Exigen a Fiscalía que recapture al presunto feminicida de Luz María en Taxco

Texto y fotografía: Amapola Periodismo 

Chilpancingo

 

Familiares de Luz María acusan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber dejado en libertad a su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, su ex pareja sentimental, quien era un empleado de una empresa gasera.

El día 2 de enero pasado. Fernando citó a Luz María en un lugar ubicado en las inmediaciones de Taxco. Discutieron. Después él arrojó a ella a un barranco de 15 metros de profundidad, caída de la que salió herida y después murió en un hospital.

Cuando Luz María era atendida estaba presente Fernando y los médicos lo enviaron a la Agencia del Ministerio Público para que rindiera su declaración sobre los hechos; se percataron que sus dichos eran contradictorios.

Fernando dijo, primero, que Luz María se había resbalado, después que se precipitó al barranco y, después, que quería suicidarse porque no podía vivir sin él.

«Lo más increíble es de que pese a las muchas versiones que dio sobre la muerte de mi sobrina, la Fiscalía General del Estado dejó en libertad a Fernando, ya que existen evidencias de que cometió un feminicidio”, dijo Cristian Mota, tío de Luz María.

Contó que la ex pareja sentimental de su sobrina tenía rasguños en el cuello y en los brazos, lo que le parece una certeza de que s tuvieron una riña.

Mencionó que debido a que él y demás familiares de Luz María estuvieron ocupados en los trámites del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para que les entregaran su cadáver para sepulturlo, descuidaron el caso en la Agencia del Ministerio Público donde suponían que estará detenido el agresor.

“Nos entregaron el cadáver de mi sobrina el 3 de enero, a otro día la sepultamos, y el 5 de enero a las diez y media de la mañana fuimos a la Agencia (del Ministerio Público) para ratificar la denuncia contra Fernando, y la sorpresa que nos llevamos es que ese mismo día lo dejaron libre”.

El caso lo atendió el representante social del distrito judicial de Alarcón, Ricardo Tapia Rivas, quien autorizó la entrega del cadáver de Luz María a sus familiares el 3 de enero, se lee en un documento oficial de la AMPFC con sede en Taxco.

La FGE emitió una ficha del caso en donde da a conocer la carpeta de investigación en contra de Fernando “N” por el delito de homicidio doloso en agravio de Luz María.

Sin embargo, la versión del tío de la víctima es que Fernando aún no es detenido y menos que la FGE le vincule al delito de feminicidio.

La omisión en la que ha incurrido la FGE en el caso ha provocado que los familiares y amigos Luz María y colectivos de mujeres feministas realicen protestas en Taxco para exigir justicia y la detención del presunto feminicida.

La última movilización que llevaron a cabo fue la tarde del pasado sábado 14 de enero; preparan otras más para los días siguientes en Taxco porque siguen sin tener respuesta del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

“Una de las omisiones que incurrió la Fiscalía es que no le realizó un estudio forense al agresor que tenía huellas de rasguños en la piel y se presume que eso lo sufrió mi sobrina cuando se defendió”.

Luz María tenía 34 años. Fernando que fue su última pareja sentimental, cuando ocurrió el incidente llevaban cinco meses de haberse separado.

“A mí y a mi mamá, Luz María nos contaba que era humillada por Fernando y la madre de él, y por eso decidió abandonarlo”.

Los familiares de Luz María supieron por algunos vecinos que Fernando golpeó a Luz María al menos dos veces durante los ochos meses que vivieron juntos.

Luz María antes tuvo una relación marital con otra persona con la que procreó dos hijos, una de 14 años y otro de 12 años.

Luz María trabajaba de intendente en la empresa minera La Suriana, ubicada en Arcelia.

“Ella (Luz María) se la pasaba en Arcelia porque trabajaba en la mina 20 días y 10 descansaba, y sus dos hijos se les dejaba de encargo a su papá biológico”, contó el tío.

El 31 de diciembre del 2022, Luz María estaba contenta porque había renunciado al trabajo en la mina porque tenía otros proyectos junto con sus hijos.

“Por eso es mentira lo que contó Fernando a las autoridades de que Luz María se quería suicidar; ella tenía a sus hijos y además planes para su futuro, es impensable que ella se haya aventado al barranco”.

En el 2013, Luz María vivió un episodio trágico, su padre, Mario Mota Pineda, fue privado de su libertad por hombres armados cuando estaba en un billar en Taxco.

Hasta la fecha, Mario, quien se dedicaba a producir y a vender joyería de plata, sigue desaparecido.

Luz María participó en las búsquedas de su padre y le dio seguimiento ante las autoridades.

“Fue un episodio que a mi sobrina le dolía mucho porque decía que en Guerrero no hay justicia”.

Eva Albavera Viveros, presidenta de la organización de Equidad y Autonomía en Movimiento de Género en Taxco, dijo que todas las circunstancias del caso de Luz María apuntan que fue un feminicidio.

“Ya había antecedentes de agresión contra Luz María por parte de su ex pareja y no entendemos porque fue dejado en libertad el presunto feminicidio”, explicó.

La activista feminista afirmó que durante la pandemia por el Covid-19 en Taxco aumentó la violencia contra las mujeres, pero la mayoría no acuden a interponer la denuncia porque no le tienen confianza a las autoridades.

Un feminicidio ocurrido en Taxco y que está documentado en la prensa de Guerrero, es el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar, quien desapareció el 13 de enero del 2018. A los 11 días después, su cadáver fue hallado descuartizado en la casa de su suegra; la asesinó su esposo.

En julio del 2022, César Gómez Arciniega fue detenido en Tijuana y actualmente está preso junto con su madre, quien fue cómplice, por el delito de feminicidio.

“En Taxco hay violencia feminicida y tenemos que parar esto exigiendo justicia, y en el caso de Luz María seguiremos protestando”, denunció la activista.

La Asociación Guerrerense de Violencia hacia las Mujeres documentó 107 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidios durante 2022.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de esta organización, dijo que van a solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que haga la declaratoria de alerta de violencia feminicida al municipio de Taxco.

Guerrero tiene dos alertas, la primera fue declarada en 2017 por violencia de género contra las mujeres para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, Chilapa, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta y Ometepec. La otra alerta es por agravio comparado, la Conavim la declaró en 2020.

La activista feminista Reyna Aguilar consideró que el gobierno estatal sí ha implementado medidas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres, “pero a pesar de esos esfuerzos los feminicidios siguen a la alza en Guerrero”.

En lo que va de este 2023, denunció la activista, ocho mujeres fueron asesinadas en distintos municipios de Guerrero.

 

Congreso local pide a Fiscalía del Estado aclarar cifras de feminicidios

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

18 de enero del 2023

Chilpancingo

 

El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local el 18 de enero un exhorto para que la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informe sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y de feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023.

“Lo verdaderamente grave en este inicio de año, es el hecho de que, en los primeros 10 días del año, suman 40 personas asesinadas en diferentes municipios de Guerrero, de las cuales tres son mujeres”, mencionó la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón, quien presentó el exhorto.

