Pendiente reforma en salud para un aborto seguro y gratuito

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Amílcar Juárez 

28 de septiembre de 2022

Chilpancingo 

 

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, en el marco del Día de acción global por la despenalización del aborto, informó que aún falta mucho en materia de salud y difusión para garantizar un aborto legal y seguro para las mujeres en la entidad.

En conferencia de prensa, la Red Guerrerense llamó a las instituciones de salud, públicas y privadas, a garantizar el derecho de aborto despenalizado desde el pasado 17 de mayo.

“Las instancias de salud deben ponerse al corriente con la reforma histórica que se logró en Guerrero el pasado 17 de mayo”, mencionó Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante de la Red.

Explicaron que a pesar de que existe disposición de parte de las autoridades de salud y de que ya se impartieron talleres al personal médico, aún hay muchos problemas que afectan la seguridad de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.

“Ejemplo de ello es que continúa la práctica del legrado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que debe de eliminarse y sustituirse por una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), en otros casos, las dosis con medicamentos no son las correctas, Desconocemos si estas prácticas se mantienen por falta de infraestructura o por desconocimiento de los procedimientos y normas”.

Otro de los retos que hay es la difusión de la despenalización del aborto en comunidades donde no se habla español, no hay luz, acceso a internet o teléfono.

La despenalización social es otro tema que preocupa a las activistas, porque consideran que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen miedo a ser juzgadas por su familia y comunidad cuando no tienen porque ser persuadidas para cambiar su decisión.

La Red mencionó que esas son problemáticas que tiene que asumir el Estado para garantizar un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres.

“Sabemos que aún existen muchos obstáculos, pero estamos seguras y confiadas de que este cambio será paulatino y gradual”, dijo Gutiérrez Sotelo.

De acuerdo con la información de la Red Guerrerense, desde que se aprobó la despenalización a la fecha acompañaron a 61 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, principalmente en Chilpancingo, Acapulco y Eduardo Neri.

Y están en un rango de edad desde los 13 hasta los 36 años, que son estudiantes, trabajadoras y amas de casa, con hijas e hijos, solteras y casadas.

La Red Guerrerense mandó un mensaje a todas las mujeres que quieran practicarse un aborto, que si tiene dudas pueden acudir a ellas por si necesitan un acompañamiento, las pueden localizar en sus redes sociales donde también está disponible un línea telefónica para mayor información.

Ante la falta de resultados gubernamentales contra la venta de niñas comunidades de la Montaña propondrán otra estrategia 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

20 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

Elvira García Rodríguez, integrante del Colectivo Contra el Abandono y Discriminación en la Montaña Alta, dijo que ante el fracaso de la estrategia contra la venta de niñas implementada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población implementará su propia estrategia para enfrentar dicha problemática.

«La estrategia contra la venta de niñas que fue a presentar la gobernadora y la ONU a Tlapa es un fracaso, es una estrategia oscura porque no se está trabajando en nuestras comunidades», denunció García Rodríguez.

El pasado 10 de noviembre, Salgado Pineda acompañada de la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón; de representantes de la ONU y de la Comisión Nacional Contra la Violencia y la Discriminación (Conavim), presentaron en la ciudad de Tlapa de Comonfort, una estrategia para erradicar la venta de niñas en Guerrero.

A casi un año de que la estrategia se implementó no hay resultados concretos, la venta de niñas continúa y los talleres que se supone llevarían a la población solo los realizan en las cabeceras municipales, denunció García Rodríguez.

«Estamos haciendo conciencia y estamos trabajando para parar esto (la venta de niñas), pero no por la estrategia que la gobernadora está manejando, si no porque nosotros decimos ser una población más conciente y ya no permitir esos casos», mencionó García Rodríguez en entrevista al término de una protesta afuera de Palacio de Gobierno.

A través del Colectivo al que García Rodríguez pertenece pretenden dar cursos, talleres y capacitaciones a los autoridades de las comunidades, a los adultos mayores y a la población para concientizarlos sobre la problemática de la venta de niñas.

García Rodríguez dijo que si la estrategia de la gobernadora no funciona es porque pretenden imponerles ideas que «son de la ciudad y de la nada quieren aplicarlas a las comunidades y eso no debe de ser».

Agregó que la secretaria de la Mujer acudió al poblado de Joya Real pero no fue bien recibida por los pobladores por considerar que quería imponerles ideas.

Otra de las denuncias es que ningún funcionario público o representante de las organizaciones no gubernamentales que impulsan la estrategia se acercan a las comunidades a dialogar.

«Se supone que hay representantes y enlaces regionales, pero nunca los vemos ni sabemos qué hacen, por eso nosotros aparte impulsaremos nuestra propia propuesta», dijo García Rodríguez.

De acuerdo con García Rodríguez para los talleres tampoco se tiene personal capacitado porque no conocen las lenguas originarias de la región.

«Los pueblos originarios queremos cambiar, pero no porque nos lo imponga la ONU o la gobernadora, si no porque nosotros así lo decidimos».

En la imagen, una protesta de mujeres contra la violencia machista el pasado 24 de abril en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez.

 

Presentan transporte exclusivo para mujeres con el objetivo de erradicar el acoso

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La tarde de este martes la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, dio el banderazo de salida del programa Transporte Violeta.

El Transporte Violeta es parte de las políticas públicas del gobierno del estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IINEGI), nueve de cada diez mujeres sufren acoso en el transporte público.

El evento se realizó en la explanada del palacio de gobierno.

Pablo Gordillo Oliveros, secretario técnico de la gobernadora, explicó que el transporte violeta es un programa más para fortalecer y garantizar la integridad de las mujeres.

Recordó que el pasado 18 de julio del 2022 se activó la Alerta Violeta, en caso de desaparición de alguna adolescente, niña o mujer mayor de 18 años.

“Al día de hoy este programa tiene una tasa de éxito de 97 por ciento. Con la identificación a salvo de 52 mujeres en lo que va del programa”, dijo Gordillo Oliveros.

Por el momento, el Transporte Violeta funcionará en Chilpancingo y Acapulco.

En Chilpancingo habrá 18 unidades exclusivas, con nueve rutas, las cuales son: Amate-Jacarandas, ruta Oriente, San Mateo, PRD Parte Alta, ruta Liverpool, ruta Santo Domingo-Mercado, Zinnia, Rosario Ibarra y Los Ángeles.

Se integran también 50 taxis exclusivos Violeta, de los cuales, 20 ya tienen vídeo vigilancia y geolocalización.

En Acapulco habrá cuatro unidades del Acabús exclusivas, en las rutas uno y cinco.

En la actividad también estuvo presente el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.

En su intervención, Salgado Macedonio mencionó el trabajo de Salgado Pineda en beneficio de las mujeres. “Es la primer gobernadora en denunciar públicamente la venta de niñas en el estado”, destacó.

“La violencia tiene que llegar a su fin. Guerrero tiene que ser el santuario de las mujeres”, dijo Salgado Macedonio, quien enfrentó durante su campaña en 2021 tres denuncias por abuso sexual. Al final, dejó de ser candidato por no comprobar gastos de campaña y su partido, Morena, designó como candidata a su hija.

La gobernadora felicitó a las y los transportistas por su disposición ante esta iniciativa.

“Esto va más allá de pintar las unidades, es todo un trabajo de capacitación constante para los transportistas, esperemos que más adelante su unan más unidades”, externó Salgado Pineda.

