El aborto, un derecho negado a mujeres es causa de muerte materna en Guerrero

Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.


Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

12 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Hace algunos años, Rosa, entonces una adolescente de 17 años, era una estudiante de preparatoria cuando compartió a su amiga el motivo de que se ausentara una semana de la escuela: interrumpió su embarazo. Proceso que vivió sola, por el temor al estigma, aun con el riesgo de muerte.

La joven, originaria de una comunidad nahua de Chilapa, tenía un novio y se embarazó. Él la dejó sola en esto. Sus padres no podían saberlo; seguramente querrían que se casara y tuviera al bebé, o la correrían de su casa y tendría que dejar la escuela. Le huyó a todas esas posibilidades de su destino.

Se acercó a una tía, quien la acompañó con un médico que le practicó un aborto con pastillas.

El proceso de expulsión del producto lo vivió sola, en un cuarto que rentaba en la cabecera de Chilapa, donde estudiaba. Nadie más lo supo. Estuvo encerrada por días retorciéndose del dolor.

Su amiga lo supo hasta después. Rosa, como se decidió llamar a esta adolescente para guardar su identidad  se lo contó hasta que volvió a la escuela, después de que se recuperó. Por fortuna pudo hacerlo.

Guerrero y el contexto para la despenalización de aborto

Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.

En Guerrero se vive un momento crucial en pro de los derechos de las mujeres, la reforma al Código Penal de la entidad para la despenalización del aborto está en debate entre los diputados, lo que significa la gran posibilidad de resarcir una deuda de criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

El miércoles 4 de mayo, los diputados y las diputadas dieron la primera lectura de la iniciativa de reforma en el pleno del Congreso local, después de que el 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la propuesta legislativa de despenalizar el aborto.

Este miércoles, darían la segunda lectura para proceder a la discusión y finalmente la votación que llevaría a la reforma del Código Penal, pero no ocurrió porque los diputados y las diputadas pospusieron la sesión, porque, al parecer, muchos de ellos no lograron llegar a la ciudad de Chilpancingo, donde está la sede legislativa, después que salieron a festejar el Día de las Madres. Reagendaron la sesión para el siguiente martes 17 de mayo.

Los motivos para que las mujeres decidan libremente sobre su vida y sus cuerpos son tantos, y los han repetido activistas, feministas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Quien sigue sin dar una postura clara sobre la despenalización del aborto es la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ella se pronunció a favor del bienestar y del respeto de los derechos de las mujeres, y reprobó los matrimonios forzados que ocurrieron en la Montaña alta de Guerrero, de los cuales se supo el año pasado, pero nada de la discusión actual.

La búsqueda de la despenalización ocurre en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, la última por agravio comparado, que evidencia la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar un riesgo para su salud.

Hay otro indicador alarmante que también podría denotar el gran problema que se vive en el estado a causa de un aborto, provocado o espontáneo: la mortalidad materna.

En este 2022 Guerrero en crecieron las cifras de mortalidad materna en comparación con 2021 y 2020, de acuerdo con los registros del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Desde el inicio del año hasta la primera semana de mayo, que es el último registro que hace público el Observatorio de la situación en el país, han registrado 230 casos de mortalidad materna, y Guerrero ocupa el tercer lugar en ese registro de casos, con 16.

En el 2021, durante el mismo rango de tiempo, el estado registró la mitad de casos de muerte materna, es decir, ocho, y un año antes, en el 2020, en el mismo lapso de tiempo contabilizaron sólo seis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) federal, quien emite un boletín semanal en el que muestra la estadística de muertes maternas en el país –cifras que coinciden con los del Observatorio–, precisa que las muertes maternas pueden ser por 16 causas, una de ellas es el aborto. En ese listado esta causa ocupa el quinto sitio.

Guerrero casi por tradición ha ocupado los primeros lugares en muertes maternas, situación siempre vinculada a la falta de acceso a la salud, pero poco vinculado al aborto como un derecho negado a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que las lleva a practicarlo en condiciones insalubres.

En la entidad no hay una estadística oficial sobre las muertes por aborto, sus causas y consecuencias, hasta ahora las han denunciado feministas organizadas en colectivos, porque son quienes acompañan a otras mujeres, muchas adolescentes y niñas, que se han practicado abortos o los han tenido espontáneos y enfrentaron procesamientos legales.

Este miércoles, por ejemplo, la feminista Viridiana Gutiérrez Sotelo, en conferencia de prensa, expuso que en la última semana –mientras se debate la despenalización del aborto en Guerrero– llegaron a ella y otras feministas solicitudes de seis  mujeres, entre ellas dos menores de edad, para que les ayuden para acceder a la interrupción de su embarazo.

En esta conferencia de prensa, las feministas alertaron que una de las violencias que está extremadamente ligada al aborto son las cifras crecientes de violencia sexual contra las mujeres en el estado.

De acuerdo con el registro de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) que publican en su página web, sólo en el 2021 hubo 200 denuncias formales por abuso sexual. Es importante insistir en que estos casos son sólo de las denuncias presentadas en los Ministerios Públicos.

La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo

La representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, tiene claro el panorama de las mujeres que se enfrentan a un aborto por la causa que sea.

Del 2010 al 2013, de acuerdo con los registros de la activista, es la época que supo de casos de mujeres sentenciadas por homicidios en razón de parentesco, es decir, por un aborto.

Junto con otras activistas solicitaron, en ese entonces, a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República), que les dieran un informe de las mujeres que estaban en las cárceles detenidas y procesadas, para saber los delitos Se dieron cuenta que había detenidas por homicidio en razón de parentesco.

Junto con la representante del entonces Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo Salgado, la activista y sus compañeras también visitaron los reclusorios y se dieron cuenta que, además, sus procesos eran irregulares.

Pidieron apoyo a las integrantes de la Asociación Civil de Guanajuato Las Libres, quienes lograron la libertad de algunas mujeres que estuvieron en una situación similar. El abogado de ellas les colaboró para la liberación de cuatro mujeres detenidas por homicidio en razón de parentesco, dos de Chilpancingo y dos de Tlapa.

Una de las mujeres se trata del caso emblemático de Adriana Manzanares, la me’phaa que estuvo presa durante siete años. La habían condenado por 22 años, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.

Garfias Marín, de manera personal, acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, solicita apoyo al Fondo María, que apoya a las mujeres que deciden abortar, que de acuerdo a los estudios socioeconómicos que toman vía telefónica costean sus pasajes, y también solicita apoyo a la organización Marie Stopes, una clínica de aborto legal y seguro en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal desde el 2007.

“Se ha combinado la cuestión de la pobreza (motivo de la práctica del aborto), la otra ha sido de manera de voluntaria deciden interrumpir su embarazo, como no han tenido los recursos para pagar a un médico particular quienes cobran 20, 25, 30,000 pesos. Las han apoyado (organizaciones como Fondo María) con el pasaje y un familiar que les acompaña”, precisó la feminista.

Dos violaciones sexuales y dos embarazos

En el 2012, una niña de una comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, fue violada por su tío y quedó embarazada. Estaba por cumplir los 12 años.

La madre de la menor la llevó a la Agencia del Ministerio Público (MP) para interponer la denuncia. En el MP la mamá solicitó le concedieran la interrupción del embarazo a su hija, quien tenía apenas dos meses de gestación, porque, además de que era una niña abusada, tenía un problema de desnutrición. El riesgo para su salud era mayor, pero les negaron esa posibilidad y la menor siguió con el embarazo.

Un día sintió la necesidad de ir al baño y tuvo un aborto espontáneo.

Después de un año y medio, contó la activista, la niña sufrió otra violación sexual por otro tío, también hermano de su papá. Ahora su madre se negó a interponer la denuncia, porque la primera vez no les hicieron caso, nadie fue detenido.

La menor quedó embarazada otra vez, pero ahora sus padres la corrieron de su casa. Se refugió en casa de Garfias Marín con apoyo de Silvia Castillo, otra activista.

Tampoco interrumpió su embarazo. La niña parió a su bebé en casa de la activista que la acompañó en todo el proceso personal y legal, pero la madre de la menor llegó hasta ahí y se la llevó a la fuerza junto con el bebé. Garfias Marín no volvió a saber de la menor y de su hijo.

En el tiempo que estuvo la niña con su bebé, ella se negó a verle la cara y a amamantarlo.

Los últimos dos acompañamientos que ha dado Garfias Marín son del año pasado, a dos mujeres que solicitaron su apoyo para interrumpir su embarazo. Las canalizó a la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, y monitoreó todo su proceso.

Después de todo lo que ha visto, la activista consideró que es momento de sacar de la clandestinidad el derecho de las mujeres a decidir. Es importante, mencionó, que las diputadas y los diputados tomen en cuenta que negarse a que se reforme el Código Penal para que las mujeres elijan, es abrir las posibilidades para que ellas continúen muriéndose.

Despenalizar el aborto, aclaró, no obliga a las mujeres a abortar, significa que aquella que lo decide tendrá las condiciones de un aborto seguro y gratuito en un hospital.

