No basta prohibir el matrimonio infantil, faltan políticas públicas para erradicar el problema: UNFPA

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recomendó al Congreso local legislar políticas públicas que ayuden a erradicar el problema de los matrimonios infantiles y la venta de niñas en la entidad, ya que mencionaron que no basta con prohibir los casamientos si no se atienden las condiciones sociales que generan el problema.

Durante una conferencia dedicada a los oficiales del Registro Civil de Guerrero, realizada en las instalaciones del Congreso local, José Roberto Luna Manzanero, especialista en matrimonios infantiles del UNFPA, mencionó que si no hay políticas públicas que acompañen la prohibición de los matrimonios infantiles no se erradicará el problema.

“Es más probable que las niñas que se casan vivan en áreas rurales, en pobreza, en una situación de vulnerabilidad y no tengan acceso a educación, y si no le damos a las niñas y adolescentes una manera de emanciparse o de paliar la pobreza sus padres van a ver en el matrimonio una salida a su pobreza”, mencionó Luna Manzanero.

Agregó que hacen falta apoyos sociales que acompañen las problemática de los matrimonios infantiles, el propone, de acuerdo con leyes en otros países, atender las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, falta de educación, sexualidad y roles de género para empoderar a las niñas y adolescentes.

Esto para que ni ellas, ni los padres vean el matrimonio como una única alternativa para salir de la pobreza y la situación precaria de las familias, por lo que recomendaron a los diputados legislar a favor de políticas públicas que abarquen todo el problema y no centrar todo en los registros civiles.

“No queremos que todo el peso de erradicar los matrimonios infantiles recaiga en los registros civiles, porque ahí no está el problema, el problema es la situación que viven las menores y las condiciones que las llevan a casarse, muchas veces obligadas, a temprana edad”, mencionó.

En la conferencia se mencionó que erradicar los matrimonios infantiles es garantizarles sus derechos humanos a las menores de edad, “porque un matrimonio a temprana edad casi siempre termina en violencia para ellas y sin alguna otra salida se convierten en esclavas modernas del trabajo doméstico y la maternidad”.

La propuesta del UNFPA es que el Congreso garantice el acceso a la educación de todas las mujeres, dotar de servicios públicos a comunidades rurales, reducir la pobreza y garantizar salud para que los matrimonios infantiles no sean vistos como una salida.

A los registros civiles les recomendaron mecanismos administrativos, reglamentos claros y difusión acerca de la prohibición de matrimonios en menores de edad.

Por último, al sector educativo se recomendó promover entre los niños y niñas un entorno de igualdad de género y trabajar con los niños para que abandonen las ideas machistas.

De acuerdo con datos del UNFPA, en México, en 25 años no disminuyeron los matrimonios infantiles y si sigue así en 10 años México será el segundo país con más matrimonios infantiles, solo detrás de África Subsahariana.

A nivel América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas contraen matrimonio, a nivel mundial es una de cada cinco, y anualmente son 12 millones de mujeres menores de 18 años las que contraen matrimonio.

Aunque reconocieron que estos datos pueden estar sesgados porque muchos matrimonios se dan en la informalidad.

En el caso de Guerrero, de acuerdo con la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes, no se tienen datos sobre los matrimonios infantiles que ocurren en la entidad.

La conferencia fue denominada Elementos básicos para contribuir a la erradicación de los matrimonios infantiles en Guerrero y fue coordinada por la Comisión de Niños Niñas y Adolescentes del Congreso y la Coordinación Estatal del Registro Civil.

 

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Activista de las poblaciones LGBTTT+ recibe reconocimiento al Mérito Juvenil 2022

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La mañana de este miércoles, Ricardo Alexis Locia Hernández recibió de manos de la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, el premio al Mérito Juvenil 2022 en la categoría de derechos humanos.

Locia Hernández es antropólogo y activista por los derechos de las poblaciones LGBTTT+.

El acompañamiento a personas que viven con VIH, pláticas a comunidades indígenas y afromexicanas sobre temas LGBTTT+ son parte del activismo que Locia Hernández realiza.

“Este reconocimiento no representa una mezquindad, sino un ejercicio de visibilidad que no debe quedar ahí”, expresó Herndández Locia.

Estos reconocimientos fueron otorgados por la Secretaría de la Juventud y Niñez de Guerrero.

Fue mediante una convocatoria a la que se postularon 112 jóvenes guerrerenses que 10 jóvenes en diferentes categorías fueron seleccionados.

Jessica Maldonado Morales, secretaria de la Juventud y Niñez de Guerrero, felicitó a las y los galardonados y reconoció su labor en diferentes ámbitos.

“Es importante visibilizar lo que las y los jóvenes hacen por sus iguales desde sus municipios”, mencionó Maldonado Morales.

Llamó a que las historias de los jóvenes galardonados sirvan de ejemplo para otros jóvenes e hizo la invitación a que continúen con sus labores desde sus ámbitos.

En el evento estuvo presente el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, quien felicitó a Salgado Pineda por apoyar a los jóvenes.

“Tener una gobernadora joven como Evelyn es el ejemplo de que todo se puede lograr”, dijo Salgado Macedonio.

Además, sugirió a Salgado Pineda que esta entrega se realice cada mes para motivar y reconocer a las y los jóvenes.

Por su parte, Salgado Pineda felicitó a los galardonados, así como a sus madres y padres.

Reconoció la participación de los jóvenes en la vida política.

“Los jóvenes y las mujeres son el motor de la Cuarta Transformación”, comentó en su discurso.

Aseguró que en su gobierno la mayoría de espacios son ocupados por jóvenes y mujeres. Además de apoyar a las juventudes del estado.

Los galardones entregados fueron: logro académico entregado a Arleth Pamela Silva Hernández, originaria de Acapulco, quien ganó una beca para una estancia de una semana en la NASA por un proyecto para realizar procedimientos oncológicos no invasivos y al vacío.

El mérito de expresiones artísticas y artes populares fue para Ámbar Stephanie Santos Ríos, quien se desempeña como actriz y productora; tuvo participaciones en Netflix, como en Luis Miguel, la serie.

Mérito compromiso social fue para Sergio Daniel Agüero Ramírez. La categoría de derechos humanos fue para Ricardo Locia Hernández.

