Inicia otra mega operación de fuerzas federales en Chilpancingo para frenar la violencia

Texto: ​Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Unos 300 agentes de la Guardia Nacional (GN) se desplegaron en la capital como parte de una nueva operación del gobierno federal para frenar la violencia.

Esta es la tercera operación en su tipo, en los casi nueve meses que lleva el gobierno de la Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa capitalina Norma Otilia Hernández Martínez, ambas del partido Morena.

Los patrullajes por las calles de la GN en esta capital iniciaron este martes a cuatro días que se registró el último hecho de violencia con el incendio de tres unidades de transporte público y los asesinatos de dos personas.

Los de la Guardia arribaron a las instalaciones del 50 Batallón de Infantería y después del pase de lista iniciaron su recorrido en diez camionetas y siete camiones.

El grupo portaba armas largas y en cada una de las camionetas llevaba una metralleta artillada.
Varios fotorreporteros fueron invitados para que realizaran un recorrido en una de las patrullas.

Uno de los primeros puntos que visitó un grupo de agentes fue el mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, en donde hace menos de un mes hombres armados asesinaron a balazos a dos distribuidores de pollos.

Días después de este hecho fue asesinado otro distribuidor de pollos, su hija y cinco de sus trabajadores en una granja ubicada en la comunidad de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo.

Esta situación obligó a los dueños de más de 50 locales de venta de este producto a cerrar sus establecimientos durante tres días.

Desde hace 30 días, la violencia en esta capital sigue a la alza a pesar de que hace dos semanas la alcaldesa morenista del municipio, Norma Otilia Hernández Martínez, dio a conocer el arribo de cien elementos de la Marina.

Durante la madrugada del pasado viernes 1 de julio individuos armados incendiaron una camioneta Urvan de transporte de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec.

Esto ocurrió en la calle Francisco Mier Terán, en la colonia Morelos, en esta capital.

Ese mismo día a las siete de la mañana, otros sujetos quemaron un autobús de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Colotlipa, estacionado en la lateral sur-norte del boulervard Vicente Guerrero.

Durante la tarde fue incendiada otra camioneta de transporte público que conduce a Chilapa.
En los tres hechos delictivos no se registraron víctimas.

Durante la presentación de los 300 agentes de la Guardia Nacional, un mando señaló que los elementos provienen de diversos estados del país como Puebla, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León y Ciudad de México.

«Vienen a realizar tareas de seguridad y a combatir todos los delitos del orden del fuero común y del fuero federal», expresó.

El operativo se llama Fuerza de Tarea Conjunta en México, precisó.

La IX Región Militar informó que los 300 elementos de las fuerzas federales vienen a apoyar a los tres niveles de gobierno, en su labor de proporcionar seguridad a la ciudadanía de la capital y de las diferentes comunidades.

«Es con el objeto de reducir la incidencia delictiva que actualmente se presenta en este municipio», indicó el comunicado.

El primer despliegue de militares y GN, durante este periodo de la morenista, fue en noviembre del 2021; el segundo, fue hace apenas dos semanas con cien elementos de la Marina.

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Colectivos de víctimas de familiares de personas desaparecidas durante la década de los setentas pidieron al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de su propuesta, que tiene la venia presidencial, de colocar en letras de oro a los militares abatidos en combate durante el periodo conocido como guerra sucia.

En conferencia de prensa, este martes los representantes de los colectivos hicieron un pronunciamiento dirigido a Sandoval González para, entre otras cosas, desista y pida disculpas por lo dicho el pasado 22 de junio durante el inicio de actividades conjuntas entre la Comisión de la Verdad (Comverdad), y el Ejército para abrir sus cuarteles y archivos.

Sandoval González dijo en esa ocasión que los militares caídos en aquella etapa serán homenajeados.

“Es un agravio y una ofensa para las victimas enaltecer a los perpetradores como si fueran héroes nacionales”, mencionó Octaviano Gervasio Benítez, representante del Colectivo de grupos de desaparecidos de la guerra sucia.

“Por eso pedimos al secretario se retracte de su propuesta de enaltecer a los perpetradores”.

Además de la petición de que el secretario se retracte, los colectivos piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación y presidente de la Comverdad, Alejandro Encinas Rodríguez, una serie de peticiones que garantice a las víctimas y familiares un acceso pleno a la justicia.

Los colectivos pidieron que a los trabajos de la Comverdad se sume la Secretaría de Marina (Semar), para que explique el tema de los vuelos de la muerte, donde supuestamente a través de aviones tiraron en el mar a activistas desaparecidos desde entonces.

También pidieron incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), para comenzar a judicializar los casos y después la creación de una Fiscalía Especial para los casos sucedidos durante la guerra sucia y poder enjuiciar a los perpetradores y que las entrevistas a los perpetradores sean realizadas por ministerios públicos y no por historiadores.

“Hasta que cada perpetrador sea presentado a la justicia vamos a estar en paz, ya basta de actos protocolarios que fomentan la impunidad“, mencionó Gervasio Benítez quien comentó que su padre fue desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia en Atoyac.

Los colectivos también denunciaron el enfoque que la Comverdad a las investigaciones y anunciaron que ellos no quieren un informe o un libro, como pretenden, lo que piden es castigo a los culpables.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), las victimas directas durante la guerra sucia ascienden a 542 personas, pero los colectivos dijeron que a través de sus propias indagatorias ellos contabilizan alrededor de 1,200.

A tres años del gobierno de López Obrador, los colectivos piden justicia y concluyeron que la ola de violencia y desapariciones que generan los grupos del crimen organizado se debe a que sucesos como la guerra sucia continúan impunes.

 

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Con marcha intengrantes de la OCSS piden liberación de presos políticos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) marcharon por las principales calles de Chilpancingo y protestaron en la residencia oficial de Casa Guerrero para exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La OCSS pide la liberación de cuatro presos políticos, tres de ellos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas.

