Texto: Itzel Urieta Fotografía: Congreso del Estado 29 de noviembre del 2023
Chilpancingo
Durante su comparecencia ante comisiones legislativas en el Congreso local, la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, evitó responder de manera clara y contundente cuestionamientos sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
Pino Girón respondió a las diputadas y diputados con datos que ya se conocen y que pertenecen a otras dependencias gubernamentales.
La comparecencia de la funcionaria no fue ante el pleno, si no ante comisiones legislativas, junto con la secretaria del Bienestar estatal, Maricarmen Cabrera Lagunas.
Cuestionaron a Pino Girón sobre los datos que hay respecto a hechos de violencia contra la mujer, como los feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados.
Al iniciar la comparecencia, la diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, solicitó a la secretaria de la Mujer información sobre cuáles son los nueve municipios alertados con mayor índice de violencia en contra de las mujeres.
Además preguntó sobre los resultados del programa para erradicar los matrimonios forzados.
Pino Girón respondió sobre los matrimonios forzados que se tienen estrategias focalizadas principalmente en comunidades indígenas y participan ayuntamientos y autoridades comunitarias.
La secretaria de la Mujer al comparecer ante comisiones en el Congreso local.
Sobre los municipios más violentos para las mujeres dijo que son Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa, los mismos que tienen la Alerta de Género activa.
La perredista Patricia Doroteo Calderón cuestionó sobre las cifras de desaparición de mujeres y cuántas personas ya fueron castigadas por ello.
La secretaria dijo que se tiene el conocimiento de que una persona acusada de desaparición ya fue detenida, enjuiciada y encarcelada.
«Nosotros estamos en contacto directo con todas la dependencias, en este caso con el Poder Judicial y la Fiscalía (General del Estado) porque finalmente es responsabilidad de la Fiscalía dar investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables».
Agregó que acompañan a las victimas a través de varios programas.
El perredista Raymundo García Gutiérrez preguntó sobre «los avances en materia de igualdad de género; los resultados y datos de las evaluaciones de las políticas, planes, programas y medidas ejecutadas para eliminar todo tipo de discriminación de las mujeres».
Pino Girón respondió que existe un programa denominado Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género que se enfoca «en apoyar a las distintas dependencias en integrar en las políticas públicas la perspectiva de género».
El dato que faltó y que no fue cuestionado por las diputadas y diputados fue el tema de los feminicidios que, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, se contabilizaron en lo que va del año 70 casos.
Cifra que contrasta con los datos de algunas asociaciones en defensa de las mujeres que mencionan que en lo que va del año ocurrieron 118 feminicidios.
Al final, la mayoría de los cuestionamientos fueron a la secretaria del Bienestar.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
En un contexto de violencia contra las mujeres, el destino las convirtió en víctimas indirectas, pero ellas decidieron ser defensoras y acompañantes en busca de justicia. En lugar de hacerse pequeñas por el dolor y la desgracia, se han hecho grandes por la fortaleza de su andar, con el que iluminan a muchas, muchas otras mujeres en Ciudad Juárez, y todo México
Texto: Blanca Carmona / La verdad
Fotografía: La verdad
17 de octubre 2023
Las de Paula Flores Bonilla y Julia Caldera Chávez son historias paralelas de lucha para que haya justicia en la tierra de los feminicidios: Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sus hijas adolescentes fueron desaparecidas y asesinadas hace más de dos décadas.
En el continuo contexto de violencia contra las mujeres de esta ciudad, ubicada en la línea fronteriza con Estados Unidos, Paula y Julia pasaron de ser amas de casa, a mujeres que han impulsado cambios en la lucha contra el feminicidio y han acompañado a otras que sufren lo mismo que ellas.
Con su búsqueda, Paula y Julia abrieron camino a los rastreos en paisajes desérticos, al combate a la impunidad, a la denuncia de negligencias y obligaron a abrir investigaciones contra fiscales. Además, han contribuido en la creación de protocolos estandarizados que actualmente se utilizan para la investigación del feminicidio en México.
Paula y su familia fueron quienes promovieron el uso del icónico símbolo del feminicidio: la cruz negra sobre un fondo rosa, y ella cofundó el primer colectivo de familiares de víctimas de desaparición y homicidio en la frontera de Juárez, y posiblemente en el país.
Por su parte, Julia logró establecer un precedente para que las madres de otras víctimas exijan que los estudios de ADN se realicen fuera de la Fiscalía de Chihuahua y logró la inclusión de antropólogos forenses externos.
Ambas son en un ícono de la lucha por la justicia en los feminicidios en Ciudad Juárez, y marcaron un camino a seguir para otras mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas.
PAULA, UNA VOZ QUE DEMANDA JUSTICIA
Paula Flores Bonilla mamá de María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 1998, durante la audiencia pública en la Comisión Interamericana en septiembre de 2019. Fotografía: CIDH/Cortesía
Paula nació en el estado de Durango. Tres años antes de la desaparición y el asesinato de María Sagrario emigró junto con su esposo e hijos a Ciudad Juárez, a donde llegaron con el propósito de mejorar sus vidas en la tierra de las maquiladoras.
María Sagrario González Flores fue la cuarta de seis hijas y un hijo. Ahora, ya con algunas canas en su cabello largo, Paula tiene también 11 nietos.
María Sagrario era catequista y cantaba en el coro de una iglesia en la colonia donde vivía, en Lomas de Poleo, un asentamiento irregular, con calles de tierra y arena, y casas de construcciones sencillas, ubicado al poniente de Ciudad Juárez. El 16 de abril de 1998 salió por última vez de su casa, tenía 17 años. Nunca más la volvieron a ver con vida.
Trece días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado en un paisaje semidesértico el Valle de Juárez –una zona que conforma parte de Ciudad Juárez, así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe– lugar en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar desde 2010.
En los primeros días la familia de María Sagrario se unió en un trabajo incansable para encontrarla con vida, y posteriormente en demanda de justicia.
Irma Pérez Franco y Bertha Márquez, mamás de Olga Alicia Carrillo Pérez y Adriana Torres Márquez, respectivamente, jóvenes que también habían sido asesinadas, fueron de las primeras en acercarse a Paula.
Aunque no contaban con muchas herramientas, a las tres mamás las unió el anhelo de justicia y se organizaron para ir a pegar pesquisas -fichas de búsqueda-, manifestarse e irrumpir en la entonces Procuraduría de Chihuahua, hoy Fiscalía, a exigir avance en las indagatorias. Así nació el colectivo “Voces sin Eco”, en marzo de 1999.
