Ser escuchada y tener atención personalizada de los malestares que ocurren durante la interrupción de un embarazo son los principales objetivos que tiene el acompañamiento
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Amapola Periodismo/Archivo
14 de agosto de 2024
Chilpancingo
Antes de que el aborto fuera legal en México y otras partes del mundo, el aborto se practicaba de manera ilegal, muchas veces en situaciones precarias y peligrosas para la mujer. El acompañamiento, era y es una forma en la que mediante la sororidad y el acuerpamiento las mujeres pueden llevar este proceso de forma segura y en compañía.
Nadia Helena Guerra Gardida en su tesis de maestría sobre ‘el acompañamiento feminista durante el aborto’ define el acompañamiento como «una contra resistencia ante la hegemonía médica; el acompañamiento propicia ambientes de buen trato donde se atienden las necesidades emocionales».
Es decir, las mujeres que realizan este acompañamiento no buscan ser médicos, sino que buscan brindar el apoyo emocional que muchas veces no es dado en centros médicos donde se realizan dichas interrupciones.
Karla, una joven de 24 años, contó que hace dos años tuvo un aborto. Tenía 22 y había terminado con su novio de cuatro años; en ese ir y venir de las relaciones sexo-afectivas quedó embarazada. Karla, al igual que muchas jóvenes y adolescentes se asustó, apenas terminaba la universidad.
Karla asistió al módulo de partería en la alameda, ubicada en el centro de Chilpancingo. “No recibí un mal trato, me explicaron que tenía que hacerme un ultrasonido y después de eso, verían que seria lo mejor para mí”, contó la joven.
Aunque la interrupción del embarazo sea legal desde el 2022 en el estado de Guerrero y en otros 12 estados, es cierto que no hay un acompañamiento emocional que vaya de la mano con el proceso médico en los hospitales y módulos que practican la interrupción legal del embarazo.
Karla no quería pasar este momento a solas, pero tampoco quería contarle a su exnovio con quien tenía más de un mes sin hablar, ni a su madre por temor a ser reprendida por sus creencias religiosas.
Hasta que recordó que una de sus amigas, de nombre Ilse le había contado que había recibido una capacitación para acompañamiento abortivo. “Ilse es feminista y desde que se fue a estudiar a Ciudad de México está muy de cerca con los derechos de la mujer”, explicó Karla.
El acompañamiento que hizo Ilse fue de apoyo emocional, escucharla, brindarle atención y hacerla sentir cómoda en todo momento, pues el proceso de interrupción con medicamento y en casa dura hasta un día, aunque las primeras ocho horas son las de riesgo.
¿Dónde hallar mujeres que den acompañamiento y como ser una?
En Chilpancingo hay organizaciones y colectivas feministas de Chilpancingo que mediante redes indican que brindan este servicio a toda aquella mujer que lo necesite.
Las organizaciones responden de inmediato a las peticiones de apoyo, de acuerdo con lo constatado por el medio para la elaboración de este contenido.
La respuesta para proporcionar apoyo ocurrió en un promedio de dos horas.
También los grupos de nenis y trueque de mujeres que hay en Facebook dan estos tipos de apoyo.
“No dudes en contactarme, yo puedo ayudarte”, “si quieres hacerlo en casita, como y segura yo puedo ayudarte”, respondieron en una de estas colectivas de inmediato a la pregunta si daban acompañamiento.
También hubo quien criticó la petición.
“Ve a la clínica de partería y de paso que liguen las trompas para que ya no vuelvas a asesinar a un inocente”,
Aunque había dos posturas visibles, el acuerpamiento y la sororidad de las mujeres era mayor.
“No necesitan darnos razones ni justificaciones, es una decisión libre de estigmas”
La Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer es una de las colectivas en Guerrero que ofrece acompañamiento abortivo en todo el estado.
Janis comenzó en el años 2019 cuando recibió su primera capacitación para acompañamiento abortivo por la fundación nacional Mary Stopes en Acapulco, antes de que la interrupción del embarazo fuera legal, porque el aborto siempre existió aunque fuera en la sombra de la ilegalidad.
Janis y sus compañeras de diferentes colectivas aprendieron cómo acuerpar a las mujeres que decidían por elección interrumpir su embarazo. En ese momento, Janis y sus compañeras aprendieron maneras de cuidar a aquellas mujeres que desde la ilegalidad decidían no ser madres.
La Red Guerrerense por los Derechos de la mujer tiene como enfoque principal no juzgar a ninguna mujer por sus elecciones.
“No necesitan darnos razones ni justificaciones, es una decisión libre de estigmas”, comentó Janis, quien ha acompañado a muchas mujeres por medio de la colectiva.
Janis comenta que aunque el aborto se despenalizó hace dos años, en la practica parece que nunca ocurrió.
“Probablemente en el ámbito legal fue despenalizada, pero en el estigma social no lo fue”. Janis contó cuál es la experiencia que ha tenido acompañando a mujeres de la sierra y montaña.
Tiempo atrás, recibió la llamada de una joven de la montaña quien quería practicarse un aborto. Janis le comentó que lo mejor era asistir a la clínica más cercana, donde de manera legal se lo podían realizar.
“Esto es para poder regresarle responsabilidad al Estado, porque tienen que cumplir con lo que dictan las leyes y para hacerlos cumplir su función lo primordial para nosotras es mandar a las mujeres a practicar su interrupción en las unidades correspondientes”, comenta Janis.
Pronto Janis se percató que dicha opción no sería la más adecuada para aquella chica de la montaña, donde los habitantes son pocos y todos se conocen entre sí. “Tenía familiares en la unidad”, dice Janis.
Aquella joven recibió el acompañamiento, Janis la asesoró en cuanto al medicamento, cada cuanto podía tomarlo y le comentó las posibles reacciones que tendría su cuerpo.
Aquella joven realizó su interrupción en el silencio y en secreto, pero en esta ocasión no porque fuera ilegal, sino porque el estigma social puede pesar más que las leyes.
La joven de 17 años Fátima Bello Aguirre, reportada como desaparecida, fue hallada mutilada en la batea de una camioneta abandonada en la colonia La Venta, de Acapulco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los restos humanos de Fátima Bello, de doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, fueron reconocidos por sus familiares en el Servicio Médico Forense, después que este miércoles 14 de agosto, la fiscalía estatal los encontró en la camioneta marca Toyota color blanca abandonada afuera de un panteón privado.
De acuerdo con la versión de la dependencia, los familiares de Fátima Bello declararon que su hija había desaparecido en la colonia de Ciudad Renacimiento y que la última vez que la vieron fue acompañada de un hombre el mismo miércoles 14.
La FGE informó que en el vehículo en el que hallaron los restos de la adolescente había cartulinas con leyendas de un supuesto grupo criminal.
Desde el año 2012, Fátima Bello residía en Acapulco, a donde sus padres mexicanos la trajeron después de vivir desde su nacimiento en Estados Unidos.
En Guerrero, las desapariciones de personas no cesan, según los mismos reportes de la FGE.
Por ejemplo, en Teloloapan, fueron reportados como desaparecidos una pareja de jóvenes de 29 y 27 años de edad desde el viernes 9 de agosto, sin que hasta el momento hayan sido localizados.
Se trata de Rosa Álvarez Rodríguez, de 29 años, y David Cervantes Martínez, de 27 años, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de Ahuehuetla, municipio de Teloloapan.
En el caso de Rosa Álvarez, la Fiscalía emitió el boletín Alba de protocolo de búsqueda. Y en el caso de David Cervantes, el “¿Has visto a?”.
En julio de este año, cuatro trabajadores de una empresa gasera de Teloloapan fueron secuestrados por miembros de un grupo criminal en la localidad de Ixcateopan.
Hasta el momento, la pareja de jóvenes y los cuatro empleados de la empresa gasera, siguen desaparecidos.
Ha reunido evidencia de personas que la han visto en bares, hoteles y otros sitios vigilados por personas armadas
Texto: Margena de la O
Foto: Luceli Pastrana
Miércoles 8 de agosto del 2024
Chilpancingo
Con todos los indicios reunidos por Sandra Luz Román Jaimes a lo largo de estos 12 años que su hija Ivette Melissa Flores Román fue privada de su libertad de manera ilegal, todo apunta a que además de ser víctima de desaparición forzada lo es de trata, porque algunas personas la han visto en bares y hoteles de diferentes lugares del país donde hay indicios de esta práctica.
