Cuestionan por inseguridad, feminicidios y desplazados al secretario de Gobierno en comparecencia

Texto y fotografía: Itzel Urieta

27 de noviembre del 2023

Chilpancingo

 

El cansancio de los diputados durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, era evidente.

Se notaba en los párpados semicerrados de algunos morenistas y en las posturas encorvadas de algunos de la oposición.

El funcionario centró su discurso en las protestas, principalmente del sector educativo.

Fue la priísta Gabriela Bernal Resendiz quien despertó a los otros 35 diputados presentes.

“Destituya al secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña), penoso fue ayer verlo huir de una protesta por unas escaleras; los problemas se enfrentan, no se les huyen”, dijo en tribuna.

El pleno del Congreso de Guerrero, invitados y reporteros de la fuente también salieron del letargo.

En la imagen, la diputada priísta Gabriela Bernal Reséndiz al momento de cuestionar al secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.

Este lunes iniciaron las comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y las comenzó el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

La sesión estaba prevista para las 10 de la mañana, aunque comenzó con una hora y media de retraso, a las 11:45.

La comparecencia se desarrolló de manera tranquila, sin muchos cuestionamientos fuertes, el ambiente en el pleno era tranquilo, la voz baja y calmada que caracteriza al secretario le imprimió ese ritmo.

Los cuestionamientos más importantes vinieron de las y los diputados de la oposición; de la priista Bernal Reséndiz y de los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Carlos Reyes Torres.

Antes, en un discurso que duró 25 minutos, Reynoso Núñez informó al pleno que durante este segundo año de gobierno, se disminuyeron en un 20 por ciento las manifestaciones individuales y colectivas. “Brindamos cobertura en 1, 453 movilizaciones político-sociales”, dijo Reynoso Núñez.

En el tema de los desplazados, dijo, se atienden a 755 familias desplazadas de 11 municipios.

En el tema de los feminicidios y violencia hacia las mujeres, informó que éstos disminuyeron 72 por ciento.

Otro tema que destacó Reynoso Núñez fue el del Transporte Violeta; indicó que hay 98 urvans de este tipo y 150 taxis que dan servicio especial a las mujeres.

La panista Ana Lenis Reséndiz Javier inició la primera ronda de preguntas, de cuatro que fueron, y que se alargó por cinco horas.

El cuestionamiento de la panista fue en torno a la violencia.

“¿Cuál es la estrategia para abatir los índices de inseguridad, en especial ante el inicio de las campañas políticas, que brinde certeza tanto a candidatos como a la ciudadanía en general, así como al gremio de periodistas”, cuestionó la panista.

La diputada priísta y el secretario general de Gobierno en la comparecencia este 27 de noviembre del 2023.

Reynoso Núñez respondió que se trabaja con todos los órdenes de gobierno, y que a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se atienden los reportes de desplazamiento, y agresiones contra periodistas.

Continuó la diputada Leticia Mosso Hernández quien pidió al funcionario explicar las políticas públicas para ayender a las familias desplazadas y cuáles eran las estrategias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Reynoso Núñez dijo que este año no se registraron personas desplazadas porque aseguró, “se atienden todas las causas, incluidas, la seguridad”.

Sobre la violencia contra las mujeres, el secretario dijo que se implementó el transporte violeta y dijo que se tiene un registro de 75 feminicidios en lo que va del año.

Por último, Mosso Hernández llamó al Poder Ejecutivo a redoblar esfuerzos para garantizar la estabilidad y paz social.

Siguió, a nombre de la representación del Partido Verde, la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza, quien se limitó a felicitar a la administración estatal “por los esfuerzos que hacen para sacarlos de la marginación y pobreza”.

El diputado perredista Bernardo Ortega Jimenez cuestionó al secretario sobre si cuentan con un programa estatal de derechos humanos y sobre las políticas públicas que se implementan.

También pidió fueran públicas las normas a que se sujetan sobre el uso de la fuerza pública en casos de protestas y sobre los avances respecto a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

Reynoso Núñez se limitó a contestar que en la Secretaría a su cargo existen direcciones y subsecretarías destinas al apoyo de víctimas de la violencia, desaparecidos, desplazamiento forzado, y agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Sobre las protestas, Reynoso Núñez dijo que los elementos de seguridad con equipo antimotin tienen la orden de no llevar armas a las manifestaciones y procurar el diálogo.

El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, fue el primer funcionario en comparecer en el Congreso local con motivo del desglose del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Llegó el turno de la priista Bernal Reséndiz, quien preguntó al secretario sobre la estrategia de atención que se da a 407 familias desplazadas y sí se contempla algún programa de empleo temporal, educación y salud, además de la distribución de canastas básicas.

Fue en ese momento que la legisladora mencionó el desempeño del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Reynoso Núñez respondió que se tiene programas de apoyos económicos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que atienden a las personas desplazadas y sobre el titular de la SEG, dijo que se atienden a todas las personas y sectores, y que los secretarios “hacen su mejor esfuerzo”.

Así concluyó la primer ronda de preguntas, en las rondas siguientes los cuestionamientos fueron repetitivos, seguridad, personas desplazadas y violencia contra las mujeres.

Reynoso Núñez se limitó a responder los cuestionamientos sobre inseguridad y violencia contra las mujeres.

Acompañaron al secretario a la comparecencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Flores Morales; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón, o sea, prácticamente todos los altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

 

 

Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

Invisibilización e indiferencia: la violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad en México

Tan solo en México, 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia.


Texto: Rogelio Loredo / Animal Político 

Fotografía: Animal Político

24 de noviembre 2023

 

La violencia contra las mujeres con discapacidad es un gran problema en México y a nivel internacional, del cual no se habla lo suficiente. Las circunstancias que enfrentan estas mujeres son poco visibilizadas, lo que complica la forma de encontrar soluciones.

“En cuanto al tema de violencias, las mujeres con discapacidad tenemos muchísimas más probabilidades no solo de vivirlas, sino de, además, no poder escapar”, dice Jen Mulini a Animal MX. Ella es una mujer indígena mexicana con discapacidad, activista, periodista, conferencista y hablante de náhuatl.

Mulini cuenta que las mujeres con alguna discapacidad (a diferencia de los hombres) son víctimas de un cruce específico de circunstancias que las colocan en especial vulnerabilidad ante la violencia y el abuso por su condición de discapacidad y su género.

ONU Mujeres documentó esta problemática a nivel mundial, y señala que las mujeres y niñas con discapacidad están frente a una situación de género y condición, entrecruzada y agravada por estereotipos que generan discriminaciones, especialmente sobre ellas.

Estos estereotipos también son un factor que genera nuevas situaciones de discriminación y violencia.

“No sólo no saben dónde denunciar, sino que muchas veces no saben que están viviendo una situación de violencia”, señala Mulini.

Esta problemática está presente en todo el mundo. Unsplash: Javad Esmaeili.

Pero no solo eso, este tipo de violencias son invisibilizadas. Prueba de ello son los datos específicos que aparecieron en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en 2021.

 

7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través de su boletín Desigualdad, reconoce una subestimación en las cifras de violencia hacia las mujeres y las niñas con discapacidades y limitaciones, porque ellas no necesariamente pueden responder directamente cuestionarios y la violencia captada por ellas puede ser muy superior a la recopilada por las encuestas.

“Como parte de un proyecto llamado Liderazgos Solidarios, visitamos casas donde no nos dejaban entrar o decían que ahí no vivía nadie con discapacidad”, relata Jen Mulini.

El proyecto que nos cuenta Jen es un ejemplo de que muchas veces estas violencias no necesariamente están reflejadas en las estadísticas.

Sin embargo, los resultados de la ENDIREH sí nos ayudan a dimensionar el panorama de violencia para las mujeres con discapacidad en México.

Las cifras no son del todo precisas porque a muchas mujeres y niñas no las dejan responder cuestionarios relacionados a las violencias. Unsplash: Ryanwar Hanif.

En México hay 22 millones de mujeres mayores de 15 años con discapacidad o limitación y la encuesta realizada cada 4 años por el Inegi identificó que de ellas, 16.3 millones de mujeres del mismo grupo de edad sufrieron algún incidente de violencia en algún momento de su vida.

De ellas, 9.8 millones vivieron violencia en los 12 meses previos a la encuesta que se realizó en 2021.

La encuesta también reveló que las mujeres con discapacidad sufren más violencia que las mujeres sin discapacidad o limitaciones. 72.6% de las mujeres con discapacidad sufrió violencia, frente al 66.7% de las mujeres sin discapacidad.

