Irma perdió a su bebé después de ser golpeada por su expareja; fue sentenciada a 40 años de prisión y hoy busca amnistía

En 2005, Irma perdió a su bebé tras ser golpeada por su pareja, quien argumentaba que ella la engañaba. Irma quedó presa y fue condenada a 40 años de cárcel. Ahora, busca quedar en libertad.


Texto: Dalila Sarabia  / Animal Político

Fotografía: Especial

 

Hace 17 años, la madrugada del 22 de febrero de 2005, Irma Rafael Esquivel, en ese entonces de 25 años, fue golpeada por su entonces pareja quien la tiró de la cama, la tomó del cabello y la arrastró rumbo a una barranca colindante a la casa en donde vivían en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Irma estaba embarazada, a días de tener a su tercer hijo.

Zenaida, la madre de Irma, cuenta que ya en la barranca la expareja de su hija la golpeó, se subió en ella y siguió agrediéndola. A raíz de ello le hizo perder al niño,argumentando que “él no quería ese engendro” porque, de acuerdo con Zenaida, toda su familia le había llenado la cabeza con ideas de que Irma, con quien ya tenía dos hijos -un niño de 4 años y una niña de 3 años-, lo engañaba.

Sin la presencia de un abogado, a Irma se le tomó su declaración en el hospital a donde su mamá la llevó para recibir atención médica. Horas después fue trasladada al Centro Preventivo de Readaptación Social Ixtlahuaca y meses más tarde fue condenada a 40 años de cárcel por el homicidio de su bebé.

Han pasado 17 años desde aquella madrugada. La expareja de Irma tramitó inmediatamente un amparo y desapareció. De acuerdo con Zenaida, nunca volvió al pueblo, mientras que Irma suma años en la cárcel -en los que no pudo ver crecer a sus hijos- pagando por un delito que ella no cometió.

“Su proceso está concluido totalmente. Ya hubo una sentencia, ya se apeló la sentencia, ya hubo un amparo que fue negado. Las tres instancias que tendríamos posibilidad de buscar están agotadas, concluidas y perdidas”, explica la abogada de Irma, Leticia Fernández, de la Fundación Mujeres Construyendo.

La publicación de la Ley de Amnistía del Estado de México en enero de 2021 representó un aliciente para darle trámite a este tipo de casos en los que se han violado los derechos fundamentales.

La madre de la víctima contó que al revisar el expediente, las abogadas advirtieron que a ella se le tomó su declaración en el hospital sin la presencia de un abogado. De hecho, supuestamente es ahí cuando Irma se declaró culpable, por lo que las defensoras consideran que esto constituye una violación a sus derechos.

Desde la aprobación de la Ley de Amnistía estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha recibido 3 mil 224 solicitudes. De estas, 305 han sido peticiones de mujeres.

En entrevista, la presidenta de la Codhem, Myrna García, detalló que mil 169 expedientes han sido concluidos y el resto se encuentra en estudio.

En el último año la Codhem ha emitido cuatro pronunciamientos favorables a mujeres privadas de su libertad que han resultado en la liberación de tres de ellas. El cuarto caso fue turnado al Tribunal de Justicia estatal para que lo analice y emita una resolución.

“El bebé está muerto”

Zenaida, de 60 años de edad, y quien quedó a cargo de sus nietos, no ha podido visitar a su hija desde hace dos años. Primero por la emergencia sanitaria por COVID-19; y  ahora por falta de dinero, ya que Irma fue trasladada al Reclusorio Femenil de Tepozanes, en Nezahualcóyotl.

En entrevista telefónica con Animal Político, Zenaida rememora la tragedia ocurrida en la madrugada del 22 de febrero de 2005.

“Viene este fulano (la expareja de Irma) y me dice que mi hija no está, que posiblemente se había ido con otro wey. Yo le dije: no, Abel, a mí se me hace que tú le hiciste algo porque ¿a dónde se va a ir a estas horas de la noche?”, recordó la mujer.

La casa de Zenaida estaba como a un kilómetro de distancia de donde Irma vivía con su pareja y sus dos hijos, por lo que de inmediato la mujer salió rumbo al lugar para buscar a su hija y ver a sus nietos. Su sorpresa fue que al llegar encontró todas las pertenencias de Irma: su bolsa, sus zapatos y su chamarra.

Zenaida entró, salió y regresó varias veces al domicilio. Preguntó a los vecinos y familiares que vivían en las cercanías si habían visto a Irma, pero nadie tenía noticias… otros ni siquiera le abrieron la puerta.

“Hasta la tercera vez que fui a su casa, mi nieto, que en ese entonces tenía 4 años y meses me dijo: ¿buscas a mi mamá, abuelita?, ten una lamparita”.

Zenaida no entendía qué sucedía y por qué su nieto le estaba dando una lámpara de baterías. Inmediatamente, la entonces pareja de Irma tomó la lámpara y salió caminando rumbo a la barranca que estaba a unos 400 metros de distancia. Ella no lo siguió porque se quedó con sus nietos.

Al poco rato, él regresó a la casa. Estaba sentado en la sala y respiraba con dificultad, parecía que había hecho un esfuerzo grande. Zenaida salió del cuarto en donde estaba con los niños para rogarle que le dijera qué había pasado con su hija.

“Cuando veo hacia la puerta ahí estaba mi hija, tenía la mirada perdida; veía sin ver. Yo vi que mi hija se moría (…) en ese momento yo pensé que le había pegado y que estaba a punto de perder a su bebé. Le dije a él que me dijera qué había pasado, le pregunté por el bebé y él me dijo que estaba muerto”, narró la mujer.

De inmediato, Zenaida le pidió que prendiera el carro y las llevara al hospital. Cuando llegaron, él se fue argumentando que tenía que ir a su trabajo a pedir permiso para faltar. Esa fue la última vez que se le vio.

“Las lesiones que tenía mi hija le llegaban hasta el muslo, algo cruel que hicieron con ella. Había un charco de sangre y el doctor me dijo que no la podía atender, que necesitaba la ayuda de un ginecólogo”.

Mientras Zenaida esperaba que atendieran a su hija, al hospital llegaron unos policías que le preguntaron si conocía la barranca de Santa Cruz. Ella asintió y los llevó a ese lugar.

De acuerdo con lo que recuerda, ella y las autoridades revisaron el lugar dos veces, pero no encontraron nada más que un charco de sangre. Fue hasta la tercera ocasión, en unas grietas, cuando encontraron una bolsa plástica; el bebé estaba dentro.

Cuando las autoridades preguntaron quién iba a reclamar al bebé, Zenaida y su familia decidieron no hacerlo, por lo que la familia de la entonces pareja de Irma fue quien lo reclamó.

La mujer quiso llevarle flores, ver dónde estaba sepultado el bebé, pero nunca supo dónde lo enterraron o qué hicieron con el cuerpo.

Zenaida asegura que Abel, expareja de su hija, se juntó con su familia para pagar un abogado y lograr ampararse.

“Después de víctima que era mi hija terminó siendo la responsable… desgraciadamente terminó siendo ella quien pagara por el homicidio de mi bebé (su nieto)”, reclamó Zenaida entre lágrimas.

“Quise defender a mi mamita”

Unos 20 días después de todo lo sucedido; y cuando Irma ya estaba en prisión señalada por el homicidio de su bebé, Zenaida recuerda que estaba dándole de comer a sus nietos cuando el mayor le dijo: “abuelita, yo sé por qué mi mamá no está”.