Debido a que las fichas de búsqueda colocadas en distintos rumbos de la ciudad eran retiradas casi de inmediato por las autoridades, a Guillermina, la hermana mayor de María Sagrario y representante legal de Voces sin Eco, se le ocurrió utilizar pintura: sobre un fondo rosa pintó una cruz negra, en postes y otra infraestructura pública.
“A Guille se le ocurrió un símbolo, un símbolo porque las pesquisas tienen doble intención: la obvia, si una persona reconoce pueda dar datos que lleven el paradero de la persona que está desaparecida. Pero también tienen la intención de que la gente sepa que hay personas desaparecidas, que se visibilice la desaparición de personas. Entonces Guille pensó en un símbolo y ella hizo la propuesta de la cruz negra con un fondo rosa y abajo decía Justicia”, explica Ivonne Mendoza Salazar, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), un organismo que ha acompañado a mamás de víctimas de desaparición y feminicidio.
En febrero de 2005, con información aportada por Paula y su familia, fue detenido uno de los responsables de la violación y homicidio de María Sagrario, José Luis Hernández Flores,
Paula recuerda que durante años estuvieron llevando datos a las autoridades investigadoras. “Básicamente nosotros, la familia, hizo la investigación”.
El 4 de abril de 2006, José Luis Hernández fue sentenciado a 29 años de cárcel por los delitos de violación y homicidio de María Sagrario, pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizándose la realización de nuevas diligencias para identificar a otros dos posibles responsables, así como una reconstrucción del crimen que evidencie las inconsistencias de la investigación.
JULIA, UN ACTIVISMO COLECTIVO
Julia. Fotografía: Blanca Carmona
Con 62 años, Julia es madre de siete hijos y abuela de 17 nietos, pero siente haber rejuvenecido. Lo afirma con alegría, pues con mucha frecuencia le comentan que se ve más joven.
De ojos pequeños y una mirada profunda que se asoma detrás de sus anteojos, la mujer transmite una paz interior que asegura nace de su fe, que la mantiene firme en la lucha de justicia para María Elena y con fuerza para apoyar a otras mamás de víctimas de feminicidios.
María Elena Chávez Caldera desapareció el 20 de junio del 2000. Las autoridades tardaron 15 días en iniciar la búsqueda, y el cuerpo de la adolescente se localizó cuatro meses después en un predio baldío.
Este año se cumplieron 23 años de su desaparición y asesinato, desde entonces Julia tomó el rumbo del activismo. “Voces sin Eco” fue la primera organización que la apoyó en la búsqueda de su hija.
La entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), mostró inconsistencias en la identificación de María Elena. Inicialmente le entregó resultados falsos a Julia, al decirle que el cuerpo recuperado no correspondía al de su hija y posteriormente le informó que sí se trataba de María Elena.
Julia exigió la intervención de antropólogas forenses externas a la Procuraduría: “Les dije que yo no iba a recoger los restos hasta que hubiera un ADN positivo, si era mi hija. Si no, la iba a seguir buscando como desaparecida. Para esto, los restos de ella duraron cuatro años en el Semefo, cuatro años hasta que un ADN dio positivo y fue cuando la sepultamos”.
“Pero yo no estuve conforme con eso…. Porque si los primeros salieron negativos, por qué después de cuatro años salen positivos. Yo no estuve conforme… pedí una exhumación como cuatro meses después de sepultar los restos y esos estudios los hicieron las antropólogas argentinas, duraron tres meses para llegar el resultado, y me dieron un resultado positivo”, recuerda Julia.
La identificación oficial se hizo el 5 de diciembre del 2005. Cinco años después de la localización del cadáver de María Elena.
Julia convirtió su vivencia en una enseñanza que marcó un precedente, para que las madres de otras víctimas exigieran que los estudios de ADN se realizaran fuera de la Fiscalía de Chihuahua.
“Se va formando ese precedente de que si el Estado no tiene credibilidad, tiene obligación de hacer contratos fuera de sus dependencias para darle certeza a las familias de que los resultados son reales, de que no están manipulados o que no son erróneos”, explica Ivonne Mendoza.
Al igual que la familia de María Sagrario, Julia y sus hijos investigaron qué le había sucedido a María Elena y estuvieron aportando datos a las autoridades. Once años le llevó a la Procuraduría aprehender al responsable del homicidio, Irineo Quezada Peña.
Él estuvo preso casi el mismo número de años. Un juez penal lo sentenció a 9 años y seis meses de cárcel, Julia se inconformó y el Ministerio Público interpuso un recurso legal, después un tribunal de segunda instancia lo condenó a 15 años de cárcel, pero salió cuatro años antes de cumplir esa condena.
Julia volvió a pedir que se solicitará una revisión. “Nos quedamos con las manos cruzadas, no… estoy esperando respuesta”, dice Julia al explicar que se interpuso una apelación y aunque Irineo va a cumplir un año libre, ella no va a claudicar y espera justicia.
“Dos, tres veces me quedé sin sentido, casi me moría, pero al ver a mis hijos yo reaccionaba, me tengo que levantar, tengo que seguir, tengo que hacer algo por ella y por ellos que me están viendo”, expresa con firmeza.
JUNTAS POR JUSTICIA
Algo que ha caracterizado a las madres de mujeres asesinadas es la conciencia social de solidaridad hacia otras familias, que las ha llevado a impulsar tareas de prevención y de visibilización de la violencia de género.
A finales de los años 90 e inicios del 2000, en Ciudad Juárez no se hablaba de los derechos humanos de las mujeres, ni de feminicidios. Fueron las madres de las primeras víctimas las que salieron a manifestarse incluso fuera del país.
“Ellas son las que han ido siempre a la vanguardia, fueron las primeras que salieron a manifestarse en contra del feminicidio y en contra de la respuesta del Estado, que era negar los hechos y culpar a las víctimas”, menciona Mendoza.
Las madres impulsaron la creación de una Fiscalía Especializada de la Mujer, tiempo después surgió en esta frontera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres en Ciudad Juárez, en el sexenio de Vicente Fox, y el esquema se hizo a nivel nacional.
En 2007, Paula y Julia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres cometidos entre 1995 y 2003, en un contexto de violencia basada en el género.
