Inés Fernández y su lucha contra el Estado mexicano

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Fotograma del vídeo publicado en Tlachinollan 

Chilpancingo

 

Inés Fernández Ochoa tenía 25 años de edad cuando fue violada por 11 militares, de acuerdo con un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)), a partir de ahí, su exigencia de justicia la llevó a fundar un Centro Comunitario donde da acompañamiento para que “ninguna otra mujer sufra la mismo”.

Era 22 de marzo de 2002, Inés estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, cuando un grupo de aproximadamente once militares con armas ingresaron a su casa.

De acuerdo con lo relatado en la ficha técnica de la Coidh, los hechos ocurrieron de la siguiente manera; uno de los militares la tomó de las manos y apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo.

Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”

Por los hechos se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

Inés habitante Me’phaa que desde hace más de 20 años busca justicia,

Después de los hechos, Inés Acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de los Libres a denunciar la agresión, pero ahí fue revictimizada y su derecho al acceso a la justicia fue obstaculizado.

“En el MP de Ayutla me discriminaron por hablar mi lengua originaria, no me hacían caso y nadie buscó un interprete para ayudarme”, menciona Inés en el documental Inés Fernández: pelear por la justicia desde el fogón de la Montaña.

En 2010 la Coidh condenó a México por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército y la clasifico como una grave violación de derechos humanos cometida en 2002, en Ayutla de Los Libres.

Aunque los perpetradores aun no son condenados a una sentencia firme, Inés avanza un paso más en el camino a la justicia y la “reparación comunitaria”.

Más de una década después, de la que muchas organizaciones de derechos humanos e instancias jurídicas catalogaran de histórica la sentencia en el caso de Inés, se cumplió una de las medidas ordenadas por la CIDH.

Con la inauguración de la Casa de los Saberes Guwá Kumá, “La medida de reparaciones comunitarias fue reapropiada para todas las mujeres de su comunidad”, menciona Inés.

En su diseño está que las mujeres coordinarán los trabajos y contarán con un equipo de profesionistas que hablen la lengua Me’phaa, para brindar una atención acorde a su contexto,

La Casa de los Saberes, explica Inés, cuenta con los servicios de psicología, enfermería, medicina y una abogada para brindar acompañamiento a mujeres que sufren violencia de género.

En Me’phaa, Inés explica que la Casa de los Saberes es una victoria colectiva, que fue el resultado de un camino que abrieron las mujeres que fueron víctimas de ultrajes por parte del Éjército, “las que sufrieron humillaciones, escarnio y violencia institucionalizada”.

“Esto es una reparación del daño del gobierno por lo que me hicieron los militares”.

El pasado viernes 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, Tlachinollan difundió un video en el que da a conocer la lucha de Inés Fernández.

Ese mismo día en Ayutla de los Libres, Inés encabezó una marcha.

Se prevé que en los próximos días un juez de Distrito de Acapulco emita una sentencia contra uno de los elementos del Ejército que abusó sexualmente de Inés.

El otro soldado que también estaba procesado por este mismo delito, fue asesinado en la cárcel donde estaba preso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enorme malestar y pérdida de confianza”: concluye GIEI sobre el informe de la Covaj

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
31 de octubre del 2022
Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no existe garantía sobre la veracidad de las 467 capturas de pantalla presentadas como evidencia en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Las pruebas presentadas en el Informe Preliminar de la Covaj, el pasado 18 de agosto, por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “es inconsistente y no puede ser considerada como evidencia”, dijeron los integrantes del GIEI en conferencia de prensa desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

«Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje”, afirmó Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI.

Una de las inconsistencias en las capturas de pantalla es la palomita azul, que permite saber cuando un mensaje es leído, el GIEI dijo que eso no es coherente porque esa funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014, 20 días después de que supuestamente fueran tomadas esas capturas.

Además mencionaron que las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no sé basaron en el informe.

Las y los integrantes del GIEI afirmaron que hay varias inconsistencias en la información del informe que deben ser corroboradas porque no pueden ser tomadas en cuenta como evidencia judicial para el caso.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, subrayó que la presentación de estas supuestas evidencias, sobre todo 467 capturas de pantalla entre presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

Carlos Martín Beristain, otro de los expertos, mencionó que el intento por acelerar los resultados sobre el caso Ayotzinapa generó una crisis de desconfianza, ya que “se desencadenaron hechos que han puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia”.

Uno de esos casos fue la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que por no estar bien sustentada se corre el riesgo de liberarlo por fallas en el debido proceso.

Además de las capturas de pantalla, el GIEI descalificó otras 180 pruebas presentadas por la Covaj, al considerar que no existe evidencia científica para establecer su veracidad.

El pasado mes de septiembre, el GIEI informó que pidió una prórroga para analizar el Informe de la Covaj, la cual concluyó el día de hoy, según lo acordado entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI también informó que se retiran del caso pero verán un mecanismo de seguimiento, entre estos, que dos de sus integrantes continúen en las investigaciones.


