Mediante un comunicado, la organización: Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) mencionó los desafíos para el próximo sexenio en asuntos de feminicidios y desapariciones a nivel nacional.
Texto: Jorge Yeicatl/ZonaDocs
Foto: Mario Marlo/ZonaDocs
Sábado 1 de junio 2024
EI Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) es una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida, que se constituye con el fin de contribuir en la disminución de la desigualdad, la discriminación y la violencia feminicida en México.
En los próximos días, México vivirá de nuevo un proceso electoral para elegir al máximo mandatario que liderará al país los próximos 6 años (2024-2030). La OCNF resaltó los desafíos críticos que enfrentará la próxima presidenta del país en materia de violencia contra las mujeres, específicamente en temas de feminicidio y desapariciones de mujeres, adolescentes y niños.
¿Qué pasa con el Feminicidio actualmente?
El feminicidio es un problema que no ha disminuido en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), a partir de 2008 la tasa de homicidios y los registros de víctimas mujeres se elevaron en un 33% en el contexto de la implementación de las políticas de militarización de la seguridad pública. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos cinco años se han cometido 18,469 asesinatos de mujeres en todo el país. La cifra más reciente reveló que entre enero y diciembre de 2023 fueron asesinadas 3,408 mujeres, de las cuales solo en 827 casos se investigan como feminicidios.
¿Qué desafíos le esperan a la próxima presidenta en materia de feminicidio?
En la actualidad, ha habido importantes avances, pero la próxima jefa suprema de las fuerzas armadas no la tendrá fácil, puesto que, enfrentará numerosos desafíos que requieren ser atendidos urgentemente, es por eso que la OCNF propuso lo siguiente:
Registros Claros: “Necesidad de contar con registros precisos sobre la magnitud de las violencias graves contra las mujeres, que desagreguen por sexo todos los delitos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”
Estrategias Efectivas: “Falta de estrategias efectivas por parte de las autoridades federales para coadyuvar con las fiscalías estatales en la debida diligencia y perspectiva de género en las investigaciones de los delitos de mujeres.”
Fiscalías Especializadas: “Asegurar que las 32 fiscalías estatales cuentan con fiscalías de feminicidio, con estructura adecuada y especializada para atender esta problemática.”
Atención a niños y niñas en situación de orfandad: “Crear un registro de huérfanas y huérfanos por feminicidio y garantizar que las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas cuenten con planes integrales de reparación con un enfoque diferenciado e interseccional.”
¿Qué pasa con las personas desaparecidas forzadamente?
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), hay actualmente 116,302 personas desaparecidas en total, de las cuales 27,323 son mujeres. Sin embargo, debido a un subregistro, no se puede determinar con precisión cuántas de estas mujeres son encontradas con vida, cuántas sin vida, ni las causas de su desaparición. La mayoría de las víctimas son menores de edad, por esta razón la OCNF sugirió las siguientes recomendaciones para dicho tema:
Protocolos Especializados: “Implementar protocolos especializados, como el protocolo Alba, para la búsqueda e investigación de mujeres desaparecidas y un protocolo adicional de desaparición de niñas, niños y adolescentes.”
Acciones Preventivas: “Necesidad de acciones preventivas para evitar el incremento de las desapariciones de mujeres y niñas.”
Diagnósticos Regionales:” Desarrollar diagnósticos regionales sobre patrones y modus operandi de las desapariciones de niñas y mujeres”
Es evidente que estas problemáticas se tienen que tratar de carácter urgente, por lo tanto desde la OCNF espera que la próxima presidenta de México muestre mayor sensibilidad y empatía ante la grave problemática de violencia contra las mujeres. Por ello la OCNF presentó algunas recomendaciones para ambos temas:
Protocolos Especializados: “Implementar protocolos especializados, como el protocolo Alba, para la búsqueda e investigación de mujeres desaparecidas y un protocolo adicional de desaparición de niñas, niños y adolescentes.”
Acciones Preventivas: “Necesidad de acciones preventivas para evitar el incremento de las desapariciones de mujeres y niñas.”
Diagnósticos Regionales:” Desarrollar diagnósticos regionales sobre patrones y modus operandi de las desapariciones de niñas y mujeres”
Es evidente que estas problemáticas se tienen que tratar de carácter urgente, por lo tanto desde la OCNF espera que la próxima presidenta de México muestre mayor sensibilidad y empatía ante la grave problemática de violencia contra las mujeres. Por ello la OCNF presentó algunas recomendaciones para ambos temas:
Evaluación de Mecanismos: “Evaluar el impacto de la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM) para identificar obstáculos y recuperar buenas prácticas.”
Igualdad Procesal: “Garantizar la igualdad procesal en materia penal, asegurando que las mujeres víctimas tengan acceso a asesoría jurídica gratuita y adecuada.”
Efectividad de Órdenes de Protección: “Asegurar que las órdenes de protección sean efectivas para las mujeres en situación de violencia. Investigación de Muertes Violentas: Investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios y no disfrazarlas de suicidios.”
Actualización de Protocolos: “Actualizar los protocolos de investigación y seguir las recomendaciones de organismos autónomos e internacionales.”
Documentación y Registro: “Insistir en la documentación de las variables que caracterizan al feminicidio y mejorar los registros para el análisis de la debida diligencia y aplicación de perspectiva de género en las investigaciones. “
Cambio en las estrategias de Seguridad:”Cambiar las estrategias para atender los contextos en los que predomina el crimen organizado, sin fortalecer la política militar.”
Diálogo con la Sociedad Civil: “Promover un diálogo constante con la sociedad civil experta en materia de derechos humanos, como componente importante para la gobernanza en un sistema democrático.”
Interlocución con Organizaciones Civiles: “Fomentar mayor interlocución de las organizaciones civiles con el Poder Ejecutivo, propiciando espacios de diálogo para atender las problemáticas graves en materia de derechos humanos.”
Flexibilidad en Políticas de Regulación: “Flexibilizar las políticas en materia de regulación para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil organizada.”
Sanción a funcionarios: “Contar con un marco legal eficiente para sancionar a funcionarios, funcionarias y operadores de justicia que incurran en incumplimiento e impunidad en los casos de muertes violentas contra las mujeres y las niñas.”
Este texto es original de ZonaDocs y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer el texto original aquí.
En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco donde abogó por un cambio urgente en la perspectiva de género en la justicia en un estado donde, tan sólo en 2023, se registraron 224 homicidios de mujeres, pero sólo 36 de tipificaron como feminicidios.
Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs
27 de enero 2024
En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, realizada en Guadalajara el 26 de enero, la defensora Irinea Buendía ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la Sentencia Mariana Lima Buendía, un parámetro jurídico para juzgar con perspectiva de género emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción y sensibilización para ejercer la justicia de con perspectiva de género.
Irinea Buendía, defensora de los derechos de las mujeres, es madre de Mariana Lima Buendía, mujer de 28 años que fue víctima de feminicidio en el año 2010 a manos de su esposo, Julio César Hernández, un ex comandante de la policía judicial del Estado de México.
Durante su exposición, Irinea Buendía detalló la violencia física, sexual, económica y psicológica que Mariana enfrentó a manos de su entonces esposo, y denunció la insensibilidad de las autoridades que, inicialmente, respaldaron la versión de suicidio presentada por el agresor.
La defensora enfatizó la necesidad de aplicar las leyes existentes y de la capacitación constante en perspectiva de género para todas las autoridades. Alertó sobre la emergencia nacional que representa la violencia de género y la importancia de actuar para evitar más feminicidios.
Desde finales de 2022, Irinea Buendía, emprendió una Caravana a nivel nacional para visibilizar y exigir que lo dictado por la Sentencia Mariana Lima Buendía se cumpla en cada entidad federativa, promoviendo que existan mecanismos y procedimientos adecuados a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Durante la conferencia, la defensora de los derechos de las mujeres compartió su lucha para hacer frente al feminicidio en México, a través de la propuesta de Ley Mariana Lima Buendía, la cual plantea investigar muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género para establecer si se trata de un feminicidio, esto incluye también todos los casos de suicidio y accidentes.
La iniciativa también propone sancionar a los servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias y que obstruyen la investigación y la justicia; así como la reparación integral del daño para las víctimas de feminicidios y sus familias, además de la participación de las familias de las víctimas en el proceso penal.
La activistas, Irinea Buendía, y Daniel Espinosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (Foto: Mario Marlo).
En su intervención, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, dio la bienvenida a Irinea Buendía y agradeció “el regaño” y llamó a todas y todos los que se encontraban en la Sala a ser mejores servidores públicos.
“Como integrantes del Poder Judicial, no nos enseñan a respetar la norma, pero no implica que como siempre lo hayamos hecho de esa manera sea correcto. En el caso lamentable de Mariana Lima, donde demuestra la negligencia, la omisión, la falta de empatía de entendimiento de un caso, a veces nos volvemos tan fríos que tenemos un expediente en la mano y lo vemos como tal: un expediente, y a partir de ahí sí, podemos dictar una sentencia ajustada a derecho. La pregunta es si es ajustada a la realidad, si realmente estamos aportando y contribuyendo a emitir una sentencia eficaz que resuelva el conflicto que se encuentra detrás del expediente.” Expresó.
Daniel Espinosa Licón se comprometió a integrar en el programa de estudios de maestría una clase sobre la sentencia Mariana Lima Buendía.
“Están todos exhortados, insto a todas y todos, tenemos que ser mejores servidores públicos, escuchemos contra la violencia de género. Hoy me comprometo, no es solo mi palabra. Cambiamos el programa de estudios de la maestría para tener la clase específica de la sentencia Mariana Lima Buendía, juzgar con perspectiva de género, magistradas, magistrados, despidos su apoyo para que esta propuesta sea incorporada, desde ya muchas gracias a todas y todos.”
En entrevista con ZonaDocs, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló que en 2023, en Jalisco, se sentenciaron cinco casos como feminicidio, mientras que 12 se encuentran judicializados.
En su participación, Irinea Buendía señaló:
“Cuando mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía eran dos de tres mujeres a las que le quitaban la vida, ahora son 20 mujeres, pero la autoridad dice que son nueve, pero no es cierto. Con mi visita a Jalisco son 26 estados los que he visitado, me propuse a hacer esta Caravana porque nos siguen matando, ya no sólo a las mujeres en edad reproductiva… también matan a las niñas y las mujeres de la tercera edad. Yo tenía que dar a conocer esta sentencia de la Suprema Corte de la Nación porque en muchos estados no la conocen, y si no la conocen no la pueden aplicar. La Sentencia Mariana Lima explica cómo se debe juzgar con perspectiva de género y cómo se debe castigar a los victimarios feminicidas. La Sentencia señala que toda muerte violenta de mujeres se deben investigar bajo el protocolo de feminicidio, la sentencia no dice si quieren o ahí si quieren, dice que se tiene que hacer… no es al contentillo”.
A las doce del día, la defensora Irinea Buendía entregó al Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa de ley para que sea incorporada a la legislación estatal la Sentencia Mariana Lima.
Foto: Mario Marlo
Caso Mariana Lima
Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010, a la edad de 28 años.
Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Irinea Buendía Cortés, inició una lucha para lograr el acceso a la justicia por el feminicidio de su hija.
Desde el asesinato de Mariana Lima, Irinea y su esposo iniciaron un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016. Siete años después, en marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a Julio César Hernández Ballinas a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima Buendía.
Durante la búsqueda de justicia, Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Según el OCNF, la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marcó un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México.
El máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones:
Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
En todos los casos, es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia.
La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que todos los funcionarios responsables deben ser sancionados.
De acuerdo con la organización CIMAC predomina la violencia psicológica. Se denuncian mecanismos de bloqueo informativo, hostigamiento, actos de intimidación, campañas de desprestigio, amenazas y descrédito
Texto: León Forte / Perimetral
Foto: Francisco Rodríguez/Pie de Página
9 de enero 2023
El estado de Jalisco ocupa el segundo lugar dentro de las entidades con mayor cantidad de atentados contra mujeres periodistas en el último trimestre de 2023.
De acuerdo al registro del Programa de Libertad de Expresión y Género, de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
El reporte contabiliza los casos del primero de septiembre al 30 de noviembre 2023.
De acuerdo al número de casos, el reporte registró un alza en la tendencia de la violencia ejercida contra las periodistas respecto al trimestre anterior, con 55 casos.
La lista de entidades con la mayor concentración de atentados en contra de mujeres periodistas fueron:
Ciudad de México con 12 agresiones; Jalisco con siete; Coahuila y Puebla con seis.
Los medios más atacados: los digitales
Los medios en los que colaboran la mayor cantidad de periodistas agredidas son digitales.
