Seguidores de Marcelo Ebrard Casaubón acusaron que en Guerrero se utilizaron recursos públicos para que ganara las encuestas la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
«Hubo muchas incidencias. Por ejemplo: las encuestas que programadas en las zonas urbanas se movieron a las zonas rurales, en donde la gente ya tenía línea para votar por Claudia Sheinbaum», aseguró Carlos Payán Cortinas, coordinador estatal de la avanzada nacional de Marcelo Ebrard.
Ernesto Payán acusó al ex Jefe de la Oficina del Poder Ejecutivo del Estado, Jesús Urióstegui García, y a los Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar de operar en las localidades para que la gente votara por Sheinbaum en la encuesta.
«A los representantes contrarios a los de Claudia Sheinbaum nos pusieron obstáculos para llegar a tiempo a los lugares donde se iban a realizar las encuestas», dijo el seguidor de Marcelo Ebrard.
Este jueves luego de que se dieron a conocer los resultados de las cinco encuestas que favorecieron a Claudia, los seguidores del aspirante presidencial Marcelo Ebrard ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron las irregularidades en este proceso interno que realizó la dirigencia nacional de Morena.
La diputada federal Aracely Ocampo Manzanarez dijo que una de las anomalías que se detectó en Chilpancingo es de que no se les avisó que día se iba a realizar la encuesta.
Aracely Ocampo y los legisladores locales Alfredo Sánchez Esquivel, Masedonio Mendoza y el ex presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos, anunciaron que participarán en la asamblea a la que está convocando Marcelo Ebrard, el próximo lunes en la Ciudad de México.
«Hubo muchas irregularidades, de un gran tamaño pero yo no estoy en la disposición de salirme de Morena pese a los golpeteos que he sufrido por parte de algunos compañeros del partido y de funcionarios», dijo Alfredo Sánchez Esquivel, sancionado por la Comisión de Honor y Justicia de su partido con una expulsión por acreditar actos de autoritarismo en contra de una trabajadora del Congreso, a la vez, consejera morenista.
Sánchez Esquivel impugnó esa resolución partidista ante los tribunales electorales.
«Ya no tiene caso seguir en Morena y propongo mejor que se busquen las candidaturas independientes», dijo Ernesto Payán.
Félix arma show por triunfo de Claudia
La noche de ayer miércoles, el senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda festejó el triunfo en las encuestas de Claudia Sheinbaum con un show en un salón de eventos sociales ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Chilpancingo.
«Si se pudo, sí se pudo», gritaba Félix Salgado y decenas de sus seguidores que en su mayoría eran trabajadores del gobierno estatal.
Luego el senador morenista cantó varias canciones. La reunión del festejo fue transmitida por el propio Félix Salgado a través de su cuenta personal de Facebook.
La investigación «Permiso para matar» busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Texto: Daniel Moreno / Animal Político
Ilustración: Jesús Santamaría y Andrea Paredes
28 de agosto del 2023
Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90 por ciento de homicidios quedan impunes.
Hablamos de todos los muertos, de los que oficialmente “se mataron entre ellos”, de los que “chocaron” con fuerzas de seguridad de cualquier nivel siendo supuestos integrantes del crimen organizado, de los que cayeron por el fuego cruzado y que se describe en informes oficiales como “víctimas colaterales”, de cientos de integrantes de fuerzas de seguridad, víctimas de algún ataque y, por supuesto, de las personas inocentes, indefensas, cuya vida fue truncada por policías, soldados o marinos con el pretexto del cumplimiento del deber, sobre las que trata esta investigación.
Claro que hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios.
Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.
Además, las víctimas registradas oficialmente por el Inegi no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta.
Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.
¿Cómo confirmar hechos y cifras cuando un boletín oficial informa vagamente que hubo un enfrentamiento en el que murieron “cinco o diez presuntos delincuentes”, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el gobierno dice que un grupo delictivo “se llevó a sus muertos”? ¿Cuántos no fueron reportados por la propia autoridad? ¿De cuántos no habrán de encontrarse huellas?
¿Cuántas personas sin vínculo con la violencia han muerto o desaparecido a manos de la autoridad, pero no fueron reportadas?
Y si no sabemos con precisión cuántos, se alejan las posibilidades de saber por qué o quién lo hizo, porque hay que insistir y ser más precisos: 24 de cada 25 asesinatos intencionales quedan impunes.
¿Cuántos murieron sin empuñar un arma, sin retar a la autoridad? ¿Quién puede ir más allá de lo que informan los escuetos boletines de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional? ¿Los fallecidos sí eran del crimen organizado? ¿De veras le dispararon a la policía?
¿Quién investiga las causas reales de un asesinato? ¿Quién busca al homicida? ¿Quién certifica que sí “encontraron el cuerpo en un terreno” o verifica que efectivamente las autoridades sólo “repelieron una agresión”?
