ojos», dijeron.
Así como con la piel, las personas enfermas de los ojos deben usar de por vida ungüentos oftálmicos para lubricarse porque los polvos causan resequedad.
La gente tiene tos crónica.
Lo más grave son las enfermedades por mutaciones genéticas, como niñas y niños con microtia, nacen sin una parte de la oreja y el oído interno no les funciona.
La Equinox Gold quiere que desaparezcan del convenio de ocupación, las cláusulas de los beneficios sociales, entre ellos, su aportación para la compra de medicinas.
“Actualmente, el ejido absorbe el 70 por ciento del medicamento que se compra y la empresa solo el 30, la persona enferma no recibe sin costo ese medicamento, lo adquiere a la mitad; porque son muy caros y no podrían pagarlos”, explicaron en la casa de salud.
Foto: Especial.
Devastación, la consecuencia de la explotación en el entorno
En el pueblo se nota la ausencia de agua. Antes de 2005 tenían varios manantiales, ahora de las tuberías solo sale aire, mientras la mina riega permanentemente su patio de lixiviados con una solución cianurada que requiere millones de litros de agua. Desde el centro del pueblo se ven las capas húmedas de tierra del patio de lixiviados, las que se riegan las 24 horas. En Carrizalillo hay un polvo suelto, reseco.
Los Filos-El Bermejal es un proyecto minero compuesto por cinco minas, tres a cielo abierto y dos subterráneas: El Bermejal, Guadalupe, El Bermejal subterráneo, Los Filos y Los Filos Subterráneo.
De acuerdo con Geogle Earth, 84 por ciento del complejo minero está dentro del ejido de Carrizalillo y 16 por ciento en los bienes comunales de Mezcala y Xochipala, otras dos comunidades del municipio de Eduardo Neri.
El ejido de Carrizalillo, que pertenece de manera particular al municipio de Eduardo Neri, renta a Equinox Gold 1,400 hectáreas, Mezcala 1,300, aunque la minera solo utiliza unas 700 y Xochipala 50 hectáreas.
Los Filos-El Bermejal eran los cerros más altos de Carrizalillo, de donde han salido las barras de oro.
Los cerros cambiaron de lugar y ya no son cerros, ahora esa tierra y rocas están almacenados en el patio de lixiviados.
Los Filos pasaron de ser cerros de más de mil metros de altura a hoyos de entre 200 y 300 metros de profundidad.
Carrizalillo dejó de tener manantiales. El más importante, conocido como El Triángulo, del que se surtía 80 por ciento de la población, quedó en medio de los lixiviados.
En este sitio corría un caudal de agua que provenía de los manantiales de los que se surtía el pueblo, pero ya no existen.
Tienen llaves de agua en sus casas, porque la empresa les ofreció un sistema de agua entubada a cambio de El Triángulo, pero nunca ha salido una gota, limpia o sucia, contaminada o apta para el consumo.
Gastan una gran cantidad del pago de la renta de sus tierras en garrafones de agua.
Para separar el oro de la tierra y la roca, la empresa usa cianuro en el patio de lixiviados, en el que las 24 horas, los siete días de la semana se arroja una solución cianurada, para lo que se usan millones de litros de agua por segundo.
En 2010, de acuerdo con la mesa ejidal, hubo un derrame de solución cianurada al subsuelo. Esa falla, la empresa hasta la fecha la controla, pero es la causa de que el ganado que tienen los ejidatarios se muera. Se les mueren, al menos, unos 30 animales al año, entre vacas, toros, chivos y burros.
En las 1,300 hectáreas rentadas para la minería, si es que la empresa se fuera, los ejidatarios no pueden dedicarse a la ganadería, no habría pastizales aptos para el consumo, ni siquiera saben si crecerían.
De acuerdo con el proyecto de impacto ambiental, el cierre de operaciones debería llevarse seis años, pero la empresa ya da por terminado los convenios de ocupación.
En Carrizalillo por la contaminación ya no llegan aves migratorias, las que antes de la minería les servían para completar sus alimentos.
Las parcelas porque fueron removidas serán inestables para la siembra y tampoco saben si algo se dará.
En la imagen, los cerros consumidos que forman parte del complejo Los Filos-El Bermejal, en Carrizalillo.
Proceso de recuperación del oro y costos de acarreo por maquinaría vieja, el problema: ejidatarios
Equinox Gold dice que se va porque Los Filos-El Bermejal ya no es negocio.
La mesa ejidal explicó que el problema en la recuperación es el tipo de procedimiento que usan para la separación de los minerales.
De acuerdo con sus propios datos, Equinox Gold solo recupera 30 por ciento del oro depositado en el patio de lixiviados.
Eso se debe a que un 40 por ciento del mineral contiene cobre y el cianuro atrapa primero el cobre y en segundo lugar el oro.
Explicaron que estos cuerpos de sulfuro de cobre comenzaron a salir en 2013.
Por la alta concentración de cobre el proceso de beneficio es más lento y requiere más cianuro y más agua, lo que eleva los costos.
A este problema, se suma el de la maquinaría vieja, que eleva los costos de extracción y acarreo.
Aún así, el ejido estima que el costo de producción de la onza de oro es de 2,150 dólares y la rentabilidad es de 2,600, eso quiere decir que obtienen 450 dólares de ganancia libres.
Durante 2024, de acuerdo con el reporte de la misma empresa, Equinox extrajo 170,000 onzas, de oro, eso quiere decir que obtuvieron 76 millones de dólares.
“No es una pérdida, es rentable para la empresa”.
Equinox planteó a los ejidatarios que tiene que hacer una inversión millonaria para cambiar a una planta CIL (Carbón in Leach) un procedimiento de recuperación diferente al que utilizan ahora llamado planta de lixiviados.
Parte de la fachada de la Casa Comunitaria de Salud donde los habitantes pueden conseguir el medicamento a mitad de precio.
“Nos ha hablado de muchas cantidades, primero de 300, después 500, lo más reciente nos dijo que invertiría 800 millones de dólares”.
El ejido se basa en un informe de la empresa a sus socios, en donde planteó una inversión de 500 millones de dólares.