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No basta prohibir el matrimonio infantil, faltan políticas públicas para erradicar el problema: UNFPA

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recomendó al Congreso local legislar políticas públicas que ayuden a erradicar el problema de los matrimonios infantiles y la venta de niñas en la entidad, ya que mencionaron que no basta con prohibir los casamientos si no se atienden las condiciones sociales que generan el problema.

Durante una conferencia dedicada a los oficiales del Registro Civil de Guerrero, realizada en las instalaciones del Congreso local, José Roberto Luna Manzanero, especialista en matrimonios infantiles del UNFPA, mencionó que si no hay políticas públicas que acompañen la prohibición de los matrimonios infantiles no se erradicará el problema.

“Es más probable que las niñas que se casan vivan en áreas rurales, en pobreza, en una situación de vulnerabilidad y no tengan acceso a educación, y si no le damos a las niñas y adolescentes una manera de emanciparse o de paliar la pobreza sus padres van a ver en el matrimonio una salida a su pobreza”, mencionó Luna Manzanero.

Agregó que hacen falta apoyos sociales que acompañen las problemática de los matrimonios infantiles, el propone, de acuerdo con leyes en otros países, atender las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, falta de educación, sexualidad y roles de género para empoderar a las niñas y adolescentes.

Esto para que ni ellas, ni los padres vean el matrimonio como una única alternativa para salir de la pobreza y la situación precaria de las familias, por lo que recomendaron a los diputados legislar a favor de políticas públicas que abarquen todo el problema y no centrar todo en los registros civiles.

“No queremos que todo el peso de erradicar los matrimonios infantiles recaiga en los registros civiles, porque ahí no está el problema, el problema es la situación que viven las menores y las condiciones que las llevan a casarse, muchas veces obligadas, a temprana edad”, mencionó.

En la conferencia se mencionó que erradicar los matrimonios infantiles es garantizarles sus derechos humanos a las menores de edad, “porque un matrimonio a temprana edad casi siempre termina en violencia para ellas y sin alguna otra salida se convierten en esclavas modernas del trabajo doméstico y la maternidad”.

La propuesta del UNFPA es que el Congreso garantice el acceso a la educación de todas las mujeres, dotar de servicios públicos a comunidades rurales, reducir la pobreza y garantizar salud para que los matrimonios infantiles no sean vistos como una salida.

A los registros civiles les recomendaron mecanismos administrativos, reglamentos claros y difusión acerca de la prohibición de matrimonios en menores de edad.

Por último, al sector educativo se recomendó promover entre los niños y niñas un entorno de igualdad de género y trabajar con los niños para que abandonen las ideas machistas.

De acuerdo con datos del UNFPA, en México, en 25 años no disminuyeron los matrimonios infantiles y si sigue así en 10 años México será el segundo país con más matrimonios infantiles, solo detrás de África Subsahariana.

A nivel América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas contraen matrimonio, a nivel mundial es una de cada cinco, y anualmente son 12 millones de mujeres menores de 18 años las que contraen matrimonio.

Aunque reconocieron que estos datos pueden estar sesgados porque muchos matrimonios se dan en la informalidad.

En el caso de Guerrero, de acuerdo con la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes, no se tienen datos sobre los matrimonios infantiles que ocurren en la entidad.

La conferencia fue denominada Elementos básicos para contribuir a la erradicación de los matrimonios infantiles en Guerrero y fue coordinada por la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes del Congreso y la Coordinación Estatal del Registro Civil.

 

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Activista de las poblaciones LGBTTT+ recibe reconocimiento al Mérito Juvenil 2022

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La mañana de este miércoles, Ricardo Alexis Locia Hernández recibió de manos de la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, el premio al Mérito Juvenil 2022 en la categoría de derechos humanos.

Locia Hernández es antropólogo y activista por los derechos de las poblaciones LGBTTT+.

El acompañamiento a personas que viven con VIH, pláticas a comunidades indígenas y afromexicanas sobre temas LGBTTT+ son parte del activismo que Locia Hernández realiza.

“Este reconocimiento no representa una mezquindad, sino un ejercicio de visibilidad que no debe quedar ahí”, expresó Herndández Locia.

Estos reconocimientos fueron otorgados por la Secretaría de la Juventud y Niñez de Guerrero.

Fue mediante una convocatoria a la que se postularon 112 jóvenes guerrerenses que 10 jóvenes en diferentes categorías fueron seleccionados.

Jessica Maldonado Morales, secretaria de la Juventud y Niñez de Guerrero, felicitó a las y los galardonados y reconoció su labor en diferentes ámbitos.

“Es importante visibilizar lo que las y los jóvenes hacen por sus iguales desde sus municipios”, mencionó Maldonado Morales.

Llamó a que las historias de los jóvenes galardonados sirvan de ejemplo para otros jóvenes e hizo la invitación a que continúen con sus labores desde sus ámbitos.