Las denuncias se presentaron junto a las de otras cuatro familias, entre ellas la de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada cinco años antes que María Elena, su prima, con la asistencia del CEDIMAC y la organización Robert Kennedy Human Rights (RFK).
En septiembre del 2017, la CIDH admitió el caso 13377 correspondiente a María Sagrario González Flores, de 17 años, hija de Paula; María Elena Chávez Caldera, de 15, hija de Julia; Silvia Elena Rivera Morales, de 17; la niña Brenda Berenice Delgado Rodríguez, de 6; Cecilia Covarrubias Aguilar de 16 y su hija de apenas 24 días de nacida; y Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20.
Al respecto, la CIDH emitió un informe y una serie de recomendaciones a las autoridades, luego de analizar violaciones a los derechos de las víctimas a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías y protección judicial, a la honra y dignidad, a la familia, los derechos de la niñez e igualdad ante la ley.
En 2019, Paula Flores participó en demanda de justicia para su hija, las demás víctimas y sus familias en una audiencia temática ante la CIDH, realizada a solicitud de las organizaciones que las representan, para aportar nuevos datos y mantener el interés del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en estos feminicidios, 21 años después del crimen de su hija.
“Ella se sentó en un lugar muy especial ahí, y yo estuve haciéndole preguntas para ayudarla a continuar con su relato, para relatar los hechos en los que asesinaron a su hija y también lo que viven las familias después de estos hechos, lo que les revictimizan las autoridades del Estado, la falta de justicia” relata Mendoza, de CEDIMAC.
“La presidenta de la Comisión se solidarizó con ella y se comprometió a que el caso se moviera más rápido para llegar al informe de fondo, pues cumplió con eso porque también era uno de nuestros objetivos hacer que la Comisión ya tomará una decisión pues estábamos desde el 2007”, expone Ivonne Mendoza.
NO VAMOS A PARAR
Paula observa las fotos de sus hijas, María Sagrario (derecha) fue desaparecida y asesinada en 1998, en Ciudad Juárez. Fotografía: Blanca Carmona
Para Paula, su hija “no es un archivo”, porque “mientras yo siga viva y siga pidiendo justicia ella sigue viva, no físicamente, pero vive en mi corazón”, afirma la mujer que actualmente trabaja limpiando casas en El Paso, Texas, y se da el tiempo de acompañar casos de feminicidio.
Con su experiencia, ayuda también en las gestiones para recuperar el cadáver de su ahijada, Norma Beatriz González Navarro, asesinada en 2020 en el estado de Oaxaca.
Aunque no es abogada y no está muy consciente de toda la aportación con su lucha de justicia en el tema del feminicidio, Paula ha podido advertir las irregularidades de autoridades de ese estado del sur del país y dar acompañamiento a la familia de su ahijada para que su crimen no quede en impunidad.
“No vamos a parar hasta que veamos justicia tanto con mi hija, y se les haga justicia a las demás niñas -dice por su parte Julia-, porque nosotras como víctimas indirectas de lo que pasó debemos apoyarnos y continuar, no parar, porque si así moviéndonos no pasa nada, nos quedamos sentadas (y) se les olvida lo que pasó”.
“Si yo la veo salir de la casa caminando y que me la regresen en un ataúd, eso es un dolor grande. Yo no le deseo a nadie que le pase eso y el proceso larguísimo, el caminar en la búsqueda, en la búsqueda de ellas, en la búsqueda de justicia, es desesperante”, dice Julia, quien confiesa que su fe en Dios la mantiene con fortaleza para apoyar a otras mamás que pasan por el dolor de perder a una hija de una forma violenta.
“Aprendí a moverme, aprendí a hablar, a exigir justicia, porque no vamos a pedirles nada, vamos a exigirlo”, afirma.
Este reportaje forma parte del proyecto #NoSomosVíctimas, de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, financiado por la Embajada Suiza en México.
La mañana de este jueves fue asesinada una mujer en el tianguis del Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, con su caso suman 14 mujeres asesinadas con presunción de feminicidio en los últimos seis meses en Chilpancingo, de acuerdo con datos de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (Agcvim).
A través del Monitor de violencia de género y feminicidios en el estado de Guerrero, la Agcvim contabiliza hasta hoy, 20 de julio, 69 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidio.
De esos 69 casos, 18 ocurrieron en Acapulco, los 14 en Chilpancingo y ocho en Iguala.
En Chilpancingo, abril fue el mes que más homicidios contabilizó el Monitor de Violencia de la Agcvim, con seis casos.
En todos estos casos, las autoridades judiciales siguen sin dar a conocer los avances en las investigaciones para que las familias accedan a la justicia.
El asesinato de hoy ocurrió en el área del mercado denominada como el tianguis, que está afuera del edificio, en la parte alta; cerca de las doce del día reportaron al número de emergencias 911 sobre un ataque armado en el lugar.
Los elementos de seguridad se movilizaron y arribaron al tianguis y hallaron el cadáver de Sandra “N”, de unos 35 años, con varios disparos de arma de fuego.
Los reportes policiales indican que en la escena del crimen había cinco casquillos calibre 22, que fueron asegurados para la indagatoria.
En la denominada zona del tianguis han ocurrido varios asesinatos. Después del ataque contra Sandra, locatarios mencionaron que la atención médica tardó en llegar.
Después del ataque varios locales cercanos a la escena del crimen cerraron.
Al constatarse el fallecimiento de Sandra llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver a sus instalaciones.
Chilpancingo tiene activas dos alertas de violencia de género, una por Agravio Comparado y la segunda por Violencia Feminicida, está última activa desde 2017.
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
18 de julio del 2023
Chilpancingo
Desde 2017, ocho municipios de Guerrero tienen activa una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y ninguno de ellos ni el goberno estatal, a siete años de distancia, han logrado que las retiren.
Activistas por los derechos de las mujeres reconocieron que sí hay trabajo y disposición de las autoridades, pero la violencia contra las mujeres aumentó en estos años.
«Eso es lo que se tiene que analizar», dijo la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (AGCVM), Marina Reyna Aguilar.
En el caso Chilpancingo, la titular del Instituto Municipal de Igualdad de Género, Blanca Alicia Camacho de la Cruz, informó en la conferencia de prensa matutina de ayer lunes, que el Ayuntamiento capitalino ya cumplió con todos los requisitos para que les sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
«Estamos cumpliendo y alcanzando más de las metas que nos habíamos propuesto y el día 7 (de julio) se entregó toda la documentación debida que acredita que este municipio ha cumplido con todas las medidas de la Alerta y esperamos que nos puedan quitar la alerta, aunque eso ya no depende de nosotros», mencionó Camacho de la Cruz.