Según Zenaida, el niño le narró con  lujo de detalle lo que ocurrió esa madrugada.

“Mi papá la tiró de la cama, la jaló del cabello y se la llevó a las espinas, porque por ahí hay mucho nopal; yo quise defender a mi mamita, le pegué a Abel con el palo de la escoba, pero él se quitó el cinturón y me pegó, me dijo que me durmiera”.

La familia de Irma buscó la posibilidad de que el relato del menor pudiera ayudar a liberar a su madre; sin embargo, el abogado les informó que eso no sería posible por ser menor de edad.

“La opinión del médico no contó, ni sus lesiones, nadie la escuchó…”, reclama Zenaida.

“Pido me ayuden, fue una injusticia lo que hicieron con ella porque aparte de haber perdido a su hijo que todavía no había nacido, perdió a los otros chiquitos que se quedaron solos. Si no me los hubiera traído yo, ¿dónde hubieran quedado mis nietos?”

“Mi hija está pagando por un delito que no cometió, pero hay un Dios y tarde o temprano la justicia divina los ha de alcanzar”, sentenció Zenaida.

En busca de la amnistía

La abogada Leticia Fernández y la Fundación Mujeres Construyendo, a la cual pertenece, alistan la presentación del expediente directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que en el ámbito de sus facultades analice el caso y emita un pronunciamiento a favor de Irma.

“Tenemos que centrarnos en el área de competencia estatal porque es un delito del fuero común y por tanto solo tendrán competencia las autoridades del Estado de México”, subrayó Fernández.

En entrevista, la titular de la Codhem, Myrna García, explicó que desde la Comisión se dieron a la tarea de hacer una interpretación sistémica de esta ley y otros ordenamientos para entender claramente cuál era el objetivo de los legisladores con respecto a la amnistía y cuál era el papel que desempeñaría el organismo a su cargo.

Al revisar la legislación advirtieron que la fracción 12 del artículo 4 de la Ley hacía mención de la atribución que tenían para pronunciarse y hacer recomendaciones de amnistía a personas que están privadas de su libertad y a quienes se les violaron sus derechos humanos o se les violó el debido proceso, por lo que comenzaron con el trabajo de recepción y análisis de expedientes.

“(Esta atribución) nos permite que cierta exclusión, que cierta desventaja de cierto grupo de personas se mire con un distinto crisol y como una nueva oportunidad para reconstruir una vida”, subrayó García.

Desde que llegó a la presidencia de la Codhem, en agosto de 2021, han estado en posibilidad de pronunciarse de forma positiva por la amnistía de tres mujeres que estaban en prisión por delitos de alto impacto.

Las tres mujeres han sido liberadas y se tiene un expediente con opinión positiva que se envió el 1 de junio pasado al Poder Judicial del Edomex para que lo valore y en su caso, como en los otros tres, conceda amnistía a una cuarta mujer.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Mujeres liberadas tardan hasta 5 años para obtener una identificación oficial; burocracia entorpece reinserción

El INE ha expedido más de 4 mil 800 credenciales a personas con sus derechos políticos suspendidos. El objetivo es que tengan un medio de identificación, pero autoridades penitenciarias y defensores de oficio siguen desincentivando el trámite.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

 

“Si alguien sabe lo difícil que es conseguir una identificación, soy yo”, asegura Fabiola Ferruzca, quien apenas hace tres semanas obtuvo su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), después de cinco años de vivir en libertad condicional sin tener cómo identificarse.

En 2005, ingresó al penal de Barrientos y salió casi 13 años después, en 2017, del reclusorio de Neza Sur, mediante un beneficio por buen comportamiento pero bajo ciertas condicionantes, como firmar primero cada semana y luego quincenalmente y permanecer bajo tutela. Aún le restan ocho años para cumplir su sentencia en libertad, pero desde el inicio había querido retomar sus estudios. Sin la credencial del INE —que en México es el equivalente al carnet de identidad oficial— le fue imposible y, hasta ahora, cinco años después, podrá revalidarlos.

Define su historia como “la clásica, en la que estás con la persona equivocada en el momento equivocado”. En este caso, esa persona era el padre de sus hijas, que entonces tenían tres y nueve años, un hombre violento que solía encerrarla. “En algún momento estuvo a punto de matarme”, recuerda. No sabe exactamente qué sucedió el día que terminó en el MP, y aunque pensó que ahí acabaría todo, la historia apenas empezaba: él la involucró en su declaración y ella fue sentenciada a 25 años por privación de la libertad.

En ese momento, como toda persona sentenciada, perdió sus derechos políticos, es decir, a votar y ser votada. Antes, una vez dados de baja del padrón electoral, quienes habían sido liberados de manera condicionada no tenían acceso a una credencial del INE, que en México es también la identificación más común. Cuando, como en el caso de Fabiola, se sigue cumpliendo una condena en libertad, los derechos políticos permanecen suspendidos.

En 2020, a partir de la sentencia SCM-JDC-1 050/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE emitió los lineamientos para garantizar el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales y expedir credenciales únicamente con fines de identificación, sin derecho a voto. Aunque en el papel esta medida resuelve el tema, con frecuencia funcionarios del sistema penitenciario y defensores de oficio desconocen, niegan o desincentivan la posibilidad de este trámite, como le sucedió a Fabiola.

La sentencia del tribunal afirma que el hecho de que una persona esté cumpliendo una pena privativa de la libertad, bajo un beneficio penitenciario que le da la posibilidad de estar libre, no le niega la calidad de ciudadanía mexicana, además de que la credencial para votar es el mecanismo que garantiza el derecho a la identidad.
De acuerdo con información proporcionada por el INE, desde la emisión de los lineamientos y hasta el 8 de junio pasado, se han expedido 4 mil 897 credenciales a personas suspendidas en sus derechos político-electorales para ser utilizadas únicamente como medio de identificación: 4 mil 541 a hombres y 446 a mujeres. Al Estado de México corresponden 616: 560 a hombres y 56 a mujeres.

Daniela Ancira, directora de la organización La Cana, asegura que el tema sigue siendo un obstáculo, porque más allá de las barreras legales a las que se enfrentan las personas liberadas para ejercer su derecho a la identidad, que están en apariencia resueltas con los lineamientos vigentes, es necesario eliminar barreras fácticas, como la falta de capacitación y sensibilización del personal del sistema penitenciario, de los defensores de oficio y de otras autoridades, que disuaden a las mujeres de atreverse siquiera a pedirla.

Ancira recuerda el largo camino para lograr obtener la identificación de Fabiola, que empezó desde la complejidad para algo tan básico como ingresar al edificio en el que se encuentra el despacho que les ayudó con el trámite. “Llegamos y literalmente no podía ni subir, porque no tenía una identificación”, relata.

Después, los obstáculos van de no poder entrar a una oficina a la imposibilidad de ser dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o en cualquier instituto de seguridad social, hasta no poder ingresar a un trabajo donde lo primero que se solicita son documentos. Además, en el caso de Fabiola, los primeros en decirle que no podía tener acceso a una INE fueron las autoridades penitenciarias encargadas de recabar su firma cada 15 días, al igual que su defensora pública.

“Dices: ‘no manches, voy a sacar la de la tercera edad y el INE no lo voy a obtener’; es parte del proceso y cuesta, pero hay gente buena que te apoya. Es el acceso al estudio, al trabajo, a decir ‘yo soy…’, pero ahora compruébalo; ni rentar una bicicleta puedes”, lamenta Fabiola.