En el evento estuvo presente el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, quien felicitó a Salgado Pineda por apoyar a los jóvenes.

“Tener una gobernadora joven como Evelyn es el ejemplo de que todo se puede lograr”, dijo Salgado Macedonio.

Además, sugirió a Salgado Pineda que esta entrega se realice cada mes para motivar y reconocer a las y los jóvenes.

Por su parte, Salgado Pineda felicitó a los galardonados, así como a sus madres y padres.

Reconoció la participación de los jóvenes en la vida política.

“Los jóvenes y las mujeres son el motor de la Cuarta Transformación”, comentó en su discurso.

Aseguró que en su gobierno la mayoría de espacios son ocupados por jóvenes y mujeres. Además de apoyar a las juventudes del estado.

Los galardones entregados fueron: logro académico entregado a Arleth Pamela Silva Hernández, originaria de Acapulco, quien ganó una beca para una estancia de una semana en la NASA por un proyecto para realizar procedimientos oncológicos no invasivos y al vacío.

El mérito de expresiones artísticas y artes populares fue para Ámbar Stephanie Santos Ríos, quien se desempeña como actriz y productora; tuvo participaciones en Netflix, como en Luis Miguel, la serie.

Mérito compromiso social fue para Sergio Daniel Agüero Ramírez. La categoría de derechos humanos fue para Ricardo Locia Hernández.

Protección al ambiente y desarrollo sostenible lo ganó Lizeth Alejandra Helguera Peralta, ingenio emprendedor fue para María de Los Ángeles Arcos González, y discapacidad e integración para Ulises Daniel Díaz Adame.

Ciencia y tecnología lo recibió Dillan Michael Pérez Ramos, aportación a la cultura política y a la democracia fue para Jana Laura Voorting Salazar, y mérito deportivo para Miguel Ángel García Ramos.

Las y los galardonados recibieron una presea, un reconocimiento y un estímulo económico para que continúen con sus labores.

 

Gobierno de Evelyn Salgado amenaza con desalojo de plantonistas en palacio

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotin amenazaron con desalojar a habitantes de Cochoapa El Grande, que tienen un plantón afuera de palacio de gobierno.

El gobierno del estado acusó a los manifestantes de que por el plantón no pueden sacar las unidades del Transporte Violeta presentadas el día de ayer por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Hoy policías estatales con equipo antimotin cercaron a los manifestantes mientras se desarrolló un diálogo con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, y el subsecretario de Asuntos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán.

En frente de la manifestación, en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Salgado Pineda encabezó un acto público.

Mientras el acto de la gobernadora se desarrollaba, los policías llegaron y rodearon la entrada principal de palacio de gobierno, además de tres grúas que rodearon los carriles norte-sur del boulevard René Juárez Cisneros con el objetivo de desalojar y mover los automóviles de los manifestantes.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, denunció que ellos no tienen retenido ningún vehículo del Transporte Violeta, como se les acusó,

García Rodríguez reprochó que la gobernadora esté a unos metros de la protesta y no acuda a dialogar con ellos, dicha postura fue respaldada por el asesor de la Secretaría General de Gobierno y líder de la Asamblea popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, quien acudió a la protesta.

Chávez Adame dijo que “si la gobernadora regala 15 minutos a los manifestantes todos se van en paz”.

El acuerdo que los manifestantes tuvieron con Reynoso Núñez fue de atenderlos en una mesa de trabajo en Casa Guerrero.

Desde el día de ayer la circulación del encauzamiento Huacapa fue bloqueado por los manifestantes, el cual ya fue liberado.

Los manifestantes dijeron que no moverán su plantón hasta tener una respuesta favorable sobre sus demandas.

Los manifestantes son pobladores de 52 comunidades de Cochoapa El Grande que quieren formar un nuevo municipio porque los apoyos sociales del gobierno estatal y federal se queda en la cabecera municipal y no llegan a todas la comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«En Guerrero es difícil reconocerse como parte de la población LGBT+»: Locia Hernández

Texto y fotografía: Itzel Urieta 

Chilpancingo

 

Por la deuda histórica que la entidad guerrerense tiene con la comunidad LGBTI+ «no podemos ser abiertamente quienes somos, ni acceder a ciertos derechos y tenemos que vivir entre la homofobia de algunas personas», señaló Ricardo Alexis Locia Hernández, quien recibirá la Presea al Merito Juvenil 2022 en la categoria de derechos humanos.

Explicó que en un estado como Guerrero es difícil reconocerse como personas de las poblaciones LGBTI+.

Locia Hernández es antropólogo, egresado de la Escuela de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+ e integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.

Locia Hernández impartió la ponencia titulada Deuda histórica del estado con las poblaciones LGBTI+ en el Centro Cultural el Zanate Azul, en Chilpancingo, la tarde del jueves.

Ahí afirmó que la reforma al artículo 170 del Código Penal que criminaliza a las personas con VIH es otra deuda del estado.