Dijo también que en su gobierno no se tolerará el acoso ni la violencia hacia las mujeres.

Esta es la primera etapa del Transporte Violeta, según se explicó. En la segunda etapa se espera que haya una aplicación en los teléfonos celulares para pedir los taxis, así como expandir la iniciativa a otros municipios.

El estado de Guerrero tiene dos alertas, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.

Por encima de estas medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, este lunes 19 de septiembre

Fueron asesinadas cuatro mujeres en diferentes partes del estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degollan e incendian a una mujer en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

18 de septiembre del 2022

Chilpancingo

Una mujer identificada con el nombre de Jéssica Muñoz fue asesinada con un arma blanca y después incendiada en el interior de su domicilio en la colonia CNOP, aquí en Chilpancingo la noche de este domingo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la mujer que vivía en la Sección B de esta demarcación presentaba heridas punzocortantes en el cuello, tórax y quemaduras.

La FGE informó que en el interior de la casa donde hallaron el cadáver había cosas quemadas. También indicó que este caso será investigado como feminicidio.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) resguardan un cadáver hallado a un costado de la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla, cerca del punto conocido como los túneles, en abril del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Hemeroteca Amapola)

 

Presentan iniciativa para erradicar la violencia contra niñas y mujeres en Guerrero 

Texto: Itzel Urieta

Fotografía:

Chilpancingo

 

La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la iniciativa Spotlight, presentaron una iniciativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en Guerrero.

Al medio día de hoy representantes de la ONU y spotlight presentaron la Iniciativa Spotligth con el objetivo es reducir los feminicidios y la violencia contra niñas y mujeres en el estado a partir de diversas acciones multidisciplinares para la prevención, atención, sanción y reparación.

El acto se llamó Encuentro de Alto Nivel para Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas.

El acto fue encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el cual, se dieron a conocer los resultados de la implementación de la Iniciativa Spotlight Fase 1, en Guerrero.

En su discurso, la gobernadora Salgado Pineda dijo que en Guerrero se garantiza a las mujeres una vida sin violencia, donde cada acción y estrategia se marca con perspectiva de género.

Destacó el Protocolo Violeta como una política de su gobierno y dijo que se iniciará con la segunda fase con el Transporte Violeta contra el acoso hacia las mujeres y la iniciativa para combatir los matrimonios forzados. Subrayó que ningún uso ni costumbre debe violentar los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

La gobernadora aprovechó la oportunidad para mencionar la situación que se menciona acerca de su gobierno, en donde su papá el senador Félix Salgado Macedonio, a veces le roba reflectores.

“Romper con eso, que donde está una mujer a fuerza debe estar un hombre, hay que romper que si está en el poder (una mujer) pero manda su marido, está en el poder pero manda su padre, está en el poder pero manda su hermano, está en el poder pero siempre tiene que decir que hay un hombre, asesorando, mandando o decidiendo por una mujer, eso se acabó”, comentó Salgado Pineda.

Respecto a los resultados de la fase 1, Rocío Álvarez, coodinadora técnica de la Iniciativa Spotligth; dio a conocer que se realizaron trabajos legistativos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.

También dijo que se brindó capacitaciones en materia de género y derechos humanos a servidores públicos, principalmente, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que son ellos quienes tienen contacto directo con las víctimas.

Sobre la fase 2, Yaneli Sánchez Macías, coordinadora de Spotligth en la ONU Mujeres dijo que, en la fase 2 viene la implementación, etapa en la que se trabajarán 15 iniciativas de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres.

«Se trabajará para erradicar los matrimonios forzados, sé que en el Congreso del estado tenemos aliadas y aliados», dijo Sánchez Macías.

Atender y dar prioridad a sobrevivientes y víctimas de feminicidio, así como una alerta de atención temprana para prevenir el femicidio, serán también actividades de la fase 2.

De acuerdo con la activista por los derechos de las mujeres, Emma Cerón Díaz, esta iniciativa existe desde el 2019 pero no se realizó por el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

Cerón Díaz señaló que es importante trabajar en este tipo de iniciativas y que se tome en cuenta a activistas y colectivas feministas.

El estado de Guerrero tiene dos alertas de género activas una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.

Marchan en Chilpancingo contra la violencia vicaria

La violencia vicaria es aquella que busca dañar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, sustrayéndolos del hogar. Se llama así por el apellido de la investigadora de origen argentino que estudia este tipo de violencia ejercida contra las mujeres.


Texto y foto: Itzel Urieta

Chilpancingo

 

Diana Yaraví Hernández Castro es madre de Ireri Organista Hernández. Hace nueve años se separó de su pareja Mauro Eduardo Organista García.

Después de separarse, Diana se quedó con la guarda y custodia de su hija Ireri; vivían en Atoyac de Álvarez.

Diana permitía que su hija conviviera con su padre aunque él no cumplía con sus obligaciones económicas.

En julio del 2017, Ireri viajó a Chilpancingo para pasar las vacaciones de verano con su padre, Ireri tenía siete años en ese entonces, desde entonces, Diana no ha visto a su hija.

“Él la sustrajo, la robó, me la quitó y la alejaron de mí sin que hasta el momento yo pueda convivir con ella”.

De acuerdo con Diana, su hija Ireri es manipulada por su padre y su familia para impedir que conviva con ella.

Lo que vive Diana se le llama violencia Vicaria. La violencia vicaria es aquella que busca afectar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, sustrayéndolos del hogar, o haciéndoles daño. Se llama así por el apellido de la investigadora de origen argentino que estudia este tipo de violencia ejercida contra las mujeres.

Por su caso, colectivas feministas marcharon la tarde de hoy para exigir a las autoridades que ayuden a Diana a recuperar a su hija.

Además piden que se apruebe la Ley de Violencia Vicaria.

La ex pareja de Diana impide que madre e hija tengan contacto, creen que la manipula para que no convivan.

Diana además fue denunciada por violencia digital por el padre de su hija después de que el pasado 10 de mayo, Diana publicó su historia en su perfil personal de Facebook.

Las colectivas feministas que marcharon en apoyo a Diana dijeron que no hay justicia debido al influyentismo de su padre y su abogada.

La abogada del padre es Anacleta López Vega, quien actualmente es subsecretaria de Derechos Humanos, en la Secretaría General de Gobierno.

“Me he perdido muchos momentos importantes de mi hija. Me perdí su primera comunión y su graduación de la primaria”.

De acuerdo con estudios psicológicos realizados al padre, se le recomendó reeducarse, asistir a terapia él y su hija, a las cuales no asisten.

La exigencia de la manifestación fue que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, y la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, actúen a favor de la madre.

La marcha comenzó en el monumento a las Banderas, al sur de la ciudad, y terminó en las instalaciones del Congreso local.

En el Congreso se manifestaron con pancartas, lonas y consignas. Durante la manifestación salió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel.

Sánchez Esquivel dialogó con las manifestantes y acordaron tratar el tema de la Ley de Violencia Vicaria.

El proyecto de ley fue presentado por la diputada morenista Jessica Alejo Rayo y actualmente está en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.

Las colectivas feministas llamaron a las mujeres que viven este tipo de violencia a no quedarse calladas y alzar la voz.

El caso de Diana no es el único. A la manifestación llegó Teresa Ramírez, madre de Karla, quien supo de la marcha a través de la radio.

Dijo que se solidariza con Diana porque su hija Karla vive lo mismo, tiene tres años sin ver a su hija, quien fue sustraída por su padre. Esto hizo que Karla se fuera de Chilpancingo.