De las 55 agresiones, 50 fueron contra medios digitales; tres contra televisivos y al final están los impresos y la radio, con una agresión cada uno, respectivamente.
En cuanto a las líneas editoriales -en pleno inicio del proceso electoral 2023-2024- la más atacada fueron las vinculadas con la política.
De los 55 casos, 33 fueron contra reporteras, 15 a directoras de medios y 4 a columnistas.
Los agresores
Del perfil de los agresores, 14 de ellos no fueron identificados, cifra que ha venido en aumento; siguen funcionarios estatales y municipales con ocho casos cada uno y cinco funcionarios federales, los principales.
También se registraron agresiones por parte de personas usuarias de redes sociales, estructuras criminales, empresarios y miembros de partidos políticos.
Según el reporte, la que predomina es la violencia psicológica con 41 casos entre mecanismos de bloqueo informativo, hostigamiento, actos de intimidación, campañas de desprestigio, amenazas y descrédito de su labor.
Le siguen actos de violencia física, con 11 casos, dos casos de violencia patrimonial y uno de violencia sexual.
Este es un texto de Perimetral, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Congreso del Estado 29 de noviembre del 2023
Chilpancingo
Durante su comparecencia ante comisiones legislativas en el Congreso local, la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, evitó responder de manera clara y contundente cuestionamientos sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
Pino Girón respondió a las diputadas y diputados con datos que ya se conocen y que pertenecen a otras dependencias gubernamentales.
La comparecencia de la funcionaria no fue ante el pleno, si no ante comisiones legislativas, junto con la secretaria del Bienestar estatal, Maricarmen Cabrera Lagunas.
Cuestionaron a Pino Girón sobre los datos que hay respecto a hechos de violencia contra la mujer, como los feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados.
Al iniciar la comparecencia, la diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, solicitó a la secretaria de la Mujer información sobre cuáles son los nueve municipios alertados con mayor índice de violencia en contra de las mujeres.
Además preguntó sobre los resultados del programa para erradicar los matrimonios forzados.
Pino Girón respondió sobre los matrimonios forzados que se tienen estrategias focalizadas principalmente en comunidades indígenas y participan ayuntamientos y autoridades comunitarias.
La secretaria de la Mujer al comparecer ante comisiones en el Congreso local.
Sobre los municipios más violentos para las mujeres dijo que son Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa, los mismos que tienen la Alerta de Género activa.
La perredista Patricia Doroteo Calderón cuestionó sobre las cifras de desaparición de mujeres y cuántas personas ya fueron castigadas por ello.
La secretaria dijo que se tiene el conocimiento de que una persona acusada de desaparición ya fue detenida, enjuiciada y encarcelada.
«Nosotros estamos en contacto directo con todas la dependencias, en este caso con el Poder Judicial y la Fiscalía (General del Estado) porque finalmente es responsabilidad de la Fiscalía dar investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables».
Agregó que acompañan a las victimas a través de varios programas.
El perredista Raymundo García Gutiérrez preguntó sobre «los avances en materia de igualdad de género; los resultados y datos de las evaluaciones de las políticas, planes, programas y medidas ejecutadas para eliminar todo tipo de discriminación de las mujeres».
Pino Girón respondió que existe un programa denominado Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género que se enfoca «en apoyar a las distintas dependencias en integrar en las políticas públicas la perspectiva de género».
El dato que faltó y que no fue cuestionado por las diputadas y diputados fue el tema de los feminicidios que, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, se contabilizaron en lo que va del año 70 casos.
Cifra que contrasta con los datos de algunas asociaciones en defensa de las mujeres que mencionan que en lo que va del año ocurrieron 118 feminicidios.
Al final, la mayoría de los cuestionamientos fueron a la secretaria del Bienestar.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
En un contexto de violencia contra las mujeres, el destino las convirtió en víctimas indirectas, pero ellas decidieron ser defensoras y acompañantes en busca de justicia. En lugar de hacerse pequeñas por el dolor y la desgracia, se han hecho grandes por la fortaleza de su andar, con el que iluminan a muchas, muchas otras mujeres en Ciudad Juárez, y todo México
Texto: Blanca Carmona / La verdad
Fotografía: La verdad
17 de octubre 2023
Las de Paula Flores Bonilla y Julia Caldera Chávez son historias paralelas de lucha para que haya justicia en la tierra de los feminicidios: Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sus hijas adolescentes fueron desaparecidas y asesinadas hace más de dos décadas.
En el continuo contexto de violencia contra las mujeres de esta ciudad, ubicada en la línea fronteriza con Estados Unidos, Paula y Julia pasaron de ser amas de casa, a mujeres que han impulsado cambios en la lucha contra el feminicidio y han acompañado a otras que sufren lo mismo que ellas.
Con su búsqueda, Paula y Julia abrieron camino a los rastreos en paisajes desérticos, al combate a la impunidad, a la denuncia de negligencias y obligaron a abrir investigaciones contra fiscales. Además, han contribuido en la creación de protocolos estandarizados que actualmente se utilizan para la investigación del feminicidio en México.
Paula y su familia fueron quienes promovieron el uso del icónico símbolo del feminicidio: la cruz negra sobre un fondo rosa, y ella cofundó el primer colectivo de familiares de víctimas de desaparición y homicidio en la frontera de Juárez, y posiblemente en el país.
Por su parte, Julia logró establecer un precedente para que las madres de otras víctimas exijan que los estudios de ADN se realicen fuera de la Fiscalía de Chihuahua y logró la inclusión de antropólogos forenses externos.
Ambas son en un ícono de la lucha por la justicia en los feminicidios en Ciudad Juárez, y marcaron un camino a seguir para otras mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas.
PAULA, UNA VOZ QUE DEMANDA JUSTICIA
Paula Flores Bonilla mamá de María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 1998, durante la audiencia pública en la Comisión Interamericana en septiembre de 2019. Fotografía: CIDH/Cortesía
Paula nació en el estado de Durango. Tres años antes de la desaparición y el asesinato de María Sagrario emigró junto con su esposo e hijos a Ciudad Juárez, a donde llegaron con el propósito de mejorar sus vidas en la tierra de las maquiladoras.
María Sagrario González Flores fue la cuarta de seis hijas y un hijo. Ahora, ya con algunas canas en su cabello largo, Paula tiene también 11 nietos.