Oficialmente, no hay gobierno que reconozca abusos de las fuerzas de seguridad, así que tampoco podemos saber cuántas personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos como la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada. Y cuando por una u otra razón quedan en evidencia los abusos, las autoridades solo los atribuyen a “manzanas podridas”, que excepcionalmente se filtran en sus filas, pero nunca se reconoce la existencia de un sistema pensado para permitir la impunidad de estas fuerzas, de sus mandos y de quienes diseñan las estrategias y marcan el rumbo de la “guerra”.
Hay datos para demostrar que todas estas preguntas son válidas, que se debe dudar de las cifras oficiales y, sobre todo, de una narrativa ofrecida por la autoridad que principalmente permite su actuar en impunidad.
Otro ejemplo. Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas.
Ahí están Monterrey, Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo…
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La investigación que presentamos busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, víctimas que fueron “detenidas” por estas mismas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.
Este trabajo prueba que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.
Aquí hay más de mil 500 víctimas, con nombre y apellido. Víctimas de autoridades, de policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no de la guerra contra el crimen. Aunque hablemos de un universo de 371 mil asesinatos en tres sexenios, mil 500 no son pocas porque en realidad son sólo una muestra, en la que se puede presumir que murieron o desaparecieron, impunemente, a manos de entidades gubernamentales. Triplemente grave.
Personas que salían de la escuela, estaban en casa, compraban algo en una tienda, jugaban futbol, transitaban por una carretera, comían en un restaurante… O que salían de la biblioteca de su escuela, el Tec de Monterrey, como les ocurrió a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010. Un caso muy conocido, y que aun así permanece impune.
Las fuerzas de seguridad, en estos mismos casos y según la versión oficial, simplemente “se equivocaron” o lo que hicieron solo fue un “acto de indisciplina” o “los culpan, pero seguro son inocentes” o…
En el caso de Jorge y Javier, como en cientos más, la autoridad buscó sembrarles pruebas a las víctimas para eludir su responsabilidad y si fueron “descubiertos” se debe únicamente a la insistencia de una familia o a la investigación de periodistas o al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Nunca a gobernante alguno.
La suma de casos, las coincidencias en el modus operandi y la impunidad dejan en claro que no solo son un número inaceptable, también que son algo más que errores o casos aislados.
Revelan que las fuerzas del orden saben que no habrá consecuencias. Que lo hacen porque se puede. Que actúan a sabiendas de que tienen licencia a priori y un manto de complicidades a posteriori para disponer de la vida de cualquier persona. Que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.
Éste es un listado inédito de víctimas que demandan justicia, que exigen una explicación: ¿por qué, si solo salió unos minutos a un mandado? ¿Y por qué el gobierno encubre a sus criminales?
La investigación se basa en fuentes hemerográficas, testimonios, investigaciones académicas, recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos y, particularmente, en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares.
La metodología para esta búsqueda inicia con el universo digital de Google y un buscador diseñado por Óscar Elton y Mónica Meltis, de Data Cívica, que permitió seleccionar decenas de miles de notas periodísticas o boletines que incluían información sobre asesinatos y detenciones en los que presuntamente había policías estatales o federales, militares en activo, marinos destacamentados en unidades dedicadas a la seguridad o elementos de la Guardia Nacional.
Utilizando palabras clave, se generó un primer listado con más de 60 mil coincidencias. Se revisaron una por una para seleccionar los casos que podían encuadrar en dos categorías seleccionadas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas por presuntas fuerzas federales o estatales, pero que además hay elementos para probar que no estaban participando en hechos delictivos y que ni siquiera tenían órdenes de aprehensión ni una orden de juez para su arresto, o bien que estaban indefensos.
Además, se revisaron todas las recomendaciones de las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos y la Nacional.
Se acudió a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos para conocer sus casos.
Se revisaron expedientes de los pocos casos que se abren al público y al periodismo.
Se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.
Profundizamos también en la vida de 191 víctimas de ejecución y desaparición, en las que grabamos entrevistas con familiares que narran sus pesadillas y nos actualizan sobre el estado de la investigación.
Policías de distintas corporaciones, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Decidimos no incluir a policías municipales, que también son parte del enfrentamiento armado, pues el número a identificar se podría multiplicar por 10, y esta investigación no contaba con tal alcance. Nos queda pendiente registrar, bajo la misma metodología, la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, la mera ineficiencia o el poder que da un arma y que permite a los policías de estas corporaciones matar, sin que pase nada.
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La investigación a profundidad de estos 135 casos fue posible por el trabajo que hicieron periodistas de todo el país, que participaron por meses en esta investigación.
Participaron La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas).
Y los periodistas Carlos Arrieta, Charbell Lucio y Carlos López (Michoacán), Miguel León (Veracruz) y el propio Paris Martínez (CDMX).
Todos y todas, coautores de este trabajo, que se nutre sobre todo de las propias indagatorias que hacen los familiares de las víctimas. Sin ellas ni siquiera podríamos saber lo poco que sabemos sobre la impunidad oficial cuando en México las autoridades matan personas inocentes, las ejecutan y las desaparecen.