“Ella está pasando lo mismo y el hombre trabaja en el gobierno de Evelyn Salgado, también tiene influencias y mi hija se cansó de que no se hiciera justicia”, comentó Teresa.

 

«Nos maltratan y a veces no hay suficiente comida», dice ex usuaria de refugio de mujeres

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

Chilpancingo

 

Un albergue de mujeres en situación de violencia dado de baja en 2018 del Registro Nacional de Refugios (RNR) por haberse detectado una serie de irregularidades sigue en funciones a pesar de que continúan los malos tratos y falta de alimentos, denunciaron las usuarias.

Una ex usuaria del refugio a quien para cuidar su identidad le llamaremos Ema, contó que su «expulsión» del albergue fue después que le pidió a la directora de este espacio Susana Castro Meza que le dieran atención médica a su pequeña hija que tenía tres días con una fuerte tos.

Fue una psicóloga la que le dio un medicamento porque en el refugio no había.

La denunciante afirmó que en una visita que realizó a este espacio la Procuradora de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, ella y otras mujeres le entregaron varias cartas en las que le contaron todas las irregularidades que existen en el albergue.

El refugio funciona con recursos de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.

La denunciante mencionó que el pasado 23 de junio hubo una reunión en la que estuvo Castro Meza, la procuradora, Yuridia Melchor y la directora de administración del refugio, Yolanda Rodríguez.

«En la reunión en la que estuvimos cinco de las siete usuarias nos dijeron que ya habían leído las cartas y que por ese motivo habría consecuencias legales contra nosotras», contó Ema.

En los escritos que le dieron a la funcionaria las mujeres detallaron el maltrato que sufren los niños como es la falta de un médico y de alimentos.

«Había ocasiones en que no había tortillas, agua y leche, y era la cocinera del albergue la que compraba de su dinero estos alimentos», refirió.

La ex usuaria mencionó que en esa reunión, Castro Meza aparte de amenazarlas les advirtió que ella tenía mucho poder porque era amiga de Pino Girón.

También se habló con la delegada regional de la Secretaría de la Mujer, María Delia Figueroa Salas, quien en vez de apoyarla le dijo que los tres meses para permanecer en el refugio ya habían concluido y que era tiempo que se fuera.

Estos espacios donde se les da cabida a las mujeres en busca de protección de ellas y de sus hijos menores establece un período de tres meses para que permanezcan en este lugar y salir con las condiciones de rehacer su vida.

«Yo le decía a la delegada (Figueroa Salas) que no me quería ir porque tenía que terminar con mis procesos legales y me faltaba reforzar la autoestima de mis hijos», dijo.

Mencionó que a pesar de que le decía a la funcionaria que quería permanecer en el albergue la expulsaron sin tener afuera un trabajo y una red de apoyo para que la cuidara.

Salió del refugio y con un dinero que le dio la delegada de la Secretaría de la Mujer pagó el alquiler de una habitación en un hotel donde durmió una noche acompañada de sus dos pequeños hijos.

Actualmente la ex usuaria vive en la casa de una amiga y para mantener a sus hijos se alquila en realizar tareas de aseo en las viviendas.

Ema quien decidió dejar a su esposo porque la violentaba psicológicamente y económicamente además de que le era infiel con otras mujeres, interpuso denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

En estas denuncias, Ema, relata la serie de maltratos, escasez de insumos y de recursos públicos que sufren las mujeres que acuden a este lugar para buscar protección de su vida.

Después de que Ema fue expulsada del refugio e hizo las denuncias, Castro Meza fue destituida y la Secretaría de la Mujer publicó una convocatoria para la elección de la nueva directora.

«Cuando dije todo lo que ahí pasaba la titular de la Secretaría de la Mujer (Violeta Pino) se molestó conmigo reclamándome porque mencione su nombre en la denuncia», afirmó Ema.

El pasado 18 de julio, tres ex trabajadoras de este refugio acudieron al Palacio de Gobierno y le entregaron un documento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre las irregularidades en este albergue en contra de ellas y de las usuarias.

Son dos enfermeras y una psicóloga las que fueron despedidas por la entonces directora del refugio Susana Castro las que denunciaron los maltratos que sufren las usuarias y sus pequeños hijos.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que las irregularidades que existen en este refugio de mujeres que han vivido violencia extrema es de varios años atrás y no en este gobierno.

Mencionó que por la «violencia institucional» que viven en ese albergue las mujeres fue el motivo de que la Red Nacional de Refugios (RNR) lo diera de baja desde el 2018.

«Llegan (las mujeres) de vivir una violencia extrema por parte de sus parejas o ex parejas y llegan a un espacio donde tendrían que darles una atención integral para salvaguardar su vida pero no es así porque muchas veces llegan a ese espacio ahora para sufrir una violencia institucional», añadió.

Este refugio para mujeres víctimas de la violencia fue creado durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y empezó a decaer en su funcionamiento desde la administración de Ángel Aguirre Rivero quien gobernó del 2011 al 2014.

Reyna Aguilar dijo que su organización se ha ido enterando de esos abusos que se cometen en este refugio a través de las denuncias que han recibido de las ex usuarias.

«Hubo el caso del chofer de un vehículo oficial del refugio que andaba enamorando a las usuarias», contó.

Reyna Aguilar dice que el gobierno coloca es esos espacios a gente con las que tienen compromisos políticos y no a personas capacitadas que brinden una buena atención a las mujeres que sufren todo tipo de violencia.

Indica que los encargados del refugio hacen lo que les viene en gana porque no son vigilados por las autoridades y por ello va a proponer a la Secretaría de la Mujer que se nombre un comité integrado por la sociedad civil y el gobierno.

Este comité tendrá como principal tarea observar y evaluar el trabajo que se realiza en ese albergue.
Reyna Aguilar afirmó que es grave que cuando las mujeres salen del refugio no tengan una protección y tampoco un sustento económico.

Por eso dijo que es necesario que la Secretaría de la Mujer tenga un presupuesto especial para destinarlo a apoyos económicos a las mujeres que salen del albergue además de que se les dé un seguimiento a sus casos.

«No sabemos qué es lo que pasa con las mujeres después que salen del refugio expuestas a sufrir otra vez violencia», dijo la activista feminista.

Desde el 2018, refugio está dado de baja por el RNR

Debido a que el refugio de Guerrero para mujeres que en situación de extrema violencia se han detectado una serie de maltratos a las usuarias, la Red Nacional de Refugios (RNR) lo dio de baja desde el 2018 cuando era gobernador el priísta Héctor Astudillo Flores.

«Hicimos algunas observaciones después de las visitas que hicimos (al refugio) en donde recabamos algunos comentarios de las usuarias y no se corrigieron y ya no es integrante de la Red desde el 2018», afirmó la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales.

Mencionó que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la que observa y evalúa que en los refugios se respeten los derechos de las mujeres.

El protocolo de estos refugios establece no mencionar su ubicación por la seguridad de las mujeres y sus hijos.

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Asesinatos de niñas y adolescentes aumentan en 14% en el primer semestre de 2022


Texto: Sergio Rincón y Marcela Nochebuena / Animal político

Fotografía: Amìlcar Juárez 

 

El asesinato de niñas y adolescentes ha aumentado 14% en el primer semestre de 2022. Entre enero y junio, asesinaron a 147 mujeres menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2021 la cifra fue de 129, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 27 de junio, medios locales reportaron que una mujer y una niña de cinco años fueron asesinadas afuera de una estación de autobuses en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Una semana antes, otra familia sufrió un atentado, pero en la región de la costa oaxaqueña, donde una niña de siete años también fue asesinada. La noche del 17 de mayo pasado, una menor de dos años fue víctima de feminicidio, junto con su abuela de 62 años.