María Sagrario era catequista y cantaba en el coro de una iglesia en la colonia donde vivía, en Lomas de Poleo, un asentamiento irregular, con calles de tierra y arena, y casas de construcciones sencillas, ubicado al poniente de Ciudad Juárez. El 16 de abril de 1998 salió por última vez de su casa, tenía 17 años. Nunca más la volvieron a ver con vida.
Trece días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado en un paisaje semidesértico el Valle de Juárez –una zona que conforma parte de Ciudad Juárez, así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe– lugar en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar desde 2010.
En los primeros días la familia de María Sagrario se unió en un trabajo incansable para encontrarla con vida, y posteriormente en demanda de justicia.
Irma Pérez Franco y Bertha Márquez, mamás de Olga Alicia Carrillo Pérez y Adriana Torres Márquez, respectivamente, jóvenes que también habían sido asesinadas, fueron de las primeras en acercarse a Paula.
Aunque no contaban con muchas herramientas, a las tres mamás las unió el anhelo de justicia y se organizaron para ir a pegar pesquisas -fichas de búsqueda-, manifestarse e irrumpir en la entonces Procuraduría de Chihuahua, hoy Fiscalía, a exigir avance en las indagatorias. Así nació el colectivo “Voces sin Eco”, en marzo de 1999.
Debido a que las fichas de búsqueda colocadas en distintos rumbos de la ciudad eran retiradas casi de inmediato por las autoridades, a Guillermina, la hermana mayor de María Sagrario y representante legal de Voces sin Eco, se le ocurrió utilizar pintura: sobre un fondo rosa pintó una cruz negra, en postes y otra infraestructura pública.
“A Guille se le ocurrió un símbolo, un símbolo porque las pesquisas tienen doble intención: la obvia, si una persona reconoce pueda dar datos que lleven el paradero de la persona que está desaparecida. Pero también tienen la intención de que la gente sepa que hay personas desaparecidas, que se visibilice la desaparición de personas. Entonces Guille pensó en un símbolo y ella hizo la propuesta de la cruz negra con un fondo rosa y abajo decía Justicia”, explica Ivonne Mendoza Salazar, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), un organismo que ha acompañado a mamás de víctimas de desaparición y feminicidio.
En febrero de 2005, con información aportada por Paula y su familia, fue detenido uno de los responsables de la violación y homicidio de María Sagrario, José Luis Hernández Flores,
Paula recuerda que durante años estuvieron llevando datos a las autoridades investigadoras. “Básicamente nosotros, la familia, hizo la investigación”.
El 4 de abril de 2006, José Luis Hernández fue sentenciado a 29 años de cárcel por los delitos de violación y homicidio de María Sagrario, pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizándose la realización de nuevas diligencias para identificar a otros dos posibles responsables, así como una reconstrucción del crimen que evidencie las inconsistencias de la investigación.
JULIA, UN ACTIVISMO COLECTIVO
Julia. Fotografía: Blanca Carmona
Con 62 años, Julia es madre de siete hijos y abuela de 17 nietos, pero siente haber rejuvenecido. Lo afirma con alegría, pues con mucha frecuencia le comentan que se ve más joven.
De ojos pequeños y una mirada profunda que se asoma detrás de sus anteojos, la mujer transmite una paz interior que asegura nace de su fe, que la mantiene firme en la lucha de justicia para María Elena y con fuerza para apoyar a otras mamás de víctimas de feminicidios.
María Elena Chávez Caldera desapareció el 20 de junio del 2000. Las autoridades tardaron 15 días en iniciar la búsqueda, y el cuerpo de la adolescente se localizó cuatro meses después en un predio baldío.
Este año se cumplieron 23 años de su desaparición y asesinato, desde entonces Julia tomó el rumbo del activismo. “Voces sin Eco” fue la primera organización que la apoyó en la búsqueda de su hija.
La entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), mostró inconsistencias en la identificación de María Elena. Inicialmente le entregó resultados falsos a Julia, al decirle que el cuerpo recuperado no correspondía al de su hija y posteriormente le informó que sí se trataba de María Elena.
Julia exigió la intervención de antropólogas forenses externas a la Procuraduría: “Les dije que yo no iba a recoger los restos hasta que hubiera un ADN positivo, si era mi hija. Si no, la iba a seguir buscando como desaparecida. Para esto, los restos de ella duraron cuatro años en el Semefo, cuatro años hasta que un ADN dio positivo y fue cuando la sepultamos”.
“Pero yo no estuve conforme con eso…. Porque si los primeros salieron negativos, por qué después de cuatro años salen positivos. Yo no estuve conforme… pedí una exhumación como cuatro meses después de sepultar los restos y esos estudios los hicieron las antropólogas argentinas, duraron tres meses para llegar el resultado, y me dieron un resultado positivo”, recuerda Julia.
La identificación oficial se hizo el 5 de diciembre del 2005. Cinco años después de la localización del cadáver de María Elena.
Julia convirtió su vivencia en una enseñanza que marcó un precedente, para que las madres de otras víctimas exigieran que los estudios de ADN se realizaran fuera de la Fiscalía de Chihuahua.
“Se va formando ese precedente de que si el Estado no tiene credibilidad, tiene obligación de hacer contratos fuera de sus dependencias para darle certeza a las familias de que los resultados son reales, de que no están manipulados o que no son erróneos”, explica Ivonne Mendoza.
Al igual que la familia de María Sagrario, Julia y sus hijos investigaron qué le había sucedido a María Elena y estuvieron aportando datos a las autoridades. Once años le llevó a la Procuraduría aprehender al responsable del homicidio, Irineo Quezada Peña.
Él estuvo preso casi el mismo número de años. Un juez penal lo sentenció a 9 años y seis meses de cárcel, Julia se inconformó y el Ministerio Público interpuso un recurso legal, después un tribunal de segunda instancia lo condenó a 15 años de cárcel, pero salió cuatro años antes de cumplir esa condena.
Julia volvió a pedir que se solicitará una revisión. “Nos quedamos con las manos cruzadas, no… estoy esperando respuesta”, dice Julia al explicar que se interpuso una apelación y aunque Irineo va a cumplir un año libre, ella no va a claudicar y espera justicia.
“Dos, tres veces me quedé sin sentido, casi me moría, pero al ver a mis hijos yo reaccionaba, me tengo que levantar, tengo que seguir, tengo que hacer algo por ella y por ellos que me están viendo”, expresa con firmeza.
JUNTAS POR JUSTICIA
Algo que ha caracterizado a las madres de mujeres asesinadas es la conciencia social de solidaridad hacia otras familias, que las ha llevado a impulsar tareas de prevención y de visibilización de la violencia de género.
