Lamentan desinterés y discriminación de las autoridades
Texto y foto: Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress 20 de agosto del 2024
#Niltepec 20 Ago (#Istmopress) – Organizados y vinculados con organizaciones civiles y religiosas nacionales e internacionales, el «Banco de Alimentos Región Istmo” es un aliciente para los miles de personas migrantes que cruzan el territorio oaxaqueño y que ingresan por la frontera sur.
Al mes, esta agrupación que nació de la sociedad civil de Santiago Niltepec, Oaxaca entrega 5 toneladas de ayuda humanitaria, que va desde alimentos, medicinas, ropa, artículos de higiene, entre otros.
“En este año hemos atendido beneficiado a 19 mil 546 migrantes entre niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, discapacitados y de la comunidad LGTB. Esto con base a los datos que se levanta al momento de la entrega de ayuda” informa Geonatan Geovani Jacinto Lorenzo, uno de los voluntarios.
El joven junto con otras nueve personas desde hace tres años impulsan la ayuda humanitaria, para la comunidad migrante y han hecho vínculos con organismos internacionales como la OIM, ACNUR, UNICEF, WORLD WISION MÉXICO, y nacionales como OPERACIÓN BENDICIÓN MÉXICO, DISTRIBUIDORA NADRO y SORIANA.
Dijo, que la más reciente ayuda del fin de semana fue la entrega a 4 mil familias migrantes de cajas de comida y artículos de higiene donados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
“Acá no estamos peleados ni con la religión ni las organizaciones, siempre y cuando sea para ayudar. Desafortunadamente no recibimos apoyos del gobierno del estado, el gobernador Salomón Jara no nos voltea a ver, y el DIF no envía ayuda al banco de alimentos región Istmo”, recalcó.
Los migrantes que han llegado en las últimas caravanas en su mayoría cansados, con ámpulas en los pies, deshidratados y hasta enfermos y son originarios de Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Eduardo, Colombia, Costa rica, Belicee y Panamá.
“Agradecemos esta gran ayuda, nos dan medicamentos, cobijas, bolsas de comida no perecederos, sandalia, ropa y artículos de de higiene personal”, cuenta Ana Nicole de Venezuela de 29 años.
Julissa y sus dos hijos de 9 y 5 años de edad también se han beneficiado de estos apoyos.
“Con esta ayuda vamos a sobrevivir una semana, nos ayudará a seguir nuestro camino, la meta es llegar a los Estados Unidos, ojalá lo logremos”, cuenta.
Desde hace dos años,el Istmo de Tehuantepec se ha convertido en el cruce de personas migrantes, al día, de acuerdo con organizaciones y autoridades transitan de 800 a mil 500 personas de al menos diez nacionalidades.
Este texto es original de Agencia de Noticias IstmoPress y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
“Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, es el informe y la campaña que organizaciones y defensores de los derechos humanos han presentado para exigir un alto a la investigación y persecución hacia las defensoras de derechos humanos: Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti; quienes después de haber participado en la defensa de las familias de migrantes, reportado irregularidades y evidenciado las anomalías en el caso “La masacre de los 72”, fueron acusadas por Estado de crimen organizado y secuestro.
Texto: Karen García / Zona Docs
Fotografía de portada cortesía Amnistía Internacional México
“Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México” es informe y una campaña organizada por personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, peritxs y organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran: Amnistía Internacional de México y de España, Análisis Internacional,Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Equipo de Argentino de Antropología Forense. Las cuales se reunieron en una mesa de diálogo para exponer la criminalización y espionaje hacia las defensoras de los derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, quienes han sido víctimas de estos actos por parte del Estado, específicamente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las investigaciones y defensorías que realizaron el “La masacre de los 72”, donde personas migrantes de Centroamérica y Sudamérica fueron asesinadas y desaparecidas.
¿Pero, qué pasó en la masacre de los 72 y por qué las defensoras por los derechos humanos están siendo perseguidas?
Para entender la situación y tener un poco de contexto en voz de Belem Barrera, Jefa de Investigación de Análisis Internacional, en el año 2010, en un campo de San Fernando, Tamaulipas, se hallaron los cuerpos de 72 migrantes mientras transitaban por México con rumbo a los Estados Unidos, principalmente se trataba de personas centroamericanas y sudamericanas. En el mismo sitio, pero un año después, en abril de 2011, agentes del ejército hallaron 196 cuerpos de “personas de diversas nacionalidades” en 48 fosas clandestinas.
“Esto ha sido catalogado por algunos como una de las más grandes violaciones de derechos humanos en el país.”, mencionó Belem Barrera, mientras contó cronológicamente los hechos.
Es en este momento en el que Ana Lorena Delgadillo y la Fundación para la Justicia se convirtieron en representantes legales de las familias desaparecidas y comenzaron a colaborar en la documentación de irregularidades por parte de las autoridades en la llamada “Masacre de San Fernando”. Mientras que, Mercedes Doretti junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmó, junto con otras organizaciones, un convenio de colaboración con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para identificar los restos humanos en San Fernando; esto le permitió a la Secretaría Técnica de la Comisión Forense tener acceso a la información del caso.
De forma paralela, Marcela Turati documentaba los hechos como periodista; en especial el caso de una madre que había perdido a su hijo en los sucesos. Al entrevistarla, Marcela detectó que personal de la PGR no le había informado a la madre que habían encontrado el cuerpo de su hijo, e incluso, que le estaban extorsionando. Marcela le proporcionó una tarjeta con los datos de Ana Lorena para que tuviera apoyo legal. Tiempo después, Marcela publicó en la revista PROCESO su reportaje sobre el caso de los 72, esta publicación no revelaba la identidad de las víctimas.
“Coincide con un momento clave en el caso”, declaró Belem Barrera, pues describió cómo coincidió con el acceso de miembros de la Comisión Forense a los expedientes de la averiguación previa sobre las fosas clandestinas de San Fernando.
Mercedes como perita en la investigación y Marcela como periodista, sabían que sus reportajes e investigaciones incomodaron al personal de la PGR, pues estos afirmaron en una reunión con la Comisión Forense, que la Fundación y el Equipo Argentino había filtrado información del caso de San Fernando a la representante de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena, lo cual negó.
Sin embargo, en enero de 2016, las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) declararon que familiares de las víctimas de San Fernando denunciaron que la revista PROCESO publicó información no autorizada sobre declaraciones, tales denuncias “se contradicen con las fotos y grabaciones de Marcela en las entrevistas”, afirmó Belem Barrera.
Pero había una denuncia en particular, la madre de uno de los desaparecidos, mencionó que no autorizó la publicación de su historia; más tarde otro de sus hijos señaló a las autoridades que Ana Lorena lo buscó vía telefónica para obtener información. Por lo que,la PGR inmediatamente comenzó los actos de investigación en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes; investigación que se encuentra en el mismo expediente donde consta el caso de las fosas clandestinas de San Fernando.
“Sin informarles, se ordenó designar un perito para analizar la letra de Ana Lorena y Marcela”, mencionó Belem Barrera, quien explicó que la acción fue para determinar si escribieron sus datos de contacto en una hoja la cual, la madre denunciante entregó a las autoridades.
Las investigaciones no pararon, pues en febrero de 2016, la PGR sin tener una orden judicial, ordenó a empresas telefónicas que proporcionaran el registro de llamadas de Ana Lorena y de Marcela, ya que “investigaban la comisión de delitos de secuestro y delincuencia organizada”, por lo que se les otorgó la información. También, solicitaron a personal de la Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE) el acceso a documentos para analizar la escritura en trámites realizados por Ana Lorena y Marcela. Así, sin orden judicial y sin cerciorarse que la solicitud contará con fundamentación legal, la SRE también entregó los datos personales de Ana Lorena y Marcela.
En una serie de acciones sin justificaciones legítimas y legales, la PGR continuó la investigación en contra de Ana Lorena y Marcela, añadiendo a la investigación a Mercedes un 8 de abril de 2016.
“Las diligencias de investigación y espionaje violan diversos derechos fundamentales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes. Violan los derechos a la vida privada y familiar, a defender derechos humanos y a la no discriminación. No buscaron un fin legítimo, ni cumplen con el principio de legalidad”, explicó la Jefa de Investigación, pues declaró que las tres defensoras de derechos humanos no han tenido la oportunidad de ser escuchadas y de defenderse ante las acusaciones, debido a que nunca se les notificó sobre las investigaciones.
Durante la presentación de la investigación “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México habló sobre la indignación e inconformidad que atraviesa este caso.
“El mismo que no ha querido explicar qué pasó en San Fernando, por qué fueron asesinadas personas migrantes. El Estado que no cumple con su deber de garantizar la integridad y la vida de las personas migrantes, ese mismo Estado invierte recursos humanos, económicos y tecnológicos en atacar a través de la criminalización, el espionaje a quienes están acompañando a las víctimas de la masacre”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía, pues le parece “absurdo” que las tres mujeres defensoras estén siendo perseguidas, pues la carpeta de investigación sigue abierta, por lo que aún pueden seguir siendo investigadas.
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México declaró que la organización ha documentado cómo, la entonces PGR, desvió recursos que eran destinados a investigar “La Masacre de San Fernando”, para espiar a las defensoras de derechos humanos, quienes “solo han documentado la verdad de los hechos” en la espera por la justicia. Así también, remarcó la falta de fundamentación de marco jurídico en las investigaciones “por secuestro y delincuencia organizadas” sin haberles dado la calidad de imputadas y sin haberles notificado acerca de la investigación y acusación en su contra.
“La criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las defensoras de derechos humanos, periodistas y peritos forenses tiene grandes consecuencias en ellas y en la sociedad en su conjunto. Las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales; pero además, la criminalización de estas tres mujeres manda la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar investigaciones periodísticas será castigado en este país con procesos indebido e infundados.”, concluyó Edith Olivares.
Por parte de Amnistía Internacional, dieron una serie de recomendaciones hacia la Fiscalía General de la República (FGR), para la defensoría de las tres mujeres.
Detener cualquier investigación, espionaje e intento de acción penal arbitraria en contra de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Exigimos que se cierre de inmediato la carpeta de investigación.