Oaxaca es el estado con más números rojos, pues pasó de registrar tres asesinatos de niñas en el primer semestre de 2021 a 17 víctimas para ese periodo de 2022. Al menos 10 de estos crímenes se realizaron con armas de fuego, cuatro con arma punzocortante y el resto con otro elemento.

El Estado de México también tuvo un incremento considerable, al pasar de 14 niñas asesinadas a 23. De igual forma, la mayoría de estos crímenes fue con armas de fuego.

Otras entidades que registraron aumentos fueron: Michoacán con seis víctimas más; Nuevo León, con cinco; Veracruz, con cinco, y Sonora, con tres.

Estados como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas tuvieron una ligera disminución, pero también presentaron más víctimas que el promedio.

Este medio preguntó a Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por qué se ha dado esta tendencia al alza y por las acciones que se están realizando para prevenir los feminicidios de niñas.

“Es un tema que hemos visto en los estudios de feminicidio que se han hecho en los últimos 20 años por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, siempre se identificó el feminicidio de niñas como un tema importante y un poco sorprendente porque tenemos esa idea de que cuidamos a las niñas y a los niños como sociedad, y nos damos cuenta de que no, estamos viendo maltrato, abuso, diferentes tipos de violencia, incluido el feminicidio de niñas”, dijo.

“Es un tema que nos preocupa, hemos estado trabajando de la mano del sistema nacional DIF, de la procuraduría, del SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) y que están puestas las alarmas, se está analizando y se está actuando… también se está actuando para prevenir. La procuraduría de la infancia está también actuando de una manera diligente para atender los casos en momentos donde hay denuncias, alarmas, antes, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa”, sostuvo.

Durante el informe mensual sobre la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se realizan acciones de prevención, atención y sanción hacia estos actos.

“(En) la mayoría de estos casos, es evidente la cercanía de la víctima y el agresor; por ello, insistir en la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta de violencia en el entorno familiar o laboral inmediato. No basta sancionar a los agresores, es necesario cortar el ciclo de violencia desde temprana edad y, como ya señalamos, trabajar con las personas jóvenes y adolescentes en materia de cultura de paz y prevención de las violencias”, señaló.

Detenidos, vinculación y sentencias

La secretaria de Seguridad destacó las detenciones de Jorge, de 51 años, y Jorge Alberto, de 23, en el municipio de Arteaga, Michoacán, acusados por el feminicidio de Kimberly Melissa, de 14 años.

La madrugada del 26 de junio, Jorge Alberto asesinó a su víctima con más de 30 heridas de arma punzocortante, en un hotel de Morelos. Tras los hechos, el padre del agresor regresó por su hijo y dejó en la habitación el cuerpo de Kimberly. Ambos huyeron a Michoacán, donde trataron de esconderse.

Ambos fueron vinculados a proceso y se encuentran recluidos en la cárcel distrital de Cuautla, Morelos.

Entre enero y junio de este año, al menos siete menores de edad fueron asesinadas en Morelos. Del total, solo tres casos fueron clasificados como feminicidios.

La secretaria Rodríguez también informó de la vinculación a proceso de Melquisedec, presunto feminicida de Ximena Monserrat, de 17 años, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Está acusado también de abusar sexualmente de ella y abandonar su cuerpo en un terreno baldío.

Al ser menor de edad, el presunto agresor fue recluido en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes de Nuevo León.

En Nuevo León, la ola de violencia contra mujeres menores de edad también creció, al pasar de dos víctimas en el primer semestre de 2021 a siete en el mismo periodo de 2022.

Dentro de otro caso, Antonio y Mauricio fueron vinculados a procesos por el delito de feminicidio en agravio de una niña en el municipio de Chichiquila, Puebla, el pasado 2 de julio.

En Veracruz, Jaime fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y pederastia agravada, luego de que el 31 de enero asesinó a su pareja sentimental, una adolescente que tenía cuatro meses de embarazo.

En cuanto a sentencias, la secretaria de Seguridad agregó que el 20 de junio la Fiscalía General de Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años contra un hombre identificado como Horacio, por el delito de violación agravada.

El acusado aceptó que, en abril de 2019, violó a una niña de 16 años. Con esta nueva sentencia, acumula 35 años de prisión, una situación derivada de otras condenas por delitos de índole sexual en perjuicio de otras víctimas de 12 y 13 años.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Homicidios de mujeres alcanzan máximo histórico en junio; 50 municipios concentran 46% de feminicidios

De enero a junio, se han abierto 493 carpetas de investigación por feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos alcanzados en junio y agosto del 2021.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero

 

Mientras el número de mujeres víctimas de homicidio doloso alcanzó en junio de 2022 su máximo histórico desde enero de 2015, de acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, asegura que la dependencia está poniendo énfasis en los 50 municipios que concentran el 46% de feminicidios.

De acuerdo con la funcionaria, en conjunto con las instancias estatales para las mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), el instituto busca fortalecer los sistemas preventivos de detección y atención a las violencias, como las órdenes de protección, la investigación con perspectiva de género, los centros de justicia y los refugios, de manera que se atiendan los casos y las causas antes de llegar al feminicidio.

“Estamos trabajando de una manera articulada en varias cosas importantes; este es un tema que se discute en las mesas de seguridad y construcción de paz, que no se discutía antes, y donde participan las instancias de las mujeres; también con una estrategia de cero impunidad, pues estamos viendo cada vez más feminicidas, violadores, que se investiga el delito y llega a la parte de justicia”, aseguró Gasman.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, de enero a junio de 2022 se han abierto en el país 493 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos históricos de 111 y 112 alcanzados en junio y agosto del 2021.

Sin embargo, la tendencia nacional de mujeres víctimas de homicidio doloso va a la alza: alcanzó a 281 durante junio de este año, la cifra más alta que se ha registrado en un mes desde enero de 2015. Durante 2021, en agosto se registró un máximo de 271 delitos de este tipo hacia las mujeres. En lo que va de este año, suman en total mil 398. La clasificación de los asesinatos contra mujeres como feminicidios queda a criterio de las fiscalías estatales.

Según cifras oficiales, 100 municipios del país concentran el 62.4% de los feminicidios y 179 el 37.6%, un total de 279 municipios con registro de este delito, lo que representa apenas el 11.2% del total de municipios del país: 2 mil 471. Es decir, 2 mil 192 municipios no tienen registro alguno de este delito.

Entre los que concentran la mayor cantidad, en términos absolutos, se encuentran Guadalupe, Nuevo León; Juárez, Chihuahua; Ecatepec y Valle de Chalco, en el Estado de México, y Juárez, Nuevo León. Sin embargo, las tasas más altas –número de delitos por cada 100 mil mujeres– se ubican en Batopilas, Chihuahua; Ciénega de Flores y Salinas Victoria, Nuevo León; Guachochi, Chihuahua; y Mezquitic, Jalisco.

Violencia estructural

Nadine Gasman señala que el Inmujeres trabaja en un programa de mujeres constructoras de paz junto con el SESNSP, que crea un diálogo entre las mujeres de la comunidad y las presidencias municipales para identificar cuáles son las áreas donde hay problemas de violencia estructural y dónde se pueden realizar acciones para fortalecer el tejido social.