Protección al ambiente y desarrollo sostenible lo ganó Lizeth Alejandra Helguera Peralta, ingenio emprendedor fue para María de Los Ángeles Arcos González, y discapacidad e integración para Ulises Daniel Díaz Adame.

Ciencia y tecnología lo recibió Dillan Michael Pérez Ramos, aportación a la cultura política y a la democracia fue para Jana Laura Voorting Salazar, y mérito deportivo para Miguel Ángel García Ramos.

Las y los galardonados recibieron una presea, un reconocimiento y un estímulo económico para que continúen con sus labores.

 

Gobierno de Evelyn Salgado amenaza con desalojo de plantonistas en palacio

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotin amenazaron con desalojar a habitantes de Cochoapa El Grande, que tienen un plantón afuera de palacio de gobierno.

El gobierno del estado acusó a los manifestantes de que por el plantón no pueden sacar las unidades del Transporte Violeta presentadas el día de ayer por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Hoy policías estatales con equipo antimotin cercaron a los manifestantes mientras se desarrolló un diálogo con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, y el subsecretario de Asuntos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán.

En frente de la manifestación, en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Salgado Pineda encabezó un acto público.

Mientras el acto de la gobernadora se desarrollaba, los policías llegaron y rodearon la entrada principal de palacio de gobierno, además de tres grúas que rodearon los carriles norte-sur del boulevard René Juárez Cisneros con el objetivo de desalojar y mover los automóviles de los manifestantes.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, denunció que ellos no tienen retenido ningún vehículo del Transporte Violeta, como se les acusó,

García Rodríguez reprochó que la gobernadora esté a unos metros de la protesta y no acuda a dialogar con ellos, dicha postura fue respaldada por el asesor de la Secretaría General de Gobierno y líder de la Asamblea popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, quien acudió a la protesta.

Chávez Adame dijo que “si la gobernadora regala 15 minutos a los manifestantes todos se van en paz”.

El acuerdo que los manifestantes tuvieron con Reynoso Núñez fue de atenderlos en una mesa de trabajo en Casa Guerrero.

Desde el día de ayer la circulación del encauzamiento Huacapa fue bloqueado por los manifestantes, el cual ya fue liberado.

Los manifestantes dijeron que no moverán su plantón hasta tener una respuesta favorable sobre sus demandas.

Los manifestantes son pobladores de 52 comunidades de Cochoapa El Grande que quieren formar un nuevo municipio porque los apoyos sociales del gobierno estatal y federal se queda en la cabecera municipal y no llegan a todas la comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«En Guerrero es difícil reconocerse como parte de la población LGBT+»: Locia Hernández

Texto y fotografía: Itzel Urieta 

Chilpancingo

 

Por la deuda histórica que la entidad guerrerense tiene con la comunidad LGBTI+ «no podemos ser abiertamente quienes somos, ni acceder a ciertos derechos y tenemos que vivir entre la homofobia de algunas personas», señaló Ricardo Alexis Locia Hernández, quien recibirá la Presea al Merito Juvenil 2022 en la categoria de derechos humanos.

Explicó que en un estado como Guerrero es difícil reconocerse como personas de las poblaciones LGBTI+.

Locia Hernández es antropólogo, egresado de la Escuela de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+ e integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.

Locia Hernández impartió la ponencia titulada Deuda histórica del estado con las poblaciones LGBTI+ en el Centro Cultural el Zanate Azul, en Chilpancingo, la tarde del jueves.

Ahí afirmó que la reforma al artículo 170 del Código Penal que criminaliza a las personas con VIH es otra deuda del estado.

Reconoció el trabajo de activistas que visibilizaron el tema del VIH.

Locia Hernández tiene VIH y reconoce que recibir este premio le genera cierto miedo al quedar expuesta parte de su vida.

«Hay gente de mi familia que no sabía que tengo VIH, hay desinformación y toca reeducarlos».

Tiene una carga viral baja de VIH y está en tratamiento por lo que el riesgo de transmitir a otra persona es nula.

En relación al matrimonio igualitario, la legislación actual de Guerrero no contempla el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, lo que complica a parejas homosexuales compartir derechos sociales como salud y vivienda.

En el tema de los crímenes de odio, mencionó a algunos activistas por los derechos de las poblaciones LGBTI+ asesinados, como Quetzalcoatl Leíja Herrera.

A 20 años de haberse creado el colectivo, reconoce que hay cosas que cambiaron, pero otras que son tabú.

Pidió se brinden más oportunidades en el ámbito académico para realizar trabajos e investigaciones sobre las poblaciones LGBTI+.

Ricardo comenzó su participación en marchas de las poblaciones LGBTI+ a los 17 años.

Además de la deuda histórica, apeló a que se conozca más sobre la historia de los colectivos y su lucha.

El pasado 3 de septiembre del 2022, Ricardo estaba en una reunión con su colectivo cuando se percató que en su perfil de Facebook tenía diversas etiquetas felicitándolo por obtener el Premio al Mérito Juvenil 2022 en materia de Derechos Humanos.

Este premio es otorgado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud y Niñez de Guerrero a varios jóvenes en diferentes categorías.

«Sé que se tiene que postular, pero la verdad yo no se quién me postuló pero al final lo agradezco».

No quería aceptar el premio porque considera podía verse como una vanidad, comenta. «Al final es una visibilidad, es cambiar el discurso y las narrativas sobre las personas que vivimos con VIH y de las poblaciones LGBT».

Locia Hernández es el primer joven abiertamente homosexual en recibir este premio.

«Este premio significa una gran responsabilidad de saber que puedo ser un referente para las juventudes diversas».

 

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Denuncian ante Derechos Humanos a director que niega a estudiante participar en su clausura por carecer de uniforme de gala

La menor terminaría su primaria el próximo 28. El docente ya impidió que apareciera en la fotografía de su generación


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

Apango 

Diana Abril Astudillo Ronco de 12 años es una alumna destacada de la escuela primaria Federico Encarnación Astudillo, ubicada en Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan. Tiene uno de los mejores promedios de su generación y es parte de la escolta de su escuela, pero fue excluida de su foto de generación y del acto de clausura por el director, porque carece del uniforme de gala que le exige a los estudiantes.

El padre de Abril, José Astudillo Rodríguez, interpuso una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) por la exclusión que vició de su hija. Ahí mismo exigió la destitución del director del plantel, Getulio Sebastián Cuevas.