Es decir, casi 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia.

 

¡Estos números aumentan al revisar el porcentaje de mujeres mayores de 60 años!

El 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, pero las mujeres con discapacidad en ese rango de edad lo vivieron en 41.5 %.

Eso quiere decir que las mujeres con discapacidad son un grupo con un índice de violencia superior frente a otros grupos de atención prioritaria.

 

¿A qué tipos de violencias se enfrentan?

Las violencias que enlista la ENDIREH, están catalogadas en física, psicológica/emocional, patrimonial, económica y sexual, mismas que se pueden desarrollar en los ámbitos, escolares, laborales, de pareja, familiares o comunitarios.

Sin embargo, no necesariamente visibilizan todas las violencias a las que son sometidas las mujeres con discapacidad, pues también se enfrentan a situaciones de explotación laboral, mendicidad forzada y la negación de las atenciones que requieren.

Por ejemplo, el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) señala en un informe que a nivel sexual y reproductivo algunas violencias que viven las mujeres con discapacidad están normalizadas, aceptadas y promovidas por la sociedad, como abortos sin consentimiento o anticoncepcion y esterilización forzada.

El CIDIP también destaca que la violencia a las personas con discapacidad permanece oculta e incluso normalizada a causa de los múltiples prejuicios, estereotipos y estigmas.

 

Faltan espacios seguros y accesibles

Otras situaciones que no son contempladas y no necesariamente se reflejan en las encuestas, son las violencias institucionales de las que también pueden ser víctimas las mujeres con discapacidad.

El informe de CIDIP apunta que hasta un 80% de mujeres con discapacidad que viven en instituciones están expuestas a violencia de personal sanitario, de servicio o cuidadores.

Y si las mujeres intentan salir de ese lugar donde son violentadas, se enfrentan a otro problema: “No hay refugios con accesibilidad para que las mujeres con discapacidad puedan salir de los espacios violentos”, nos explicó Jen Mulini.

“No hay presupuesto para la accesibilidad, no solo las mujeres con discapacidad no pueden comunicarse, no tienen redes de apoyo. Hay un abismo muy grande para que puedan pedir ayuda y si quieren escapar, por parte del gobierno, no hay quien las reciba”, señala.

Jen menciona que incluso el hecho de denunciar se convierte en una experiencia violenta cuando acuden a fiscalías o ministerios públicos que no necesariamente fueron pensados con una mirada inclusiva.

“¿Qué está pasando en la fiscalías? ¿Con qué tipo de servicios cuentan? Si es una mujer con discapacidad motriz usuaria de silla de ruedas, es accesible, pero ¿si es una persona sorda puede llegar un intérprete?”, cuestiona Jen.

Jen Mulini es una periodista y activista a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Instagram: @jenmulini.

 

¿Qué podemos hacer?

Para Jen Mulini, además de visibilizar la problemática, un inicio sería darle voz a las mujeres con discapacidad y crear redes, entender que difícilmente cuentan con apoyo y debido a eso es menos probable que puedan escapar de la violencia.

Pero además, falta la vinculación de las instituciones con las personas con discapacidad para que los instrumentos como encuestas y políticas públicas estén diseñadas de manera inclusiva.

Y sobre todo, es necesario un cambio social acerca de cómo vemos a las personas con discapacidad, hacer equipo y aprender a enriquecer con la diversidad.

“Si no se vuelve en este ciclo vicioso de la violencia económica, la violencia en las calles, la violencia de pareja… y todas las violencias juntas”, finaliza la periodista.

ONU Mujeres estima que a nivel mundial hay más de 500 millones de mujeres con discapacidad.

Guerra con ‘g’ de género: al menos 222 mujeres han sido asesinadas y desaparecidas en México por fuerzas de seguridad

Texto: Margena de la O, Rocío Gallegos, Blanca Carmona, Gabriela Minjares, Marlén Castro Pérez, Carlos Arrieta, Charbell Lucio, Carlos López, Miguel León, Óscar Guerrero

Ilustración: Margarita Sousa

30 de agosto del 2023

 

F. es una mujer joven que, en mayo de 2019, encontró una billetera tirada en la calle, afuera de un casino en el estado de Michoacán.

Ante el hallazgo, ella cuenta que su primer impulso fue buscar alguna identificación del propietario, para contactarlo y devolvérsela. Y sí, la cartera contenía dos identificaciones en las que aparecía el mismo hombre retratado, aunque con nombres distintos, lo que a la joven le pareció extraño.

Por eso abandonó la idea de regresar la billetera personalmente y, en cambio, se aproximó al policía que cuidaba el acceso al casino, para pedirle que la entregara a su dueño en caso de que la requiriera.

Devolver ese artículo de uso personal fue un acto de buena fe, de honestidad, pero un día después, cuando el dueño de la cartera tocó a la puerta de su vivienda, F. comenzó su largo arrepentimiento.

Ver a ese hombre desconocido fuera de su casa, cuenta F., “me alarmó, ya que desconozco cómo conoció mi domicilio… él me dijo: ‘Soy la persona a la que le dejaste la cartera, ¿te puedo invitar a salir, para agradecerte?’. Y yo le dije ‘no, gracias, no me interesa conocerlo’… entonces esa persona dijo que le gustaba mi camioneta y que iba a ser de él, mi camioneta estaba estacionada afuera de mi casa y se acercó al cristal del copiloto, le dio un golpe con algo y lo quebró. Luego se fue.”

A partir de entonces, F. sufrió el acoso de esa persona, a la que describe como un hombre obeso, bajo de estatura, con bigote y cabello muy corto, que comenzó a acudir reiteradamente a su vivienda para dejarle notas escritas en trozos de papel. Sin saber la joven cómo, esa persona también obtuvo su teléfono para hostigarla con mensajes de texto y llamadas, en una de las cuales, recuerda ella, “me dijo que a él nadie lo rechazaba, que tenía mucho dinero, que cómo una puta vieja como yo lo iba a rechazar”.

F. decidió entonces presentar una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán. Pero así como salió de las oficinas de dicho organismo, la joven recibió una nueva llamada de su agresor, quien le advirtió que ya estaba enterado de lo que acababa de hacer.

La joven comenzó entonces a sospechar que su acosador gozaba de un trato especial por parte de las autoridades de seguridad de Michoacán, que le proporcionaban información confidencial que él usaba para hostigarla. “Cambié de teléfono una y otra vez –recuerda–. Y teléfono que yo registraba en Fiscalía, para que pudieran contactarme, era teléfono que esa persona conseguía… se lo daban ahí.”

Esa complicidad entre las autoridades y su acosador la confirmó meses después, en agosto de 2020, cuando un grupo de policías estatales la abordó mientras abría la puerta de su casa.

Tras ponerle una navaja en el cuello, esos policías le advirtieron que estaban ahí por encargo de la persona a la que ella había denunciado y que su instrucción era matarla. Luego, la introdujeron a golpes a su propia vivienda. 

“Me dañaron –narra F.– me hicieron mucho daño físicamente y psicológicamente… son cosas muy difíciles de contar para mí… me quebraron tres costillas, me dejaron coágulos en el cerebro (por los golpes)… me violaron”.

F. fue abandonada inconsciente dentro de su vivienda, luego de que los policías agresores la creyeran sin vida. Pero no: aunque con secuelas graves, ella sobrevivió al intento de feminicidio y hoy está lejos de su ciudad natal, puesto que, aun cuando denunció los hechos, los policías agresores siguen en el cargo y el hombre que la hostigaba, que los mandó a matarla, nunca fue investigado.

Sin que sea una cifra definitiva, sino sólo una muestra de un universo no determinado de casos, a través de una búsqueda documental y hemerográfica, durante esta investigación fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que, al cobijo de la estrategia conocida como “guerra contra el crimen organizado”, ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad. Tan amplia, que en ella caben actos criminales.

De esas 222 víctimas, nueve lograron sobrevivir, F. es una de ellas.

En el resto de los casos identificados, la violencia ejercida por la autoridad terminó en la muerte de las víctimas, en su desaparición e, incluso, en el extraño y cruel limbo que se abre entre ambos tipos de crímenes.

El abanico de violencia

Los casos identificados como parte de esta investigación evidencian que la violencia de las autoridades en contra de mujeres, en el marco de la guerra contra el crimen organizado, se ejerce como una demostración de poder y dominio sobre los cuerpos de las víctimas, así como sobre los territorios cuyo control reclaman los integrantes de las fuerzas públicas y, de esa forma, sobre las vidas de sus habitantes. 