Antes de comenzar la marcha la dirigenta de la OCSS, Norma Mesino Mesino, dijo que no existe voluntad del gobierno de Evelyn Salgado Pineda para apoyar en la liberación de los cuatro presos políticos encarcelados en distintas partes del país.

Los cuatro presos que piden su liberación son: Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino.

Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.

Norma Mesino explicó que en el caso de Gerónimo Hernández Refugio,»cumple 20 años preso el próximo mes de diciembre, y debería haber voluntad por parte de la gobernadora de lograr su liberación».

En lugar de buscar un mecanismo para su liberación las autoridades penitencisrias lo enviaron a Chiapas, donde estuvo un mes incomunicado y posteriormente lo trasladaron al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Fue por la labor de sus abogados que ya está de regreso en el Cereso de Chilpancingo.

En el caso de Orlando Avila Mesino, el abogado interpuso recurso denominado incidente de libertad, pero los jueces negaron dicho incidente, a pesar de que se tuvo una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Orlando fue detenido en 2011, por los mismos delitos por los que fue detenida su hermana Rocío Mesino quien fue absuelta por el delito de secuestro.

Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad de los cuatro presos políticos.

De acuerdo con Norma Mesino, Gilberto Aguirre Bahena cumplió 20 años el pasado 18 de mayo, «el compañero ya debería de estar en libertad, porque sus falsos testimonios fueron a base de tortura; él está condenado a 40 años”.

Y finalmente en el caso de Antonio Barragán Carrasco, Norma Mesino contó que “él fue torturado por Eduardo Gallo y Tello, con todo el respaldo de (Genaro) García Luna, en ese entonces secretario de Seguridad Pública; Gallo mismo entraba a torturarlo, a pesar de que se dice defensor de los derechos humanos, pero eso es falso”.

Los integrantes de la OCSS exigen una audiencia con la gobernadora desde el pasado 26 de junio que realizaron un plantón, en el marco del 27 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, ese día agendaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, para el día 29 de junio. Reunión que les fue cancelada horas antes.

Norma Mesino dijo que si en los próximos días no hay una respuesta favorable se instalarán en huelga de hambre.

La marcha de de la OCCS, acompañada por el Sindicato de Protección Civil y Bomberos culminó en Casa Guerrero, donde después de una amenaza de desalojo por parte de la Policía Estatal fueron antendidos por el secretario general de Gobierno quien dijo que los atenderá el día de mañana.

 

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Una indemnización no sería justicia para las víctimas de la guerra sucia

En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)

30 de junio de 2022

Chilpancingo

 

El activista Ventura Reyes Urióstegui denunció la intención del gobierno federal de indemnizar a las víctimas y familiares de la guerra sucia.

Calificó esa acción como algo mínimo y dijo que se necesita justicia y que el Estado diga dónde están los desaparecidos.

Por parte de la Comisión de Atención a Victimas de la Violencia (CEAV), y de la Comisión de la Verdad, hay un programa que se puso en marcha el pasado 11 de febrero, en Guerrero, para indemnizar a familiares y victimas de la guerra sucia.

En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.

Explicó que para lograrlo se requiere considerar los ideales y causas que motivaron a los movimientos guerrilleros y, “en un proceso de reconciliación tenemos que poner por delante las razones por las que luchamos y la disposición del régimen para crear las condiciones y hacer realidad esos ideales”, explicó.

Se conoce como guerra sucia a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano.

Ventura Reyes consideró que además de la justicia y la presentación con vida de los desaparecidos se necesitan crear las condiciones para lograr los objetivos que el movimiento guerrillero abanderó.

Sobre la propuesta presidencial de abrir los cuarteles para revisar los archivos del Ejercito, Ventura Reyes consideró que es una pérdida de tiempo para las víctimas, porque el Estado sabe dónde están.

“Fueron los cuerpos de seguridad quienes se los llevaron (a los desaparecidos), por órdenes del gobierno en turno. Querer meter a las víctimas a hurgar en los archivos del Ejercito es un engaño más, porque así no van a encontrar la verdad”.

Respecto a su propuesta de reconciliación Ventura Reyes apuntó que se necesita entablar un diálogo y llegar a acuerdos con todas las partes, el gobierno, el Ejercito e integrantes de los movimientos guerrilleros para deslindar responsabilidades de quienes tomaron las decisiones y las estrategias de guerra.

De acuerdo con Ventura Reyes se necesita deslindar responsabilidades y castigar a los culpables para que haya justicia y las instituciones se fortalezcan con instrumentos de justicia, política y economía más justas.

Agregó que de parte de las víctimas y familiares hace falta más organización para hacer una exigencia de justica más amplia, consensuada e incluyente.

“Lo cierto es que no se ha hecho un esfuerzo por definir y fijar posicionamientos consensuados, frente a las diferentes aristas del tema”, mencionó.

Respecto a la propuesta del presidente de homenajear a los militares fallecidos Ventura Reyes dijo que no se puede tomar partido a favor de los perpetradores.

“El Ejército y el presidente están en su derecho de reconocer a los militares y agentes caídos, pero al hacerlo, se asumen como parte beligerante. De manera institucional deben estar del lado de la ley y de la justicia, al calificar los acontecimientos en cuestión”.


Irma perdió a su bebé después de ser golpeada por su expareja; fue sentenciada a 40 años de prisión y hoy busca amnistía

En 2005, Irma perdió a su bebé tras ser golpeada por su pareja, quien argumentaba que ella la engañaba. Irma quedó presa y fue condenada a 40 años de cárcel. Ahora, busca quedar en libertad.


Texto: Dalila Sarabia  / Animal Político

Fotografía: Especial

 

Hace 17 años, la madrugada del 22 de febrero de 2005, Irma Rafael Esquivel, en ese entonces de 25 años, fue golpeada por su entonces pareja quien la tiró de la cama, la tomó del cabello y la arrastró rumbo a una barranca colindante a la casa en donde vivían en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Irma estaba embarazada, a días de tener a su tercer hijo.