A finales de los años 90 e inicios del 2000, en Ciudad Juárez no se hablaba de los derechos humanos de las mujeres, ni de feminicidios. Fueron las madres de las primeras víctimas las que salieron a manifestarse incluso fuera del país.
“Ellas son las que han ido siempre a la vanguardia, fueron las primeras que salieron a manifestarse en contra del feminicidio y en contra de la respuesta del Estado, que era negar los hechos y culpar a las víctimas”, menciona Mendoza.
Las madres impulsaron la creación de una Fiscalía Especializada de la Mujer, tiempo después surgió en esta frontera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres en Ciudad Juárez, en el sexenio de Vicente Fox, y el esquema se hizo a nivel nacional.
En 2007, Paula y Julia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres cometidos entre 1995 y 2003, en un contexto de violencia basada en el género.
Las denuncias se presentaron junto a las de otras cuatro familias, entre ellas la de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada cinco años antes que María Elena, su prima, con la asistencia del CEDIMAC y la organización Robert Kennedy Human Rights (RFK).
En septiembre del 2017, la CIDH admitió el caso 13377 correspondiente a María Sagrario González Flores, de 17 años, hija de Paula; María Elena Chávez Caldera, de 15, hija de Julia; Silvia Elena Rivera Morales, de 17; la niña Brenda Berenice Delgado Rodríguez, de 6; Cecilia Covarrubias Aguilar de 16 y su hija de apenas 24 días de nacida; y Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20.
Al respecto, la CIDH emitió un informe y una serie de recomendaciones a las autoridades, luego de analizar violaciones a los derechos de las víctimas a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías y protección judicial, a la honra y dignidad, a la familia, los derechos de la niñez e igualdad ante la ley.
En 2019, Paula Flores participó en demanda de justicia para su hija, las demás víctimas y sus familias en una audiencia temática ante la CIDH, realizada a solicitud de las organizaciones que las representan, para aportar nuevos datos y mantener el interés del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en estos feminicidios, 21 años después del crimen de su hija.
“Ella se sentó en un lugar muy especial ahí, y yo estuve haciéndole preguntas para ayudarla a continuar con su relato, para relatar los hechos en los que asesinaron a su hija y también lo que viven las familias después de estos hechos, lo que les revictimizan las autoridades del Estado, la falta de justicia” relata Mendoza, de CEDIMAC.
“La presidenta de la Comisión se solidarizó con ella y se comprometió a que el caso se moviera más rápido para llegar al informe de fondo, pues cumplió con eso porque también era uno de nuestros objetivos hacer que la Comisión ya tomará una decisión pues estábamos desde el 2007”, expone Ivonne Mendoza.
NO VAMOS A PARAR
Paula observa las fotos de sus hijas, María Sagrario (derecha) fue desaparecida y asesinada en 1998, en Ciudad Juárez. Fotografía: Blanca Carmona
Para Paula, su hija “no es un archivo”, porque “mientras yo siga viva y siga pidiendo justicia ella sigue viva, no físicamente, pero vive en mi corazón”, afirma la mujer que actualmente trabaja limpiando casas en El Paso, Texas, y se da el tiempo de acompañar casos de feminicidio.
Con su experiencia, ayuda también en las gestiones para recuperar el cadáver de su ahijada, Norma Beatriz González Navarro, asesinada en 2020 en el estado de Oaxaca.
Aunque no es abogada y no está muy consciente de toda la aportación con su lucha de justicia en el tema del feminicidio, Paula ha podido advertir las irregularidades de autoridades de ese estado del sur del país y dar acompañamiento a la familia de su ahijada para que su crimen no quede en impunidad.
“No vamos a parar hasta que veamos justicia tanto con mi hija, y se les haga justicia a las demás niñas -dice por su parte Julia-, porque nosotras como víctimas indirectas de lo que pasó debemos apoyarnos y continuar, no parar, porque si así moviéndonos no pasa nada, nos quedamos sentadas (y) se les olvida lo que pasó”.
“Si yo la veo salir de la casa caminando y que me la regresen en un ataúd, eso es un dolor grande. Yo no le deseo a nadie que le pase eso y el proceso larguísimo, el caminar en la búsqueda, en la búsqueda de ellas, en la búsqueda de justicia, es desesperante”, dice Julia, quien confiesa que su fe en Dios la mantiene con fortaleza para apoyar a otras mamás que pasan por el dolor de perder a una hija de una forma violenta.
“Aprendí a moverme, aprendí a hablar, a exigir justicia, porque no vamos a pedirles nada, vamos a exigirlo”, afirma.
Este reportaje forma parte del proyecto #NoSomosVíctimas, de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, financiado por la Embajada Suiza en México.
La mañana de este jueves fue asesinada una mujer en el tianguis del Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, con su caso suman 14 mujeres asesinadas con presunción de feminicidio en los últimos seis meses en Chilpancingo, de acuerdo con datos de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (Agcvim).
A través del Monitor de violencia de género y feminicidios en el estado de Guerrero, la Agcvim contabiliza hasta hoy, 20 de julio, 69 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidio.
De esos 69 casos, 18 ocurrieron en Acapulco, los 14 en Chilpancingo y ocho en Iguala.
En Chilpancingo, abril fue el mes que más homicidios contabilizó el Monitor de Violencia de la Agcvim, con seis casos.
En todos estos casos, las autoridades judiciales siguen sin dar a conocer los avances en las investigaciones para que las familias accedan a la justicia.
El asesinato de hoy ocurrió en el área del mercado denominada como el tianguis, que está afuera del edificio, en la parte alta; cerca de las doce del día reportaron al número de emergencias 911 sobre un ataque armado en el lugar.
Los elementos de seguridad se movilizaron y arribaron al tianguis y hallaron el cadáver de Sandra “N”, de unos 35 años, con varios disparos de arma de fuego.
Los reportes policiales indican que en la escena del crimen había cinco casquillos calibre 22, que fueron asegurados para la indagatoria.
En la denominada zona del tianguis han ocurrido varios asesinatos. Después del ataque contra Sandra, locatarios mencionaron que la atención médica tardó en llegar.
Después del ataque varios locales cercanos a la escena del crimen cerraron.
Al constatarse el fallecimiento de Sandra llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver a sus instalaciones.
Chilpancingo tiene activas dos alertas de violencia de género, una por Agravio Comparado y la segunda por Violencia Feminicida, está última activa desde 2017.