Tiene evidencias de cinco puntos donde pudo ser vista Ivette Melissa, en dos de ellos, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ya hizo diligencias, pero tardías, y en los otros tres están pendientes por revisar, aun cuando en un par de éstos ya pasaron varios años del reporte. Sandra Luz también denunció que ha tenido que lidiar con una reacción lenta y hasta omisa de las instituciones del Estado que llevan la investigación de su hija.
Sandra Luz coordina el colectivo Madres Igualtecas, el cual creó al emprender la búsqueda de Ivette Melissa por su cuenta, después de poner en evidencia, junto a otros familiares de personas desaparecidas, que Iguala, de donde son originarias, era el lugar de la desaparición consentida en Guerrero. Esta situación fue denunciada en el contexto del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde entonces ha emprendido una lucha donde los obstáculos principales devienen de servidores públicos, que han obviado el caso de Ivette Melissa, aun cuando hay actores clave como probables responsables de su desaparición.
Estas son parte de las fichas que los integrantes del colectivo Madres Igualtecas colocaron a mediados de julio pasado en las centrales de autobuses de Chilpancingo, entre ellas la de Ivette Melissa.
Cuando se la llevaron de la casa de su madre hombres armados con pinta de policía (la madrugada del 24 de octubre del 2012), después de vivir por mucho tiempo el acoso de la familia de su expareja, en particular de su suegro, Humberto Velázquez Delgado, apodado El Guacho, un agente ministerial asesinado en 2021, ella tenía 19 años; ahora tiene 31 años. El resto de los detalles del caso están aquí.
“Con la perspectiva de género y viendo cómo está encuadrando el tema de mi hija, es trata de personas y desaparición forzada. Esos son los delitos”, comentó en entrevista Sandra Luz al evaluar todos sus hallazgos.
Cuando logró que la FGR atrajera el caso de su hija, en 2013, el expediente lo llevaba la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pero después se hizo cargo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) porque el caso reunía otros componentes.
Las desapariciones en Iguala eran graves, de acuerdo con lo que dejó en evidencia la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, caso que impulsó a muchas otras personas de la ciudad a denunciar otras desapariciones, como la de Ivette Melissa. Las desapariciones expusieron la relación y complicidad entre autoridades y grupos criminales.
“Yo relaciono mucho el caso Ayotzinapa (la desaparición de los 43 y asesinato de otros tres normalistas) con el de mi hija, porque fueron los mismo perpetradores”. La situación de desaparición en Iguala llevaba años, según las apreciaciones de Sandra Luz, porque el caso de su hija ocurrió dos años antes que la de los normalistas.
La primera evidencia que reunió de que su hija puede ser víctima de trata es desde 2013, cuando le dijeron que la vieron en una especie de casa de citas sexuales y de venta de alcohol en Juliantla, Guerrero, donde no era fácil entrar; la siguiente es de 2017, resultado de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas en Vida en Los Reyes, en Michoacán, donde supo que podría ser una de las chicas de un bar y que usaba el nombre de Kenia, al año siguiente obtuvo un indicio que apuntaba hacia Cuernavaca, Morelos, pero este último aún no es rastreado por las autoridades aun cuando ya pasaron seis años.
Además tiene el indicio que la misma Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) le notificó en 2021, de que una persona con la CURP de Ivette Melissa acudió a vacunarse contra la Covid-19. La fecha de su último registro de vacunación fue el 5 de julio del 2021, pero en la información no hay registro del estado, municipio, código postal, teléfono, correo electrónico ni dosis que le administraron.
Producto de las diligencias ordenadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano para buscar con vida a Ivette Melissa, Sandra Luz supo por un interno del penal de Chilpancingo que su hija podría haber estado en un hotel de Acapulco usado para el negocio de encuentros sexuales.
La queja de Sandra Luz en estas últimas diligencias es que no les acompaña un agente federal del Ministerio Público que recoja estos indicios para que dé fe de ellos, lo que dilata más la acción oficial para dar con Ivette Melissa. Sandra Luz encabeza todas las diligencias.
Estas son parte de las fichas que los integrantes del colectivo Madres Igualtecas colocaron a mediados de julio pasado en las centrales de autobuses de Chilpancingo, entre ellas la de Ivette Melissa.
El ordenamiento de la ONU, en particular a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ocurrió hace dos años, las instancias oficiales comenzaron a cumplirlo apenas el 15 de julio pasado, en Ayutla, aun cuando fue dictado en 2022, hace dos años. Ya suman dos jornadas de una semana cada una, está pendiente la del 19 al 24 en Costa Grande.
Esto también pone en evidencia la dilación de las instituciones del gobierno mexicano para investigar el caso. En un texto anterior de Ivette Melissa publicado por Amapola, periodismo transgresor hay más datos de todas las omisiones y los atropellos que ha enfrentado Sandra Luz en la búsqueda de su hija.
En esta ocasión agregó, por ejemplo, que después de la privación de su hija, ella misma hizo el peritaje en su casa, para resguardar los casquillos de las armas de alto poder que usaron para balear su casa.
“Todo lo que llevo a la Fiscalía (FGR) yo lo investigo, yo tengo que enfrentar al delincuente para que me suelten información, por ejemplo, para dar con los puntos de Tijeritas (un punto ubicado entre Iguala y Taxco), que ahí trabajo Ayotzinapa, son datos que a mí me dio la delincuencia organizada”, dijo en entrevista.
Insistió en que en ambos casos hay coincidencias grandes, porque están detrás las mismas personas.
La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes de un intento de feminicidio deben cargar
Texto y fotos: Ana Alicia Osorio/Pie de Página
Aquel día Ayerim no solo sobrevivió a un intento de feminicidio, también tuvo que aprender a vivir sin ingresos, pidiendo préstamos y luchando todos los días para intentar pagar los gastos que le llegaron únicamente por no haber perdida la vida, por convertirse en una sobreviviente.
Edna vive con dolores porque no puede pagar los tratamientos médicos que necesita. Dafne tuvo que vivir en la casa de su consuegra porque no podía pagar una renta. Yadira pidió un préstamo tras otro. Todas tienen en común, que no cuentan con dinero para solventar los gastos que les dejó algo que nunca quisieron vivir: haber sido víctimas de un tipo de violencia extrema contra las mujeres.
Las sobrevivientes de feminicidio deben volver a sobrevivir, ahora a la falta de dinero y a la necesidad de pagar sus gastos legales, médicos, reubicaciones, pérdidas de empleo y demás que les deja el delito del que ellas fueron víctimas. Cifras que algunas reportan alcanzan desde los 200 mil pesos hasta más de 2 millones.
“La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes tenemos que guardar en esa mochila que traemos cargando (…) quedamos económicamente completamente mermadas tan así fue que, pues tuve que adquirir deudas”, contó Yadira.
Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que las dificultades que implica sobrevivir a un intento de feminicidio provocan que conviertan su sobrevivencia en su único proyecto de vida, pues para todo requieren de recursos económicos con los que no cuentan.
“Ellas tendrían que tener una restitución de derechos en la medida de lo posible atención psicológica, médica, muchas veces una vivienda digna, que tampoco es algo que puedan acceder, pues esto se vuelve muchísimo más complicado”, señaló la directora de la Red Nacional de Refugios quien indicó que estos problemas se enfrentan en un país donde de por sí existe una fuerte desigualdad económica y de oportunidades entre hombres y mujeres y donde las autoridades son omisas con los problemas que presentan.
Los gastos de salud: el básico para lo que no alcanza
Lo primero que enfrentó Yadira cuando intentaron quitarle la vida fue deambular entre hospitales haciendo un pago tras otro. Tenía el rostro destrozado pero el Instituto Mexicano del Seguro Social donde la atendieron le realizaron una mala intervención, que le provocó una infección y riesgo de muerte por lo tuvo que llevar su tratamiento en el sector privado.