Frenar mediante un acuerdo interno por parte del Fiscal General cualquier mensaje al interior de la Fiscalía y los Órganos de investigación penal que criminaliza y penaliza los trabajos de defensa de derechos humanos, periodismo y forense de estas tres mujeres y de las organizaciones y redes en las que hacen parte.
Eliminar toda información confidencial y de datos personales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes de la averiguación previa de las fosas de San Fernando. Así como impedir la reproducción y divulgación por parte de las personas servidoras públicas de la información contenida en esta averiguación previa.
Hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes y sancionar a las personas que resulten responsables.
Realizar una reparación integral del daño ocasionado a las víctimas, incluyendo claras garantías de no repetición para otras personas defensoras, peritas independientes y periodistas. Así como realizar una disculpa pública por la investigación y espionaje que se cometió en su contra.
Mientras que, Belem Barrera, Jefa de Investigación de Análisis Internacional. Evidenció las consecuencias de la criminalización hacia las defensoras, las cuales, además de tener serias implicaciones hacia ellas, también tiene “efectos nocivos” en el país.
Efecto amedrentador. Ya que, el Estado genera temor entre personas defensoras de derechos humanos para continuar emprendiendo su labor y des incentiva a que las comunidades manifiesten sus reclamos.
Limitaciones. Pues, las personas defensoras de los derechos humanos pierden capacidades o herramientas vitales para continuar realizando su trabajo como confianza, independencia, autonomía y espacios seguros .
Indefensión de las víctimas. Al criminalizar a personas abogadas, periodistas y peritos, el Estado también genera que las propias víctimas cuestiones su capacidad de decidir quien las defiende y por lo tanto queden aisladas.
Desvío de recursos. Al criminalizar a personas defensoras el Estado deja de utilizar recursos tanto de personal como financieros para investigar los delitos que verdaderamente se cometen.
Impunidad. La criminalización de personas defensoras genera que no se castiguen las injusticias y que estas continúen existiendo.
“Como ustedes, Ana Lorena, Marcela y Mercedes me lo externaron de diferentes formas…. vamos a seguir defendiendo los derechos humanos. No nos vamos a detener”, concluyó la Jefa de Investigación Belem Barrera.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de Fundación para la Justicia y defensora de los derechos humanos, habló sobre los hechos ocurridos y también sobre la manera en que la fundación ha representado a 300 familiares de personas migrantes que han sido desaparecidas y ejecutadas en su tránsito de Sudamerica y Centroamerica hacia los Estados Unidos.
“Se tardaron 6 años en que nos dieran las copias de los expedientes de las fosas clandestinas de San Fernando”, aseguró Ana Lorena. En ese contexto es que conocieron a dos madres salvadoreñas que querían cremar los restos de sus hijos migrantes. Esto llevó a la fundación a interponer un amparo para litigar el caso. Ahí se enteraron que sus hijos estaban entre los restos de las fosas clandestinas de San Fernando, así que comenzaron a “pelear” para que a sus hijos se les diera la calidad de víctimas.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual obligó a la Fiscalía a entregar el caso a la Fundación. Ana Lorena comentó que ellos esperaban encontrar tomos grandes, debido a que eran alrededor de 300 casos; sin embargo, sólo se les entregó un documento pequeño. La defensora recuerda haberle reclamado al personal, sin embargo, ellos respondieron: “sí, pero es que reinterpretamos la sentencia de la Corte y entonces le vamos a entregar solamente las actuaciones donde aparecen ustedes y las víctimas que representan”. Pasaron 3 años para que se obligara a la Fiscalía a entregar todos los expedientes, pero a pesar de la orden los tomos se dieron “a cuentagotas”.
También habló sobre “el tomo 221”. A decir de la defensora, uno de los agentes del ministerio público les advirtió que debían tener “cuidado con lo que van a encontrar ahí”; evidentemente esto les pareció sospechoso y al momento de abrir el tomo sintió “algo muy fuerte”. En este tomo se enteró que al mismo tiempo que era abogada de las víctimas, también era perseguida por delincuencia organizada y secuestro.
“La criminalización que realiza la Fiscalía General de la República pone en duda un trabajo de más de 13 años, que tanto el equipo Argentino como la fundación hemos hecho con nuestros equipos todos estos años. Ponen en duda que las familias hayan decidido nombrarme como abogada a mí y a mi equipo de la fundación, pero lo más duro es que también ponen en duda el derecho de las familias a elegir el abogado o abogada que ellas quieran”, expresó la abogada Ana Lorena, pues la criminalización hacia su persona ha afectado varios casos que ha representado, como el incendio de Ciudad Juárez.
Expresó que le preocupa que el expediente siga abierto, pero le preocupa aún más que las personas que defienden los derechos humanos, periodistas y peritas sean perseguidas por decir la verdad. Pues la impunidad y el aparato criminal que rodea al Instituto Nacional de Migración (INM) “nadie lo toca”. Mencionó que no fue fácil denunciar a la FGR, debido a que la investigación está parada, sin embargo, destacó y agradeció la labor de las familias de migrantes que trabajan para recibir justicia.
“Porque vivas y vivos se los llevaron. Vivas y vivos los queremos” concluyó Ana Lorena.
Marcel Turati, periodista especialista en derechos humanos, contó su testimonio sobre lo sucedido y la impotencia de su sentir al ser investigada por el Estado.
“Como periodista yo debería estar ahí con ustedes colegas, yo debería estar junto a las bocinas, yo no debería estar aquí, yo debería estar haciendo preguntas. Pero algo está podrido en un país donde los periodistas en vez de hacer la nota nos convertimos en la nota , donde como dice mi amigo y colega John Gibler: es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”, comentó la periodista, quien expresó los peligros que enfrentan los periodistas en México, en un país “en guerra declarada”.
Es así que cuenta que en 201,1 la revista PROCESO le designó cubrir el suceso en San Fernando. Expresa que al llegar al sitio documentó los eventos, desde ver a las familias identificar los cuerpos de las víctimas hasta el arribo de un tráiler, el cual, enfrente de las familias procedió a subir los 120 cuerpos al transporte sin dar ninguna explicación a las personas presentes.
“Yo sin saberlo presencie el operativo que había para ocultar esos cuerpos”, mencionó la periodista, quien contó que dos años después, una persona desconocida se acercó a darle una USB en la que estaban las 120 fichas de las personas migrantes, “con rostros destrozados, cabezas destrozadas”.
Con estas fichas, lograron hacer una base de datos y realizar rutas migratorias. En una de estas rutas se contactó con una mujer, la cual esperaba el regreso de su hijo; cuenta la periodista que la mujer estaba siendo extorsionada, mientras la PGR la contactaba cada semana para saber si aún sabía algo sobre su hijo. Es gracias a la base de datos que la periodista descubrió que el hijo de esta mujer había sido identificado desde el primer día, pues este tenía su identificación en uno de los bolsillos del pantalón, a pesar de esto, la PGR lo llevó a fosa común. Es así que después de investigaciones, la periodista publicó el reportaje que hizo enojar a la institución.
“Hasta ese momento cuando me preguntaban ¿qué era cubrir víctimas, si estaba yo en peligro?. Yo siempre decía, pues no, yo solo cubro a las víctimas, yo no me meto con los narcos. Yo trabajo con los testimonios de la gente. Pero yo no sabía que me estaba metiendo con otro tipo de delincuencia organizada. La delincuencia organizada que está dentro de la fiscalía”. “Con esta investigación perdí la inocencia de mi país”, mencionó la periodista pues reveló que con esta investigación ella ligaba “la masacre de los 72” con “la masacre de Ayotzinapa”.
Es así como, en 2020, se enteró que estaba siendo investigada y espiada, no solo por el caso de “La Masacre de los 72”, sino también estaba siendo investigada en el “Pegasus Project”.
“Hay una intención para ocultar esta violencia, hay una intención para ocultar los cuerpos, para esconderlos y por eso todo este esfuerzo que ponen en perseguir a quienes investigan, a madres buscadoras, a periodistas, a defensoras, en general a quien denuncie. A ellos si se les geolocaliza. Cuando una mamá va a la fiscalía a denunciar que su hija está desaparecida no mueven un dedo, no se ponen a ver donde da el GPS, pero a nosotras si tenían prisa para saber esto”, expresó la periodista, quien publicó un libro en el cual cuenta su historia a manera de denuncia para que esto no le vuelva a pasar a otro periodistas ni defensor y defensora de los derechos humanos.
“Que no se les ocurra hacérselo a alguien más. Que no se les ocurra repetirlo”, concluyó Marcela.
Mercedes Doretti, Directora del Equipo Argentino de Antropología Forense, también contó su experiencia, siendo víctima de la investigación. Menciona que tardó en entender la gravedad de la investigación, pues ella aún es perito de la investigación de las fosas clandestinas de San Fernando y está dentro de la Secretaría Técnica Forense junto con la Dirección de Servicios Periciales de la FGR, para investigar e identificar las causas de muerte.
“¿Cómo puedo ser perita a este nivel y al mismo tiempo ser investigada por crimen organizado en ese mismo expediente?. Es algo que me resulta incomprensible”, mencionó Mercedes, pues su labor sólo consistía en buscar, producir dictámenes sobre las irregularidades, jamás filtró información a nadie y mucho menos cometió ningún crimen, “pero sí estábamos investigando irregularidades”, lo cual incomodó a la PGR.
“Uno podría pensar que todo esto fue parte de la administración anterior y que al llegar una nueva administración, inmediatamente se hubiera cerrado esta investigación, se hubieran sancionado a los responsables, removido del expediente toda esta información sobre nosotras tres y tal vez se nos hubieran dado las disculpas correspondientes. Sin embargo, muy por el contrario, no sólo no sucedió nada de lo mencionado y la causa sigue abierta, sino que no hemos recibido ningún apoyo o explicación, menos una disculpa por parte de la FGR ni de la administración” mencionó Mercedes, quien expresa que observa cosas en común, la principal es que son tres mujeres líderes en sus áreas.
Finalizó su participación destacando que las ciencias forenses son un pilar para el aparato de justicia, sin embargo, las personas peritas siguen trabajan bajo condiciones peligrosas, corriendo el riesgo de ser asesinados, lo cual hace que su labor sea “una tarea difícil”.