Con sus estimaciones, considera, que cambiando el proceso podrían recuperar 80 por ciento de 400 mil onzas depositadas en el patio de lixiviados, lo que da para 15 años más de producción y obtener 500 millones de dólares anuales por una producción de 320,000 onzas en el mismo tiempo.
“O sea, negocio sí hay”.
Para hacer eso posible, dijeron, que el ejido propuso bajar la renta anual de 6.9 onzas a 4.0 onzas por hectárea e ir incrementando gradualmente hasta 2040, pero la empresa propone 2.5 onzas y sin incrementos y además pagar la renta mes con mes.
“Sí así se queda a mí me pagarían unos 60,000 pesos anuales por hectárea y nadie vive con esa cantidad”, refirió un ejidatario.
Por la propuesta, un ejidatario con una hectárea rentada recibiría 5,000 pesos mensuales.
Sin trato preferente, solo por el tamaño del daño
Las comunidades de Mezcala y Xochipala consintieron en recibir 2.5 onzas por hectárea, por lo que el ejido de Carrizalillo se volvió a quedar solo en su demanda frente a la tercera empresa trasnacional en sus tierras.
La mesa ejidal explica que eso obedece al valor de la tierra y a la factura social que Carrizalillo ha tenido que pagar.
Primero, Carrizalillo renta 95 por ciento de su superficie, la que ya está toda contaminada y esas tierras eran sus parcelas de cultivo, mientras Mezcala y Xochipala tenían esas tierras ociosas.
Segundo, Carrizalillo tiene el patio de lixiviados a 450 metros en línea recta, sin ninguna barrera física; Xochipala a ocho kilómetros y Mezcala a diez, con cerros de por medio.
Desde hace un par de meses, Horacio Montiel vive a tan solo 200 metros del patio de lixiviados, ahí construyó su casa porque ahí está su parcela.
Los costos para Carrizalillo en devastación y enfermedades en sus habitantes han sido muy altos.
“Por eso nosotros no podemos aceptar la renta que nos ofrecen”.
Alcaldesas y alcaldes que participaron «algunos no querían venir, pero los trajimos a la fuerza”, dicen en altavoz durante la movilización
Texto: Marlén Castro / Crónica
Foto: Antonio Castañón
Chilpancingo
Miércoles 5 de marzo del 2025
“Esta marcha es pacífica”, repitió varias veces por el altavoz el líder de los habitantes de varios municipios de la Montaña alta y baja mientras recorrieron la lateral norte-sur de la Autopista del Sol e iban al encuentro del contingente que venía del Valle del Ocotito y del Circuito del Río Azul, para marchar juntos a las oficinas del gobierno estatal.
La ciudad vivió de nuevo una jornada de nerviosismo y congoja por la presencia de estos contingentes de varios municipios de una zona controlada política, económica y criminalmente por Los Ardillos, de acuerdo con el mapeo de las mismas autoridades estatales, quienes le atribuyen una rivalidad con Los Tlacos, otro grupo criminal que busca establecer sus negocios en la capital y otros municipios de la zona Centro y Montaña, justo de los puntos de donde provenían los manifestantes.
Eran alrededor de las once de la mañana, cuando cada contingente ingresó a la ciudad, unos por el sur, otros por el norte, provenientes de 13 municipios, aunque este dato siempre fue impreciso. Su entrada fue intimidante por la cantidad de gente y por las formas. Los manifestantes traían machetes, palos y la mayoría de los hombres traían capuchas. Los mismos organizadores aseguraron que se movilizaron 80,000 personas de ambas regiones, 600 comisarios y 13 presidentes municipales.
Por el altavoz, quien lanzaba las arengas, dijo varias veces que algunos alcaldes que iban en la marcha venían a regañadientes. “No querían venir, pero el pueblo se los trajo”. Insistía en que marchaban para exigir varias obras sociales.
Nueve horas después, alrededor de las ocho de la noche, los manifestantes se retiraron. En ese lapso, hicieron que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se sentara a dialogar con ellos, aunque integrantes de su gabinete habían dicho que no estaba en Guerrero.
Eso ocurrió después de que declararon “retenidos” a los funcionarios que los atendían, tumbaron la puerta de acceso de las oficinas gubernamentales, quebraron varios vidrios de las oficinas gubernamentales con piedras lanzadas con resorteras y de que la Guardia Nacional lanzara gases lacrimógenos para contenerlos.
Desde las primeras horas del día se vio el efecto del anuncio de una nueva movilización de estas características en la capital. Las calles más transitadas de la ciudad estuvieron semivacías y otras, de plano, vacías.
Junto con el anuncio de la movilización se extendió el aviso de que no habría transporte público a Chilpancingo de las rutas de estos municipios.
Varias instituciones educativas suspendieron clases y cerraron algunos negocios.
Hace dos años, el 10 de julio del 2023, unos 5,000 habitantes de Mochitlán y Quechultenango irrumpieron en la capital, supuestamente, para exigir obras sociales, como parte de la movilización retuvieron a policías, funcionarios estatales y vehículos de las fuerzas policiacas.
Lona principal que portaron los manifestantes de municipios de Montaña alta y baja y Valle del Ocotito Circuito Río Azul este martes 5 de marzo.
De acuerdo con testimonios fuera de grabadora de funcionarios estatales, la intención real de aquella movilización fue para negociar la libertad de Jesús Echeverría Peñafiel, un líder transportista de Colotlipa que días atrás fue detenido con armas y droga.
A la movilización de ese entonces, donde no habrían conseguido mucho, le siguieron los ataques a los conductores del transporte público. Taxistas fueron quemados dentro de los vehículos.
La marcha “pacífica”
De tanto insistir, quien tenía el uso del altavoz de que la movilización era pacífica para demandar el cumplimiento a diferentes obras sociales, entraban dudas de que lo fuera.
El contingente proveniente de la Montaña baja y alta portó una manta gigantesca, como la protesta, con este mensaje: “Marcha pacífica por la defensa de nuestros derechos”, que se leía claramente a metros de distancia.