El padre considera que si hija sufrió discriminación y prepotencia cuando el director le impidió tomarse la foto del recuerdo con sus compañeros. Dijo que el director pretenden que ya no participe en la escolta en el acto de clausura.

Todo comenzó cuando en reuniones previas entre los maestros y el Comité de Padres de Familia abordaron el tema de la clausura, donde según Astudillo Rodríguez nunca hablaron sobre la foto y la manera en que tenían que ir vestidos los estudiantes.

Por la pandemia de la Covid-19 y las clases híbridas a los alumnos de esta escuela les permitieron asistir a clases con el uniforme deportivo.

Después de dos años en clases virtuales a Diana Abril ya no le queda su uniforme de gala y sus padres decidieron ya no comprarlo porque el ciclo escolar concluye y sería un gasto extra para la familia.

Astudillo Rodríguez contó que tuvieron un gasto familiar muy fuerte por la operación a uno de sus hijos de una pierna; el uniforme de gala era un gasto extra y consideraron en su familia que no era necesario.
“Fue en una reunión privada entre los seis padres que integran el Comité y los directivos que tomaron la decisión de utilizar el uniforme de gala sin consultar a los demás padres”, comentó Astudillo Rodríguez.

El día 13 de julio informaron de esa decisión que tomaron unos cuantos a los padres de familia por mensaje: la foto del recuerdo sería el día 15 de julio con el uniforme de gala de manera obligatoria.

“De buenas a primeras nos avisan que en dos días se tomará la foto y que es obligatorio el uniforme de gala”, agregó.

Los padres de Diana Abril trataron por todos sus medios conseguir el uniforme pero por el poco tiempo les fue imposible, porque en las boneterías del pueblo estaba agotado y en dos días no estaría listo.

“Yo le dije a mi esposa que iba hablar con la maestra y con el director de que mi hija pudiera salir con el uniforme de la escolta, debido a la situación de que no logramos conseguir el uniforme”.

La mañana del 15 de julio, Diana Abril se presentó a la toma de fotografía con su uniforme de la escolta, pero al momento de colocarse intervino su maestra y le dijo a ella y a su padre que no podía salir en la foto sin el uniforme de gala.

Ante la negativa de la maestra, el padre de Abril buscó al director para que interviniera. Le explicó la situación pero éste se negó y la maestra del grupo dijo que ella sólo atendía las órdenes del director.

El padre dijo que si su hija no salía en la foto tampoco participaría en la escolta, y el director le respondió: “eso no me importa, es lo de menos, yo le diré al maestro de educación física que ponga a otro niño”, recordó Astudillo Rodríguez.

El maestro de educación física se negó a sacar de la escolta a Diana Abril, sólo mediante oficio emitido por la dirección. A la estudiante le impidieron salir en la foto.

La situación fue denunciada por Astudillo Rodríguez, primero por redes sociales. Derivado de eso, Diana Abril recibió comentarios de reproche de sus maestros.

“En clases los maestros le dicen a mi hija indirectas sobre esa situación y le dicen que ella no sabe lo que es discriminación, que se confunden los términos”, agregó el padre.

El padre ya habló con el supervisor de la zona escolar, quien le recomendó que la alumna ya no asista a las clases y se presente hasta día de la clausura a recibir sus documentos. El acto de clausura está programado para el próximo 28.

De acuerdo con Astudillo Rodríguez, el director de la primaria tiene acusaciones por malos tratos a los padres y madres de familia, “pero por miedo muchos ya no dicen nada”.

El padre también expuso en la entrevista que el director Sebastián Cuevas fue denunciado por no comprobar más de 600,000 pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo en la primaria de la comunidad de La Esperanza, también de Mártir de Cuilapan, donde laboró anteriormente.

Denunció además que en la primaria Federico Encarnación Astudillo, donde actualmente es el director, no comprobó 300,000 pesos del programa La Escuela es Nuestra correspondiente al 2020 que inició la pandemia.

Esta tarde, Astudillo Rodríguez acudió con su hija a las instalaciones de la CDHEG en Chilpancingo para interponer la denuncia contra el director por discriminación y exclusión contra la menor.

“Lo que hoy hacemos aquí es para sentar un presente y las nuevas generaciones no sufran por los actos del director de la primaria”.

 

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Denuncia activistas que intimidaciones del gobierno estatal al párroco Filiberto Velázquez son para desestabilizar el movimiento social

Filiberto Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, acusó al gobierno del estado de organizar un ataque en su contra por la labor que realiza de acompañar y asesorar a víctimas de violencia en la entidad.

Velázquez Florencio denunció que ayer (miércoles) agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde él oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, varios de ellos enfermos, a realizar preguntas al personal con el propósito de conocer las actividades que realiza el sacerdote.

Al percatarse de su llegada, Velázquez Florencio pidió a los agentes que justificaran su presencia, pero ninguno tenía documentos oficiales para esa acción. Los agentes le dijeron que un agente del Ministerio Público (MP) ordenó investigarlo, después se retiraron.

En conferencia de prensa, Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.

Explicó que desde el pasado 27 de junio, el gobierno del estado, a través del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el secretario de la gobernadora, Jesús Urióstegui, lo acusa de daño a la propiedad privada y bloqueo a las vías de comunicación.

“Después del bloqueo en la autopista, Jesús Urióstegui llamó por teléfono al obispo y me acusó de ser el que organiza esos bloqueos”.

Esas acusaciones ocurrieron después de que Velázquez Florencio acompañó a una manifestación en la Autopista del Sol a pobladores de San Jerónimo Palantla, comunidad de Chilapa, ubicada en la región Montaña baja, para exigir la aparición con vida de José Abundio Bolaños Calvario, quien desapareció el 29 de mayo pasado.

En la manifestación del pasado 27 de junio también bloquearon la carretera de cuota integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), normalistas de Ayotzinapa y del Frente Nacional Francisco Villa (FNFV). En bloqueo ocurrió una carambola entre un tráiler y seis automóviles.

Por ese hecho, la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que “se presentaran denuncias para deslindar responsabilidades en contra de quienes afecten a terceros y daños a la propiedad privada”.

El sacerdote cree que derivado de ese comunicado los agentes de la FGR acudieron a interrogar al personal de la Casa del Peregrino; intuye que ya están armando la carpeta de investigación en su contra.