Mortalidad materna, menores de edad y aborto

La organización Raizubia da seguimiento puntual en el tema de mortalidad materna en Guerrero, aunque ahora las y los integrantes no tienen una estadística sobre la relación de los abortos y la mortalidad materna, sí tienen claro el panorama de esta relación.

La secretaria general de la organización, Nayeli Rodríguez Flores, en entrevista, informó que los casos de muerte materna tienen una relación estrecha en el embarazo adolescente, como la muerte por aborto.

La muerte materna por aborto, dijo, es más reincidente en mujeres jóvenes, en adolescentes, al mismo tiempo que se relaciona con otro fenómeno, el matrimonio infantil, una práctica que aun cuando no es de ahora, se visibilizó por casos públicos en la Montaña alta del estado a finales del año pasado.

Rodríguez Flores ha acompañado a unas 10 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, también las canaliza a la Ciudad de México. Consideró que algunos motivos de las mujeres para practicarse un aborto son la precaria situación económica y por asuntos psicológicos.

Guerrero está en un momento histórico, precisó, donde los legisladores tienen la oportunidad de hacer historia y generar acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres y, sobre todo, para garantizar la reducción de la violencia de género.

La moneda está en el aire, el próximo miércoles se sabrá si en Guerrero por fin se despenaliza la interrupción del embarazo y, finalmente, a las mujeres se les otorga el derecho de decidir con libertad sobre sus cuerpos.

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Morena y aliados del PRD, y una diputada del PRI, prepara aprobación de iniciativa para despenalizar el aborto

Para que el dictamen sea aprobado se requiere una mayoría simple, un mínimo 24 de los 46 votos de diputados.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

4 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Con protestas de grupos religiosos y el dictamen impugnado por el PRI, el Congreso de Guerrero —con mayoría de Morena— prepara la aprobación de la despenalización del aborto.

Para que el dictamen sea aprobado se requiere una mayoría simple, un mínimo 24 de los 46 votos de diputados.

Morena cuenta con 22 legisladores pero se sumaron a su causa al menos otros cuatro diputados del PRD y tres del PRI para lograr la reforma al Código Penal.

El coordinador de la fracción del PRI, Héctor Apreza Patrón, señaló que el dictamen que aprobaron tres de los integrantes de la Comisión de Justicia —Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz, de Morena, y el perredista Bernardo Ortega Jiménez— es ilegal porque se violó el procedimiento legislativo.

Consideró que lo que hizo Mojica Morga como secretaria de la comisión, convocar a la sesión y establecer la orden del día, fue un «madruguete» porque no tomaron en cuenta al presidente de este órgano, el priista Jesús Parra García y a la vocal, la panista Lenis Reséndiz Javier.

Apreza Patrón recordó que en anteriores sesiones de la comisión se había acordado que el dictamen se iba a tratar el próximo 7 de junio además de que se estaban desarrollando reuniones con especialistas de la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) para «enriquecer» la iniciativa.

«Estoy seguro que muchos de los diputados y diputadas de Morena ni siquiera saben qué contiene dicha iniciativa porque hasta este martes 3 de mayo no nos habían entregado el dictamen», aseveró.

El coordinador de los priistas advirtió que ante el ilegal procedimiento legislativo que dio origen a la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Justicia, si la iniciativa se aprueba será impugnada ante los tribunales federales.

«Particularmente yo creo que la mujer debe de decidir sobre su cuerpo y votar en contra no es por una cuestión moral sino porque es un dictamen que deviene de una ilegalidad más que se comete en el Congreso», afirmó el priísta.

La legisladora del PRI, Julieta Fernández Márquez, promotora de las protestas que se han realizado en el Congreso en contra de la despenalización del aborto, afirmó que su voto será en contra de esta iniciativa cuando se presente ante el pleno.

Señaló que la fracción de Morena, quien propuso la iniciativa, se negó a que se realizarán foros de consulta ciudadana.

«Con esa reforma los de Morena le están quitando a los no nacidos el derecho a vivir porque ellos son seres humanos y tienen derecho a vivir igual que todos nosotros», afirmó.

La legisladora dijo que Morena por ser mayoría en el Congreso y porque se aliaron con algunos diputados del PRD, la despenalización de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, es un hecho.

Advirtió que impugnará las reformas ante los tribunales judiciales federales.

«Claro que Guerrero es feminicida que hay muchas mujeres y niñas que son violadas pero el aborto no es una solución para resolver estos problemas y lo que ahora va a pasar es legitimar la muerte de los no nacidos», dijo.

El diputado por Morena, Jacinto González Varona, dijo que la despenalización del aborto es un derecho de las mujeres de Guerrero.

«Hay niñas se embarazan y no pueden acceder a ese derecho (al aborto) y eso es injusto», dijo.

Recordó el caso de una menor de edad de la región de la Montaña que fue violada y los médicos del Hospital general de Chilpancingo le negaron su derecho a que se le practicara el aborto.

González Varona advirtió que en caso de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso no incluya este miércoles en la orden del día el dictamen de esta iniciativa, él va a proponer que se incorpore durante la sesión.

Aunque por información que dieron algunos legisladores se prevé que por lo menos se le va dar primera lectura al dictamen de la iniciativa en la sesión que será maratónica porque en la orden del día hay más de diez puntos a tratar.

Hasta este martes, el dictamen se les entregó a los diputados locales. El dictamen está firmado por  Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz Bernal de Morena y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.

No lo firman, Jesús Parra García, presidente de la Comisión de Justicia y la panista Ana Lenis Reséndiz Javier.

Obispos que respeten Estado laico

Integrantes de la Red Guerrerense por el Derecho de las Mujeres (RGDM) pidieron a los distintos grupos religiosos respetar el Estado laico.

La activista feminista Liduvina Gallardo señaló que los obispos que han estado convocando a protestas contra la despenalización del aborto que ya dejen de politizar este asunto.

«Hay instituciones, hay tres poderes en Guerrero y es el Poder Legislativo el que debe de decidir y las iglesias deben de respetar lo que decidan los diputados», señaló.

Este martes en la tarde, más de un millar de creyentes de varios grupos religiosos encabezados por dirigentes de estas asociaciones y las legisladoras Julieta Fernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, del PRI y PAN, realizaron una marcha que terminó con un mitin en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo para exigir que el Congreso retire la iniciativa de reformas para despenalizar el aborto.

En rueda de prensa este martes, las integrantes de la RGDM recordaron que llevan 30 años de lucha pidiendo que se legalice el aborto para garantizar la salud y la vida de las mujeres guerrerenses.

Dijeron que esta reforma al Código Penal podrá garantizar que en el sector salud haya atención gratuita a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y evitar más muertes maternas como viene sucediendo sobre todo en regiones marginadas como la Montaña.

Las activistas advirtieron que van a estar pendientes que diputados y diputadas locales voten a favor y en contra de esta iniciativa.

Las dos iniciativas que no avanzaron

En mayo del 2014, cinco meses antes de que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero presentara su licencia en el Congreso por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, presentó la iniciativa de reformas al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

La iniciativa que tenía la bancada del PRD, ni siquiera llegó a las comisiones legislativas.

En la 52 Legislatura local, que concluyó en septiembre del 2021, Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 159 del Código Penal para eliminar como requisito que una víctima de violación para que le practicaran el aborto tuviera que presentar la copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público del Fuero Común.

«Era una reforma que nos plantearon las colectivas (feministas) y la redactamos y presentamos pero a la hora de firmar el dictamen muchos de los mismos compañeros y compañeras de Morena se echaron para atrás», recordó el ex legislador morenista, Arturo Martínez Núñez.

Mencionó que entre los diputados de su partido que recularon estaban Otilia Hernández Martínez, actual alcaldesa de Chilpancingo, y Alfredo Sánchez Esquivel quien se reeligió en el cargo y es el presidente de la Jucopo.

El morenista señaló que ahora el Congreso no dará marcha atrás en aprobar esta reforma porque es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena que ningún juez o jueza podrá encarcelar a quien decida abortar.

Además de que Guerrero tiene dos Alertas de Violencia de Género (AVG), una de las cuales establece la necesidad de homologar el Código Penal con la NOM-046 para garantizar a las mujeres y niñas víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y, menos, que autoricen la interrupción.

 

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Se cumplieron cinco meses del compromiso institucional de la gobernadora Evelyn Salgado y la atención a las niñas de la Montaña sin avanzar. Anayeli, una de las niñas que huyó al matrimonio forzado, sigue recluida en una Casa Hogar sin acceso a un traductor


Texto: Beatriz García

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

26 de abril del 2022

Chilpancingo

A cinco meses de que las autoridades del estado anunciaron, con apoyo de la federación, que frenarían los matrimonios forzados y que las víctimas recibirían apoyo institucional, siguen sin suceder, de acuerdo con el seguimiento que los defensores y defensoras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han hecho.