Muchos aspectos de la movilización desentonaban con la palabra paz. Cuando una parte del contingente ingresó por el acceso norte de Chilpancingo, alrededor de las once de la mañana, por la carretera de cuota que comunica con Tixtla y los demás municipios de la Montaña alta y baja, habitantes capitalinos que realizaban sus actividades en la zona corrieron para alejarse con rostros de pánico.
Los manifestantes portaban de forma evidente machetes y palos, además de los rostros cubiertos con capuchas.
Hasta el frente y atrás de la manta enorme venía un grupo de personas que por quien usaba el altavoz se supo que eran las presidentas y presidentes de los municipios de la región.
“Aquí vienen con nosotros los presidentes municipales, dos o tres los trajeron a regañadientes, no querían venir pero los trajimos a la fuerza”.
Los alcaldes eran encabezados por el presidente municipal de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón, quien en la marcha de julio del 2023 participó como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Era evidente que Matías Marrón no era uno de los presidentes que venían a la fuerza. A veces se replegaba un poco, otras se adelantaba y se intuía que hablaba con personas a las que daba indicaciones.
En la marcha de este lado por la lateral norte-sur de la Autopista del Sol, quien encabezaba la marcha era el contingente de Atlixtac, con lonas en las que decían que demandaban que se terminara de construir el hospital. En segundo lugar los de Zitlala con la demanda de destituir a Domitila García Gutiérrez (delegada del Bienestar en Chilapa). En tercer lugar Chilapa, en cuarto Ahuacuotzingo, después Tixtla y al final Apango.
“Exigimos reencarpetamiento Chilapa-Ahuacuotzingo”, plantearon en lonas personas de ambos municipios.
Los de Tixtla que exigían la solución definitiva al problema de la laguna y la rehabilitación de la carretera Zoquiapa-Durazno-Monte Alegre.
Cada contingente se abrió paso en la marcha con una lona que decía Tixtla presente, Zitlala presente.
Durante la marcha se decía que pronto se encontrarían con la gente que venía del Valle del Ocotito y el circuito Río Azul.
Al llegar a la altura del Congreso local, la marcha salió del carril de alta velocidad para tomar la lateral del bulevard Vicente Guerrero, en donde ya los aguardaba el contingente de los municipios de Mochitlán, Quechultenango y Juan R. Escudero, los primeros del circuito Río Azul y el tercero del Valle del Ocotito.
En ese punto, atrás de la lona con el mensaje “marcha pacífica”, al centro de los alcaldes venía Matías Marrón. Desde ese ángulo reporteros tomaron varias fotos de la marcha, Matías Marrón corrió a increpar a esta reportera porque tomaba fotos y le dije que cubría la marcha como lo hacían otros colegas.
Matías Marrón hostigó: “Has de estar aquí de parte de los tlacos”.
Exigió una credencial.
Otras personas que venían en la marcha nos rodearon. Con toda calma dije que no traía en esos momentos una credencial porque bajé rápido del carro para tomar la foto de este instante, pero se la podía mostrar ahí o podía buscar mi nombre en el medio Amapola, periodismo transgresor y ahí lo encontraría.
Matías Marrón me arrebató el celular de las manos y revisó las fotos que había tomado, todas eran tomas generales de la marcha. Lo devolvió molesto y se reincorporó a la marcha.
Aspectos generales de la marcha de los contingentes que demandaron diferentes obras sociales.
Más adelante este contingente se fusionó con el de los habitantes del Valle del Ocotito y Río Azul, arengando a los manifestantes acerca de que su pliego petitorio de hace dos años no se había cumplido y que el gobierno los tiene abandonados.
Durante el trayecto se pregunto de forma personal a algunos habitantes cuáles eran sus demandas o qué les hacía falta en sus pueblos. Algunos desconocían por completo el tema de las obras sociales.
¿Qué tramo de la carretera les falta? Se preguntó a un grupo de hombres que llevaban una cartulina en la que demandaban que se concluyera el eje carretero. Se vieron unos a otros. Al que se le preguntó en concreto no supo responder, otro lo ayudó, dijo: nos hace falta el camino de Tonalapa a Quechultenango. El hombre originalmente increpado y que cargaba la cartulina sólo asintió.
¿Qué situación le afecta de la laguna? Se preguntó a alguien, se supone, de Tixtla. Respondió que era por la contaminación, de acuerdo con lo que había escuchado.
Un habitante de los municipios de la Montaña respondió que vino porque en su pueblo la telesecundaria solo tiene una maestra que atiende los tres grados. Se le preguntó desde que año ocurría eso. Respondió que tenía quince días.
Algunas personas aceptaron que vinieron porque se los pidieron sus comisarios. “La indicación que nos dieron es que debíamos venir una persona por familia”. Los comisarios pusieron carros, pagaron la gasolina y les dieron el almuerzo.
Durante el trayecto de la marcha, desde el norte hasta las oficinas de gobierno, las tiendas de conveniencia a la orilla de la carretera, lucieron con formaciones enormes para comprar agua, refrescos y cervezas.
El tiempo que estuvieron a la espera afuera de las oficinas gubernamentales, las cajas de la tienda departamental Soriana, estuvieron saturadas.
“Vendimos bien, pero que bueno que ya se van”, dijo una de las cajeras cuando se difundió la alarma de que tenían que salir porque debían rodear las oficinas para evitar la salida de los servidores públicos.
Funcionarios “retenidos”, puerta destrozada, vidrios rotos, gas lacrimógeno
Mientras marchaban los contingentes por la Autopista del Sol, el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, acompañado de varios funcionarios estatales y federales, en la explanada de las oficinas de gobierno, anunció en conferencia de prensa que esperaban a los manifestantes para una mesa de diálogo.
Estaban la secretaria de Salud, Alondra García; de Educación, Ricardo Castillo; de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda; del IMSS Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna; el director general de la Comisión Técnica de transporte y vialidad, Arturo Salinas; el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capaseg), Facundo Gastelum y el responsable del Instituto Guerrerense de Infraestructura Escolar (IGIFE), Benjamín Guinto, además de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
Rodríguez Cisneros, de guayabera color perla y pantalón negro, negó frente a todos que la marcha tuviera otras motivaciones, como la versión de que buscaban que las fuerzas policiacas y el Ejército ya no entren a las comunidades de esos 13 municipios.