Con el miedo que sintió tras la advertencia, ella misma le pidió al despacho no hacer el trámite. Si bien el dicho de las autoridades penitenciarias no era verdad, al comprender su temor, sus abogadas y La Cana decidieron apoyarla para tramitar un pasaporte. Inicialmente, le pidieron una identificación, que no tenía, pero accedieron a validar su identidad mediante la mayor cantidad de documentos posible.

Ella se dedicó a reunir todos los certificados y testimonios que pudo, pero cuando volvió a intentar el trámite, se topó de nuevo con la intención de disuasión de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes le aseguraron que el pasaporte se define como un documento de viaje, por lo que si lo expedían, podría alertar al juez de una posible fuga. Después de la larga travesía, Fabiola finalmente se animó a tramitar el INE.

Sofía Torres y Guadalupe Lecona, sus abogadas, también recuerdan el sinuoso camino y coinciden en que es un tema de desinformación, además del temor que las autoridades hicieron crecer en Fabiola en torno a que el trámite sería señal de que quería violar su medida preliberacional. A eso se sumaba que tampoco tenía en su poder ninguna de sus sentencias, por lo que era “como estar prácticamente a ciegas”. Ellas la ayudaron a conseguir la documentación, definir su estatus y animarse a ejercer su derecho.
“Hicimos varias gestiones, y lo que nos encontramos fue a personas que le decían todas lo mismo: que tenía que esperar a compurgar su pena, que les hacía perder el tiempo y mejor debía esperar ocho años más sin identificación, lo que implica no poder estudiar, trabajar formalmente o cosas tan sencillas como contratar un servicio de cable, de gas, pasar a nuestra oficina… encontramos de parte de las autoridades un poco de cerrazón”, señala Lecona.

Ahora, Fabiola está más tranquila porque puede usar su INE “sin bronca”: “No tengo el pendiente de que si se da cuenta el juez, me revoque mi beneficio, y son ocho años que les debo, no dos meses. Para mí sí fue muy importante después de cinco años tan solo poder seguir estudiando; es lo único que yo quería, no quería irme a bailar ni nada, solo una identificación para estudiar”.

“Nada me costaba buscar la manera de tener una (credencial) ‘fuera de’, pero pensando en hacer las cosas correctamente, me fui sobre los lineamientos; le buscamos primero al pasaporte, y algunas veces me fue muy mal porque la gente te trata mal; te ve y no pasa nada, pero cuando explicas la situación, es cuando cambia la actitud y la manera de tratarte”, relata.

Desde que empezó a ocupar el internet para la escuela, tuvo que hacerlo mediante favores, como pedirle a su hermana que lo tramitara a su nombre. “No tenía una identificación, no podía ni estudiar ni decir que era mamá de mis hijas. Tenía que andar pidiendo favores, que alguien me acompañara porque no podía decir quién era… La verdad es que se te cierran las puertas, no puedes avanzar porque la gente es muy prejuiciosa, la sociedad te tacha de lo peor sin saber la historia, sin saber cómo ganaste ese beneficio para salir”, relata Fabiola.

Después del difícil proceso no solo para obtener sus documentos, sino para reintegrarse, volver a reconocer a su familia —en la que hubo quienes la aceptaron y quienes la rechazaron—, y retomar su vida y sus responsabilidades, ahora trabaja en un taller, a partir de las capacitaciones que le dio La Cana, pero también con los nuevos conocimientos que obtuvo ahí mismo, consiguió una vida independiente y ha recuperado la relación con sus hijas, ahora de 21 y 27 años.

“Ahorita voy a hacer mi examen para certificar prepa; tenía cinco años que no podía hacerlo porque no tenía identificación, y ya la obtuve. Fue un proceso muy difícil… A final de cuentas es absurdo, porque cuando quieren volver a delinquir, con un INE o sin un INE, lo van a volver a hacer. Eso no limita para volver a hacer las cosas mal, pero si hay quienes queremos hacerlas bien, por qué ponernos tantas trabas para avanzar y reinsentarnos”, cuestiona Fabiola.

Mucha de la labor, recuerdan sus abogadas, recayó también en que ella se sintiera lo suficientemente capaz para pedir su identificación, pues primero no sabía que podía hacerlo, y después, otras personas reforzaban esa idea. Todo ello a pesar de que los lineamientos del INE lo convierten en un trámite relativamente sencillo, para el que basta que el juzgado extienda un oficio dirigido al instituto, probar la medida preliberacional con copia certificada de las resoluciones y, a partir de ahí, seguir los pasos habituales para recibirla en aproximadamente tres semanas.

“Es importante tomar cartas en el asunto y que la gente sepa que existe este procedimiento, porque si no lo dicen en el juzgado, que es donde la gente que va a firmar tiene acceso a las herramientas para reincorporarse a la vida en sociedad después de haber salido de la cárcel, es muy difícil que lo conozcan”, apunta Torres.

A esto se suma que la mayoría de las mujeres en reclusión se quedan solas; el 90% no recibe visitas. “Este punto es muy importante porque a final de cuentas, cuando salen de la cárcel están solas… a lo mejor ni se ponen a pensar en que pueden tramitar una identificación porque primero están viendo cómo sobrevivir; lo más importante sería hacer las cosas fáciles, casi que cuando se decreta una sentencia de ese tipo, decirles: ‘aquí está el oficio al INE para que te den tu identificación’, como un derecho”, concluye.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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En construcción la iniciativa de reforma a la Ley de Salud que garantiza servicios médicos para el aborto

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Las diputadas que impulsaron la iniciativa de despenalización del aborto en Guerrero mantienen mesas de trabajo con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, para determinar los lineamientos de una reforma a la Ley de Salud que garantice la atención integral a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo y se apruebe en el pleno del Congreso local.

El 12 de enero pasado las diputadas morenistas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Yanek Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga presentaron la última propuesta legislativa para la despenalización del aborto.

El 17 de mayo pasado, las diputadas y los diputados en pleno aprobaron la despenalización del aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación, después de una lucha histórica de 30 años por feministas en el estado, que colocó a Guerrero en el octavo estado donde es legal la interrupción del embarazo, después de Ciudad de México –el primero en hacerlo hace 14 años–, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima.

El siguiente paso después de la aprobación de la despenalización del aborto es una reforma a la Ley de Salud, para la que se tiene un plazo de 120 días –cuatro meses– a partir del siguiente día que se publicara en el Periódico Oficial del Estado la decisión de los legisladores, lo que ocurrió el pasado 20 de mayo.

Este marte 21 de junio se cumplieron los primeros 30 días del plazo; restan tres meses para que se vote y apruebe en el pleno del Congreso local una reforma a la Ley de Salud que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si así lo desean.

Velázquez Martínez informó que junto con sus compañeras diputadas promoventes de la iniciativa se reunieron con la secretaria de Salud, después con su equipo jurídico y el equipo jurídico de ellas para empezar la construcción de la iniciativa de la reforma a la Ley de Salud.

Después, es decir una vez que esté lista, según el procedimiento legislativo, la turnarán a comisiones del Congreso local, en este caso sería la de Salud, para que luego las diputadqs y los diputados la discutan en pleno.

En conjunto, las diputadas y la secretaria se pusieron plazos para las mesas de trabajo y entablar diálogo con actores políticos involucrados en el tema. La diputada dijo que es una tarea compleja y no sólo se necesitan buenas voluntades. 