El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, intervino en la conferencia para visibilizar el uso del espionaje en contra de defensoras de derechos humanos no solo en México, sino en el mundo. También destacó los peligros que enfrentan sobre todo las personas periodistas en el país.
“Estas cifras las han oído antes, pero no debemos acostumbrarnos. Desde 2012 se han registrado 88 periodistas asesinados, a finales del 2023 se confirmó al menos 15 periodistas desaparecidos y la impunidad sigue”, se dirigió el Director hacia los periodistas presentes, pues no ha habido sentencia condenatoria, ya que, a pesar del mecanismo de protección han asesinado a 8 periodistas que estaban bajo la protección del Estado desde 2012.
“Dejemos de hablar de crisis de derechos humanos en México, las crisis se suponen que es un estado temporal donde se agrava la situación y hay un principio y un final de las crisis. Creo que es importante utilizar un lenguaje correcto, debemos hablar del mal endémico de violaciones de derechos humanos en México. Mal endémico que dura décadas y que prolonga el sufrimiento de millones de personas”, concluyó Esteban Beltrán, a la vez que insistió en no olvidar que los asesinatos y desapariciones en San Fernando siguen impunes.
Carmen Aristegui, periodista y comunicadora mexicana también participó en la campaña de protección a las defensoras. La periodista insistió en lo “indignante” del caso, pues al defender los derechos humanos, al informar sobre la situación en México, se corre riesgo de que el Estado investigue a quien lo hace.
“Tres grandes asuntos nos convocan hoy aquí, solidaridad, respeto y exigencia”, mencionó la periodista pues es “inadmisible” que tres mujeres destacadas en sus trabajos se encuentren en un proceso de investigación.
Exigió un cierre a la carpeta de investigación, pero que este cierre no deje ningún vestigio que permita ejercer algún día acción penal contra las defensoras. También evidenció la necesidad de una resolución por parte de la FGR y un esclarecimiento de las acusaciones, pues estas acciones por parte del Estado son “inhibitorias” para las personas defensoras de los derechos humanos.
“Se necesita una sacudida a la sociedad mexicana y una sacudida a los que tienen el mandato, los recursos, el presupuesto, las decisiones y el poder; a los que lo tienen hoy y a los que lo están buscando… a los que están en campaña buscando un cargo de elección popular de la presidencia para abajo…”, comentó la periodista, evidenciando que en el último debate presidencial no se tocó el tema de la protección a personas defensoras de los derechos humanos.
La sociedad civil puede participar y sumarse al llamado de exigencia para que la Fiscalía General de la República detenga las investigaciones, la persecución y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, a través de la campaña “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensora de derechos humanos en México” y firmando esta acción urgente. Consulta también el informe en el siguiente enlace: Informe
“No vamos a parar hasta que dejen de ser perseguidas”, concluyeron.
Este texto es original de Zona Docs y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
En un cuarto de la segunda planta de la casa, Chuy mira una película en la televisión. Alrededor de él hay decenas de cobijas tendidas en el piso donde dormirán en filas los 35 hombres que viven en este centro de rehabilitación de adicciones en Nezahualcóyotl, Estado de México. En cuanto dan las seis de la tarde, el encargado corta en seco la película, ordena despejar el área, colocar sillas y traer de la otra habitación una tribuna de madera.
“Mi nombre es Enrique y soy alcohólico drogadicto”, arranca un hombre de 36 años, el primero de la lista de oradores en la tercera junta del 12 de noviembre de 2022. “Para poder detener a ese monstruo que vive dentro de mí, debo estar dentro de una agrupación, compañeros”. Chuy se quedó en la puerta. Pasará el rato inclinado sobre una mesa, trazando círculos en una pequeña hoja de papel.
Él no se llama Chuy pero así le pusieron en otro centro de rehabilitación donde lo dejaron los funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) hace cuatro años. En este otro lugar, al que llegó en 2022, lo llaman Pe-pe porque son las dos únicas sílabas que suele pronunciar.
Chuy no portaba identificación el día de 2019 cuando la policía municipal lo encontró descalzo y sucio en una parada de autobuses del Estado de México. Nadie acudió a recogerlo luego que la comisaría publicó una ficha con su foto y su descripción como una persona sordomuda de entre 30 y 35 años de edad.
No es la única persona que el dif ha dejado en un centro de rehabilitación para personas con adicciones sin tener un problema de adicción. En 2021 dejó en el mismo lugar a Beto, un niño de 13 años que dormía en un mercado desde que murieron sus abuelos.
Los casos de Chuy y Beto no son excepcionales. Una investigación de Quinto Elemento Lab encontró que los Sistemas dif han encerrado a cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en estos sitios también conocidos como “anexos”. Aún cuando al interior de estos centros se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.
Una revisión a miles de documentos oficiales, búsquedas hemerográficas, y la conversación con víctimas y testigos permitió conocer que los Sistemas dif de al menos nueve estados lo hacen. Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.
El Sistema dif nacional no atendió a repetidas solicitudes de entrevista.
Una vista al anexo donde vive Chuy, una tarde de noviembre de 2022. Los DIF pagan a centros como este entre mil 900 y 15 mil pesos al mes por persona alojada | Fotografía: Bernardo de Niz
Sin libertad de salir nunca a la calle, las personas pueden permanecer años en estos lugares. Como Janeth que, llevada por el dif, rebotó de un anexo a otro en Michoacán desde los 12 años y hasta que cumplió los 17. O como Anselmo, que pasó sus últimos años en el anexo donde ahora se encuentra Chuy. El dif lo llevó en 2018 con 84 años y la mitad del cuerpo paralizado. Murió ahí tres años después.
Quinto Elemento Lab encontró evidencia de que esto ha ocurrido en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, San Luis Potosí, Tabasco y el Estado de México.
Los dif pagan a los centros de rehabilitación desde mil 900 y hasta 15 mil pesos al mes por persona alojada, según la revisión de cientos de convenios del dif con centros de rehabilitación. Estos documentos, llamados técnicamente Convenios de Coordinación o Concertación, son la vía para formalizar el envío de población a estos lugares.
De 2015 a 2022, los dif de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones, encontró Quinto Elemento Lab.
Los dif son los organismos de gobierno encargados de proteger a personas menores de edad y a quienes están en condición vulnerable. A sus manos llegan víctimas de violencia, abuso, orfandad o abandono. Tras casi 40 entrevistas, visitas a centros para personas con adicciones en cuatro estados y la revisión de expedientes, esta investigación documentó que el dif con frecuencia, en lugar de ponerlos a salvo, los expone a mayores riesgos.
“¿Por qué los llevan a anexos si hay casas hogar? (..) Nunca he entendido”, dijo Janeth, que pasó cinco años en anexos en Michoacán. “Al anexo llegan muchas personas muy mal y los que son de dif tienen que ver eso. En un anexo se habla de muchas cosas que uno a lo mejor no ha vivido o no sabe”.
A menudo los anexos son vistos como un centro de asistencia social más, pero los centros para adicciones cuentan con dinámicas distintas a las de una casa hogar, un albergue, un asilo u orfanato.
Alejandro no había consumido drogas ni alcohol pero el dif Ciudad de México lo dejó en el centro de rehabilitación Fundación Jóvenes Tlatilco en 2022, cuando tenía 17 años. Él cree que fue un castigo por haber defendido del maltrato a otros niños en la casa hogar donde vivía con su hermano de ocho años.
Dice Alejandro que en Jóvenes Tlatilco, él y otros niños y adolescentes llevados por el dif convivían las 24 horas con adultos en recuperación y eran obligados a presenciar hasta 12 juntas diarias de Alcohólicos Anónimos. “Un niño de ocho o doce años no está para escuchar esas cosas”, dijo. “Fue bastante difícil, la verdad, tolerarlo todo, bastante difícil el hecho de estar ahí”.
Alejandro fracasó en su primer intento por escapar del anexo, a quince días de haber llegado. Los encargados lo golpearon, lo encobijaron y amarraron de pies y manos como escarmiento, narró una tarde, en una calle céntrica de la capital. En un segundo intento, a los dos meses de su ingreso, logró fugarse.
“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (dri), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. No hay algún parámetro para que el dif decida a dónde llevar a las personas, lo que permite actos arbitrarios. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.
Cárceles privadas
Hay centros autorizados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (conadic) bien montados y seguros, incluso algunos aptos para adolescentes, pero la mayoría opera en la clandestinidad, en condiciones de hacinamiento y miseria. Parten de la idea de que las personas “valoren lo que tienen afuera”, como describió el encargado de otro centro de rehabilitación en Nezahualcóyotl.
En el precario salón de unos siete metros de largo por cuatro metros de ancho, donde se realizan todas las actividades, sientan a los 55 varones alojados ahí y los hacen permanecer durante horas en sillas de plástico solo viendo a la pared con la consigna de no hablar, no dormir y no leer. “Los días son muy lentos y no avanzan”, dijo Santiago un joven internado ahí años atrás.
Los 55 varones alojados en este centro en Estado de México permanecen durante horas sentados, con la consigna de no hablar, no dormir y no leer | Fotografía: Bernardo de Niz
La conadic estima que hay alrededor de 2 mil 280 centros que ofrecen servicios contra las adicciones y solo 247 cumplen con la normatividad. Acaso una docena ofrece tratamiento médico profesional. “Hay muchos que valen la pena y muchos otros que, francamente, no deberían de existir”, dijo en entrevista el titular de conadic, Gady Zabicky Sirot.
Hoy día, prácticamente cualquier persona puede abrir un centro de tratamiento “y esto de alguna manera es lo que nos trae hasta el problemón que tenemos”, dijo Zabicky. “(Hay) lugares donde sabemos que se cometen violaciones a los derechos humanos y a las leyes mexicanas, ataques sexuales, alguna golpiza o simplemente personas que están internadas en contra de su voluntad. Técnicamente eso en México es un secuestro, una privación ilegal de la libertad”.
Santiago contó que es común que en el anexo de Nezahualcóyotl sirvan de comer verduras en agua sin más acompañamiento, sobras de panadería, tortillas frías y roídas, plátanos maduros, bofe de res. Los apresuran para ir a dormir, despertar, comer e ir al baño y para asearse les dan tres o cuatro cuadritos de papel o recortes de periódico. Sin privacidad, ni agua corriente, los hacen bañarse en grupo.