Velázquez Florencio denunció también que el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a la comunidad de San Jerónimo Palantla a oficiar una misa por la Jornada Nacional de Oración, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal amenazaron con bajarlo por la fuerza de su camioneta, y uno de ellos le dijo: “ya estamos hasta la madre de gente ignorante como tú”.

“El llamado a todas las instituciones es que esos esfuerzos de intimidación hacia los activistas y defensores de derechos humanos se dirijan hacía los verdaderos generadores de violencia”, comentó.

Durante la conferencia de prensa pidió a las autoridades federales y estatales localizar con vida a José Abundio González Calvario y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos.

“Por último hacemos un llamado respetuoso a nuestras autoridades para que reorienten sus esfuerzos, ya que ni entre los y las defensores de derechos humanos ni entre los sacerdotes encontraran a los responsables de la violencia”.

Llamó específicamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que conozca personalmente el trabajo que realiza en el Centro Minerva Bello y en la Casa del Peregrino para que su gobierno deje de criminalizarlo.

A la conferencia de prensa lo acompañaron representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes señalaron a la gobernadora de tratar de desestabilizar los movimientos sociales de Guerrero con intimidaciones como contra la de sacerdote.


Con marcha, la población LGBTI+ exige matrimonio igualitario y alto a crímenes de odio

La edición 21 de la marcha estatal de la diversidad sexual fue nombrada; Todas, todos y todes bajo una misma bandera, a la cual asistieron alrededor de 1000 personas integrantes de las poblaciones LGBT+ y que recorrieron las principales avenidas de Chilpancingo hasta llegar al zócalo capitalino.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

Integrantes de las poblaciones LGBTI+ marcharon ayer viernes por las principales calles de Chilpancingo para exigir al Congreso Local aprobar el matrimonio igualitario, y el pleno reconocimiento de sus derechos, como lo son la identidad, y justicia para los crímenes de odio que están en la impunidad.

En su edición número 21 la marcha estatal de la diversidad sexual comenzó en las instalaciones del Congreso de Guerrero.

Aquí afuera de la sede del Poder Legislativo, la población LGBTI+ leyó su posicionamiento y exigieron a los legisladores aprobar la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario misma que está en su trámite ante comisiones legislativas.

La iniciativa, que se presentó el pasado 16 de junio, pretende reformar diversos artículos del Código Civil y del Código Procesal del estado para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

“Nosotros no queremos fiesta ni que nos case un sacerdote, nosotros solo pedimos tener acceso al derecho de casarnos para tener los beneficios legales que eso conlleva”, mencionó Juan Carlos Salvador López presidente del Colectivo Orgullo Guerrero.

Agregó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría en el Congreso, para que los matrimonios igualitarios sean una realidad.

La edición 21 de la marcha estatal de la diversidad sexual fue nombrada; Todas, todos y todes bajo una misma bandera, a la cual asistieron alrededor de 1000 personas integrantes de las poblaciones LGBT y que recorrieron las principales avenidas de Chilpancingo hasta llegar al zócalo capitalino.

La marcha que inició en el Congreso aproximadamente a las seis de la tarde, con dirección al zócalo de Chilpancingo recorrió las avenidas Lázaro Cárdenas y Juan Álvarez.

Durante el recorrido los y las manifestantes portaron una bandera monumental del arcoíris y diferentes pancartas donde se leía, “Celebra todas las formas de amor”, y “Soy activista de mi propia historia, no más homofobia”.

Los contingentes fueron integrados por representantes de colectivos de Iguala, Zumpango, Taxco, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Tixtla y Tierra Colorada, además de un contingente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) encabezados por la presidenta Cecilia Narciso Gaytan.

También marchó el diputado local morenista Jacinto González Varona, impulsor de la iniciativa de matrimonio igualitario, el regidor de Chilpancingo Samir Avila Bonilla que abiertamente se declaró parte de la comunidad LGBT para ser reelecto como regidor a través de una acción afirmativa.

Durante la marcha, se integraron al contingente el grupo de influencers trans conocidas popularmente como Las Pérdidas, y una imitadora de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda vestida con un huipil y un sombrero calentado a quien entre gritos le decían, “Canta la de Como la flor”.

Durante la marcha las y los integrantes de las poblaciones gritaron, cantaron y bailaron al ritmo de música y de porras, además participaron grupos de mujeres trans.

Aunque todo parecía una cuestión festiva y mucha gente salió a las calles a ver la marcha como si fuera un espectáculo.

Además de la aprobación de del matrimonio igualitario, se exige una ley de identidad de género, tipificar el delito de Crimen de odio por razón de orientación sexual, reformas al Código Penal para dejar de criminalizar a los portadores del virus del VIH y justicia para los miembros de la comunidad que fueron asesinados y que están en la impunidad.

Otra de las demandas fue la presentación con vida de Andrés Ayala Silva, mejor conocido como la Sexy Lola, un conocido luchador, desaparecido en Acapulco e hicieron un recuento de miembros de la comunidad ya fallecidos.

“A todos los que nos antecedieron hace 21 años, y que sin ellos nada de esto fuera posible les damos las gracias y los recordamos exigiendo justicia por sus asesinatos”, mencionó Ricardo Locia, miembro del Colectivo Orgullo Guerrero.

La marcha terminó en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac donde participaron algunos oradores y culminó con participaciones artísticas de los asistentes.


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Guerrero en deuda con las poblaciones LGBTI+

En 2011 Guerrero registró el mayor número de crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI+ con 22, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

La madrugada del 4 de mayo del 2011, Quetzalcóatl Leija Herrera fue asesinado. Era activista por los derechos de la comunidad LGBTI+ y presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi).

Desde el Ceprodehi registró 104 asesinatos por homofobia ocurridos del 2007 al 2011 en Guerrero,.

Ese 4 de mayo, Quetzalcóatl fue asesinado a metros del Palacio municipal de Chilpancingo, muy cerca del zócalo, uno de los lugares más transitados de la capital.

Quetzalcóatl fue asesinado a golpes, recibió uno en lado derecho de la cabeza que le desfiguró parte del rostro.

El asesinato de Quetzalcóatl es un crimen de odio que a once años sigue impune.

Crímenes de odio

Ricardo Locia es antropólogo, activista por los derechos de la población LGBTI+ e integrante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero. Considera que un crimen de odio está caracterizado por la saña antes, durante y después del asesinato.