El 10 de noviembre del año pasado, después de que fue público el caso de la venta de una menor para un matrimonio forzado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para erradicar esta práctica que ocurre con mayor frecuencia, o al menos así han documentado los organismos de derechos humanos, en la Montaña, región con altos índices de marginación.

Anunció una estrategia en coordinación con otras autoridades, con la presecia de integrahtes de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

Como parte de la estrategia dijo que se harían mesas de trabajo permanentes en las comunidades indígenas.

Luego la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, informó que cada ayuntamiento debería tener un mapa de los riesgos de violencia contra las mujeres, que a las autoridades municipales se les daría capacitación para que conocieran el marco normativo sobre la perspectiva de género y pudieran emprender las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

También que los centros de refugio de mujeres violentadas serían rehabilitados y el personal capacitado, con presupuesto de los ayuntamientos.

Otros elementos que sustentarían esta estrategia serían la de detectar necesidades para dotar de bienes, educación, salud, empleo digno, medidas de protección, procesos de reparación de daños a mujeres y niñas, y la homologación de normas.

El primer caso público de un matrimonio forzado que se conoció en tiempos recientes fue el de Angélica. En octubre pasado, por la documentación de organziaciones de derechos humanos, se supo que Angélica, quien es menor, vivió un casamiento forzado a cambio de 120,000 pesos, además de que fue abusada de manera sexual por su suegro, en Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. Doce días después del anuncio de la estrategia también se supo el caso de Anayeli, de 13 años, quien huyó de su casa, también ubicada en ese pueblo de región Montaña, porque le arreglaron un matrimonio forzado.

De los avances institucionales hasta ahora difundidos por las autoridades sobre la estrategia se apunta la firma de un convenio el viernes pasado entre la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer) con los alcaldes de Alcozauca y Tlapa, Sebastián Ortiz Sayaz y Gilberto Solano Arriaga. Un acuerdo que difundieron como parte de «la estrategia integral para la justicia y bienestar de las mujeres y niñas en 24 localidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica», de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La secretaria, según lo que se lee en el texto, dijo que los alcaldes debían involucrarse en los procesos de capacitación tanto a funcionarios públicos como a efectivos de seguridad.

La estrategia, recordó, contempla garantizar la infraestructura básica, el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades, para erradicar los matrimonios forzados en las niñas, y el fortalecimiento en la atención de apoyos psicológicos y acompañamiento legal.

Pino Girón informó en otro comunicado que para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres, desde la dependencia han brindado de enero a abril 2,062 servicios de asesoría psicológica, jurídica, servicios de traducción, trabajo social, atención al área lúdica, atención pedagógica y médica.

En ninguno de los comunicados hay precisiones de lo que han conseguido hasta ahora rn la Montaña fuera de la firma del convenio.

Las cifras de violencias contra mujeres

Las diferentes violencias hacia las mujeres no paran y organizaciones de la sociedad civil lo documentan. De acuerdo con el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM), en lo que va del 2022, en el estado han registrado 29 feminicidios.

Otras violencias documentadas hasta el 2021 por la organización son la violencia familiar con 2,070 casos, el mayor número registrado es en Acapulco, con 976 casos; la violencia de género con 142 casos, y puerto vuelve a colocarse en el primer sitio con 105 casos; y acusaciones por el delito de aborto en Acapulco, Copala y Chilpancingo, uno en cada municipio.

Por casos de trata de personas en el 2021 en Guerrero, el AGCVIM registró uno en Acapulco; por tráfico de menores tres, en Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec; por violencia equiparada 124 casos; por acoso sexual 42 y por abuso sexual 200 casos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de más de 300 casos de niñas a quienes las forzaron o intentaron forzar para que contrajeran matrimonio, según la abogada de ese organismo, Neil Arias Vitinio.

Estos casos se centran en siete municipios de la Montaña alta: Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Copanatoyac, Tlapa y Xalpatláhuac.

Difícil de erradicar matrimonios forzados en la Montaña: abogada de Tlachinollan

La abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien da acompañamiento de matrimonios forzados en la parte alta de región Montaña, consideró que será difícil erradicar esa práctica arriagada en la región.

En entrevista, la defensora que acompaña los casos de Angélica y Anayeli lamentó que esta práctica está normalizada en los pueblos de Montaña alta, además de que después de que fueron públicos estos casos la situación se abordó como trata de personas. En las comunidades, expuso, las personas son cautelosos al momento de arreglar un matrimonio, situación que se ha planeta en la zona como una costumbre.

La defensora insistió que esta problemática se focaliza en zonas marginadas, alejadas y de difícil comunicación, y eso complica que las instituciones hagan un monitoreo puntual de lo que pasa en las comunidades.

En la estrategia que anunciaron las autoridades, dijo, están involucrados principalmente los presidentes municipales y los DIF, sin que hayan detenido ess prácticas.

Recientemente, en un documento que obtuvo el medio de comunicación digital ANIMAL POLÍTICO a través de una solicitud de información, se supo que la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción” y que en el Presupuesto de Egresos del Estado se contempló un monto de 5 millones 161,000 pesos para implementarla en este año, pero los recursos siguen sin autorizarse.

“Lo que nos preocupa bastante es que hoy en día el DIF en el municipio de Tlapa es difícil toda la cuestión que tiene que ver con la prevención y atención, porque en este mes ha aumentado la violencia contra la mujer. Sabemos que viene la violencia en las comunidades indígenas de toda esta práctica que son mujeres que son vendidas, y que viven con el esposo, los suegros las maltratan”, comentó la abogada.

Un problema que la defensora ha visto y que es necesario atender son los albergues o refugios para dar atención a las mujeres.

En Tlachinollan recientemente, recordó, llegó un oficio firmado por la titular de la Secretaría de la Mujer para solicitarle al organismo refugio para unas víctimas de violencia, pero como sociedad civil no cuentan con esos espacios que debería garantizar el Estado.

Supo que las autoridades suben con complicaciones a algunas cabeceras municipales como Cochoapa el Grande para instalar las mesas de diálogo de la estrategia, también para implementar programas en adolescentes, pero a las comunidades se les ha complicado, y es donde deben focalizar la atención.

En las comunidades están concentrados otros problemas alrededor de los matrimonios forzados, como la salud, la educación, los servicios básicos, los caminos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, según Arias Vitinio se reunió con funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Mujer y les propuso trabajar con las comunidades, asambleas con los pueblos, principales y mujeres, para crear comités de autoridades y jóvenes para saber qué está pasando y, sobre todo, lo que piensan.

En Tlachinollan, dentro de las posibilidades de los defensores, dan apoyo psicológico a las víctimas, sólo en casos particulares, porque atienden casos de desapariciones, feminicidios, violaciones, homicidios, trata de personas, secuestros.

Tlachinollan, el organismo que atiende y acompaña a la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en la Montaña, carace de un albergue, pero ante la desatención de las autoridades ha pagado hospedajes, alimentación a víctimas, trasladado de cadáveres, todas estos acciones debían ser atención que debería de dar el estado.

Este contexto envuelve a una serie de pendientes que hay con las víctimas, como ejemplo los últimos tres casos que atendió Tlachinollan, el de Angélica, el de Anayeli y el de una menor de 13 años de Yucunduta, Metlatónoc.

Guadalupe es revictimizada por negarse a casarse

Guadalupe, así la llamaremos para no revelar su nombre, tiene 13 años y es la última niña a quien Arias Vitinio ha acompañado, porque que intentaban casarla por la fuerza con un joven de 18 años.

La menor es originaria de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, y su padre, quien es migrante en Estados Unidos, se enteró del trato que hizo la madre de su hija con el padre del joven. No estuvo de acuerdo con casarla a la fuerza.

El padre de la niña se comunicó a las oficinas de Tlachinollan para pedir ayuda, porque supo que a la casa de su hija ya habían llevado 70 cartones de cerveza, como parte del arreglo del matrimonio. La niña huyó luego de que supo que la querían forzar a casarse.

En Tlachinollan los defensores mandaron traer a la mamá y al comisario, porque se hablaba de que había colusión con las autoridades municipales.

La niña, dijo la abogada, como en la mayoría de los casos, tuvo miedo y desistió de la acusación por el temor de señalar a sus familiares.

Afortunadamente, dijo Arias Vitinio, se habló con las familias del por qué no debían forzar a la niña a casarse. Disuadieron el compromiso. La niña tuvo que salirse de su comunidad al ser señalada y revictimizada en su comunidad por no cumplir con el compromiso.

“Se truncan proyectos, se trunca la escuela porque ya estaba en tercer año de secundaria, salió. No terminó la secundaria y se deben buscar mecanismos para que no le afecte en la escuela y en algún momento pueda estudiar”, manifestó la abogada.

A la niña le gusta jugar basquetbol y le gustaría aprender a tocar instrumentos musicales, contó la abogada.

Desde Tlachinollan hablaron con autoridades del DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que le dieran apoyo, la respuesta fue que la menor no quiso interponer una denuncia formal y por eso no es posible.