Prótesis dentales, tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, operaciones. Un gasto tras otro, la llevaron a pedir un préstamo en el trabajo que luego tuvo dificultades para pagar.
Pero su caso no fue único. Pérez Garrido señaló que la salud es un derecho y debería estar garantizado, pero la realidad es que las sobrevivientes deben desembolsar fuertes sumas de dinero para atender la emergencia médica, lo que las lleva a que en muchas ocasiones no puedan terminar sus tratamientos y con ello existan secuelas como discapacidades.
Eso fue lo que le pasó a Carolina Ramírez, quien vivió un intento de feminicidio hace cuatro años y cuyas secuelas le pasaron factura después y aunque ha tenido dos operaciones más, ahora no puede caminar sin la ayuda de su bastón.
No es la única. Edna necesita fisioterapia, pero no puede pagarla. Yeri no ha podido pagar la prótesis dental ni la terapia que necesita, lo que le provoca insoportables dolores de cabeza
Aunque la salud se encuentra entre los aspectos contemplados en la Ley General de Atención a Víctimas, la realidad es que esta no se cumple y ninguna ellas, ha podido acceder a este derecho.
Además, algo similar sucede con la salud mental. La integrante del OCNF señaló que en teoría las Comisiones de Víctimas deberían de proporcionar servicio psicológico, pero no lo hacen o éste no es de calidad, provocando que las mujeres sean quienes deban pagarlo y en caso de no tener el dinero para hacerlo, sobrellevar el convertirse en sobrevivientes sin la ayuda profesional.
Como Yadira, que en muchas ocasiones pensó en quitarse la vida tras el miedo que tenía por lo que le había pasado, pero que aunque ha intentado mantener la terapia constante no siempre le es posible pagarla. O como Kali, quien ha tenido que desplazarse en varias ocasiones y entre todos sus gastos, pagar terapia resultaba un lujo que no se podía dar.
Jaredth sí le dieron terapia como es su derecho, pero la psicóloga pública intentó hacerla desistir de su denuncia. A Dafne sí le ofrecieron la terapia por parte de instituciones, pero era en horario laboral y como no podía ir se la retiraron; lo mismo pasó cuando intentó recibir con ayuda de organizaciones civiles, por eso no ha tenido acceso ni a la terapia ni a los medicamentos psiquiátricos que tiene prescritos.
La suma de gastos que deben enfrentar no termina allí, advirtió Grace, quien dijo que también se presentan otras cuestiones como enfermedades indirectas como colitis o gastritis debido al estrés. Además, están aquellas generadas a sus seres queridos como la hipertensión de los papás de Yeri.
Los gastos legales: la justicia no es gratis
En el último sexenio (de 2019 a 2024) en México hay al menos mil 847 sobrevivientes del delito de feminicidio, según respuesta a solicitudes de información realizadas a las Fiscalías de todo el país. Sin embargo, la cifra es mayor, ya que algunos estados respondieron que no registran a las víctimas. Aunque el feminicidio es un delito, no consideran que tengan la obligación de resguardar las numeralias de cuántas víctimas resultaron del delito en grado de tentativa.
Carolina Ramírez, integrante del Colectivo Sobrevivientes de Feminicidio, consideró que la falta de certeza en los datos es un claro reflejo del desinterés que existe por parte de la justicia mexicana hacia aquellas mujeres que sobrevivieron una tentativa de feminicidio. Desinterés que se refleja también en los bolsillos de quienes intentan encontrar justicia.
“Es una vida muy desgastante vivir judicializada (…) tienes que pagar copias, tienes que llevar este oficio a tal y tal dependencia, hay que gastar en pasajes. Entonces todo eso implica un costo muy fuerte para nosotras las sobrevivientes”, narró Grace, quien añadió que no se contemplan cuestiones como audiencias eternas en las que permanecen hasta 12 horas esperando y que implican pagar por los traslados y comidas.
Intentar encontrar justicia debería ser un proceso gratuito, pero no lo es. Aunque hacer una denuncia no tiene ningún costo, la realidad es que todo lo que existe alrededor de ésta sí requiere de pagos que deben salir de quienes solo intentan encontrar un poco de tranquilidad en que procesen a su agresor.
Yeri, por ejemplo, tuvo el apoyo jurídico de una colectiva (para lo que otras sobrevivientes han tenido que desembolsar pagos) pero sí tuvo que pagar las vueltas a un lado a otro, copias, peritajes, estudios médicos y todo lo necesario para demostrar la culpabilidad de su agresor. Pero, aunque ya había obtenido una sentencia finalmente un amparo la revocó bajo el argumento de que había errores en el proceso, por lo que ahora, si quiere lograr la ansiada justicia deberá volver a hacer todos los pagos.
A los costos también se les suman los traslados, como Ayerim que se fue a vivir a una ciudad del centro del país para intentar ponerse a salvo de su agresor, pero cada vez que hay una audiencia o diligencia debe pagar el traslado hasta Oaxaca, si se niega a hacerlo el proceso no podrá continuar.
Por eso Jaredth decidió regresar a Ciudad de México, donde vivió la agresión, para llevar el proceso penal. Eso le lleva pagar renta y todo lo necesario para mantenerse en ese lugar.
Pero como nada de eso es contemplado por las leyes, algunas mujeres optan por desistir de su denuncia, sin importar que su caso quede sin justicia o que eso las ponga en riesgo. Eso, inclusive, se lo aconsejaron a “N”, quien pidió no relevar su nombre, en la Fiscalía pues le dijeron que solamente gastaría más dinero.
La Ley General de Víctimas también contempla asesoría jurídica y apoyos para traslados, pero la realidad es que muchas veces no se les brinda y algunas sobrevivientes ni siquiera saben sus derechos ya que en las instituciones no se les avisa, advirtió Grace.
La justicia les ha quedado a deber las sobrevivientes. No únicamente por la falta de sentencias sino también por los gastos que les implica intentar acceder a ella, gastos que según contó Yeri implican hasta las lonas y pancartas que deben pagar para manifestarse para que les pongan atención a sus casos.
Gastos de desplazamiento: la seguridad cuesta
La falta de justicia y de castigo a quienes son culpables implica también otra serie de cuestiones para las sobrevivientes, como no poder permanecer en el lugar donde se encontraban viviendo.
Algunas de ellas como Ayerim o Kali optan por irse lejos para ponerse a salvo. La primera lo hizo a otra ciudad y la segunda a otro país. Eso implicó que tuvieran que pedir préstamos para pagar todo lo que implica reiniciar la vida ahora en otro lugar.
“Yo ya no tenía, pues calma porque la amenaza estaba latente todo el tiempo. Yo tuve que estar huyendo de estados en estados en estados y realmente no puedo más (…) era como tenerte acorralada, entonces tienes que saltar porque te quedas ahí y tal vez ya no la cuentas”, expresó Kali, quien desde otro país en otra parte del mundo intenta adaptarse a su cultura y a sus gastos.
Algunas sobrevivientes también viven problemas de desplazamiento, pero porque el lugar donde vivían se quedó en manos de su expareja quien fue su agresor o porque la renta que pagaban ya no pudieron cubrirla, como Dafne a quien su consuegra recibió un tiempo en su casa y aunque estar ahí fue incómodo agradece haber tenido un techo donde vivir.
A ella un programa de gobierno le permitió adquirir una casa en un barrio peligroso de su ciudad, sin acabar, en obra negra, con pisos rústicos, pero que cuando menos le ha dejado tener un espacio solo para ella y para su hijo. Pero las sobrevivientes que tienen ese tipo de oportunidades son las menos.
Sobrevivir en un sistema patriarcal
Los gastos de quienes sobreviven a un intento de feminicidio son muchos, pero las oportunidades para generar ingresos son pocas. Eso las pone en una situación vulnerable, en un país donde las mujeres de por sí enfrentan desventajas económicas.
“No hay un trabajo que pueda soportar el que nosotras estemos saliendo porque pedimos permisos, entonces tener un trabajo estable con todos los beneficios de un trabajo, estable, seguro social, prestaciones, no lo podemos tener”, señaló Grace.
Ella era auxiliar administrativa, pero tras convertirse en una sobreviviente perdió el trabajo y se dedica a vender artesanías para sobrevivir. Esa historia se repite en muchas sobrevivientes quienes son despedidas de sus empleos.