Alcaldes de la región Montaña alta y baja, con el alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón, al centro. Foto: Marlén Castro.
Pero eso no fue lo que difundió antes el gobierno estatal en un comunicado en nombre del subsecretario. Ahí puso en duda la demanda de obras. “Ningún alcalde ni organización ha solicitado audiencia de manera oficial, lo que deja en duda el verdadero motivo de la manifestación”, es parte del texto difundido en las redes sociales oficiales del gobierno del estado.
Más adelante, todos esos funcionarios se trasladaron a la explanada exterior del Auditorio Sentimientos de la Nación, ante la demanda de los manifestantes porque no permitían ingresar a la gente al Palacio de Gobierno.
Cuando se instaló la mesa de diálogo Matías Marrón y Rodríguez Cisneros tuvieron un encuentro ríspido, que terminó con una frase que intentó ser amable de parte de Matías. Le dijo a Rodríguez Cisneros mi gordito chicharrón, después de que pidió respeto.
“Ve, pues, como me dices”, dijo Rodríguez con una sonrisa forzada y se fueron a sentar para dialogar.
Ya instalados en el Auditorio Sentimiento de la Nación hubo una nueva demanda, que se presentara la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para tener un diálogo directo con ella.
Rodríguez Cisneros dijo desde el principio del encuentro que la gobernadora no estaba en Guerrero. Alrededor de las 2:30 de la tarde, Matías dijo que mientras no llegaba la gobernadora, los funcionarios quedaban retenidos.
Unos hombres que estaban sentados bajo los toldos colocados para evadir los rayos del sol, gritaron: “quítales la sombra”.
Matías giró instrucciones para que eso hicieran, enseguida, varios hombres levantaron el toldo para recorrerlo y dejar expuestos a los rayos del sol a las funcionarias y los funcionarios.
Momentos en que los habitantes empiezan a maniobrar para tirar la puerta de acceso de las oficinas de gobierno.
Matías les dijo que así iban a estar mientras llegaba la gobernadora. “Que se venga, nosotros nos cooperamos con un peso cada uno para pagarle el viaje desde donde esté”, ofreció.
Justo a las 2:50 de la tarde, frente a las oficinas de gobierno, la persona en el altavoz avisó a los manifestantes que no había avances en el diálogo porque la gobernadora no quería presentarse.
Para estos momentos, algunos trabajadores se retiraban de las oficinas y los manifestantes dispersos en busca de sombra, tomando cervezas o bebidas gaseosas.
“Compañeros rodeemos el Palacio, que nadie salga para hacer presión”, dijo el del altavoz y en cuestión de minutos, las oficinas de gobierno fueron rodeadas. Una parte de esas personas se dirigieron a la puerta principal y con herramientas para cortar fierro despegaron una parte de la puerta y otra cedió por los empujones de la multitud.
“Entremos, somos muchos, lo podemos hacer”, dirigía el del altavoz.
Una estampida de hombres con los rostros cubiertos ingresó. Adentro elementos de la Guardia Nacional y policías antimotines de la Policía Estatal ya estaban listos para actuar. Soltaron una bomba de gas lacrimógeno. Los que ingresaron corrieron en estampida ahora de regreso, junto con los que permanecieron afuera de la puerta principal.
Había mujeres con niños pequeños a quienes alcanzó el ardor del gas lacrimógeno, en seguida los bebés y menores se pusieron a llorar mientras las madres corrieron para alejarlos.
Varios habitantes lanzaron piedras con resorteras que rompieron vidrios de los edificios gubernamentales.
Con la rociada de gas lacrimógeno un ratito se calmaron los ánimos, pero unos minutos después, parte de los hombres que entraron pero salieron inmediatamente por el gas lacrimógeno comenzaron a lanzar piedras con resorteras a los vidrios de los edificios del costado.
En varias oficinas había aún personal. De la parte de atrás del edificio se pudieron escuchar algunos gritos de pánico. Algunos empleados tuvieron crisis nerviosas por la agresión a pedradas.
Casi todos los edificios del costado derecho de la oficina de gobierno recibieron pedradas y éstas rompieron los vidrios.
Después de este conato de violencia, se generó un nuevo diálogo. La gobernadora llegaría al auditorio para presidir la mesa de trabajo.
Varios habitantes lanzaron piedras con resorteras que rompieron vidrios de los edificios gubernamentales.
La gobernadora sentada a fuerza
A las cuatro de la tarde, la gobernadora llegó al Auditorio Sentimientos de la Nación, en donde ya se había instalado una mesa de diálogo, con la presencia de los presidentes municipales de las regiones. Ya no se comentó nada sobre el lugar donde estaba, si era fuera de Guerrero, sólo pudo haber llegado en helicóptero.
Antes de arribar, Salgado Pineda posteó en su red social Facebook un mensaje en el que exigía la liberación inmediata de las funcionarias y funcionarios retenidos. Instó a quienes tenían esa postura a entablar una mesa de diálogo en un marco de respeto y legalidad.
“Mi gobierno tiene total disposición para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, pero no tolerará acciones que vulneren la seguridad y libertad de quienes cumplen con su labor. Seguiremos trabajando con firmeza, responsabilidad y compromiso para encontrar soluciones conjuntas, siempre en el marco del respeto y la gobernabilidad”.
Cuando finalmente arribó a dialogar con los manifestantes llegó igual que lo hace en todas sus actividades públicas, perfectamente maquillada y peinada, una de las criticas constantes que enfrenta porque la entidad registra a diario asesinatos y desapariciones, además de otros delitos, mientras ella tiene la apariencia de haber salido de una sala de belleza.
Su primera intervención fue para pedir que dejaran salir a los trabajadores de las oficinas de gobierno, pero para este momento ya todos habían salido. “Porque mejor antes de hablar no se informa”, gritaron desde afuera personas que seguían la negociación a través de las puertas de cristal del Auditorio.