La menor no tuvo acceso a ninguna medida de esta estrategia que se anunció, sólo la intervención de las autoridades municipales para disuadir el matrimonio. Ahora el cargo total de la menor está bajo la tutela de su hermano mayor.

Anayeli sigue recluida en una Casa Hogar y sin acceso a un traductor

Anayeli también fue forzada por su comunidad a huir de ahí, la señalaron porque su caso se hizo público y no se consolidó el matrimonio.

Por la menor pagaron 200,000 pesos a sus padres para que se casara con otro menor de edad, no lo consintió y fue retenida por la Policía Comunitaria de la localidad. En el caso también intervino el organismo defensor, entre ellos la abogada.

Por la menor, ninguno de sus familiares respondió aun cuando se logró disuadir el compromiso, lo único que hicieron las autoridades fue enviarla a una Casa Hogar. Sus padres y sus hermanos se fueron de jornaleros, de acuerdo con lo documentado en Tlachinollan.

La única posibilidad que tiene la menor es que un familiar cercano se haga cargo de ella, pero tampoco lo tiene.

La niña es monolingüe, habla tun´savi, y no ha podido acceder a un perito traductor para que le tomen la denuncia. El argumento de las autoridades es que le están enseñando a hablar “aunque sea poquito español”, aunque se le violentes sus derechos con perspectiva intercultural.

La abogada de Tlachinollan dijo que pidieron a profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que le enseñen a leer, pero aun no lo logran.

La estrategia sigue siendo un pendiente para ella, lo único que tiene es alojamiento, atención psicológica y la promesa de que aprenderá un oficio.

Angélica, en espera de la oprtunidad para estudiar

Angélica huyó de los abusos y maltratos de sus suegros con apoyo de defensores de derechos humanos. Ella ambién fue motivo de señalamientos en su comunidad, por romper con lo que en muchos pueblos de la Montaña tratan como parte de los usos y costumbres. Después de eso le impiden regresar a su pueblo.

El matrimonio de Angélica se disolvió después de que se hiciera público y una tía se hiciera cargo de ella. Viven en una casa rentada y no estudia. No recibe atención médica ni apoyos para estudiar.

La abogada manifestó que como defensores de derechos humanos insisten en que a las víctimas en los ministerios públicos (que dependen de la Fiscalía General del Estado) les hacen valoraciones psicológicas, evalúan daños emocionales y emiten dictámenes para integrar las carpetas de investigación, pero no les dan seguimiento.

Por ejemplo, dijo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se hace cargo de la atención de víctimas de matrimonios forzados.

 

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

13 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Tras la aprobación de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que reconoce a la policía comunitaria en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que esta es una legislación inacabada que no surgió de una consulta a los pueblos indígenas.

Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organismo civil señaló que la citada ley que aprobaron la noche de este martes los diputados del Congreso local fue al «vapor» para cumplir con el plazo que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el 2021, la Suprema Corte invalidó el decreto 778 por el que se reformaban, se derogaban y adicionaban diversas disposiciones de la ley 701 de Reconocimientos, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que se publicó en el Periódico Oficial el 24 de agosto del 2018.

Estas modificaciones a la ley y a la Constitución local las aprobó el Congreso a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.

«Los pueblos indígenas donde existe un sistema de justicia comunitaria y policía comunitaria interpusimos un recurso de inconstitucionalidad porque violaba los derechos de los pueblos y la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón», criticó Barrera Hernández.

El plazo para realizar esas modificaciones vence este jueves 14, pero el Congreso ya aprobó la Ley de Seguridad Pública Estatal y el reconocimiento formal a la policía comunitaria.

Los alcances y la manera de su integración se formalizará cuando se aprueben las reformas a la ley 701 y al artículo 14 Constitucional.

Abel Barrera lamentó que el Congreso local incumpliera con una parte importante de la resolución que emitió la SCJN en el sentido de que se tendría que llevar a cabo una consulta a los pueblos indígenas para que en voz de ellos surgiera una ley de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Hace casi dos meses el Congreso empezó el proceso de dicha consulta que sólo se ha suscrito en que los diputados convoquen a una reunión con los comisarios municipales, ejidales y comunales para que les firmen un documento.

«Lo que nos han dicho en los 350 pueblos de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es de los legisladores no los convocaron a las asambleas y consultarlos que es lo que debe de contemplar la ley», expresó el activista.

Barrera Hernández afirmó que en la ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso se reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales.

«En esta ley y en las otras que van aprobar los diputados no se contempla el reconocimiento al sistema tradicional de justicia comunitaria como lo han establecido los pueblos», dijo Barrera Hernández.

La consulta que realizó el Congreso en donde el gobierno de Evelyn Salgado Pineda aportó una fuerte cantidad de dinero para que se realizara, no se cumplieron con las formalidades jurídicas que estableció en su resolución la Corte.

«Los diputados llegaban a las comunidades nomás a entregar formatos y que los firmaran pero nunca se realizaron asambleas para preguntarle a la gente», añadió.

Dice que tiene información que los diputados que convocaron a las reuniones en los pueblos llevaron promesas de realización de obras sociales para que les firmaran los formatos.

«Fueron reuniones en las comunidades, en la que todos los legisladores-PRI, MORENA, PAN, PT, PVEM y PRD- les decían a las autoridades y a la gente que lo que hacían era para garantizar las obras que va a realizar el gobierno», mencionó.

«Fue una consulta igual a la que hubo el pasado domingo 10 de abril, la de revocación de mandato, en donde hubo acarreados y clientelaje político», dijo.

El activista dice que van a esperar cual será la respuesta de la SCJN cuando el Congreso le entregue la ley que aprobó y la supuesta consulta que realizó a los pueblos indígenas.

Barrera consideró que seguramente la Corte se dará cuenta de que en esas consultas que realizó el Congreso los pueblos no participaron para dar su opinión.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso señaló que con la aprobación de la Ley de Seguridad Pública Estatal es parte del cumplimiento a la resolución que emitió la Corte.

Indicó que en muchas comunidades indígenas donde se realizó la consulta no han enviado la información y eso le van a decir a la Corte.

«Estamos en la etapa de cumplimiento y en las consultas que se realizan estamos cumpliendo con los estándares internacionales que se señala en esta materia», dijo.

 

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Para visitar a personas presas, 9 de cada 10 familias deben recorrer hasta mil kilómetros

41% de personas presas en centros federales nunca recibe visitas, y en 16% de los casos, familiares deben gastar más de $1,500 en pasajes y comidas para poderlos ver una vez al año.


Texto: Dalila Sarabia / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

13 de abril de 2022

 

Hace tres años que la hija de Socorro está en prisión luego de haber sido señalada de participar en un secuestro. Unos días después de su detención, la mujer fue enviada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos en donde ha permanecido sin una sentencia.

Desde que llegó a este lugar no ha recibido visita. Socorro ha intentado ahorrar algunos pesos e irla a visitar “de entrada por salida” pero es imposible. “O voy a verla o le doy de comer a sus hijos”, dice la mujer de 62 años.

Tras la detención de su hija, Socorro quedó al cuidado de sus dos nietos: una niña de 10 años y un pequeño de ocho. De ser la abuelita que los cuidaba mientras su mamá salía a trabajar, pasó a ser la responsable económica del hogar, además de que sus tareas como cuidadora se duplicaron.

Lavando y planchando ropa ajena, dice, es cómo ha logrado tener dinero para que a sus nietos y a ella nunca les falte un plato de comida. Cuando en verdad no tiene un peso le pide apoyo a uno de sus hijos que migró a Estados Unidos.

“Sí me apoya mandándome unos centavos, pero no como antes”, comparte Socorro.

Así, con unos cuantos pesos en la bolsa para tener algo que comer, el salir de su pueblo, en Veracruz, e ir a visitar a su hija en Morelos no es una prioridad.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que realizó México Evalúa y Documenta, el 91% de los familiares de las personas privadas de la libertad en un centro federal viven en un estado diferente al que se encuentra la prisión en donde están, y para ir a visitarlos sus familiares deben recorrer hasta 1557 kilómetros.

Se trata de una situación que contradice las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que estipulan que “en la medida de lo posible los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”, lo que ha traído como resultado que, de acuerdo con el informe, el 41% de los presos en prisiones federales nunca reciban visita.

Los familiares del 16% de las personas privadas de su libertad en estos centros federales y que reciben visita una vez al año, llegan a gastar hasta mil 500 pesos en pasajes y comidas.

Para la realización de este informe, México Evalúa y Documenta habían planteado hacer entrevistas a los reclusos de estos centros penitenciarios, sin embargo, dada la emergencia sanitaria por COVID-19, se decidió aplicarlas a sus familiares. En el ejercicio participaron 218 familias de personas privadas de su libertad en siete de los ocho Centros de Prestación de Servicios (CPS) federales en funcionamiento.

Como parte de los resultados, también se advirtieron otro tipo de gastos que deben hacer a fin de que sus familiares puedan tener mínimamente lo que requieren para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, artículos de higiene personal.