Durante su participación en la sesión de ese miércoles, la diputada presentó las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fundamentar su propuesta: 2022 terminó con 1,285 denuncias por lesiones contra mujeres, 2,886 casos de violencia familiar y 4,336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.

Hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos en contra de mujeres en Guerrero, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios y ocurrieron en Acapulco y Chilpancingo.

En la imagen, la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón lee el exhorto en el que pide a la Fiscalía General del Estado un informe sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Foto: Congreso del estado.

Aquí más datos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que siete de cada 10 mujeres guerrerenses de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.

Doroteo Calderón también se pronunció sobre la desaparición de mujeres y dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, de acuerdo con datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos A C.

La propuesta de los perredistas es presentada en un contexto de violencia contra las mujeres documentada al menos desde 2017, que fue cuando en Guerrero declararon la primera de dos Alertas por Violencia de Género en ocho municipios.

En el exhorto también se solicita a la FGE que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.

“También hemos de señalar la necesidad de que en Guerrero se coordine y fortalezca el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas, con el propósito de dar seguimiento y mejores resultados en la localización de personas, pero, sobre todo, atender los aspectos preventivos”, mencionó la diputada.

El exhorto además plantea solicitar al secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.


Este contendo es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

 

 

Protestan activistas feministas por la libertad de Aurelia García; en unas horas le dictan sentencia

Lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala. Su defensa espera sea declarada en libertad


Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Cortesía 
20 de diciembre del 2022

 

Activistas feministas protestaron esta tarde fuera del Palacio de Justicia de Iguala para exigir la libertad de Aurelia García Cruceño, mujer nahua presa por un aborto fortuito.

Aurelia lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en el 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala.

Después de varias audiencias, hoy comenzaron los alegatos finales y se espera que mañana (martes) se dicte la sentencia final.

Antes de ingresar al Palacio de Justicia, activistas feministas se manifestaron para exigir a la jueza Mariela Alfaro Zapata que deje en libertad a Aurelia. Las activistas consideran que su defensa presentó pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

“Queremos la libertad  para Aurelia porque ella se lo merece, le han robado parte de su vida, Aurelia tiene derecho a realizar su proyecto de vida”, dijo Ana Gabriela Candera Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las mujeres.

La activista María Luisa Garfias Marín denunció que Aurelia sufrió violencia institucional durante este proceso.

“En un estado donde las autoridades hablan de convertirlo en una ínsula, en un espacio sagrado para los derechos de las niñas y las mujeres, hoy estamos viendo que de esa ínsula de la que se nos ha hablado no existe”, expuso Garfias Marín.

Pidieron a la jueza reconsiderar la sentencia de Aurelia.

En la protesta también estuvo presente la madre y el padre de Aurelia, quienes lloraron y en su lengua, el náhuatl, exigieron que Aurelia sea liberada.

En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, y quedó embarazada.

Después de tres años en prisión, mañana Aurelia conocerá su sentencia final. La cual, sus abogas defensoras y activistas feministas esperan sea favorable.

De ser así, Aurelia podrá continuar con su proyecto de vida, en libertad. De acuerdo con Candela Garzón, uno de los sueños de Aurelia es convertirse en maestra y hacerle una casa a sus padres.

“Ojalá pronto Aurelia se encuentre con nosotros de este lado, porque ella merece estar libre”, agregó Candela Garzón.

En la imagen, activistas feministas, el padre y la madre de Auerelia, protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala para exigir que la sentencia de la jueza determine su libertad. Foto: Cortesía

 

En 24 horas asesinan a dos mujeres en Oaxaca; suman 137 feminicidios en 2022

Texto: Diana Manzo / IstmoPress

Fotografía: IstmoPress 

15 de diciembre del 2022

 

En Oaxaca la violencia contra las mujeres no se detiene, en menos de 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas, una de ellas fue localizada en un terreno baldío en Playa Brasil, agencia municipal de Salina Cruz, Oaxaca y la otra mujer recibió impactos de bala en un fraccionamiento de la capital de Oaxaca, confirmaron las autoridades de justicia.

De acuerdo con un reporte hemerográfico de Grupo de Estudios para la Mujer “Ges Mujer”, en lo que va del año suman 137 feminicidios y de la actual administración estatal que encabeza Salomón Jara Cruz, 5 mujeres han sido asesinadas.

El martes por la mañana, Diana Edith G. H de 49 años fue asesinada esta mañana a balazos por personas desconocidas en el fraccionamiento El Rosario de la capital de Oaxaca.

De acuerdo con testigos, el crimen de Diana Edith ocurrió alrededor de las 9:00 horas, sin que hasta el momento se conozca el motivo ni quiénes lo hicieron.

La mujer vestida con un suéter blanco con verde, pantalón negro y tenis blancos permaneció tirada en el piso por varios minutos hasta que llegaron las autoridades y cuerpos de emergencia.

Mientras que hoy miércoles por la mañana, fue hallado el cuerpo de otra mujer con disparos de arma de fuego en un terreno baldío de Playa Brasil, en Salina Cruz, Oaxaca sin que hasta el momento se conozca su paradero.

De acuerdo a los reportes, se trata de una mujer joven que vestía con short y playera, pelo negro y delgada.

En tan solo este mes, en el inicio del sexenio del morenista Salomón Jara, cinco oaxaqueñas han sido asesinadas, se trata de Ivette M; en San Gabriel Mixtepec, Yadira J.M., en Santos Reyes Nopala , Adela M.A., en Nejapa de Madero, Diana Edith en la capital de Oaxaca y hoy otra joven que hasta el momento está desconocida.

Angélica Ayala, de Ges Mujer, que en este 2022 conmemora 45 años de empoderar a las mujeres y niñas informó que tan solo en el mes de noviembre brindó un total de 103 asesorías, 24 en el área legal y 79 en atención psicológica.

El martes por la mañana, Diana Edith G. H de 49 años fue asesinada esta mañana a balazos por personas desconocidas en el fraccionamiento El Rosario de la capital de Oaxaca.


Este texto es propiedad de IstmoPress y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

 

Una de cada 10 mujeres asesinadas en 2021 era niña o adolescente; Guanajuato y Edomex tuvieron más asesinatos de menores de edad

El año pasado, 3 mil 820 mujeres fueron asesinadas en el país. De este total, 493 (12.9%) eran niñas o adolescentes, de acuerdo con el Atlas de Homicidios de México Unido Contra la Delincuencia.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

 

En 2021, una de cada 10 mujeres víctimas de homicidio a nivel nacional era niña o adolescente. En términos generales, la entidad más peligrosa para menores de edad fue Guanajuato.

Así lo revelan datos analizados por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en la cuarta edición de su informe Atlas de Homicidios México 2021, en el que se especifica que durante el año pasado fueron asesinadas 3 mil 820 mujeres, de las cuales un 12.9% eran niñas o adolescentes. Esto significa 493 menores de edad asesinadas.