Zenaida, la madre de Irma, cuenta que ya en la barranca la expareja de su hija la golpeó, se subió en ella y siguió agrediéndola. A raíz de ello le hizo perder al niño,argumentando que “él no quería ese engendro” porque, de acuerdo con Zenaida, toda su familia le había llenado la cabeza con ideas de que Irma, con quien ya tenía dos hijos -un niño de 4 años y una niña de 3 años-, lo engañaba.

Sin la presencia de un abogado, a Irma se le tomó su declaración en el hospital a donde su mamá la llevó para recibir atención médica. Horas después fue trasladada al Centro Preventivo de Readaptación Social Ixtlahuaca y meses más tarde fue condenada a 40 años de cárcel por el homicidio de su bebé.

Han pasado 17 años desde aquella madrugada. La expareja de Irma tramitó inmediatamente un amparo y desapareció. De acuerdo con Zenaida, nunca volvió al pueblo, mientras que Irma suma años en la cárcel -en los que no pudo ver crecer a sus hijos- pagando por un delito que ella no cometió.

“Su proceso está concluido totalmente. Ya hubo una sentencia, ya se apeló la sentencia, ya hubo un amparo que fue negado. Las tres instancias que tendríamos posibilidad de buscar están agotadas, concluidas y perdidas”, explica la abogada de Irma, Leticia Fernández, de la Fundación Mujeres Construyendo.

La publicación de la Ley de Amnistía del Estado de México en enero de 2021 representó un aliciente para darle trámite a este tipo de casos en los que se han violado los derechos fundamentales.

La madre de la víctima contó que al revisar el expediente, las abogadas advirtieron que a ella se le tomó su declaración en el hospital sin la presencia de un abogado. De hecho, supuestamente es ahí cuando Irma se declaró culpable, por lo que las defensoras consideran que esto constituye una violación a sus derechos.

Desde la aprobación de la Ley de Amnistía estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha recibido 3 mil 224 solicitudes. De estas, 305 han sido peticiones de mujeres.

En entrevista, la presidenta de la Codhem, Myrna García, detalló que mil 169 expedientes han sido concluidos y el resto se encuentra en estudio.

En el último año la Codhem ha emitido cuatro pronunciamientos favorables a mujeres privadas de su libertad que han resultado en la liberación de tres de ellas. El cuarto caso fue turnado al Tribunal de Justicia estatal para que lo analice y emita una resolución.

“El bebé está muerto”

Zenaida, de 60 años de edad, y quien quedó a cargo de sus nietos, no ha podido visitar a su hija desde hace dos años. Primero por la emergencia sanitaria por COVID-19; y  ahora por falta de dinero, ya que Irma fue trasladada al Reclusorio Femenil de Tepozanes, en Nezahualcóyotl.

En entrevista telefónica con Animal Político, Zenaida rememora la tragedia ocurrida en la madrugada del 22 de febrero de 2005.

“Viene este fulano (la expareja de Irma) y me dice que mi hija no está, que posiblemente se había ido con otro wey. Yo le dije: no, Abel, a mí se me hace que tú le hiciste algo porque ¿a dónde se va a ir a estas horas de la noche?”, recordó la mujer.

La casa de Zenaida estaba como a un kilómetro de distancia de donde Irma vivía con su pareja y sus dos hijos, por lo que de inmediato la mujer salió rumbo al lugar para buscar a su hija y ver a sus nietos. Su sorpresa fue que al llegar encontró todas las pertenencias de Irma: su bolsa, sus zapatos y su chamarra.

Zenaida entró, salió y regresó varias veces al domicilio. Preguntó a los vecinos y familiares que vivían en las cercanías si habían visto a Irma, pero nadie tenía noticias… otros ni siquiera le abrieron la puerta.

“Hasta la tercera vez que fui a su casa, mi nieto, que en ese entonces tenía 4 años y meses me dijo: ¿buscas a mi mamá, abuelita?, ten una lamparita”.

Zenaida no entendía qué sucedía y por qué su nieto le estaba dando una lámpara de baterías. Inmediatamente, la entonces pareja de Irma tomó la lámpara y salió caminando rumbo a la barranca que estaba a unos 400 metros de distancia. Ella no lo siguió porque se quedó con sus nietos.

Al poco rato, él regresó a la casa. Estaba sentado en la sala y respiraba con dificultad, parecía que había hecho un esfuerzo grande. Zenaida salió del cuarto en donde estaba con los niños para rogarle que le dijera qué había pasado con su hija.

“Cuando veo hacia la puerta ahí estaba mi hija, tenía la mirada perdida; veía sin ver. Yo vi que mi hija se moría (…) en ese momento yo pensé que le había pegado y que estaba a punto de perder a su bebé. Le dije a él que me dijera qué había pasado, le pregunté por el bebé y él me dijo que estaba muerto”, narró la mujer.

De inmediato, Zenaida le pidió que prendiera el carro y las llevara al hospital. Cuando llegaron, él se fue argumentando que tenía que ir a su trabajo a pedir permiso para faltar. Esa fue la última vez que se le vio.

“Las lesiones que tenía mi hija le llegaban hasta el muslo, algo cruel que hicieron con ella. Había un charco de sangre y el doctor me dijo que no la podía atender, que necesitaba la ayuda de un ginecólogo”.

Mientras Zenaida esperaba que atendieran a su hija, al hospital llegaron unos policías que le preguntaron si conocía la barranca de Santa Cruz. Ella asintió y los llevó a ese lugar.

De acuerdo con lo que recuerda, ella y las autoridades revisaron el lugar dos veces, pero no encontraron nada más que un charco de sangre. Fue hasta la tercera ocasión, en unas grietas, cuando encontraron una bolsa plástica; el bebé estaba dentro.

Cuando las autoridades preguntaron quién iba a reclamar al bebé, Zenaida y su familia decidieron no hacerlo, por lo que la familia de la entonces pareja de Irma fue quien lo reclamó.

La mujer quiso llevarle flores, ver dónde estaba sepultado el bebé, pero nunca supo dónde lo enterraron o qué hicieron con el cuerpo.

Zenaida asegura que Abel, expareja de su hija, se juntó con su familia para pagar un abogado y lograr ampararse.