Los 222 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de mujeres identificados en esta investigación ocurrieron en el marco de operaciones para prevenir la acción de grupos delictivos, lo mismo que en contextos de complicidad con dichos grupos. 

Además, el permiso tácito del Estado para que estas formas de violencia de género se practiquen, también traslada su ejercicio a otros ámbitos de la vida de los integrantes de corporaciones oficiales de seguridad, como sus casas, sus barrios y sus comunidades, es decir, a la vida de otras personas que terminan siendo víctimas del abuso de poder de los agentes agresores, fuera de acciones institucionales.

Ejecuciones y desapariciones de mujeres a manos de organismos de seguridad estatales y federales 2006-2022 *
Tipo de crimen Supuestos actos preventivos Complicidad con la delincuencia Represión Abuso de poder Supuesta imprudencia de la víctima No identificado
Asesinato/Ejecución 66 39 7 51 4 4
Asesinato/Ejecución (tentativa) 5 2   2    
Desaparición 16 15   1   2
Desaparición (temporal) 8 1        
Total 95 57 7 54 4 6
*Muestra obtenida a partir de registros identificados en fuentes públicas, no es el total de casos

 

En noviembre de 2020, por ejemplo, Susana Cerón Zenteno, de 33 años de edad y empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue raptada presuntamente por su pareja sentimental, el policía estatal Efrén Hernández Romero, al que meses antes había conocido en la misma corporación.

“Llegaron a la casa –narra su mamá, la señora Susana Zenteno–, entonces él empezó a pelear con ella, ella se metió a la casa, dejó su celular y este hombre entra, lo agarra, y ella le dice ‘dame mi celular’. Y este hombre se baja las escaleras y ella lo alcanza, pero él ya estaba en su camioneta. Entonces no le quiso dar el celular, ella abrió la puerta de la camioneta y él la jaló, cerró y se arrancó. Desde ese momento ya no supimos nada. Nada ya.”

Aunque el rapto fue denunciado, las autoridades de Puebla no emprendieron ninguna acción para localizar a Susana, ni siquiera por ser empleada de la policía estatal, ni tampoco al agente que la privó de la libertad. “No la buscaron –recuerda su madre, con frustración–. No hicieron nada, la verdad.”

Doce días después, el cadáver de la joven madre fue encontrado en un lote baldío, con signos de tortura. Según los estudios forenses, su agresor la mantuvo con vida durante al menos ocho días y luego la asesinó, por lo que una búsqueda expedita de las autoridades hubiera tenido altas posibilidades de rescatarla con vida. Pero no fue así.

“Ella era una muchacha muy alegre, nunca fue una persona problemática –recuerda su mamá, quien quedó a cargo de las tres hijas de Susana–. Ella era una buena mamá también, ¿por qué no voy a decirlo? Siempre fue una buena madre. Trabajaba siempre para sus hijas. Cuando pasó lo que pasó, la más niña tenía 5 años, la otra tenía 9 y la otra niña tenía 11… Ella era el sostén de la casa.”

En enero de 2021, dos meses después del feminicidio, el presunto agresor fue detenido en Chiapas, con papeles de identidad falsos con los que pretendía salir del país. Sin embargo, el cadáver de su víctima no fue suficiente prueba de su crimen y durante los siguientes dos años el agresor sólo enfrentó cargos por desaparición. 

No fue sino hasta marzo de 2023, más de dos años después del asesinato de Susana, que el Ministerio Público logró que el delito de feminicidio fuera también incluido en el juicio que hasta la fecha se sigue contra ese policía.

Tal como informaron las fiscalías de justicia de todo el país, en respuesta a solicitudes de transparencia formuladas como parte de esta investigación, desde 2006 han sido procesados penalmente 51 agentes de fuerzas estatales o federales por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.

Sin embargo, los registros administrativos en materia penal que difunden los tribunales de justicia de todo el país, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que las fiscalías sólo reunieron evidencias suficientes para iniciar juicios penales contra tres uniformados, por feminicidios cometidos entre 2006 y 2019 (último año reportado). Contra el resto no se fincaron cargos ante ningún tribunal.

De esos tres agentes contra los que sí se inició juicio, ninguno de ellos había recibido sentencia, hasta la última actualización que las autoridades realizaron a dichos datos.

Silenciadas

A Eva Alarcón se la llevaron en 2011, cuando tenía 43 años de edad. Fueron policías de la Fiscalía de Justicia de Guerrero, que operaban en contubernio con el crimen organizado, y lo hicieron en represalia por la lucha que ella libraba en defensa de los bosques de la sierra de Petatlán, valiosos para los grupos de poder que dominan dicho estado por su madera, por la posibilidad de sembrar enervantes en las tierras taladas y por servir como ruta segura para el trasiego de drogas y armas.

Los policías se la llevaron junto con su compañero de lucha Marcial Bautista, con el que viajaba en un autobús de pasajeros hacia la Ciudad de México, donde ambos sostendrían una reunión con legisladores federales para analizar, entre otros temas, el incremento de las extorsiones del crimen organizado contra pobladores de la sierra.

El caso de Eva muestra la forma en que la violencia es empleada para interferir y controlar la vida de comunidades enteras.

“Mamá estudió hasta tercero de secundaria –recuerda Coral Rojas Alarcón, su hija–. Ella decía que (durante) todo su crecimiento tuvo hambre, no tenía para comer, había mucha pobreza y le costó mucho salir adelante. Pero desde muy pequeña fue muy lista: aprendió a hablar inglés perfectamente, era muy buena con los números y con los negocios y a los 15 años fue gerente de Hotel Cristal en Ixtapa-Zihuatanejo, tenía una inteligencia muy amplia, leía demasiado y en otros idiomas… Era una mujer muy libre y muy controvertida, siempre andaba haciendo revoluciones por todos lados.”

Desde que fueron privados de la libertad, ambos están desaparecidos. Y si se sabe lo ocurrido, de hecho, es gracias a la inteligencia de Eva, ya que antes de que los policías la obligaran a bajar del autobús, ella logró esconder su teléfono celular y hacer señas a otra pasajera para que lo recuperara.

Momentos después, esa señora usó el teléfono para comunicarse con Coral y avisarle de lo ocurrido, lo que permitió rápidamente identificar testigos de los hechos y, después, ubicar y detener al grupo de policías ministeriales, municipales y miembros del crimen organizado que cometieron el crimen.

Hasta la fecha, sin embargo, ninguno de los procesados ha querido revelar el paradero de Eva y Maciel. Dicen que los mataron, pero la prueba definitiva de ello, sus cuerpos, no han sido localizados.

“En Guerrero es común que participe gente del Estado en este tipo de crímenes, pero es muy difícil comprobarlo –advierte Coral–. Pero conmigo, pues, fue diferente porque tengo detenidos que comprueban que el Estado participó (en la desaparición de Eva y Marcial). Es un gran paso, es un gran avance haberlo logrado, haber comprobado que la misma policía estuvo involucrada, pero ¿de qué te sirve tener tanta gente detenida si a tu familiar no lo has encontrado? El objetivo es encontrar a tu familiar y si no lo encuentras es que no es bueno lo que tú has hecho, tu búsqueda no tiene final.”

Sin ser una enumeración total, sino sólo una muestra ejemplificativa, en esta investigación se identificaron siete casos de asesinato y desaparición de mujeres, en represalia por su participación en movimientos políticos o en protestas civiles.

En 2020, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el vehículo en el que viajaban Jéssica Silva Zamarripa y su esposo Jaime Torres Esquivel, ambos agricultores, tras participar en una manifestación en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, de la que autoridades federales pretendían tomar agua, para pagar cuotas a las que México está obligado, por el Tratado de Aguas Internacionales establecido con Estados Unidos en 1944.

Tras la manifestación, en la que hubo jaloneos entre campesinos y uniformados, ambos bandos se retiraron de la presa, aunque usando la misma carretera, por lo que, en un momento en que la caravana de la Guardia Nacional interceptó a la de manifestantes, los agentes abrieron fuego.

“La verdad yo no sentí los disparos –recuerda Jaime–, yo no sentí nada, yo cuando menos pensé, ya estaba ‘disparado’. No oí disparos, uno me pegó aquí atrás del oído y me imagino que ese fue el que me dejó aturdido, ni lo sentí… pero sí estaba consciente. Luego Jéssica me habló, ella, porque me dispararon primero a mí, y me dijo que me habían disparado, pero de ahí en más ya no la volví a ver, fue cuando le dispararon a ella.”

Jéssica, de 34 años, murió de forma instantánea por un disparo que le entró por la nuca y se alojó en su tórax.