Para Daniela Osorio, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de MUCD y creadora del atlas, dar a conocer este tipo de datos resulta importante, “porque justo si lo que queremos es realizar una prevención eficaz y eficiente, tenemos que atender a cada una de las poblaciones específicamente”.

De acuerdo con el informe, tan solo en 2021 las menores de edad en Guanajuato representaron el 14% del total de víctimas mujeres, mientras que para hombres este grupo de víctimas solo representó el 5% del total.

Los casos de Nicole, Isabel y Fanny

Uno de los primeros casos de muertes violentas de niñas reportados en 2021 fue el de Nicole Santos Palafox, de siete años, quien desapareció el 2 de marzo y su cuerpo fue encontrado semana y media después en un terreno en Tepojaco, Tizayuca, Hidalgo.

Por este caso, el 8 de marzo fue detenido un hombre identificado como M.A.H.P., quien fue vinculado a proceso y puesto en reclusión por el delito de desaparición cometida por particulares de manera agravada y cometida contra una persona menor de edad.

Al encontrar el cuerpo de Nicole “se aplicó el protocolo de feminicidio practicado en todas las muertes violentas de mujeres y mediante las pruebas de identificación genética se confirmó que la identidad de dicho cuerpo corresponde a la menor”, explicó Arturo Flores Medina, subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El Atlas de Homicidios refiere que durante 2021 un total de 42 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en la entidad, de las que 4.8% estaba en un rango de edad de entre 15 y 19 años, 2.4% estaba entre cinco y nueve años y otro 2.4% tenía entre cero y cuatro años.

Otro caso es el de la niña Isabel, de cuatro años, quien luego de desaparecer el 11 de julio fue encontrada sin vida la noche del 16 de julio en la zona boscosa de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A través de un comunicado, la fiscalía capitalina informó que fueron detenidos la madre, el padrastro y la abuela de Isabel, contra quienes se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Los datos del atlas nuevamente indican que el año pasado 126 mujeres fueron víctimas de homicidio en la CDMX; de ellas, 4% tenía un rango de edad de entre 15 y 19 años, 1.6% entre 10 y 14 años, 0.8% entre cinco y nueve años y un 2.4% entre cero y cuatro años.

En cuanto a adolescentes, se tiene registro del caso deFanny Guadalupe, una joven mixe de 16 años quien fue asesinada el 26 de septiembre en el ejido de El Porvenir, municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca.

La fiscalía de la entidad informó mediante un comunicado que se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y señaló que realizaría entrevistas a familiares y ciudadanía “hasta agotar las líneas de investigación”.

El activista mixe Joaquín Galván informó que Fanny ya había denunciado agresiones y amenazas por parte de un agente municipal de su localidad, quien la amenazó, insultó y acusó a ella y a su pareja de vender droga.

En 2021, en Oaxaca se reportó que 79 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las que 5.1% eran de entre 15 y 19 años, 3.8% entre 10 y 14 años, 1.3% entre cinco y nueve años y otro 1.3% entre cero y cuatro años.

Guanajuato y Edomex, las entidades más peligrosas

Un último hallazgo del grupo de expertos que realizaron el atlas tiene que ver con Guanajuato y el Estado de México, catalogados como las dos entidades más peligrosas para menores de edad.

“Encontramos que en la entidad un total de 218 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por homicidio en 2021, colocando a Guanajuato como el estado más peligroso para menores de 18 años, con un 16% del total de víctimas de ese rango de edad registradas a nivel nacional”, refiere el informe.

Los investigadores también descubrieron que el Estado de México es la segunda entidad con más víctimas menores de edad, con 12% del total nacional.

Durante la presentación del informe, Edgar Baltazar, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de MUCD, también señaló que de manera general “encontramos que la proporción de víctimas mujeres que tienen menos de cinco años es cinco veces mayor que la de los niños menores de cinco años (…) hay una proporción mucho mayor de niñas que son asesinadas respecto a niños”.

El informe refiere que, mientras el rango de edad de cero a cuatro años de edad de las víctimas de homicidio a nivel nacional en 2021 fue de 0.3% en el caso de los niños, para las niñas esta cifra alcanzó el 1.3%.

En números absolutos, fueron asesinados más niños que niñas, con una tendencia a la baja.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

La FGE intentó retrasar por segunda ocasión la audiencia de Aurelia García

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer 

10 de diciembre del 2022

Chilpancingo

 

En la última audiencia de Aurelia García Cruceño, mujer nahua presa por un aborto fortuito, la Fiscalía General del Estado (FGE) pretendió retrasarla nuevamente.

El pasado jueves, durante la última audiencia de Aurelia, de acuerdo con las abogadas que forman parte de su defensa, la FGE trató de llevar como asistente técnico al médico forense que hizo el dictamen de necropsia al producto.

Para relizar la necropsia, el médico forense hizo una prueba de docimasia pulmonar, una prueba médica que puede establecer la presencia de aire en los pulmones de un recién nacido muerto, de acuerdo con una consulta en internet.

El médico forense determinó (de acuerdo con la prueba de dismosia pulmonar) que el producto sí tuvo vida.

Ese proceso, informaron las abogadas, es improcedente porque pierde la objetividad, porque ese mismo médico forense ya había testificado.

Por falta de asistente técnico fue que se pospuso la pasada audiencia, que tendría que dar fe del testimonio del paramédico que atendió a Aurelia y al producto.

Jason Muñoz fue el paramédico que atendió a Aurelia después de sufir el aborto fortuito, en su testimonio delcaró que, tomó los signos vitales del producto y este no tenía vida.

En su declaración, Jason Muñoz expuso que el producto tenía una coloración morada por no haber recibido oxigenación durante mucho tiempo.

Por lo que la defensa de Aurelia sostiene su teoría de que el producto no nació con vida.

La defensa de Aurelia no aceptó que el asistente técnico fuera el mismo médico forense que realizó la necropsia.

«Lo que nosotras (la defensa) hicimos es que nos oponíamos a que él estuviera presente como asistente técnico porque él ya conocía el caso y comparecido, y no podía ser objetivo».

Finalmente «la jueza consideró que efectivamente el asistente técnico de la FGE estaba impedido para estar en la audiencia», mencionó Verónica Garzón Bonetti, abogada de Aurelia.

Por la negativa de la jueza hacía el asistente técnico, la FGE pidió que se pospusiera nuevamente la audiencia.

Al final uno de los ministerios públicos buscó otro asistente en el momento.

En esta audiencia lograron desahogar las pruebas pendientes por parte de la defensa de Aurelia.

La audiencia comenzó a las 6:30 de la tarde del jueves y culminó a la una de la madrugada de ayer.

De acuerdo con  Garzón Bonetti, una de las pruebas presentadas fue antropológica. En esta prueba presentaron todo el contexto cultural y social en el vivió Aurelia, algo que ni la jueza ni la FGE habían considerado.