“Muy importante es la recuperación de espacios públicos, entonces tenemos alrededor de 500 redes de mujeres constructoras de paz en todo el país, y cada una hace su propio diagnóstico, hace su acuerdo con la presidencia municipal y trabajan… Tenemos muchos programas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en los próximos años, y esperamos que queden, que tienen que ver con este empoderamiento de las mujeres.

“Uno muy importante tiene que ver con la participación de las mujeres rurales, especialmente las mujeres rurales e indígenas, en la tenencia de la tierra y la participación, por lo tanto, en los consejos ejidales comunitarios; tenemos trabajo también muy localizado en la montaña de Guerrero para desarrollar las condiciones para prevenir los matrimonios precoces forzados”, aseguró la titular del Inmujeres.

Sin embargo, aclaró, lo más importante es la coordinación interinstitucional porque “justamente donde las cosas nos fallan es cuando la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, o no se comunican, y parte de llevar este tema a las mesas de construcción de paz es justamente cerrar filas, darle seguimiento a los casos”.

Para ello, dice, son fundamentales también las mesas de acceso a la justicia donde participan las organizaciones de la sociedad civil para que el sistema funcione. La cero impunidad, asegura, es igualmente una medida de prevención, porque cuando se acaba con ella, se da un mensaje inequívoco a la sociedad de que el delito es inaceptable, lo cual debe hacer pensar a los agresores en las consecuencias: “que sí van a acabar 40,50, 60, 70 años en la cárcel, y eso tiene un impacto en el tema de violencia”.

Otras medidas de prevención

Gasman asegura que la preocupación central del Inmujeres es trabajar en el modelo de prevención primaria, es decir, en las acciones necesarias para que no sucedan los delitos. Para ello, considera fundamental dialogar sobre masculinidades, relaciones de poder y ocuparse de todos los tipos de violencia.

“Nos parece que hemos avanzado en que esto ya no es un tema que no se habla, que no esté en ningún lado; es parte de la conversación cotidiana de todos y de todas, y se ha vuelto muchísimo más visible, y muchísimo más intolerado, primero por las mujeres, pero yo diría que también por la sociedad”, asegura la titular del organismo.

Según Gasman, la violencia sexual y los feminicidios son temas preocupantes en los que “tenemos camino todavía por andar”, pero se hace un esfuerzo importante tanto para prevenir como para atender e investigar con perspectiva de género. Sin embargo, lo que más le preocupa es cambiar a la sociedad, y sus condiciones estructurales, para prevenir la violencia contra las mujeres.

Una de ellas, dice, es la desigualdad entre hombres y mujeres, para lo que se impulsa, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la transformación curricular de tal manera que los temas de igualdad, perspectiva de género, interculturalidad y reconocimiento de la diversidad estén contemplados en los contenidos y libros de texto.

Con esa dependencia también están en marcha, desde 2021, unos lineamientos para la prevención, atención al acoso y al hostigamiento sexual en la educación superior y en otros niveles. En tanto, con la Secretaría del Trabajo se desarrolla un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral que, de acuerdo con Gasman, ya se está difundiendo e implementando.

Por otro lado, la titular de Inmujeres subraya la puesta en marcha de la estrategia de prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil: “Este ha sido el tercer o cuarto año en el que hemos dado recursos, que nunca se habían dado, para hablar sobre educación en sexualidad, liderazgo de niñas, etcétera, a nivel de los estados”.

La violencia digital y el empoderamiento de las mujeres, en lo relativo a la participación política y económica, son otras dos líneas centrales del modelo de prevención primaria, al igual que el trabajo de los semilleros de cultura en los municipios más violentos, que son espacios de prevención de violencia y cuidado, a través del arte, para niñas y adolescentes.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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De Digna Ochoa a Luz Raquel Padilla: 20 años de feminicidios donde las autoridades culparon a víctimas de su propia muerte

Casos como los de Digna Ochoa, Lesvy Berlín, Debanhi Escobar o Luz Raquel Padilla comparten haber tenido fallas de autoridades, revictimización y obstáculos al acceso a la justicia.


Texto: Erendira Aquino / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

28 de julio de 2022

Chilpancingo

 

En las últimas dos décadas, miles de mujeres han sido asesinadas de forma violenta en México. Por el perfil de las víctimas o las circunstancias en que ocurrió el crimen, algunos casos han generado impacto en la opinión pública y la exigencia de ser resueltos. Pero en las investigaciones, ha destacado un común denominador: la decisión de las fiscalías de culpar a las propias muertas de lo que les pasó, sin pruebas y de manera errónea.

Ocurrió hace 20 años con el asesinato de Digna Ochoa, pero pasa aún en la actualidad: esta semana, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación en la muerte de Luz Raquel Padilla es que ella pudo ser quien se autogredió, aunque existen denuncias previas de amenazas y una solicitud de medidas de protección; semanas antes, en Nuevo León, las autoridades dieron por hecho que Debanhi Escobar, joven reportada como desaparecida, había fallecido de manera accidental, hipótesis descartada con un peritaje independiente y la exhumación del cuerpo por parte de agentes federales.

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), esta conducta de las autoridades tiene como origen la intención de que disminuya la percepción de los altos niveles de violencia contra las mujeres en el país, y de que no hay respuesta pronta a las demandas de verdad y justicia. Además, señala que prevalece una cultura machista entre los funcionarios encargados de las investigaciones, que insisten en estigmatizar a las víctimas.

Karla Micheel Salas, abogada y activista, explica que por ello la sociedad civil ha luchado para que las autoridades tipifiquen toda muerte violenta como feminicidio y que se investigue cada caso con perspectiva de género, lo que permite tener la certeza de las causas de los asesinatos. Sin embargo, señala que hasta ahora para las fiscalías es más sencillo minimizar la crisis de violencia feminicida “con el pretexto de que tienen cosas más importantes que hacer, como si la vida de las mujeres no importara”.

Aquí, cinco de estos casos.

Digna Ochoa: décadas de prejuicios para sostener versión de suicidio

La defensora de derechos humanos Digna Ochoa, multipremiada y reconocida internacionalmente por su labor, fue hallada muerta en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. Durante años trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia y de las Fuerzas Armadas, y previo a su muerte había sido víctima de amenazas y secuestros.

Debido a esto, en 1999 solicitó medidas de protección para ella y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde laboraba. Estas peticiones escalaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de la defensora. Pese a ello, fue asesinada.

Inicialmente, las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio, y tras demandas de la sociedad civil por una reevaluación del caso, en 2010 la entonces procuraduría de la Ciudad de México hizo una segunda revisión y concluyó que Ochoa no había sido asesinada, sino que se suicidó.

Esto fue descartado en enero de 2022, dos décadas después de los hechos, y por determinación de la Corte Interamericana. El organismo internacional afirmó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en la investigación, todas ellas con la intención de estigmatizar a la víctima, y remarcó que esta muerte se inscribió en un contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en esa época, y que vino precedida de años de amenazas. Por ello, ordenó la reapertura del caso y un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades.

En este caso, explica la abogada Karla Micheel, “la investigación se centró en el comportamiento de la víctima, a la que catalogaron como una que padecía trastornos psicológicos basándose en elementos de su vida privada, y tuvieron que pasar dos décadas para que un tribunal internacional le dijera al Estado mexicano, particularmente a la fiscalía de la Ciudad de México, que lo que hicieron para concluirlo fue completamente deficiente”.