“Después de víctima que era mi hija terminó siendo la responsable… desgraciadamente terminó siendo ella quien pagara por el homicidio de mi bebé (su nieto)”, reclamó Zenaida entre lágrimas.

“Quise defender a mi mamita”

Unos 20 días después de todo lo sucedido; y cuando Irma ya estaba en prisión señalada por el homicidio de su bebé, Zenaida recuerda que estaba dándole de comer a sus nietos cuando el mayor le dijo: “abuelita, yo sé por qué mi mamá no está”.

Según Zenaida, el niño le narró con  lujo de detalle lo que ocurrió esa madrugada.

“Mi papá la tiró de la cama, la jaló del cabello y se la llevó a las espinas, porque por ahí hay mucho nopal; yo quise defender a mi mamita, le pegué a Abel con el palo de la escoba, pero él se quitó el cinturón y me pegó, me dijo que me durmiera”.

La familia de Irma buscó la posibilidad de que el relato del menor pudiera ayudar a liberar a su madre; sin embargo, el abogado les informó que eso no sería posible por ser menor de edad.

“La opinión del médico no contó, ni sus lesiones, nadie la escuchó…”, reclama Zenaida.

“Pido me ayuden, fue una injusticia lo que hicieron con ella porque aparte de haber perdido a su hijo que todavía no había nacido, perdió a los otros chiquitos que se quedaron solos. Si no me los hubiera traído yo, ¿dónde hubieran quedado mis nietos?”

“Mi hija está pagando por un delito que no cometió, pero hay un Dios y tarde o temprano la justicia divina los ha de alcanzar”, sentenció Zenaida.

En busca de la amnistía

La abogada Leticia Fernández y la Fundación Mujeres Construyendo, a la cual pertenece, alistan la presentación del expediente directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que en el ámbito de sus facultades analice el caso y emita un pronunciamiento a favor de Irma.

“Tenemos que centrarnos en el área de competencia estatal porque es un delito del fuero común y por tanto solo tendrán competencia las autoridades del Estado de México”, subrayó Fernández.

En entrevista, la titular de la Codhem, Myrna García, explicó que desde la Comisión se dieron a la tarea de hacer una interpretación sistémica de esta ley y otros ordenamientos para entender claramente cuál era el objetivo de los legisladores con respecto a la amnistía y cuál era el papel que desempeñaría el organismo a su cargo.

Al revisar la legislación advirtieron que la fracción 12 del artículo 4 de la Ley hacía mención de la atribución que tenían para pronunciarse y hacer recomendaciones de amnistía a personas que están privadas de su libertad y a quienes se les violaron sus derechos humanos o se les violó el debido proceso, por lo que comenzaron con el trabajo de recepción y análisis de expedientes.

“(Esta atribución) nos permite que cierta exclusión, que cierta desventaja de cierto grupo de personas se mire con un distinto crisol y como una nueva oportunidad para reconstruir una vida”, subrayó García.

Desde que llegó a la presidencia de la Codhem, en agosto de 2021, han estado en posibilidad de pronunciarse de forma positiva por la amnistía de tres mujeres que estaban en prisión por delitos de alto impacto.

Las tres mujeres han sido liberadas y se tiene un expediente con opinión positiva que se envió el 1 de junio pasado al Poder Judicial del Edomex para que lo valore y en su caso, como en los otros tres, conceda amnistía a una cuarta mujer.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Policías despedidos protestan para exigir reistalación

 

Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
31 de julio de 2022
Chilpancingo

Policías estatales despedidos durante la pasada administración estatal de Héctor Astudillo Flores protestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación.

Los agentes se colocaron fuera de la puerta del edificio público. Los acompañaron sus esposas e hijos.

«Esposas e hijos exigimos justicia por los 176», decía una pancarta de la cónyuge de un policía.

Los agentes despedidos acusaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de negarse a acatar la resolución del juez de distrito que ordenó sus reinstalaciones.

En junio del 2017, la Secretaría de Seguridad Pública destituyó a más de 150 policías estatales que pararon labores y marcharon en la Autopista del Sol para exigir el pago de bono de riesgo, incremento del monto del seguro de vida, uniformes, patrullas, chalecos antibalas y renovación de armamento.

Asesorados por un grupo de abogados, los agentes interpusieron un recurso de amparo ante un juez de distrito de Chilpancingo.

La resolución judicial fue favorable a los policías, quienes solicitan su reinstalación y pago de salarios caídos.

El gobierno del estado no les ha dado ninguna respuesta porque, al parecer, apeló la resolución del juez federal
En esta semana, en dos ocasiones, los agentes acompañados por sus familiares protestan afuera del Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con Salgado Pineda.

 

Incendian otras unidades de transporte público en Chilpancingo

Texto : Amapola Periodismo

Fotografía: redes 

Chilpancingo 

 

Durante la madrugada y la mañana de hoy, hombres encapuchados incendiaron una camioneta Urvan y un autobús de transporte público que prestan el servicio a distintas rutas foráneas y que tienen su base en Chilpancingo.

Por informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se supo que casi a la una de la mañana, en la colonia Morelos, en la base de las camionetas Urvan de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec, personas encapuchadas incendiaron una de sus unidades.

Personal de Protección Civil y de Bomberos llegaron para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran hacia otras unidades de transporte.

El incendio provocó que decenas de vecinos de las calles en la que está ubicada esta base de transporte público foráneo saliera de sus casas.

La FGE reportó que a las 7:10 horas un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron por la fuerza al chofer de un autobús de transporte público de la ruta Chilpancingo-Colotlipa que circulaba en el carril norte-sur del boulevard Vicente Guerrero.

Posteriormente y ante decenas de testigos, los individuos rociaron de gasolina la unidad y le prendieron fuego. Bomberos y personal de Protección Civil llegaron pero sofocar el fuego. El autobús quedó hecho chatarra.