“Conseguía un trabajo y cuando empezaba a tener citatorios (para su proceso legal), me daban las gracias y me decían sabe qué pues cuando termine su proceso puede regresar, porque no podemos estar dando permisos”, contó Dafne.
En el país, el 56% de las mujeres trabajan en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo del 2024. En este sector se encuentran las sobrevivientes a quienes se les niegan las oportunidades de empleo formal debido que existe mucha falta de sensibilización e información de las empresas ya que rehúyen a contratarlas y cuando se dan cuenta de su situación, según la directora de la Red Nacional de Refugios.
Pero no se trata solamente de las empresas. Ayerim lleva cuatro años pidiendo el cambio de su plaza en la Secretaría de Educación porque se tuvo que ir del lugar donde estaba para ponerse a salvo, lo más que ha podido lograr es que le paguen la mitad del salario a quien la está supliendo en su anterior escuela para que no sea ella quien le daba pagar. Lograr eso le demoró tres años, en los que estuvo sin ningún ingreso de su trabajo.
Ella no quiere abandonar ese empleo porque implica quedarse sin el patrimonio que tenía al ser sindicalizada. Además de que se resuelva su situación laboral, sueña con poner un negocio que le pueda brindar ingresos, pero no cuenta con los recursos necesarios para iniciarlo.
Otras sobrevivientes sueñan con ese negocio que les permita tener tiempo y dinero, pero tampoco pueden lo que las condena a las ventas informales y a situaciones como a Dafne y sus hijos que solo podían dar dos comidas al día porque no había recursos para más.
La situación se agrava en personas como N, quienes ya eran víctimas de violencia económica por parte de su agresor desde antes de la tentativa de feminicidio. Ella, por ejemplo, perdió el dinero que le quitó su agresor, el negocio y la casa, pero además tenía un crédito a su nombre que usó su expareja por lo que tras sobrevivir no podía contar con préstamos de instituciones formales y además tuvo que pagarlo con todo e intereses.
“El tema económico que yo hablaría de esa autonomía económica que no tenemos en general las mujeres en México si a eso le sumas mujeres sobrevivientes de violencias, machistas, sobrevivientes de violencias feminicidas, pues bueno implica que hay una mayor brecha de grandes, igualdad y de opresión para que ellas puedan tener una autonomía económica”, señaló Figueroa.
La parte económica de sobrevivir no solamente las afecta a ellas. Afecta a todo su entorno. Lo hace al hijo de Grace que no tampoco puede tener un trabajo formal porque es el cuidador principal de su hermano pequeño mientras ella busca justicia, lo hace a la mamá de Yeri y de Yadira que se dedicaron a cuidarlas en todo su propio médico. Lo hace a Ana, la hija de Carolina, que perdió oportunidades y se tuvo que mudar con ella para darle los cuidados que necesitaba.
“Yo no puedo separar la parte económica con la autonomía física y política, que al final se cruzan y que en realidad no permiten que ellas en sí mismo puedan ser ciudadanas sujetas de derecho, porque hay muchos obstáculos institucionales y por supuesto estructurales que imposibilitan que ellas pues puedan tener una autonomía plena y por lo tanto una restitución de derechos ante una violencia feminicida”, sentenció Figueroa.
Explicó que en los refugios reciben a mujeres que sobrevivieron a tentativas de feminicidio y el principal reto que se han encontrado es que ellas logren reintegrarse a su vida ya que no cuentan con los recursos económicos para poder hacerlo, pero tampoco con las oportunidades para generarlos como contar con un trabajo estable o con espacios para emprender.
Apoyos a víctimas: la deuda del Estado
La violencia contra las mujeres tiene un costo de 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto en México en el año 2015, lo que significa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según el estudio El costo de la violencia contra las mujeres en México realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Gobernación.
Estos costos implican los temas de salud, legales, falta de oportunidades laborales y demás, pero muchos ellos son absorbidos por las propias víctimas en deterioro de su calidad de vida.
La abogada del OCNF afirmó que uno de los grandes problemas que existen en el país, es que aunque las sobrevivientes de feminicidio tienen derecho a apoyos y a restituciones por parte de las Comisiones de Víctimas, es muy difícil acceder a ellos y en la mayoría de los casos no lo hacen.
Por ejemplo, a Ayerim le dijeron que no pueden brindarle apoyo porque está viviendo en otro estado, aunque sea para protegerse. A Grace nunca le dijeron sus derechos y cuando se enteró y los pidió le argumentaron que su caso ya tenía mucho tiempo. A Kali se lo negaron porque no quiso poner denuncia.
A Dafne que no podían darle porque la Fiscalía abrió su caso como violencia familiar y no como feminicidio, cuando por fin accedieron le pedían actas certificadas que debía pagar y que el costo superaba los 300 pesos al mes que le darían.
En todo el país las Comisiones de Víctimas (tanto la federal como las locales) registran al menos 556 víctimas de feminicidio en grado de tentativa, lo que incluye a víctimas directas e indirectas (es decir, a sus hijas o hijos, mamás o papás). A ellas les han entregado 1230 apoyos como servicios jurídicos, psicológicos, apoyos en transporte, alimentos, becas y alimentación.
La información se obtuvo a través de solicitudes de información a las comisiones de víctimas, pero algunas no dieron respuesta o contestaron que no tienen la información desglosada por delito. Entre quienes sí respondieron hay casos como Campeche que su único apoyo (solo registra una víctima) fue canalizar a un hospital, Coahuila que ha dado un total de 421 pesos por medicamentos o Yucatán que con ocho víctimas no ha dado ninguna ayuda.
El registro también refleja estados como Tabasco que registra 158 apoyos para un total de tres víctimas directas e indirectas (lo que serían 52 ayudas distintas por cada una) o Puebla que ha brindado 259 a 19 víctimas.
Pérez Garrido señaló que la labor que están haciendo las Comisiones de Víctimas se ha reducido a registrar el número de víctimas y no a ayudar a mejorar su situación. Aun en el caso que lo hacen, dijo, parecen elegir si se les brinda un apoyo u otro y no buscar garantizarle todos sus derechos.
Según la Ley de Víctimas ellas tendrían derecho a la justicia; buen trato; ayuda, asistencia y atención oportuna; protección física y psicológica; ser beneficiarias de programas sociales y acciones afirmativas; ayuda provisional de la Comisión para necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras; servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos y hospitalarios; entre otras cuestiones. Pero nada de eso se cumple.
“Los recursos que hay se destinan para consultorías, para capacitaciones, para no sé qué, pero ¿y la y que se salió del hospital sin calzones, así como yo? en un lugar donde no era mi casa y no tenía ni qué vestirme ¿Eso quién lo resuelve y cómo se resuelve? (…) pierdes tu trabajo, tu entorno más cercano pierden su trabajo, también hay necesidad de una atención psicológica, hay necesidad de seguir el proceso jurídico y no lo puedes llevar”, afirmó Carolina.
“Es necesario que se haga conciencia las instituciones que ese papel les toca, esos recursos están, pero están mal etiquetados mal distribuidos mal acompañados, sin políticas que vean a las sobrevivientes”, añadió.
La reparación del daño: un sueño pendiente
“Mi vida el juez la tazó en 15 mil pesos que no me dieron”, sentenció Carolina.
“50 mil pesos lo que me tienen que dar prácticamente los he gastado muchas más veces, yo creo que 10 veces más”, contó Dafne.
Parte de los derechos que tienen y que no se cumplen es el derecho a una reparación integral del daño. Es decir, todo lo que haya implicado el haber vivido un intento de feminicidio se les debe reparar para que tratar que vuelvan al estado que tenían antes de ser víctimas de ese delito.
Para hacerlo deben llegar a la sentencia contra el agresor. Allí el sistema de justicia hace un cálculo económico de todo lo gastado; pero pocos casos llegan a sentencia, cuando lo hacen las cuentas son mal realizadas y rara vez es pagado realmente.