La saña va desde lesiones con traumas en el cuerpo, mutilaciones, asfixia.

“Todo se cristaliza en la cuestión simbólica desde donde se ejerce la violencia, por ejemplo hay mujeres trans a las que les cortan los pechos o si todavía tienen su miembro también se lo cortan”, explica Locia.

En 2011 Guerrero registró el mayor número de crímenes de odio con 22, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero desde 2017 contabiliza los crímenes de odio, no los hace públicos para resguardar la identidad de las víctimas.

El registro son de casos que rastrean en los medios de comunicación como periódicos y redes sociales, pero no está completo por la falta información pues sólo se conocen los asesinatos ocurridos en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades más grandes de Guerrero.

La Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio y la Asociación Letra S, registraron el año pasado 78 crímenes de odio en el país, cinco ocurrieron en Guerrero.

«Esta cifra se puede duplicar e incluso triplicar, en el sentido de que no tenemos presencia en la parte de la Montaña, la Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, en las comunidades donde no hay medios digitales no podemos saber si hay crímenes de odio”, precisa Locia.

El que no haya un organismo gubernamental que genere una base de datos de estos crímenes complica tener cifras más exactas, dice Locia, además de que no existen los protocolos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para a hacer el levantamiento de un cadáver de un integrante de la población LGBTI+.

En Guerrero, el crímen de odio no está tipificado en el Código Penal, lo que también dificulta que se investiguen de manera adecuada. Es por esto, que muchos casos terminan archivados y en la impunidad.

Locia considera que Guerrero es un lugar inseguro para  la población LGBTI+. Para evitar ser agredido, cuenta, ha tenido que vestirse muy masculino para tratar, dice,  de que no se le vea o no se note que es gay. Está consciente de que esto también es un tipo de violencia.

“Esto ha sido para protegerme, para que yo no sienta los embates complejos que viven y sufren las mujeres trans, las comunidades lesbianas y también otros compañeros homosexuales que tienen una mayor feminidad en su andar o en su vestir, para mí Guerrero no es un lugar seguro”, comenta.

Sin embargo, dice Locia, hay integrantes de la población LGBTI+ que viven en condiciones más difíciles como en comunidades indígenas y afromexicanas porque, asegura, la violencia que sufren va desde la discriminación en espacios de trabajo, la escuela y en el hogar.

Marchar por sus derechos

Junio es conocido como el mes del orgullo gay porque se conmemora la lucha y la visibilización de la población LGBTI+. En Chilpancingo, se realizará la edición 21 de la marcha estatal de la diversidad sexual.

Esta lucha en el estado ha sido constante, el colectivo surgió el 13 de junio del 2001 con el nombre Colectivo Gay Orgullo Guerrero, en 2018 cambió a Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero.

Esta será la décima marcha de Locia; comenzó a participar a los 17 años y en este tiempo considera que hay un poco de aceptación en la sociedad hacia ellos pero que aún falta conocimiento del tema por parte de las personas.

“Hay personas que van a ver la marcha como un sentido de mofa, para ver como va vestido el jotito, o para ver quienes van. Se ríen de cómo van vestidos”, comenta.

Además de las burlas, piensa que en la poca aceptación  también están los que los aceptan pero mientras no les incomode.

“Está la parte doble moral de hacerlo, pero que no te vea besandote”, comenta.

La apertura de las nuevas generaciones ha sido notoria, ahora son más jóvenes quienes marchan. Cuando empezó a marchar no podía verse agarrado de la mano con sus amigos ni con una pareja, ahora salen de la mano y se besan en escuelas y en lugares públicos.

Salir a marchar para la población LGBTI+ es importante, se tiene una deuda histórica con ellos como la legalización del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la prohibición de terapias de conversión, la tipificación de los crímenes de odio, la reforma al artículo 170 del Código Penal que criminaliza a las personas con VIH.

El 15 de junio del 2022, diputados de Morena presentaron ante el Congreso de Guerrero una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario, esto representa un paso importante.

“Que se apruebe el matrimonio igualitario sería el pago de una deuda histórica a muchos miembros de la comunidad LGBT que han sido asesinados y que han muerto, que esto siente precedentes para que podamos seguir avanzado con las demás leyes”, dice Locia.

 

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Entre las reformas a estos artículos se pretenden eliminar los términos hombre y mujer, marido y mujer, y ser cambiados por los términos de contrayentes, cónyuges, o personas casadas.


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Diputados de Morena presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa de ley para legalizar el matrimonio igualitario.

Los diputados Jacinto González Varona y Yoloczin Domínguez Serna en la sesión de este miércoles presentaron una iniciativa para reformar y derogar artículos del Código Civil del Estado.

“La iniciativa de decreto que hoy se presenta es para garantizar los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo que son objeto de discriminación de crímines de odio y estigmatización”, dijo González Varona durante su intervención en la tribuna del Congreso.

Los artículos del Código Civil que se pretenden  reformar son: el 85, 351, 378, 379, 412, 135, 136, 437,439, 440, 441, 442, 443, 411, 115, 446, 450 bis y 494 bis.

Entre las reformas a estos artículos se pretenden eliminar los términos hombre y mujer, marido y mujer, y ser cambiados por los términos de contrayentes, cónyuges, o personas casadas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso Local la cual determinará si se presenta al pleno para una primera y segunda lectura y posterior votación.

En México el matrimonio igualitario es legal en 26 de 32 estados de la República: Baja California y Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas.

En Guerrero colectivos de la población LGBTIQ+ desde hace años han emprendido una lucha para que se legalice el matrimonio igualitario.

Durante la sesión en el pleno del Congreso lo local, miembros del movimiento lésbico gay y transexual, desplegaron mantas en las graderías del recinto legislativo.

 

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Activistas irrumpen acto de la gobernadora Evelyn Salgado

Texto y fotografía: Jesús Guerrero

Chilpancingo

 

Militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) irrumpieron el acto en el que estaba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el zócalo de Chilpancingo para exigir se cancele la carpeta de investigación que enfrenta su líder Nicolás Chávez por los delitos de robo y violencia de género.

Dirigidos por Chávez Adame, los manifestantes ingresaron a la plaza central con una camioneta en la que llevaban una estatua a los derechos humanos «Colosal» que la hallaron tirada en el parque Bicentenario ubicado al norte de esta ciudad.