La visión optimista del municipio de Chilpancingo no coincide con los datos y opiniones de activistas.
Para Reyna Aguilar, la situación no es tan fácil, porque aun cuando el municipio cumpla con los requisitos, también son otras instituciones, como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, que deben implementar acciones y programas para que la Conavim retire las alertas.
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco.
De acuerdo con la Conavim, el municipio que más ha cumplido en las recomendaciones es Zihuatanejo.
«Los ayuntamientos pueden cumplir con su parte y cumplir con los requisitos que son de su competencia, pero no quiere decir que ya se les va a retirar la Alerta», dijo Reyna Aguilar.
Los municipios que cuenta con la Alerta de Género son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Existe una segunda alerta por Agravio Comparado, la cual establecía como principal acción la despenalización del aborto en la entidad, hecho que se logró el 17 de mayo del 2023.
En el caso de esta alerta son analizados los requisitos secundarios para que pueda ser removida.
Aún no hay fecha para que la Conavim retire ambas alertas.
La activista Emma Cerón Díaz dijo que las instituciones trabajan para el retiro de las alertas, «pero no han cumplido del todo. Por ejemplo, en Acapulco, apenas se está comprometiendo a accionar para quitar la alerta».
Marcha pacifica de feministas en marco del dia Internacional de la Mujer del monumento las bandera a la alameda Granados Maldonado culminando con un festival el 8 de marzo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
Esta tarde fue presentada ante el pleno del Congreso local la iniciativa de ley para tipificar como delito, en grado de tentativa de homicidio, los ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva que cause daño físico a una mujer, a un integrante de las poblaciones LGBTI+ o persona en situación de calle.
Esta iniciativa de ley es parte de una lucha que emprendió la activista por los derechos de las mujeres, María Elena quien que en 2019 fue agredida con ácido por parte de su ex pareja y en ese entonces diputado local de Oaxaca por el PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, para que este tipo de agresiones sean sancionadas.
La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien durante su exposición de motivos dijo este tipo de agresiones son un problema mundial que debe atenderse.
«La problemática a nivel mundial es preocupante, según la ASTI (Acid Survivors Trust International, organización especializada que trabaja con Naciones Unidas), al año se producen al menos 1,500 agresiones de este tipo alrededor del mundo, siendo las mujeres más del 80 por ciento las víctimas», dijo en tribuna.
Esta iniciativa pretende catalogar en el Código Penal del Estado la violencia ácida, «la cual contempla el uso de cualquier tipo de agente o sustancia química corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo ácidos, irritantes, líquidos de altas temperaturas, medicamentos, drogas, gases o cualquier otra sustancia que provoque lesiones y cause daño físico irreversible a una mujer o lo ocasione alguna discapacidad».
La violencia ácida también se tipificaría como tentativa de homicidio, por lo que depende de los agravantes, la pena podría ir de los 13 a los 30 años de prisión.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y para la Igualdad de Género.
Entrevistada antes de la sesión, Calixto Jiménez dijo que espera que los diputados aprueben la iniciativa, porque «al igual que en el tema de de la despenalización del aborto haremos el cabildeo necesario para que la iniciativa pueda ser aprobada, pero de ante mano ya sabes quienes nos apoyan en esta lucha por defender los derechos de la mujeres».
Este texto es patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero
En Guerrero sí existen casos de mujeres agredidas con ácido y otros químicos, pero no son contabilizados de manera oficial porque faltan protocolos y una tipificación como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero, expuso la activista Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM).
Hoy en el Congreso local, a través del panel legislativo contra la violencia ácida, se presentó la iniciativa Malena, una reforma al Código Penal y a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado.
En el panel estuvieron presentes María Elena Ríos y Sandra Montiel, ambas sobrevivientes de ataques con ácido.
Dentro del Código Penal ya existe apartado de lesiones, pero quien ejerza violencia ácida, correspondiente al delito de lesiones calificadas, tendrá penas que empiezan con 13 años.
La iniciativa de ley es propuesta de la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez. Estas reformas pretenden castigar a toda persona que agreda con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva a mujeres, mujeres trans, integrantes de las poblaciones LGBTI+ y personas en situación de calle.
“Sin embargo se establecen algunas agravantes que llevarían a que la pena pudiera ser de hasta 21 años”, mencionó Alejandro Gallardo, secretario técnico de Calixto Jiménez.
Los agravantes que pueden aumentar la pena es que el ataque cause deformidad o daño permanente a cualquier persona, que la agresión sea hacia una persona en situación de calle o sea motivada por orientación sexual o identidad de género; en caso de que la agresión sea motivada por razón de género la pena aumentaría hasta los 21 años.
Los 30 años de prisión serán por los siguientes supuestos; que las lesiones provoquen recersión parcial o total de las mamas, alteración del aparato genital que afecte la vida sexual plena, causen daño físico severo o cause incapacidad permanente para trabajar.
“Con esta iniciativa se pretende reconocer la violencia ácida como un tipo de violencia de género que marca de forma permanente los cuerpos, la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Calixto Jiménez.
La diputada agregó que por la falta de la visibilización de este tipo de violencia no hay una estadística en el estado que permita conocer cifras de cuántas mujeres sufrieron violencia ácida.
Para la activista Elia Moreno del Moral es importante que exista un presupuesto asignado para la realización y, en su caso, aprobación de esta iniciativa.
“Hace falta que se analice el contexto de las agresiones, es por eso que no hay cifras para determinar si en el estado hay mujeres víctimas de violencia ácida”, comentó.
Sobrevivientes narran sus casos
María Elena Ríos, la saxofonista originaria de Oaxaca que sufrió un ataque con ácido de parte de quien fuera diputado del PRI en ese estado, Juan Antonio Vera Carrizal.
El químico provocó quemaduras en 70 por ciento de su cuerpo, motivo por el que se sometió a diversas cirugías.
También emprendió la lucha por la defensa sus derechos y porque su agresor fuera castigado por las autoridades.
“No hay palabras para describir lo que sentí. Es la violencia más extrema que le pueden ejecutar a una mujer. Mis cicatrices son de tercer grado. Las quemaduras carcomieron parte de mis músculos y de mis nervios”, relató.
Derivado de su agresión se volvió activista por los derechos de las mujeres y recorre el país en exigencia de que los ataques con ácido sean sancionados y tipificados como violencia de género.