Inicialmente, la Guardia Nacional afirmó que sus elementos “repelieron una agresión” y seis elementos de la corporación fueron procesados, pero sólo a uno se le fincaron cargos por homicidio. Hasta la fecha, permanece sin sentencia.

El limbo

Susana Tapia Garibo fue secuestrada en 2016, cuando tenía 16 años de edad. La adolescente había salido junto con otros cuatro amigos varones, para festejar el cumpleaños de uno de ellos y, luego de la celebración, se detuvieron a desayunar en un puesto de la carretera. Ahí fueron interceptados y secuestrados por elementos de la policía estatal de Veracruz.

“Había terminado la secundaria y ella decía que quería estudiar para ser veterinaria –recuerda su mamá, Carmen Garibo–. Después dijo que no, que iba a ser una ingeniera petroquímica, pero que ella iba a estudiar.”

El video de una cámara de seguridad muestra el momento en que una patrulla de la policía estatal alcanzó a los jóvenes. Y, luego, otra cámara los captó ya detenidos, a bordo de la patrulla, mientras detrás de ellos va un policía conduciendo el auto en el que las víctimas se transportaban.

“Desde esa fecha ya no los hemos visto –dice la señora Carmen– y pues la verdad ha sido un tiempo muy difícil, muy feo para nosotros porque pues, día a día, es estar con este dolor… Es algo que, así pasen los años, a mí nunca va a dejar de dolerme: recordar a mi hija.”

Para eludir los cuestionamientos que este rapto generó dentro y fuera de Veracruz, luego de que la prensa difundió los videos que probaban la responsabilidad de la policía, las autoridades estatales primero fingieron la localización sin vida de las víctimas, aunque estudios forenses demostraron que los restos presentados inicialmente por las autoridades no eran de origen humano, sino de animales.

Después, al quedar evidenciada esta fabricación, las autoridades de Veracruz decidieron revelar el lugar donde Susana y sus amigos, supuestamente, fueron ejecutados: un rancho en el que estaban enterrados cientos de fragmentos óseos, de un número indefinido de personas asesinadas por miembros del crimen organizado y por policías cómplices.

La realidad, sin embargo, es que ahí sólo se localizó una mancha de sangre y un hueso, que correspondían a dos de los jóvenes secuestrados. Pero de Susana y sus otros dos amigos no se han identificado restos que comprueben su fallecimiento, hasta la fecha.

A pesar de ello, con la presentación de esa fosa clandestina, los gobiernos estatal y federal dieron por localizadas sin vida a las cinco víctimas y concluyeron sus investigaciones.

Así, para la autoridad, Susana no está desaparecida sino muerta. Pero para su mamá, ella no está muerta, sino desaparecida.

Susana es y no es ambas cosas, al mismo tiempo.

“Nosotros –señala la señora Carmen– no obtuvimos nada. Pero las autoridades dijeron ‘pues ya, el caso se tiene que cerrar’ y, pues, ¿qué hace uno?… Nosotros hubiéramos querido que hasta la fecha anduvieran buscando a los muchachos… Ha sido muy difícil, sólo con el hecho de estarlo hablando, es algo que duele.”

De los 222 asesinatos y ejecuciones de mujeres, atribuidos a agentes estatales y federales durante el tiempo que ha durado la guerra contra el crimen organizado (e identificados en esta investigación), al menos 57 casos fueron perpetrados por dichas autoridades, en mancuerna con el crimen organizado.

Eso quiere decir que uno de cada cuatro casos de asesinato o desaparición de mujeres a manos de autoridades fueron cometidos en un contexto de complicidad con grupos criminales. 

En contraste, en el caso de los hombres víctimas de este mismo tipo de hechos, esa proporción es mucho menor: sólo uno de cada diez fue atacado por autoridades en complicidad con grupos delictivos.

Eso, lamentablemente, significa que cuando las autoridades se coaligan con organizaciones criminales para atacar a la ciudadanía, la probabilidad de sufrir esta violencia es 150% mayor para las mujeres, que para los hombres.

Más de 200 mujeres en México han sido víctimas de fuerzas de seguridad. Ilustración: Margarita Sousa @yue.ms

 

 

Acercan activistas información sobre el aborto a Costa Chica, ante incumplimiento de instituciones

Texto: Itzel Urieta

Fotografía:  Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres

Chilpancingo

Ante la falta de acceso a la información y servicios del aborto en la Costa Chica de Guerrero, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres comenzó hoy una campaña de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo que alcancen a las comunidades y lugares más alejados de la región con un enfoque cultural.

Esta campaña se denomina Tu decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos inició este mediodía en Ometepec, en la Costa Chica.

Como primera acción de esta campaña en Ometepec, que realiza de manera independiente la Red, pintaron un mural donde plasmaron información sobre el acceso a servicios de la interrupción del embarazo.

Datos de los lugares donde las mujeres pueden acudir a solicitar la interrupción del embarazo como el hospital IMSS Bienestar de Ometepec y el Centro de s
Salud de la comunidad, además de números de teléfono para que las mujeres «en capacidad de gestar» puedan recibir acompañamiento por si les niegan el servicio.

Con este tipo de acciones, la Red pretende acercar la información relacionada al acceso a un aborto seguro gratuito y sin discriminación, esto porque, denunciaron la integrantes, las instituciones estales no cumple con el derecho a la información sobre este derecho.

«Nos preocupa que el Estado no haya llevado a cabo campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo que alcancen a las comunidades y lugares más alejados de nuestra región y que tengan pertinencia cultural», mencionó durante la inauguración del mural la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón.

Aun cuando el aborto es legal desde el 17 de mayo del 2022, la Red considera que muchas mujeres enfrentan barreras para acceder a los servicios de salud para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.

El mural fue pintada a dos cuadras del zócalo de Ometepec, para que sea visible para todas las mujeres.

A las activistas les fue difícil hallar un espacio para el mural porque aún existen diversos estigmas y opiniones de la población de Ometepec en contra del aborto.

«La idea es llegar a otros espacios, a otras regiones. Queremos informar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar sobre el derecho (al aborto) que ya existe en Guerrero, porque ya hay una garantía legal, pero no queremos que quede solamente en el papel», mencionó Candela Garzón.

Esta campaña tiene como objetivo prestar atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios debido a barreras culturales y lingüísticas.

Esta campaña de la Red es a nivel estatal; el pasado 5 de junio iniciaron una en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero.

 

En la impunidad el doble feminicidio de Kenia y Avelina, originarias de la Montaña

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

A un año del doble feminicidio de las hermanas Kenia y Avelina Olivares López, la Fiscalía General de Estado (FGE) no ha ejecutado la orden de aprensión contra el presunto responsable, Fernando Reyes Olivos, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Kenia estaba casada con Fernando. Tenían tres hijos. Ella había denunciado que sufría maltrato por parte de Fernando, pero ninguna autoridad le garantizó su integridad y protección.

El 26 de julio del 2022, Kenia y Fernando habían discutido; él la corrió de su casa y se dejó a su hija menor. Kenia decidió refugiarse en casa de su hermana Avelina, en la comunidad de Tlaquetzalapa, municipio de Copanatoyac, en la Montaña.

Kenia le dijo a Avelina que no tenía intenciones de dialogar con Fernando porque ya lo conocía; era una persona violenta.

Esa noche del 26 de julio, Fernando llegó a la casa de Avelina acompañado de otros hombres, trató de llevarse a Kenia pero ella se resistió.

Al ver los jaloneos y la discusión, Avelina intentó ayudar a su hermana y defenderla de Fernando, pero él le disparó con una arma de fuego y la asesinó.

Después de presenciar esa escena, Kenia se escondió en la cocina, pero Fernando la vio y le disparó. Kenia y Avelina murieron al instante.

Ya pasó un año de este doble feminicidio y aún no hay justicia para Kenia y Avelina, denunció la abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, Neil Arias Vitinio.

La abogada mencionó que existen todas las pruebas necesarias para que Fernando fuera arrestado y condenado por el doble feminicidio, pero por el tráfico de influencias no ocurrió.

Fernando es hijo del ex alcalde priista de Copanatoyac, Enterbio Reyes Bello, por lo que suponen está refugiado en ese municipio.

La orden de aprensión fue emitida tres días después del doble feminicidio, el 30 de agosto del 2022 y la FGE, desde entonces, no la ejecuta.

«En Tlachinollan tenemos a la fecha nueve órdenes de aprehensión vigentes por el delito de feminicidio, tenemos desde el 2014 hasta el 2022 estas órdenes. Hay una falta de voluntad política que ha tenido la Fiscalía para poder ejecutar estar órdenes de aprehensión», dijo Arias Vitino.