Reconoció el trabajo de activistas que visibilizaron el tema del VIH.

Locia Hernández tiene VIH y reconoce que recibir este premio le genera cierto miedo al quedar expuesta parte de su vida.

«Hay gente de mi familia que no sabía que tengo VIH, hay desinformación y toca reeducarlos».

Tiene una carga viral baja de VIH y está en tratamiento por lo que el riesgo de transmitir a otra persona es nula.

En relación al matrimonio igualitario, la legislación actual de Guerrero no contempla el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, lo que complica a parejas homosexuales compartir derechos sociales como salud y vivienda.

En el tema de los crímenes de odio, mencionó a algunos activistas por los derechos de las poblaciones LGBTI+ asesinados, como Quetzalcoatl Leíja Herrera.

A 20 años de haberse creado el colectivo, reconoce que hay cosas que cambiaron, pero otras que son tabú.

Pidió se brinden más oportunidades en el ámbito académico para realizar trabajos e investigaciones sobre las poblaciones LGBTI+.

Ricardo comenzó su participación en marchas de las poblaciones LGBTI+ a los 17 años.

Además de la deuda histórica, apeló a que se conozca más sobre la historia de los colectivos y su lucha.

El pasado 3 de septiembre del 2022, Ricardo estaba en una reunión con su colectivo cuando se percató que en su perfil de Facebook tenía diversas etiquetas felicitándolo por obtener el Premio al Mérito Juvenil 2022 en materia de Derechos Humanos.

Este premio es otorgado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud y Niñez de Guerrero a varios jóvenes en diferentes categorías.

«Sé que se tiene que postular, pero la verdad yo no se quién me postuló pero al final lo agradezco».

No quería aceptar el premio porque considera podía verse como una vanidad, comenta. «Al final es una visibilidad, es cambiar el discurso y las narrativas sobre las personas que vivimos con VIH y de las poblaciones LGBT».

Locia Hernández es el primer joven abiertamente homosexual en recibir este premio.

«Este premio significa una gran responsabilidad de saber que puedo ser un referente para las juventudes diversas».

 

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Denuncian ante Derechos Humanos a director que niega a estudiante participar en su clausura por carecer de uniforme de gala

La menor terminaría su primaria el próximo 28. El docente ya impidió que apareciera en la fotografía de su generación


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

Apango 

Diana Abril Astudillo Ronco de 12 años es una alumna destacada de la escuela primaria Federico Encarnación Astudillo, ubicada en Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan. Tiene uno de los mejores promedios de su generación y es parte de la escolta de su escuela, pero fue excluida de su foto de generación y del acto de clausura por el director, porque carece del uniforme de gala que le exige a los estudiantes.

El padre de Abril, José Astudillo Rodríguez, interpuso una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) por la exclusión que vició de su hija. Ahí mismo exigió la destitución del director del plantel, Getulio Sebastián Cuevas.

El padre considera que si hija sufrió discriminación y prepotencia cuando el director le impidió tomarse la foto del recuerdo con sus compañeros. Dijo que el director pretenden que ya no participe en la escolta en el acto de clausura.

Todo comenzó cuando en reuniones previas entre los maestros y el Comité de Padres de Familia abordaron el tema de la clausura, donde según Astudillo Rodríguez nunca hablaron sobre la foto y la manera en que tenían que ir vestidos los estudiantes.

Por la pandemia de la Covid-19 y las clases híbridas a los alumnos de esta escuela les permitieron asistir a clases con el uniforme deportivo.

Después de dos años en clases virtuales a Diana Abril ya no le queda su uniforme de gala y sus padres decidieron ya no comprarlo porque el ciclo escolar concluye y sería un gasto extra para la familia.

Astudillo Rodríguez contó que tuvieron un gasto familiar muy fuerte por la operación a uno de sus hijos de una pierna; el uniforme de gala era un gasto extra y consideraron en su familia que no era necesario.
“Fue en una reunión privada entre los seis padres que integran el Comité y los directivos que tomaron la decisión de utilizar el uniforme de gala sin consultar a los demás padres”, comentó Astudillo Rodríguez.

El día 13 de julio informaron de esa decisión que tomaron unos cuantos a los padres de familia por mensaje: la foto del recuerdo sería el día 15 de julio con el uniforme de gala de manera obligatoria.

“De buenas a primeras nos avisan que en dos días se tomará la foto y que es obligatorio el uniforme de gala”, agregó.

Los padres de Diana Abril trataron por todos sus medios conseguir el uniforme pero por el poco tiempo les fue imposible, porque en las boneterías del pueblo estaba agotado y en dos días no estaría listo.

“Yo le dije a mi esposa que iba hablar con la maestra y con el director de que mi hija pudiera salir con el uniforme de la escolta, debido a la situación de que no logramos conseguir el uniforme”.