«Esto se debió haber hecho desde el inicio, nosotras lo presentamos porque es importante para poder juzgar con perspectiva de género e intercultural. A la FGE nunca le ha importado el contexto de Aurelia», comentó Garzón Bonetti.

Aurelia es una joven nahua originaria de Xochicalco, municipo de Chilapa de Álvarez.

Fue víctima de violación en 2019 por un hombre que era autoridad de su comunidad, por miedo a represalías decidió huir de su pueblo hacia Iguala.

Además de los estigmas de su lugar de origen, donde no es bien visto que una mujer tenga relaciones sexuale o se embarece antes del matrimonio.

Lo que sigue para el caso de Aurelia es que el próximo 19 de diciembre hagan los alegatos de clausura, que consiste en un resumen sobre las pruebas presentadas en el juicio.

Para el 20 dictarían la sentencia final, que en caso de ser favorable para Aurelia, saldría en libertad ese mismo día.

En la imagen, grupos feministas protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala el pasado 28 de noviembre, antes de la audiencia de Aurelia García. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (Archivo).

 

El Poder Judicial retrasa la sentencia de Aurelia, encarcelada por un aborto fortuito

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía Me Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres

Chilpancingo

 

La audiencia final para dictar sentencia a Aurelia García Cruceño, mujer nahua acusada de homicidio en razón de parentesco por un aborto involuntario, fue retrasada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aurelia lleva tres años en prisión preventiva oficiosa, se esperaba que ayer (jueves), ocurriera la última audiencia en la que la FGE y las abogadas defensoras de Aurelia presentarían las pruebas finales para determinar sentencia.

De acuerdo con la abogada defensora de Aurelia, Verónica Garzón Bonetti, la audiencia se pospuso y se retrasó porque la FGE solicitó asistencia técnica por la declaración del paramédico Jason Muñoz, quien atendió a Aurelia después del parto fortuito.

La asistencia técnica es un procedimiento penal donde un especialista da fe de la declaración de un testigo.

En este caso, como la declaración fue de un paramédico, la FGE tiene derecho a solicitar la asistencia técnica de un experto en el área de medicina para verificar la información del testigo, en este caso el paramédico.

Jason Muñoz testificó en la comparecencia de ayer.

“Lo que él (el paramédico Jason) dice es que Aurelia estaba a punto de perder la vida por la sangre que había perdido en el parto fortuito. También dijo que, lo que hizo fue tomar signos vitales del producto para que ver si seguía con vida, lo que él señaló ayer, fue que tomó los signos vitales y el producto estaba ya sin vida”, explicó Garzón Bonetti.

En su declaración, Jason Muñoz expuso que el producto tenía una coloración morada por no haber recibido oxigenación durante mucho tiempo.

“El producto ya estaba muerto, lo que sustenta nuestra teoría del caso, nunca nació vivo el producto. La situación del parto fortuito fue consecuencia de una muerte fetal dentro del útero de Aurelia; ella sólo expulsó al producto sin vida”.

La jueza Mariela Alfaro Zapata permitió la asistencia técnica, sin embargo la FGE alegó no contar con un asistente técnico en ese momento.

Garzón Bonetti dijo que ellas cumplieron con todo lo solicitado por la jueza, incluso se opusieron a la solicitud de la FGE porque ellos sabían que ayer era la última audiencia para desahogar todas las pruebas.

“Ellos sabían desde hace un mes que íbamos a presentar un dictamen en antropología, medicina y psicología y llega ayer, hasta las ocho de la noche, para que dijeran que se difiere porque no iban preparados con su asistente técnico”.

La tía de Aurelia, de nombre Lucía, con quien la joven vivía en Iguala cuando ocurrió el parto fortuito, también testificó ayer.

Lucía dijo que ella no dio aviso a las autoridades de la situación de Aurelia, que quienes lo hicieron fue el personal del hospital de Iguala.

En su declaración Lucía recalcó que no sabía de qué se trataba el asunto y que nunca tuvo un intérprete que le ayudara a entender la situación.

“Aurelia está mal, tiene mucha ansiedad, tiene episodios de mucha depresión por no saber qué va a pasar. No sabe si se va a quedar en la cárcel. A veces está esperanzada y a veces no”.

Para Garzón Bonetti, la jueza Alfaro Zapata, en este caso no juzga con perspectiva de género ni perspectiva intercultural.

Para la Red Guerrerense de los Derechos de las Mujeres, este caso es una forma de criminalizar a las mujeres indígenas, la pobreza y la interculturalidad.

“La FGE se ha ensañado con Aurelia, la tratan como si fuera un peligro para la sociedad, más que un feminicida, más que algún capo del crimen organizado”, comentó Ana Gabriela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Candela Garzón agregó que, también hubo retraso en la audiencia porque el Ministerio Público (MP) tenía otra audiencia y la jueza otras actividades, además de que a las activistas no les permitían el ingreso cuando el acuerdo era que la audiencia sería pública. Al final ingresaron a la audiencia.

La nueva fecha para la audiencia final de Aurelia es el próximo 8 de diciembre.

La audiencia de ayer, citada a la una de tarde comenzó una hora después y culminó alrededor de las 12 de la madrugada.

Garzón Bonetti espera que la audiencia del 8 de diciembre sea la última y se terminen de desahogar las pruebas pendientes.

Faltan cuatro pruebas por desahogar, estas pruebas son de la defensa de Aurelia.

Ayer, antes de entrar al juzgado, las abogadas defensoras de Aurelia y activistas feministas se manifestaron a las afueras del juzgado para exigir justicia por Aurelia.

Abogadas y activistas feministas se manifiestan en la entrada del juzgado de Iguala antes de entrar a la audiencia de Aurelia García.

Solo 8.6% de los homicidios y 44.4% de los feminicidios han tenido sentencia en cinco años; Oaxaca y Morelos, con más impunidad

El aumento del nivel de impunidad en estos crímenes es un indicador “de la violencia extrema que afecta a toda la sociedad mexicana”, advierte un informe de la organización Impunidad Cero.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Fotografía: Amapola Periodismo (Archivo)

2 de diciembre del 2022

 

En cinco años, el Poder Judicial de Oaxaca no ha emitido sentencias condenatorias por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, según un análisis realizado por la asociación civil Impunidad Cero. Otro estado que no ha condenado feminicidas desde 2016 es Tlaxcala.

De acuerdo con Impunidad Cero, estos dos delitos “son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana”, ya que todos los días se contabilizan 94 víctimas de homicidio doloso y 10 de feminicidio en todo el país.

En el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, la asociación afirma que “a pesar de esta crisis de violencia, México se ha mantenido con niveles de impunidad alarmantes, relacionados con los complejos fenómenos de los delitos que enfrenta cada estado, así como con la falta de capacidades institucionales para investigarlos y perseguirlos”.

Cartografía de la impunidad

A nivel nacional, el índice de impunidad en el homicidio doloso en 2021 se ubicó en 91.4%, mientras que para 2016 fue del 86.6%, lo que muestra que en el periodo de cinco años esta tendencia aumentó 4.8%.