—¿Hoy qué les van a preparar de comer?—
—Zanahorias. Hoy comen zanahorias. Llegan las zanahorias y sus tortillas—, detalló el encargado de ese anexo mientras en el patio hervían las rodajas anaranjadas.
Dos hombres internados en un anexo en Nezahualcóyotl, Estado de México, preparaban zanahorias. Sería el plato fuerte para la comida, una tarde de noviembre de 2022 | Fotografía: Bernardo de Niz
En julio de 2020 hubo un motín provocado por el estricto control, el hambre constante y la presión, dijo Santiago. En reacción, el administrador sumó varias hileras de tabiques a las ventanas –ya de por sí pequeñas–, además de barrotes, cadenas y candados extra para las puertas.
“(Los anexos) son cárceles privadas”, dijo Éder López, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario en Michoacán. Él y su familia fundaron y administraron once años el centro Despierta Hay una Solución, en Morelia, animados por su propia experiencia con un papá alcohólico aunque posteriormente lo cerraron debido a un motín.
En junio de 2020, hombres amotinados lanzaron cobijas a la calle, en Estado de México, para llamar la atención sobre los malos tratos en el anexo | Fotografía: cortesía.
En manos del dif
Quinto Elemento Lab no pudo conocer con exactitud cuántos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad física o mental están encerrados en un anexo por instrucciones del dif.
En parte porque mucha de la información que maneja el dif es confidencial —por tratar con víctimas, personas menores de 18 años y datos personales–. Pero también debido a la falta de transparencia de los Sistemas dif.
Los convenios que firman con estos establecimientos rara vez indican el número de personas que envían, su edad o condición o la duración que tendrá el alojamiento en los centros de rehabilitación.
Además, no todos los estados y municipios hacen públicos los convenios que han firmado con estos lugares. Incluso algunos dif en el Estado de México ni siquiera ponen por escrito la transferencia de personas que tienen bajo su resguardo.
El dif Nezahualcóyotl respondió que no celebra convenios “ya que la circunstancia del caso particular solo amerita el apoyo para su acogimiento residencial y no para actos jurídicos”. Lo mismo respondieron Ixtapaluca, San Felipe del Progreso, Jilotepec y Los Reyes La Paz.
Quinto Elemento Lab no encontró evidencia de algún convenio firmado entre el dif y el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Alcoholismo y Drogadicción, Zona Uno, a las orillas de la ciudad a donde llevó en 2021, a Juan, un niño de 11 años de edad con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, alegando que no había espacio en las casas hogar. El niño fue rescatado por familiares. Tras 15 días en el anexo, Juan volvió a casa asustado.
En el único censo que se ha hecho en México acerca de personas alojadas en centros de asistencia social, en 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contó a 13 mil 549 personas menores de 19 años viviendo en centros de rehabilitación para alcoholismo y drogas. No es posible saber cuántos de ellos están bajo tutela del DIF.
Pero tan solo en Michoacán, la entonces nueva directora del dif estatal, Paula Edith Espinosa, informó que en 2021 habían encontrado en los anexos “a más de 100” personas no adictas de entre 7 y 17 años de edad, mezcladas con adultos. Los menores habían sido enviados por el dif en administraciones anteriores.
En Morelos, el 3 de septiembre de 2020, el dif envió a 13 adolescentes que tenía alojados en una casa hogar y los trasladó al Sistema Integral para Adicciones Nueva Integración, un centro de rehabilitación en Jiutepec. En el interior de este lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó tortura y humillaciones; la Comisión Estatal de Derechos Humanos alista desde entonces una recomendación.
Un letrero apunta al anexo a las afueras de Aguascalientes, donde el DIF dejó a un niño de 11 años en 2021 | Fotografía: Mónica Cerbón
Al alcance de todos
No sólo el dif envía a población vulnerable a estos establecimientos. En muchos lugares de México, los anexos son la alternativa disponible para las familias de personas con algún problema de conducta o alguna discapacidad física o mental. Esto, ante la ausencia de políticas y la falta de sitios públicos para dar atención especializada.
“Hay personas que llegan ahí porque tienen problemas de salud mental no relacionados con sustancias. Y esto sucede porque no hay ninguna otra opción. Hay quienes agarran a alguien porque está teniendo alguna conducta que no agrada a la familia y lo quieren corregir a palazos, que no es lo adecuado. También hay personas que viven en condición de calle. Obviamente se necesita una respuesta distinta, de bienestar por parte del Estado”, dijo Gady Zabicky, el titular de conadic.
En uno de los espacios visitados por Quinto Elemento Lab en el Estado de México vivía un niño de 13 años al que su mamá llevó por problemas de conducta. En otro centro encontramos a un hombre con esquizofrenia que leyó obsesivamente, durante varias horas, la misma hoja del periódico..
Una niña de 11 años llegó a Urgencias del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, en julio del 2022 con quemaduras que le causaron en el anexo Casa de Vida Camino a la Fortaleza, a donde la llevó su familia creyendo que podrían remediar sus convulsiones, reportó la prensa.
Santiago se ha encontrado con menores a los que su familia internó porque los papás tienen una nueva pareja que no quiere al niño consigo. “Ahí los van a dejar”. Además se ha encontrado con personas con discapacidades mentales e incluso con ancianos a los que su círculo cercano ya no quiere o no puede cuidar. Por su permanencia, las familias pagan cuotas de 400 o 500 pesos a la semana. Algunos anexos incluso reciben pagos en especie.
No sólo el DIF usa los anexos. En muchos lugares de México, son la alternativa a la que recurren personas con un familiar con algún problema de conducta o discapacidad | Fotografía: Bernardo de Niz
Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, organización que trabaja con poblaciones callejeras, señaló que los anexos fungen como sitios a los que llevan a las personas que de algún modo son consideradas como “desechadas”.
Una vez dentro de los centros de rehabilitación, las personas son tratadas como un interno más. Hasta se mimetizan con la dinámica del lugar. “Yo comencé mi proceso acá con los compañeros”, dijo el adolescente Beto durante un recorrido por el anexo en el que vive ahora. Una fotografía tomada hace tiempo lo muestra apoyando los brazos en una tribuna; su postura sugiere que habla frente a un público que no aparece en la imagen. Del muro amarillo a sus espaldas cuelgan un cuadro con los doce pasos de Alcohólicos Anónimos y una imagen de su fundador, Robert Holbrook.
Beto tenía 13 años cuando el DIF lo dejó en este anexo en Estado de México donde participaba en las juntas de Alcohólicos Anónimos | Fotografía: cortesía.
“Como que aquí no es un lugar para niños”, dijo el sacerdote que el año pasado acogió a Beto como monaguillo en las misas que ofrece a una comunidad de monjas entre semana y en la iglesia municipal los domingos. “Ya platiqué con él y nunca se ha drogado ni nada”.
Después de coincidir con Chuy en el primer centro de rehabilitación, a Beto lo cambiaron a otro anexo instalado en una comunidad rural. Ahí se alimenta bien, puede moverse con más libertad entre los prados verdes y las instalaciones, cuida a unos perros y durante meses atendió una granja de conejos además de las actividades rutinarias del lugar.
El paso por un centro contra adicciones deja marcas. A decir de la psicóloga de la organización El Caracol, Eréndira Peña, los anexos son espacios sumamente amenazantes, traumáticos y agresivos. “Genera un sentimiento de injusticia, de rencor, de abandono, de impotencia”.
Hace tiempo que Alejandro no puede dormir. Tampoco ha logrado regresar a la preparatoria, que es su mayor deseo. “(Esto) me ha causado muchas problemáticas en todos los aspectos. No hay un aspecto de mi vida que no haya dañado. No siento ni odio, ni enojo, ni nada. No puedo estar ni triste, ni feliz. Simplemente estoy perdido”, compartió.
A contracorriente
No está claro cuándo fue que el dif comenzó a enviar a personas a los anexos pero Quinto Elemento Lab encontró casos tan atrás como 2009.
En años recientes ha habido dos momentos cuando alguien intentó un cambio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al dif Morelos en 2021 no enviar a más niños, niñas y adolescentes a centros de rehabilitación. Investigaba abusos y vejaciones cometidos por la policía y por encargados de un anexo. Pero eso no ocurrió y el dif continuó tratando con anexos, según documentos obtenidos vía Transparencia.
En Michoacán, con cinco días como directora del dif, Paula Edith Espinosa ordenó revisar los centros donde habían ubicado a personas bajo custodia del organismo. Una visita ordinaria para verificar el estado en el que recibía la dependencia.
Una semana más tarde, Espinosa declaró a la prensa que habían encontrado a más de 100 personas menores de 17 años en unos 10 anexos. “A muchos los mandaron por malas conductas y no por drogas”, publicó El Sol de Morelia, citándola.
En al menos dos anexos las condiciones eran deplorables, recordó Espinosa en entrevista. Como consecuencia, el dif Michoacán denunció ante la Fiscalía del estado a Silvia Bernal Navarro, la directora de uno de los anexos, pues “sacaban a las niñas a hacer aseo a las casas”, añadió Espinosa.
Detalles de la visita al anexo administrado por Bernal quedaron asentados en documentos de la Secretaría de Salud y del dif. En Crecer Victoria las jóvenes entrevistadas denunciaron “castigos corporales, azotes, gritos y marcas como producto de la violencia física/verbal que ejerce la directora del centro Silvia Bernal Navarro y las personas que cuidan de ellas, narrando además que las atormentan, las encierran y las amarran, si no hacen lo que les dice y ordena la directora del centro”.
Hay una orden de aprehensión pendiente en contra de Bernal por el delito de trata de personas en la variante de trabajos forzados. A través de su asistente en Crecer Victoria, Bernal dijo ser inocente y declinó hablar para este reportaje. Dos jóvenes que vivían en Crecer Victoria dijeron que no hubo abuso o maltrato. «Jamás pasó nada malo, ellas siempre fueron buenas con nosotras, siempre nos atendieron bien y las otras niñas sólo querían irse por eso inventaron cosas», dijo en entrevista Janeth, quien figura en el expediente legal junto con otras menores acusando a Bernal. El dif de Michoacán declinó hablar del caso.