La mañana del 15 de julio, Diana Abril se presentó a la toma de fotografía con su uniforme de la escolta, pero al momento de colocarse intervino su maestra y le dijo a ella y a su padre que no podía salir en la foto sin el uniforme de gala.

Ante la negativa de la maestra, el padre de Abril buscó al director para que interviniera. Le explicó la situación pero éste se negó y la maestra del grupo dijo que ella sólo atendía las órdenes del director.

El padre dijo que si su hija no salía en la foto tampoco participaría en la escolta, y el director le respondió: “eso no me importa, es lo de menos, yo le diré al maestro de educación física que ponga a otro niño”, recordó Astudillo Rodríguez.

El maestro de educación física se negó a sacar de la escolta a Diana Abril, sólo mediante oficio emitido por la dirección. A la estudiante le impidieron salir en la foto.

La situación fue denunciada por Astudillo Rodríguez, primero por redes sociales. Derivado de eso, Diana Abril recibió comentarios de reproche de sus maestros.

“En clases los maestros le dicen a mi hija indirectas sobre esa situación y le dicen que ella no sabe lo que es discriminación, que se confunden los términos”, agregó el padre.

El padre ya habló con el supervisor de la zona escolar, quien le recomendó que la alumna ya no asista a las clases y se presente hasta día de la clausura a recibir sus documentos. El acto de clausura está programado para el próximo 28.

De acuerdo con Astudillo Rodríguez, el director de la primaria tiene acusaciones por malos tratos a los padres y madres de familia, “pero por miedo muchos ya no dicen nada”.

El padre también expuso en la entrevista que el director Sebastián Cuevas fue denunciado por no comprobar más de 600,000 pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo en la primaria de la comunidad de La Esperanza, también de Mártir de Cuilapan, donde laboró anteriormente.

Denunció además que en la primaria Federico Encarnación Astudillo, donde actualmente es el director, no comprobó 300,000 pesos del programa La Escuela es Nuestra correspondiente al 2020 que inició la pandemia.

Esta tarde, Astudillo Rodríguez acudió con su hija a las instalaciones de la CDHEG en Chilpancingo para interponer la denuncia contra el director por discriminación y exclusión contra la menor.

“Lo que hoy hacemos aquí es para sentar un presente y las nuevas generaciones no sufran por los actos del director de la primaria”.

 

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Denuncia activistas que intimidaciones del gobierno estatal al párroco Filiberto Velázquez son para desestabilizar el movimiento social

Filiberto Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, acusó al gobierno del estado de organizar un ataque en su contra por la labor que realiza de acompañar y asesorar a víctimas de violencia en la entidad.

Velázquez Florencio denunció que ayer (miércoles) agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde él oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, varios de ellos enfermos, a realizar preguntas al personal con el propósito de conocer las actividades que realiza el sacerdote.

Al percatarse de su llegada, Velázquez Florencio pidió a los agentes que justificaran su presencia, pero ninguno tenía documentos oficiales para esa acción. Los agentes le dijeron que un agente del Ministerio Público (MP) ordenó investigarlo, después se retiraron.

En conferencia de prensa, Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.

Explicó que desde el pasado 27 de junio, el gobierno del estado, a través del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el secretario de la gobernadora, Jesús Urióstegui, lo acusa de daño a la propiedad privada y bloqueo a las vías de comunicación.

“Después del bloqueo en la autopista, Jesús Urióstegui llamó por teléfono al obispo y me acusó de ser el que organiza esos bloqueos”.

Esas acusaciones ocurrieron después de que Velázquez Florencio acompañó a una manifestación en la Autopista del Sol a pobladores de San Jerónimo Palantla, comunidad de Chilapa, ubicada en la región Montaña baja, para exigir la aparición con vida de José Abundio Bolaños Calvario, quien desapareció el 29 de mayo pasado.

En la manifestación del pasado 27 de junio también bloquearon la carretera de cuota integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), normalistas de Ayotzinapa y del Frente Nacional Francisco Villa (FNFV). En bloqueo ocurrió una carambola entre un tráiler y seis automóviles.

Por ese hecho, la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que “se presentaran denuncias para deslindar responsabilidades en contra de quienes afecten a terceros y daños a la propiedad privada”.

El sacerdote cree que derivado de ese comunicado los agentes de la FGR acudieron a interrogar al personal de la Casa del Peregrino; intuye que ya están armando la carpeta de investigación en su contra.

Velázquez Florencio denunció también que el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a la comunidad de San Jerónimo Palantla a oficiar una misa por la Jornada Nacional de Oración, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal amenazaron con bajarlo por la fuerza de su camioneta, y uno de ellos le dijo: “ya estamos hasta la madre de gente ignorante como tú”.

“El llamado a todas las instituciones es que esos esfuerzos de intimidación hacia los activistas y defensores de derechos humanos se dirijan hacía los verdaderos generadores de violencia”, comentó.

Durante la conferencia de prensa pidió a las autoridades federales y estatales localizar con vida a José Abundio González Calvario y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos.