Aunque Oaxaca es el único estado que, de acuerdo con el índice presentado por la asociación, no emitió ninguna sentencia condenatoria por homicidios dolosos entre 2016 y 2021, otras 20 entidades se encuentran por encima del 90% de impunidad acumulada. Los estados con mayor porcentaje fueron: Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%), Guerrero (98.5%) y Chihuahua (98.2%).

Aquellos en los que el porcentaje es menor fueron Yucatán (38.5%), Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%), Ciudad de México (69.6%) y Coahuila (70.9%). Sin embargo, no hay un solo estado que haya esclarecido todos los casos.

 

En cuanto a los feminicidios, el porcentaje de impunidad acumulada entre el periodo de 2016 a 2021 ascendió a 56.6% a nivel nacional, es decir, que menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.

Después de Oaxaca y Tlaxcala, donde no se condenaron feminicidas, los estados con mayor impunidad acumulada por feminicidio fueron Chihuahua (98.8%), Colima (92.1%), Puebla (88.7%), Morelos (86.5%) y Guerrero (85%).

En contraste, Aguascalientes (95.5%), Zacatecas (12.8%), Yucatán (29%), Querétaro (30.8%) y Sonora (40%) fueron las entidades con menor porcentaje.

¿Qué causa estos “niveles alarmantes” de impunidad?

Una de las principales causas de los “niveles alarmantes” de impunidad en el país, según Impunidad Cero, es la baja capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer los delitos.

Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, hay cuatro estados que no contemplan reglas para indagar este delito: Baja California, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En otros casos, los protocolos con los que cuentan no han sido actualizados, por lo que no se encuentran adaptados a los cambios en la legislación nacional y estatal, lo que repercute en la acreditación de los hechos.

Aunque las carencias no son solo de protocolos para la investigación. La asociación indicó que también hay un déficit en el número de fiscales y agentes del Ministerio Público, cuya tasa nacional es de 10.1 por cada 100 mil habitantes.

En el caso de los policías de investigación, Impunidad Cero destacó que hay 12.5 agentes por cada 100 mil habitantes, lo que muestra una falta de capacidad en la práctica de diligencias y actos de investigación.

Aunque para 2021 en todo el país se reportaron 125 agencias del Ministerio Público especializadas en homicidio en el país, esto solo representa 8.3% de unidades por cada 100 mil víctimas. Además, en entidades como Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no cuentan con unidades dedicadas exclusivamente a la investigación de este delito.

Las recomendaciones

Con el fin de contribuir con la reducción de la impunidad en estos delitos, la asociación lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades de distintos niveles de gobierno.

Sobre el caso específico de feminicidios, se recomendó mejorar la atención y la calidad de los servicios proporcionados por los Centros de Justicia para las Mujeres, para que las víctimas cuenten con medidas de protección y sean trasladadas a refugios. También se pidió que se armonicen los tipos penales de este delito en las entidades federativas, ya que actualmente cada una cuenta con diferentes definiciones y razones de género para clasificarlo.

Asimismo, se recomendó que se fortalezcan las capacidades de investigación, con el desarrollo y la actualización de los protocolos para feminicidios, priorizando la investigación de este delito junto con el de homicidio doloso, y que se lleve registro en sistemas informáticos de las carpetas de investigación en un formato que permita tener mayores datos acerca de las víctimas, los agresores y el proceso en el que se encuentra cada caso.

Para Impunidad Cero, es importante que en la reflexión sobre los delitos que permanecen sin castigo se tome en cuenta que optar por un aumento de sanciones no necesariamente va a significar mayor acceso a la justicia, por lo que pidió apostar por la reinserción social antes del punitivismo que “perpetúa el estigma, la discriminación y la ausencia de rehabilitación”.

En la imagen, feministas durante una manifestación por los derechos de la mujer y contra la violencia de género. Foto: Amapola Periodismo (Archivo)

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace: 


 

Aurelia García enfrenta al Estado por un aborto involuntario

Texto:  Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años, fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, y quedó embarazada. Su agresor era la autoridad comunitaria de su pueblo, a quien, por muchas razones, le era difícil señalar.

Primero, por miedo a represalias en su contra y, después, por temor a que sus familiares no entendieran la situación. En su comunidad es mal visto que una mujer tenga vida sexual o se embarace antes del matrimonio.

Ante todo ese escenario que ensombrecía su tranquilidad, aunado al hecho traumático de la agresión, Aurelia decidió huir de su pueblo. Hasta ese momento desconocía que estuviera embarazada, lo supo mucho tiempo después, hasta que tuvo un aborto involuntario.

En junio del 2019 llegó a Iguala para comenzar una nueva vida. «Llega a Iguala después de no tener control sobre ese embarazo, de no saber realmente si estaba embarazada», contó Verónica Garzón Bonetti, abogada defensora de Aurelia.

Cuatro meses después, el 2 de octubre del 2019, Aurelia tuvo dolores fuertes y sangrado intenso durante una semana, después de esto la expulsión de un feto.

«Expulsa al producto estando ella completamente sola, en la casa donde se quedaba».

Debido al parto fortuito, Aurelia vio afectada su salud.  Fue traslada a un hospital para brindarle atención médica.

«Todavía ella no estaba recuperada, no se sabía de los hechos ni del producto y ella ya estaba siendo procesada, detenida, esposada en la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, narró Garzón Bonetti, quien también es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Actualmente Aurelia tiene 23 años y lleva tres años en prisión preventiva en un centro penitenciario de Iguala por el delito de homicidio en razón de parentesco.

De acuerdo con la defensora de Aurelia, el delito de homicidio en razón de parentesco es una forma de criminalizar a las mujeres que abortan.

Mediante una conferencia de prensa, realizada el día de hoy en Chilpancingo, las abogadas defensoras de Aurelia y activistas feministas integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, denunciaron que hay inconsistencias en su caso. Además denunciaron que en el Poder Judicial no juzgan con perspectiva de género.

La primer inconsistencia que detectaron, dijeron, fue que después del parto no hubo ningún traductor que le explicara los motivos de su detención. La lengua materna de Aurelia es el náhuatl.

Otra fue que en el hospital donde atendieron a Aurelia le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.

Una más, al momento de su detención, Aurelia estaba delicada de salud.

Al no hablar español, Aurelia no comprendió mucho de lo que le sucedió.

Tampoco, en la misma dinámica de enumerar las inconsistencias según el testimonio de las abogadas, hay testigos sobre el caso.

«La Fiscalía (General del Estado, FGE) armó un caso contra Aurelia», comentó Ximena Ugarte Trangay, abogada defensora de Aurelia e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Las abogadas acusan también a las instituciones gubernamentales de discriminación y criminalización hacía las mujeres indígenas.

Explicaron que la prueba realizada por el médico forense para determinar que Aurelia es culpable del delito de homicidio, fue la prueba de docimasia pulmonar, una prueba médica que puede establecer la presencia de aire en los pulmones de un recién nacido muerto, de acuerdo con una consulta en internet.