La dependencia difundió como versión oficial que estos ataques tienen que ver con la rivalidad de dos grupos delictivos que llevan enfrentándose hace semanas en Chilpancingo y que han cometido asesinatos en distintos puntos del municipio. Este tipo de versiones son las que suelen dar las instituciones sobre diferentes hechos de violencia en varios puntos de Guerrero.

La noche del martes 28, unas personas incendiaron un autobús y tres camionetas que circulaban en el libramiento Chilpancingo-Tixtla. Las cuatro unidades quedaron con orificios de bala. En este hecho no hubo víctimas.

Durante una conferencia de prensa del miércoles pasado, el vicefiscal Ramón Ayala Gamboa dijo que todos los hechos de violencia que se han generado en las últimas semanas en Chilpancingo y en la vecina comunidad de Petaquillas se deben los desencuentros entre los grupos criminales de Los Ardillos y Los Tlacos.

En todo este asunto, el gobierno estatal siguen sin dejar claro cuáles sus acciones institucionales para evitarlo, como parte de las responsabilidades del Estado que tiene todo un aparato de seguridad.

Hace tres semanas asesinaron a ocho personas, entre ellos tres distribuidores de pollos que provocó el cierre de establecimientos que distribuyen este producto en distintos mercados de esta capital durante tres días por el temor de sufrir alguna agresión.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ambas del partido de Morena, dieron a conocer que en las calles de Chilpancingo hay 100 elementos de la Marina realizando patrullajes para garantizar la seguridad de los habitantes. El municipio tiene más de 283,000 habitantes.

La violencia en esta ciudad continúa.

Desde el jueves Pineda Salgado está fuera de Guerrero porque acompaña en sus diversas actividades oficiales al presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Una llamada que no llega: los veracruzanos Yovani, Jair y Misael podrían estar entre los migrantes muertos en tráiler de Texas

1 de julio, 2022
 

Los habitantes del pueblo de San Marcos Atexquilapan en Naolinco, Veracruz, realizan una procesión por las calles, las imágenes religiosas y los rostros de Yovani, Jair y Misael encabezan el contingente. Desde que sus familias se enteraron que existe una alta posibilidad de que se encontraran en un tráiler donde 53 migrantes murieron y 15 más fueron hospitalizados, las oraciones no han parado.

Yovani tiene 16 años, su hermano Jair 20, y su primo Misael 16; los tres buscaban llegar a Estados Unidos tal como lo han hecho otras muchas personas de su pueblo para tener una mejor vida. Pero lo último que sus familias supieron de ellos fue un mensaje el lunes 27 de junio donde avisaban que iban a salir en un tráiler con rumbo a San Antonio, desde allí sus celulares no han vuelto a recibir los WhatsApp y sus tres primos que los esperaban en Texas nunca tuvieron contacto con ellos.

La noticia de que esa misma tarde un tráiler había sido localizado en San Antonio, Texas, con 67 migrantes hacinados de los cuales 51 estaban muertos- y dos más fallecieron en hospitales-, corrió como pólvora en el pequeño pueblo de apenas mil 700 habitantes que se dedican casi por completo a realizar calzado de piel. Muchas y muchos se apresuraron a mostrar su apoyo a la familia Olivares y desde entonces los rezos no han cesado debajo de la carpa negra que se instaló afuera de las casas de las familias.

Yolanda Olivares, mamá de Yovani y Jair, dice que ella solo quiere tener certeza sobre si sus hijos se encontraban en el tráiler y tuvieron un desafortunado desenlace, pero las autoridades no han sabido darle una confirmación oficial, por lo que han pedido a sus familiares de Estados Unidos que se muevan entre hospitales y dependencias, e inclusive pidieron que a ella les brinden los documentos para pasar al país vecino a hacer su propia búsqueda.

Yovani y Jair Valencia Olivares junto con su primo Misael Olivares se dedican, como casi todo Naolinco, un municipio en la zona montañosa central del estado de Veracruz, a la elaboración de calzado de piel; pero el dinero que obtienen les resulta insuficiente para pagar sus gastos y más con la pandemia que el precio de la materia prima ha incrementado mientras que las ventas han disminuido. Por eso muchos jóvenes migran a Estados Unidos y los vecinos cuentan que tan solo en la última semana han sido más de 20.

Por eso Misael tuvo que dejar la secundaria. Cuando empezó la pandemia le pedían tomar clases por internet pero no podía para pagar el servicio y optó por dedicarse a tiempo completo a cortar y coser la piel, lo que implica estar de pie o sentado todo el día mientras que la espalda duele, cuenta su mamá, Hermelinda Montero.

Como los ingresos seguían siendo insuficientes, Misael se sumó a la idea de irse a Estados Unidos para cumplir sus sueños: construir la barda trasera y así evitar que la casa de sus papás se inunde.

Al principio su mamá se negó. Pero no era la primera vez que salía del pueblo ya que frecuentemente trabajaba en otras ciudades como comerciante para completar el gasto y como sus primos y muchas otras personas se habían ido sin problemas a Estados Unidos, finalmente aceptó.

Cuando se fue, los adoradores nocturnos del Santísimo de la iglesia de San Marcos, se quedaron sin un integrante pues él era un ferviente devoto y parte de ese grupo que reza una vez a la semana y en días festivos. Por eso mientras peregrina su fotografía lleva la insignia roja y blanca que identifica a ese grupo, insignia que portan también las personas que cargan los cirios y encabezan los cantos para pedir por su bienestar.

Yovani y Jair, igual que su primo, eran religiosos. Al igual que él trabaja en el calzado entre semana y los fines de semana iban a la iglesia y a jugar futbol. Su abuelo Balbino les inculcó los tres gustos y les enseñó a hacer bien los tres.

El equipo en el que todos jugaban ganó el torneo pasado, cuenta el abuelo orgulloso, mientras muestra una fotografía de ellos y sus otros nietos con playeras del Chivas, el equipo favorito de la familia.

Pero el lugar donde esa foto fue tomada, en el que juegan cada fin de semana está a 20 minutos en carro y en ocasiones se les dificulta encontrar como llegar, por eso es que el sueño de Jair era ganar el dinero suficiente en Estados Unidos para construir su vivienda y comprarse un coche.