Sandra Montiel es una mujer trans originaria de la Ciudad de México, hace 22 años sufrió violencia ácida mientras trabajaba como trabajadora sexual.
“Si ahora es difícil acceder a la justicia, imagínense hace 22 años. Sufrí mucha discriminación y transfobia”, recordó Sandra.
A Sandra le lanzaron ácido en un 70 por ciento de su cuerpo, tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado. Sandra se ha sometido a diversas cirugías reconstructivas que ella costeó; nunca detuvieron a su agresor.
Contenido patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Vanessa, quien se formaba como bailarina, es parte de esta estadística; la localizaron, pero sin vida
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
La tarde del 24 de abril, Enya Vanessa, de 16 años, terminó su clase de baile en Estudio BM7, en Acapulco, y salió del lugar entre las 19:30 y 19:40; se dirigía a su casa. La última vez que la vieron fue subiendo la calle Morelos en Acapulco, de acuerdo con información de sus familiares.
Desde el momento de su desaparición, sus familiares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero, de acuerdo con su madre, Ana Bahena, la dependencia tardó mucho tiempo en emitir la ficha de búsqueda.
Ana realizó la denuncia al rededor de las once y media de la noche, la ficha de búsqueda de Protocolo Violeta y Alerta Amber salieron a las dos de la madrugada del 25 de abril.
“En el protocolo de que tráeme 30 fotos y que necesito su acta de nacimiento, sí se fueron unas tres o cinco horas en poderse activar la alerta”, dijo Ana en entrevista.
Otra de las irregularidades cometida por las instituciones fue que al momento de interponer la denuncia y crear la ficha de búsqueda escribieron que la desaparición de la adolescente ocurrió el 23 de abril; la madre y padre de Vanessa aclararon que los hechos corresponden al 24.
Vanessa cursaba el tercer año en el Colegio de Bachilleres, en Acapulco. Es la hija menor del matriomonio de Julio César Pérez y Ana Bahena.
Su padre la describió como una niña “modesta y sobrada de amor, regular en la escuela y muy querida”.
Uno de los sueños de Vanessa era estudiar baile y convertirse en bailarina profesional y, después, en maestra de baile moderno.
“Asistía a sus clases de baile era su pasión”, recuerda Julio César.
Ya no será maestra de baile. Vanessa fue asesinada. Su cadáver lo hallaron la tarde del 25 de abril en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.
Un día después del hallazgo, sus compañeros la despidieron de su plantel entre llantos, reclamos de justicia y la exigencia de que el feminicidio no quedara impune.
La necropsia arrojó que Vanessa fue asesinada mediante asfixia por estrangulamiento; hasta ahora se desconoce quien cometió su crimen.
La exigencia de su madre y su padre es que la FGE agote todas las líneas de investigación para dar con el paradero del o los asesinos.
Desde el momento que hallaron el cadáver de Vanessa sus familiares han exigido a la FGE se haga justicia por su feminicidio y se castigue al o los responsables.
Hasta el momento, no hay avances en su investigación, de acuerdo con lo expuesto por los padres.
Para la activista feminista Yolitzin Jaimes Rendón la desaparición y posterior asesinato de Vanessa cumple con todos los aspectos para que sea catalogado como feminicidio.
“A Enya Vanesa alguien se la llevó, la interceptó cuando se salía de sus clases de baile el pasado domingo 24 de abril en la colonia Morelos y ese alguien la mantuvo cautiva para después exponerla en un paraje ya asesinada”, mencionó Jaimes Rendón.
“Así se configura un feminicidio, el dolor de una familia que pierde una hija, una hermana, una nieta, una sobrina y el mensaje para todas las demás, esto sucede, esto incrementa, esto te puede pasar, así se configura la violencia feminicida que es también violencia institucional por la inoperancia y la omisión”, agregó.
Antes de hallar el cadáver, Vanessa fue reportada como desaparecida por lo que, de acuerdo al recuento de personas desaparecidas que realiza de manera mensual Amapola, periodismo transgresor, su caso es parte de las 44 personas no localizadas en abril. La mitad de ellas mujeres.
El recuento de desapariciones muchas veces se cruza con los homicidios que también son documentados por este medio.
“Buscar a una niña, adolescente o mujer no se debería reducir a colocar su ficha de búsqueda en las redes sociales de la Fiscalía, no debería pero así le hacen, su juego es siempre lavarse las manos y dejarlo en manos de familiares y sociedad”, dijo Jaimes Rendón.
Los números para mayo no cambiaron, al contrario, aumentó el numero de desaparición de mujeres, 45 de lo 77 casos documentados. De las 121 personas desaparecidas en este bimestre, 67 son mujeres, lo que equivale a un 55 por ciento de la cifra total.
Abril, 44 personas desaparecidas
De los 44 casos de desaparición documentados en abril, 22 son de mujeres; 15 de ellas fueron localizadas.
A Vanessa la localizaron, pero sin vida. La etiqueta de localización, cuando así ocurre, aplica tanto para el caso de personas vivas como fallecidas.
De acuerdo con las distintas categorías de fichas de búsqueda los datos quedaron de la siguieren manera: 12 fichas de búsqueda fueron emitidas por la Alerta Ámber, alerta especializada en la desaparición de menores. Tres fichas de búsqueda de la Alerta Alba, especializado en mujeres desaparecidas, al igual de de la Alerta Violenta, donde documentaron 11 mujeres no localizadas.
En el caso de Has visto a, alerta que dedican para reportar a hombres desaparecidos, en abril fueron reportados 18 no localizados.
Estas desapariciones ocurren principalmente en la región de Acapulco, con 24 casos; en la región Montaña, con cinco y zona Centro, con cuatro.
Aumentan desapariciones en mayo
En mayo las cifras aumentaron casi al doble: 77 personas desaparecidas, de las cuales 45 fueron mujeres y 32 hombres.
De esas 45 mujeres desaparecidas 28 fueron localizadas y 17 continúan desaparecidas.
En el caso de los hombres, de 32 desaparecidos, ocho fueron localizados y 24 continúan desaparecidos.
Acapulco, como región, concentra 23 casos de personas desaparecidas; le siguen la región Centro, con 19 casos, distribuidos en Chilpancingo, Chilapa y Eduardo Neri, y zona Norte con nueve casos, concentrados en Iguala, Teloloapan y Taxco.