Un funcionario que tuvo conocimiento directo de la visita a estos centros, dijo que la intención de Paula Edith Espinosa era buena y que su interés por poner a los menores a salvo fue genuino.
Sin embargo, el dif con Espinosa colocó a cerca de 70 adolescentes rescatados de los anexos, justo en otros centros de rehabilitación.
Al 18 de abril de 2022, seis meses después del operativo, 38 personas menores de 18 años vivían en el anexo Fragata Libertad por encargo de dif; 38 en Fundación Volver a Vivir; 19 en Grupo Norte Unido y cuatro en Tesoros Escondidos. “Fueron a revisar los espacios (…) Son anexos de otra calidad”, dijo en entrevista Espinosa.
Caminos aparte
Son las 8 de la noche del 12 de noviembre de 2022. Chuy pasó la tercera junta del día en el anexo dibujando círculos con la pluma y la hoja de papel que el equipo de Quinto Elemento Lab le proporcionó. Un lujo en un sitio así. “Están prohibidas porque los internos se ponen a hacer cartas para pedir auxilio y las avientan a la calle. Alarman a los vecinos”, dijo Santiago que ha estado en tres anexos clandestinos.
Todavía le falta una junta más, para completar las cuatro del día. Después Chuy va a cenar y a dormir para levantarse a las 7 de la mañana al rezo del rosario con los 35 internos con los que convive las 24 horas, e iniciar una vez más las juntas. En todo el tiempo que ha estado “anexado” ni el dif ni nadie lo visitó.
Beto vive ahora mismo una travesía muy diferente a la de Chuy, con quien coincidió hace unos años en el anexo, brevemente. Por la ayuda del dueño del anexo, de un sacerdote y de una mujer miembro de la iglesia, pudo regresar a la escuela. El párroco local le compró zapatos, útiles escolares y el uniforme.
Fotografía: Bernardo de Niz
—No te preguntan en la escuela dónde vives?—
—No—
—¿Y si te preguntan qué les vas a decir?—
—Quien sabe (…) Me van a decir cosas, no sé—
—¿Sientes que se van a burlar de ti?—
Asiente con la cabeza.
A fin de proteger los derechos de las y los niños y adolescentes en esta historia, resolvimos no identificarlos con su nombre, su nombre completo o su rostro. Las imágenes han sido levemente modificadas para garantizar que no puedan ser reconocidos. Lo mismo hemos difuminado los rostros de adultos que atraviesan procesos de desintoxicación.
El primer acercamiento que tuvo Ricardo con el mundo del drag queen fue en el 2018, a través de Rupaul Drag Race, un programa estadounidense de competencia de drag queens. En ese momento descubrió su pasión.
El drag es una forma de arte de flexión de género en la que una persona se viste con ropa y maquillaje para enfatizar una identidad de género.
Se denomina drag queen a un hombre que se viste como una mujer y exagera los rasgos femeninos al utilizar vestimenta llamativa y transgresora; desafía los roles y la identidad de género.
Ser drag queen implica crear a un personaje con distintos matices y niveles de complejidad, que se expone para la sociedad a través de un performance.
El arte drag en Chilpancingo comenzó hace algunos años, algunas drags comenzaron a surgir por el 2018.
El 2020 fue importante para la comunidad drag o las dragas, como también se hacen llamar, porque surgió Guerredrags, una competencia virtual creada con la finalidad de dar a conocer el arte drag de Guerrero y a sus exponentes.
El programa tuvo buena aceptación, participaron dragas de diferentes municipios del estado. En la actulidad son 20 dragas que se presentan en distintos espacios de Chilpancingo.
Drag queen el arte para romper estereotipos
El drag muchas veces es confundido con el travestismo, que es una práctica que se realiza en Guerrero desde hace varios años. El travestismo tiene popularidad en el estado, permea principalmente en algunos bares y pozolerías, donde ofrecen espectáculos de imitación.
De acuerdo con algunas drag queens, la diferencia entre el travestismo y el drag, es que el primero busca imitar a un personaje, tanto en apariencia física como en movimientos y gestos; deben estudiar muy bien a la persona que imitarán. El drag es un estilo libre que comienza desde cero, y se construye con imaginación.
El maquillaje es exagerado y resalta algunas partes del físicas como los ojos, las cejas y los labios, que son remarcados.
Los movimientos para las presentaciones son libres, pueden ser una coreografía, pasos con acrobacias y saltos.
Las dragas no buscan parecerse a nadie.
De Ricardo a Lolita Heart
Ricardo es su nombre de pila, es originario de Chilpancingo, tiene 23 años, pero desde hace ocho meses es Lolita Heart, su nombre y personaje drag.
A Ricardo no le molesta si se refieren como él o ella, pero la mayoría de personas que conocen lo llaman Lolita.
Desde pequeño supo que era gay y enfrentó discriminación en su escuela, principalmente por maestros.
Creció con su mamá, Dolores. A su padre no lo conoció; su madre se separó cuando él era muy pequeño y nunca lo vio.
Cuando Ricardo veía los programas relacionados al arte drag se emocionaba, pero nunca pensó convertirse en draga. Fue hasta que uno de sus amigos que organiza eventos drag lo invitó; era diciembre del 2022.
«En un momento me dice mi amigo ¿por qué no te metes como drag? y, entonces, comencé a trabajar con el proyecto de Lolita», recuerda Ricardo.
Lolita inició con un vestido de mujer, al que le mandó a hacer una cola de casi dos metros, y con una peluca «crepa china bien horrible», comenta Ricardo entre risas.
En el lapso en que trabajó en su vestuario y maquillaje pensó en cuál sería su nombre, y cayó en cuenta que llevaría el de la persona más importante para él, quien la inspira, su madre.
El diminutivo de Dolores, Lolita. Le agregó Heart, palabra en inglés que traducita al español es corazón. Su nombre draga es Lolita Heart.
Ahora ya la conocen más como Lolita; hasta su madre lo llama así.
Con el nombre de Ricardo tuvo un trabajo estable como capacitador de personal en una empresa, en ese trabajo tenía un sueldo fijo y todas las prestaciones de ley.
«Cuando empezaron a darse cuenta en mi trabajo que mi tirada era hacer drag, a mí me corren de mi trabajo. Fue una etapa muy difícil, tuve que iniciar mi vida totalmente, y dije si el drag me va a ayudar a salir adelante, vamos a darle».
La obligaron a firmar su renuncia por lo que no tuvo acceso a una liquidación.
Después vino la fase de que su familia la aceptara como drag. Dolores nunca le reprochó a Ricardo su preferencia sexual, «pero ya verme maquillada y vestida de mujer sí era otra cosa para mi mamá».
A Lolita sí la insultó y fue lo más doloroso para ella. Sus abuelos le decían que no les gustaba verla vestida así.
En un inicio Lolita no cobraba por sus shows en antros y bares, con el paso del tiempo comenzó a recibir propinas, y ahora el drag es su fuente de ingresos principal.
Con el tiempo su madre la apoyó y le pidió perdón por no haberla comprendido desde el principio.
«Mi mamá me pidió perdón, fue lo que más marcó el proceso de Lolita».
El cambio de Dolores fue radical, ahora siempre le llama Lolita. Es su aliada.
Lolita actualmente trabaja como drag en la Discoteca Venus The Rosse en Chilpancingo, da show todos los fines de semana y por contratos para eventos privados.
Una de sus metas es continuar vigente en el drag y ser reconocida en el estado, también le gustaría participar en alguna plataforma drag reconocida.
«Lolita llegó para quedarse, Lolita llegó para cambiar mi vida y Lolita ha sido lo más padre», comenta.
Seraphine D’Caelo
Desde que estudiaba la secundaria, Sebastián creó un personaje femenino al que llamó Seraphine. La dibujaba en sus cuadernos con cabello largo.
Sebastián es de Chilpancingo, tiene 23 años y al igual que Lolita, el programa Rupaul Drag Race se convirtió en su referente.
A Sebastián tampoco le molesta si le hablan como él o ella.
«Cuando vi Rupaul Drag Race dije, entonces lo que yo creé sí lo puedo hacer, si puedo llevarlo acabo, sí puedo decidir cómo se ve Seraphine, qué baila y qué utiliza», cuenta Sebastián.
El proceso sobre su sexualidad lo vivió en solitario, su familia intuía que era gay, por lo que nunca tuvo la necesidad de verbalizarlo. Hasta que tuvo su primer novio formal le contó a su mamá.
A su mamá le costó en un principio aceptar las preferencias sexuales de Sebastián, pero optó por investigar y orientarlo.
Sebastián tenía la inquietud de entrar al mundo drag, pero en Chilpancingo no conocía un lugar donde pudiera realizarlo. Un día vio una publicación de WhatsApp de Madame, otra draga de la ciudad y la contactó.
«Le mandé mensaje y le dije ¿eres drag queen?, ella me respondió que sí y le dije ¿me ayudas?, me dijo que sí y a otro día ya estaba en su casa arreglándome».
Seraphine D´Caelo inició en casa de Madame. Ahora lleva dos años en como draga; se presenta en bares, ha participado en concursos y también realiza espectáculos privados.
Para elegir su nombre drag buscó significados en cosas que le gustan. Seraphine es un nombre de origen francés, común en las mujeres de ese país; su significado es fuego vivo y se identificó con eso.
D’Caelo lo utiliza como apellido, es de origen italiano y significa del cielo, por lo que su nombre drag es fuego vivo del cielo.
Una de las dificultades de Seraphine fue ganar confianza en ella para concursar y hacerse de un público.
Su sueño es continuar en el arte del drag y participar en plataformas de drag. «Espero cumplir con mis metas personales, ver qué me prepara la vida y ver qué otras puertas se me abren».
Familia drag
Lolita y Seraphine son amigas desde que comenzaron en el drag. El drag las unió y las hizo conocer a muchas dragas de diferentes lugares del país.
Lolita y Seraphine en la mayoría de veces trabajan como dupla, es decir, realizan presentaciones juntas, de manera especial para apoyarse, protegerse y acompañarse.
La familia drag en Chilpancingo apenas está construyéndose como familia.
Debe haber alguien que lidere y oriente. Cada draga tiene una madre o mamá drag, ya con experiencia para aconsejar y orientar.