Permiso para matar documenta casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de fuerzas de seguridad | Ilustración: Jesús Santamaría / @re.zndz y Andrea Paredes / @driu.paredes
Una mujer transgénero nombrada Shiirya fue asesinada a puñaladas en el centro de la ciudad de Iguala, en la zona Norte de Guerrero, después de ser víctima, al parecer, de un asalto.
Los reportes policiales indican que el crimen ocurrió la madrugada de este viernes, cuando Shiirya caminaba entre las calles Maya y Bravo, en el centro de Iguala, fue atacada por una persona que la despojó de sus pertenencias y la apuñalaron en diversas ocasiones, después el atacante huyó y aún no es localizado.
Fue a través de una llamada al número de emergencias 911 que pidieron auxilio en la zona como se conoció del hecho.
Al lugar acudieron paramédicos que la trasladaron al Hospital General Jorge Soberón Acevedo, donde falleció.
En el reporte de las autoridades citan que Shiirya tenía heridas producidas por arma punzocortante.
Shiirya en una foto retomada de su perfil de Facebook.
El integrante del Observatorio de Crímenes de Odio contra personas LGBT Guerrero (Onco-Gro), Uriel Mena Flores, mencionó que del 2018 al 2023 han documentado 30 asesinatos contra integrantes de las poblaciones LGBTI+.
En lo que va del 2023 tienen el registro de cuatro asesinatos en diferentes municipios del estado.
«Como observatorio incluimos estos casos, porque la exigencia es que se realice una investigación certera y libre de prejuicios para que sean las autoridades correspondientes las que mediante la investigación pertinente, determinen las causales del crimen y no le den carpetazo o ignoren el crimen», comentó Mena Flores.
Poblaciones LGBTI durante la marcha del Orgullo en Chilpancingo, el 17 de junio del 2022. Foto: David Juárez (Archivo Amapola).
Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia
Chilpancingo
«¡Vamos avanzando, vamos muy bien!», dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por un reportero sobre la inseguridad en Guerrero durante su conferencia de prensa matutina ofrecida hoy en el puerto de Acapulco.
López Obrador reconoció un repunte de homicidios en el estado, pero los atribuyó a que «grupos conservadores» que dejaron un país «con mucha violencia, porque los anteriores gobernantes estaban amafiados con la delincuencia».
Mostró una gráfica en la que durante 2018 y 2019 los homicidios en Guerrero superaban los 2,000 casos anuales, lo que, de acuerdo con la diapositiva presentada en la conferencia, en 2022 se redujo a 1, 137 homicidios.
“Tenemos repuntes porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás, ya se ha ido avanzando, ya les mostré que no es lo mismo que antes”, dijo.
–¿Hay focos rojos en Guerrero?, –le preguntó un reportero a López Obrador, y él respondió que estos no existen, porque «vamos avanzando, vamos muy bien en el combate a la violencia».
López Obrador aseguró que la violencia en Guerrero la combaten con los programas sociales.
«El avance en materia de seguridad se debe a los programas sociales, a la atención a los jóvenes, al combate de la pobreza, en que en casi en todos los hogares de Guerrero llegue al menos un apoyo, ya sea un programa de Bienestar o un apoyo pequeño del presupuesto nacional”, comentó.
Durante la conferencia de prensa matutina que se realizó en la 27 Zona Militar en Acapulco, en los municipios de Chilpancingo y Juan R Escudero, a una hora de distancia, cuadro cadáveres fueron hallados en hechos distintos.
En Chilpancingo dos cadáveres desmembrados y decapitados fueron abandonados debajo del Puente Ayutla, a una calle del panteón central de la capital.
Durante la madrugada los cadáveres de dos mujeres fueron hallados en el municipio de Juan R Escudero. Eran los de Marlene Adame Simón y Mariela Lozano Salgado, las dirigentes transportistas reportadas como desaparecidas desde el miércoles pasado.
La organización le dio cuatro días a las autoridades para resolverles sus demandas, la principal de ellas es dar con el paradero de dos jornaleros desparecidos que forman parte de sus pueblos
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cipog-EZ
24 de agosto del 2023
Chilpancingo
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que mantuvo bloqueada por cinco días la carretera interestatal Chilapa-José Joaquín de Herrera, a la altura del poblado de Alcozacán, para exigir la aparición con vida de dos de sus integrantes desaparecidos, liberó esta mañana la vía de comunicación después de un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno.
A través de un comunicado, el Cipog-EZ informó que “derivado de los diálogos establecidos con Francisco Rodriguez Cisneros, director de Gobernación en Guerrero y Ludwig Marcial Reynoso secretario general de Gobierno en Guerrero, se llegó a un acuerdo parcial en el cual se comprometen a dar seguimiento a las demandas exigidas por los pobladores”.
Las exigencias de los pobladores son la aparición con vida de Nicolás Rodríguez Díaz y Ángel Villalba Salvador, quienes desaparecieron la mañana del jueves 17 de agosto, después de llegar a Chilpancingo provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa, de acuerdo con la versión del Cipog-EZ.