Ante la necesidad de descentralizar la información sobre la interrupción legal del aborto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres inició una campaña denominada Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, en Tlapa de Comonfort, municipio de la Montaña.
Esta campaña tiene como objetivo brindar información sobre el aborto a las mujeres y personas gestantes.
Como parte de la campaña, realizaron un mural en uno de los lugares más transitados de Tlapa, en dicho mural se lee: ”Abortar es tu derecho». Agregaron los lugares donde las mujeres pueden acudir en caso de querer interrumpir su embarazo, así como números telefónicos a los que pueden acceder que alguna de ellas les dé acompañamiento, también el límite de semanas para un aborto legal, 12 semanas.
De acuerdo con las integrantes de la Red, a un año de la despenalización del aborto, este derecho aún no está garantizado para las mujeres en el estado. La zona de la Montaña, según los registros de la organización, es una región donde hay necesidad infraestructura y material para garantizar el servicio y al derecho de abortar.
“En esta zona muchos centros de salud de primer nivel, municipales y rurales, carecen de las condiciones necesarias para asegurar la garantía de acceso a servicios adecuados. Por tanto, es crucial suministrar insumos como profilaxis, mifepristona y misoprostol, a fin de brindar asesoramiento sobre el aborto en las comunidades donde no existen protocolos de atención establecidos”, mencionó Ana Grabiela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense.
Desde la despenalización del aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 150 mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. “Nos interesa mucho la descentralización de los servicios porque nosotras acompañamos, pero el alcance que tenemos ha sido mayor en redes, pero no todas las personas tienen acceso a redes, por eso decidimos hacer este mural”, agregó Candela Garzón.
Actualmente sólo hay dos módulos de atención al aborto, los cuales están en Chilpancingo, situación que preocupa a las activistas; mencionaron que es complicado para las mujeres de la Montaña viajar hasta la capital del estado por falta de recursos y tiempo.
“Es necesario reconocer los trasfondos que se entrelazan como consecuencia de los embarazos no deseados en nuestra región, como ejemplo, los casos de uniones forzadas infantiles, el abuso sexual, la desinformación, la práctica del incesto y la mortalidad materna. Ante esto, continuamos haciendo énfasis en la necesidad de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud, así como conocer el presupuesto destinado a la atención del aborto”, leyeron en un comunicado.
Esta campaña es iniciativa de la Red para que las mujeres de la zonas más alejadas tengan acceso a la información sobre su derecho al aborto.
“Es lamentable que muchas mujeres aún desconozcan que ya podemos y tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, debido a la falta de difusión y acceso a la información adecuada”.
Llamaron a que las mujeres a las que se les ha negado el servicio de aborto, lo denuncien, porque, dijeron, ya es un derecho y antes de la despenalización ya había causales que permitían abortar.
El aborto fue despenalizado en el estado el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención.
Además de la descentralización, otro aspecto que denunciaron las activistas es la falta de protocolos y estrategias por parte de las instancias de salud para garantizar un aborto seguro.
Agregaron que continuarán pendientes del trabajo de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG).
Fotografía: Captura de vídeo, Facebook: Redacción Noticiosa
Chilpancingo
Familiares y amigos de Maricruz García Margarito, quien fue asesinada en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, protestaron la mañana de este lunes frente al Juzgado de Control de Ometepec en protesta porque la jueza Adelina Adame Morales negó la orden de aprehensión en contra de sus dos presuntos feminicidas.
Los manifestantes denunciaron que el pasado viernes 5 de mayo, la jueza determinó no liberar la orden de aprehensión en contra de Simón y Tiburcio, quienes habrían privado de su libertad a Maricruz el pasado 27 de marzo; cuatro días después fue hallado su cadáver.
Sin embargo, a casi dos meses del feminicidio de Maricruz, hay un detenido, pero se desconoce su identidad.
“Solamente hay un detenido, a la fecha no hay órdenes de aprehensión para los demás culpables. Están identificados, las autoridades sólo se pasan la bolita”, mencionó una familiar de Maricruz.
Noemy García Margarito, hermana de Maricruz, expuso en redes sociales que no entienden los familiares por qué la jueza negó las órdenes de aprehensión contra los otros dos implicados si ya se tenían las pruebas en su contra.
“Sólo nos habló la notificadora para avisarnos que la juez no aprobó la orden de aprehensión en contra de los culpables, siendo que en días pasados ya las había liberado”, contó Naomy en su Facebook personal.
Maricruz desapareció el 27 de marzo cuando salía de su trabajo, acompañada de su cuñada, en una camioneta rumbo a su pueblo, Cuanaxcatitlán.
En Yoloxóchitl, un Tsuru blanco, en el que viajaban tres hombres armados, se le atravesó a la camioneta en que iba Maricruz, la obligaron a bajar y después se la llevaron por la fuerza.
La familia y pobladores de Cuanaxcatitlán realizaron bloqueos durante la desaparición de Maricruz para exigir a las autoridades su aparición con vida.
Después de cuatro días, el cadáver de Maricruz fue hallado entre las comunidades de Yoloxóchitl y Cuanaxcatilán, mancipo de San Luis Acatlán, Costa Chica.
A más de 40 días del feminicidio de Maricruz, sus familiares exigen la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que la jueza les dé información certera del caso y el feminicidio no quede impune.
Durante la protesta, la gente pidió a las autoridades medidas cautelares a los familiares de Maricruz, porque los han amenazado.
Familiares y amigos de Maricruz García, víctima de feminicidio protestaron frente al Juzgado de Control en Ometepec.
Anayeli tenía 15 años cuando fue obligada a casarse con un joven de su comunidad. Anayeli no eligió a su pareja, fue su madre quien decidió con quién uniría su vida.
De eso han pasado dos años.
La historia de Anayeli es una de tantas que suceden en la región de la Montaña de Guerrero, donde cientos de niñas, adolescentes y mujeres son obligadas a casarse con hombres que apenas conocen a cambio de dinero.
La venta de niñas, adolescentes y matrimonios forzados son prácticas que se realizan desde hace muchos años en comunidades de la Montaña.
Anayeli es originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande. Ella no quería casarse y se lo hizo saber a su madre.
Antes de que la familia de quien sería su esposo entregara el dinero para formalizar el matrimonio, Anayeli huyó de su casa. El pago acordado era de 200,000 pesos.
Anayeli es huérfana de padre, lo asesinaron. Su madre se endeudó para los gastos funerarios.