La misma petición hicieron la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHG), Cecilia Gaytán Narciso y la líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, quien fue convocada a estar debido a la situación con los trabajadores.
La reunión duró tres horas. Una a una y uno a uno hablaron las alcaldesas y los alcaldes de los problemas en sus municipios.
Por parte de los alcaldes, aunque los organizadores siempre manejaron que estaban presentes los alcaldes de 13 municipios, en la reunión estuvieron solamente nueve: Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Guillermo Matías Marrón, de Atlixtac; Mercedes Carballo Chino, de Chilapa; Cinthia Gil Hernández, de Quechultenango; David Astudillo Morales, de José Joaquín de Herrera; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan; Gerardo Mosso López, de Mochitlán y Alberto Michi Campos, de Tixtla.
Mercedes Carballo Chino, la presidenta municipal de Chilapa, quien es conocida en la Montaña baja que es cuñada de Celso Ortega Jiménez, ubicado por la Fiscalía General del Estado (FGE), como líder principal de Los Ardillos, negó que en su municipio no quieran la presencia del Ejército y la Guardia Nacional (GN). Dijo que ella trabaja de manera coordinada y bien con soldados y guardias.
Al final del diálogo, la gobernadora ofreció que los secretarios de despacho y directores de los organismos públicos que ejecutan obras acudirán personalmente a sus comunidades para atenderlos y supervisar los programas y obras.
La reunión terminó alrededor de las siete de la tarde. Casi una hora después los manifestantes iniciaron el camino de regreso a sus comunidades.
En Chilpancingo había temor por esta movilización; desde anoche circuló que el transporte foráneo paraba actividades hoy, porque ya ha ocurrido antes y ha habido conatos violentos
Texto: Marlén Castro y Margena de la O
Foto: Antonio Castañón
Chilpancingo
Martes 4 de marzo del 2025
Por el lado norte de la ciudad, habitantes de la Montaña, y por el lado sur, habitantes del Valle del Ocotito y de territorio conocido como Circuito Azul, marcharon por el carril central de la Autopista del Sol en reclamo, según gritaron mediante los equipos de sonido y escribieron en pancartas y mantas, de obras públicas y sociales para los pueblos de ambas zonas.
Ambos contingentes, integrados por miles de personas, se encontraron en el puente elevado de la Autopista, a la altura del museo La Avispa y juntos, después, siguieron hasta Palacio de Gobierno, donde autoridades de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ya los esperaban desde primera hora. En la explanada principal de la sede del Ejecutivo instalaron un toldo con mesa, sillas y botellas de agua.
En la marcha también había 12 alcaldes de estos municipios que, de manera formal, integran las regiones Centro y Montaña; pero no asistieron por voluntad propia. “Aquí vienen nuestros alcaldes, no viene a gusto porque no querían venir, pero el pueblo se los trajo”, dijo una persona mediante la bocina.
Los alcaldes que acudieron son de los municipios de Zapotitlán Tablas, Acapetec, Atlixtac, Chilapa, José Joaquín de Herrera, Tlacoapa, Zitlala, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechultenango y Juan R. Escudero.
Los habitantes de la Montaña, en particular de la subzona conocida como Montaña baja, llegaron a la capital por la parte norte de la ciudad alrededor de las once de la mañana: ingresaron en urvans foráneas del transporte público y camionetas repletas de personas, lo que generó la alerta entre la gente de la ciudad que los toparon en su camino, en particular porque algunos llevaba los rostros cubiertos y portaban varillas y palos.
De lado del sur, los del llamado Valle del Ocotito y Circuito Azul, repetirían la acción.
Los de la parte norte comenzaron la marcha por el carril central de la autopista, a la altura de las centrales de autobuses, y avanzaron en dirección al sur. En la larga manta que llevan al frente se leía: “Marcha pacífica”.
“Les decimos a nuestros representantes que aquí estamos exigiendo lo que ellos prometieron en su campaña política. Les decimos y les recordamos que miren sobre este lado, que no han cumplido, y que nuestros hermanos de los otros municipios, de Quechultenango, ya nos están esperando”, mencionó alguien por bocina.
La demanda principal, según repitieron, es que haya carreteras, hospitales, servicios médicos de calidad, entre otras necesidades y obras en sus regiones.
El gobierno estatal difundió mediante un comunicado que ninguna autoridad municipal había solicitado alguna audiencia previa a la marcha. “(…) Ningún alcalde ni organización ha solicitado audiencia de manera oficial, lo que deja en duda el verdadero motivo de la manifestación”, se lee en el texto difundido en redes sociales oficiales del gobierno estatal y atribuido al subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Esta imagen corresponde al momento en que los habitantes de la Montaña ingresaban por la parte norte de la ciudad. Foto: Especial.
Desde antes de la marcha en la ciudad ya había cierta expectación, porque desde ayer por la noche circuló mediante redes sociales que el transporte foráneo en la ciudad que circula hacia la Montaña baja y hacia Circuito Azul sería suspendido para hoy. Estas son algunas rutas: Chilapa, Tixtla, Apango, Ocotito, Mazatlán, Mochitlán, Petaquillas, Quechultenango. La razón que expusieron en esos comunicados fue que los transportistas se manifestarían en la ciudad.
La información generó que en algunas escuelas de la ciudad de nivel básico y medio superior, tanto públicas como privadas, los directivos suspendieran clases. Estas son algunas escuelas donde no hubo clases hoy, las secundarias Raymundo Abarca Alarcón y la federal Antonio I. Delgado (ESFAID); el CBTIS 134, y la institución privada Cesgro.
La medida alrededor de este anuncio, más allá de que no habría servicio del transporte foráneo, tendría que ver con un temor ciudadano, porque no es la primer vez que suspenden este servicio en la ciudad, lo que casi siempre está asociado a una crisis por violencia.
La última crisis ocurrió en febrero del 2024, porque conductores del transporte público volvieron a ser atacados a balazos. Siete conductores del transporte público asesinados y varias unidades incendiadas, un taxi fue quemado con todo y el conductor dentro, fue parte del saldo del año pasado.