Alice Josef es la drag con más experiencia; lleva dos años en el drag y tiene cuatro hijas: Foxy Lover, Adara Xoxo, Lana Down y Lolita Heart.
«Una madre es la que apoya, la que te enseña, no te da el camino pero te da una guía», cuenta Alice.
Todas sus hijas, dice, tienen una historia diferente. Algunas llegan ya con algo bien creado y sólo las orienta en cómo mejorar.
«Es dar consejos por algo que una ya recorrió».
Alice es hija de Ángel, una draga de Acapulco. Lo que más reconoce Alice de su madre drag es su ayuda a tener para tener confianza. «Desde el día que Alice nació ella (Ángel) me dijo, tú eres guapa y vas a ser guapa».
Alice tiene la fortuna de tener también un papá drag, Antobelli Castañón, un maquillista profesional que le ayudó a pulir y mejorar sus maquillajes y le regaló sus primeros cosméticos.
Lolita, Seraphine y Alice se conocen y ellas conocen a otras dragas con quienes han formado una familia y una red de apoyo importante.
La inversión económica de las dragas es fuerte, para iniciar muchas de ellas gastan al rededor de 10,000 pesos entre pelucas, maquillaje, vestuario, zapatos y accesorios.
Para Alice, en Chilpancingo, ningún tipo de arte es reconocido, menos el arte drag; les ha costado que remuneren su trabajo que normalmente inicia los fines de semana de doce de la noche a cinco de la mañana.
A las dragas también les ha costado hallar lugar dónde expresar su arte.
En Chilpancingo son pocos los lugares donde se presentan espectáculo drag; alguna dragas ya son contratada en pozolerías y eventos privados.
«Creo que el drag todavía lo confunden con travestismo, van de la mano, pero lo que hacemos nosotras es llevar un mensaje no es exclusivo de ir a vestirte, de ir a dragearte. Lo que más tratamos de llevar es un mensaje como de aceptación o de amor», explica Alice.
Entonces, respeto, es la palabra con la que a Alice le gustaría que la sociedad viera a las dragas. «Creo que lo que hacemos es arte y me gustaría que lo vieran así».
Papel de las dragas en las poblaciones LGBTI+
Las drags son parte de las poblaciones LGBTI+ y en Guerrero, la mayoría desde el Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, pretenden hacer visible su expresión.
Para el integrante integrante del Colectivo, Efraín de Jesús Arroyo, en el estado el arte y las presentaciones públicas de las dragas son un acto político y de disidencia sexual.
«Ser disidentes es cuestionar lo hegemónico y desde el Colectivo por eso invitamos a la comunidad drag, porque buscamos la visibilidad y el cuestionamiento de lo hegemónico y lo patriarcal», menciona.
Para de Jesús Arroyo, las dragas son la parte más visible de una lucha contra los estereotipos y las formas de pensar heteropatriarcales, porque sus maneras de vestir, represetarse y hasta de entretener, son actos de protesta para romper estigmas.
En Chilpancingo, el personal del Registro Civil aún niega los matrimonios igualitarios
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oficial Ayuntamiento de Pungarabato
Chilpancingo
Osiris y Anareli, después de 10 años de relación, contrajeron matrimonio en las bodas igualitarios que realizaron en Ciudad Altamirano, cabecera de Pungarabato, municipio de la Tierra Caliente, el 1 de julio pasado.
La convocatorias de las bodas igualitarias fue planteada para los nueve municipios de la región, pero sólo tres parejas acudieron a casarse, una de ellas fue la de Osiris y Anareli.
“Estábamos esperando hace muchísimo tiempo que a nosotros se nos diera esta oportunidad, que a la comunidad (poblaciones LGBTI+) se nos reconociera, mucho tiempo a nosotros nos han excluido, pero somos parte de la comunidad en general. De aquí en adelante a seguir defendiendo nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones”, mencionó en entrevista telefónica Osiris.
Osiris y Anareli tienen dos hijos, a quienes buscan proteger de manera legal, así como sus bienes y las propiedades en común.
Óscar y Miguel es la otra pareja que contrajo matrimonio; llevaban tres años de relación.
“Supimos que el matrimonio ya era legal en el estado y que se haría este evento en Altamirano y aprovechamos”, dijo Óscar.
Esta es la primera vez que realizan estos matrimonios en la Tierra Caliente, región donde, de acuerdo con algunos activistas de las poblaciones LGBTI+, imperan la las acciones machistas y homofóbicas.
La realización de estas bodas generaron comentarios negativos en las redes sociales, en particular de burla para las parejas que decidieron casarse, lo que expone un problema mayor.
“Sigan apoyando a los jotitos y a las machorras. Gracias por promover el propio fin de nuestra raza”, escribió un usuario en redes sociales.
De acuerdo con el activista por los derechos de las personas LGBTI+ en Tierra Caliente, Ranferi Echeverría Pineda, sí hay machismo y homofobia en la región, pero con el paso de los años la gente muestra cierta apertura a estos temas.
“Sigue imperando el machismo en Tierra Caliente, es un porcentaje mínimo. Hace unos 15 años sí imperaba más el machismo hasta en las familias; las redes sociales no han ayudado a que se abra más la mente”, expuso Echeverría Pineda.
Estas fueron las primeras bodas igualitarias que se realizan de manera colectiva en la Tierra Caliente.
Denuncian que Ayuntamiento de Chilpancingo no garantiza matrimonios igualitarios
En Chilpancingo, capital de Guerrero, el Ayuntamiento aún no garantiza este derecho, de acuerdo con una denuncia del presidente del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López.
A más de un mes que la Dirección Estatal del Registro Civil entregó los formatos para las bodas y permitió a nivel estatal dichos matrimonios, en Chilpancingo aún no lo garantizan.
“Dos parejas que acudieron a pedir informes al Registro Civil de Chilpancingo no recibieron atención de manera adecuada y les dijeron que no podía realizar el trámite”, mencionó Salvador López.
Estas dos parejas se acercaron al Colectivo Lgbti+ para pedir acompañamiento. El director del Registro Civil de Chilpancingo, Miguel Ángel Torreblanca Ruano, les dijo a los activistas que aún no tenían los formatos ni han recibido las capacitaciones para realizar un matrimonio igualitario.
“En ese momento le marco a (Roberto Barreto, coordinador estatal del Registro Civil) Bohórquez para que me explicara por qué en Chilpancingo no se podían casar las parejas”, contó Salvador López.
En esa llamada, Barreto Bohórquez le comentó a Torreblanca Ruano que el personal del Registro Civil de Chilpancingo no han asistido a las capacitaciones. Además le comentó que los formatos están en una plataforma en línea del Registro Civil Estatal, es decir que los ayuntamientos pueden acceder y descargarlos.
Por los malos tratos que recibieron estas dos parejas valoraban interponer una denuncia por discriminación y violación a sus derechos humanos, pero desistieron y el colectivo enviará un oficio dirigido a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, para exponerle el caso.
“Yo no sé qué está pasando pero exijo la capacitación para el Registro Civil de aquí, porque ni quiero estar esperando que hagan una boda colectiva para que todos los aplausos se los lleve la presidenta municipal, cuando uno tiene que ser libre de casarse cuando quiera”, agregó Salvador López.
Integrantes de las poblaciones LGBTI+ marcharon la tarde de este 16 de junio con motivo de la 22 marcha estatal de la diversidad sexual que fue nombrada Todos los derechos para todas las personas. La exigencia fue el reconocimiento a la identidad de género.
El año pasado las poblaciones LGBTI+ tomaron las calles de Chilpancingo para exigir al Congreso del estado la aprobación del matrimonio igualitario; lo aprobaron el 24 de octubre del 2022.
«A pesar de que ya hemos avanzado nos falta, hoy el justo reclamo es por todas las personas trans; marchamos hoy por la ley de identidad de género», se escuchó cuando integrantes del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero leyeron un posicionamiento.
Este año las poblaciones LGBTI salieron a las calles para continuar con la exigencia de los derechos que, aseguran, todavía las instituciones les niegan.
Los pendientes que las poblaciones LGBTI+ piden son la tipificación de los crímenes de odio, adopciones entre parejas del mismo sexo y la prohibición de las terapias de conversión.
El contingente de la marcha salió del Congreso local y recorrió las principales calles de Chilpancingo hasta llegar a la Plaza Civica Primer Congreso de Anahuac.
Antes del comienzo de la marcha, Juan Carlos Salvador López, presidente del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, mencionó que esta marcha no es un festejo como en otros estados o paises, aclaró que continúan en una protesta por el reconocimiento de sus derechos que por años el Estado y la sociedad les han negado.
Esta marcha tambien fue un reconocimiento para Orlando Pastor Santos, David Moyao Morales y Francisco Viruel, los primeros activistas que hace 22 años emprendieron la lucha por los derechos de las poblaciones LGBTI+ de Chilpancingo.
En un carro alegórico colocaron en grande las fotos de estos tres activistas, a quienes les agradecen ser los precursores de su lucha aún no termina.
Ya en la marcha muchas personas salieron a las calles para observar; algunos apoyaban con aplausos.
«Derechos iguales para personas homosexuales», «No más crímenes de odio», «Alerta, alerta que camina será pura jotería», fueron algunas de las consignas que entonaron los más de 1,000 asistentes.
Tradicionalmente, antes de la marha coronan de manera simbólica a su reina, que este año fue Yuya, activista y mujer trans de Chilpancingo, con más de 40 años de trayectoria.
Yuya fue una de las pioneras de los shows travestis en Chilpancingo, por su trayectoria y en homenaje a su legado la nombraron reina de este año.
A la marcha asistieron todas las expresiones de género que conforman las poblaciones LGBTI+: lesbianas, gays, transexuales, travestis, bisexuales.
La marcha avanzó al ritmo de música de viento y consignas de protestas; recorrió la avenida Juan Alvarez hasta llegar a la Plaza Civica Primer Congreso de Anahuac, donde finalizaron con un show de trasvestis y de drags queens.
Era la segunda marcha de las poblaciones LGBTI+ en Chilpancingo, junio del 2002, las casi 100 personas que salieron a marchar se enfrentaron a insultos y groserías de los habitantes.