«Está prueba es la que se utiliza en casi todos los casos de homicidio en razón de parentesco, consiste en colocar un fragmento de los pulmones del producto en agua, si flota es porque hay agua en los pulmones y el producto respiró, si se va al fondo es porque no respiró, por lo tanto no hubo vida», explicó Garzón Bonetti.

Es decir que el médico forense que realizó esta prueba en el caso de Aurelia determinó que sí hubo vida en el producto de Aurelia, cuando, además, nunca hubo una intención de abortar. Nunca hubo otro examen o prueba para determinar la situación del parto de Aurelia ni del producto por parte del médico forense, denunciaron las abogadas y defensoras de los derechos humanos.

Garzón Bonetti agregó que, de acuerdo con la comunidad científica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta prueba tiene un margen de error alto y no es confiable.

«No se puede sustentar ninguna acusación ni mucho menos una sentencia con base únicamente en esta prueba”, agregó.

Como parte del proceso penal que enfrenta Aurelia, hasta el momento han ocurrido dos audiencias en el juzgado de distrito de Iguala, mañana jueves será la última audiencia en la que presenten más pruebas por parte de la FGE, por un lado, y de la defensa de Aurelia, por el otro.

De esa audiencia la defensa espera que se juzgue con perspectiva de género y, posteriormente, Aurelia sea liberada.

La sentencia inicial dictada contra Aurelia es de 13 años y siete meses, esa sentencia fue revertida por la intervención de las abogadas defensoras.

Hay más mujeres en la misma situación que Aurelia. De acuerdo con Ana Gabriela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, en Guerrero hay 16 carpetas de investigación contra mujeres por el delito de homicidio en razón de parentesco.

«A nombre de Aurelia exigimos justicia, no esperamos nada más que eso, pero tampoco nada menos. Esperamos que el Poder Judicial del Estado de Guerrero esté a la altura de juzgar con perspectiva de género y libre de prejuicios», agregó Ugarte Trangay.

El caso de Aurelia recobra un sentido distinto, sobre todo porque en tempo reciente el Poder Legislativo aprobó el aborto como un derechos de las mujeres.

 

Con tendederos en las facultades, estudiantes denuncian acoso de maestros y alumnos en la Uagro 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

Alumnas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y organizaciones feministas denunciaron acoso y hostigamiento sexual por parte de maestros y estudiantes de las facultades de Ciudad Universitaria.

A través de un tendedero organizado por la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad Capítulo Guerrero, a petición de las alumnas, denunciaron de manera anónima el acoso y hostigamiento sexual que sufren de parte maestros, directivos y de sus compañeros.

También a las autoridades universitarias las señalaron de encubrir estas agresiones y a los agresores.

A las once de la mañana, las integrantes de la Red colocaron en la entrada principal de Ciudad Universitaria Sur los lazos donde las estudiantes colgaron carteles con consignas y algunas denuncias: «El director no me protege», «Denuncia a tu agresor», «Dijo que calladita me veía más bonita”, «Ni una más».

Las organizadoras de la Red Nacional de Mujeres mencionaron que la actividad fue por el Día Internacional contra Violencia hacía la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, y para «visibilizar las violencias de las que son objeto las mujeres dentro de la Uagro».

Para resguardar la identidad y or seguridad de las estudiantes colocaron una urna donde se depositaron los nombres de los agresores y los actos agresivos, para que posteriormente la Red les dé seguimiento con las autoridades universitarias y, de ser necesario, judiciales.

La Red ofreció un acompañamiento legal y asesoría a las víctimas para solicitar a la Uagro que los académicos sean sancionados.

Algunos de los directivos que aparecieron en el tendedero fue el director de la Facultad de Derecho, Tonatiuh Astudillo Méndez, a quien acusaron de no atender las quejas que las alumnas hacen contra los maestros.

En otro cartel, Astudillo Méndez también fue acusado de acosador.

En distintas facultades de la Uagro hubo este tipo de dinámicas y manifestaciones, recientemente en una dinámica similar en Acapulco, el ex gobernador interino y catedrático del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), Rogelio Ortega Martínez, fue acusado de acosar y ofrecer dinero a estudiantes a cambio de «favores sexuales”, de acuerdo con lo que escribieron en estos tendederos.

En Chilpancingo, en las facultades de Ciencias Químico Biológicas y de Comunicación y Mercadotecnia también se realizaron tendederos donde denunciaron que maestros ya señalados siguen sin recibir sanciones.

“Justicia para mí”, pide Carolina después de ser violentada por su ex pareja

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Facebook Carolina Rendón

Chilpancingo

 

Carolina, originaria de Acapulco, desde sus redes sociales denunció que fue violada y golpeada por su pareja hasta dejarla inconsciente. También acusó a agentes de la Policía Ministerial que dependen de la Fiscalía General del Estado (FGE) de proteger a su agresor.

A través de su cuenta de Facebook narra que el pasado 18 de noviembre, quien también es padre de su hijo, Jovany Rodolfo Alcocer Manzano llegó a su domicilio borracho y drogado. Después de entrar a la casa cerró la puerta con cerrojo y abusó de ella de manera sexual, y la golpeó con patadas y puñetazos hasta dejarla inconsciente.

El hombre, después de las lesiones directas hacia Carolina, derribó muebles, lanzó objetos de cocina y todo lo que encontró a su paso dentro de la casa. Salió de la vivienda y abordó su vehículo. Huyó mientras ella seguía tirada en el piso.

«Quiero que me ayuden a que esto llegue lo más lejos que se pueda, que se haga justicia. Amenazó a mi familia y a mí de muerte y también amenazó con quitarme a mi hijo a la fuerza».

«Hoy perdí mi vida, perdí el hogar de mi hijo y perdí las ganas de vivir; los golpes y heridas están y no podré sanar todo lo que viví ese día”, escribió Carolina en su cuenta de Facebook.

Denunció que su ex pareja sentimental, sin dar más detalles, sobornó a los agentes ministeriales de la FGE, lo que se entiende que hay una denuncia.

«Justicia para mí. Si alguien puede ayudarme, a la Fiscalía de México (Fiscalía General de la República), para que mi trámite (denuncia) avance”, escribió Carolina sobre la agresión que le provocó su pareja ese viernes.

La denuncia pública de Carolina a través de sus redes sociales fue escrita el lunes pasado (28 de noviembre). Hasta el momento la FGE no ha emitido ninguna versión oficial.

De acuerdo con datos del Monitor de Violencia de Género y de Feminicidio en Guerrero coordinado por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A C (Agcvim) de enero a octubre de este 2022 han ocurrido 93 asesinatos con presunción de feminicidios en Guerrero. Este monitoreo lo hacen de la información publicada en la prensa y son documentado s como presunción de feminicidios por las características de las agresiones contra las víctimas.