Ese momento de crisis contra conductores del transporte público estuvo asociado, según lo que documentó este medio, a una diferencia entre dos grupos criminales, situación que necesitó la intervención de actores sociales. Aquí los detalles. Uno de esos grupos criminales alrededor del transporte son Los Ardillos, quienes tienen su zona de influencia en Montaña baja y parte de zona Centro, incluido Valle del Ocotito y Circuito Azul, lugares de donde son los habitantes que hoy protestaron.
Al momento de esta publicación ocurre la reunión entre funcionarios del gobierno estatal y representantes de los dos bloques de inconformes en la sede del Ejecutivo o Palacio de Gobierno.
El normalista de Ayotzinapa continúa adelante, pero las cicatrices en su cara y cuerpo lo regresan a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014
Texto: Margena de la O
Foto: Facebook Tryno Maldonado
Chilpancingo
Miércoles 26 de febrero del 2025
A 10 años y cinco meses del balazo que le destruyó el maxilar, Édgar Andrés Vargas se empeña en borrar las cicatrices de su rostro y cuerpo a consecuencia de las siete cirugías de su reconstrucción.
Esas cicatrices continúan transportándolo a la noche de Iguala, cuando corría desangrándose sobre la calle Juan N Álvarez.
“En estas fechas que veo las cicatrices que tengo, por ejemplo, de cierta manera me transporta a lo sucedido, incluso hasta me ha dado como sensación de arrepentimiento”.
Edgar Andrés se ha reprochado por qué asistió a Iguala y cuestionado por qué le tocó a él.
En ese momento estudiante del tercer año de la licenciatura en Educación Primaria (2012-2016), acudió a Iguala la noche del 26 de septiembre del 2024, como parte de la comitiva de normalistas rurales que salió de Ayotzinapa en apoyo a sus compañeros que policías habían baleado en el trayecto que va del mercado hasta Periférico Norte, cruzando por el centro, después de sacar tres autobuses de la estación camionera Estrella Blanca.
Más tarde fue parte del grupo de estudiantes que se refugió en la clínica Cristina, donde llegaron elementos del Ejército para reprocharles por su presencia en la ciudad.
En este foto donde aparece Édgar Andrés, de sudadera negra, la compartió en sus redes sociales el escritor Tryno Maldonado, quien está al lado del maestro normalista de Ayotzinapa. Foto: Facebook Tryno Maldonado.
En la clínica, Édgar Andrés vio por primera vez su herida, sin reconocer, todavía, el grado de la agresión. “Me acerqué, no recuerdo si era una ventana o un espejo donde se veía mi reflejo, y pude ver un poco, pero sólo veía sangre, no veía otra cosa, no sabía la magnitud de lo que me había ocurrido, incluso ya estando en terapia intensiva yo creí que todo el proceso iba a ser de unos meses, y hoy por hoy ya son (más de) 10 años”.
La larga lista de cirugías y revisiones que lleva Édgar Andrés no resumen 10 años invertidos en su reconstrucción física, pero muestran cierta complicación de su proceso.
Los primeros días después de la lesión los pasó en terapia intensiva, tuvo varios meses sin hablar a causa de la herida, fue alimentado mediante sondas durante dos años, acudió a citas constantes con especialistas en otorrinolaringología, cirugía plástica, ortopedia para su exhaustivo procedimiento de funcionalidad y reconstrucción del maxilar; cirugías diferentes, todas dolorosas y molestas, hasta la vez que le fijaron el dedo ancho del pie izquierdo, porque le causaba dolor al caminar, consecuencia de que le extrajeron un hueso del peroné, para la reconstrucción de su paladar. Todavía le incomoda el pie.
Las consecuencias y el procedimiento de reconstrucción tiene costos emocionales en la vida de Édgar Andrés, que no sólo se agotan con sobrellevar lo que vivió la noche de Iguala, es aceptar la persona que es ahora, por sus cambios físicos a causa de la reconstrucción. “Por mucho tiempo no me aceptaba físicamente. Si veo mi cuerpo, tengo cicatrices por donde sea y eso por mucho tiempo me ha generado cierta inseguridad, aunque lo he tratado con sicólogos, sigue esa parte”.
Édgar Andrés en su etapa de estudiante en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, antes de la noche de Iguala. El joven está en la plaza principal de Tixtla. Esta imagen circula hace años en internet. Foto: Internet.
En la actualidad abraza una de las aspectos más importante que le dejó la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, su formación de maestro. “Le tengo mucho cariño a la institución (Ayotzinapa)”. Desde 2019 es profesor de una primaria de turno vespertino en el Estado de México, porque ganó una plaza después de hacer su examen de oposición. Este mérito empezó a reconocérselo hace poco, en un ejercicio por valorar su esfuerzo, como parte de su propia recuperación, que aún tiene fases pendientes, como la eliminación de cicatrices, físicas y emocionales.
Estuvo casi cinco semestres en la Universidad Iberoamericana (IBERO), en la Ciudad de México, cursando la licenciatura en Derecho, por una beca que logró con el apoyo del Centro Miguel Agustín Pro, para probarse en la defensa de los derechos humanos. No la culminó, porque su recuperación y su faceta de maestro fueron prioridad.
A la escuela primaria –este ciclo escolar (2024-2025) tiene a cargo sexto grado– evita llevar lo que le pasó aquella noche, porque prefiere que lo conozcan por su aportación como docente, pero no olvida la agresión. “Lo de Ayotzinapa siempre va a ser un crimen de Estado”.
No hubo servicio durante 48 horas para pacientes de 58 colonias del norte de la ciudad
Texto y Foto: Margena de la O/ Especial
Chilpancingo
Lunes 24 de febrero del 2025
Este lunes que reabrió el Centro de Salud de la San Rafael Norte después de dos días involuntarios sin servicio, el personal médico les negó la atención a unas 20 personas, la mayoría mujeres embarazadas, porque no tuvieron capacidad para atenderlas por el rezago que les acarreó que les cerraran la unidad desde el sábado, informó el coordinador del lugar, el médico José Luis Rodríguez Nava.