Esta estatua que es de la artista colombiana Natalia Botero fue colocada durante el gobierno de Héctor Astudillo en este parque ubicado entre las avenidas Insurgentes y Benito Juárez, al norte de esta capital.

El grupo de 50 activistas llegaron al acto oficial cuando la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez hacía uso de la palabra.

Hernández Martínez, Salgado Pineda, el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández y la directora general de Telecomunicaciones de México (Telecom) María del Rocío Flores encabezaron el evento de Tandas del Bienestar.

Salgado Pineda llegó casi a las 13 horas cuando el acto estaba programado a las 12 del día. Artesanos, funcionarios estatales y municipales llegaron a la plaza central desde las 10 y media de la mañana.

No es la primera vez que la mandataria estatal llega tarde a los actos oficiales programados que ella encabeza.

Durante la protesta, fue el asesor de Salgado Pineda, Rubén Hernández Fuentes y varios guardaespaldas quienes rodearon a Chávez Adame.

Hernández Fuentes y los guardaespaldas fueron los que impidieron que el grupo de manifestantes avanzaran hacia donde estaba la gobernadora, la alcaldesa y los demás funcionarios federales y estatales.

Fue Hernández Fuentes el que calmó a Chávez Adame a quien le dijo que en Palacio de Gobierno serían atendidos por Salgado Pineda.

Una de las demandas que enarbola el dirigente de la APPG es la destitución de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán quien fue la que interpuso una denuncia en su contra por robo y violencia de género.

En marzo de este año, Chávez Adame y sus correligionarios irrumpieron en la sede de esta Comisión de Derechos Humanos en donde arrancaron la bandera que simboliza el respeto a los derechos civiles.

Después de estos hechos, Narciso Gaytán interpuso una denuncia contra este dirigente.

Los manifestantes abandonaron el zócalo y se dirigieron en marcha hacia el Palacio de Gobierno, ubicado al sur de esta ciudad.

En un video que subió a las redes sociales, Chávez Adame cuenta que cuando le notificaron la acusación penal le habló vía telefónica el senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado, para decirle que ya estaba listo su nombramiento (en el gabinete estatal) y que su salario sería de 15 mil pesos.

«Después me habla Jesús Urióstegui (jefe de la oficina de la gobernadora) para decirme que seré un asesor externo que no existe en el organigrama en el gobierno», señaló el activista.

Dice que mientras recibe llamadas telefónicas por parte de Salgado Macedonio y de Jesús Urióstegui afuera de su casa estaba una patrulla de la policía para intimidarlo.

 

Es falso que la mayoría de las quejas contra la Sedena sea por detención arbitraria

Contrario a lo que dijo el secretario de la Defensa, solo el 14% de las quejas ante la CNDH contra la Sedena es por detenciones arbitrarias. Tampoco existen datos para asegurar que esas quejas sean una vía sistemática para evadir la justicia.


Texto: Samedi Aguirre / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez 

24 de mayo de 2022

Chilpancingo 

 

Según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “la mayoría” de las quejas contra la Sedena que se presentan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es por detención arbitraria y se emplea como un mecanismo para “evadir la justicia”.

Aunque es verdad que la Sedena ha recibido decenas de quejas por detención arbitraria desde 2019 a la fecha, estas solo representan el 14% de todas las quejas reportadas durante la actual administración, de acuerdo con cifras de la CNDH.

Además, especialistas señalan que levantar una queja ante la CNDH no evita una detención y que no hay evidencia de un uso reiterado de los detenidos para poder quedar libres.

“No hay absolutamente ningún indicador que nos esté diciendo que esto sea de manera sistemática, donde se diga que es una estrategia por parte de las personas detenidas para evadir la justicia”, dijo Itzel Coca, integrante del área de investigación en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Coca explicó a Animal Político que, aunque existe una disminución en las cifras oficiales de quejas contra la Sedena por violación a los derechos humanos, no se puede asegurar que verdaderamente sea consecuencia de mejores prácticas por parte de los militares, pues esto también podría ser reflejo de la “inactividad” en dicha comisión durante la actual administración.

Las quejas no solo son por detención arbitraria 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de 2019 a la fecha se han registrado mil 374 quejas contra la Sedena, 156 quejas más de las reportadas por Sandoval este lunes. De ellas, solo el 14% fue interpuesto por detención arbitraria.

Animal Político consultó a la Sedena sobre el tema. Su área de prensa respondió que la cifra que dio el general también tiene como fuente la CNDH y, según la dependencia, son las quejas oficialmente notificadas por la comisión con corte al 16 de mayo. El área de prensa también señaló que la diferencia de cantidades “podría ser” porque la CNDH esté reportando quejas por posibles detenciones arbitrarias en las que no solo haya participado la secretaría.

“La variación entre la CNDH y la SDN podría ser debido a que se tiene conocimiento que la CNDH registra y cuantifica también las solicitudes de información en colaboración, en donde no se señala de manera directa como autoridad responsable a la SDN”, argumentó.

Existen muchas causas por las que las personas pueden interponer una queja ante la CNDH por actos de las Fuerzas Armadas que violan los derechos humanos, tales como incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo, intimidación, omitir información, entre otras.

Pero según el Sistema de Alerta, los hechos violatorios de mayor impacto son: privar de la vida, desaparición forzada o involuntaria de personas, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, detención arbitraria y negligencia médica.

En una revisión al Sistema Nacional de Alerta, encontramos que de 2019 a la fecha se han levantado contra la Sedena 196 quejas por detención arbitraria, 27 por privar de la vida, 19 por desaparición, 45 por tortura, 160 por trato cruel y 39 por negligencia médica. Las otras 888 fueron por otras causas como omitir fundar el acto de autoridad o emplear arbitrariamente la fuerza pública.

Las quejas no evitan la detención 

De acuerdo con el Raúl Cruz, abogado postulante, una queja es un medio alterno de justicia que no tiene un peso obligatorio pues no cuenta con carácter coercitivo. Se puede interponer por los agraviados directamente o por los familiares.

Además, el abogado señaló que una detención arbitraria no siempre va a resolverse a favor de quien interpone la queja.

Itzel Coca, de la CMDPDH, explicó que, aunque hay cierta apertura de las comisiones de Derechos Humanos a recibir quejas por detención arbitraria, no es algo que por lo general suceda.