Las organizaciones que realizan esto monitoreos y están pendientes de las violencias contra las mujeres han denunciado que muchos de los asesinatos son obviados como feminicidios. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo reconoce ocho feminicidios de los casos de 93 que documentó la Agcvim.

 

México: Un país de matrimonios inf­­­­antiles

Al menos 153 mil matrimonios con menores se han realizado en los últimos 11 años en México. A pesar de su prohibición, han surgido complicidades con autoridades locales para forzar las uniones.


Texto: Alexis Ortiz / La Lista  

Fotografía y gráficas: La Lista 

30 de noviembre del 2022

 

Las niñas tienen precio en la región de la Montaña de Guerrero. Por Yetzali, de 14 años, una mujer desconocida ofreció 160 mil pesos a su mamá. Fue una tarde de primavera de 2021 cuando la señora visitó la casa de la menor en Cochoapa el Grande e hizo la oferta a cambio de que se fuera a vivir con su hijo Diego, de 17 años.

Aquel día, Yetzali estaba en casa con su mamá, a quien le ayudaba a preparar atole para vender y a cuidar a los dos bebés de sus hermanas. No era la primera vez que en su familia escuchaban una oferta similar, su madre también fue vendida cuando era más joven para vivir con un hombre que años después la abandonó con sus tres hijas.

La mamá de Yetzali pidió tiempo para platicar sobre la oferta con su hermano, la figura masculina más cercana a ella. Pero Ofelia insistió durante tres semanas, trató de convencerla diciendo que a su hijo Diego le gustaba la joven delgada, alta y de piel morena.

El tío de Yetzali se sentó con Ofelia para fijar un precio, como si estuviera negociando la venta de ganado. Pero la mujer mantuvo la oferta y soltó una amenaza: si no aceptaban, caería una maldición sobre ellos, una advertencia que tomaron muy en serio.

“La señora dijo que si no aceptaban, no me iba a casar nunca. Fue cuando mi mamá y mi familia decidieron darme”, dice Yetzali en tu’un savi, su lengua natal. Cuando la obligaron a vivir con Diego no dijo ni sintió nada, estaba resignada a repetir la historia de su mamá. Solo tenía un deseo: que la trataran bien.

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En México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021: 38 uniones cada día, según datos obtenidos por La-Lista1. Aunque la práctica está prohibida desde 2014, esto no frenó el problema. Desde la prohibición se celebraron miles y miles hasta llegar a 19 mil en todo el país. El problema afecta más a las mujeres que a los hombres porque en ocho de cada 10 matrimonios, la cónyuge es una menor de edad.

En Ahome, Sinaloa, una niña de nueve años fue casada con un hombre de 43 años en 2010. En ese mismo estado, una joven de 16 años se tuvo que casar con un anciano de 83 en 2014. Entre 2010 y 2016 se registraron oficialmente 17 matrimonios de hombres mayores de 60 años con niñas que llegaban a tener hasta 14 años en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Campeche y Chihuahua.

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Los matrimonios infantiles son un problema visible en todo el país y ocurren con mayor frecuencia en Guerrero, donde se registra uno de cada cinco, le sigue Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. Los casos más recientes fueron en los municipios Allende y Dolores Hidalgo, en Guanajuato; Morelia, Michoacán, y Calpan, Guadalupe Victoria y Jonotla, en Puebla. “No solo en las comunidades indígenas sucede, en las periferias de las grandes ciudades suceden, ahí están los casos, hay que sancionarlo y visibilizarlo porque la ley tiene que ser pareja para todos y para todas”, dice Eufrosina Cruz, activista indígena y diputada del PRI.

Puedes ser la gráfica interactiva en el siguiente enlace:

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No hay un registro exacto del primer matrimonio infantil en México. “Es un problema añejo, un problema de décadas. Aquí en los pueblos originarios, principalmente en las cabeceras municipales, es donde se tienen focalizados los casos”, detalla Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Robert McCaa, historiador de la Universidad de Minnesota, encontró que en el siglo XVI ya había registros de este tipo de uniones donde las niñas nahuas eran entregadas entre los ocho y los 15 años.

La situación global no cambia mucho, es un problema arcaico que todavía ocurre. Actualmente hay 650 millones de mujeres en todo el mundo que se casaron antes de cumplir 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La amenaza es real: la Unicef proyecta que 150 millones de niñas corren el riesgo de casarse antes de 2030.

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El trato para entregar a Yetzali se cerró con 160 mil pesos y una fiesta de tres días. En Cochoapa el Grande, las bodas comienzan el lunes, cuando los padres de la pareja le preguntan ante todo el pueblo si es su voluntad estar juntos. El martes hay una ceremonia donde la familia de la mujer recibe el dinero y la entregan. El miércoles, la pareja se va a su nueva casa. Todo esto mientras los invitados comen, toman y bailan con música en vivo.

A las pocas semanas de la celebración, Yetzali quedó embarazada. La joven tenía la esperanza de que en su nuevo hogar la trataran bien, pero Ofelia comenzó a obligarla a realizar los quehaceres del hogar y a trabajar hasta por 12 horas en un campo de cultivo de chile y tomate en Amatlán, Jalisco. No recuerda cuántos kilos de verdura alzaba, solo pone la mano por debajo de su pecho para señalar el tamaño de las arpillas que cargaba hasta que cumplió ocho meses de embarazo.

“Estaba embarazada y seguía trabajando, durante todo ese tiempo me tocaba moler y llevar la comida al lugar en el que debía trabajar. Aparte tenía que limpiar y hacer lo que mi suegra dijera, solamente así estaba contenta y si no, se enojaba. Si le pedía dinero, lo único que me daba eran 10 o 20 pesos”, cuenta. Cuando estaba cerca de parir, Yetzali, Diego y Ofelia volvieron a Cochoapa el Grande, donde nació el bebé.

Los maltratos continuaron. Ahora Ofelia le decía que el niño no era su nieto porque no se parecía a su hijo. Un día de febrero, cuando la mujer estaba distraída, Yetzali aprovechó para escapar a casa de su madre, estaba cansada de la violencia. Lo único que esperaba de ese matrimonio, recibir un buen trato, nunca ocurrió.

Ofelia fue tras ella: pidió ayuda a la Policía del Pueblo, un grupo civil armado que no es reconocido por el gobierno municipal y que hace justicia por su propia mano si alguien se lo pide con un pago de por medio. Cuando se trata de mujeres que huyen de sus parejas, van por ellas, las llevan por la fuerza y las encierran en un cuarto que usan como cárcel bajo amenaza de muerte.

Yetzali estaba acostada en casa de su mamá cuando los hombres armados irrumpieron. Apenas tenía pocas semanas de haber huido. La tomaron por el brazo, a una de sus hermanas la jalonearon y las metieron a una camioneta para encerrarlas. Durante siete horas recibió amenazas de muerte por parte del grupo armado que le exigía volver con Diego o que regresara a Ofelia los 160 mil pesos que había pagado por ella. Devolver el dinero no era opción, su tío se había quedado con 100 mil pesos y su abuelo con los otros 60 mil pesos.