Velázquez Martínez agregó que exigieron a Ibarez Castro garantizar una atención integral de salud a las mujeres, desde instalaciones médicas, médicos, enfermeras y medicamentos. 

A largo plazo, lo más idóneo para la diputada es que así como ocurre en la Ciudad de México, en Guerrero haya existen hospitales que atienden específicamente la interrupción legal del embarazo, pero por ahora lo primordial es dar las condiciones adecuadas en los hospitales que hay en la entidad.

“Queremos acercar los centros de salud que están, entonces tenemos que dar otros tipo de condiciones, por eso se tiene que dar una reforma en salud”, declaró la diputada.

Puso de ejemplo que es impirtante que las mujeres de lugares como Cochoapa el Grande, ubicado en la Montaña alta de Guerrero, no tengan la necesidad de ir hasta Tlapa para que les den el servicio de salud, que se los garanticen en los centros de salud de sus comunidades. 

Pero independiente de esta ley, en las comuidades apartadas de Guerrero, como la de región Montaña, las denuncias reiteradas son que en las casas o centros de salud no llegan médicos ni medicamentos.

Dentro de la reforma en salud uno de los aspectos importantes es la capacitación en materia de derechos humanos al personal médico para que sus creeencias personales no transgrendan un derecho de las mujeres. 

Se buscó por teléfono a la secretaria de Salud para que informara cómo se prepara para garantizar el servicio de salud a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, pero no atendió la llamada telefónica porque, dijeron, estaba en una reunión.

La representante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, dijo que tiene conocimiento de las reuniones que sostienen las diputadas con la secretaria de Salud. Aseguró que las feministas también lo hacen.

Ella junto al resto de integrantes del grupo de Alerta por Agravio Comparado trabajan paralelamente con la Secretaría de Salud para dar seguimiento a las medidas dictadas con la segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Guerrero (por agravio comparado), como garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin tener que interponer una denuncia penal.

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Asesinan a dos mujeres en Guerrero; son 56 casos con presunción de feminicidio en casi seis meses

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que en este año incrementó la violencia contra las mujeres y prueba de ello es  que hasta este lunes 20 de junio suman 56 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en esta entidad.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

Chilpancingo

 

En distintos hechos de violencia registrados en Guerrero, dos mujeres fueron asesinadas a balazos, una de ellas en la autopista del Sol y la otra en una tortillería en Iguala, informó la Fiscalía General.

Este domingo en la noche, tres hombres que portaban armas largas atacaron a balazos a una familia que viajaba en una camioneta en la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 210, cerca del puente Solidaridad.

Los delincuentes iban en un vehículo y se le emparejaron a una camioneta Nissan doble cabina color gris con placas del Estado de Guerrero.

Al darle alcance a la camioneta, los individuos la atacaron a tiros pegando varios impactos en el medallón trasero del vehículo.

En la agresión murió una mujer de nombre Alejandra Martínez que vestía playera negra y pantalón de mezclilla.

Los tres sujetos armados despojaron de sus pertenencias a sus víctimas y se dieron a la fuga.

El hermano de la mujer asesinada era el que manejaba la camioneta y ambos venían procedentes de  ciudad de Cuautla, Morelos.

Después del ataque armado, elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y a su vez personal del Servicio Médico Forense trasladaron el cadáver de la mujer a la unidad forense de la ciudad de Iguala.

En Iguala, en la colonia 24 de Febrero, hombres armados que se trasladaban en una motocicleta dispararon sus armas contra el negocio de una tortillería que tiene como razón social Las Flores.

Los agresores le dieron muerte a una empleada de la tortillería.

Van 56 asesinatos de mujeres

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que en este año incrementó la violencia contra las mujeres y prueba de ello es  que hasta este lunes 20 de junio suman 56 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en esta entidad.

«Hemos visto que en Guerrero se ha recrudecido la violencia y no vemos que las autoridades la frenen», expuso la activista.

En Guerrero hay dos alertas de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Tlapa, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

Dijo que estos momentos la violencia en todas sus formas se está registrando en 54 de los 81 municipios de Guerrero.

Reyna Aguilar planteó la necesidad de que en los 81 municipios se implementen programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres como es una obligación que deben de llevarla a cabo.

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Ya se cumplieron casi dos meses y Zuzuky no aparece; su madre denuncia inacción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La madre de una adolescente denunció la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la localización de su hija de 19 años de edad que desde el pasado 29 de abril de este año desapareció en Chilpancingo.

Yolanda Encarnación Guzmán, madre de Zuzuky Judith, realizó una protesta este lunes afuera de la Fiscalía para denunciar las declaraciones que hizo este sábado el vicefiscal de Investigación, Ramón Ayala Gamboa, de que su hija no fue desaparecida sino que se fue por su propia voluntad de su casa, con dinero y ropa.

«Yo estoy aquí para que me diga el Vicefiscal donde está mi hija porque él (Ayala Gamboa) está diciendo que ella llevó ropa, dinero y eso es mentira», afirmó Encarnación Guzmán.

En un mensaje que a través de las redes sociales dio el pasado sábado el Vicefiscal, Ramón Ayala Gamboa, aseguró que en una investigación que se hizo al facebook que tiene la adolescente Zuzuky «N» se detectó que su cuenta ha estado activa en los municipios de Arcelia, en Tierra Caliente y en Cuautla, en el estado de Morelos.

Esa rueda de prensa a la que solamente asistió un reportero de nota roja se desarrolló en la noche de este sábado 18.

El viernes 17, en otra conferencia que ofreció el Vicefiscal en el tocó otros temas, Encarnación Guzmán le reclamó al funcionario la falta de seriedad en las investigaciones para dar con el paradero de su hija.

Ayala Gamboa se incomodó ante la irrupción de la señora y solo dijo que la investigación estaba en curso.

«Yo en esos dos lugares (Arcelia y Cuautla) no tengo familiares y por eso estamos aquí para que me diga el vicefiscal a dónde está y que me lleve al lugar en el que se encuentre como lo manifiesta él», mencionó la madre de la adolescente.

El 29 de abril de este año la adolescente acudió al Palacio de Gobierno a realizar unos trámites al programa del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP).

Zuzuky Judith le ayuda a su mamá a mantener en línea su página electrónica de información en facebook.

«El 29 de abril me dijo mi hija que después de acudir al Palacio iría a una reunión a la colonia Las Torres a las seis y media, pero nunca llegó a ese lugar», afirmó Encarnación Guzmán.

Esta colonia a donde acudiría Zuzuky «N» está ubicada a unas siete cuadras en la parte de atrás del Palacio.

«A las seis de la tarde de ese día (el 29 de abril) me avisan que mi hija no llega a esa reunión y es la fecha que no aparece», dijo la mamá de la adolescente.

Rechazó la versión del Vicefiscal cuando dice que su hija se llevó ropa y dinero de su casa.

«Yo le exijo al Vicefiscal que me diga dónde está mi hija porque si él dice que está por su propia voluntad le pido que me lleve a ese lugar para verla», dijo la mamá de Zuzuky.

Encarnación Guzmán dice que solamente ha sido recibida tres o cuatro veces en la Fiscalía para que le informen el avance de las investigaciones pero que hasta el momento no le ve ningún avance.

«La obligación de la Fiscalía es buscar a mi hija y entregármela pero vemos que no hace nada y solamente dicen mentiras», refirió.