“Entonces, no hay una relación en realidad en la que podemos decir que las personas presentan quejas por detención arbitraria en casos de que quieren evadir la justicia, sino todo lo contrario. Estas quejas están muchas veces relacionadas con un conjunto sistemático de violaciones a derechos humanos sobre todo cuando estas quejas son contra Fuerzas Armadas”, dijo.

De acuerdo con la especialista, la mayoría de las veces cuando ocurre una detención arbitraria no es la única violación a derechos humanos que ocurre, porque la detención arbitraria por lo general abre paso a una cadena de diferentes violaciones a derechos humanos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o fabricación de culpables.

Coca señaló que es un problema bastante grave, porque “además sabemos que alrededor del 27% de los hombres y el 46% de las mujeres que se encuentran en cárcel no reciben una sentencia y, entonces, esto nos habla de que una detención arbitraria puede derivar en una injusticia bastante grande para las personas”.

Cruz aseguró que ninguna de las quejas interpuestas es “inventada”, pues México es parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; entonces, si luego de una queja la Comisión Interamericana emite una recomendación, el Estado mexicano está obligado a cumplirla.

Falta de actividad y discriminación

“Hay bastante opacidad por parte de las autoridades, en especial por parte de las Fuerzas Armadas”, señaló Coca, quien dijo que esto impide que realmente exista un análisis adecuado de la manera en la que se están comportando estas instituciones.

“Es importante decir que actualmente la CNDH también ha tenido un papel bastante menos activo con respecto a lo que venía haciendo las administraciones anteriores; entonces, el hecho de que registra menos quejas y sobre todo menos recomendaciones no nos hablaría de que haya una disminución en este tipo de violaciones a derechos humanos”, subrayó.

La especialista señaló que, de acuerdo con un análisis que está realizando la CMDPDH, se ha detectado que “los mismos patrones que vienen realizando las Fuerzas Armadas en las administraciones previas pues seguimos viéndolos actualmente”.

Agregó que la detención arbitraria también es síntoma de la criminalización hacia ciertos perfiles de la población, pues se asocia a una discriminación a ciertos sectores sociales e incluso a ciertas características físicas.

“Entonces, seguimos viendo que es una criminalización por parte de las instituciones a los sectores de la población”, sostuvo.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

El aborto, un derecho negado a mujeres es causa de muerte materna en Guerrero

Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.


Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

12 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Hace algunos años, Rosa, entonces una adolescente de 17 años, era una estudiante de preparatoria cuando compartió a su amiga el motivo de que se ausentara una semana de la escuela: interrumpió su embarazo. Proceso que vivió sola, por el temor al estigma, aun con el riesgo de muerte.

La joven, originaria de una comunidad nahua de Chilapa, tenía un novio y se embarazó. Él la dejó sola en esto. Sus padres no podían saberlo; seguramente querrían que se casara y tuviera al bebé, o la correrían de su casa y tendría que dejar la escuela. Le huyó a todas esas posibilidades de su destino.

Se acercó a una tía, quien la acompañó con un médico que le practicó un aborto con pastillas.

El proceso de expulsión del producto lo vivió sola, en un cuarto que rentaba en la cabecera de Chilapa, donde estudiaba. Nadie más lo supo. Estuvo encerrada por días retorciéndose del dolor.

Su amiga lo supo hasta después. Rosa, como se decidió llamar a esta adolescente para guardar su identidad  se lo contó hasta que volvió a la escuela, después de que se recuperó. Por fortuna pudo hacerlo.

Guerrero y el contexto para la despenalización de aborto

Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.

En Guerrero se vive un momento crucial en pro de los derechos de las mujeres, la reforma al Código Penal de la entidad para la despenalización del aborto está en debate entre los diputados, lo que significa la gran posibilidad de resarcir una deuda de criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

El miércoles 4 de mayo, los diputados y las diputadas dieron la primera lectura de la iniciativa de reforma en el pleno del Congreso local, después de que el 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la propuesta legislativa de despenalizar el aborto.

Este miércoles, darían la segunda lectura para proceder a la discusión y finalmente la votación que llevaría a la reforma del Código Penal, pero no ocurrió porque los diputados y las diputadas pospusieron la sesión, porque, al parecer, muchos de ellos no lograron llegar a la ciudad de Chilpancingo, donde está la sede legislativa, después que salieron a festejar el Día de las Madres. Reagendaron la sesión para el siguiente martes 17 de mayo.

Los motivos para que las mujeres decidan libremente sobre su vida y sus cuerpos son tantos, y los han repetido activistas, feministas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Quien sigue sin dar una postura clara sobre la despenalización del aborto es la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ella se pronunció a favor del bienestar y del respeto de los derechos de las mujeres, y reprobó los matrimonios forzados que ocurrieron en la Montaña alta de Guerrero, de los cuales se supo el año pasado, pero nada de la discusión actual.

La búsqueda de la despenalización ocurre en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, la última por agravio comparado, que evidencia la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar un riesgo para su salud.

Hay otro indicador alarmante que también podría denotar el gran problema que se vive en el estado a causa de un aborto, provocado o espontáneo: la mortalidad materna.

En este 2022 Guerrero en crecieron las cifras de mortalidad materna en comparación con 2021 y 2020, de acuerdo con los registros del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Desde el inicio del año hasta la primera semana de mayo, que es el último registro que hace público el Observatorio de la situación en el país, han registrado 230 casos de mortalidad materna, y Guerrero ocupa el tercer lugar en ese registro de casos, con 16.

En el 2021, durante el mismo rango de tiempo, el estado registró la mitad de casos de muerte materna, es decir, ocho, y un año antes, en el 2020, en el mismo lapso de tiempo contabilizaron sólo seis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) federal, quien emite un boletín semanal en el que muestra la estadística de muertes maternas en el país –cifras que coinciden con los del Observatorio–, precisa que las muertes maternas pueden ser por 16 causas, una de ellas es el aborto. En ese listado esta causa ocupa el quinto sitio.

Guerrero casi por tradición ha ocupado los primeros lugares en muertes maternas, situación siempre vinculada a la falta de acceso a la salud, pero poco vinculado al aborto como un derecho negado a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que las lleva a practicarlo en condiciones insalubres.

En la entidad no hay una estadística oficial sobre las muertes por aborto, sus causas y consecuencias, hasta ahora las han denunciado feministas organizadas en colectivos, porque son quienes acompañan a otras mujeres, muchas adolescentes y niñas, que se han practicado abortos o los han tenido espontáneos y enfrentaron procesamientos legales.