La única hermana de Yetzali que estaba en libertad pidió ayuda a Hildeberta Moreno, la síndica de Cochoapa el Grande, para que interviniera. Después de varias horas, por fin quedaron libres. En una camioneta de la policía municipal, la funcionaria trasladó a la familia a la ciudad vecina de Tlapa de Comonfort, a tres horas de distancia, entre caminos de terracería, baches y lodo. Las cuatro mujeres y sus hijos se atrincheraron en un refugio improvisado por una organización social –sin camas, sin baños y sin luz–, en busca de un poco de paz.

 

Puedes ver la tabla interactiva en el siguiente enlace:

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Hasta 2019, el Código Civil Federal permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres. Esto a pesar de que el Congreso de la Unión prohibió la práctica cinco años antes con la creación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Al igual que las autoridades federales, los congresos locales se tardaron hasta seis años en reformar sus códigos civiles para prohibir el matrimonio infantil. Avanzaron a paso lento. Baja California fue el último estado en hacerlo en 2020 y, mientras eso sucedía, sus registros civiles autorizaron 256 uniones de niñas, niños y adolescentes.

Los matrimonios infantiles en México siguen ocurriendo con la participación de las autoridades. Funcionarios del registro civil, jueces de paz y síndicos municipales son algunos de los servidores públicos que, a través de distintos mecanismos, avalan que niñas y niños vivan juntos o con alguien mayor, pese a la prohibición de ley.

Tan solo en Guerrero, los jueces de paz –integrantes del Poder Judicial– han emitido 36 actas de 2015 a 2022 para respaldar que dos menores vivan juntos por “voluntad propia”, según el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

La-Lista solicitó información a los cuatro estados donde hay jueces de paz –Yucatán, Chiapas, Baja California y Guerrero–, pero los poderes judiciales de tres entidades respondieron que no había registro de actas que avalen la unión con menores. Solo el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero admitió el problema y compartió los nombres de los funcionarios que han creado estas actas:

  • Teteo Inan Reyes Luciano en el municipio de Teloloapan.
  • María Patricia Guadarrama Garrido en Leonardo Bravo.
  • Santana Galván Catalán en Zihuatanejo.
  • Crescenciano Nava Ramos en Cuautepec.
  • Hugo Quevedo Romero en Atoyac de Álvarez.
  • Ana Lilia Cuevas Monroy en Juan R. Escudero.
  • Clemente Tagle Pérez en Ahuacuotzingo.
  • Norberto Ceballos Suastegui en Tlapa.
  • Esperanza de la Cruz Godoy, secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Paz de Atoyac de Álvarez.

A los registros civiles y los jueces de paz se suman los síndicos municipales, funcionarios que dan su aval para que niñas y niños se unan de manera informal. “Hay algunas comunidades donde hemos detectado que (las familias) van con el síndico o el alcalde, y ahí generan este proceso de formalización del matrimonio”, describe Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde se han registrado 84 matrimonios con menores desde 2014.

En Chiapas, donde hubo 776 uniones con menores a partir de la prohibición, estas ocurren de manera distinta: las familias llegan a acuerdos para que los jóvenes vivan juntos y, cuando cumplen 18 años, acuden al registro civil para formalizar el matrimonio. Carlos Bautista, síndico del municipio de Amatenango del Valle en el estado, dice que es parte de los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas.

Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley, sentencia Neil Arias, de Tlachinollan. “Si estas autoridades saben que es delito, si saben que están prohibidos los matrimonios infantiles, entonces ellos tienen que hacer esa labor de convencimiento y compartirlo en sus lenguas originarias para que la gente entienda que el hecho de que a una menor de edad la casen violenta sus derechos porque no está decidiendo por sí sola”, agrega la abogada.

Al ser intercambiadas por dinero, alcohol o ganado, las mujeres dejan de ser consideradas personas y enfrentan una vida de violencia física y verbal.

Puedes abrir el mapa interactivo en el siguiente enlace:

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Originaria de Michoacán, Irma no entiende por qué su papá la casó con un hombre que le doblaba la edad. Darío, quien intentó violarla a los nueve años, se convirtió en su esposo cuando ella tenía 15. Le dijeron que era para que no le faltara nada, pero la promesa no se cumplió: abusó sexualmente de ella y la obligó a trabajar como albañil sin paga. Después de 10 años, la abandonó con cinco hijos.

Cuando las niñas y adolescentes se casan, tienen menos oportunidades de tener un desarrollo de vida digno, dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “Se interrumpe su trayectoria escolar y su desarrollo físico cuando tienen embarazos tempranos. Ellas no pueden tener un desarrollo profesional, sobre todo cuando son ofrecidas y ofertadas como si fueran una pertenencia de la familia”.

Las niñas menores de 18 años que viven con su pareja tienen 10 veces menos probabilidad de ir a la escuela que las que el resto. En 2020 había 226 mil 699 niñas de 12 a 17 años que vivían en pareja con otra persona y la mayoría ya tenía un bebé, según datos de Inegi.

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Eufrosina Cruz tenía 12 años cuando dejó de comer como forma de protesta porque no se quería casar. Le dijo a sus padres que quería irse de Quiegolani, un municipio de la sierra sur del estado de Oaxaca. Terminaron por ceder, su mamá le arregló sus mejores vestidos y huaraches de plástico en una malla y caminó con su papá 12 horas hasta el lugar donde salían los camiones para llegar a Tehuantepec, donde vivían sus tíos.

Con ella se rompió el destino que vivieron su abuela, su madre y su tía. Años más tarde, Eufrosina se convirtió en la primera mujer en ganar una elección para ser presidenta municipal de Quiegolani, pero los hombres de su comunidad no la dejaron asumir el cargo porque es mujer. Después fue electa como diputada local y se convirtió en la primera presidenta del Congreso de Oaxaca. Ahora es diputada federal y está convencida de que los matrimonios infantiles no son parte de los usos y costumbres, sino una forma de esclavitud para las niñas.

En diciembre de 2021 comenzó a impulsar una reforma al Código Penal Federal para que se castigue con 15 años de cárcel a quien permita que una niña o un niño vivan en pareja. “Hay que construir una nueva narrativa para decir: eso se llama abuso, eso se llama violencia, eso se llama trata y tiene una sanción”, dice indignada. “Lo prohibido y lo que no está sancionado es permisible”.

La iniciativa de reforma de la diputada Eufrosina Cruz ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en el Senado de la República a la espera de ser discutida. El objetivo es que no haya más jóvenes obligadas a casarse o a vivir con alguien más.

A sus 15 años, Yetzali ya fue vendida, hizo trabajos forzados, tuvo a su primer hijo, escapó de sus agresores, la amenazaron de muerte, estuvo en la cárcel y huyó junto con su familia para salvar su vida. Hoy no está dispuesta a guardar silencio y exige justicia. Ni una Yetzali más, ni una niña más.

 

 

 

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