La señora tuvo una nueva reunión con autoridades de la FGE.

 

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Guerrero feminicida: Asesinan a una mujer y a su hija en Cuajinicuilapa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Hombres armados asesinaron a balazos a una mujer y su hija menor de edad que viajaban en una camioneta la madrugada de este viernes en la carretera federal Pinotepa Nacional, Oaxaca- Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica de Guerrero.

En el ataque resultó herido el conductor del vehículo quien es padre de la menor de edad.

Autoridades locales informaron que las dos mujeres que murieron a consecuencia del ataque armado se llaman Anahí «N» de 35 años y su hija Grisel, de 14.

El lesionado de bala José Luis «N», es el padre de la menor de edad fallecida y el que conducía la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanca.

En el lugar donde ocurrió el ataque se localizaron cartuchos percutidos de armas largas y la camioneta de las victimas con placas de circulación HG-6499-B del estado de Guerrero, la cual presentaba alrededor de 20 impactos de proyectil de arma de fuego, según versiones oficiales.

Los cadáveres de la madre e hija fueron hallados en el interior de la camioneta y el padre de familia, presuntamente, resultó herido de la pierna derecha y fue trasladado por particulares a su domicilio ubicado en el poblado de Cuajinicuilapa.

Por redes sociales se dice que la víctima Anahí N es sobrina del ex alcalde morenista de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza.

Otras versiones de los hechos, que circula por redes sociales, indica que la familia estaba cenando en un comercio de tacos cuando fueron atacados a balazos. Hasta este momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido ningún comunicado al respecto.

En los último meses Cuajinicuilapa fue protagonista de otro suceso violento, cuando el pasado 9 de abril Frida Alondra de 17 años salió de su casa en Cuajinicuilapa para dirigirse a la localidad vecina San Juan Bautista Lo de Soto, en el estado de Oaxaca fue desaparecida.

Tres días después de su desaparición Alondra fue hallada asesinada en un camino terregoso de la comunidad de San Juan Bautista de Lo de Soto en el estado de Oaxaca.

Por comentarios en redes sociales pobladores de Cuajinicuilapa temen que esos dos cosas desaten una ola de violencia en el municipio.

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Violencia vicaria, la expresión más cruel del pacto patriarcal

Violencia vicaria es la que cuyo destino tiene un sólo género: las madres que son separadas de sus hijas e hijos por las ex parejas criminalizándolas; la violencia vicaria es desaparecer a los menores, corrupción judicial, parricidio y puede culminar en el feminicidio.


Texto: Susana Rodríguez, Jade Ramírez / PERIMETRAL 

Ilustración: PinchEinnar

17 de junio de 2022

 

Capítulo I: Venganza por elegir el no más

¿Cuántas veces hemos escuchado que la familia es la base de la sociedad? Pero de qué modelos de convivencia se sostiene la sociedad si las familias son núcleo de riesgo hasta llegar a la violencia vicaria, la expresión más cruel del pacto patriarcal.

Mucho antes de que la cuarta ola feminista se colocara en las conversaciones cotidianas, el espacio doméstico históricamente recargado en las espaldas de lo femenino ya estaba al límite, quebrado.

Pues el papel reservado a las mujeres para cumplir el rol “de lo que acontece afuera” como llama Maritza Duarte Alcantara en su tesis Resignificación de la paternidad: experiencias de crianza y cuidado de padres íntimos, de cliché y práctica cultural, brincó a emergencia nacional.

¡Ser buena mamá!, la mejor esposa y ejemplar cocinera siete días a la semana…o la empleada doméstica sin paga y amante prístina, son los roles de las madres que de incumplirlos, resultan juzgadas familiar, social y jurídicamente hasta arremeter con las hijas e hijos.

No cumplir la expectativa impuesta ha multiplicado un tipo de violencia que tipifica a las madres como las peores del mundo.

El encargado por el patriarcado de “corregir” a esas madres, es la pareja o el padre y la violencia vicaria es una forma de hacerlo.

Violencia vicaria es la que cuyo destino tiene un sólo género: las madres que son separadas de sus hijas e hijos por las ex parejas criminalizándolas; la violencia vicaria es desaparecer a los menores, corrupción judicial, parricidio y puede culminar en el feminicidio.

En Perimetral entrevistamos a seis mujeres sobre casos de violencia vicaria, para explicar lo que implica a una madre, defenderse de la crítica social, la violencia de pareja, el sistema judicial en pacto patriarcal y lo que atraviesan hasta rescatar a sus crías convertidas en botín.

La violencia inició antes de detectarla

Vivir en familia bajo el modelo impuesto de pareja tiene complicaciones en la convivencia, hasta transgredir las confusiones y los pleitos a violencias machistas.

La psicóloga Katya Berenice Ramírez Molina se refiere a todas las agresiones que las mujeres atraviesan antes de la violencia vicaria y sin darse cuenta: «cuando llegan al espacio terapéutico ni siquiera las consultantes logran mencionar sus relaciones como un espacio de violencia o amenazante», señala.

Es hasta que hay un trabajo de nombrar las violencias machistas como la manipulación, coerción, violencia psicológica y física a la madre y que se ejercer a los hijos, hijas, que comienzan a identificar la violencia vicaria.

Enojo, groserías, jalones en privado o en público, y ellas se ponen alertas. Las entrevistadas cuentan cómo empiezan a defenderse, pero cuando esto iniciar, se van, tienen que irse.

Sin embargo el núcleo familiar las juzga de estar fuera de lugar “porque entendieron mal su papel en la familia”, comentan.

La sociedad clasifica la separación no promovida por el hombre como ilegítima.

Y no, ellas no tienen permitido poner un alto.

«Cuando ellas son quienes promueven el divorcio, ellos ponen una postura de ¿Pero a ver muy fregona, a ver sal adelante sola, no? Cuando ellos buscan la separación ya por defecto están en el entendido de que tienen que entre comillas pagar por su libertad».

Maritza Duarte, especialista en Estudios Socioculturales

Dinero y posesión, lo que motiva la violencia vicaria

La separación de una pareja donde hubo hijas e hijos generalmente conlleva tres demandas civiles: divorcio, custodia y alimentos. En algunos casos son solo dos.

La mujer madre sale del entorno del agresor para mantenerse a salvo y a sus hijas e hijos.

Sandra Quiñónes, abogada especialista en temas de violencia de género, apuesta por desmitificar a las mujeres sacando adelante a su familia, por cómo se plantean las cosas.

Menciona que la sociedad insiste en poner el tema a blanco y negro: «mi mamá nos sacó adelante ella sola; eso es romantizar la violencia a la mujer por parte del vaquetón del papá y no, no es una santa, es una víctima«, afirma.

Y son víctimas de violencia económica que en algunos casos se vuelve vicaria, aunque no está reconocida socialmente ni tipificada como delito.

Violencia subregistrada

De acuerdo al Banco Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, en el 2018 se presentaron 798 denuncias por violencia económica y 792 por violencia patrimonial. Entre ambas suman el 30% del total.

Es decir si ella y él de manera “civilizada” llegan a un acuerdo inicial, tradicionalmente las hijas e hijos viven con la madre de lunes a viernes y el fin de semana se van con el papá.

Pero como señala Wilfrido Salazar Rule quien es abogado, son las madres quienes se hacen cargo de los cuidados incluyendo la formación cívica y emocional o las llamadas de atención, pero sin una retribución.