“Juntos se van y juntos regresan”

Jair les dijo que sus metas las lograrían cuatro años y entonces volvería a su pueblo. Así todos fijaron ese plazo.

“Decían que juntos se van y juntos regresan”, cuenta Balbino.

Ahora lamenta que no sabe cómo van a regresar, mientras pasa momentos de resignación creyendo que estaban en ese tráiler aunque no han sido notificados oficialmente y otros de fe en los que espera que regresen con bien.

El director de atención a migrantes del estado de Veracruz, Carlos Escalante Igual, señaló que se encuentran intentando averiguar las identidades de las víctimas veracruzanas en el tráiler, puesto que no han tenido confirmación de Estados Unidos pero que enviaron la documentación de la familia, quienes desde que se enteraron de la noticia se acercaron a su dependencia.

Desesperación 

Las familias están desesperadas. Ellas solo piden tener noticias y que sean pronto. Por eso colocaron un altar que estuvo unas horas fuera de la casa y otras al interior, con las fotografías de los tres.

“No tenemos ninguna información sobre ellos y yo siento que eso no es justo”, dice Yolanda, quien ya está cansada y sin dormir durante días.

Ella, cuenta, ya pensaba que todo el problema había terminado porque en la última comunicación sus hijos ya estaban en Estados Unidos y únicamente les faltaba el trayecto final. Pero ahora solo queda el silencio y la incertidumbre.

Hace tan solo unos días le empacó como única identificación posible su certificado de secundaria a su hijo Yovani esperando no tener que recurrir a ella y que, como le hicieron sus tres primos, hicieran esa llamada que tanto esperan aun recibir en la que les dicen que están bien y a salvo, en el lugar que los esperaban.

Pero pasan las horas y esa llamada no llega. Lo único que llega son las mil preguntas sin respuestas sobre lo que está pasando y el recuerdo de lo alegre que son sus hijos, lo sonriente que se fue Yovani y lo cercanos que ambos son.

Mientras llegan las noticias, decenas de familias del pueblo llegan a la casa, prenden veladoras y rezan por los jóvenes que hace menos de un mes empezaron a pensar en su viaje, un viaje que esperan no haya sido el último.

Varios niños entre seis y 10 años llegan a la tienda a pedir una veladora, les faltan 50 centavos para completar los cuatro pesos que les cuesta, pero le piden fiado al tendero porque le cuentan que ellos desean prenderla porque quieren que Yovani, Jair y Misa estén bien. Ellos se van con su veladora para encenderla.

“La fe es lo último que se acaba”, dice Yolanda.

 

Dirigente de UPOEG reconoce que autodefensas están infiltradas

Texto: ​Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
30 de junio de 2022
Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, reconoció que la policía comunitaria está infiltrada y pidió a las autoridades que realicen las investigaciones y quienes tengan responsabilidad se proceda contra ellos.

«Nosotros como UPOEG que aunque estamos fuera de la ley somos una garantía de estabilidad social y si en esta organización hay gente infiltrada por el tema de las drogas lo separamos», afirmó el líder de las autodefensas que ofreció una conferencia de prensa en Chilpancingo.

Plácido Valerio dijo que no conoce a Alexander «N» alías El Conejo, que este miércoles fue detenido junto con tres mujeres cuando bloqueaban la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco; aseguró que no a su agrupación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ubica a El Conejo como parte del grupo delictivo de Los Rusos que tiene presencia de Marquelia, Florencio Villarreal, San Marcos y hasta una parte de Acapulco, zona en la que comete varios delitos.

El bloqueo que encabezaba este miércoles Alexander «N» fue para exigir la liberación de Jesús Calleja Clemente y de otros siete autodefensas que fueron detenidos por el Ejército y la Guardia Nacional después de un enfrentamiento a balazos en Marquelia, según la Fiscalía.

Plácido Valerio propuso que en el caso de Marquelia, en donde fue detenido Jesús Calleja y otras siete autodefensas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un peritaje para establecer quien realizó el disparo al aire durante estos hechos .

«Para nosotros no hubo ningún enfrentamiento y que haya un debido proceso, para que no haya un abuso de autoridad sobre ellos (los detenidos), sólo eso», expresó.

Plácido Valerio afirmó que la detención de Calleja Clemente tiene que ver con los hechos del pasado 4 de mayo, cuando éste encabezó la retención de los elementos de la Marina en Marquelia y amenazaron a uno de los mandos de las fuerzas armadas con colgarlo en un puente.

En esa ocasión, el alcalde de ese municipio, Lincer Casiano Clemente, intervino ante las autodefensas para que los marinos fueran liberados.

«Es un mensaje de que aprendas a respetar», dijo Plácido Valerio en referencia a la detención de los ocho policías comunitarios de Marquelia, de los cuáles tres siguen heridos.

Calleja Clemente aún permanece en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, pero en las próximas horas será trasladado al penal de Acapulco.

La UPOEG se fundó en el 2013, durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Plácido Valerio tuvo todo el apoyo de ese gobierno para hacerlo. En ese periodo el sistema de seguridad comunitario hasta entonces más sólido de Guerrero, el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la que Plácido Valerio también fue fundador, atravesó la mayor de sus rupturas.

Por las amenazas que Plácido Valerio recibía supuestamente de los grupos criminales, el gobierno de Aguirre Rivero le otorgó medidas cautelares con custodia de agentes estatales y, se supo, dos camionetas blindadas. Pero en un documento de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Plácido Valerio aparece que tiene en resguardo siete vehículos.

Otro de lo dirigentes de estas autodefensas que tenía asignadas dos camionetas blindadas era Ernesto Gallardo Grande, quien fue asesinado durante una emboscada en octubre del 2020. El líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Pueblos Fundadores (PF), Jesús Plácido Galindo, quien es sobrino de Plácido Valerio, aparece con una camioneta blindada bajo su resguardo.