“Por último hacemos un llamado respetuoso a nuestras autoridades para que reorienten sus esfuerzos, ya que ni entre los y las defensores de derechos humanos ni entre los sacerdotes encontraran a los responsables de la violencia”.

Llamó específicamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que conozca personalmente el trabajo que realiza en el Centro Minerva Bello y en la Casa del Peregrino para que su gobierno deje de criminalizarlo.

A la conferencia de prensa lo acompañaron representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes señalaron a la gobernadora de tratar de desestabilizar los movimientos sociales de Guerrero con intimidaciones como contra la de sacerdote.


Con marcha, la población LGBTI+ exige matrimonio igualitario y alto a crímenes de odio

La edición 21 de la marcha estatal de la diversidad sexual fue nombrada; Todas, todos y todes bajo una misma bandera, a la cual asistieron alrededor de 1000 personas integrantes de las poblaciones LGBT+ y que recorrieron las principales avenidas de Chilpancingo hasta llegar al zócalo capitalino.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

Integrantes de las poblaciones LGBTI+ marcharon ayer viernes por las principales calles de Chilpancingo para exigir al Congreso Local aprobar el matrimonio igualitario, y el pleno reconocimiento de sus derechos, como lo son la identidad, y justicia para los crímenes de odio que están en la impunidad.

En su edición número 21 la marcha estatal de la diversidad sexual comenzó en las instalaciones del Congreso de Guerrero.

Aquí afuera de la sede del Poder Legislativo, la población LGBTI+ leyó su posicionamiento y exigieron a los legisladores aprobar la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario misma que está en su trámite ante comisiones legislativas.

La iniciativa, que se presentó el pasado 16 de junio, pretende reformar diversos artículos del Código Civil y del Código Procesal del estado para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

“Nosotros no queremos fiesta ni que nos case un sacerdote, nosotros solo pedimos tener acceso al derecho de casarnos para tener los beneficios legales que eso conlleva”, mencionó Juan Carlos Salvador López presidente del Colectivo Orgullo Guerrero.

Agregó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría en el Congreso, para que los matrimonios igualitarios sean una realidad.

La edición 21 de la marcha estatal de la diversidad sexual fue nombrada; Todas, todos y todes bajo una misma bandera, a la cual asistieron alrededor de 1000 personas integrantes de las poblaciones LGBT y que recorrieron las principales avenidas de Chilpancingo hasta llegar al zócalo capitalino.

La marcha que inició en el Congreso aproximadamente a las seis de la tarde, con dirección al zócalo de Chilpancingo recorrió las avenidas Lázaro Cárdenas y Juan Álvarez.

Durante el recorrido los y las manifestantes portaron una bandera monumental del arcoíris y diferentes pancartas donde se leía, “Celebra todas las formas de amor”, y “Soy activista de mi propia historia, no más homofobia”.

Los contingentes fueron integrados por representantes de colectivos de Iguala, Zumpango, Taxco, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Tixtla y Tierra Colorada, además de un contingente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) encabezados por la presidenta Cecilia Narciso Gaytan.

También marchó el diputado local morenista Jacinto González Varona, impulsor de la iniciativa de matrimonio igualitario, el regidor de Chilpancingo Samir Avila Bonilla que abiertamente se declaró parte de la comunidad LGBT para ser reelecto como regidor a través de una acción afirmativa.

Durante la marcha, se integraron al contingente el grupo de influencers trans conocidas popularmente como Las Pérdidas, y una imitadora de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda vestida con un huipil y un sombrero calentado a quien entre gritos le decían, “Canta la de Como la flor”.

Durante la marcha las y los integrantes de las poblaciones gritaron, cantaron y bailaron al ritmo de música y de porras, además participaron grupos de mujeres trans.

Aunque todo parecía una cuestión festiva y mucha gente salió a las calles a ver la marcha como si fuera un espectáculo.

Además de la aprobación de del matrimonio igualitario, se exige una ley de identidad de género, tipificar el delito de Crimen de odio por razón de orientación sexual, reformas al Código Penal para dejar de criminalizar a los portadores del virus del VIH y justicia para los miembros de la comunidad que fueron asesinados y que están en la impunidad.

Otra de las demandas fue la presentación con vida de Andrés Ayala Silva, mejor conocido como la Sexy Lola, un conocido luchador, desaparecido en Acapulco e hicieron un recuento de miembros de la comunidad ya fallecidos.

“A todos los que nos antecedieron hace 21 años, y que sin ellos nada de esto fuera posible les damos las gracias y los recordamos exigiendo justicia por sus asesinatos”, mencionó Ricardo Locia, miembro del Colectivo Orgullo Guerrero.

La marcha terminó en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac donde participaron algunos oradores y culminó con participaciones artísticas de los asistentes.