Ante la negativa de la FGE de ejecutar la orden, Tlachinollan, que da acompañamiento legal a la familia de Kenia y Avelina, promovió un amparo el 23 de septiembre.

El 31 de marzo del 2023 el juez de control falló a favor de la familia de las víctimas y ordenó a la FGE ejecutará la orden, pero hasta la fecha dicha instancia no informa sobre sus acciones para cumplir con la determinación del juez.

«En la vía de los hechos no se materializa, no han realizado acciones mínimas para la búsqueda y captura de esta persona», mencionó Baldomero Díaz Salazar, abogado de Tlachinollan.

En este año Tlachinollan ha registrado tres feminicidios en diferentes municipios de la Montaña, tampoco han sido resueltos.

«Muchos feminicidios se están cometiendo aquí en la región desafortunadamente los testigos que ven estos hechos tan atroces, tan aberrantes, son los hijos», agregó Arias Vitino.

De acuerdo con Díaz Salazar, la FGE sólo responde al juez de control mediante oficios que realizan operativos y retenes en las inmediaciones de Copanatoyac, pero al momento de solicitar informes de dichas operaciones se las niegan; cree que no hay acciones para localizar a Fernando.

Marcha para exigir justicia por el doble feminicidio de Kenia y Avelina, en Tlapa de Comonfort el 28 de agosto del 2022.

Barra Feminista: rompiendo techos de cristal desde la tribuna

La Barra Feminista nació en el contexto de la pandemia y se ha mantenido como un espacio seguro para las mujeres que aman el futbol 


Texto: Adrianelly Hernández / Lado B

Fotos: Cortesia Barra Feminista

Ciudad de México

La lluvia no silenció las consignas ni ahuyentó a las camisetas moradas que comenzaron a reunirse en la explanada del Estadio Azteca. Sobre Calzada de Tlalpan, cientos de personas corrían entre charcos y puestos atestados de camisetas americanistas, en medio de aquello estaban ellas, decenas de mujeres con lienzos y banderas moradas, algunas con playeras amarillas, pero todas con un común denominador: ser la Barra Feminista, ese grupo que nació en el contexto de la pandemia y se ha mantenido como un espacio seguro para las mujeres que aman el futbol.

Dentro del estadio, las banderas feministas de la Barra ondeaban en la parte baja de la cabecera norte, el espacio que el club América destinó a este grupo de animación. El futbol sin violencia ganó terreno en una noche histórica. «¡Ahí están las de la Barra Feminista!», «se alcanza a ver el ‘si gana una, ganamos todas’», se escuchaba decir en las gradas, entre las más de 58 mil personas que acudieron a la cita entre Águilas y Tuzas para la gran final.

La invitación de América, la apertura a una afición sin violencia

El pasado 5 de junio se estableció un nuevo récord de asistencia en el futbol femenil mexicano: 58 mil 156 personas presenciaron el segundo campeonato de América, en un contundente 4-2 sobre las Tuzas del Pachuca. Entre las asistentes se encontraba la Barra Feminista, un grupo de mujeres que surgió en 2020 para apoyar a las jugadoras, un apoyo sin distinción de colores, pero con el objetivo de enfatizar que la sola presencia de mujeres en las canchas es hacer añicos otro techo de cristal, de esos que frenan su desarrollo en distintos ámbitos.

Lo especial de la presencia de la Barra el pasado 5 de junio fue que por primera vez un club, en este caso el América, abrió las puertas para que acudiera al partido como grupo de animación, una meta alcanzada si se considera que en distintos estadios ha sido señalada o se ha obstaculizado su presencia.

«El acercamiento con América se dio mediante un correo electrónico que enviamos a Claudia Carrión, le dijimos qué hace la Barra y le contamos las complicaciones que tuvimos la final pasada para poder estar juntas por la numeración de los boletos, lo que complicó nuestra logística (…) la intención de este proyecto es el acompañamiento seguro en los espacios, lo que implica que estemos todas juntas y no siempre podemos hacerlo», explicó Pilar Tlatempa, una de las coordinadoras de la Barra, quien narró cómo se acercó a la directora deportiva de las Águilas del América.

“Al día siguiente recibimos una llamada por parte de Sandra, la encargada de ‘grupos y porras’ del club y nos comentó que estaban interesadas en que América Femenil tuviera su propia afición y abrirle la puerta a otro tipo de aficiones”, añadió Pilar.

Ella y el resto de coordinadoras de la Barra Feminista lanzaron la convocatoria mediante los chats privados del grupo, para poder organizar a quienes se sumarían a esta invitación, la primera que un club les ha hecho en poco más de tres años de existencia, por lo que también representó un reto.

La experiencia para las integrantes de la Barra es descrita como positiva, sobre todo porque pudieron estar en conjunto y disfrutar de un futbol sin violencia, tal como lo explican los principios del grupo; no obstante, el contexto sigue dejando en duda cuánto falta por hacer para cambiar el concepto que se tiene de las aficiones y sobre todo de las barras en el futbol, así lo explica Pilar:

“Nos toca reflexionar qué tipo de relación queremos tener con los clubes, porque aunque Claudia y Sandra entienden cuál es la esencia y el objetivo de la barra, a nivel estructural, las barras y porras somos vistas como peligrosas, por ende, los protocolos de seguridad terminan siendo violentos, como el hecho de estar rodeadas de granaderas, la revisión exhaustiva al entrar al estadio, medidas extremas que toman con las personas equivocadas (…) entendemos que esta lógica apela a las prácticas violentas de las barras y grupos de animación en los últimos años, pero tocará dialogar para que estos protocolos puedan modificarse con base en las características de cada grupo, como en este caso nosotras”.

A tres años de la Barra Feminista

«Es que no pueden entrar como Barra», fue el comentario que recibieron en el Estadio Olímpico, el 14 de marzo de 2020, cuando acudieron organizadas por primera vez a un juego de la Liga MX Femenil, al Pumas contra Cruz Azul del torneo Clausura 2020, que además era el primero de las universitarias en el estadio, sin embargo sí les permitieron la entrada en grupo  y, aunque las mandaron a la parte alta del recinto, ese fue el histórico día de su debut.

En medio de aquel juego, la Barra Feminista lanzó  sus primeras consignas: “¡futbolista, hermana, aquí está tu manada!”, “¿en dónde están, en dónde están los directivos que van a pagar igual?”, mensajes que llamaron la atención del resto de asistentes y de medios de comunicación que retomaron su presencia:

“Desde minutos previos al partido se podía observar a diversas mujeres que portaban en las muñecas el símbolo de la lucha feminista, es decir, el icónico pañuelo verde”, publicó el portal ContraRéplica; “Colectivo feminista se manifiesta en juego de la Liga MX Femenil”, tituló Mediotiempo.

Luego del debut la pandemia detuvo al futbol femenil durante varios meses y la presencia de afición en los estadios. Sin embargo, cuando fue posible el regreso, la Barra Feminista se encontró con que ingresar en grupo a las tribunas no sería sencillo. La imposibilidad de que las integrantes se sentaran juntas, el no poder mostrar lienzos con consignas feministas o portar la camiseta morada que las identifica fue una constante.

Y es que sin conocer cuál es la dinámica de la Barra Feminista (futbol sin violencia y apoyo sin distinción de colores), las autoridades de los distintos estadios del país toman medidas bajo el precepto de que una Barra representa conflicto y violencia, aunque estas mujeres lo combatan.

En el estadio Nemesio Díez, para el partido entre México y Puerto Rico del 12 de abril de 2022, la seguridad impidió que varias integrantes de la Barra entraran con sus camisetas moradas, les pidieron cambiarlas o cubrirlas con chamarras. ¿La razón? No pudieron explicarlo, no con algún reglamento o artículo que lo estipulara, pues aunque la Liga MX tomó medidas a partir del altercado entre barristas de Gallos y Atlas en el estadio Corregidora de marzo de ese año, la aplicación en casos de futbol femenil quedó incierta.

Otra situación vivida en el Estadio Hidalgo fue impedir que mostraran sus lienzos, los cuales tienen frases como “si gana una, ganamos todas”, “barra feminista”, “futbol sin violencia”, no obstante, el cuerpo de seguridad decidió vigilarlas, con el prejuicio de que algo violento podría suceder.