Huevos podridos, agua, verduras dañadas caían desde los edificios junto a los insultos; en esos momentos el ambiente era de miedo e incertidumbre, según los recuerdos de Juan Carlos Salvador López, conocido como Karola.
Este segundo nombre se lo asignó uno de sus amigos en la preparatoria, y lo asumió, dijo, sólo como un personaje; prefiere ser nombrado como él. Karla es un activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+ desde hace 21 años.
Uno de los momentos más difíciles y preocupantes que Karola no olvida, fue cuando transitaba el contingente de esa marcha por el centro de Chilpancingo, a la altura del paso al desnivel, el túnel que cruza por debajo del zócalo de la ciudad.
“Nos apagaron la luz, todos nos asustamos, lloramos, corrimos, nos abrazamos, pensamos que nos iban a hacer algo, que nos iban a matar”, contó.
De ese suceso nunca supieron si fue un error o si fue provocado, él cree que la segunda opción; en ese tiempo las poblaciones LGBTI+ comenzaban a tomar las calles en exigencia y reconocimiento de sus derechos.
La oscuridad del túnel es una metáfora para ellos, la luz es la salida a un nuevo contexto donde su derechos humanos es la consigna. “Es como si todos murieran y al salir simboliza como si regresaran a la vida”.
El inicio de las marchas y del colectivo
La primer marcha de las poblaciones LGBTI+ en Chilpancingo se realizó el 13 de junio del 2001, organizada por Orlando Pastor Santos y David Moyao.
De acuerdo con Karola, la organización de la primer marcha surgió en una plática entre amigos. “Nunca pensaron la magnitud que tendría años después esta marcha”.
Entre los activistas por los derechos de las poblaciones LGBTI+, Orlando y David son reconocidos como los pioneros en organizaciones de las marchas en la capital y de organizar acciones por sus derechos.
Cuando marcharon por primera vez, lo hicieron bajo el nombre de Colectivo Linaloé, en honor a las cajitas de Olinalá. Para ese momento sólo era el nombre, el colectivo no estaba constituido de manera oficial.
Así continuaron varios años hasta que el 10 de julio del 2012, o sea 10 años después de la primera marcha, Orlando decidió darle formalidad al grupo con el nombre de Colectivo Gay Orgullo Guerrero, nombre que mantuvo hasta el 2018.
Con el objetivo de integrar otras identidades y expresiones de género, el colectivo fue renombrado en 2018 Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, nombre que mantienen en la actualidad.
Orlando organizó las primeras marchas. Karola recuerda que pegaban los carteles alusivos a la marcha durante la noche, cuando nadie los viera, porque los policías los detenían o arrancaban los carteles.
Además de organizar las marchas por las poblaciones LGBTI+, el colectivo comenzó con otras actividades como, la búsqueda de convenios con la Secretaría de Salud Guerrero (SSG), para concientizar sobre enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.
En ese momento el colectivo se convirtió en gestor para las poblaciones LGBTI+.
Una de las principales luchas del colectivo desde sus inicios, fue la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, Orlando y David lucharon durante 22 años para conquistar ese derecho.
Orlando era el encargado del colectivo, organizó las marchas hasta el 2009, y al año siguiente lo hizo Quetzalcóatl Leíja Herrera, pero sólo alcanzó a organizar dos marchas:el 4 de mayo del 2011 fue asesinado en pleno zócalo de Chilpancingo; su asesinato es uno de los primeros crímenes de odio registrados en la ciudad. Hasta la fecha sigue impune.
José Luquín Lavosiere organizó las siguientes marchas, también por motivos personales dejó la organización y esta volvió a manos de Orlando, quien estuvo activo dentro del colectivo hasta su fallecimiento en enero del 2020.
Después Karola asumió la presidencia del colectivo, quien se propuso honrar la memoria de los activistas que iniciaron el movimiento LGBTI+ en Chilpancingo.
22 años años de lucha por los derechos de poblaciones LGBTI+
A 22 años de marchar por primera vez, y a 10 años de crearse formalmente el colectivo, mantienen un movimiento sólido.
Durante la pandemia, Karola como presidente del colectivo, junto a Chiquis Demetrio Patrocinio, una activista trans, quien fue vicepresidenta del colectivo, crearon el comedor comunitario LGBTI+ en el que por un año alimentaron a personas que lo necesitaban.
“Alimentamos por un año a más de 800 personas diarias, hacíamos de dos a tres guisados diarios con ayuda de gestiones entre amigos. Este comedor fue para todos”.
Hacen sinergía con otros colectivos para buscar acceso a derechos que por estigmas les han negado. Colaboran con Salvando Vidas, organización dedicada al apoyo de personas con VIH en fase terminal; con la Red de Jóvenes Por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Redefine Guerrero), con ellos realizan platicas y campañas de concientización para la vida sexual de las juventudes.
Con estas alianzas también han logrado becas para estudiantes de las poblaciones en distintas Facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), convenios con empresarios para darles una oportunidad a las poblaciones a tener su primer empleo.
Fomentar el deporte a través concursos de futbol, basquetbol y voleibol son espacios que también gestionan. En la Secretaría de Salud Guerrero lograron tener acceso a campañas de salud.
El colectivo es diverso. Karola es el único de los fundadores que continúa en el activismo, algunos fallecieron de enfermedades, otros fueron asesinados y unos más murieron durante la pandemia. Está convencido que “en colectivo es mejor”, frase que distingue al colectivo.
Las nuevas generaciones
Efraín de Jesús Arroyo es uno de los integrantes más recientes del colectivo, se integró en 2021, antes ya había tenido un acercamiento con Orlando, en 2016.
Efraín primero estuvo en Redefine Guerrero, en 2017 tuvo más acercamiento con el colectivo, conoció a varios integrantes y se sumó a algunas actividades.
“Yo me integro en el 2021 porque a mí me interesaban esos temas. Yo quería encontrar personas activistas de las poblaciones LGBTI+”, mencionó.
Uno de sus objetivos es trabajar en pro de los derechos de las poblaciones LGBTI+. “Considero que el colectivo es un colectivo muy fuerte y reconocido, su historia y como se formó ha generado bastante respeto. Ser integrante del colectivo para mi es un orgullo”.
Luchar por el reconocimiento de sus derechos lo motiva a mantenerse en el colectivo; Efraín no sólo busca dejar un legado para otras personas, quiere disfrutar de cada logro del colectivo.
Marcha 2023
A diferencia de las primeras marchas, cuando eran agredidos, ahora es común ver a familiares de integrantes de las poblaciones LGBTI+ o personas sumadas a su contingente, en un acto de empatía.
Uno de los objetivos por los que lucharon 22 años fue el matrimonio igualitario, logro que ni Orlando ni David vieron consumarse.
El matrimonio igualitario fue aprobado por los diputados el 24 de octubre del 2022, con 38 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Hasta mayo pasado se realizaron las primeras bodas colectivas LGBTI+, por una demora en los procesos siguientes.
“En esta marcha se empieza a pagar la deuda histórica que se tiene con las poblaciones LGBTI+”, comentó Karola.
La marcha del colectivo, mencionó, es una marcha de protesta y de exigencia al reconocimiento de sus derechos.
Después de la aprobación del matrimonio igualitario, el colectivo se ha puesto conquistar otras metas: la ley de identidad de género para hombres y mujeres trans, la tipificación de los crímenes de odio y la prohibición y sanción de las terapias de conversión.
“La lucha no fue en vano, pero sí falta para que se reconozcan nuestros derechos. Guerrero gatea cuando otros estados ya caminan y otros corren”, agregó Karola.
La avenida Pie de la Cuesta en Acapulco fue el escenario para que un contingente de poblaciones LGBTI+ machara, se expresara pero, sobre todo, insistiera en la garantía del reconocimiento de sus derechos.
Participó un contingente de más de medio millar de personas, que estuvo encabezado por la actriz Alejandra Ley, quien iba en un carro alegórico desde donde saludó a los asistentes.
Durante la marcha, que empezó a las seis de la tarde y terminó por la noche, ayer sábado en la playa Pie de la Cuesta, fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad.
Custodiada por montañas en una hondonada se divisa un caserío.
Es la comunidad del Charco, alzada a 841 metros de altitud del mar con una población de 146 habitantes en condiciones de pobreza extrema.
La madrugada del siete de junio de 1997, el 27 batallón de GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) hoy Fuerzas Especiales del Ejército mexicano cometió ejecuciones extrajudiciales, tortura y graves violaciones a los derechos Humanos.
Este 2023 la masacre del Charco cumple 25 años, y el caso que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sigue impune, sin fincar responsabilidad a ningún mando militar ni civil.
Ayer siete de junio habitantes de El Charco y de comunidades cercanas se dieron cita en la cancha donde hace más de dos décadas el Ejército masacró a 10 indígenas y a un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La versión del gobierno es de que habría sido un enfrentamiento entre el Ejército y miembros del grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que fue una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con una homilía oficiada por el Obispo de Saltillo Monseñor Raúl Vera el acto conmemorativo dio inicio, frente a la que en 1997 fue la escuela Caritino Maldonado Pérez, los vestigios de impactos de bala y granadas de fragmentación son la escenografía tras la silueta del clérigo que siempre ha dado acompañamiento a las luchas sociales de los campesinos e indígenas del país.
Raúl Vera, en su eucaristía pide por las almas de los diez indígenas asesinados extrajudicialmente en una campaña de contrainsurgencia en Guerrero y por el estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala.
“Pensamos en Ricardo Zavala y en las diez personas de la comunidad naa savi, asesinados por el ejército, también pensamos en nuestro hermano Efrén Cortés y nuestra hermana Ericka Zamora que estuvieron presos y fueron torturados”.
Pidió por todas las familias que terminaron dañadas por la represión.
Con voz fuerte declaró: “el Ejercito es el culpable del crimen de lesa Humanidad, cometido contra esta población “esos asesinos”, que se escuche bien esos asesinos siguen impunes, esos son asesinos desde hace veinticinco años no se les puede llamar de otro modo”.
Dijo que “el actual jefe de las fuerzas armadas en el país no tiene porque seguir manteniendo en impunidad los asesinatos que se cometieron en El Charco y que de mantenerlo como hasta ahora Andrés Manuel López Obrador es cómplice por omisión”.