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Guerrero en deuda con las poblaciones LGBTI+

En 2011 Guerrero registró el mayor número de crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI+ con 22, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

La madrugada del 4 de mayo del 2011, Quetzalcóatl Leija Herrera fue asesinado. Era activista por los derechos de la comunidad LGBTI+ y presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi).

Desde el Ceprodehi registró 104 asesinatos por homofobia ocurridos del 2007 al 2011 en Guerrero,.

Ese 4 de mayo, Quetzalcóatl fue asesinado a metros del Palacio municipal de Chilpancingo, muy cerca del zócalo, uno de los lugares más transitados de la capital.

Quetzalcóatl fue asesinado a golpes, recibió uno en lado derecho de la cabeza que le desfiguró parte del rostro.

El asesinato de Quetzalcóatl es un crimen de odio que a once años sigue impune.

Crímenes de odio

Ricardo Locia es antropólogo, activista por los derechos de la población LGBTI+ e integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero. Considera que un crimen de odio está caracterizado por la saña antes, durante y después del asesinato.

La saña va desde lesiones con traumas en el cuerpo, mutilaciones, asfixia.

“Todo se cristaliza en la cuestión simbólica desde donde se ejerce la violencia, por ejemplo hay mujeres trans a las que les cortan los pechos o si todavía tienen su miembro también se lo cortan”, explica Locia.

En 2011 Guerrero registró el mayor número de crímenes de odio con 22, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero desde 2017 contabiliza los crímenes de odio, no los hace públicos para resguardar la identidad de las víctimas.

El registro son de casos que rastrean en los medios de comunicación como periódicos y redes sociales, pero no está completo por la falta información pues sólo se conocen los asesinatos ocurridos en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades más grandes de Guerrero.

La Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio y la Asociación Letra S, registraron el año pasado 78 crímenes de odio en el país, cinco ocurrieron en Guerrero.

«Esta cifra se puede duplicar e incluso triplicar, en el sentido de que no tenemos presencia en la parte de la Montaña, la Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, en las comunidades donde no hay medios digitales no podemos saber si hay crímenes de odio”, precisa Locia.

El que no haya un organismo gubernamental que genere una base de datos de estos crímenes complica tener cifras más exactas, dice Locia, además de que no existen los protocolos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para a hacer el levantamiento de un cadáver de un integrante de la población LGBTI+.

En Guerrero, el crímen de odio no está tipificado en el Código Penal, lo que también dificulta que se investiguen de manera adecuada. Es por esto, que muchos casos terminan archivados y en la impunidad.

Locia considera que Guerrero es un lugar inseguro para  la población LGBTI+. Para evitar ser agredido, cuenta, ha tenido que vestirse muy masculino para tratar, dice,  de que no se le vea o no se note que es gay. Está consciente de que esto también es un tipo de violencia.

“Esto ha sido para protegerme, para que yo no sienta los embates complejos que viven y sufren las mujeres trans, las comunidades lesbianas y también otros compañeros homosexuales que tienen una mayor feminidad en su andar o en su vestir, para mí Guerrero no es un lugar seguro”, comenta.

Sin embargo, dice Locia, hay integrantes de la población LGBTI+ que viven en condiciones más difíciles como en comunidades indígenas y afromexicanas porque, asegura, la violencia que sufren va desde la discriminación en espacios de trabajo, la escuela y en el hogar.

Marchar por sus derechos

Junio es conocido como el mes del orgullo gay porque se conmemora la lucha y la visibilización de la población LGBTI+. En Chilpancingo, se realizará la edición 21 de la marcha estatal de la diversidad sexual.

Esta lucha en el estado ha sido constante, el colectivo surgió el 13 de junio del 2001 con el nombre Colectivo Gay Orgullo Guerrero, en 2018 cambió a Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.

Esta será la décima marcha de Locia; comenzó a participar a los 17 años y en este tiempo considera que hay un poco de aceptación en la sociedad hacia ellos pero que aún falta conocimiento del tema por parte de las personas.

“Hay personas que van a ver la marcha como un sentido de mofa, para ver como va vestido el jotito, o para ver quienes van. Se ríen de cómo van vestidos”, comenta.

Además de las burlas, piensa que en la poca aceptación  también están los que los aceptan pero mientras no les incomode.

“Está la parte doble moral de hacerlo, pero que no te vea besandote”, comenta.

La apertura de las nuevas generaciones ha sido notoria, ahora son más jóvenes quienes marchan. Cuando empezó a marchar no podía verse agarrado de la mano con sus amigos ni con una pareja, ahora salen de la mano y se besan en escuelas y en lugares públicos.

Salir a marchar para la población LGBTI+ es importante, se tiene una deuda histórica con ellos como la legalización del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la prohibición de terapias de conversión, la tipificación de los crímenes de odio, la reforma al artículo 170 del Código Penal que criminaliza a las personas con VIH.

El 15 de junio del 2022, diputados de Morena presentaron ante el Congreso de Guerrero una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario, esto representa un paso importante.