Por otro lado, no solo son los cuerpos de seguridad de los estadios los que obstaculizan la presencia o expresiones de la Barra Feminista, también han recibido agresiones verbales o abucheos por parte del resto de la afición, que al verlas con colores distintos a sus equipos, las considera enemigas, además de que la presencia de un grupo de mujeres en un territorio considerado masculino, como el futbol y los estadios, es señalado y visto como ajeno.

Avanzar con el mismo latido del feminismo

Shelma Cerrillo es parte de la Barra Feminista prácticamente desde su primera aparición. La describe como una comunidad segura en la cual las mujeres pueden compartir su afición por el futbol, pero donde también se comparten valores e ideologías relacionadas con la exigencia de mejores condiciones para las jugadoras.

Gracias a una invitación por whatsapp, Shelma pudo integrarse al chat privado, donde se comparte información y se organizan las idas a los estadios. “Vi a la Barra Feminista en el Estadio Olímpico el 14 de marzo, cuando las escuché gritando consignas que me hacían sentido y las vi con sus pañuelos verdes y playeras moradas, me sentí identificada, yo llevaba una manta, porque aún tenía el ímpetu de la marcha del 8M que había sido días atrás; me sentí identificada por la exigencia de mejores salarios y porque se nombraron feministas (…) ese día me acerqué y me uní a sus porras, ese es mi primer recuerdo con ellas”.

Acerca de la invitación de América al Estadio Azteca, Shelma destaca que les favoreció el no tener complicaciones para entrar juntas al partido. “Esto ayudó a que otras compas se animaran a ir con nosotras porque buscan un espacio seguro y eso buscamos en la Barra”. Para Shelma, la invitación del club azulcrema es un logro, ya que al estar juntas, sus voces pudieron escucharse más. “No solo nuestras voces, sino los mensajes, los cuales queremos que lleguen a más personas, la única forma de conseguirlo es teniendo cada vez más mujeres en la Barra, más presencia en los estadios”.

Sobre las sensaciones de vivir esta experiencia en el Azteca, con el récord de asistencia y en una final inédita, Shelma lo cuenta así: “es indescriptible, sucedió en uno de los estadios más importantes a nivel mundial, en una final inédita, por primera vez con una final de vuelta en Cdmx, también fue nuestra primera vez haciendo nuestras banderas (…) fue muy emocionante, me quedo con un gran sabor de boca, aunque hay otras cosas que hay que reflexionar”.

Shelma se refiere a lo mencionado anteriormente por Pilar: la seguridad extrema, el que encapsulen a las barras con granaderas y también que al estar en la zona de grupos de animación, se encontraban junto a la Monumental y a la Imparable (grupos de apoyo a América Femenil), pero al no compartir las mismas prácticas, se sintieron en riesgo.

“Nosotras gritamos consignas a favor de ambos equipos, eso puede incomodar a las barras locales, por apoyar a las rivales (…) festejamos el gol de América y también el de Pachuca y eso es algo que la gente no lo entiende tan fácil (…) aunque éramos un gran número, no era tan fácil hacernos escuchar, ya que las otras barras eran más grandes, hasta cierto punto, pensamos que puede llegar a ser peligroso convivir con ellas”.

Hackear el concepto de ‘barra’

El concepto de ‘barra’ se refiere a un grupo de personas que comparte ciertas características, que apoya a un club y que, por lo tanto, se considera un colectivo.

Además de ello, distintas líneas de investigación social señalan que las barras encarnan lo que la sociedad identifica como transgresiones, vandalismo y conductas fuera de la norma, lo que incluye actos violentos y agresivos contra “el otro” o “la otra”, es decir, aquellas personas que no son “de mi equipo”.

Sin embargo, la Barra Feminista va en contra de todo ello, y aunque usa el concepto de ‘barra’, es un hackeo a la palabra para demostrar que se puede ser barrista sin caer en la necesidad de humillar o violentar a quien está enfrente.

De acuerdo con autoras como Luisa Miranda, Ingrid Urrego y Diana Vera, las barras entran en el imaginario social como un espacio de identidad colectiva, cuyas expresiones son simbólicas y en las que no hay respeto por la diferencia, es decir, existe una enemistad o rivalidad hacia ‘el otro’, en este caso, el equipo de frente y su afición, lo que suele generar actos de violencia, pero la Barra Feminista ‘hackea’ este concepto y si bien dentro de ella hay mujeres que apoyan a América, Pumas, Chivas, Pachuca, Rayadas o Tigres, pueden convivir sin inconvenientes porque el objetivo del colectivo es apoyar a todas las mujeres que participan en el futbol.

“La esencia de la Barra Feminista es generar un espacio de sororidad, un espacio seguro, donde hay empatía por la otra, por las rivales, un espacio en el que se busca apoyar a las futbolistas, resaltar las desigualdades no solo salariales sino de las condiciones que tienen, la esencia de este grupo es de lucha y unión”, lo explicó Shelma Cerrillo.

La Barra Feminista ha venido a cambiar el paisaje de la afición al futbol femenil y a resignificar el concepto de barra, para alejarlo del prejuicio de violencia y humillación a las rivales, para convertirlo en un lugar en donde “otro futbol es posible”.

 

Esta nota fue publicada originalmente en LADO B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.

 

Exhiben a padres deudores alimentarios en Chilpancingo

En el contexto del festejo por el Día del Padre, activistas que piden la aprobación de la Ley Sabina recabaron más de 100 casos de deudores alimentarios, es decir, de hombres que se deslindan de mantener a sus hijos, y montaron un tendedero


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

María Belén Durán Gómez tiene cinco meses de embarazo y los ha vivido sola, el padre de su hijo optó no hacerse responsable de su paternidad; ella es una madre autónoma.

Belén se dio cuenta su caso lo viven más mujeres en el estado, por lo que deicidió hacer algo.

Un día, mientras escuchaba un podcast de Diana Luz Vázquez, fundadora de la Ley Sabina, con la que busca obligar a los deudores alimentarios a que cumplan con la resposabilidad de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos, Belén decidió buscar el contacto con ella. «Queremos Ley Sabina en Guerrero», le escribió Belén a Diana Luz por la red social Instragram.

Diana Luz le contestó y compartieron números de teléfono; crearon un grupo con otras madres autónomas llamado colectiva Ley Sabina Guerrero. Así Belén se convirtió en promotora de la Ley Sabina en Guerrero.

Como una medida inmediata creó una página de Facebook e Instagram y publicó: «¿Quién tiene un deudor alimenticio». Al ver la respuesta de otras mujeres notó un problema grave en el estado.

Ayer Belén y otras integrantes de la colectiva organizaron un tendedero de deudores alimentarios en el kiosco del centro de Chilpancingo, con motivo del Día del Padre.

Recabaron más de 100 casos de deudores alimentarios en la capital; estos datos no son oficiales, los contabilizan por las denuncias que llegan a sus redes sociales. Belén cree que hay muchos más casos.

«Algunas denuncias se publican otras no, por lo mismo de que algunas madres autónomas sufren violencia por parte de estos deudores alimentarios», mencionó.

En el tendedero colocaron nueve fotografías de deudores alimentarios. «Paga la pensión, burro», «Ley Sabina», «No una infancia más en el abandono», se lee.

En el tendedero están las fotografías de dedudores alimenticios con su nombre, el tiempo sin dar pensión, y en caso de tener una denuncia, también aparece el número de expediente.

Belén explicó que las madres autónomas están en busca de una mesa de trabajo con diputadas y diputados locales para que legislen en favor de ellas y aprueben la Ley Sabina.

La coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Grabiela Candela Garzón, expuso que en el estado y en el país son muchos los casos de deudores alimentarios.

«Hay muchos casos, pero como históricamente los padres siempre han sido deudores y han abandonado, es algo que se ve muy normal», dijo Candela Garzón.

Agregó que estos actos son violentos y misóginos para las mujeres, porque son las madres autónomas quienes viven con el estigma y las burlas de «mamás solteras», además de que socialmente muchos padres rehacen sus vidas, tienen más hijos, mientras a las madres autónomas les cuestionan y «prohibe rehacer su vida».

La Colectiva Ley Sabina Guerrero busca que los deudores alimentarios sean responsables con sus hijas e hijos.

«Si la justicia no los alcanza, que los alcance la vergüenza», agregó Belén.

En México hay 38 millones de mujeres que son madres y 11 por ciento (4.18 millones) son madres autónomas, las cuales están ocupadas en alguna actividad económica, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El tendedero se inaugruó ayer y continúa en el kiosko para las madres autónomas que deseen ir a colocar la fotografía de un padre deudor alimentario.

Marchan en Chilpancingo por familia desaparecida

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Familiares, amigos y conocidos de la familia Peralta Catalán, desaparecidos el viernes 9 de junio, marcharon esta mañana por las calles de Chilpancingo para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar las labores de búsqueda.