En el caso de Yadira nunca llegó a ese proceso porque el agresor fue absuelto, así que nadie le pagará lo gastado. Yeri tendrá que esperar a que algún día quede en firme la sentencia una vez que se repita el proceso desde el principio. Carolina esperaba la reparación económica pero su agresor murió y no se la pagó. Dafne obtuvo en papel la reparación, pero no ha logrado que lo paguen.
En caso de no hacerlo el agresor, en teoría, tendría que ser el Estado quien realizara el pago. Pero la realidad es que eso nunca llega. De las respuestas a las solicitudes de información únicamente se registraron 13 pagos que fueron dos en Aguascalientes, una en Ciudad de México y 10 en Michoacán.
“Hemos tenido sentencias hermosas de amparo, pero que se traducen en cero pesos, o sea, no hay una siquiera y hablando solo del tema de la compensación de la parte económica, mucho menos la hay en términos, simbólicos sociales”, sentenció la abogada del OCNF.
Las redes salvan
A N la cuidó su familia cuando estaba en el hospital, le dieron el dinero que necesitaba y la han apoyado. A Yadira la cuidó su mamá. A Dafne sus hijos le han dado la ayuda que necesita. Ninguna hubiera podido sola.
Carolina no podría haber cubierto todos los gastos que le ha implicado sobrevivir de no ser por su amiga que le ofreció un techo donde vivir mientras llevaba el proceso penal, otra amistad que le consiguió terapia psicológica, la asociación que se ofreció a representarla legalmente, la otra que le daba contención emocional y muchas otras que le ayudaron de una u otra forma.
“Las redes, el tejer redes salvan y no es nada más es un dicho así hueco, a mí me salvaron y han salvado a muchas compañeras”, sentenció.
Ella se cataloga como una sobreviviente atípica. Feminista de muchos años de trayectoria cuando su expareja intentó acabar con su vida conocía sus derechos y las leyes, pero aun así enfrentó muchos problemas. Por eso desde Veracruz, su lugar de origen, decidió crear la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio que ahora integran mujeres de todo el país.
A través de esa colectiva ahora se ayudan con otras sobrevivientes pues están convencidas que, como dice Carolina, al ayudar a las demás se ayudan a sí mismas en sus propios procesos.
Ana Valderrama, hija de Carolina, contó que entre las acciones que realizan están grupos por videollamada para contar sus sentires o reflexionar a través de lecturas, lo que sirve a todas pero especialmente a aquellas mujeres que no han podido pagar terapia. También hacen círculos de estudio para empaparse de términos legales y ayudar a prepararse para sus procesos jurídicos.
“Capacitarnos entre nosotras es muy bonito, porque hemos ido compartiendo muchos vocablos, muchas herramientas estrategias, chismecito feminista y así, entonces es muy bonito, que pues el conocimiento está allí, es de todas y para todas (…) otra cuestión que hacemos que híjole como cuesta es el acompañarnos en prepararnos para audiencias”, contó.
Ellas no son las únicas que han accionado redes. La Red Nacional de Refugios ha implementado siete casas de transición para las mujeres que estuvieron en refugios, donde les brindan capacitación en temas laborales y cuidan a sus hijos e hijas cuidadas mientras ellas buscan trabajo o atienden sus asuntos legales. Figueroa afirmó que eso ha disminuido la cantidad de mujeres que recaen en entornos de riesgo.
La cantidad de casas de transición, consideró, son insuficientes debido a que funcionan con recursos propios pues no hay dinero institucional para este tipo de espacios. Pero así existen y están funcionando.
La Colectiva de Sobrevivientes también sueña con un espacio, pero en su caso será de sanación. Ellas tienen un terreno que les fue donado, del que les falta el proceso legal de escrituración, donde esperan construir un sitio de descanso para sobrevivientes y para otras mujeres que han sido impactadas por el sistema patriarcal.
“Un centro de mucha sanación, para mujeres no solo sobrevivientes, por supuesto que las sobrevivientes son las que están gestando (…) que pueda desconectarse y conectarse consigo (…) un espacio en la naturaleza con unas instalaciones que sean muy amenas, muy zen, muy así como para estar porque a veces lo único que necesitamos son esos tres días de soy yo soy un cuerpo ver qué es lo que está afectado”, contó Valderrama.
Aún no saben cuándo podrán tener listo ese espacio donde se darán los cuidados. Pero sí saben que sueñan con ello y que al igual que han hecho con otros proyectos podrán sacarlo adelante a sus tiempos, a su ritmo; y servirá para ser un espacio donde las mujeres, entre ellas las sobrevivientes, puedan sanarse de los problemas que tienen en el día a día.
La lucha libre forma parte de la cultura mexicana y en el estado de Guerrero se reconocen a varios grandes de este deporte que se divide en rudos y técnicos.
Muchos de los luchadores utilizan una máscara para ocultar su identidad; creando una imagen que les da una personalidad especial.
En Guerrero, sobre todo en Chilpancingo, las mujeres que se dedican a la lucha libre enfrentan un doble reto, ser reconocidas como mujeres en una actividad que hasta hace poco era sólo para hombres y aguantar los golpes de sus pares que, en las luchas mixtas, se pegan sin distingo.
En Chilpancingo, la dinastía Diablo es una de las más conocidas. Esta dinastía de luchadores y luchadoras cuenta con 30 integrantes, una de ellas es Diosa Guerrera, quien sostiene que la lucha la lleva en la sangre. “Ser una inspiración para los demás y sentir el cariño del público y de los fans es algo que no cambiaría jamás. La lucha libre es un deporte chingón”, afirma Diosa Guerrera.
A pesar de divertir y servir de desfogue colectivo, la lucha libre es un deporte poco valorado. Los patrocinadores invierten poco cuando llevan una exhibición a alguna parte del estado, la mayoría de veces no les pagan sus gastos de traslado a las luchadoras y luchadores pero ellas y ellos van a donde los contraten porque este deporte es su vida.
La lucha libre es un entretenimiento sano para toda la familia y sectores sociales. Este deporte, además, genera derrama económica y es el sostén de muchas familias.
En Guerrero existen comunidades de origen prehispánico en donde la mayoría de las mujeres se mantienen subordinadas al poder de los hombres, pero siempre existe algunas que desafían esas reglas no escritas, llamadas usos y costumbres, son los casos de Juventina Ascencio y Antonia Ramírez, dos liderazgos comunitarios, documentados por Eurídice Velázquez Martínez
Texto: Marlén Castro Fotos: Cortesía de Eurídice Velázquez Miércoles 6 de marzo del 2024 Chilpancingo
Migrar y dominar el castellano son factores determinantes de los liderazgos femeninos en las comunidades indígenas, asegura Eurídice Velázquez Martínez, especialista sobre la participación política de las mujeres en Guerrero.
Eurídice Velázquez egresó de la Maestría en Ciencias Territorio y Sustentabilidad Social del Centro de Investigación y Posgrado (CIPES) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), con la tesis De la subordinación al liderazgo. Los casos de Juventina Ascencio y Antonia Ramírez 2012-2022.
Juventina Ascencio, de la comunidad nahua de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, en la zona Norte, y Antonia Ramírez, también de la comunidad nahua de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en la región de la Montaña, son dos liderazgos femeninos comunitarios a las que unen varias cuestiones en común. Son mujeres que destacaron después de migrar, de dominar el castellano tan bien como el náhuatl y de prepararse profesionalmente.
Antonia Ramírez Marcelino, a la derecha de suéter verde, después de impartir un taller a un grupo de mujeres en Copanatoyac, sobre la construcción de liderazgo en la comunidad.
La especialista halló que los hombres en las comunidades de origen indígena cuando las mujeres tienen estudios profesionales comienzan a tenerles algo de respeto, el que se afianza o crece si dominan el castellano. Para que estas dos situaciones se presenten hubo antes una migración de las mujeres. En el caso de Juventina la migración ocurrió porque buscó mejores condiciones de vida y Antonia salió de su comunidad por una situación de violencia.
La migración generó que estas mujeres tuvieran acceso a observar y conocer otras formas de organización social diferentes a las que existen en sus comunidades. Al migrar también tuvieron la oportunidad de estudiar y junto con ello a hablar un segundo idioma.
La especialista halló que en San Juan Tetelcingo las mujeres tienen una participación más activa en todos los ámbitos de la comunidad, en la vida política y en las cuestiones agrarias, incluso, en las asambleas hay mayor presencia femenina que masculina.