El 91% de las personas encuestadas dijo que mensualmente hace depósitos de entre 500 y mil 500 pesos. El 88% debe hacer estos depósitos a través de giros postales o telegráficos, lo que significa que además del dinero que mandan, deben pagar comisiones y cargos adicionales.

Este punto resulta muy revelador porque hay que recordar que las cárceles federales son Asociaciones Público-Privadas (APP), sin embargo, la falta de regulación de estos centros genera espacios para que se vulneren los principales derechos de las personas usuarias del sistema penitenciario.

Y es que, el estudio muestra que con el dinero que sus familiares les envían, no solo lo ocupan para comprar jabón para poder bañarse, sino que también para adquirir agua, alimentos -pues los que se les brinda no son suficientes o son de muy mala calidad-, así como para pagar el acceso al servicio médico, que, en teoría, es un derecho de las personas privadas de la libertad.

No obstante, una de cada tres personas encuestadas declaró que a su familiar se le cobra el servicio médico o las medicinas.

“No les dan el medicamento adecuado que ellas necesitan. Yo como familiar le llevo su medicamento, pero aun así́ ponen muchas condiciones para que lo acepten, además de que tardan más de 3 meses para que se los entreguen. Entonces si es medicamento que nosotros compramos es porque ahí́ adentro no se los dan”, dice el familiar de una mujer presa en el Cefereso 16 de Morelos.

“Nos dicen que la próxima semana vayamos a ver si ya está autorizado, como si viviéramos a la vuelta del penal y tuviéramos dinero para solventar cada que ellos quieren. Hace 3 meses fui a televisita y llevé medicamento que mi mamá necesita y hasta la fecha es día que no se lo han entregado”, detalla el familiar en el testimonio contenido en el informe.

Como parte del análisis hecho con ayuda de los reportes anuales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica sobre las condiciones de estos espacios, también se advierte “la insuficiencia o franca inexistencia de actividades laborales, de capacitación y educativas —si bien esto ha mejorado con el paso del tiempo, de acuerdo con los informes de la CNDH— señalan el grado de abandono con el que el Estado mexicano inició la provisión de estos servicios para las personas privadas de la libertad en los Cefereso”, se lee en el informe.

“Las fallas e insuficiencias presentes en los Cefereso  (…) no son del todo atribuibles a la actuación de la iniciativa privada, sino que ocurren en la provisión de servicios y programas que son también responsabilidad del Estado. Una posible explicación podría estar relacionada con el desdibujamiento de las atribuciones del Estado en este tipo de centros, pues la introducción de un tercer actor —la iniciativa privada— altera por completo la relación persona privada de la libertad- gobierno”, se expone en el documento.

A diez años de la puesta en operación de este modelo de APP -que buscaba mejorar las condiciones en las que se tenía a las personas privadas de su libertad- es importante recalcar que si bien es cierto que en abril de 2021 se dio a conocer que se resultado de las negociaciones entre el gobierno y los privados a cargo de estos espacios, se acordó una reducción del 15% en los pagos que se deberán hacer a las empresas y que al final del contrato la tenencia de las instalaciones recaerá en el Estado, aún hay muchos pendientes.

Uno de los más importantes, puntualiza este informe, es poder conocer con plena transparencia la versión pública de los contratos de prestación de servicios dirigidos a la construcción y operación de estos centros penitenciarios.

“Concretamente, es relevante que se conozcan las obligaciones de las empresas en cuanto a los servicios de salud, el acceso a agua y los servicios de alimentación, así ́ como la provisión de actividades culturales, educativas y laborales. De igual forma, la publicación de los contratos de prestación de servicios permitiría conocer las atribuciones y responsabilidades del Estado en la gestión de los Cefereso”, recomiendan las organizaciones.

Asimismo, consideraron que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Publica deben atraer la investigación de algunos de los aspectos reportados pues si bien es cierto que la operación y gestión de estos centros está en manos de agentes privados, estas entidades cuentan con capacidad para auditarlas.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original aquí.

Exponen ante Unicef inacción de gobierno para atender a niñas y niños víctimas de la violencia

Por llamado de la Unicef autoridades estatales y municipales se comprometen a atender a niñas y niños víctimas de la violencia


Texto: Beatriz García

Foto: Cortesía Centro Morelos

5 de abril del 2022

Chilpancingo

Por primera vez, integrantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) visitaron ayer martes Chilapa para reunirse con familiares víctimas de la violencia y defensores de derechos humanos en el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que lleva un registro y da acompañamiento a 111 niños desplazados por la violencia y a 72 niños de padres desaparecidos.

“Unicef trabaja en México desde 1954 en coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, y guiados por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para lograr que todos niños, niñas y adolescentes vean garantizados sus derechos”, se lee en la página web oficial de la organización internacional.

La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, destacó que debido a  la violencia que existe en esta región de la Montaña baja hay niños que son reclutados por grupos criminales.

Informó que está situación es preocupante porque los menores de edad que son de escasos recursos económicos y que han tenido que ingresar en las filas de estos grupos dejan la escuela.

Este martes acudieron a Chilapa representantes de esta organización, entre ellos la Jefa de Protección de la Infancia en México de la Unicef, Rocío Aznar y la representante adjunta de la organización en el país, Pressia Arifin-Cabo.

En este encuentro con los enviados de la Unicef también estuvieron autoridades municipales y estatales.

Uno de los momentos donde se visibilizó las necesidades urgentes de las infancias en la región fue en el encuentro con las víctimas de la violencia en el Centro Morelos, instalaciones ubicadas a la entrada de Chilapa, sobre la carretera Chilapa-Tixtla. Estos defensores de derechos humanos dan acompañamiento a familias que tienen desaparecidos y asesinados desde hace casi una década de violencia.

En la reunión con los de la Unicef, la activista Teodomira Rosales contó que hombres y mujeres que fueron asesinados o desaparecidos dejaron en la orfandad y desprotección a decenas de niñas y niños.

Desde hace años el Centro Morelos no solo da acompañamiento a víctimas de la violencia de Chilapa, también a víctimas de Zitlala, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri.

Rosales Sierra les dijo a los de la Unicef que todas estas familias desintegradas por el flagelo de la criminalidad enfrentan una serie de carencias sociales como de vivienda, salud, educación, vestido y alimentación.

Luego de la reunión privada que sostuvieron las víctimas, los defensores del Centro Morelos y los representantes de la Unicef, fue la directora del organismo quien informó sobre el encuentro.

El objetivo de la comitiva de la Unicef era conocer el Centro Morelos y el acompañamiento que da a las víctimas, dónde está ubicado, quiénes brindan el servicio y las víctimas a las que acompañan, además de las necesidades de las niñas y niños víctimas, contó vía telefónico Rosales Sierra.

El encuentro entre los integrantes de la Unicef con las autoridades del estado y municipales fue para verificar que estuvieran cumpliendo con sus responsabilidades hacia las infancias.

“Desde hace años no hemos podido hacer un trabajo en el municipio, por los riesgos, pero, incluso, hubo muchos reclamos de las víctimas hacia el presidente municipal (de Chilapa), Aldy Esteban Román, por la falta de atención, y obviamente a las víctimas no se les puede estar revictimizando cuando él siempre ha estado en el poder; fue secretario general, ha estado en otros periodos”, dijo en entrevista Rosales Sierra.

Según la activista, durante la reunión, a los enviados de la Unicef les quedó muy claro la inacción de las autoridades para garantizar los derechos de las víctimas sobre todo de los niños y niñas de Guerrero.

Destacó que tan sólo en el Centro Morelos se tiene un registro de 183 niños y niñas víctimas de la violencia, entre ellos 111 por desplazamiento forzado interno y 72 por la desaparición de sus padres.

“En Guerrero lo que no se está haciendo es que no está llegando la ayuda humanitaria para las víctimas en educación, salud y no hay garantías de seguridad, lo principal, aunque digan estamos brindando atención. Los niños no son libres, tienen miedo de ser raptados”, dijo Rosales Sierra.

En la plática, las autoridades municipales de Chilapa hicieron compromisos con las víctimas. Acordaron hacer mesas de trabajo el siguiente miércoles para otorgar, en su competencia, “una medida de ayuda muy pequeña”, según la directora del Centro Morelos.

Mientras que la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda, prometió gestionar una reunión con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, en la que se tratará en especial el problema de los niños y niñas víctimas de la violencia.

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Con bloqueo en autopista exigen libertad de la activista Kenia Hernández

Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

14 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) bloquearon tres horas la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, para exigir la libertad de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, quien lleva dos años presa acusada por atacar vías de comunicación.

El representante del FPM, Pablo Abad Diaz, dijo que las principales demandas son; exigir la libertad inmediata de Hernández Montalván, justicia para el activista Arnulfo Cerón Soriano quien fue hallado muerto en una fosa clandestina en Tlapa luego de haber estado en calidad de desaparecido.