Lo pone como desigual pues «siempre le toca a la mamá estar encima del niño, de la niña, diciéndole: haz tu tarea, recoge tu cuarto, ve por el mandado, lava los trastes y al papá digamos le toca la parte noble, la parte del esparcimiento, la parte de irnos al parque«, comenta el abogado experto en derechos humanos.

Separación con venganza

Los hombres “castigan” a las mujeres mediante el control económico por abandonarlos y ridiculizarlos socialmente al haberlos dejado, es la constante en los testimonios e historias recabadas.

Aunque ellos sean los proveedores por tradición, lo son pero desde un espacio seguro, sostiene Maritza Duarte Alcántara con doctorado en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Al hombre se le enseña a trabajar, pero a trabajar para sí mismo; a la mujer se le enseña a las labores domésticas para los otros y ellas quedan en último lugar, entonces el tema aquí es que los hombres son extraordinarios proveedores, sí, pero de sí mismos. Cuando se disuelve el vínculo, ellos protegen el espacio doméstico porque es su espacio seguro donde él va a llegar siendo el rey y se le va a atender, cuando ese espacio seguro ya no es su espacio, entonces pierden toda responsabilidad y dicen: ahora mi casa es la casa de mi mamá, otra casa o la casa de mi nueva pareja.

La constante en las mujeres que entrevistamos, es que en el día a día añoran a una hija o hijo sin saber cuándo volverá, ni cómo está o en qué condiciones psicoemocionales se encuentra por la separación.

Hijas e hijos en riesgo bajo tutela del agresor

Claudia Angélica Rangel Martínez es psicóloga, perito estatal, federal, activista y acompañante de víctimas de violencia de género y abuso sexual infantil, le preguntamos por los traumas y daños provocados por la violencia vicaria y la venganza del padre.

«A las mujeres que también vivieron la violencia con sus parejas, lo que más les preocupa es que esta violencia se reproduzca en sus hijos y sus hijas, este es el temor de las mujeres que están pidiendo a gritos de auxilio que los niños y las niñas regresan a ambientes sanos. Muchas mujeres incluso dicen, ¿sabes qué? si no está conmigo no le hace, pero que se vaya con la abuela con la tía, que la red de apoyo sea diversificada porque el agresor si tiene a los niños y las niñas es potencialmente propenso a tener conductas violentas».

Psicóloga y perito

 

Este texto es propiedad de Perimetral y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original dando click en este enlace. 


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Refugios para mujeres en la incertidumbre: Solo 7 de los 75 centros recibieron los recursos para operar

Los refugios cumplen 69 días operando sin presupuesto debido a los cambios administrativos en el gobierno federal.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político   

Fotografía: Amílcar Juárez

13 de junio de 2022

 

Tras cinco meses de incertidumbre, siete de los 75 refugios para mujeres víctimas de violencia que integran la Red Nacional recibieron su presupuesto.

Los centros restantes se mantienen sin recursos y no tienen fecha para que se los den.

“Apenas comenzaron a caer estos recursos; sin embargo, el 85% de los proyectos todavía no están siendo financiados; en algunos casos ni siquiera se han firmado los convenios con la Secretaría de Gobernación, lo que significa que la solicitud para que Hacienda libere el presupuesto ni siquiera ha sido atendida”, explicó en entrevista Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Pese a la falta de recursos, todos los refugios están operando, aunque “en varios ya no tenemos suministros y las compañeras que trabajan sin recibir un salario están muy desgastadas. No podemos seguir dando la atención, incluso hemos limitado el ingreso de víctimas que buscan nuestro apoyo”, comentó en entrevista.

La directora de la RNR desmintió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) haya aumentado el monto que se da para el funcionamiento de estos espacios.

“El monto que se les depositó equivale al 60% de lo que tienen autorizado para el año. Pero cabe mencionar que lo que Conavim destinó para ellos no fue el 100% de lo que pidieron. Hubo una reducción, aún cuando las autoridades lo niegan”, indicó.

“Se ha dicho por parte de las autoridades que han dado más presupuesto que en 2021, pero esto no es así. El dinero viene a cuentagotas y, en el caso de los tres refugios que ya recibieron recursos, observamos que tendrán menos que el año pasado”, detalló la también psicóloga feminista.

La cifra ya subió de tres a siete refugios.

Animal Político consultó a la Conavim sobre las fechas de entrega de los recursos para los refugios de mujeres víctimas de violencia faltantes, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.

Refugios: No se atiende la emergencia nacional

Según la cuenta que lleva la RNR, este lunes los refugios cumplen 69 días operando sin presupuesto debido a los cambios administrativos en el gobierno federal que determinaron que la Conavim debe operar el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, antes a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Además, la RNR ha señalado que la Conavim ha requerido a los refugios -gubernamentales y de la sociedad civil- contar con “cuentas productivas” y una carta expedida por cada institución bancaria que las certifique para hacer las transferencias de recursos, lo que no ha sido sencillo de conseguir. De acuerdo con Figueroa, estos requisitos no se encuentran en los lineamientos del programa.

“Los requisitos a modo y la lentitud con la que están actuando muestran que no están priorizando los derechos humanos. No se dan cuenta de lo que implica un solo día de retraso, están poniendo en una situación bastante delicada a los refugios y no se está atendiendo la emergencia nacional por violencias machistas”, sentenció Figueroa.

Tan solo en los primeros cuatro meses de 2022, en México fueron asesinadas mil 167 mujeres, de las cuales 319 fueron consideradas por las autoridades como víctimas de feminicidio, mientras 848 casos se investigan como homicidios dolosos.

Para la directora de la Red, lo que ocurre “es bastante lamentable, porque no solo no se atiende la emergencia nacional, sino que tampoco hay voluntad para reconocer las fallas, y si no se da ese reconocimiento tampoco se pueden implementar estrategias para agilizar los procesos y que esto ya no suceda”.

En la incertidumbre

El pasado 1 de junio, la Conavim informó que desde el 25 de mayo inició la formalización de convenios para la transferencia de recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia.

Sin aclarar cuando, la Conavim afirmó que los 420 millones 203 mil 440 pesos etiquetados para el programa serán entregados en su totalidad a los refugios, con lo que aseguró que se cubren los rubros de gasto integrados en cada proyecto presentado.

De acuerdo con la dependencia, al 31 de mayo se formalizaron convenios de transferencia de recursos para refugios de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.

La Conavim anunció que visitará refugios de todo el país para buscar áreas de oportunidad que permitan potencializar el uso del recurso público para ampliar y fortalecer estos espacios.

“En los hechos, los refugios están en la incertidumbre, aún cuando según asesores de la Conavim los expedientes están completos. Nos dicen que ya los tiene el área legal de la Segob para que los valide y después pida a la Secretaría de Hacienda que libere los recursos. O sea, que va para largo”, concluyó Figueroa.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.Puedes leer el original dando click en este enlace. 

Violencia política en razón de género, es la constante en Guerrero, denuncian activistas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, expusieron que durante el pasado proceso electoral de 2021 en la entidad se registraron 47 casos de violencia política en razón de género, en su mayoría fueron casos contra mujeres indígenas.

En conferencia de prensa, que fue para inaugurar las oficinas de esta organización se denunció que falta armonizar leyes federales con las estatales para evitar más casos de violencia política contra las mujeres.