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
18 de julio del 2023
Chilpancingo
Desde 2017, ocho municipios de Guerrero tienen activa una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y ninguno de ellos ni el goberno estatal, a siete años de distancia, han logrado que las retiren.
Activistas por los derechos de las mujeres reconocieron que sí hay trabajo y disposición de las autoridades, pero la violencia contra las mujeres aumentó en estos años.
«Eso es lo que se tiene que analizar», dijo la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (AGCVM), Marina Reyna Aguilar.
En el caso Chilpancingo, la titular del Instituto Municipal de Igualdad de Género, Blanca Alicia Camacho de la Cruz, informó en la conferencia de prensa matutina de ayer lunes, que el Ayuntamiento capitalino ya cumplió con todos los requisitos para que les sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
«Estamos cumpliendo y alcanzando más de las metas que nos habíamos propuesto y el día 7 (de julio) se entregó toda la documentación debida que acredita que este municipio ha cumplido con todas las medidas de la Alerta y esperamos que nos puedan quitar la alerta, aunque eso ya no depende de nosotros», mencionó Camacho de la Cruz.
La visión optimista del municipio de Chilpancingo no coincide con los datos y opiniones de activistas.
Para Reyna Aguilar, la situación no es tan fácil, porque aun cuando el municipio cumpla con los requisitos, también son otras instituciones, como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, que deben implementar acciones y programas para que la Conavim retire las alertas.
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco.
De acuerdo con la Conavim, el municipio que más ha cumplido en las recomendaciones es Zihuatanejo.
«Los ayuntamientos pueden cumplir con su parte y cumplir con los requisitos que son de su competencia, pero no quiere decir que ya se les va a retirar la Alerta», dijo Reyna Aguilar.
Los municipios que cuenta con la Alerta de Género son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Existe una segunda alerta por Agravio Comparado, la cual establecía como principal acción la despenalización del aborto en la entidad, hecho que se logró el 17 de mayo del 2023.
En el caso de esta alerta son analizados los requisitos secundarios para que pueda ser removida.
Aún no hay fecha para que la Conavim retire ambas alertas.
La activista Emma Cerón Díaz dijo que las instituciones trabajan para el retiro de las alertas, «pero no han cumplido del todo. Por ejemplo, en Acapulco, apenas se está comprometiendo a accionar para quitar la alerta».
Marcha pacifica de feministas en marco del dia Internacional de la Mujer del monumento las bandera a la alameda Granados Maldonado culminando con un festival el 8 de marzo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
Esta tarde fue presentada ante el pleno del Congreso local la iniciativa de ley para tipificar como delito, en grado de tentativa de homicidio, los ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva que cause daño físico a una mujer, a un integrante de las poblaciones LGBTI+ o persona en situación de calle.
Esta iniciativa de ley es parte de una lucha que emprendió la activista por los derechos de las mujeres, María Elena quien que en 2019 fue agredida con ácido por parte de su ex pareja y en ese entonces diputado local de Oaxaca por el PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, para que este tipo de agresiones sean sancionadas.
La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien durante su exposición de motivos dijo este tipo de agresiones son un problema mundial que debe atenderse.
«La problemática a nivel mundial es preocupante, según la ASTI (Acid Survivors Trust International, organización especializada que trabaja con Naciones Unidas), al año se producen al menos 1,500 agresiones de este tipo alrededor del mundo, siendo las mujeres más del 80 por ciento las víctimas», dijo en tribuna.
Esta iniciativa pretende catalogar en el Código Penal del Estado la violencia ácida, «la cual contempla el uso de cualquier tipo de agente o sustancia química corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo ácidos, irritantes, líquidos de altas temperaturas, medicamentos, drogas, gases o cualquier otra sustancia que provoque lesiones y cause daño físico irreversible a una mujer o lo ocasione alguna discapacidad».
La violencia ácida también se tipificaría como tentativa de homicidio, por lo que depende de los agravantes, la pena podría ir de los 13 a los 30 años de prisión.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y para la Igualdad de Género.
Entrevistada antes de la sesión, Calixto Jiménez dijo que espera que los diputados aprueben la iniciativa, porque «al igual que en el tema de de la despenalización del aborto haremos el cabildeo necesario para que la iniciativa pueda ser aprobada, pero de ante mano ya sabes quienes nos apoyan en esta lucha por defender los derechos de la mujeres».
Este texto es patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero
En Guerrero sí existen casos de mujeres agredidas con ácido y otros químicos, pero no son contabilizados de manera oficial porque faltan protocolos y una tipificación como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero, expuso la activista Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM).
Hoy en el Congreso local, a través del panel legislativo contra la violencia ácida, se presentó la iniciativa Malena, una reforma al Código Penal y a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado.
En el panel estuvieron presentes María Elena Ríos y Sandra Montiel, ambas sobrevivientes de ataques con ácido.
Dentro del Código Penal ya existe apartado de lesiones, pero quien ejerza violencia ácida, correspondiente al delito de lesiones calificadas, tendrá penas que empiezan con 13 años.
La iniciativa de ley es propuesta de la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez. Estas reformas pretenden castigar a toda persona que agreda con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva a mujeres, mujeres trans, integrantes de las poblaciones LGBTI+ y personas en situación de calle.
“Sin embargo se establecen algunas agravantes que llevarían a que la pena pudiera ser de hasta 21 años”, mencionó Alejandro Gallardo, secretario técnico de Calixto Jiménez.
Los agravantes que pueden aumentar la pena es que el ataque cause deformidad o daño permanente a cualquier persona, que la agresión sea hacia una persona en situación de calle o sea motivada por orientación sexual o identidad de género; en caso de que la agresión sea motivada por razón de género la pena aumentaría hasta los 21 años.
Los 30 años de prisión serán por los siguientes supuestos; que las lesiones provoquen recersión parcial o total de las mamas, alteración del aparato genital que afecte la vida sexual plena, causen daño físico severo o cause incapacidad permanente para trabajar.
“Con esta iniciativa se pretende reconocer la violencia ácida como un tipo de violencia de género que marca de forma permanente los cuerpos, la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Calixto Jiménez.
La diputada agregó que por la falta de la visibilización de este tipo de violencia no hay una estadística en el estado que permita conocer cifras de cuántas mujeres sufrieron violencia ácida.
Para la activista Elia Moreno del Moral es importante que exista un presupuesto asignado para la realización y, en su caso, aprobación de esta iniciativa.