Hernández Montalván fue detenida el pasado 18 de octubre de 2020 por su activismo, que consistió en la toma de casetas para recabar fondos y apoyar a presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en Acapulco.

Esas acciones permitieron liberar a 16 presos políticos, contó Abad Diaz.

El pasado 9 de febrero de 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sentenció a Hernández Montalván a diez años y seis meses de prisión.

“La sentencia a la compañera Inés es parte de una estrategia de acoso judicial y detenciones arbitrarias en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas”, comentó Abad Diaz.

En el caso de Arnulfo Cerón, el FPM denunció que la investigación esta detenida y no hay personas vinculadas a proceso por el caso, por eso exigen una audiencia con Salgado Pineda para tratar el tema de los activistas guerrerenses.

Los manifestantes levantaron el bloqueo a las 17 horas después de que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno les dijo que el titular de esta dependencia, Ludwing Marcial Reynoso Núñez los recibiría en audiencia.

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Despiden a visitador de Derechos Humanos

El oficio especifica que el despido es por no acatar una orden directa de Narciso Gaytan, la cual era el cambio de nombramiento y de centro de trabajo a Gatica Ramírez, de primer visitador lo nombraron encargado de despecho en la región de Tierra Caliente


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero

23 de febrero de 2022

Chilpancingo

 

Policarpo Gatica Ramírez, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), fue despedido después de hacer público que la presidenta de dicha institución, Cecilia Narciso Gaytan, despidió injustificadamente a seis trabajadores.

También porque acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Alfredo Sánchez Esquivel, de tener injerencia en las decisiones de la CDHEG.

El pasado 18 de febrero en conferencia de prensa, fuera de las oficinas de la CDHEG Gatica Ramírez informó sobre el despido injustificado de seis trabajadores y la injerencia de Sanchez Esquivel en los nuevos nombramientos.

Cinco días después de su protesta, a través de un oficio se notificó a Gatica Ramírez sobre su despido y se dio por terminada la relación laboral entre él y la CDHEG.

El oficio especifica que el despido es por no acatar una orden directa de Narciso Gaytan, la cual era el cambio de nombramiento y de centro de trabajo a Gatica Ramírez, de primer visitador lo nombraron encargado de despecho en la región de Tierra Caliente.

Gatica Ramírez calificó esa acción como un abuso de autoridad y una falta a sus derechos humanos, ya que para cambiar a un visitador se requiere un consenso por parte del consejo consultivo de la CDHEG y para un cambio de centro de trabajo se requiere que la institución asuma gastos de hospedaje y transporte, prestaciones que fueron negadas por personal de recursos humanos.

De acuerdo con el oficio, el despido de Gatica Ramírez fue por desobediencia, abandono del empleo y porque no se presentó a trabajar a las oficinas regionales de la CDHEG en Tierra Caliente, lugar al que fue enviado.

Fue mediante otro oficio donde Gatica Ramírez respondió a Narciso Gaytan, explicando las causas del por qué no procede su despido ya que el nombramiento y cambio de centro de trabajo esta impugnado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En ese documento Gatica pidió una explicación debidamente fundada, motivada y detallada  del procedimiento por el cual se le despidió.

También solicitó un alto a todo acto de represión y hostigamiento por parte de la institución y su titular Narciso Gaytan.

Exigió que resuelvan el asunto de una camioneta propiedad de la CDHEG, la cuál esta a resguardo de Gatica Ramírez, pero le fue solcitada días antes y ya no esta en su poder, pidió le dejen sacar las pertenencias que dejó en la unidad y cancelar el resguardo para que no culpen por daños.

Dijo que su despido es parte de un acto de represión e intimidación por hacer públicos los despidos injustificados en la institución y por presentar una denuncia pública a instancias federales y estatales de la situación que hay dentro de la CDHEG.

Gatica Ramírez dijo por último, que es improcedente su despido y exigió a Narciso Gaytán reintegre su nombramiento, cargo, salario y funciones de primer visitador general especializado por materia de la CDHEG.

 

Militarización en Guerrero: estrategia contrainsurgente prolongada a la actualidad

En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa


Texto: Beatriz García

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

19 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala.

Hoy sábado se conmemora el Día del Ejército Mexicano y de manera oficial se celebran eventos para congratular el trabajo que han hecho los militares en el país, además de entregarles reconocimiento. En Guerrero no es a excepción.

Un sin número de violaciones a los derechos humanos se han cometido por elementos del Ejército en Guerrero y en el resto del país, y que han sido de interés público, casos que ha llegado a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo motivo por el que se han emitido recomendación al Estado mexicano.

El 31 de agosto del año pasado Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra emitieron un posicionamiento donde externaron su preocupación con la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron.

“Esto ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humano, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que  la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtieron los organismos defensores.

En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa.

El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH estableció que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En el 2021 acumularon más de 261 quejas, lo que situaba a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.

 

Violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero

En Amapola. Periodismo transgresor hicimos un recuento de las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero, desde la Guerra Sucia, hasta uno de los casos emblemáticos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, hechos que demuestran que las violaciones cometidas por militares no paran, lo que cambia es la época.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un organismo defensor que ha acompañado casos en los que estuvieron involucrados militares, como el del asesinato del nahua Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue asesinado por militares mientras viajaba en un autobús en el 2009, y los casos de violación sexual a las Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Sobre esta situación habló el abogado de Tlachinollan y que acompaña en su defensa a los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.

Desde los años 70, finales de los 60, con la llamada Guerra Sucia, explicó, ahí se vio la faceta del Ejército cometiendo “violaciones atroces” a los derechos humanos más elementales, asentados en tratados internacionales que deben respetar la vida y la integridad de las personas.

Entre la gama de violaciones ejercidas por los militares en los sesentas fueron, principalmente, “ejecuciones extrajudiciales”, tortura, desapariciones, señaló el abogado. Y además, hubo un caso que se registró en la Corte Interamericana y fue el parteaguas para documentar estas violaciones, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac, que lucho por mejoras en educación y salud, contra las injusticias y abusos.
Fue desaparecido por militares en 1974.

El caso de Rosendo Radilla fue el que abrió brecha y sentó bases para que se pudiera restringir el fuero militar y se pudieran hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código de Justicia Militar, por ello, ahora, los delitos que comete el Ejército son juzgados por la justicia civil.

Después de estos hechos se construyeron diversos cuarteles militares en el estado y aunque ahora los militares estarían dentro de estas construcciones no se irían de Guerrero, dijo, pero sí disminuyó su presencia en las comunidad y aparentemente las violaciones a derechos humanos, pero volverían a surgir en los años noventa, cuando aparece la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

El escenario volvió a ser el mismo, torturas, desapariciones, por lo cual surgió una recomendación de la CNDH, que menciona 30 casos donde hubo violaciones a los derechos humanos sobre tortura, incursiones a comunidades, violaciones sexuales cometidos contra mujeres, explicó el defensor de derechos humanos.

El accionar del Ejército en Guerrero se prolongó en distintas partes del estado, en los años de 1998 y 2000 con la masacre de El Charco, donde participó directamente el Ejército, contra una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Fue entonces que suceden los hechos de tortura por militares contra ecologistas que defendían sus recursos naturales en Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera.

Después se cometen las violaciones sexuales contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, dentro de un operativo que despliega el Ejercito en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, porque hay información de que ahí operan grupos insurgentes, y tienen como finalidad “reducir el margen de acción de los grupos insurgentes que operan en esa región”, según informes oficiales del Ejército.

Estos casos se difundieron internacionalmente. Los casos también los retomó la CIDH, y entonces poco se frenó la presencia del Ejército en las comunidades.

En el sexenio del panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, se constituyó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una supuesta estrategia de esa administración para combatir a los grupos delictivos, que propició que los militares se desplegaran en todos los rincones del país.

En esta época fue asesinado Bonfilio Rubio Villegas, en un retén de militares en Huamuxtitlán. Mientras viajaba en un autobús, supuestamente porque los efectivos creyeron que ahí iban delincuentes.

-¿Entonces se hablaría de que las violaciones por parte del Ejército no cesan, que lo que único que ha cambiado es la época?- se le preguntó al abogado.

Se siguen reditando, han sido diferentes épocas, por diferentes motivos, pero todo el tiempo el Ejército ha cometido violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de manera selectiva, pero, también masiva como Tlatlaya, Ayotzinapa y El Charco. También de manera selectiva como la Guerra Sucia que iban matando, dos, tres, cuatro, cinco activistas, señaló Rosales.

En el 2000 cambio un poco el discurso con la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, pero las violaciones se siguieron cometiendo, insistió el abogado y activista.

Hubo unos pequeños avances en términos de esta materia contra el Ejército, agregó, y esa es la batalla que liberaron organizaciones sociales y de derechos humanos, para acotar el fuero militar, para efecto de que las violaciones de derechos humanos no fueran juzgadas por tribunales e instancias militares, y se logró, no en México, pero si por los casos que fueron llevado a la Corte Interamericana.