Muriel Salinas integrante de la Red dijo que los objetivos de est agrupación son evitar la violencia política contra las mujeres y garantizar una mayor participación pero que para lograrlo se necesita trabajo legislativo y jurídico

Explicaron que para lograr sus objetivos se necesitan armonizar diferentes leyes estatales y será mediante trabajo conjunto con legisladores y diversas instituciones.

Una de las leyes a armonizar con el marco jurídico federal es la Ley General de Responsabilidad Administrativa para sancionar a los servidores públicos que comentan violencia política en razón de género contra sus compañeras.

También se pretende ascender a ley la Violencia Política en Materia Electoral y explicaron que actualmente la violencia contra mujeres en materia electoral solo son reglamentos internos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro) pero se necesita hacerlo ley para garantizar el derecho de participación política a las mujeres.

Le Red pretende también reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero porque “Cuando una mujer llega a un espacio de poder en la Universidad es minimizada y violentada políticamente”, dijo Sol Cuevas integrante de la Red.

Agregó que se necesita revisar la violencia que viven las estudiantes en las distintas unidades académicas de la Uagro, que muchas veces por sufrir violencia de género abandonan sus estudios.

Se planteó la necesidad de crear una de defensoría pública en Guerrero para mujeres que sufren violencia política

Agregaron que en Guerrero, gracias al respaldo de la Red se logró echar abajo la elección en el municipio de Iliatenco, por considerar que se ejerció violencia política en razón de género, lo que consideraron un hecho emblemático de la lucha de la defensa de casos de derechos político-electorales de las mujeres.

Muriel Salinas insistió en la necesidad de revisar el papel de los usos y costumbres de los pueblos originarios, porque están muy involucrados en prácticas culturales que siguen violando los derechos humanos a las menores de edad, al referirse a la venta de niñas.

En tanto ayer  (2 de junio de 2022) la Comisión para la Igualdad de Género aprobó el dictamen para reconocer la violencia obstétrica en Guerrero en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre violencia.

 Este dictamen que se expondrá ante el pleno del Congreso local contempla incluir la violencia obstétrica como uno de los tipos de violencia de género.

La iniciativa tiene como objetivo adicionar y reformar diversos artículos a la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

La reforma pretende capacitar al personal del sector salud en perspectiva de género, para dar atención a la mujer durante el embarazo, parto y de la persona recién nacida, con el propósito de reconocer la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género para así crear mecanismos efectivos para combatirla y erradicarla, expone el dictamen del anteproyecto de ley.

 

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Guerrero: activistas feministas son hostigadas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG); actualmente 17 mujeres están desaparecidas y más de 40 han sido asesinadas en lo que va del año, las activistas que defienden los derechos de la mujer son amenazadas y hostigadas y  sus denuncias son minimizadas por las autoridades.

Wendy Alanís es activista feminista que da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. En 2020 recibió amenazas a través de su teléfono, presentó una denuncia ante Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se abrió una carpeta de investigación por hostigamiento cibernético.

En la FGE aparece esta carpeta  bajo el número 12020090700934010820 contra quien resulte responsable por el delito de amenazas en agravio de Wendy Alanís Gutiérrez.

Dos años después, la investigación está estancada, no hay detenidos y la carpeta sigue en el mismo escritorio donde la archivaron cuando se abrió, dice Wendy Alanís. Hace unos días volvió a ser hostigada y piensa que su teléfono está intervenido.

El pasado miércoles 25 de mayo, Wendy comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, una tras otra, su celular no dejaba de sonar, eran de números desconocidos, extraños, no eran las ladas nacionales. Ante la insistencia decidió contestar.

“Uno entiende que por la actividad que realiza recibe llamadas de números desconocidos, que generalmente son de personas que requieren un acompañamiento y llaman para pedir ayuda”, comenta.

Cuando contestó, del otro lado de la llamada nadie respondió, se hizo un silencio.

Horas más tarde, Wendy notó que su celular se comportó de manera extraña, se reiniciaba solo, la pantalla hacia cortos, accedía a aplicaciones y ante la extrañeza  preguntó a algunos conocidos que saben de tecnología sobre la situación.

“Probablemente están hackeando tu teléfono en este momento”, le dijeron.

Wendy decidió marcar a la Policía Cibernética para denunciar; a pesar de tener una carpeta de investigación abierta y tener contactos en la FGE por la labor que realiza, la operadora le pidió de nuevo todos sus datos.

Wendy recuerda que durante la llamada, ésta se cortaba, se escuchaba viciada y unas voces que decían: “va haber balazos”, y repetían una y otra vez la palabra “puta”. Las palabras no las escuchó la operadora, quienes ante la insistencia, le recomendaron trasladarse en ese momento a la FGE para revisar el teléfono.

En la FGE los elementos de la Policía Cibernética minimizaron la denuncia y le dijeron que probablemente su teléfono estaba descompuesto, que la pantalla no servía y le recomendaron cambiar de equipo.

“Yo acudí a Telcel a que revisaran mi equipo para saber si realmente estaba dañado, pero ahí me dijeron que estaba en buenas condiciones”, comenta.

Durante la noche, Wendy continuó recibiendo llamadas de números desconocidos. La Policía Cibernética  le dijo que esos números provenían de Estados Unidos y esa vez no solamente recibía llamadas de esos números, también mensajes con emoticones de calaveras.

Wendy además de ser activista escribe sobre temas del feminismo en distintos medios nacionales, los cuales también recibieron amenazas, de acuerdo con ella, por ser críticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dos días después de las llamadas y los mensajes, Wendy buscó una entrevista con el fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Roberto Cuauhtémoc Bermejo Rubio, para que atrajera el caso. El funcionario sólo le respondió con un tal vez; que leería la carpeta y que lo mejor sería canalizar con su Ministerio Público.

Después de cuatro días de recibir llamadas, Wendy dejó de recibirlas, pero teme que vuelvan las amenazas.

No es la primera vez que recibe este tipo de llamadas, en 2020 cuando se abrió la carpeta de investigación recibió mensajes amenazantes después de realizar el acompañamiento a una víctima de violencia.

Wendy es activista feministas y da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; aclara que su activismo no sólo es para mujeres desaparecidas: va desde asesoramiento legal, psicológico y ayuda en cualquier situación donde una mujer no sepa qué hacer.

Para Wendy el activismo no sólo es dar acompañamiento a las mujeres o asistir a marchas, también es realizar labores que las instituciones no hacen.

En muchas ocasiones, dice que ante la inacción del gobierno y sus instituciones, ella realiza labores que le corresponden al Estado.

Cuenta que sola ha tenido que repartir guías violetas y de cómo expresarse con lenguaje incluyente que elaboró la Secretaría de la Mujer en la administración del priista Héctor Astudillo Flores y que nunca fueron repartidas.

“Hay cajas y cajas llenas de estas guías que para esta administración son papel desperdiciado porque ya no las van a entregar por el simple hecho de llevar los logos de la administración pasada”, dice.

Sin una atención de la FGE y pese a las amenazas, Wendy dice que continuará con su labor apoyando a todas las mujeres que lo necesiten.

 

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14 mujeres y 3 niñas siguen desaparecidas ¿y la Fiscalía qué hace?

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

De enero a mayo del 2022, 17 niñas han sido reportadas como desaparecidas y, de ellas, 14 fueron localizadas y tres continúan sin aparecer, de acuerdo con las fichas activas de la Alerta Amber emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de Protocolo Alba, que se activa por una mujer mayor de edad, los datos no son tan optimistas: de 18 fichas de mujeres desaparecidas solo se han desactivado cuatro, es decir, 14 continúan sin ser localizadas.