Mariana Lima: el primer feminicidio por el que se pronunció la Corte

Mariana Lima, de 28 años, era esposa de un agente de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, quien el 28 de junio de 2010 acudió ante las autoridades para denunciar el presunto suicidio de la mujer, versión cuestionada por la madre de la víctima, Irinea Buendía, quien tenía conocimiento de que su hija vivía violencia familiar.

Irinea y su esposo iniciaron un largo camino en busca de justicia, y en 2015, con el acompañamiento del OCNF, consiguieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la sentencia 554/3, en la que ordenó que el caso se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.

Aunque con ello se consiguió que hallaran responsable al esposo de Mariana, y lo detuvieran en junio de 2016, la exigencia de justicia por su hija provocó que Irinea y su marido fueran desplazados de manera forzada de su hogar, ante las amenazas y agresiones de las que fueron objeto en diversas ocasiones, aun cuando tenían medidas de protección por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La sentencia por el caso de Mariana Lima marcó un precedente histórico para las víctimas de violencia feminicida en México, ya que el máximo tribunal ordenó que en los casos de asesinatos de mujeres debe investigarse la posibilidad de que se trate de un feminicidio, y que los funcionarios responsables de omisiones en las indagatorias deban ser sancionados.

Caso Narvarte: entre filtraciones y criminalización de las víctimas

El 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre: la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinoza, así como Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz y Olivia Alejandra Negrete.

Se trató del primer cuádruple feminicidio del que se tenga registro en la CDMX, y su investigación estuvo marcada por filtraciones de información que llevaron a la estigmatización y criminalización de las víctimas, como detalla la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió por el caso.

De acuerdo con el análisis de la comisión, la entonces procuraduría impidió el acceso a la información de la investigación a los familiares de las víctimas, pero permitió filtraciones que llegaron a los medios y provocaron la cirminalización de las cinco personas asesinadas: a Mile se le vinculó con el tráfico de drogas por su nacionalidad colombiana; se publicaron las fotografías de las mujeres, con huellas de tortura sexual, y se destacó que entre sus pertenencias había alcohol y drogas.

También encontró que la procuraduría no tomó en cuenta para la investigación las denuncias previas por parte de algunas de las víctimas. En el caso de las mujeres, no se siguieron protocolos específicos para casos de feminicidio, y no se indagó sobre la posible relación del homicidio con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza.

casi siete años de los hechos, hay tres hombres detenidos e imputados por el caso. Sin embargo, Karla Micheel Salas señala que se ha documentado la participación de más personas en el multihomicidio, a las que las autoridades se han negado a investigar.

Lesvy Berlín: su novio no fue testigo del suicidio, él la mató 

La mañana del 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio fue encontrada muerta, con un cable de teléfono enrollado en el cuello, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la CDMX. Sobre el caso, en un primer comunicado, la procuraduría capitalina dio como posible causa de su fallecimiento un suicidio, mismo que había sido supuestamente presenciado por José Luis, su novio.

Gracias a que esa fue la principal línea de investigación, José Luis, quien luego se comprobó que fue quien estranguló a Lesvy, continuó en contacto con su familia, e incluso estuvo presente en los funerales de la joven. Sin embargo, su madre, Araceli Osorio, inconforme por la respuesta de las autoridades, luchó para que se reevaluara el caso como feminicidio.

Por un peritaje presentado por el OCNF, realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se determinó que ella no pudo suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia, lo que logró que se reclasificara el delito y se investigara con perspectiva de género.

Este caso derivó en la primera recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local por un feminicidio, al acreditarse que hubo violación a su derecho al debido proceso con enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia y derecho a la verdad, derecho a la intimidad y a la vida, además de que no hubo debida diligencia en la investigación y atención a los familiares.

El 18 de octubre de 2019, el feminicida de Lesvy, José Luis González, fue sentenciado a 45 años de prisión y a pagar una multa de 337 mil 450 pesos por reparación del daño, y 47 mil 957 pesos por los gastos funerarios.

Debanhi: dos peritajes tumbaron versión de un posible accidente

Lo último que se supo de Debanhi Escobar, de 18 años, fue que acudió a una fiesta la madrugada del 9 de abril y que un conductor de taxi la abandonó en una carretera sola de Escobedo, Nuevo León, después de que ella le pidió que la bajara de la unidad, por motivos que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos. Una fotografía donde se le observa en medio de un camino oscuro, tomada por el taxista, es el último retrato de la joven con vida.

Dos semanas después, el 21 de abril, las autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo de un cuerpo dentro de la cisterna abandonada de un motel, en el que previamente se habían hecho inspecciones sin que dieran resultados positivos. De acuerdo con la primera versión de la fiscalía local, la joven había caído de manera accidental, golpeándose en la cabeza.

Esta respuesta de las autoridades provocó indignación, y la exigencia de que se investigara el caso como feminicidio se intensificó luego de que medios de comunicación dieran a conocer el resultado de un peritaje independiente realizado a petición de la familia de Debanhi, en el que se establecía que su cuerpo mostraba señales de una posible agresión sexual.

La familia de la joven había reservado la información de ese peritaje, por lo que a la exigencia de justicia por el feminicidio sumó la demanda de que se removiera a los funcionarios implicados en la filtración de los datos que revictimizaron a la joven y por las negligencias en la investigación. Esto motivó que intervinieran autoridades federales con un tercer peritaje del cuerpo, mismo que fue exhumado y reexaminado, con la conclusión de que la víctima fue asesinada por asfixia.

Han transcurrido más de tres meses y todavía no hay personas detenidas por este hecho. Su padre ha acusado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de Nuevo León de querer cerrar el caso, pero afirma que no descansará hasta obtener justicia y reparación al daño a la imagen de Debanhi, a quien se responsabilizó de su muerte por haber acudido a una fiesta y no irse con sus amigas y posteriormente se revictimizó.

La afectación contra las víctimas

María de la Luz Estrada y Karla Micheel Salas coinciden en que prevalece una cultura machista dentro del sistema de justicia que minimiza las violencias que denuncian las mujeres y se niega a asumir la responsabilidad de prevenir que las agresiones continúen y puedan escalar hasta la muerte. Además, enfrentan a las familias de las asesinadas, víctimas indirectas, a procesos de revictimización que provocan daños psicológicos e incluso físicos al paso de los años.

“Hay un mensaje de permisividad que deja indefensas a las familias, y que a las mujeres les da el mensaje de que a ellas también les puede pasar, sin que haya un interés de la justicia por resolver los casos y que exista sanción contra los agresores. Esto va generando miedos, desplazamientos forzados ante los riesgos de represalias, todo ante la indiferencia de las autoridades”, señala Karla Micheel.

A ello se suma el hecho de que las autoridades “obligan” a las familias a convertirse en investigadores de los casos. María de la Luz Estrada menciona que en el OCNF reciben varios casos en los que las fiscalías demandan a las madres de las víctimas que presenten pruebas para presumir que se trató de asesinatos y no de accidentes o suicidios, lo que es una obligación de las autoridades investigar y probar.

En su opinión, las autoridades prefieren tipificar los feminicidios como homicidios dolosos o suicidios para no cargar con el costo político de que se les acuse de no actuar ante las situaciones de violencia de género, agresiones que “en muchas ocasiones se pudieron evitar, porque las víctimas pidieron ayuda y denunciaron, pero no las escucharon”.