«Yo tenía dos camionetas que me asignaron por las medidas cautelares, pero ya las regresé», comentó Plácido Valerio.

Exhiben en alameda de Chilpancingo serie fotográfica del movimiento de 1960

Esta actividad de memoria fotográfica organizada por activistas son parte de la celebración del aniversario 104 del nacimiento del luchador social Pablo Sandoval Cruz, quien falleció hace dos años


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez 

Chilpancingo

 

Activistas y organizaciones sociales realizaron una exposición fotográfica en la Alameda Granados Maldonado para recordar el movimiento estudiantil de 1960, en el que fueron asesinadas 20 personas durante un mitin para exigir la autonomía del Colegio del Estado.

“La exposición tiene como fin rescatar la memoria histórica del estado y de la Universidad que actualmente se está perdiendo por las nuevas generaciones”, mencionó Roberta Campos, integrante del Comité de solidaridad del 60 y organizadora del evento.

La exposición que se puede apreciar cerca del monumento a los caídos del 60 cuenta con fotos de distintos momentos de la huelga estudiantil, donde aparecen personajes emblemáticos como el doctor Pablo Sandoval Cruz y Genaro Vázquez Rojas, además de los retratos de las 20 personas asesinadas por el Ejército el 30 de diciembre de 1960.

Las fotos fueron tomadas por los fotógrafos Saúl López López y Eva Salmerón.

El Movimiento estudiantil-popular de 1960 en Chilpancingo correspondió a una serie de movilizaciones realizadas entre los meses de octubre y diciembre de 1960, convocadas por el Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Colegio del Estado, que junto con una gran cantidad de grupos de estudiantes universitarios pedían la autonomía del Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), e hicieron estallar una huelga general el 21 de octubre de 1960.

Durante octubre y diciembre los estudiantes realizaron una serie de movilizaciones con el respaldo de numerosos sectores sociales de la ciudad y el estado. El movimiento culminaría con la masacre de alrededor de 20 personas por parte de tropas del Ejército el 30 de diciembre en la alameda Granados Maldonado y la caída del gobernador Raúl Caballero Aburto.

A la exposición se acercó Habdiel, un hombre que con mucho detenimiento veía las fotos, y cuando se le preguntó su opinión de la exposición mencionó que él fue estudiante cuando sucedió la huelga estudiantil.

“Yo tenía 20 años y cursaba el tercer grado de la preparatoria, ahí en el edificio docente, cuando pasó lo de la masacre”, comentó.

Por el cubrebocas y la gorra que llevaba no se distinguía su rostro, pero contó detalles de participación con la voz entrecortada.

Habdiel formó parte de una comisión encargada de recolectar víveres a la Sierra de Chilpancingo el día de la masacre, “Cuando regresé ya habían matado a mis compañeros”, dijo.

Cuando se le preguntó más sobre los hechos del 30 de diciembre, Habdiel terminó la entrevista. Sólo agregó: “ya no puedo responder, perdón”. Lloró. Después se retiró.

Monumento a los caídos del 60, sitio de memoria

Durante la presentación de la exposición Roberta Campos exigió a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilio Hernández Martínez, respetar los monumentos históricos y su importancia para la memoria histórica.

Esto porque en el lugar donde se realizó la exposición hay 20 columnas que representan a cada una de las personas asesinadas y en dos de ellas el ayuntamiento colocó dibujos infantiles, con el objetivo de colocar juegos en esa zona del parque.

“Si la alcaldesa quiere hacer fiestas y parque está bien, pero este no es el lugar, se tiene que respetar nuestra historia”, mencionó Roberta Campos.

Agregó: “Nos ha costado mucho trabajo hacer que este lugar se respete y a través de gestiones con otros alcaldes hemos logrado que coloquen lámparas, que se mantengan limpias las columnas y el monumento para que ahora vengan y nos tumben todo”.

En ese momento personas que acompañaron a Roberta Campos quitaron las calcomanías de las dos columnas.

La exposición la realizaron por el aniversario 104 del nacimiento del luchador social Pablo Sandoval Cruz, quien participó en el movimiento estudiantil del 60 como padre de familia y siempre fue cercano a los movimientos sociales de izquierda en Guerrero. Falleció el pasado 22 de enero de 2020 a los 102 años de edad.

Después de inaugurar la exposición los asistentes al evento fueron a rendirle un homenaje a Pablo Sandoval en el panteón central de Chilpancingo.

 

Trabajadora doméstica desaparecida desde hace dos semanas, una de las víctimas halladas en la cisterna

Cinco años de la AVG por violencia feminicida y ningún revés


Texto: Beatriz García
Foto: Amílcar Juárez 
Chilpancingo

Dania Itzel, de 29 años, era trabajadora del hogar y madre de familia, vivió en un municipio alertado por violencia feminicida, donde las autoridades debieron parar esta situación. Este miércoles su cadáver fue identificado junto al de otra mujer, Mireya, en Chilpancingo; ambas fueron asesinadas.

La violencia encarnada hacia las mujeres desde hace años en el estado originó que el 23 de junio del 2016 activistas feministas solicitaran la alerta ante Instituto Nacional de Mujeres (INM), porque Guerrero llevaba años con una violencia sistemática hacia las mujeres. El estado ocupó uno de los primeros tres lugares a nivel nacional en violencia feminicida durante el periodo 1984-2010.

El 22 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la AVG en Guerrero. Los municipios dentro de esa alerta son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala. Posteriormente se sumó Chilapa.

Han pasado cinco años y la violencia feminicida en Guerrero no para. El martes pasado dentro de una cisterna de agua localizaron tres cadáveres, el de dos mujeres y un hombre, los tres asesinados, de acuerdo a los reportes policiacos del estado.

El hallazgo se dio en la colonia Indeco, cerca de un centro de salud.

Este miércoles los familiares de Dania, Mireya y el otro hombre identificaron sus cadáveres.

Dania formaba parte de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar en Guerrero, lo confirmaron sus compañeras de organización.