Este miércoles, por ejemplo, la feminista Viridiana Gutiérrez Sotelo, en conferencia de prensa, expuso que en la última semana –mientras se debate la despenalización del aborto en Guerrero– llegaron a ella y otras feministas solicitudes de seis  mujeres, entre ellas dos menores de edad, para que les ayuden para acceder a la interrupción de su embarazo.

En esta conferencia de prensa, las feministas alertaron que una de las violencias que está extremadamente ligada al aborto son las cifras crecientes de violencia sexual contra las mujeres en el estado.

De acuerdo con el registro de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) que publican en su página web, sólo en el 2021 hubo 200 denuncias formales por abuso sexual. Es importante insistir en que estos casos son sólo de las denuncias presentadas en los Ministerios Públicos.

La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo

La representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, tiene claro el panorama de las mujeres que se enfrentan a un aborto por la causa que sea.

Del 2010 al 2013, de acuerdo con los registros de la activista, es la época que supo de casos de mujeres sentenciadas por homicidios en razón de parentesco, es decir, por un aborto.

Junto con otras activistas solicitaron, en ese entonces, a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República), que les dieran un informe de las mujeres que estaban en las cárceles detenidas y procesadas, para saber los delitos Se dieron cuenta que había detenidas por homicidio en razón de parentesco.

Junto con la representante del entonces Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo Salgado, la activista y sus compañeras también visitaron los reclusorios y se dieron cuenta que, además, sus procesos eran irregulares.

Pidieron apoyo a las integrantes de la Asociación Civil de Guanajuato Las Libres, quienes lograron la libertad de algunas mujeres que estuvieron en una situación similar. El abogado de ellas les colaboró para la liberación de cuatro mujeres detenidas por homicidio en razón de parentesco, dos de Chilpancingo y dos de Tlapa.

Una de las mujeres se trata del caso emblemático de Adriana Manzanares, la me’phaa que estuvo presa durante siete años. La habían condenado por 22 años, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.

Garfias Marín, de manera personal, acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, solicita apoyo al Fondo María, que apoya a las mujeres que deciden abortar, que de acuerdo a los estudios socioeconómicos que toman vía telefónica costean sus pasajes, y también solicita apoyo a la organización Marie Stopes, una clínica de aborto legal y seguro en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal desde el 2007.

“Se ha combinado la cuestión de la pobreza (motivo de la práctica del aborto), la otra ha sido de manera de voluntaria deciden interrumpir su embarazo, como no han tenido los recursos para pagar a un médico particular quienes cobran 20, 25, 30,000 pesos. Las han apoyado (organizaciones como Fondo María) con el pasaje y un familiar que les acompaña”, precisó la feminista.

Dos violaciones sexuales y dos embarazos

En el 2012, una niña de una comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, fue violada por su tío y quedó embarazada. Estaba por cumplir los 12 años.

La madre de la menor la llevó a la Agencia del Ministerio Público (MP) para interponer la denuncia. En el MP la mamá solicitó le concedieran la interrupción del embarazo a su hija, quien tenía apenas dos meses de gestación, porque, además de que era una niña abusada, tenía un problema de desnutrición. El riesgo para su salud era mayor, pero les negaron esa posibilidad y la menor siguió con el embarazo.

Un día sintió la necesidad de ir al baño y tuvo un aborto espontáneo.

Después de un año y medio, contó la activista, la niña sufrió otra violación sexual por otro tío, también hermano de su papá. Ahora su madre se negó a interponer la denuncia, porque la primera vez no les hicieron caso, nadie fue detenido.

La menor quedó embarazada otra vez, pero ahora sus padres la corrieron de su casa. Se refugió en casa de Garfias Marín con apoyo de Silvia Castillo, otra activista.

Tampoco interrumpió su embarazo. La niña parió a su bebé en casa de la activista que la acompañó en todo el proceso personal y legal, pero la madre de la menor llegó hasta ahí y se la llevó a la fuerza junto con el bebé. Garfias Marín no volvió a saber de la menor y de su hijo.

En el tiempo que estuvo la niña con su bebé, ella se negó a verle la cara y a amamantarlo.

Los últimos dos acompañamientos que ha dado Garfias Marín son del año pasado, a dos mujeres que solicitaron su apoyo para interrumpir su embarazo. Las canalizó a la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, y monitoreó todo su proceso.

Después de todo lo que ha visto, la activista consideró que es momento de sacar de la clandestinidad el derecho de las mujeres a decidir. Es importante, mencionó, que las diputadas y los diputados tomen en cuenta que negarse a que se reforme el Código Penal para que las mujeres elijan, es abrir las posibilidades para que ellas continúen muriéndose.

Despenalizar el aborto, aclaró, no obliga a las mujeres a abortar, significa que aquella que lo decide tendrá las condiciones de un aborto seguro y gratuito en un hospital.

Mortalidad materna, menores de edad y aborto

La organización Raizubia da seguimiento puntual en el tema de mortalidad materna en Guerrero, aunque ahora las y los integrantes no tienen una estadística sobre la relación de los abortos y la mortalidad materna, sí tienen claro el panorama de esta relación.

La secretaria general de la organización, Nayeli Rodríguez Flores, en entrevista, informó que los casos de muerte materna tienen una relación estrecha en el embarazo adolescente, como la muerte por aborto.

La muerte materna por aborto, dijo, es más reincidente en mujeres jóvenes, en adolescentes, al mismo tiempo que se relaciona con otro fenómeno, el matrimonio infantil, una práctica que aun cuando no es de ahora, se visibilizó por casos públicos en la Montaña alta del estado a finales del año pasado.

Rodríguez Flores ha acompañado a unas 10 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, también las canaliza a la Ciudad de México. Consideró que algunos motivos de las mujeres para practicarse un aborto son la precaria situación económica y por asuntos psicológicos.

Guerrero está en un momento histórico, precisó, donde los legisladores tienen la oportunidad de hacer historia y generar acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres y, sobre todo, para garantizar la reducción de la violencia de género.

La moneda está en el aire, el próximo miércoles se sabrá si en Guerrero por fin se despenaliza la interrupción del embarazo y, finalmente, a las mujeres se les otorga el derecho de decidir con libertad sobre sus cuerpos.

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