La realidad es que el Ejército es un poder dentro de los poderes, y que el poder civil tiene que hacer acuerdos con los poderes legalmente establecidos, aunque el Ejército sigue teniendo un poder fuerte en la vida fáctica, es una institución hermética, porque no transparenta y no hay poder que lo obligue a rendir cuentas.

 

El gobierno de AMLO que prometía un gobierno diferente, no lo es: Micaela Cabañas

La representante de la Oficina Foránea en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas, expresó, que la población y se siente atropellada, porque el Ejército fue creado para defender “contra la invasión enemiga” y no para atacarlo.

“Nos sentimos ofendidos, nos sentimos atropellados del nuevo gobierno que pensamos que iba a ser de cambio, a nuestro favor de las organizaciones sociales, civiles, principalmente. Después de haber pasado varios años de violaciones a derechos humanos, pensamos que tal vez si se iban a acabar (las violaciones del Ejército) o por lo menos no iba a ser tan dura la estocada, pero definitivamente al parecer es todavía más agresivo en contra de nosotros”, expresó la también hija del ex tinto guerrillero y fundador del Partido de los Pobres (PDLP).

Resaltó que el papel del Ejército fue de violaciones a la población civil, durante la guerra sucia, y que es doloroso saber que en la actualidad se repite y se están dando cargos públicos a quienes traen escuela de represión.

Se pregunta si realmente han cambiado las condiciones y por qué el gobierno en lugar de proteger, arremete contra el pueblo.

Pero hay una esperanza, dijo, porque ahora hay instituciones de derechos humanos y es un organismo de amparo que hace sobrepeso, aunque sigue habiendo violaciones, porque la formación y la escuela del Ejército se repite.

“El maestro Lucio Cabañas Barrientos fue uno de los primeros defensores de derechos humanos en aquel entonces cuando no había protección, pero protegía a su pueblo, a los maestros, a los padres y les enseñaba una mejor idea en su entorno, pero en la actualidad todo lo que hemos pasado la familia Cabañas, he tenido que caminar tanto, he sido víctima tantas veces pero hoy me honra decir que soy sobreviviente, que estoy en una institución para defender el pueblo”, consideró.

Denuncia ex funcionaria que la Fiscal le ordenó a sus escoltas que la desnudaran porque traía armas

Fuentes de la Fiscalía informaron que es la directora de Recursos Humanos Marvilla Alicia Melo Vela la que agredió a la Fiscal después de que le notificó su cambio al municipio de Huitzuco con el rango de trabajadora administrativa


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

11 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Después que la Fiscal General, Sandra Luz Valdovinos presentó una denuncia en su contra por haberle mordido la mano, la ex directora de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de esta institución, Marvila Melo Villa Vela, aseguró que ella fue la agredida, encerrada y desnudada por un grupo de escoltas.

«Temo por mi vida, por la de mi familia, mi hermano porque ella la Fiscal (Sandra Luz Valdovinos) me dijo que me iba a destruir a mi y a mi familia», señaló la ex funcionaria.

En rueda de prensa que ofreció en Acapulco, Melo Villa Vela, señala que este jueves en la noche le pidió la Fiscal que acudiera a su oficina a pesar de que ella ya había hecho el trámite de entrega recepción desde el 9 de febrero.

«Ella (la Fiscal) me dijo que requería de mi presencia, yo le contesté, si jefa nomás que estoy en mi casa a lo que contestó que tenía diez minutos para llegar porque ella tenía una cita con el médico en media hora», contó Marvila Melo.

Indicó que cuando llega la oficina de la Fiscal (aquí en Chilpancingo) estaban cuatro soldados encapuchados con armas largas.

Además del Vicefiscal de Investigación, Miguel de la Cruz Pérez, el Vicefiscal de Control, Apoyo y Logística de Procuración de la Justicia, Martín Rizo y uno de los escoltas de la Fiscal de nombre Martín Erbez, señala la ex funcionaria.

Señaló que desde antes había presentado su renuncia pero la Fiscal no se la aceptaba porque no había quien la supliera.

Menciona que cuando la encierran en la oficina de la Fiscal, ella (Sandra Luz) le entrega un oficio en donde se le comunica que acepta su renuncia de carácter irrevocable.

«Yo le digo a la Fiscal que tengo una plaza de base y por lo tanto se le reincorpore a mi original adscripción y ella me pide que firme el oficio y yo lo hago», indica.

Posteriormente la Fiscal le entrega otro oficio donde le comunica que su nuevo lugar de trabajo será en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

«Yo le comentó, jefa, los administrativos no nos pueden cambiar de lugar puesto que nosotros no ganamos mucho a lo que ella (la Fiscal) me contesta que el oficio está fundamentado y motivado», relató.

Según Marvila, posteriormente la Fiscal le gritó que firmara el oficio, pero cuando le contestó que si lo iba hacer pero que antes lo consultaría con su sindicato a lo que le contestó: «si no lo firmas, te voy a destruir a ti y a toda tu familia».

Indica que los soldados ya la estaban encañonando.

«Cuando iba a firmar el oficio (de su cambio de adscripción) sus escoltas de ella me agarran y la Fiscal me dice que ya no firme el documento y que tampoco la va a liquidar», relató la ex funcionaria.

Menciona que posteriormente la Fiscal ordena a sus escoltas que le quiten la ropa porque según ella está armada.

«Me desnudaron, me tomaron fotos y ella (la Fiscal) me gritaba, vieja pendeja acaso crees que tú puedes más que yo», señaló.

Sobre la versión que hace la Fiscalía de que ella mordió a la titular de esta institución, Sandra Luz

Valdovinos, asegura que ella le metió sus dos dedos en la boca.

«Ella (la Fiscal) me gritaba, pinche vieja puta, vieja pendeja y más cosas feas», refirió.
Mencionó que después llegaron a la oficina, un perito, una médico legista, un agente del Ministerio

Público y la Fiscal les dijo que ella la había mordido dos dedos.

Indica que durante el tiempo que estuvo retenida y desnuda le estuvieron tomando fotos.

Menciona que después le dijeron que tenía una orden de aprehensión en su contra y la llevaron esposada a los separos de la Policía Ministerial.

«Ahí estuve, me tomaron fotos junto con las demás personas que son delincuentes», señaló.

Menciona que después llegó su hermano y después la dejaron ir cuando intervino la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG).

Por su parte, la Fiscalía General de Guerrero, dio a conocer que la titular de esta institución, Sandra Luz Valdovinos Salmerón fue agredida por una funcionaria en respuesta a que se le comunicó su cambio de adscripción.

«(la agresión) se originó con motivo del cambio de adscripción, quien al momento de recibir la noticia presentó una crisis, que se tradujo en tomar la mano de la Fiscal y mordérsela», señala el comunicado de la FGE.

Indica que derivado de estos hechos ocurridos ayer jueves alrededor de la noche, se presentó una denuncia y está por definirse el grado de las lesiones ocasionadas.

«Dicha funcionaria pública tiene como precedentes repetitivos en conductas violentas previas con compañeras y compañeros, así como con otras personas fuera de la institución, como son abuso de autoridad, lesiones y violencia, contándose además con datos de probables actos de corrupción con motivo del desempeño de sus funciones, información que se habrá de analizar para su debido seguimiento», dice la Fiscalía.

Fuentes de la Fiscalía informaron que es la directora de Recursos Humanos Marvilla Alicia Melo Vela la que agredió a la Fiscal después de que le notificó su cambio al municipio de Huitzuco con el rango de trabajadora administrativa.

Una de las versiones extraoficiales es de que la ex directora de Recursos Humanos y que es allegada al ex Fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, se enfrentó a golpes con Sandra Luz Valdovinos Salmerón quien es teniente militar y que el 28 de diciembre del 2021 fue nombrada en ese cargo por el Congreso local a propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Pide CEDHG medidas cautelares

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) Cecilia Narciso

Gaytán, dijo que este organismo ya solicitó medidas cautelares para Marvila Melo Villa quien presentó su queja por presuntas agresiones que sufrió en la Fiscalía.

«Estamos integrando el expediente dándole todas las facilidades a la quejosa en materia de derechos humanos para que aporte los elementos oportunos y necesarios y darle también el acompañamiento», expuso Narciso Gaytán.

Dijo que en la denuncia, la ex funcionaria de la Fiscalía, señala que sufrió una retención en la Fiscalía.

 

Acusan a funcionaria del ayuntamiento de Chilpancingo de acoso laboral

Para este miércoles las trabajadoras realizarán una marcha por las calles de esta ciudad para pedir un diálogo con la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez


Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Un grupo de trabajadoras protestaron para exigir la destitución de la secretaria general del ayuntamiento de Chilpancingo, Xóchitl Heredia Barrientos, a quien acusan de abuso de poder y acoso laboral.

Las empleadas se manifestaron frente al ayuntamiento, donde denunciaron que la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez ya sabe de su inconformidad pero que sigue manteniendo en el cargo a la funcionaria.