Además, el Cipog-EZ pidió la desarticulación del grupo criminal Los Ardillos y la detención de su dirigente, Celso Ortega Jiménez, a quienes señala de ser los responsables de la desaparición de sus compañeros y de ser los provocadores de la violencia en la Montaña baja de Guerrero.
“Se decide terminar el bloqueo de la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera con la promesa de retomar nuevamente el bloqueo si las autoridades de gobierno no cumplen con lo acordado”, mencionó el Cipog-EZ.
La organización otorgó al gobierno estatal un plazo de cuatro días para ver resultados en sus peticiones, es decir, si el martes próximo no ven avances, advierten que tomarán “otras acciones acompañadas con el bloqueo de la carretera, sin tregua alguna”.
La semana del 13 al 20 de agosto, el Cipog-EZ fue blanco de la violencia que hay en Chilapa de Álvarez, en la zona denominada Montaña baja, donde, de acuerdo con fuentes de seguridad, opera el grupo criminal Los Ardillos.
El domingo 13 de agosto civiles armados asesinaron a balazos a dos integrantes de la organización cuando cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa.
Las víctimas fueron Esteban “N”, de 40 años y su hijo Juan “N”, de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa.
El Cipog-EZ es una organización campesina y de pueblos originarios con presencia en la Montaña baja de Guerrero; crearon un grupo de autodefensa para protegerse, dijeron, del grupo criminal de Los Ardillos
Marcha el Cipog-EZ en Alcozacán para exigir la aparición con vida de Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz, el 19 de de agosto del 2023. Foto: Cipog-EZ
Circula versión de que trabajadores de la FGE pararán labores mañana en reclamo de la aparición de su compañera
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oficial
22 de agosto del 2023
Chilpancingo
La Fiscalía General del Estado (FGE), junto con elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal iniciaron la búsqueda de la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaquelín González Salgado, en la región de Tierra Caliente.
La funcionaria fue capturada en su propia oficina por un grupo de hombres armados que irrumpieron en el MP, la tarde del lunes.
De acuerdo con pobladores, en las calles de Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán hay una gran presencia de elementos de seguridad que patrullan la zonas urbanas y rurales.
A través de un boletín, la FGE informó que para localizar a González Salgado se inició una operación conjunta con la Policía Investigadora Ministerial, Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
La búsqueda es encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas y se puso a disposición un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) que realiza sobrevuelos en la región.
La FGE informó que por los hechos de ayer contra González Salgado abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares y emitió la ficha de búsqueda del Protocolo Alba.
Hasta las seis de la tarde, aún con la búsqueda terrestre y aérea por parte de los elementos de seguridad, González Salgado continúa como no localizada.
Ayer, alrededor de la una de la tarde un convoy de 10 camionetas con hombres armados a bordo llegaron a las instalaciones del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, ingresaron a las oficinas, desarmaron a los policías ministeriales que resguardaban el lugar y por la fuerza se llevaron a la titular de la dependencia.
Fuentes de la región mencionan que este hecho ocurrió un día después que la funcionaria ordenó una operación ministerial en Tlapehuala, uno de los nueve municipios de la Tierra Caliente, y que eso habría molestado a ciertos criminales.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia de prensa matutina de este martes que ya investigan el caso.
“No ocultamos nada, lo que nos importa es actuar y que no se cometan estas violaciones, estos secuestros”, dijo López Obrador.
En redes sociales y de mensajería comenzó a circular una convocatoria dirigida a trabajadores de la FGE para que mañana inicien un paro a nivel estatal por la exigencia de la aparición con vida de González Salgado.
“Es hora de unirnos compañeros y hacer un frente colectivo, donde todos los policías ministeriales, ministerios públicos y peritos levantemos la voz para tomar las 7 regiones, exigiendo paro total a nuestras labores y exigiendo a la fiscal realice un operativo para la búsqueda y localización urgente de nuestra compañera Patricia; por hoy es ella y mañana puede ser otra”, es parte del mensaje difundido esta tarde.
Otra de las exigencias que plantearán en el paro de acuerdo con la misma información sería que les ajusten su horario laboral “debido a la alta inseguridad que estamos viviendo, y que también no existen condiciones de seguridad ya que actualmente no contamos con seguro de vida”.
La organización denuncia que lo hicieron mediante tortura y en un intento de conservar la vida
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía Cipog-EZ
22 de agosto del 2023
Chilpancingo
Después que ayer circuló un video donde dos de los tres integrantes desaparecidos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) aparecen atados de manos, sin playera y declaran ser integrantes del grupo criminal Los Tlacos, su organización reportó que dichas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y en un intento, de sus compañeros, de salvar sus vidas.
El viernes pasado, el Cipog-EZ denunció la desaparición de tres de sus integrantes provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa; son Nicolás Rodríguez Díaz, Marcelino Hernández Tecorral y Ángel Villalva Salvador, con quienes perdieron comunicación en su viaje en una Urvan del transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, dijo que los tres desaparecidos son jornaleros migrantes que regresaban de trabajar de Sinaloa.