“No siempre fue así. Hace como unos 20 años sufrieron burlas y desprecios de los varones. Cuando empezaron a participar las ignoraban o las callaban”.
La diferencia de la participación de las mujeres en la vida política y agraria en San Juan Tetelcingo la marcó Juventina Ascencio cuando regresó a la comunidad, quien había estudiado en el lugar en el que migró y además hablaba castellano, con el tiempo, Juventina fue una de las mujeres que organizó a las comunidades nahuas del Alto Balsas contra la minería.
Juventina Ascencio en una asamblea en su comunidad San Juan Tetelcingo, municipio de Valerio Trujano
Por su lado, Antonia Ramírez encabezó el movimiento en Ocotequila para que las mujeres votaran en el ámbito comunitario, lo que ocurrió en enero del 2022, porque hasta esa fecha las mujeres no tenían acceso a las asambleas; ahí sólo participaban los hombres.
Antonia Ramírez no sólo consiguió a través de los tribunales que las mujeres votaran al igual que los hombres para elegir al comisario municipal, sino que participó para ser electa comisaria. “Con eso demostró a las mismas mujeres que ellas pueden ejercer en ese doble ámbito, su derecho al voto y a ser electas”.
La especialista estableció en su estudio que en las comunidades indígenas, aunque los hombres ven con cierto respeto a las mujeres que regresan con estudios y hablando el castellano, cuando las ven con posibilidades de liderazgo las comienzan a ver como enemigas y esta situación nunca se desvanece, al contrario, se afianza conforme las mujeres avanzan, por esa razón se dan casos de violencia política en razón de género.
También saltó en esta investigación que las mujeres que asumen liderazgos comunitarios importantes, la mayoría son solteras, sin pareja e incluso sin hijos, porque las tareas de liderazgo son intensas y ocupan mucho tiempo, mientras los hombres con liderazgo sí tienen una familia, en la que la esposa se encarga de la crianza y cuidado de los hijos, situación que los favorece y fortalece en la comunidad.
El cansancio de los diputados durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, era evidente.
Se notaba en los párpados semicerrados de algunos morenistas y en las posturas encorvadas de algunos de la oposición.
El funcionario centró su discurso en las protestas, principalmente del sector educativo.
Fue la priísta Gabriela Bernal Resendiz quien despertó a los otros 35 diputados presentes.
“Destituya al secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña), penoso fue ayer verlo huir de una protesta por unas escaleras; los problemas se enfrentan, no se les huyen”, dijo en tribuna.
El pleno del Congreso de Guerrero, invitados y reporteros de la fuente también salieron del letargo.
En la imagen, la diputada priísta Gabriela Bernal Reséndiz al momento de cuestionar al secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.
Este lunes iniciaron las comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y las comenzó el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
La sesión estaba prevista para las 10 de la mañana, aunque comenzó con una hora y media de retraso, a las 11:45.
La comparecencia se desarrolló de manera tranquila, sin muchos cuestionamientos fuertes, el ambiente en el pleno era tranquilo, la voz baja y calmada que caracteriza al secretario le imprimió ese ritmo.
Los cuestionamientos más importantes vinieron de las y los diputados de la oposición; de la priista Bernal Reséndiz y de los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Carlos Reyes Torres.
Antes, en un discurso que duró 25 minutos, Reynoso Núñez informó al pleno que durante este segundo año de gobierno, se disminuyeron en un 20 por ciento las manifestaciones individuales y colectivas. “Brindamos cobertura en 1, 453 movilizaciones político-sociales”, dijo Reynoso Núñez.
En el tema de los desplazados, dijo, se atienden a 755 familias desplazadas de 11 municipios.
En el tema de los feminicidios y violencia hacia las mujeres, informó que éstos disminuyeron 72 por ciento.
Otro tema que destacó Reynoso Núñez fue el del Transporte Violeta; indicó que hay 98 urvans de este tipo y 150 taxis que dan servicio especial a las mujeres.
La panista Ana Lenis Reséndiz Javier inició la primera ronda de preguntas, de cuatro que fueron, y que se alargó por cinco horas.
El cuestionamiento de la panista fue en torno a la violencia.
“¿Cuál es la estrategia para abatir los índices de inseguridad, en especial ante el inicio de las campañas políticas, que brinde certeza tanto a candidatos como a la ciudadanía en general, así como al gremio de periodistas”, cuestionó la panista.
La diputada priísta y el secretario general de Gobierno en la comparecencia este 27 de noviembre del 2023.
Reynoso Núñez respondió que se trabaja con todos los órdenes de gobierno, y que a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se atienden los reportes de desplazamiento, y agresiones contra periodistas.
Continuó la diputada Leticia Mosso Hernández quien pidió al funcionario explicar las políticas públicas para ayender a las familias desplazadas y cuáles eran las estrategias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Reynoso Núñez dijo que este año no se registraron personas desplazadas porque aseguró, “se atienden todas las causas, incluidas, la seguridad”.
Sobre la violencia contra las mujeres, el secretario dijo que se implementó el transporte violeta y dijo que se tiene un registro de 75 feminicidios en lo que va del año.
Por último, Mosso Hernández llamó al Poder Ejecutivo a redoblar esfuerzos para garantizar la estabilidad y paz social.
Siguió, a nombre de la representación del Partido Verde, la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza, quien se limitó a felicitar a la administración estatal “por los esfuerzos que hacen para sacarlos de la marginación y pobreza”.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jimenez cuestionó al secretario sobre si cuentan con un programa estatal de derechos humanos y sobre las políticas públicas que se implementan.
También pidió fueran públicas las normas a que se sujetan sobre el uso de la fuerza pública en casos de protestas y sobre los avances respecto a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Reynoso Núñez se limitó a contestar que en la Secretaría a su cargo existen direcciones y subsecretarías destinas al apoyo de víctimas de la violencia, desaparecidos, desplazamiento forzado, y agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sobre las protestas, Reynoso Núñez dijo que los elementos de seguridad con equipo antimotin tienen la orden de no llevar armas a las manifestaciones y procurar el diálogo.
El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, fue el primer funcionario en comparecer en el Congreso local con motivo del desglose del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Llegó el turno de la priista Bernal Reséndiz, quien preguntó al secretario sobre la estrategia de atención que se da a 407 familias desplazadas y sí se contempla algún programa de empleo temporal, educación y salud, además de la distribución de canastas básicas.
Fue en ese momento que la legisladora mencionó el desempeño del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.
Reynoso Núñez respondió que se tiene programas de apoyos económicos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que atienden a las personas desplazadas y sobre el titular de la SEG, dijo que se atienden a todas las personas y sectores, y que los secretarios “hacen su mejor esfuerzo”.
Así concluyó la primer ronda de preguntas, en las rondas siguientes los cuestionamientos fueron repetitivos, seguridad, personas desplazadas y violencia contra las mujeres.
Reynoso Núñez se limitó a responder los cuestionamientos sobre inseguridad y violencia contra las mujeres.
Acompañaron al secretario a la comparecencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Flores Morales; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón, o sea, prácticamente todos los altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Tan solo en México, 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia.
Texto: Rogelio Loredo / Animal Político
Fotografía: Animal Político
24 de noviembre 2023
La violencia contra las mujeres con discapacidad es un gran problema en México y a nivel internacional, del cual no se habla lo suficiente. Las circunstancias que enfrentan estas mujeres son poco visibilizadas, lo que complica la forma de encontrar soluciones.
“En cuanto al tema de violencias, las mujeres con discapacidad tenemos muchísimas más probabilidades no solo de vivirlas, sino de, además, no poder escapar”, dice Jen Mulini a Animal MX. Ella es una mujer indígena mexicana con discapacidad, activista, periodista, conferencista y hablante de náhuatl.
Mulini cuenta que las mujeres con alguna discapacidad (a diferencia de los hombres) son víctimas de un cruce específico de circunstancias que las colocan en especial vulnerabilidad ante la violencia y el abuso por su condición de discapacidad y su género.