Al ver que no tenía ingresos pensó que la mejor idea para salir de la crisis era vendiendo a Anayeli.
Por resistirse al matrimonio forzado, Anayeli fue detenida por policías de su comunidad. Se refugió en la casa de un vecino donde permaneció por unas horas. Hasta ese lugar llegó la policía para llevársela junto con el joven con el que se casaría. También a un primo quien se encargó de establecer la negociación con la familia y a un tío que supuestamente la aconsejó para que huyera de su casa.
A través de una llamada anónima, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan se enteró y acudió a Joya Real para atender y acompañar a Anayeli.
Después de dialogar con algunas personas de la comunidad, lograron la libertad de Anayeli y del adolescente con el que se casaría. Fue trasladada a la Casa Hogar DIF, en Chilpancingo.
«Hasta este momento no hay ningún tipo de protocolos actuación en el caso de estas niñas que son obligadas a casarse», afirma Neil Arias Vitino, abogada de Tlachinollan.
Anayeli estuvo en la casa hogar un año cinco meses, tiempo en el que se enfrentó a otras situaciones como la pérdida de su identidad.
Su estancia en la casa hogar será hasta que cumplen la mayoría de edad o mientras no haya algún familiar con quien quedarse.
De acuerdo con la abogada, Anayeli estaba en un lugar en el que su contexto era diferente al de las demás niñas.
En la Casa Hogar del DIF la mayoría de las niñas y adolescentes están ahí porque son huérfanas, todas hablan castellano mientras que Anayeli venía de una comunidad monolingüe. Ante la necesidad de comunicarse tuvo que aprender el castellano.
«Ya hasta se me estaba olvidando hablar mi lengua», le expuso Anayeli a Arias Vitino.
Después de cinco meses Anayeli dejó la casa hogar y se reintegró con sus familiares paternos en su comunidad. Lo hizo, de acuerdo con Arias Vitino, sin ningún tipo de protocolo ni acompañamiento institucional.
«Las instituciones al ser una víctima tienen que darle otro tipo de atención. Cuál es el protocolo, cómo van a continuar dándole atención a estos casos. Ella en la casa hogar culminó su primaria, pero qué va a pasar de ahí, ella tiene que continuar con sus estudios».
Anayeli está desempleada, aunque ahora está con familiares, pero «ellos no tienen la obligación de darle el alimento».
El presidente municipal de Cochoapa El Grande le regaló 12 despensas para que se alimente por unos días.
Pero la necesidad va más allá, Anayeli tiene que vestirse y comprarse cosas personales.
Ahora la menor está preocupada, según Arias Vitino, porque no sabe qué hará y cómo obtendrá recursos para ser autosuficiente.
En la casa hogar no le dieron ningún tipo de curso para que aprendiera algún oficio.
«Ella está pensando que se va a ir de jornalera a trabajar a los campos agrícolas”, dice la abogada.
El caso de Anayeli no es el único, también en la misma comunidad ocurrió el caso de Angélica, otra menor que fue obligada a casarse.
Angélica acusó a su suegro de abusar de ella sexualmente mientras su esposo se encontraba en los Estados Unidos.
La privaron de su libertad, la acusaron de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía, quien denunció la violación y acusó a las autoridades de privarla de su libertad.
Angélica no puede regresar a su comunidad debido a que sufre de violencia comunitaria.
«Estas niñas son mal vistas en la comunidad, sufren violencia comunitaria al revelarse por no querer casarse», comenta la abogada.
Ni Angélica ni Anayeli tuvieron acompañamiento ni protección por parte de las autoridades, a pesar de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, visitó en 2022 algunas comunidades de la Montaña y se comprometió a que se frenaría la venta y matrimonio forzado de niñas y adolescentes.
«Muchas de estas niñas sufren depresión e incluso le han dicho a sus mamás que mejor se quieren morir porque ellas no quieren esa vida, y no querían casarse».
Aunque los matrimonios forzados y la venta de niñas y adolescentes ya son considerados delito, Tlachinollan tiene registro de 10 matrimonios forzados en lo que va del año.
Arias Vitino explicó que esta práctica continúa, ahora, de manera clandestina.
El gobierno del estado realiza algunos talleres de sensibilización en la región de la Montaña, pero no todos los comisarios lo ven como algo bueno.
«Tú no le puedes ir a decir a los hombres cuáles son sus deberes y que está prohibida está práctica”, explica.
Los hombres cuestionan que así vivieron sus bisabuelos y abuelos.
Además de que en la mayoría de estos talleres son las mismas mujeres enviadas por sus esposos las que asisten.
«Es importante el apoyo y el respaldo dentro de los mismos municipios, de las autoridades y que tengan voluntad política para terminar con estas prácticas […] En la mayoría de cómo se dieron a conocer estos casos, es porque ya hay un hartazgo y porque las niñas y mujeres están viviendo muchos tipos de violencia, violencia sexual, violencia económica. Esto es lo que ha detonado que se conozcan los casos».
Fotografía: Oficial, Congreso del estado de Guerrero
27 de abril del 2023
Chilpancingo
Al inicio de la sesión ordinaria del jueves 27 de abril, los diputados del Congreso local guardaron un minuto de silencio por los asesinatos de cuatro mujeres ocurridos la última semana en Guerrero.
Fue la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, Gabriela Bernal Reséndiz, quien solicitó a la Mesa Directiva que antes de que iniciar la sesión guardarab un minuto de silencio «en memoria de las mujeres que han sido asesinadas en las últimas horas en Guerrero».
Durante su petición a la Mesa Directiva, Bernal Reséndiz mencionó los nombres de las mujeres asesinadas.
«Justicia para Marlene», «Justicia para Vanesa», «Justicia para Bonifacia», «Justicia para Guilebalda».
Sobre el caso de Vanesa Pérez Bahena, de 16 años, su cadáver fue hallado en un barranco la tarde del 25 en la colonia Mozimba, en Acapulco.
El otro caso que mencionó fue el de la maestra de preescolar Marlene Enríquez Brito, asesinada la mañana del miércoles 26, en la entrada del Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en el fraccionamiento Revolución, al sur de Chilpancingo, y sepultada este mediodía.
Otro caso que mencionó la diputada del PRI fue el asesinato de Guilibalda Reyes, de 18 años, cuyo cadáver fue localizado el domingo pasado en el basurero de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R Escudero.
En la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña baja de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) reportó otro feminicidio en contra de Bonifacia Mendoza Ortiz, mujer nahua de 27 años.