“Hace falta que se analice el contexto de las agresiones, es por eso que no hay cifras para determinar si en el estado hay mujeres víctimas de violencia ácida”, comentó.
Sobrevivientes narran sus casos
María Elena Ríos, la saxofonista originaria de Oaxaca que sufrió un ataque con ácido de parte de quien fuera diputado del PRI en ese estado, Juan Antonio Vera Carrizal.
El químico provocó quemaduras en 70 por ciento de su cuerpo, motivo por el que se sometió a diversas cirugías.
También emprendió la lucha por la defensa sus derechos y porque su agresor fuera castigado por las autoridades.
“No hay palabras para describir lo que sentí. Es la violencia más extrema que le pueden ejecutar a una mujer. Mis cicatrices son de tercer grado. Las quemaduras carcomieron parte de mis músculos y de mis nervios”, relató.
Derivado de su agresión se volvió activista por los derechos de las mujeres y recorre el país en exigencia de que los ataques con ácido sean sancionados y tipificados como violencia de género.
Sandra Montiel es una mujer trans originaria de la Ciudad de México, hace 22 años sufrió violencia ácida mientras trabajaba como trabajadora sexual.
“Si ahora es difícil acceder a la justicia, imagínense hace 22 años. Sufrí mucha discriminación y transfobia”, recordó Sandra.
A Sandra le lanzaron ácido en un 70 por ciento de su cuerpo, tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado. Sandra se ha sometido a diversas cirugías reconstructivas que ella costeó; nunca detuvieron a su agresor.
Contenido patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Vanessa, quien se formaba como bailarina, es parte de esta estadística; la localizaron, pero sin vida
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
La tarde del 24 de abril, Enya Vanessa, de 16 años, terminó su clase de baile en Estudio BM7, en Acapulco, y salió del lugar entre las 19:30 y 19:40; se dirigía a su casa. La última vez que la vieron fue subiendo la calle Morelos en Acapulco, de acuerdo con información de sus familiares.
Desde el momento de su desaparición, sus familiares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero, de acuerdo con su madre, Ana Bahena, la dependencia tardó mucho tiempo en emitir la ficha de búsqueda.
Ana realizó la denuncia al rededor de las once y media de la noche, la ficha de búsqueda de Protocolo Violeta y Alerta Amber salieron a las dos de la madrugada del 25 de abril.
“En el protocolo de que tráeme 30 fotos y que necesito su acta de nacimiento, sí se fueron unas tres o cinco horas en poderse activar la alerta”, dijo Ana en entrevista.
Otra de las irregularidades cometida por las instituciones fue que al momento de interponer la denuncia y crear la ficha de búsqueda escribieron que la desaparición de la adolescente ocurrió el 23 de abril; la madre y padre de Vanessa aclararon que los hechos corresponden al 24.
Vanessa cursaba el tercer año en el Colegio de Bachilleres, en Acapulco. Es la hija menor del matriomonio de Julio César Pérez y Ana Bahena.
Su padre la describió como una niña “modesta y sobrada de amor, regular en la escuela y muy querida”.
Uno de los sueños de Vanessa era estudiar baile y convertirse en bailarina profesional y, después, en maestra de baile moderno.
“Asistía a sus clases de baile era su pasión”, recuerda Julio César.
Ya no será maestra de baile. Vanessa fue asesinada. Su cadáver lo hallaron la tarde del 25 de abril en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.
Un día después del hallazgo, sus compañeros la despidieron de su plantel entre llantos, reclamos de justicia y la exigencia de que el feminicidio no quedara impune.
La necropsia arrojó que Vanessa fue asesinada mediante asfixia por estrangulamiento; hasta ahora se desconoce quien cometió su crimen.
La exigencia de su madre y su padre es que la FGE agote todas las líneas de investigación para dar con el paradero del o los asesinos.
Desde el momento que hallaron el cadáver de Vanessa sus familiares han exigido a la FGE se haga justicia por su feminicidio y se castigue al o los responsables.
Hasta el momento, no hay avances en su investigación, de acuerdo con lo expuesto por los padres.
Para la activista feminista Yolitzin Jaimes Rendón la desaparición y posterior asesinato de Vanessa cumple con todos los aspectos para que sea catalogado como feminicidio.
“A Enya Vanesa alguien se la llevó, la interceptó cuando se salía de sus clases de baile el pasado domingo 24 de abril en la colonia Morelos y ese alguien la mantuvo cautiva para después exponerla en un paraje ya asesinada”, mencionó Jaimes Rendón.
“Así se configura un feminicidio, el dolor de una familia que pierde una hija, una hermana, una nieta, una sobrina y el mensaje para todas las demás, esto sucede, esto incrementa, esto te puede pasar, así se configura la violencia feminicida que es también violencia institucional por la inoperancia y la omisión”, agregó.
Antes de hallar el cadáver, Vanessa fue reportada como desaparecida por lo que, de acuerdo al recuento de personas desaparecidas que realiza de manera mensual Amapola, periodismo transgresor, su caso es parte de las 44 personas no localizadas en abril. La mitad de ellas mujeres.
El recuento de desapariciones muchas veces se cruza con los homicidios que también son documentados por este medio.
“Buscar a una niña, adolescente o mujer no se debería reducir a colocar su ficha de búsqueda en las redes sociales de la Fiscalía, no debería pero así le hacen, su juego es siempre lavarse las manos y dejarlo en manos de familiares y sociedad”, dijo Jaimes Rendón.
Los números para mayo no cambiaron, al contrario, aumentó el numero de desaparición de mujeres, 45 de lo 77 casos documentados. De las 121 personas desaparecidas en este bimestre, 67 son mujeres, lo que equivale a un 55 por ciento de la cifra total.
Abril, 44 personas desaparecidas
De los 44 casos de desaparición documentados en abril, 22 son de mujeres; 15 de ellas fueron localizadas.
A Vanessa la localizaron, pero sin vida. La etiqueta de localización, cuando así ocurre, aplica tanto para el caso de personas vivas como fallecidas.
De acuerdo con las distintas categorías de fichas de búsqueda los datos quedaron de la siguieren manera: 12 fichas de búsqueda fueron emitidas por la Alerta Ámber, alerta especializada en la desaparición de menores. Tres fichas de búsqueda de la Alerta Alba, especializado en mujeres desaparecidas, al igual de de la Alerta Violenta, donde documentaron 11 mujeres no localizadas.