ONU Mujeres documentó esta problemática a nivel mundial, y señala que las mujeres y niñas con discapacidad están frente a una situación de género y condición, entrecruzada y agravada por estereotipos que generan discriminaciones, especialmente sobre ellas.
Estos estereotipos también son un factor que genera nuevas situaciones de discriminación y violencia.
“No sólo no saben dónde denunciar, sino que muchas veces no saben que están viviendo una situación de violencia”, señala Mulini.
Esta problemática está presente en todo el mundo. Unsplash: Javad Esmaeili.
Pero no solo eso, este tipo de violencias son invisibilizadas. Prueba de ello son los datos específicos que aparecieron en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en 2021.
7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través de su boletín Desigualdad, reconoce una subestimación en las cifras de violencia hacia las mujeres y las niñas con discapacidades y limitaciones, porque ellas no necesariamente pueden responder directamente cuestionarios y la violencia captada por ellas puede ser muy superior a la recopilada por las encuestas.
“Como parte de un proyecto llamado Liderazgos Solidarios, visitamos casas donde no nos dejaban entrar o decían que ahí no vivía nadie con discapacidad”, relata Jen Mulini.
El proyecto que nos cuenta Jen es un ejemplo de que muchas veces estas violencias no necesariamente están reflejadas en las estadísticas.
Sin embargo, los resultados de la ENDIREH sí nos ayudan a dimensionar el panorama de violencia para las mujeres con discapacidad en México.
Las cifras no son del todo precisas porque a muchas mujeres y niñas no las dejan responder cuestionarios relacionados a las violencias. Unsplash: Ryanwar Hanif.
En México hay 22 millones de mujeres mayores de 15 años con discapacidad o limitación y la encuesta realizada cada 4 años por el Inegi identificó que de ellas, 16.3 millones de mujeres del mismo grupo de edad sufrieron algún incidente de violencia en algún momento de su vida.
De ellas, 9.8 millones vivieron violencia en los 12 meses previos a la encuesta que se realizó en 2021.
La encuesta también reveló que las mujeres con discapacidad sufren más violencia que las mujeres sin discapacidad o limitaciones. 72.6% de las mujeres con discapacidad sufrió violencia, frente al 66.7% de las mujeres sin discapacidad.
Es decir, casi 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia.
¡Estos números aumentan al revisar el porcentaje de mujeres mayores de 60 años!
El 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, pero las mujeres con discapacidad en ese rango de edad lo vivieron en 41.5 %.
Eso quiere decir que las mujeres con discapacidad son un grupo con un índice de violencia superior frente a otros grupos de atención prioritaria.
¿A qué tipos de violencias se enfrentan?
Las violencias que enlista la ENDIREH, están catalogadas en física, psicológica/emocional, patrimonial, económica y sexual, mismas que se pueden desarrollar en los ámbitos, escolares, laborales, de pareja, familiares o comunitarios.
Sin embargo, no necesariamente visibilizan todas las violencias a las que son sometidas las mujeres con discapacidad, pues también se enfrentan a situaciones de explotación laboral, mendicidad forzada y la negación de las atenciones que requieren.
Por ejemplo, el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) señala en un informe que a nivel sexual y reproductivo algunas violencias que viven las mujeres con discapacidad están normalizadas, aceptadas y promovidas por la sociedad, como abortos sin consentimiento o anticoncepcion y esterilización forzada.
El CIDIP también destaca que la violencia a las personas con discapacidad permanece oculta e incluso normalizada a causa de los múltiples prejuicios, estereotipos y estigmas.
Faltan espacios seguros y accesibles
Otras situaciones que no son contempladas y no necesariamente se reflejan en las encuestas, son las violencias institucionales de las que también pueden ser víctimas las mujeres con discapacidad.
El informe de CIDIP apunta que hasta un 80% de mujeres con discapacidad que viven en instituciones están expuestas a violencia de personal sanitario, de servicio o cuidadores.
Y si las mujeres intentan salir de ese lugar donde son violentadas, se enfrentan a otro problema: “No hay refugios con accesibilidad para que las mujeres con discapacidad puedan salir de los espacios violentos”, nos explicó Jen Mulini.
“No hay presupuesto para la accesibilidad, no solo las mujeres con discapacidad no pueden comunicarse, no tienen redes de apoyo. Hay un abismo muy grande para que puedan pedir ayuda y si quieren escapar, por parte del gobierno, no hay quien las reciba”, señala.
Jen menciona que incluso el hecho de denunciar se convierte en una experiencia violenta cuando acuden a fiscalías o ministerios públicos que no necesariamente fueron pensados con una mirada inclusiva.
“¿Qué está pasando en la fiscalías? ¿Con qué tipo de servicios cuentan? Si es una mujer con discapacidad motriz usuaria de silla de ruedas, es accesible, pero ¿si es una persona sorda puede llegar un intérprete?”, cuestiona Jen.
Jen Mulini es una periodista y activista a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Instagram: @jenmulini.
¿Qué podemos hacer?
Para Jen Mulini, además de visibilizar la problemática, un inicio sería darle voz a las mujeres con discapacidad y crear redes, entender que difícilmente cuentan con apoyo y debido a eso es menos probable que puedan escapar de la violencia.
Pero además, falta la vinculación de las instituciones con las personas con discapacidad para que los instrumentos como encuestas y políticas públicas estén diseñadas de manera inclusiva.
Y sobre todo, es necesario un cambio social acerca de cómo vemos a las personas con discapacidad, hacer equipo y aprender a enriquecer con la diversidad.
“Si no se vuelve en este ciclo vicioso de la violencia económica, la violencia en las calles, la violencia de pareja… y todas las violencias juntas”, finaliza la periodista.
ONU Mujeres estima que a nivel mundial hay más de 500 millones de mujeres con discapacidad.
Texto: Margena de la O, Rocío Gallegos, Blanca Carmona, Gabriela Minjares, Marlén Castro Pérez, Carlos Arrieta, Charbell Lucio, Carlos López, Miguel León, Óscar Guerrero
Ilustración: Margarita Sousa
30 de agosto del 2023
F. es una mujer joven que, en mayo de 2019, encontró una billetera tirada en la calle, afuera de un casino en el estado de Michoacán.
Ante el hallazgo, ella cuenta que su primer impulso fue buscar alguna identificación del propietario, para contactarlo y devolvérsela. Y sí, la cartera contenía dos identificaciones en las que aparecía el mismo hombre retratado, aunque con nombres distintos, lo que a la joven le pareció extraño.
Por eso abandonó la idea de regresar la billetera personalmente y, en cambio, se aproximó al policía que cuidaba el acceso al casino, para pedirle que la entregara a su dueño en caso de que la requiriera.
Devolver ese artículo de uso personal fue un acto de buena fe, de honestidad, pero un día después, cuando el dueño de la cartera tocó a la puerta de su vivienda, F. comenzó su largo arrepentimiento.
Ver a ese hombre desconocido fuera de su casa, cuenta F., “me alarmó, ya que desconozco cómo conoció mi domicilio… él me dijo: ‘Soy la persona a la que le dejaste la cartera, ¿te puedo invitar a salir, para agradecerte?’. Y yo le dije ‘no, gracias, no me interesa conocerlo’… entonces esa persona dijo que le gustaba mi camioneta y que iba a ser de él, mi camioneta estaba estacionada afuera de mi casa y se acercó al cristal del copiloto, le dio un golpe con algo y lo quebró. Luego se fue.”
A partir de entonces, F. sufrió el acoso de esa persona, a la que describe como un hombre obeso, bajo de estatura, con bigote y cabello muy corto, que comenzó a acudir reiteradamente a su vivienda para dejarle notas escritas en trozos de papel. Sin saber la joven cómo, esa persona también obtuvo su teléfono para hostigarla con mensajes de texto y llamadas, en una de las cuales, recuerda ella, “me dijo que a él nadie lo rechazaba, que tenía mucho dinero, que cómo una puta vieja como yo lo iba a rechazar”.
F. decidió entonces presentar una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán. Pero así como salió de las oficinas de dicho organismo, la joven recibió una nueva llamada de su agresor, quien le advirtió que ya estaba enterado de lo que acababa de hacer.