La representante de la sección XIV del Sindicato Independiente de Trabajadores, Ofelia Monserrat Valenzo Aguilar, dijo que sus compañeras no pueden ir a desayunar o ir al baño para realizar sus necesidades fisiológicas porque de inmediato Heredia Barrientos las regaña.

Es la segunda vez que se manifiestan por el mismo motivo, pero les preocupa que no sean atendidas por la alcaldesa, dijo la líder del sindicato.

«Queremos que se vaya porque humilla en público a las compañeras, las ofende y les habla con groserías», expresó Valenzo Aguilar durante la protesta que realizaron sus compañeras afuera de la alcaldía capitalina.

Dijo que ya se entregaron tarjetas informativas a la alcaldesa.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) ya emitió una recomendación a Hernández Martínez, pero no la ha acatado.

Para este miércoles las trabajadoras realizarán una marcha por las calles de esta ciudad para pedir un diálogo con la alcaldesa.

 

Gobierno de Evelyn, desatención a los derechos humanos

Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal que se quedó en la esfera de lo mediático 


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan y Oscar Guerrero

27 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En 100 días de gobierno Evelyn Salgado Pineda no ha podido establecer una estrategia para pacificar el estado, ni atender a las víctimas de desapariciones y asesinatos, tampoco la crisis que enfrentan los jornaleros agrícolas que salen de sus comunidades obligados por el desempleo, ni en el tema que aseguró resolver: los matrimonios forzados de menores de edad.

El director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera, Gema Antúnez Flores, a petición de Amapola. Periodismo transgresor revisaron los 100 días de gobierno de Salgado Pineda.

El defensor de derechos humanos, el religioso y la activista coincidieron que en este arranque de gobierno la gobernadora ha desestimado uno de los problemas más importantes y urgente que enfrenta Guerrero: la atención integral de los derechos humanos.

Barrera Hernández considera que se debe a que este gobierno no ha diseñado políticas públicas para atender a los pueblos.

Rangel Mendoza lo atribuye a la inexperiencia de la gobernadora y la injerencia que tiene su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, en las decisiones de su gobierno.

Antúnez Flores se lo imputa al desconocimiento de algunos funcionarios que “no saben ni dónde están parados”.

Sin interlocución con los pueblos

Abel Barrera afirma que en estos 100 días en el gobienro de Evelyn Salgado no hay una estrategia clara en cómo establecer vínculos con las organizaciones, con las comunidades, con los núcleos agrarios.

El defensor celebra que la gobernadora junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hayan recorrido el 23 de octubre pasado varios municipios de la Montaña y la Costa Chica para conocer de cerca las demandas de los pueblos.

Aunque después de ese día, lamenta, la gente encuentra la interlocución adecuada para encauzar o canalizar sus problemas, sobre todo, uno tan desolador: los matrimonios forzados.

En 2021 se visibilizó en los medios de comunicación uno de los problemas que sufren los menores de edad desde hace décadas: el matrimonio forzado. Los casos de Angélica (15 años) y de Anayeli (13 años) atrajeron la atención. Ambas fueron encarceladas por autoridades comunitarias, una por resistirse al acuerdo y, la otra, por desahacer el matrimonio.

Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal.

Sin embargo, lamenta que sólo haya quedado en la esfera “mediática” y no diera seguimiento a casos de Angélica y Anayeli para darle acompañamiento y un esquema completo de apoyo para la familia.

Reprocha que no se haya involucrado a las mujeres indígenas, ni tampoco víctimas que luchan por justicia.

“No hay avance en la implementación de acciones de políticas que lleguen al ámbito comunitario, ni se vislumbra una acción pensada en las comunidades indígenas”, dice.

Otro sector que está sin atender por este gobierno son los jornaleros, una de las poblaciones más “vulnerable, olvidadas, golpeadas”, dentro de los pueblos originarios.

Recuerda que en la pasada temporada de migración de jornaleros, hubo apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y en otros años ayudaban a mantener un comedor y la atención médica.

“En estos 100 días no ha llegado ninguna despensa, ninguna medicina, ningún apoyo concreto para darle a miles de familias que han salido en estos meses de temporada alta, octubre, diciembre y ahora enero”, informó.

Tlachinollan ha tenido que proveer para que los migrantes jornaleros tengan dónde descansar, atención médica e insumos de higiene ante esta pandemia de la Covid-19.

No busca la pacificación

El obispo Salvador Rangel recuerda que cuando Salgado Pineda estaba en campaña se comprometió a que dialogarían al asumir la gubernatura y juntos buscarían la pacificación del estado, pero a cien 100 de su gobierno eso no ha sucedido.

–¿Qué temas trataría específicamente con la gobernadora?

–Me interesa platicar sobre la pacificación de Guerrero, sobre todo yo tenía una propuesta para el norte del estado: Taxco, Tetipac. Desgraciadamente no se ha dado esta plática.

El religioso compartió que hace unos días se reunió con sus compañeros, los obispos de Tlapa y Acapulco, donde coincidieron en que era extraño que las autoridades del estado no quisieran dialogar con ellos. Considera que, en su caso, sea porque ha criticado a este gobierno y sus declaraciones hayan disgustado a los funcionarios.

El obispo ve que con la entrada del gobierno de Salgado Pineda la violencia no para incluso, evalúa, va en aumento.

Aunado a este panorama, al obispo le preocupa que desde las campañas electorales se dio cuenta que algunas de las presidencias fueron impuestas por organizaciones criminales.

“Lo peor es que cuando ves que ya tomaron posesión los nuevos presidentes, los mandan llamar para ponerse de acuerdo. La semana pasada, no diré el nombre, pero es de aquí de Guerrero, una presidenta municipal me decía: ́yo tengo que estar dando una cuota para poder trabajar en paz y yo creo que muchos están pagando las cuotas´”, destacó.

El obispo, dice, desconoce si la gobernadora y sus funcionarios están enterados de esta situación o simulan no saber nada.

Salvador Rangel expresa su preocupación por la falta de experiencia de la gobernadora y su equipo, además de que su padre, Félix Salgado, esté detrás de todo “porque es quien quita o designa dentro del gobierno”.

“Mientras que la gobernadora esté a la sombra de Félix, las cosas se van a empeorar en el estado, pero hay solución”, aseguró.

Desde la administración pasada, la que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, el obispo ha mantenido relaciones por el momento tensas con el mandatario y funcionarios, en específico con el entonces secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

En este gobierno, ya ha tenido desencuentro con la gobernadora, pero fue Félix Salgado quién le pidió que ya no hablara de política.

“Con todo respeto, el clero tiene sus sagradas funciones, pero no puede intervenir en los asuntos del gobierno, así como el gobierno no puede interferir en los asuntos de la iglesia”, le dijo Félix Salgado.

Sin esperanza de un cambio

–¿Confían en que en este gobierno encuentren justicia?

–La conclusión a la que hemos llegado es que este gobierno va a ser peor que el anterior. La verdad no tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar, vemos que nombraron muchos secretarios, al frente de cada dependencia que no saben ni dónde están parados.

Quien responde es Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera.

Desde febrero del 2011, Gema Antúnez busca a su hijo, Juan Sebastián García Antúnez, quien fue desaparecido en Chilpancingo. Lo último que se supo fue que hombres lo interceptaron en el Paseo Alejandro Cervantes y se lo llevaron.

–¿Qué urge resolver para las víctimas de María Herrera y así encontrar justicia?

–Desgraciadamente las desapariciones están aumentando mucho. Por ejemplo, yo tenía 80 familias registradas hasta el año pasado y en lo que va del mes ya aumentaron 15 más, eso solo de mi colectivo. Es muy difícil, porque la gente queda muy desamparada y no hay apoyos económicos y en Guerrero hay una canasta básica que se les tiene que entregar a las víctimas afectadas.

El 11 de enero, el colectivo junto con organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos se reunieron por primera vez con la gobernadora, pero, dice Gema Antúnez, no le han planteado con puntualidad sus demandas, que arrastran desde hace años.

Uno de los acuerdos de este primer encuentro fue que a inicio de febrero la gobernadora encabezará mesas de trabajo para atender de manera más específica las demandas. Sin embargo, hasta ahora no hay fecha programada para las nuevas reuniones.

El encuentro no fue por iniciativa de la gobernadora, más bien, afirma la activista, por la presión que ejercieron las organizaciones sociales.

El colectivo María Herrera agrupa a 95 familiares de 98 desaparecidos y tres asesinados en Guerrero, registrados desde 2008 a este año.

Uno de las urgencias para los familiares de los desaparecidos y asesinados, es que las autoridades del estado atiendan lo que respecta a la Comisión Estatal de Búsqueda, pues no cuentan con personal para búsquedas y, eso, provoca que sea ellos mismos los que salgan a campo a buscar directamente a sus seres queridos.

“Estamos desamparados, les digo ayúdenme con esto, con lo otro y yo veo que están en ceros, no saben por dónde empezar, y piden orden federal”, reprochó.