Mediante un comunicado el Cipog-EZ explicó que ellos llegaron a la terminal de autobuses de Chilpancingo alrededor de las siete de la mañana del jueves, después se trasladaron a la base de urvans de la ruta del transporte público Chilpancingo-Chilapa y desde entonces perdieron la comunicación con ellos.
Ayer circuló en redes sociales un video donde aparecen dos hombres que se identifican como Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz. Están sentados en la tierra, al parecer atados de manos, sin playera y mirando a la cámara que los graba.
El primero en hablar es quien dice ser Ángel Villalba Salvador, y que es originario de Zacapexco. “No venimos de Sinaloa, venimos de Río Balsas, somos sicarios de Los Tlacos”, comenta.
La declaración es interrumpida por Nicolás Rodríguez Díaz, quien reafirma que no llegaron de Sinaloa, y que ambos fueron enviados a Nuevo Balsas «por órdenes de los dirigentes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna, además del dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo».
Esta mañana, el Cipog-EZ, a través de un comunicado, expuso que las declaraciones de sus compañeros desaparecidos fueron obtenidas después de ser torturados por integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
El Cipog-EZ advirtió que en el video que circula en redes sociales sus compañeros Ángel y Nicolás fueron obligados a confesarse como «sicarios».
“Las declaraciones las hacen privados de su libertad, son declaraciones forzadas, bajo tortura, con la desesperanza, como si fuera el último intento de salvar sus vidas, donde aparecen sin playera, con hematomas y signos de tortura y la mirada fija hacia la cámara”, es un párrafo del comunicado del Cipog-EZ.
En el escrito de esta mañana, el Cipog-EZ detalla cómo ocurrió la desaparición de sus compañeros.
«Fueron secuestrados en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa, en el crucero de Ayahualulco, donde hay un retén militar y estatal. Es ahí donde fueron detenidos nuestros compañeros cuando viajaban en una urvan rumbo a Chilapa, por cuatro hombres fuertemente armados, con ropa de Policía Estatal y una patrulla de la Policía Estatal».
La organización señaló como responsables de estos hechos a Los Ardillos, grupo dirigido por Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local Bernardo Ortega.
Por el uso de uniformes y vehículos oficiales durante la privación de sus compañeros, el Cipog-EZ denunció que existen vínculos entre los elementos de seguridad y los grupos criminales.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ) durante su marcha el pasado sábado para exigir la aparición con vida de tres de sus integrantes. Foto: Cortesía Cipog-EZ
El abierto Warrior Athletes del Para atletismo es una competencia que reúne a atletas de todos los estados de la República y algunos de otros países; en total participaron unos 400 para atletas. La competencia se realizó los días 18, 19 y 20 de agosto.
La delegación de Guerrero fue representada por seis para atletas que forman parte del club, quienes trajeron medallas porque lograron las primeras posiciones de la competencia y rompieron marcas personales en sus participaciones.
El Club de Deporte Adaptado es para personas con alguna discapacidad. Entrenan todos los días a las dos de la tarde en un espacio que es parte de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los sábados en la Unidad Deportiva CREA a las 11 de la mañana, sin costo.
Edith Nájera Náreja, originaria de Ojo de Agua, municipio de Heliodoro Castillo, obtuvo el primer lugar en la competencia de 100 metros planos.
Edith perdió su pierna izquierda en un accidente de motocicleta en 2015 y comenzó a entrenar en el club en el 2022.
Marco Antonio Cortez Molina, de Chilpancingo, logró dos medallas de segundo lugar, una en impulso de bala y otra en lanzamiento de disco.
Él perdió ambas piernas por una negligencia médica. Lleva dos años en el club y ya ganó medallas en otras competencias.
Efrén Corona Zaragoza logró la cuarta posición en lanzamiento de clava y superó su marca personal.
Un accidente lo dejó cuadripléjico. Ingresó al club para distraerse y vencer la depresión que sufrió después del accidente, pero superó sus propias expectativas y es una destacado para atleta.
Leonardo de Jesús Martínez Catalán, de Chilpancingo, también participó por primera vez en una competencia nacional. Obtuvo el segundo lugar en lanzamiento de jabalina.
Orlando Nava Abarca se colocó en la quinta posición en lanzamiento de clava. Karol Hussain Mateo Carballido, de Chilapa de Álvarez, también participó por primera vez, y obtuvo el tercer lugar en impulso de bala.
Para llegar a esta competencia, el club realizó actividades de fondeo y gestiones con diferentes actores políticos e instituciones de gobierno para viajar a Ciudad de México.
El entrenador del club, Diego Reyna Cortés, mencionó que estas competencias sirven a los para atletas como preparación rumbo a otras competencias nacionales e internacionales.
Marco Antonio, Leonardo de Jesús y Karol Hussain continúan su preparación para los juegos Para Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que serán en octubre.
«Hemos tenido un crecimiento considerado, de uno pasamos a ocho. Me siento satisfecho con los resultados si seguimos así, en dos o tres años podemos pelear algún lugar para una competencia internacional», dijo Reyna Cortés.
«Regresaron muy motivados para seguir entrenando y creciendo; se están dando cuenta que el trabajo rinde frutos», agregó.