El pleno del Congreso aceptó la petición de la diputada Bernal Reséndiz y se guardó el minuto de silencio.
“Es momento de que cada quien haga lo que le corresponde; autoridades municipales, estatales y la Fiscalía del Estado, todos debemos proteger la vida de las mujeres”, dijo Bernal Reséndiz en declaraciones posteriores.
Diputados guardan un minuto de silencio por los últimos cuatro feminicidios que se registraron en Guerrero en la última semana. Foto: Congreso del estado de Guerrero
Las cifras de asesinatos de mujeres en Guerrero crecen a diario; suman cuatro asesinatos contra mujeres en lo que va de la semana, 44 en lo que va del año
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Con globos blancos y rosas rosas, este mediodía alumnas y alumnos despidieron a la maestra Marlene Enríquez Brito, quien fue asesinada ayer en la entrada del Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en el Fraccionamiento Revolución, al sur de Chilpancingo.
Marlene era maestra de esa escuela. Fue asesinada mientras bajaba de su vehículo para entrar al preescolar e iniciar su clase.
La versión oficial es que una persona se acercó a ella y le disparó en cinco ocasiones. Esta persona iba acompañada de otras dos personas, quienes después de cometer el crimen huyeron del lugar.
Las alumnas y alumnos acudieron a la misa de cuerpo presente en la catedral de Santa María de la Asunción, ubicada en el zócalo de Chilpancingo, donde estaban familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Durante la ceremonia, el sacerdote Benito Cuenca Mayo de alguna manera reprochó a inconformidad por la seguridad y la violencia que provocó la muerte de la maestra.
“Ya basta de tanta violencia. Basta de tanta sangre, muchas veces de personas inocentes. Tenemos que seguir levantando la voz, queremos que se detenga esta ola de violencia, queremos resarcir el tejido social que se ha descompuesto en una ciudad tan bonita como es Chilpancingo”, mencionó el sacerdote durante la homilía.
Agregó que el mejor homenaje para la maestra Marlene es el cariño y amor de sus alumnos.
Antes de finalizar la misa, a petición del párroco, los alumnos y alumnas de la maestra pasaron frente al féretro para despedirse de ella.
Las niñas y los niños colocaron agua bendita sobre el féretro. Al finalizar todos despidieron a la maestra con aplausos.
Después de la misa, subieron el féretro a una carroza fúnebre rumbo al panteón central. Una vez en el panteón, despidieron a la maestra su madre y su esposo.
Con el caso de Marlene suman cuatro asesinatos contra mujeres en lo que va de la semana.
El 25 de abril fue hallado el cadáver de Enya Vanessa Pérez Bahena , quien estaba reportada como desaparecida desde anteayer.
Esta mañana, Vanessa también fue despedida por sus compañeros del plantel 7 de Bachilleres en el puerto de Acapulco.
El féretro con el cadáver de Vanessa estuvo en la explanada del plantel, sus compañeros lanzaron globos blancos para despedirla.
En lo que va del año son 44 las mujeres asesinadas en el estado, de acuerdo con la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
Anoche las autoridades confirmaron el hallazgo de un cadáver de otra menor de edad de nombre Guilibalda Reyes, conocida por sus amigos como Zoé.
Zoé tenía 17 años, era originaria de Tierra Colorada, municipio de Juan R Rscudero.
Su cadáver lo hallaron en un basurero sobre la carretera federal México-Acapulco.
Con el caso de Zoé suman 44 mujeres asesinadas en el estado.
La Red Guerrerense por los Derechos de la Mujeres, otra organización de mujeres, condenó estos casos, que cataloga como feminicidios, mediante un posicionamiento publicado en sus redes sociales.
Llamaron a las autoridades a cumplir tomar medidas inmediatas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.
“Es inaceptable que las mujeres vivamos en constante peligro, y que las autoridades no estén cumpliendo con su responsabilidad de proteger nuestros derechos y nuestra vida”, se lee en el comunicado.
Colectivas feministas condenan recientes feminicidos en Guerrero
Ante los últimos feminicidios ocurridos en Guerrero, diversas asociaciones feministas se pronunciaron y exigieron a los tres niveles de gobierno actuar contra la violencia feminicida.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y demás activistas condenaron cuatro últimos los feminicidios ocurridos en la última semana en el estado.
Los datos de la Red estiman que van 20 femincidios, cinco tentativas de feminicidio y ocho desapariciones en lo que va del año. La Asociación tiene más casos.
La coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón, expuso que están molestas e indignadas.
«Siempre hay un discurso que no va con la realidad. Sigue habiendo violencia, la exigencia es el cese a todas las formas de violencia hacia la mujer con verdadera políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia», comentó Candela Garzón.
La falta de empatía y conocimiento por parte de las autoridades es evidente para la Red. Candela Garzón agregó que, en muchas ocasiones las fichas de búsqueda de mujeres y niñas que son localizadas con sin vida no se desactivan de las páginas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tampoco hay una actualización ni seguimiento de las fichas de búsqueda.
La revictimización por parte de las autoridades y de la sociedad también preocupa a la red.
«Se siguen con este discurso misógino de que si desapareció se fue con el novio. Hay todo este odio a nosotros tan arraigado que cuando aparecen con bien hacen comentarios como, para qué la buscan si se fue con el novio».
La Red lanzó un comunicado en sus redes sociales para exigir a las autoridades justicia por los femnicidios ocurridos.
«Es necesario que se implementen medidas concretas y eficaces para proteger la vida y la integridad de las mujeres en nuestro estado. Ya basta de listones y vestimentas naranjas. Asimismo, exigimos se realicen las investigaciones pertinentes con perspectiva de género, es decir, se tipifiquen como feminicidios, lo cual es crucial para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores», se lee en el comunicado.
La Red Feminista de Acapulco Revolución Violeta se pronunció al respecto.
«¿De qué sirven la Alerta Amber y el Protocolo Violeta si no se siguen los protocolos de búsqueda inmediata? ¿De qué sirven sus comunicados en redes si las mujeres no aparecen con vida? ¿De qué nos sirve dar visibilidad y difusión en redes, si desde hace años muchas siguen sin aparecer? Aun así, cientos de muertes de mujeres siguen sin clasificarse como feminicidios y muchas de ellas siguen en la impunidad; su negligencia, corrupción y misógina nos desaparece, nos violenta y mata todos los días», escribieron en su página de Facebook.