Esta Red nació en el estado en 2001 por un grupo de mujeres que trabajaban haciendo quehaceres domésticos en casas, con el objetivo central de velar por sus derechos laborales y humanos: pagos justos y seguridad social, y no permitir ninguna violencia.

Dania tenía 29 años y la última vez que sus familiares supieron de ella fue el pasado 14 de junio. Ese día fue a su trabajo quien cuidaba a una persona de la tercera edad, de acuerdo a la ficha de Alerta Alba y a la información publicada por las integrantes de la Red vía Facebook.

Los familiares de Dania reportaron su desaparición el 22 de junio, día que las autoridades ministeriales hicieron pública la ficha de desaparición.

Ese 14 de junio, antes de su desaparición, Dania habló a una de sus hijas y le dijo que más tarde la vería en su casa, lo confirmó una de las integrantes de la organización de mujeres, quien no quiso dar más detalles para no entorpecer las investigaciones sobre el asesinato de su compañera.

Mireya, de 33 años, es la otra víctima asesinada localizada dentro de la cisterna. Casualmente la última vez que sus familiares supieron de ella fue el mismo día que desapareció Dania, el 14 de junio, pero interpusieron la denuncia formal el 24 de junio, y por ella también se activó la Alerta Alba.

Desde la Red de Mujeres exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda justicia y que no quede impune el asesinato de su compañera empleada del hogar.


Dos AVG en Guerrero y la violencia feminicida sigue

Con dos AVG en Guerrero la violencia feminicida no para
Dania vivía en uno de los ocho municipios alertados por violencia de género, pese a las medidas impuestas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), las autoridades no han parado la violencia en los últimos cinco años.

El miércoles de la semana pasada se reunieron las integrantes del Grupo interdisciplinario para dar seguimiento a las alertas con la gobernadora y representantes de dependencias como la CONAVIM, la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tienen ver con el cumplimiento de las alertas.

En esta reunión se determinó que en la primera alerta por violencia feminicida las 21 medidas para combatir este problema no se cumplieron, compartió la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM) e integrante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, Marina Reyna Aguilar.

Entre las 21 medidas están las acciones de prevención, pero cuando ya existe una violencia extrema se debió garantizar el acceso a la procuración y acceso a la justicia, que le corresponden la FGE y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Para las integrantes del Grupo interdisciplinario “hay mucha impunidad en el estado”, porque además en el tema de procuración no se hace adecuadamente el trabajo, es decir, las carpetas de investigación a cargo de la FGE no cuentan con elementos contundentes y suficientes para que el TSJ tenga elementos para determinar la culpabilidad de quienes son señalados de cometer el delito.

En esta reunión, el Grupo interdisciplinario exigió se focalizar el trabajo de la Fiscalía y el Tribunal, porque en cinco años de que se enunciara la primera alerta no hubo resultados objetivos.

Las autoridades hicieron actividades al respecto, no duda Reyna Aguilar, pero cree que sin ningún impacto ni avances.
Las actuales autoridades del estado tienen una tarea próxima: presentar el programa de trabajo de ambas alertas, una vez que se tenga se tiene que dar seguimiento.


Blindan FGR en Chilpancingo por detención de líder de la UPOEG

Fuera de la FGR hay al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal custodian las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde desde este martes están en calidad de detenidos el líder de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Jesús Calleja Clemente y otros cuatro de sus integrantes.

Calleja alías «Chucho» y otros cuatro de la UPOEG además de tres más que están internados para que los curen de sus heridas en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, fueron detenidos después de enfrentárseles a balazos a las fuerzas de seguridad este martes en la tarde en Marquelia, en la región de la Costa Chica.

El grupo de autodefensas detenidos fueron trasladados de Marquelia a esta capital del estado en un helicóptero de la Marina.

Al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército están fuera de las oficinas de la FGR en labores de vigilancia.

En las calles de Chilpancingo también se observaron patrullajes de las fuerzas federales y estatales.

Sentados en una de las banquetas que están fuera de la Fiscalía, una de las familiares del dirigente de las autodefensas, Jesús Calleja, informó que éste recibió golpes cuando fue detenido y que hasta el momento ninguna autoridad le han permitido verlo personalmente.

«No fue un enfrentamiento como dicen porque los policías comunitarios solo llevaban palos»; ¿a poco eso es un enfrentamiento? preguntó la señora.

Fuera de la delegación estatal de la FGR, había otras mujeres que desde la mañana de este miércoles llegaron a estas oficinas para tratar de ver a sus familiares detenidos que, según una fuente, rendían su declaración ministerial y que es posible que en las próximas horas sean trasladados a un penal de máxima seguridad.

La señora que se identificó como familiar de Jesús Calleja, mencionó que desde hace días el Ejército y Guardia Nacional ya realizaban patrullajes en Marquelia.

«Ya andaban sobre la policía comunitaria la cual tiene el respaldo de comisarios municipales y comisariados ejidales de los pueblos», señaló la mujer que vive en Marquelia.

Desaloja policía a comerciantes ligados a la UPOEG que bloqueaban vías en Acapulco

Este miércoles a las once de la mañana, policías estatales desalojaron a comerciantes que bloqueaban tres avenidas de Acapulco para exigir la salida del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Durante el desalojo en la avenida costera Miguel Alemán, Caleta y Puerto Marqués las fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres y un hombre quienes recibieron golpes.

La protesta es después que el Ejército Mexicano se enfrentó a tiros con un grupo de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) deteniendo a su líder y a otros siete más de esta organización en Marquelia, en la región de la Costa Chica.

Este miércoles desde las nueve de la mañana los prestadores de servicios y comerciantes empezaron a bloquear las vías y dos horas después fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.

En las pancartas que tenían los manifestantes se leían consignas contra el Ejército, Marina y la policía estatal.

Durante el bloqueo los inconformes fueron apoyados por un grupo de transportistas que tienen vínculos con la UPOEG.

Este martes en la tarde luego de la detención de las autodefensas en Marquelia, transportistas bloquearon más de dos horas en al menos diez vialidades de este puerto y en diferentes tramos de la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, Oaxaca.