“A esto nos enfrentamos a diario, a 11 feminicidios y a un sistema negligente que los deja impunes, porque prefieren terminar con las investigaciones señalando a las víctimas como las responsables. En el caso de Luz Raquel Padilla, nos enfrentamos a otro caso de estos, en los que no trabajan para investigar la agresión en su contra, pero presentan todo tipo de pruebas para construir una versión en la que ella se quemó, aun con los antecedentes de amenazas. Y yo digo, si ella se inmoló, ¿no es más grave aún que haya tenido que llegar a eso para ser escuchada por las autoridades? Nos deben muchas respuestas”, advierte.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.


Asesinan a balazos a dos mujeres en la Montaña

Eran hermanas; las asesina la pareja sentimental de una de ellas, Ayer las sepultaron entre protestas


Texto:Jesús Guerrero

Fotografía: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Chilpancingo

 

Frente a dos niños, un hombre asesinó a balazos a su pareja sentimental y a la media hermana de ella en la comunidad de Tlaquetzalapa, municipio de Copanatoyac, en la Montaña Alta de Guerrero.

La versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que alrededor de las once y media de la noche del miércoles, Fernando Reyes se encontró en la calle con su pareja sentimental Kenia López y a la media hermana Avelina Olivares, con quienes discutió.

El feminicida, al parecer estaba en estado de ebriedad, sacó una pistola y disparó contra las dos mujeres.

El individuo venía de la comunidad de Potoichán, del mismo municipio y se dio a la fuga.

La otra versión es de que Fernando Reyes llegó a la casa donde vivía su pareja y tocó la puerta.

El individuo entró a la vivienda y en presencia de dos niños disparó a su pareja y a la hermana.

Los dos feminicidios provocaron indignación en la población de esta comunidad que exigió justicia.

Los familiares de las dos mujeres impidieron que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantara los cadáveres.

Ayer miércoles las dos medias hermanas fueron sepultadas en el panteón de la comunidad. Durante el sepelio hubo reclamos de justicia.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda cuando llegó al poder afirmó que Guerrero será un santuario para las mujeres, no se ha pronunciado sobre este hecho.

En menos de dos meses, cuatro mujeres fueron asesinadas en es municipio de la región de la Montaña alta.

El pasado 1 de mayo, hallaron los cadáveres de dos mujeres asesinadas a tiros en la carretera Potoichán-San Vicente Amole.

Eleuteria Dircio Cristino y Rosalía Pérez García, quienes eran cuñadas, fueron privadas de su libertad por un grupo de hombres armados cuando estaban en su casa en la comunidad de Laguna Membrillo, del municipio de Zapotitlán Tablas.

Los hombres que se las llevaron las asesinaron a balazos y dejaron los cadáveres en la carretera del municipio de Copanatoyac.

La FGE no ha investigado estos crímenes.

El pasado 18 de julio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha el protocolo Violeta para prevenir actos de violencia contra las mujeres.

El pasado viernes 22 de julio en Tlapa, la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, dialogó con autoridades de los municipios de la Montaña para analizar los avances de la estrategia para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes e evitar los matrimonios forzados.

Durante el encuentro, el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que en esa región han aumentado los feminicidios, los secuestros y trata de niñas en la Montaña.

Se quejó de la inacción de las autoridades estatales para frenar la violencia contra las mujeres de esta zona.

En este contexto de la violencia contra las mujeres de la región de la Montaña, este miércoles la FGE accionó el protocolo Alba para la localización de Inés Cantú Santiago, de 22 años, originaria del municipio de Atlixtac, pero desapareció en Tlapa el 19 de julio.

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La ausencia del Estado ante los crímenes de odio

El asesinato de Luz Raquel Padilla, quemada viva en Jalisco, y el ataque con fuego a un niño indígena en Querétaro alertan sobre la intolerancia y los crímenes de odio en México. Son el reflejo de un Estado fundado sobre la opresión, el miedo, la segregación y el olvido a quienes son “diferentes”.


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de página

Fotografía: José Luis de la Cruz / archivo

Ciudad de México

 

A Luz Raquel Padilla la quemaron viva. Su hijo Bruno, de 11 años, tecía autismo severo y epilepsia, y sus crisis enfurecían a los vecinos. El 16 de julio, los colonos de Arcos de Zapopan, en Jalisco, vieron cómo la madre cuidadora ardía en un parque y tres días después, Luz falleció en un hospital, con 90 por ciento del cuerpo quemado.

Semanas antes, en Querétaro, Juan Zamorano, de 14 años, sufrió un ataque por parte de sus compañeros de la telesecundaria a donde asistía. Ellos le prendieron fuego mientras estaba sentado en su pupitre. El muchacho resultó con heridas de gravedad que, al menos, requirieron cuatro cirugías. El motivo del ataque fue que Juan no sabía hablar español debido a su origen hñöhñö.

Estas agresiones han conmocionado e indignado a la sociedad mexicana. Pues el nivel de violencia que padecieron Luz y Juan –así como los motivos de sus agresores– desnuda la intolerancia en nuestro país, empapada de racismo, machismo y una profunda discriminación a quienes no “encajan” –o caben– en la vida cotidiana.

Aunque estos crímenes horrorizan a la mayoría, son el reflejo de un malestar estructural. Reflejo de un Estado fundado sobre la opresión, el miedo, la segregación y el olvido a quienes por decisión, o contexto, son “diferentes”.

Así lo describe Alexandra Haas, defensora de derechos humanos y actual directora ejecutiva de Oxfam en México. Explica que nuestra sociedad está basada en prejuicios y estereotipos que nos vuelven intolerantes a la diversidad.

El problema con los prejuicios, estereotipos y estigmas es que están socializados desde la calle, la escuela, la casa y el trabajo. Ahí se replican estos discursos discriminatorios que, lamentablemente, se convierten en prácticas”, detalla.

Alejandra Hass, directora de Oxfam México

La abogada, sin embargo, enfatiza en que esta socialización es posible gracias a un Estado ausente que no atiende sus compromisos con las poblaciones vulnerables o que pueden sufrir discriminación.

“El papel del Estado es proteger a sus ciudadanos, y estamos viendo que desde hace mucho el Estado mexicano ha dejado de hacerlo”.

Crimenes de odio

Estos casos, sumados a los cientos de agresiones que han sufrido mujeres trans y personas de la comunidad LGBTTIQ+ son, en resumen, crímenes de odio, dice Alejandra Haas.

Son actos de violencia motivados por la diferencia. Ya sea por la raza, la religión, la diversidad sexual o alguna discapacidad, este tipo de crímenes se fundamentan en la intolerancia a la diversidad. Y mes con mes en nuestro país se reportan agresiones o asesinatos ligados a los prejuicios o estigmas. Pero hay una especie de negación institucional a reconocer que estos crímenes siguen pasando en México. Inclusive, dice, en el caso de las personas con alguna discapacidad muchas de las veces no se sigue esa línea de investigación.

“Lo que queda de manifiesto en el caso de Luz Raquel es que la discriminación a las personas con discapacidad también deriva en crímenes de odio. Si lo calificamos de crimen de odio podemos salir de la idea equivocada de que en México no hay discriminación a personas con discapacidad. Hay que reconocer que las personas con discapacidad son receptoras de discriminación”, explica.

Alejandra Hass, directora de Oxfam México.

Asumir esto, explica la abogada, es un primer paso para construir una política pública que reconozca el trabajo de cuidados que muchas personas, en su mayoría mujeres, realizan con sus seres queridos.