Los 9,400 habitantes de 58 colonias y pequeños asentamientos de la parte norte de la ciudad a los que da cobertura este centro de salud, estuvieron sin servicios de salud durante todo el fin de semana porque los arrendatarios de la casa habitación que ocupan desde el año pasado como instalaciones provisionales les impidieron el paso a los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, administrativos y demás personal por el adeudo que tiene IMSS-Bienestar con ellos por dos meses de renta.
Hasta las 10:30 horas de hoy, el personal reanudó las actividades en la casa habitación que funciona como centro de salud, ubicada en calle Circuito, Zona industrial, lo que generó una saturación en la demanda de los servicios médicos.
Rodríguez Nava aclaró que regresaron a sus casas a estas personas solo por falta de capacidad para atenderlas, no por un acto premeditado. Aclaró que los lunes suelen ser días con mucha demanda, pero lo de hoy tiene que ver también con la suspensión de actividades del fin de semana.
Hasta después del mediodía el flujo comenzó a bajar en el centro de salud; ya eran menos pacientes los que esperaban servicio.
El personal del centro de salud retomó las actividades después que personal del Instituto Mexicano del Servicio Social (IMSS) llegó a acuerdos con los arrendatarios, los integrantes de una organización de transportistas no organizados.
La unidad de salud original está ubicada en la calle Acutzingo, en la colonia San Rafael Norte, pero el suelo donde esta cimentada es atravesado por una falla geológica que convirtió en zona de riesgo toda esa parte de la ciudad; el edificio de salud comenzó a presentar daños y fue declarado inhabitable, por esa razón les reubicaron, contó el coordinador.
Todo el personal y el equipo ocupó la casa habitación de Circuito zona industrial en 28 de enero del 2024 ya cumplieron un año, porque para los habitantes de las colonias a quienes les brindan el servicio de salud era muy importante que la unidad médica siguiera en la zona.
El nuevo centro de salud en la actualidad es una casa habitacional de dos niveles, con un patio trasero amplio y un estacionamiento. Conserva toda la pinta de una casa común.
En el lugar 80 empleados de todas las áreas atienden entre 45 y 50 personas diarias de 18 programas distintos de salud, según los datos recabados hoy en el lugar. El coordinador informó que los fines de semana baja un poco la afluencia en los consultorios, lo que más atienden son urgencias.
El sábado pasado, poco antes de las ocho de la mañana, cuando el personal comenzó a llegar a este lugar adaptado como centro de salud, las rejas de la entrada principal estaban cerradas con doble candado.
Esta imagen es del sábado pasado que tomaron los mismos empleados después de que hallaron el edificio del centro de salud, la casa habitación color amarilla a sus espaldas, cerrado con candados. Foto: Especial.
Los arrendatarios habían tomado la decisión drástica de no permitirles la entrada por el adeudo y como un mecanismo de presión. El personal del centro de salud permaneció afuera de casa habitación. Rodríguez Nava comentó que en ese tiempo avisó a los presidentes de las colonias de la situación, lo que les alertó, “porque si nos reubicaban a nosotros había peligro de que se quedaran hasta sin centro de salud”.
Desde la pasada administración del gobierno federal, en varios estados, entre ellos Guerrero, lo servicios de salud pública comenzaron a ser absorbidos por el IMSS, que ahora tiene la figura de IMSS-Bienestar. “Con la transición que hubo al IMSS, Jurisdicción (Sanitaria, el sistema regional que depende de la administración del gobierno estatal) ya no se pudo seguir haciendo cargo”, explicó el coordinador.
En medio de esos cambios, porque la incorporación es paulatina, no hubo quién pagara el arrendamiento de este centro de salud. El último mes que pagó el gobierno estatal fue diciembre del año pasado, pero el bimestre de este año, al parecer, debe cubrirlos IMSS-Bienestar; personal de esta dependencia llegó a reunirse esta mañana con los arrendatarios, quienes, al final, abrieron los candados.
El tema de este centro de salud no queda agotado con su reapertura, aún está pendiente su reubicación formal, el coordinador expuso que ellos han propuesto que les construyan un nuevo edificio en alguno de los tres terrenos públicos que están en la misma zona, dos pertenecen al gobierno estatal y uno al Ayuntamiento de Chilpancingo, para que la zona norte de la ciudad al margen de la autopista mantengan sus servicios básicos de salud.
Pero este otro proceso de construcción aún ni comienza.
Organizaciones feministas exigieron que el ataque contra la consejera Aremy Rodríguez en Tlapa, Guerrero, sea investigado como intento de feminicidio.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Especial
Chilpancingo
Lunes 17 de febrero del 2025
Aremy Rodríguez Santiago, consejera electoral del distrito 05 del Instituto Nacional Electoral (INE) y secretaria de la Comisaría Ejidal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, resultó gravemente herida tras ser atacada a balazos, ante lo cual organizaciones feministas exigieron que se investigue como intento de feminicidio.
Los hechos se registraron la mañana de este domingo 16 de febrero cuando Rodríguez Santiago fue agredida a balazos al momento de ingresar a las oficinas de la Comisaría Ejidal, en el barrio San Francisco.
A través de un comunicado, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, señaló que la consejera fue trasladada de vía aérea del Hospital General de Tlapa al Hospital IMSS-Bienestar de Acapulco, y que se mantiene comunicación con sus familiares.
Cabe destacar que Rodríguez Santiago es hija de Jorge Rodríguez Ponce, quien se desempeña como delegado de Gobernación en la región de La Montaña.
También es integrante del cuerpo académico de la Escuela Feminista de Derchos Humanos.
El INE en Guerrero también confirmó y lamentó el asesinato de Felipe Solano, un operador de equipo tecnológico adscrito a un Módulo de Atención Ciudadana, quien fue atacado a tiros cuando acompañaba a su hijo a bordo de una ambulancia, quien había resultado herido en una balacera.
Condenan ataque a consejera electoral de Tlapa de Comonfort
El INE en Guerrero, la 05 Junta Distrital, el Poder Legislativo estatal, la Comisión de Derechos Humanos, así como organizaciones feministas condenaron el ataque en contra de la consejera
(Foto: Facebook Mujeres de Tlapa).