Reyna Cortés agradeció a quienes apoyaron al club para sus competencias e invitó a que más personas se sumen al apoyo para lograr mejores resultados.
«Se requiere del apoyo constante. Entre más se sumen, más apoyo hay y entre más apoyo mejores resultados”, mencionó.
Integrantes del Club de Deporte Adaptado Avispones, de Chilpancingo, y su entrenador, Diego Reyna Cortés, durante el Abierto Mexicano Warrior Athletes. Foto: Cortesía Diego Reyna.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que la inseguridad de los últimos meses en Guerrero «impactó de manera negativa al desarrollo», esto tras varios días sin transporte público en la capital y con la reducción de horarios de muchos establecimientos por miedo.
Esta mañana en Chilpancingo ocurrió una reunión entre representantes agremiados de centros empresariales de las ciudades de Guerrero, como Chilpancingo, Acapulco, y de Morelos, donde e los dirigentes locales de la capital y el puerto coincidieron en que la violencia disminuyó la actividad económica en Guerrero.
«Sobre lo que ha sucedido aquí en la ciudad, ciertamente ha mermado al comercio y las empresas, y sabemos que necesitamos aliados y por eso hemos llamado a la seguridad y a que los tres órganos de gobierno planteen una buena estrategia de seguridad», mencionó el representante de Coparmex en Chilpancingo, Iván Salgado Ramírez.
En una de sus participaciones el presidente de Coparmex en Acapulco, Luis Enrique Herrera, reconoció que el aumento de la violencia en el municipio «ha mermado las acciones de desarrollo».
“Sí nos ha pegado mediáticamente, internamente el desarrollo del puerto”, dijo y después agregó que falta coordinación entre los gobiernos y el sector empresarial para garantizar la seguridad.
Mencionó que como Coparmex, en Acapulco, tienen la disposición de otorgar las cámaras de seguridad en sus establecimientos a las fuerzas de seguridad para que, dijo, «haya una mejor y mayor coordinación en materia de seguridad para ese sector, y para la sociedad en general».
En Chilpancingo y Acapulco, el último mes la violencia aumentó considerablemente.
En la capital, 19 chóferes de unidades del transporte público fueron asesinados y ocho unidades incendiadas entre Tixlta y Chilpancingo durante este último mes.
Los ataques contra los choferes del transporte público generó en tres ocasiones fuera suspendido en su totalidad el servicio.
Con esta reducción también muchas unidades de transporte han reducido horarios, lo que ocasiona que los usuarios limiten sus horarios para llegar a su destino.
A las ocho de la noche muchas unidades del servicio público dejan de circular en el centro de la ciudad.
«En otro tiempos, antes de toda esta violencia, hasta las 10:00 o 10:30 había negocios abiertos y gente en las calles, ahorita a las ocho ya está todo vacío», mencionó una comerciante del centro de Chilpancingo.
En el caso de Acapulco, durante la primer quincena de agosto ocurrieron una serie de hechos violentos que van desde asesinatos, desapariciones, quema de unidades del transporte y bloqueos carreteros.
El andador Emiliano Zapata, en el Centro de Chilpancingo, luce vacío y con negocios cerrados. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral, tres jornaleros integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que llegaron de Sinaloa ayer, desaparecieron durante el trayecto de Chilpancingo a Chilapa.
De acuerdo con la información del Cipog, el objetivo de Nicolás, Ángel y Marcelino era llegar a Zacapexco, su comunidad natal. Arribaron a Chilpancingo a las siete de la mañana de ayer (17 de agosto) provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa, y abordaron una Urvan del transporte público Chilpancingo – Chilapa; esa fue la última vez que tuvieron contacto con ellos.
«Se ha perdido toda comunicación con ellos», difundió el Cipog-EZ en un comunicado.
El Cipog-EZ llamó a los instituciones de derechos humanos y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a intervenir para la búsqueda y localización de los jornaleros.
«Responsabilizamos al presidente (municipal de Chilapa) Aldy Esteban Romá, a los síndicos Nestor Parra Domínguez y Rosa Elena Chávelas Gutiérrez por la desaparición de los compañeros y la permisibilidad de todos los asesinados, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas», se lee en un comunicado del Cipog-EZ.
Esta es la segunda agresión que integrantes del Cipog sufren en menos de una semana.
El domingo 13 de agosto civiles armados asesinaron a balazos a dos personas mientras cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa.
El informe policial mencionó que alrededor de las once de la mañana en la gasolinera Jardines, ubicada en la avenida Eucaria Apreza, una de las principales de Chilapa, a unos metros de mercado central, se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Los hombres armados llegaron a la estación de servicio y dispararon contra la persona que estaba afuera de un camioneta marca Nissan doble cabina y después dispararon contra la otra persona permaneció dentro del vehículo.
Las víctimas fueron Esteban «N», de 40 años y su hijo Juan «N», de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa e integrantes del Cipog.
En un comunicado después del ataque contra Esteban y Juan, el Cipog señaló al grupo criminal Los Ardillos de ser los responsables del crimen y exigió al gobierno del estado justicia y castigo a los responsables.