El Obispo Vera llamo a no olvidar, a buscar justicia y a permanecer unidos ante estrategias del estado por dividir a treves de recursos económicos por resarcimiento de daños; “todos somos iguales, todos somos hermanos, tienen una labor muy importante y es fortalecer el nuevo municipio autónomo Nu Savi”.
Las condiciones por las que luchaban hace 25 años están teniendo frutos a través de la colectividad, porque lo mismo que se buscaba en ese tiempo se busca hoy, vivir bien, vivir con dignidad, afirmó Raúl Vera.
Al finalizar la eucaristía, la ofrenda de velas y flores colocada en la cancha de baquetboll se trasladó a la cruz de los caídos, dentro de un aula desvencijada por el tiempo donde el sobreviviente y defensor de Derechos Humanos Efrén Cortés, agradeció la presencia de la gente y particularmente del Obispo Raúl Vera.
El obispo y activista Raúl Vera exige a AMLO que se investigue al Ejército por la masacre de El Charco. Fotografía: Amïlcar Juárez
«Sin este hombre de sotana (Raúl Vera) no hubiéramos podido llevar nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia; no buscamos venganza, no existe odio, solo queremos justicia, clamó Efrén Cortés quien es sobreviviente de la masacre.
Cortés Chávez dijo que el caso de El Charco se ha demostrado ante la CIDH la participación de altos mandos militares como el General Retirado Juan Alfredo Garnica Oropeza y Luis Humberto Portillo Leal, en una masacre contra población civil desarmada en un contexto de contrainsurgencia.
Atrás de esto hay 20 años de lucha de colectivos por el reconocimiento de los derechos de poblaciones LGBTI+
Texto y fotografía: Itzel Urieta
Acapulco
Después de siete meses de espera, este mediodía, en Acapulco, se celebraron los 15 primeros matrimonios igualitarios de Guerrero durante una ceremonia organizada por el Sistema Estatal del Registro Civil.
El evento se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, en el que El titular del Registro Civil Estatal, Roberto Barrero Bohórquez, mencionó que estos matrimonios son el resultado del trabajo y esfuerzo de los colectivos LGBTI+.
«Hoy es un día histórico para el estado de Guerrero, se comienzan a celebrar los primeros matrimonios igualitarios. Hoy logran lo que han luchado por mucho tiempo», dijo Barreto Bohórquez.
Sobre los formatos que fueron modificados agregó que se trató «de que no transgrediera la identidad de las y los contrayentes».
El presidente del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López, expuso que este logro es de los activistas que por más de 20 años lucharon para que este derecho les fuera otorgado.
Las primeras parejas en casarse fueron Azalia Rodríguez Peralta y Adidorey Reyna Solano, quienes viajaron desde Chilpancingo para formalizar su relación.
Se conocieron por Facebook, después de platicar por unos días se conocieron en persona, y entablaron una relación sentimental.
Azalia y Adi llevan 10 meses de relación, antes de casarse de manera formal, tuvieron una ceremonia espiritual en marzo.
«Nunca pensamos casarnos en otro estado que no fuera aquí en Guerrero», expuso Azalia.
Una de las principales razones por las que Azalia y Adi se casaron fue para compartir los derechos que tienen como pareja.
«Es la seguridad que yo le pueda brindar a ella (Azalia) y viceversa en cuanto a bienes, prestaciones es lo que más me preocupa y me gustaría que quede estipulado», dijo Adi.
Las poblaciones LGBTI+ consideran los matrimonios igualitarios como un logro y una conquista que duró más de 10 años.
La Ciudad de México fue la primera entidad en México en aprobar los matrimonios igualitarios, desde ese momento activistas por los derechos de las poblaciones LGBTI+ buscaron que en los estados también fueran aprobados.
Guerrero fue el penúltimo estado en aprobar dichos matrimonios en octubre del 2022, dos días después el Congreso de Tamaulipas también los aprobó.
Aunque parecía que ahí acababa la lucha por uno de sus derechos, no fue así.
Después de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, en octubre del 2022, el Ejecutivo tardó dos meses en publicarlo en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Después de su publicación, algunas parejas intentaron casarse en Chilpancingo, pero este derecho les fue negado, con el argumento de que tenían que pasar 180 días para que terminaran de realizar las adecuaciones a las leyes en materia de divorcio.
Integrantes de los colectivos LGBTI+ protestaron y llamaron a las autoridades a agilizar los trámites y tras una serie de reuniones mesas y trabajo y protestas el día de hoy lograron casarse.
Las primeras bodas igualitarias en Guerrero serán el 26 de mayo en el Centro Internacional de Convenciones Acapulco, lo anunció la Coordinación Técnica del Registro Civil del estado.
«La Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil se enorgullece de organizar las primeras bodas igualitarias, para que puedan gozar de los beneficios civiles que emanan de enlace, como la seguridad social y un patrimonio en conjunto, a todas y todos», se lee en un post de Facebook de la coordinación..
Los requisitos son solicitud de matrimonio, que las o los contrayentes sean menores de edad, acta de nacimiento de ambos, identifiación oficial, certificado médico prenupcial, comprobante de domicilio y dos testigos mayores de 18 años por cada uno de los contrayentes, los testigos con identificación oficial.
Integrantes de colectivos y activistas LGBTI+ celebraron la noticia.
«No fue de gratis. Muchas horas bajo el sol en marchas y protestas, muchas años de lucha incesante, prejuicios y tabús que romper, sangre de varios activistas. No fue una idea de este gobierno. Es aceptar lo que nos pertenece. Por fin nos dan uno de los derechos que tanto deseamos gracias a la lucha LGBTTTI», expresó el activista José Lavoisier Luquín Jiménez.
En Chilpancingo podrían celebrarlas pronto en un evento similar, de acuerdo con algunos activistas LGBTI+, pero aún no hay fecha. La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez se comprometió, dijeron, a ser la madrina del evento.
Después de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado, en octubre del 2022, y de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, algunas parejas intentaron casarse en Chilpancingo, pero este derecho les fue negado, con el argumento de que tenían que pasar 180 días para que terminaran de realizar las adecuaciones a las leyes en materia de divorcio.
Integranres de los colectivos LGBTI+ protestaron y llamaron a las autoridades a agilizar los trámites.
El 17 de mayo pasado, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesfobia y Transfobia, algunos colectivos y activistas LGBTI+ se manifestaron en el edificio Juan Álvarez para exigir ser atendidos por el titular del Registro Civil estatal, Roberto Barreto Bohórquez.
Ahí Barreto Bohórquez les comentó que los formatos para efectuar las bodas entre personas del mismo sexo estaban listos.
“Yo los felicito a todos ustedes, han sido unos guerreros incansables por alcanzar sus sueños, ya logramos lo que ustedes tanto anhelaban y aquí está, los formatos ya están listos”, comentó el funcionario.
También les dijo que en una semana podrían casarse en todo el estado. Tiempo en que debían de enviar los formatos a los registros civiles.
Ahora, después de más de 20 años de reclamarlo, los matrimonios igualitarios son un hecho.
Después de siete meses de que el Congreso local aprobara el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, el coordinador técnico del sistema estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohorquez, informó a colectivos LGBTI+ que ya están listos los formatos para las bodas entre personas del mismo sexo.
En una semana, dijo, después de que distribuyan los formatos en todos los registros civiles del estado, las parejas LGBTI+ podrán casarse.
Este mediodía, integrantes de diversos colectivos, realizaron una actividad denominada Una parada por nuestros derechos, en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Lesfobia, Bifobia y Transfobia.
Una de las paradas que realizó en el edificio Juan Álvarez, donde atienden los trámites correspondientes al Registro Civil.
Ahí, los manifestantes cerraron la entrada principal y pidieron ser atendidos por Barreto Bohórquez, para que les explicara cómo iban los trámites de los formatos para las bodas entre personas del mismo sexo.
“¡Qué salga!”,“¡Qué salga!”, gritaron los integrantes de las poblaciones LGBTI+.
Una trabajadora del lugar les informó que Barrero Bohórquez no estaba en el edificio, que llegaría en 15 minutos.
“Pues aquí lo vamos a esperar”, respondió uno de los manifestantes.
Durante los minutos de espera, algunas de los manifestantes tomaron el megáfono y explicaron a quienes realizaban sus trámites que llevaban más de 20 años de lucha para tener el derecho de contraer matrimonio.
Después de unos 20 minutos, Barreto Bohórquez llegó al edificio Álvarez.
“Les tengo buenas noticias”, dijo a los manifestantes.
Los invitó a pasar a su oficina y les mostró que las actas estaban listas.
“Ya tenemos el formato” , mencionó Barreto Bohórquez, quien mostró el documento.
El proceso fue tardado, dijo, “porque querían hacer todo bien y con legalidad”.
Mencionó que de no haber inconveniente, los formatos los enviarán a todos los registros civiles del estado y en una semana, a más tardar, las parejas que deseen casarse podrán hacerlo en cualquier municipio del estado.
“Yo los felicito a todos ustedes, han sido unos guerreros incansables por alcanzar sus sueños, ya logramos lo que ustedes tanto anhelaban y aquí está, los formatos ya están listos”, comentó el funcionario.
Barrero Bohórquez explicó que de cumplir con todos los requisitos para celebrar el matrimonio, ningún oficial de Registro Civil debe negarse a realizar las ceremonias.
Otras parada del contingente de inconformes fueron en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), ahí expusieron su preocupación por la discriminación que sufren y la tipificación de los crímenes de odio.
Una parada la realizaron en el Ayuntamiento de Chilpancingo, donde exigieron no más discriminación a las parejas LGBTI+ que desean casarse.
“Queremos hacer público que en el estado de Guerrero a las parejas LGBT nos han discriminado, desde el mes de diciembre hay parejas que han intentado casarse en este ayuntamiento municipal”, mencionó Uriel Mena Flores, integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.
La ley de identidad de género para mujeres y hombre trans también fue otra de la exigencias.
En medio de la protesta los colectivos celebraron la noticia de que podrán casarse en una semana.
Fueron siete meses los que esperaron para los formatos. En ese tiempo varias parejas intentaron casarse pero no pudieron, por lo que tuvieron que viajar a otros estados para acceder a este derecho.