Se trata de Elizabeth Catalán Olalde, de 39 años; Eloy Peralta García, de 27 años; el hijo de ambos, Diego Gael Peralta Catalán, de 17 años y su novia, Brithany Castro Santiago, de 16 años.

El hermano de Elizabeth Catalán, Bernardo Ignacio Catalán Olalde, contó que las cuatro personas viajaron al poblado de Palo Blanco, zona rural de Chilpancingo, la noche del día viernes 7 de junio para dejar a un familiar y fue después de ese viaje perdieron comunicación con ellos.

«A las 12 de la noche salieron de Chilpancingo, a la una nos dijeron que ya estaban en Palo Blanco, a las tres nos avisaron por teléfono que seguían en Palo Blanco y desde ese momento perdimos comunicación con ellos», contó Bernardo Ignacio.

La familia mencionó que sí fueron atendidos por la FGE, pero que la dependencia se limita a publicar y difundir las fichas de búsqueda.

Por esa razón la familia exige a la FGR acciones de búsqueda en las zonas donde se supo de ellos por última vez, el tramo carretero Chilpancingo-Palo Blanco.

La marcha comenzó en el parque Margarita Maza de Juárez, al norte de la ciudad, y culminó en el Recinto del Poder Ejecutivo, ubicado al sur de la capital.

Durante la marcha que cruzó el centro de Chilpancingo, los 100 manifestantes portaban cartulinas con las fotografías de los y las desaparecidas, y con consignas pidieron atención directa de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

A través de redes sociales se difundió un video donde aparecen sometidos los cuatro desaparecidos, así como otras tres personas, de las que aún se desconoce su identidad.

En dicho video la familia desaparecida comenta tener conocimiento de supuestas acciones delictivas de Diego Gael, quien en el video dice que él es responsable del los asesinatos de una menor en un billar, así como del médico de Quechultenango asesinado el 8 de junio.

Los manifestantes se retiraron del Poder Ejecutivo después de la difusión del video, ninguna autoridad los atendió.

 

Presentan al pleno del Congreso local iniciativa para tipificar como tentativa de homicidio ataques con ácido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook Congreso del Estado

Chilpancingo

 

Esta tarde fue presentada ante el pleno del Congreso local la iniciativa de ley para tipificar como delito, en grado de tentativa de homicidio, los ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva que cause daño físico a una mujer, a un integrante de las poblaciones LGBTI+ o persona en situación de calle.

Esta iniciativa de ley es parte de una lucha que emprendió la activista por los derechos de las mujeres, María Elena quien que en 2019 fue agredida con ácido por parte de su ex pareja y en ese entonces diputado local de Oaxaca por el PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, para que este tipo de agresiones sean sancionadas.

La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien durante su exposición de motivos dijo este tipo de agresiones son un problema mundial que debe atenderse.

«La problemática a nivel mundial es preocupante, según la ASTI (Acid Survivors Trust International, organización especializada que trabaja con Naciones Unidas), al año se producen al menos 1,500 agresiones de este tipo alrededor del mundo, siendo las mujeres más del 80 por ciento las víctimas», dijo en tribuna.

Esta iniciativa pretende catalogar en el Código Penal del Estado la violencia ácida, «la cual contempla el uso de cualquier tipo de agente o sustancia química corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo ácidos, irritantes, líquidos de altas temperaturas, medicamentos, drogas, gases o cualquier otra sustancia que provoque lesiones y cause daño físico irreversible a una mujer o lo ocasione alguna discapacidad».

La violencia ácida también se tipificaría como tentativa de homicidio, por lo que depende de los agravantes, la pena podría ir de los 13 a los 30 años de prisión.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y para la Igualdad de Género.

Entrevistada antes de la sesión, Calixto Jiménez dijo que espera que los diputados aprueben la iniciativa, porque «al igual que en el tema de de la despenalización del aborto haremos el cabildeo necesario para que la iniciativa pueda ser aprobada, pero de ante mano ya sabes quienes nos apoyan en esta lucha por defender los derechos de la mujeres».

 

                                           Este texto es patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero


Presentan diagnóstico sobre salud reproductiva de mujeres de Chilapa

Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oficial-Congreso del Estado de Guerrero
13 de junio del 2023

Chilpancingo

 

En el municipio nahua de Chilapa, ubicado en la zona Centro, 90 por ciento de mujeres indígenas buscan parir con parteras tradicionales y sólo 9 por ciento decidió buscar un médico, de acuerdo con los datos del Diagnóstico de Salud Reproductiva que realizó la Casa de la Mujer Indígena Zihuachikahuac.

Estos datos fueron el resultado de un diagnóstico que realizó Zihuachikahuac en el municipio de Chilapa, como parte de su proyecto Parteras tradicionales y promotoras fortaleciéndose para dar una mejor atención a la salud de las mujeres nahuas en Guerrero, que fue presentado en el instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, del Congreso Local.

Algunos de los resultados que arrojó este diagnóstico fue que desde hace más de dos años ninguna institución de salud brindó platicas sobre derechos sexuales y reproductivos.

Sobre el equipamiento en las unidades de salud, del 100 por ciento de mujeres que acudieron a tratarse, sólo a la mitad de ellas se les otorgó el tratamiento de medicamentos completo.

La otra mitad tuvo que comprarlos fuera y por falta de recursos no adquirió el tratamiento completo.

En el tema de salud reproductiva, de un 100 por ciento de mujeres que acuden a alguna unidad de salud, sólo en un 34 por ciento de estas unidades les ofrecen a las mujeres algún método anticonceptivo.


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Sobre el acceso a los servicios de partería, este diagnóstico menciona que 72 por ciento de personas encuestadas conoce a alguna partera y aseguró que en caso de ser necesario acudiría a una.

Los derechos de las mujeres embarazadas también fue un tema que se abordó en la encuesta y ahí se estableció que 62 por ciento de las encuestadas desconocían saber que tienen derechos como mujeres embarazadas.

En un 36 por ciento de los casos de mujeres que se atendieron por parto en una unidad de salud oficial calificó el servicio como regular.

En mayor medida, 55 por ciento establece que no se trata con respeto a las mujeres.

Estos datos muestran la importancia de la partería tradicional para mujeres indígenas, como una atención segura ante la denominada violencia obstétrica.

Con estos datos pretenden presentar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) un proyecto para apoyar a las parteras tradicionales.

Durante la presentación, la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez, quien funge como enlace entre el Congreso local y Zihuachikahuac, destacó que la elaboración de este diagnóstico «costó años de trabajo y esfuerzo comunitario, mismo que contribuirá a la solución de una problemática que no sólo se ubica en el marco de la defensa de los derechos humanos y la libertad sexual y reproductiva, sino que se ubica en el contexto de un grave estado de desigualdad y exclusión social que ya es necesario cambiar».

La coordinadora general de Zihuachikahuac, Brígida Chautla Ramos, habló sobre la importancia de preservar el conocimiento de las parteras tradicionales, como una solución digna para las mujeres indígenas embarazadas.

«Con este diagnóstico tenemos un panorama que nos invita a reforzar estas prácticas y preservar el conocimiento, que es un poco lo que pretendemos que el INPI nos apoye», dijo Chautla Ramos.

La CAMI Zihuachikahuac surgió en 2013, con el fin de contribuir a mejorar la salud materna de la mujeres indígenas mediante una estrategia de atención a la salud materno-infantil, rescatando la partería tradicional.

Zihuachikahuac está integrada por mujeres indígenas nahuas, y una red de parteras y promotoras de derechos a la salud y de prevención de violencia de género hacia mujeres indígenas, «que además, proporcionan servicios de traducción, alojamiento, alimentos, consejería, orientación, preparación para el parto, cuidados en el puerperio, y muy importante, la canalización y acompañamiento a mujeres a los servicios de salud e instancias de justicia», mencionó Chautla Ramos.

 

Durante abril y mayo desaparecieron en Guerrero 67 mujeres

Vanessa, quien se formaba como bailarina, es parte de esta estadística; la localizaron, pero sin vida


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

La tarde del 24 de abril, Enya Vanessa, de 16 años, terminó su clase de baile en Estudio BM7, en Acapulco, y salió del lugar entre las 19:30 y 19:40; se dirigía a su casa. La última vez que la vieron fue subiendo la calle Morelos en Acapulco, de acuerdo con información de sus familiares.