«Nos están asesinando y ningún gobierno llámese municipal, estatal o federal nos protege», reportó esta mañana el Concejo.
El Cipog-EZ es una organización campesina y de pueblos originarios que opera en la Montaña baja de Guerrero, su activismo en defensa del territorio y los derechos de las comunidades los llevaron a crear un grupo de autodefensa para protegerse del grupo criminal de Los Ardillos.
Integrantes del Cipog-EZ protestan durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 21 de octubre del 2022, a la Montaña de Guerrero para exigir seguridad y un alto a Los Ardillos. Foto. Oscar Guerrero (Archivo Amapola)
Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado
El 30 de julio fue hallado el cadáver de Marco Antonio Benegas Cortés, en un paraje de Tixtla. Tenía ocho días desaparecido.
Marco Antonio, de 33 años de edad, aspiraba a ingresar a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Fue visto la última vez la tarde del sábado 22 de julio en la normal donde iniciaba su “semana de prueba” para ser admitido como alumno.
La desaparición y asesinato de Benegas Cortés es el reflejo de lo que se ha convertido Tixtla: un pueblo sin ley.
Desde hace más de una década distintas organizaciones criminales, asociadas con las autoridades en turno se han adueñado de este municipio.
En 2015, José Luis Ortega Abarca, alías La Gringa, medio hermano del entonces alcalde de Tixtla, el perredista Gustavo Alcaraz Abarca, fue asesinado a balazos por presuntos integrantes de la organización criminal de Los Ardillos.
La Gringa era funcionario de la administración que encabezaba su medio hermano y además uno de los principales operadores en Tixtla de la organización criminal de Los Rojos. Obedecía órdenes de su jefe inmediato, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, principal líder de esta agrupación en Chilapa.
Zenén Nava fue detenido en 2019 y actualmente está preso en la cárcel de Acapulco.
El asesinato de La Gringa, en 2015, marcó la llegada a Tixtla de la organización criminal Los Ardillos y también el arranque de una nueva administración municipal encabezada por el perredista Hossein Nabor Guillén, en enero del 2016, después de ganar las elecciones extraordinarias al priísta, Saúl Nava Astudillo.
Nava Astudillo fue asesinado a tiros por hombres armados en enero de 2022 en pleno centro de Tixtla, ya bajo el dominio total de Los Ardillos.
Así, Tixtla es actualmente un polvorín y sin gobierno.
Y esto se vio en distintas fechas de julio pasado cuando hubo una cascada de hechos de violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero por la pugna entre las organizaciones de Los Tlacos y Los Ardillos.
A plena luz del día, durante julio, hombres armados asesinaron a cuatro choferes de dos taxis y dos camionetas urvan de transporte de rutas foráneas en distintos puntos de Tixtla. Los cuatro cadáveres estaban calcinados en sus unidades.
El 9 de agosto, en la conmemoración del 241 aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, los habitantes de Tixtla se sorprendieron cuando vieron en las calles el despliegue de soldados del Ejército, Guardia Nacional, Marina, y Policía Estatal.
Pero esta operación no sería utilizada para darle seguridad a los tixtlecos sino a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, funcionarios estatales, diputados federales y locales que ese día asistieron a Tixtla a la ceremonia oficial.
Terminó el evento oficial y la retirada de las fuerzas federales y estatales.
En Tixtla el morenista Moisés Antonio González Cabañas es el alcalde de este municipio y desde que asumió el cargo, en 2021, Los Ardillos han fortalecido su poder. Nada se mueve en ese municipio sin que esta organización criminal se entere.
Las desapariciones y asesinatos en Tixtla se han incrementado en los dos últimos años. La prueba es el caso del aspirante a alumno de Ayotzinapa, desaparecido y asesinado y cuyo caso la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dicho nada.
Desde 2015, en que Los Ardillos desplazaron a Los Rojos en Tixtla, políticos del PRD han tenido un crecimiento electoral. Una de las principales figuras es Bernardo Ortega Jiménez quien cuatro veces ha sido diputado local, tres por el distrito 02 y una vez por la vía plurinominal. Es, pues, una rara máquina electoral.
Erika Alcaraz, integrante del grupo político de Ortega Jiménez, fue diputada local de 2015 al 2018 y luego brincó a la alcaldía de Tixtla en el período 2018-2021.
Durante la administración de Erika Alcaraz, Los Ardillos se afianzaron en Tixtla.
La noche del 6 de junio de 2021, González Cabañas no creía haber ganado la alcaldía en Tixtla derrotando a Erika Alcaraz, quien pretendía reelegirse en el cargo.
¿González Cabañas en serio se sorprendió de su victoria o solo dijo medias verdades?
En 2018, González Cabañas perdió ante Ortega Jiménez en la elección a diputado por el distrito 02.
El morenista sólo ganó la cabecera de Tixtla, pero fue abrumadoramente rebasado en las urnas por Ortega Jiménez en Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapan y Zitlala.