“Hay que reconocer la absoluta y enorme carga que tienen las mujeres cuidadoras, y mujeres que cuidan a personas con discapacidad. El Estado no está asumiendo generar condiciones para repartir cuidados, pues en su mayoría son las mujeres quienes se encargan de estas tareas, y una vez que tu hijo empieza a crecer, hay dificultad de acceder a servicios públicos y de calidad”.

¿De qué tamaño es el problema?

Otro problema es la ausencia de indicadores para contabilizar los crímenes de odio en el país es un reflejo de la poca importancia que las autoridades gubernamentales dan a estos hechos.

“A nivel federal se debe reaccionar con un sistema para comprender los crímenes de odio. No sabemos si hay 100, 10 o cinco mil. No tenemos idea del número de casos que hay en México. No sabemos si esto ocurre de manera reiterada”, reflexiona Haas.

De hecho, uno de los pocos indicadores que existen para medir los crímenes de odio es el que elabora la organización Letra S. Sin embargo, este solo se atañe a delitos en contra de la población LGBTTTIQ+.

No obstante, precisa Alejandro Brito, director de Letra S, su esfuerzo es sesgado, pues solo se pueden identificar estos crímenes a través de notas de prensa porque las fiscalías no tienen un tipo penal específico para determinar los casos.

Tienen que construirse protocolos de investigación. Un protocolo más general que hable acerca de todas las pertenencias de las personas que han sido víctimas de un crimen de odio. Un protocolo que establezca cómo categorizar e investigar estos crímenes”, añade Alexandra Haas.

Tener un conteo es indispensable para identificar la gravedad del problema. En esto, detalla la abogada, deberían incluirse también los casos de linchamiento.

“Estos casos se deben sumar a una reflexión de los niveles de violencia que viven las comunidades, también para analizar la situación de salud mental que ahí se tienen, sin quitar la responsabilidad que tienen las personas en el acto”, precisa.

Consecuencias del miedo

¿Cómo combatir el miedo? ¿Cómo hacer frente a las fallas del Estado para proteger a quienes están en riesgo? ¿Cómo cuidar a quien está vulnerable? ¿De quién es la responsabilidad? Son las reflexiones que se desprenden ante estos hechos violentos que han copado la discusión pública en los últimos meses.

Para Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la respuesta está –sin deslindar la responsabilidad gubernamental– en los cuidados comunitarios y el reconocimiento de que la pandemia modificó las formas en que se ejerce la violencia en la sociedad.

“No hay salidas o herramientas comunitarias para contener el enojo o la frustración; eso lo veníamos diciendo desde la comisión desde el año pasado como uno de los efectos más visibles de la pandemia”, explica.

Por su parte, Alejandra Haas explica que el impacto de estos crímenes en la sociedad es algo que también se está dejando atrás, pues además de proyectar un problema de salud mental a nivel social, las afectaciones que tienen estos hechos en las poblaciones vulnerables son gravísimas.

El crimen de odio causa un impacto en todo el grupo, no solo en quien lo recibe. Tiene el potencial de poner al grupo entero en alerta. La dimensión del impacto en la salud mental en el país es algo muy importante a analizar. Imagínate: ¿cómo vuelve a tener confianza el chico de Querétaro o el hijo de Luz Raquel? Es difícil volver a la vida cotidiana sin las consecuencias del miedo, agregado a esto los problemas cotidianos que padecen estas personas”.

Violencia y precarización

Los indicadores mundiales lo advierten desde hace tiempo: la pandemia ha acarreado un aumento en la violencia que viven las sociedades.

Fenómenos como el aislamiento, sumados a la precarización y el malestar social, son algunos elementos que resalta Nashieli Ramírez que se deben de identificar para poner un primer piso de prevención de la violencia en México.

“Hay un incremento de la conflictividad social que nosotros veníamos apuntalando como efecto del mundo que nos está dejando la pandemia. Los indicadores generales de violencia familiar, y otros, van creciendo. Lo que vamos a estar viendo es la combinación de dos cosas: una herencia de aspectos de psicología social, pero también con lo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar en relación a la precarización”.

¿Cuáles son estos elementos relacionados a la psicología social? El racismo, machismo, clasismo y la discriminación estructural que sigue permeando en México.

“El nivel de percepción y permisividad de violencia hacia las mujeres sigue estando, y el caso de Luz Raquel es la prueba. También seguimos siendo una sociedad sumamente racista que además no asume ese racismo”, añade Ramírez.

La deuda con la prevención

No obstante, Ramírez es clara al afirmar que estas condiciones no eximen al Estado de su responsabilidad. Pero, enfatiza, más allá del castigo a los responsables –lo cual no debe perderse de vista– su papel como garante de la seguridad de la ciudadanía debería centrarse en la prevención antes que en el punitivismo.

“Estamos con la gran deuda de cómo hacer prevención. Estamos muy trepados en la visión punitivista y no nos damos cuenta que el Estado tiene un deber en la prevención de este tipo de actos. Ahí la apuesta es más bien cambiar el enfoque, cada vez más hacia la prevención que pensar que con los castigos, cuando los hay, se va a resolver el problema”.

Nashielli Ramírez, titular de la CDHCM

Tanto en el caso de Juan como en el de Luz Raquel las señales de agresión eran claras. Inclusive con Raquel existía ya una orden de otorgarle medidas de protección. Estas señales, sin embargo, no fueron escuchadas.

El caso de Raquel es algo que hemos venido señalando. Lo que pasó ahí en términos de cómo falla el Estado es una constante de su nivel protector. Están las denuncias, los llamados de auxilio; está la obligación del Estado de protegerla y no lo hace. Y si nos vamos en el caso de Querétaro es algo que se está repitiendo, pues supuestamente la autoridad emitió una medida de protección, pero los agresores siguen amenazándole, paseándose con la gasolina frente a su casa”.

Nashielli Ramírez, titular de la CDHCM

La revictimización de quienes sufrieron las agresiones es otro factor que demuestra la ausencia del Estado frente a estos casos.  Como ejemplo, de nuevo, el caso de Luz Raquel. La Fiscalía de Jalisco está conduciendo la investigación hacia un camino que pone al centro a la madre cuidadora como responsable de su propia muerte.

En un informe presentado este martes, la autoridad jaliciense señaló que Luz Raquel compró dos botellas de alcohol y un encendedor antes de su muerte; induciendo con esto la idea de que ella podría haber provocado su muerte, cuando previamente la activista había denunciado amenazas y hostigamiento por sus vecinos. Inclusive, testigos de los hechos han señalado que al menos tres hombres y una mujer atacaron a la madre cuidadora en el parque.

Hay cosas que le tocan al Estado, como es esta. Hay momentos previos donde la gente no escucha. Se veía venir lo que iba a pasar, pues es difícil que estos hechos ocurran espontáneamente y se emita esa descarga de violencia. Aquí es la autoridad, en tanto medidas de protección, como primeros respondientes, tienen que abrir más los ojos para prevenirlos”, enfatiza Nashieli Ramírez.

Pero también, concluye, la sociedad debe asumir la responsabilidad del cuidado colectivo.

“No podemos seguir siendo permisibles a eso, y pensar que como no me toca a mi, o no me lo están dirigiendo específicamente a mi, no me va a tocar. Mientras no lo señalemos lo que va a pasar es que esto, lamentablemente, seguirá ocurriendo en el país”, concluye la defensora.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

 

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