Desde el momento de su desaparición, sus familiares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero, de acuerdo con su madre, Ana Bahena, la dependencia tardó mucho tiempo en emitir la ficha de búsqueda.

Ana realizó la denuncia al rededor de las once y media de la noche, la ficha de búsqueda de Protocolo Violeta y Alerta Amber salieron a las dos de la madrugada del 25 de abril.

“En el protocolo de que tráeme 30 fotos y que necesito su acta de nacimiento, sí se fueron unas tres o cinco horas en poderse activar la alerta”, dijo Ana en entrevista.

Otra de las irregularidades cometida por las instituciones fue que al momento de interponer la denuncia y crear la ficha de búsqueda escribieron que la desaparición de la adolescente ocurrió el 23 de abril; la madre y padre de Vanessa aclararon que los hechos corresponden al 24.

Vanessa cursaba el tercer año en el Colegio de Bachilleres, en Acapulco. Es la hija menor del matriomonio de Julio César Pérez y Ana Bahena.

Su padre la describió como una niña “modesta y sobrada de amor, regular en la escuela y muy querida”.

Uno de los sueños de Vanessa era estudiar baile y convertirse en bailarina profesional y, después, en maestra de baile moderno.

“Asistía a sus clases de baile era su pasión”, recuerda Julio César.

Ya no será maestra de baile. Vanessa fue asesinada. Su cadáver lo hallaron la tarde del 25 de abril en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.

Un día después del hallazgo, sus compañeros la despidieron de su plantel entre llantos, reclamos de justicia y la exigencia de que el feminicidio no quedara impune.

La necropsia arrojó que Vanessa fue asesinada mediante asfixia por estrangulamiento; hasta ahora se desconoce quien cometió su crimen.

La exigencia de su madre y su padre es que la FGE agote todas las líneas de investigación para dar con el paradero del o los asesinos.

Desde el momento que hallaron el cadáver de Vanessa sus familiares han exigido a la FGE se haga justicia por su feminicidio y se castigue al o los responsables.

Hasta el momento, no hay avances en su investigación, de acuerdo con lo expuesto por los padres.

Para la activista feminista Yolitzin Jaimes Rendón la desaparición y posterior asesinato de Vanessa cumple con todos los aspectos para que sea catalogado como feminicidio.

“A Enya Vanesa alguien se la llevó, la interceptó cuando se salía de sus clases de baile el pasado domingo 24 de abril en la colonia Morelos y ese alguien la mantuvo cautiva para después exponerla en un paraje ya asesinada”, mencionó Jaimes Rendón.

“Así se configura un feminicidio, el dolor de una familia que pierde una hija, una hermana, una nieta, una sobrina y el mensaje para todas las demás, esto sucede, esto incrementa, esto te puede pasar, así se configura la violencia feminicida que es también violencia institucional por la inoperancia y la omisión”, agregó.

Antes de hallar el cadáver, Vanessa fue reportada como desaparecida por lo que, de acuerdo al recuento de personas desaparecidas que realiza de manera mensual Amapola, periodismo transgresor, su caso es parte de las 44 personas no localizadas en abril. La mitad de ellas mujeres.

El recuento de desapariciones muchas veces se cruza con los homicidios que también son documentados por este medio.

“Buscar a una niña, adolescente o mujer no se debería reducir a colocar su ficha de búsqueda en las redes sociales de la Fiscalía, no debería pero así le hacen, su juego es siempre lavarse las manos y dejarlo en manos de familiares y sociedad”, dijo Jaimes Rendón.

Los números para mayo no cambiaron, al contrario, aumentó el numero de desaparición de mujeres, 45 de lo 77 casos documentados. De las 121 personas desaparecidas en este bimestre, 67 son mujeres, lo que equivale a un 55 por ciento de la cifra total.

Abril, 44 personas desaparecidas

De los 44 casos de desaparición documentados en abril, 22 son de mujeres; 15 de ellas fueron localizadas.

A Vanessa la localizaron, pero sin vida. La etiqueta de localización, cuando así ocurre, aplica tanto para el caso de personas vivas como fallecidas.

De acuerdo con las distintas categorías de fichas de búsqueda los datos quedaron de la siguieren manera: 12 fichas de búsqueda fueron emitidas por la Alerta Ámber, alerta especializada en la desaparición de menores. Tres fichas de búsqueda de la Alerta Alba, especializado en mujeres desaparecidas, al igual de de la Alerta Violenta, donde documentaron 11 mujeres no localizadas.

En el caso de Has visto a, alerta que dedican para reportar a hombres desaparecidos, en abril fueron reportados 18 no localizados.

Estas desapariciones ocurren principalmente en la región de Acapulco, con 24 casos; en la región Montaña, con cinco y zona Centro, con cuatro.

Aumentan desapariciones en mayo

En mayo las cifras aumentaron casi al doble: 77 personas desaparecidas, de las cuales 45 fueron mujeres y 32 hombres.

De esas 45 mujeres desaparecidas 28 fueron localizadas y 17 continúan desaparecidas.

En el caso de los hombres, de 32 desaparecidos, ocho fueron localizados y 24 continúan desaparecidos.

Acapulco, como región, concentra 23 casos de personas desaparecidas; le siguen la región Centro, con 19 casos, distribuidos en Chilpancingo, Chilapa y Eduardo Neri, y zona Norte con nueve casos, concentrados en Iguala, Teloloapan y Taxco.

 

Inician Red feminista campaña para acercar información sobre la interrupción del aborto en Tlapa

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía – Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer 

05 de junio del 2023

Chilpancingo

 

Ante la necesidad de descentralizar la información sobre la interrupción legal del aborto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres inició una campaña denominada Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, en Tlapa de Comonfort, municipio de la Montaña.

Esta campaña tiene como objetivo brindar información sobre el aborto a las mujeres y personas gestantes.

Como parte de la campaña, realizaron un mural en uno de los lugares más transitados de Tlapa, en dicho mural se lee: ”Abortar es tu derecho». Agregaron los lugares donde las mujeres pueden acudir en caso de querer interrumpir su embarazo, así como números telefónicos a los que pueden acceder que alguna de ellas les dé acompañamiento, también el límite de semanas para un aborto legal, 12 semanas.

De acuerdo con las integrantes de la Red, a un año de la despenalización del aborto, este derecho aún no está garantizado para las mujeres en el estado. La zona de la Montaña, según los registros de la organización, es una región donde hay necesidad infraestructura y material para garantizar el servicio y al derecho de abortar.

“En esta zona muchos centros de salud de primer nivel, municipales y rurales, carecen de las condiciones necesarias para asegurar la garantía de acceso a servicios adecuados. Por tanto, es crucial suministrar insumos como profilaxis, mifepristona y misoprostol, a fin de brindar asesoramiento sobre el aborto en las comunidades donde no existen protocolos de atención establecidos”, mencionó Ana Grabiela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense.

Desde la despenalización del aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 150 mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. “Nos interesa mucho la descentralización de los servicios porque nosotras acompañamos, pero el alcance que tenemos ha sido mayor en redes, pero no todas las personas tienen acceso a redes, por eso decidimos hacer este mural”, agregó Candela Garzón.

Actualmente sólo hay dos módulos de atención al aborto, los cuales están en Chilpancingo, situación que preocupa a las activistas; mencionaron que es complicado para las mujeres de la Montaña viajar hasta la capital del estado por falta de recursos y tiempo.


Para entender mejor: A un año de la despenalización del aborto, sólo tres hospitales en todo Guerrero cuentan con módulos de atención


“Es necesario reconocer los trasfondos que se entrelazan como consecuencia de los embarazos no deseados en nuestra región, como ejemplo, los casos de uniones forzadas infantiles, el abuso sexual, la desinformación, la práctica del incesto y la mortalidad materna. Ante esto, continuamos haciendo énfasis en la necesidad de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud, así como conocer el presupuesto destinado a la atención del aborto”, leyeron en un comunicado.

Esta campaña es iniciativa de la Red para que las mujeres de la zonas más alejadas tengan acceso a la información sobre su derecho al aborto.

“Es lamentable que muchas mujeres aún desconozcan que ya podemos y tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, debido a la falta de difusión y acceso a la información adecuada”.

Llamaron a que las mujeres a las que se les ha negado el servicio de aborto, lo denuncien, porque, dijeron, ya es un derecho y antes de la despenalización ya había causales que permitían abortar.

El aborto fue despenalizado en el estado el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

Además de la descentralización, otro aspecto que denunciaron las activistas es la falta de protocolos y estrategias por parte de las instancias de salud para garantizar un aborto seguro.

Agregaron que continuarán pendientes del trabajo de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG).

 

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