González Cabañas es egresado de la normal de Ayotzinapa que como alcalde no tiene el control del municipio. En los primeros meses de haber asumido el cargo lo obligaron a destituir a varios funcionarios y le impusieron a otros.
La policía municipal tampoco está bajo su control. El morenista es sólo un administrador y no tiene el control político de su municipio.
González Cabañas se la lleva de «a muertito» dejando el espacio vacío para que gobierne la delincuencia.
Por cierto, durante la ceremonia oficial por el natalicio de Vicente Guerrero el pasado 9 de agosto, la gobernadora morenista Evelyn Salgado habló de la heroicidad del consumador de la Independencia, pero omitió referirse a la situación que viven los tixtlecos y de otros municipios sacudidos por las organizaciones criminales.
El mensaje de la mandataria hace recordar a viejos políticos del PRI y PRD que en los actos oficiales del 9 de agosto lo utilizan para su lucimiento político.
Candidatos del PRI a gobernadores como José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros arrancaron su campaña política en Tixtla y una de sus principales promesas que les hicieron a los tixtlecos fue la construcción de la red de drenaje y planta tratadora.
En la administración de Juárez Cisneros se construyó la red de drenaje que no funcionó y la planta tratadora de aguas residuales que está abandonada en las afueras de Tixtla, rumbo a la comunidad de Atliaca.
En su discurso del 9 de agosto a Evelyn Salgado se le olvidó resaltar la importancia que tiene este municipio de Tixtla en la historia de Guerrero.
Por ejemplo, que durante la época de las leyes de reforma, en 1851, Tixtla pasó a ser la capital del estado y en la guerra por la Independencia del país fue el principal centro de operaciones de Vicente Guerrero.
Tixtla siempre ha vivido situaciones difíciles, desde conflictos poselectorales, desastres naturales y autoridades municipales que se han enriquecido del erario público.
Lo que ha marcado a Tixtla y la historia del país, es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014.
Lo que hoy afrontan los tixtlecos es que ni siquiera pueden tener una vida normal porque no saben en qué momento podrían ser víctimas colaterales de la violencia provocada por Los Ardillos. Y en esto, la autoridad simplemente está de adorno o de florero, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Chirrionazo:La tarde del 9 de agosto se hizo entrega del reconocimiento de Barrio Mágico a El Santuario, en Tixtla, al que González Cabañas invitó a otros ediles y funcionarios, y todavía, nos cuentan, que pidió a los pobladores que aportaran dos mil mixiotes para la gorra, obviamente lo mandaron a volar al alcalde morenista, quien tuvo que pagar la comida de sus invitados.
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Captura de video 15 de agosto del 2023
Chilpancingo
Habitantes de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, denunciaron a través de redes sociales que desde el jueves son víctimas de ataques con bombas lazandas por drones que serían perpetuados por el grupo criminal de la Familia Michoacana.
Videos difundidos en Facebook por los propios pobladores muestran cómo cae una bomba en un cerro cerca del poblado.
En otro video se ve cómo una de las bombas destrozo el techado de una casa y pertenencias de una familia.
«Destuyó todo aquí, todas la cosas de mi suegro que tenía arriba», dice una mujer en el video.
Por las agresiones el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, mediante un comunicado, exigió a los tres niveles de gobierno garantizar la vida, la integridad física y psicológica de los habitantes de El Caracol.
«Los habitantes refieren que desde el jueves 10 de agosto han estado nuevamente expuestos a tiroteos y los han estado agrediendo con bombas mediante drones. Incluso refieren que el día domingo lanzaron cerca de 30 bombas en su comunidad», se lee en el comunicado.
De acuerdo con los pobladores de El Caracol, estos ataques comenzaron desde mayo.
El 3 fueron lanzadas seis bombas en la comunidad, lo que provocó que varios pobladores salieran de El Caracol para protegerse de los ataques.
Estos pobladores se refugiaron en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo.
Desde mayo, los ataques en contra de la comunidad son constantes y a través del mismo modus operandi; ataques aéreos a través de drones con bombas caseras.
Por los ataques varios pobladores tuvieron que desplazarse a la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, Tlacotepec, “para intentar resguardarse de las agresiones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.
El Centro Minerva Bello pide a las autoridades «garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias; se investiguen y deslinden responsabilidades por los ataques armados y el cese inmediato de los ataques contra la población».
El Caracol es un poblado que colinda con el municipip de Apaxtla, lugar donde la violencia generada por los grupos delictivos Los Tlacos y la Familia Michoacana y las omisiones de las autoridades dejaron varias personas asesinadas y desaparecidas en los últimos meses.
En el caso de El Caracol, la violencia ya dejó sin educación a los menores de edad, quienes pidieron al gobierno federal y estatal la presencia de maestros de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
De acuerdo con el representante del Centro Minerva Bello, el párroco Filiberto Velázquez Florencio, desde que comenzaron los ataques, hace cinco días, ninguna autoridad de seguirdad y del gobierno del estado acude al poblado a apoyar a los habitantes.
Uno de los explosivos detonó en un cerro cercano al poblado y los habitantes grabaron la escena. Foto: Captura de video