Entre las mujeres que continúan desaparecidas está Zuzuki Judith Blanco, de 19 años de edad.

El pasado 29 de abril Zuzuki desapareció cuando se dirigía a una reunión escolar.

Este miércoles 25 de mayo familiares y amigos de la esudiante protestaron frente de las instalaciones de la FGE para exigir su aparición.

Bloquearon el carril sur-norte del bulevar René Juárez Cisneros en la entrada de la FGE. Ahí los familiares exigieron la intervención de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, como lo hizo en Acapulco para dar con la localización de la menor Yoselin Patricio Vendrel, el pasado domingo 22.

La madre de Zuzuki, Yolanda Guzmán, narró que el pasado 29 de abril fue la última vez que tuvo comunicación con su hija, cuando este se dirigía a una reunión escolar de la preparatoria abierta.

Agregó que al no localizarla acudió a presentar formalmente la denuncia ante la FGE pero hasta el momento no hay avances de la búsqueda.

“Lo único que nos han informado es que estuvo en las oficinas del PRI y que hay video de eso, pero ya no sabemos para dónde se fue y con quién pero yo nunca he visto ese video sólo nos lo dijeron de palabra”, dijo la madre de la joven.

Durante la protesta los manifestantes fueron atendidos por un Vicefiscal, pero ya no se supo de los resultados de esa reunión.

Amapola Periodismo hizo un recuento de las fichas de las Alertas Ambar y los resultados fueron los siguientes; 17 menores que estaban en calidad de desaparecidas, 14 ya fueron localizadas y tres siguen sin ser localizadas.

Las tres menores que siguen sin localizar son Linda Kristell Deloya Sánchez, Zuri Cristóbal Real y Ana Iris Ramírez Andreo.

Linda Kristell, de 15 años de edad, desapareció el pasado 13 de febrero en Acapulco. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la colonia Renacimiento, de acuerdo con la ficha de la Alerta Amber.

La segunda, Ana Iris Ramírez Andreo, de 14 años de edad, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en Chilpancingo, es lo único que dice la ficha.

La tercera, Zuri Cistobal Real, de 15 años, desapareció el pasado 18 de abril en Acapulco.

De las otras 14 menores de edad las fichas ya fueron desactivadas, los datos que proporciona la FGE indican que fueron entregadas a sus familiares.

Entre las fichas desactivadas están las de Jaqueline Morales García, quien desapareció en Tixtla y apareció 24 horas después. También está la de Yoseline Patricio Vendrel quien estuvo en calidad de desaparecida por tres días en los que amigos y familiares realizaron una serie de bloqueos en Acapulco para exigir a las autoridades la búsqueda y pronta aparición.

Algunas menores fueron localizadas en otros estados de la República como el caso de Valeria Campos Amateco quien fue localizada en Querétaro o Johana García Genchi en Morelos.

A la lista se suman dos menores, Rosa Iris Tapia Vargas, de 17 años, quien desapareció el 26 de abril en el poblado de Lomas de San Juan en la zona rural de Acapulco.

Y se actualizó la ficha de María Fernanda Valadez Vásquez de 9 años de edad, quien desapareció el 5 de diciembre de 2019 en el poblado de Chichihualco a la edad de siete años, la ficha fue actualizada con la imagen de un retrato hablado de cómo luce la menor en la actualidad.

En el caso de María Fernanda los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, Chichihualco, el pasado 4 de diciembre del 2019 cuando Javier Valadez Millán, el padre de la menor, la sustrajo de su hogar después de asesinar con un arma blanca a su esposa, Cendy Vázquez Ramírez, la madre de la niña.

Derivado de los hechos, y después de interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP), se mandó a declarar a Valadez Millán, pero fue liberado horas después por falta de pruebas, denunció la hermana de la víctima, Griselda Vázquez Ramírez.

Después de rendir su declaración el 12 de diciembre del 2019, Valadez Millán huyó con su pareja sentimental, Roberto Rayo Pérez, y con la menor María Fernanda que en ese momento tenía siete años de edad.

 

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Con la reforma al Código Penal ya no se criminaliza a la mujer por interrumpir el embarazo

Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

Con la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso y que ya fue publicado en el Periódico Oficial, ninguna mujer puede ser procesada penalmente por interrumpir el embarazo solo hasta 12 semanas de gestación pero falta legalizar el aborto, coinciden un abogado penalista y una abogada feminista.

Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?

Amapola periodismo consultó a una abogada feminista y un abogado penalista para explicar los claroscuros de las reformas al Código Penal en materia de aborto, y explicar la diferencia entre despenalización y legalización y por qué la confusión entre ambos términos.

“La despenalización atiente a sacar el aborto del Código Penal, que no sea un delito y que no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión”, explica Angie de la Rosa Palafox, abogada e integrante de la Red Guerrerense Contra la Violencia hacía la Mujer.

El abogado Valentín Sandoval considera que la interrupción del embarazo continúa siendo un delito que, aún con las reformas al Código Penal, es penado por la ley, solo que ahora será después de las 12 semanas de gestación y con pena para la persona que sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto.

Valentín Sandoval explicó que anteriormente el Código Penal castigaba penalmente a todas las personas implicadas en un aborto, desde la madre, al médico, enfermero o partera que lo realizaba, salvo algunas excepciones que eran por violación o que esté en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé.

Ahora el Código Penal establece que ni la mujer ni los implicados serán sancionados por practicar un aborto.

“La mujer que decida interrumpir su embarazo ya podrá hacerlo sin responsabilidad penal alguna”, explica.

La reforma al Código Penal entró en vigor el pasado 20 de mayo cuando fue publicada en el Diario Oficial del estado y generó dudas y controversias acerca de su alcance e implicaciones en la población guerrerense, mientras que figuras públicas y religiosas como Provida han generado comentarios controversiales.

 Es el caso del obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, que el pasado 22 de mayo durante su sermón dominical en la catedral de Chilapa, dijo que el aborto aún no está legalizado y que la iglesia tiene que luchar para que eso no suceda.

Valentín Sandoval considera que el obispo no está en un error, ya que a pesar que se despenalizó la práctica de abortar, no existe aún una normativa o marco legal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo con seguridad.

Esa situación habré otra posibilidad necesaria para las activistas feministas, De la Rosa Palafox considera que el siguiente paso es lograr la legalización del aborto.

“En un estado ideal basta con la despenalización, pero no estamos en un estado ideal, por lo que la despenalización es solo un paso para lograr la legalización”, comentó De la Rosa Palafox.

¿Qué es la Legalización?

“La legalización tiene que ver con generar un marco jurídico que garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito, que haya médicos especializados, equipo, y materiales con el fin que no haya excusa para que no le practiquen el aborto a una mujer en el sector público”, explica De la Rosa Palafox.

Lograr la legalización implica una serie de reformas a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero que permita un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las mujeres que decidieron practicarse un aborto.

Esas reformas a la Ley de Salud permitirán que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en el hospital o centro de salud público más cercano sin costo alguno, y destinar una serie de recursos económicos para que los sistemas de salud pública brinden un aborto seguro y gratuito a todas las mujeres.

Los artículos que se reformaron del Código Penal del estado fueron el 154, 155,  156, 157 y el 159, el 158 fue derogado y respondieron a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo.

También esta reforma fue derivada de dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emitieron durante el gobierno anterior del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

 

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