“Que se apruebe el matrimonio igualitario sería el pago de una deuda histórica a muchos miembros de la comunidad LGBT que han sido asesinados y que han muerto, que esto siente precedentes para que podamos seguir avanzado con las demás leyes”, dice Locia.

 

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Entre las reformas a estos artículos se pretenden eliminar los términos hombre y mujer, marido y mujer, y ser cambiados por los términos de contrayentes, cónyuges, o personas casadas.


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Diputados de Morena presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa de ley para legalizar el matrimonio igualitario.

Los diputados Jacinto González Varona y Yoloczin Domínguez Serna en la sesión de este miércoles presentaron una iniciativa para reformar y derogar artículos del Código Civil del Estado.

“La iniciativa de decreto que hoy se presenta es para garantizar los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo que son objeto de discriminación de crímines de odio y estigmatización”, dijo González Varona durante su intervención en la tribuna del Congreso.

Los artículos del Código Civil que se pretenden  reformar son: el 85, 351, 378, 379, 412, 135, 136, 437,439, 440, 441, 442, 443, 411, 115, 446, 450 bis y 494 bis.

Entre las reformas a estos artículos se pretenden eliminar los términos hombre y mujer, marido y mujer, y ser cambiados por los términos de contrayentes, cónyuges, o personas casadas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso Local la cual determinará si se presenta al pleno para una primera y segunda lectura y posterior votación.

En México el matrimonio igualitario es legal en 26 de 32 estados de la República: Baja California y Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas.

En Guerrero colectivos de la población LGBTIQ+ desde hace años han emprendido una lucha para que se legalice el matrimonio igualitario.

Durante la sesión en el pleno del Congreso lo local, miembros del movimiento lésbico gay y transexual, desplegaron mantas en las graderías del recinto legislativo.

 

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Activistas irrumpen acto de la gobernadora Evelyn Salgado

Texto y fotografía: Jesús Guerrero

Chilpancingo

 

Militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) irrumpieron el acto en el que estaba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el zócalo de Chilpancingo para exigir se cancele la carpeta de investigación que enfrenta su líder Nicolás Chávez por los delitos de robo y violencia de género.

Dirigidos por Chávez Adame, los manifestantes ingresaron a la plaza central con una camioneta en la que llevaban una estatua a los derechos humanos «Colosal» que la hallaron tirada en el parque Bicentenario ubicado al norte de esta ciudad.

Esta estatua que es de la artista colombiana Natalia Botero fue colocada durante el gobierno de Héctor Astudillo en este parque ubicado entre las avenidas Insurgentes y Benito Juárez, al norte de esta capital.

El grupo de 50 activistas llegaron al acto oficial cuando la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez hacía uso de la palabra.

Hernández Martínez, Salgado Pineda, el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández y la directora general de Telecomunicaciones de México (Telecom) María del Rocío Flores encabezaron el evento de Tandas del Bienestar.

Salgado Pineda llegó casi a las 13 horas cuando el acto estaba programado a las 12 del día. Artesanos, funcionarios estatales y municipales llegaron a la plaza central desde las 10 y media de la mañana.

No es la primera vez que la mandataria estatal llega tarde a los actos oficiales programados que ella encabeza.

Durante la protesta, fue el asesor de Salgado Pineda, Rubén Hernández Fuentes y varios guardaespaldas quienes rodearon a Chávez Adame.

Hernández Fuentes y los guardaespaldas fueron los que impidieron que el grupo de manifestantes avanzaran hacia donde estaba la gobernadora, la alcaldesa y los demás funcionarios federales y estatales.

Fue Hernández Fuentes el que calmó a Chávez Adame a quien le dijo que en Palacio de Gobierno serían atendidos por Salgado Pineda.

Una de las demandas que enarbola el dirigente de la APPG es la destitución de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán quien fue la que interpuso una denuncia en su contra por robo y violencia de género.

En marzo de este año, Chávez Adame y sus correligionarios irrumpieron en la sede de esta Comisión de Derechos Humanos en donde arrancaron la bandera que simboliza el respeto a los derechos civiles.

Después de estos hechos, Narciso Gaytán interpuso una denuncia contra este dirigente.

Los manifestantes abandonaron el zócalo y se dirigieron en marcha hacia el Palacio de Gobierno, ubicado al sur de esta ciudad.

En un video que subió a las redes sociales, Chávez Adame cuenta que cuando le notificaron la acusación penal le habló vía telefónica el senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado, para decirle que ya estaba listo su nombramiento (en el gabinete estatal) y que su salario sería de 15 mil pesos.

«Después me habla Jesús Urióstegui (jefe de la oficina de la gobernadora) para decirme que seré un asesor externo que no existe en el organigrama en el gobierno», señaló el activista.

Dice que mientras recibe llamadas telefónicas por parte de Salgado Macedonio y de Jesús Urióstegui afuera de su casa estaba una patrulla de la policía para intimidarlo.

 

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