En el caso de Has visto a, alerta que dedican para reportar a hombres desaparecidos, en abril fueron reportados 18 no localizados.
Estas desapariciones ocurren principalmente en la región de Acapulco, con 24 casos; en la región Montaña, con cinco y zona Centro, con cuatro.
Aumentan desapariciones en mayo
En mayo las cifras aumentaron casi al doble: 77 personas desaparecidas, de las cuales 45 fueron mujeres y 32 hombres.
De esas 45 mujeres desaparecidas 28 fueron localizadas y 17 continúan desaparecidas.
En el caso de los hombres, de 32 desaparecidos, ocho fueron localizados y 24 continúan desaparecidos.
Acapulco, como región, concentra 23 casos de personas desaparecidas; le siguen la región Centro, con 19 casos, distribuidos en Chilpancingo, Chilapa y Eduardo Neri, y zona Norte con nueve casos, concentrados en Iguala, Teloloapan y Taxco.
Ante la necesidad de descentralizar la información sobre la interrupción legal del aborto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres inició una campaña denominada Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, en Tlapa de Comonfort, municipio de la Montaña.
Esta campaña tiene como objetivo brindar información sobre el aborto a las mujeres y personas gestantes.
Como parte de la campaña, realizaron un mural en uno de los lugares más transitados de Tlapa, en dicho mural se lee: ”Abortar es tu derecho». Agregaron los lugares donde las mujeres pueden acudir en caso de querer interrumpir su embarazo, así como números telefónicos a los que pueden acceder que alguna de ellas les dé acompañamiento, también el límite de semanas para un aborto legal, 12 semanas.
De acuerdo con las integrantes de la Red, a un año de la despenalización del aborto, este derecho aún no está garantizado para las mujeres en el estado. La zona de la Montaña, según los registros de la organización, es una región donde hay necesidad infraestructura y material para garantizar el servicio y al derecho de abortar.
“En esta zona muchos centros de salud de primer nivel, municipales y rurales, carecen de las condiciones necesarias para asegurar la garantía de acceso a servicios adecuados. Por tanto, es crucial suministrar insumos como profilaxis, mifepristona y misoprostol, a fin de brindar asesoramiento sobre el aborto en las comunidades donde no existen protocolos de atención establecidos”, mencionó Ana Grabiela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense.
Desde la despenalización del aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 150 mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. “Nos interesa mucho la descentralización de los servicios porque nosotras acompañamos, pero el alcance que tenemos ha sido mayor en redes, pero no todas las personas tienen acceso a redes, por eso decidimos hacer este mural”, agregó Candela Garzón.
Actualmente sólo hay dos módulos de atención al aborto, los cuales están en Chilpancingo, situación que preocupa a las activistas; mencionaron que es complicado para las mujeres de la Montaña viajar hasta la capital del estado por falta de recursos y tiempo.
“Es necesario reconocer los trasfondos que se entrelazan como consecuencia de los embarazos no deseados en nuestra región, como ejemplo, los casos de uniones forzadas infantiles, el abuso sexual, la desinformación, la práctica del incesto y la mortalidad materna. Ante esto, continuamos haciendo énfasis en la necesidad de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud, así como conocer el presupuesto destinado a la atención del aborto”, leyeron en un comunicado.
Esta campaña es iniciativa de la Red para que las mujeres de la zonas más alejadas tengan acceso a la información sobre su derecho al aborto.
“Es lamentable que muchas mujeres aún desconozcan que ya podemos y tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, debido a la falta de difusión y acceso a la información adecuada”.
Llamaron a que las mujeres a las que se les ha negado el servicio de aborto, lo denuncien, porque, dijeron, ya es un derecho y antes de la despenalización ya había causales que permitían abortar.
El aborto fue despenalizado en el estado el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención.
Además de la descentralización, otro aspecto que denunciaron las activistas es la falta de protocolos y estrategias por parte de las instancias de salud para garantizar un aborto seguro.
Agregaron que continuarán pendientes del trabajo de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG).
Fotografía: Captura de vídeo, Facebook: Redacción Noticiosa
Chilpancingo
Familiares y amigos de Maricruz García Margarito, quien fue asesinada en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, protestaron la mañana de este lunes frente al Juzgado de Control de Ometepec en protesta porque la jueza Adelina Adame Morales negó la orden de aprehensión en contra de sus dos presuntos feminicidas.
Los manifestantes denunciaron que el pasado viernes 5 de mayo, la jueza determinó no liberar la orden de aprehensión en contra de Simón y Tiburcio, quienes habrían privado de su libertad a Maricruz el pasado 27 de marzo; cuatro días después fue hallado su cadáver.
Sin embargo, a casi dos meses del feminicidio de Maricruz, hay un detenido, pero se desconoce su identidad.
“Solamente hay un detenido, a la fecha no hay órdenes de aprehensión para los demás culpables. Están identificados, las autoridades sólo se pasan la bolita”, mencionó una familiar de Maricruz.
Noemy García Margarito, hermana de Maricruz, expuso en redes sociales que no entienden los familiares por qué la jueza negó las órdenes de aprehensión contra los otros dos implicados si ya se tenían las pruebas en su contra.
“Sólo nos habló la notificadora para avisarnos que la juez no aprobó la orden de aprehensión en contra de los culpables, siendo que en días pasados ya las había liberado”, contó Naomy en su Facebook personal.
Maricruz desapareció el 27 de marzo cuando salía de su trabajo, acompañada de su cuñada, en una camioneta rumbo a su pueblo, Cuanaxcatitlán.
En Yoloxóchitl, un Tsuru blanco, en el que viajaban tres hombres armados, se le atravesó a la camioneta en que iba Maricruz, la obligaron a bajar y después se la llevaron por la fuerza.
La familia y pobladores de Cuanaxcatitlán realizaron bloqueos durante la desaparición de Maricruz para exigir a las autoridades su aparición con vida.
Después de cuatro días, el cadáver de Maricruz fue hallado entre las comunidades de Yoloxóchitl y Cuanaxcatilán, mancipo de San Luis Acatlán, Costa Chica.
A más de 40 días del feminicidio de Maricruz, sus familiares exigen la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que la jueza les dé información certera del caso y el feminicidio no quede impune.
Durante la protesta, la gente pidió a las autoridades medidas cautelares a los familiares de Maricruz, porque los han amenazado.
Familiares y amigos de Maricruz García, víctima de feminicidio protestaron frente al Juzgado de Control en Ometepec.