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) señaló que desde el primer momento se dio seguimiento al caso y exhortó a las autoridades a realizar una “investigación profesional y con perspectiva de género”.
La diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, exigió a las autoridades esclarecer el caso, aplicar medidas contra la violencia de género en la región de La Montaña y medidas de protección para Rodríguez.
La organización Mujeres de Tlapa también exigió a la Fiscalía realizar una investigación con perspectiva de tentativa de feminicidio.
En tanto el Frente Feminista Nacional publicó el siguiente posicionamiento: “Exigimos justicia en el caso del atroz intento de feminicidio de la defensora de derechos humanos de las mujeres en la montaña guerrerense, Aremy Rodríguez Santiago en Tlapa de Comonfort, Guerrero”.
Este es un trabajo original de Animal Político y es reproducido con su autorización.
Los hechos se registraron la madrugada de este domingo 16 de febrero en la carretera Pinotepa Nacional-Acapulco, a la altura del puente del río Papagayo en el poblado de Buenavista.
De acuerdo con los reportes, personas armadas a bordo de un taxi y de una motocicleta interceptaron a la ambulancia y dispararon contra quienes iban a bordo.
“Elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de los servicios periciales de la FGE Guerrero llegaron al lugar y realizaron las primeras diligencias, así como el levantamiento de los indicios correspondientes”, informó la Fiscalía de Guerrero.
Al lugar llegó personal de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional para resguardar la zona y desplegar un operativo de búsqueda de los responsables del ataque.
Foto: Especial
Violencia en Guerrero
Guerrero es una de las entidades más violentas del país: en 2024 ocupó el quinto lugar en cuanto a homicidios dolosos, con mil 738 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tras finalizar enero de este año, el estado se ubicó en octavo lugar en asesinatos con 120 casos, por detrás de Guanajuato, Baja California, México, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Jalisco, que concentran el 53.1 %.
Foto: Captura de pantalla
A la vez, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registro de 4 mil 330 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
Este es un trabajo original de Animal Político y es reproducido con su autorización.
En 2023 y 2024 ocurrieron la mitad de los crímenes. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI expone que la desaparición es otra violencia invisibilizada contra estas poblaciones; junto a colectivos locales publican una guía para la documentación de casos
Texto: Margena de la O
Foto: Amilcar Juárez / Archivo Amapola / Belén kemcha / Pie de pagina
Chilpancingo
Domingo 16 de febrero del 2025
En Guerrero, 48 personas LGBTI+ fueron asesinadas del 2016 al 2024, lo que les resulta un dato “atroz” porque estas poblaciones son violentadas a partir de creencias y expectativas sociales sobre su género, sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual o características sexuales, alertó el colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero.
Casi la mitad de estos casos, documentados mediante un rastreo hemorográfico, ocurrieron solo entre 2023 y 2024, de acuerdo con el desglose de las cifras que hace el colectivo guerrerense de estadísticas de la coordinación estatal del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en México (ONCO-LGBTI), a través de un documento. Orgullo Guerrero junto a otras organizaciones forma parte del Observatorio.
Los organizaciones exponen cuáles son los municipios donde ocurrieron el acumulado de crímenes, lo que les pone en cierta alerta: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Ayutla, Ometepec, Arcelia y San Marcos.
Foto: Belén Kemcha/Pie de Página
Durante 2023, la entidad ocupó el tercer lugar en asesinatos contra personas de estas poblaciones, con 11 casos.
En la estadística del 2023 destaca el caso de Moy Abarca, un activista LGBTI+ de Acapulco, quien fue desaparecido y asesinado. Despareció el 1 de septiembre del 2023 junto a otros jóvenes que fueron sacados por la fuerza de un centro de rehabilitación de la periferia de Acapulco, días después su cadáver su hallado en una fosa clandestina durante una jornada de búsqueda de madres buscadoras en e parque nacional de El Veladero, en Acapulco.
Durante 2024, el ONCO-LGBTI documentó siete asesinatos –de cuatro hombres gay y tres mujeres trans–ocurridos en Acapulco, Chilpancingo y Ayutla, lo que los coloca como municipios con cierta alerta.
Los 48 asesinatos fueron cometidos contra esta grupo de personas en concreto: 24 mujeres trans, 21 hombres gay, dos mujeres lesbianas y un hombre trans.
Otra violencia contra personas LGBTI+ que el colectivo Orgullo Guerrero expone de los reportes de ONCO es la desaparición que, aun cuando no han podido medir con cifras, existe. Esta imposibilidad de un registro numérico “no significa que no haya casos, es más bien la evidencia de la invisibilidad de esta situación social y de la ausencia de un registro oficial por parte de las autoridades correspondientes”.
Una manta con la consigna más urgente en una de las marchas en exigencia de la garantía de los derechos de las personas LGBTI+, en Chilpancingo. Foto: Archivo Amapola
Estas dos condiciones de violencia contra las personas LGBTI+ comienzan desde el momento en que son juzgadas en sus entornos a partir de creencias y expectativas sociales, lo que detona una “situación atroz” para estas poblaciones, alertó el colectivo guerrerense.
El documento mediante el cual el colectivo evidencia una situación de violencia en Guerrero contra estas poblaciones forma parte de un trabajo mucho más amplio, el cual llamaron Personas LGBTI+ Desparecidas en México, Guía práctica para el registro y seguimiento de casos, que hace unos días presentaron en el estado.
De acuerdo con miembros del colectivo local fue un trabajo conceptual con un propósito mayor al de exponer datos, porque el objetivo es que funcione como instrumento para cuando ocurran desapariciones de personas LGBTI+, porque existe el antecedente de ser invisibilizadas por casi todas las esferas sociales, incluidas las instituciones públicas.
La guía brinda desde las características de las desapariciones hasta herramientas prácticas para la documentación de la desaparición con una perspectiva diferenciada que les permita identificar patrones de víctimas, perpetradores y lugares de riesgo, entre otros propósitos.