La joven comenzó entonces a sospechar que su acosador gozaba de un trato especial por parte de las autoridades de seguridad de Michoacán, que le proporcionaban información confidencial que él usaba para hostigarla. “Cambié de teléfono una y otra vez –recuerda–. Y teléfono que yo registraba en Fiscalía, para que pudieran contactarme, era teléfono que esa persona conseguía… se lo daban ahí.”
Esa complicidad entre las autoridades y su acosador la confirmó meses después, en agosto de 2020, cuando un grupo de policías estatales la abordó mientras abría la puerta de su casa.
Tras ponerle una navaja en el cuello, esos policías le advirtieron que estaban ahí por encargo de la persona a la que ella había denunciado y que su instrucción era matarla. Luego, la introdujeron a golpes a su propia vivienda.
“Me dañaron –narra F.– me hicieron mucho daño físicamente y psicológicamente… son cosas muy difíciles de contar para mí… me quebraron tres costillas, me dejaron coágulos en el cerebro (por los golpes)… me violaron”.
F. fue abandonada inconsciente dentro de su vivienda, luego de que los policías agresores la creyeran sin vida. Pero no: aunque con secuelas graves, ella sobrevivió al intento de feminicidio y hoy está lejos de su ciudad natal, puesto que, aun cuando denunció los hechos, los policías agresores siguen en el cargo y el hombre que la hostigaba, que los mandó a matarla, nunca fue investigado.
Sin que sea una cifra definitiva, sino sólo una muestra de un universo no determinado de casos, a través de una búsqueda documental y hemerográfica, durante esta investigación fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que, al cobijo de la estrategia conocida como “guerra contra el crimen organizado”, ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad. Tan amplia, que en ella caben actos criminales.
De esas 222 víctimas, nueve lograron sobrevivir, F. es una de ellas.
En el resto de los casos identificados, la violencia ejercida por la autoridad terminó en la muerte de las víctimas, en su desaparición e, incluso, en el extraño y cruel limbo que se abre entre ambos tipos de crímenes.
El abanico de violencia
Los casos identificados como parte de esta investigación evidencian que la violencia de las autoridades en contra de mujeres, en el marco de la guerra contra el crimen organizado, se ejerce como una demostración de poder y dominio sobre los cuerpos de las víctimas, así como sobre los territorios cuyo control reclaman los integrantes de las fuerzas públicas y, de esa forma, sobre las vidas de sus habitantes.
Los 222 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de mujeres identificados en esta investigación ocurrieron en el marco de operaciones para prevenir la acción de grupos delictivos, lo mismo que en contextos de complicidad con dichos grupos.
Además, el permiso tácito del Estado para que estas formas de violencia de género se practiquen, también traslada su ejercicio a otros ámbitos de la vida de los integrantes de corporaciones oficiales de seguridad, como sus casas, sus barrios y sus comunidades, es decir, a la vida de otras personas que terminan siendo víctimas del abuso de poder de los agentes agresores, fuera de acciones institucionales.
Ejecuciones y desapariciones de mujeres a manos de organismos de seguridad estatales y federales 2006-2022 *
Tipo de crimen
Supuestos actos preventivos
Complicidad con la delincuencia
Represión
Abuso de poder
Supuesta imprudencia de la víctima
No identificado
Asesinato/Ejecución
66
39
7
51
4
4
Asesinato/Ejecución (tentativa)
5
2
2
Desaparición
16
15
1
2
Desaparición (temporal)
8
1
Total
95
57
7
54
4
6
*Muestra obtenida a partir de registros identificados en fuentes públicas, no es el total de casos
En noviembre de 2020, por ejemplo, Susana Cerón Zenteno, de 33 años de edad y empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue raptada presuntamente por su pareja sentimental, el policía estatal Efrén Hernández Romero, al que meses antes había conocido en la misma corporación.
“Llegaron a la casa –narra su mamá, la señora Susana Zenteno–, entonces él empezó a pelear con ella, ella se metió a la casa, dejó su celular y este hombre entra, lo agarra, y ella le dice ‘dame mi celular’. Y este hombre se baja las escaleras y ella lo alcanza, pero él ya estaba en su camioneta. Entonces no le quiso dar el celular, ella abrió la puerta de la camioneta y él la jaló, cerró y se arrancó. Desde ese momento ya no supimos nada. Nada ya.”
Aunque el rapto fue denunciado, las autoridades de Puebla no emprendieron ninguna acción para localizar a Susana, ni siquiera por ser empleada de la policía estatal, ni tampoco al agente que la privó de la libertad. “No la buscaron –recuerda su madre, con frustración–. No hicieron nada, la verdad.”
Doce días después, el cadáver de la joven madre fue encontrado en un lote baldío, con signos de tortura. Según los estudios forenses, su agresor la mantuvo con vida durante al menos ocho días y luego la asesinó, por lo que una búsqueda expedita de las autoridades hubiera tenido altas posibilidades de rescatarla con vida. Pero no fue así.
“Ella era una muchacha muy alegre, nunca fue una persona problemática –recuerda su mamá, quien quedó a cargo de las tres hijas de Susana–. Ella era una buena mamá también, ¿por qué no voy a decirlo? Siempre fue una buena madre. Trabajaba siempre para sus hijas. Cuando pasó lo que pasó, la más niña tenía 5 años, la otra tenía 9 y la otra niña tenía 11… Ella era el sostén de la casa.”
En enero de 2021, dos meses después del feminicidio, el presunto agresor fue detenido en Chiapas, con papeles de identidad falsos con los que pretendía salir del país. Sin embargo, el cadáver de su víctima no fue suficiente prueba de su crimen y durante los siguientes dos años el agresor sólo enfrentó cargos por desaparición.
No fue sino hasta marzo de 2023, más de dos años después del asesinato de Susana, que el Ministerio Público logró que el delito de feminicidio fuera también incluido en el juicio que hasta la fecha se sigue contra ese policía.
Tal como informaron las fiscalías de justicia de todo el país, en respuesta a solicitudes de transparencia formuladas como parte de esta investigación, desde 2006 han sido procesados penalmente 51 agentes de fuerzas estatales o federales por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.
Sin embargo, los registros administrativos en materia penal que difunden los tribunales de justicia de todo el país, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que las fiscalías sólo reunieron evidencias suficientes para iniciar juicios penales contra tres uniformados, por feminicidios cometidos entre 2006 y 2019 (último año reportado). Contra el resto no se fincaron cargos ante ningún tribunal.
De esos tres agentes contra los que sí se inició juicio, ninguno de ellos había recibido sentencia, hasta la última actualización que las autoridades realizaron a dichos datos.
Silenciadas
A Eva Alarcón se la llevaron en 2011, cuando tenía 43 años de edad. Fueron policías de la Fiscalía de Justicia de Guerrero, que operaban en contubernio con el crimen organizado, y lo hicieron en represalia por la lucha que ella libraba en defensa de los bosques de la sierra de Petatlán, valiosos para los grupos de poder que dominan dicho estado por su madera, por la posibilidad de sembrar enervantes en las tierras taladas y por servir como ruta segura para el trasiego de drogas y armas.
Los policías se la llevaron junto con su compañero de lucha Marcial Bautista, con el que viajaba en un autobús de pasajeros hacia la Ciudad de México, donde ambos sostendrían una reunión con legisladores federales para analizar, entre otros temas, el incremento de las extorsiones del crimen organizado contra pobladores de la sierra.
El caso de Eva muestra la forma en que la violencia es empleada para interferir y controlar la vida de comunidades enteras.
“Mamá estudió hasta tercero de secundaria –recuerda Coral Rojas Alarcón, su hija–. Ella decía que (durante) todo su crecimiento tuvo hambre, no tenía para comer, había mucha pobreza y le costó mucho salir adelante. Pero desde muy pequeña fue muy lista: aprendió a hablar inglés perfectamente, era muy buena con los números y con los negocios y a los 15 años fue gerente de Hotel Cristal en Ixtapa-Zihuatanejo, tenía una inteligencia muy amplia, leía demasiado y en otros idiomas… Era una mujer muy libre y muy controvertida, siempre andaba haciendo revoluciones por todos lados.”
Desde que fueron privados de la libertad, ambos están desaparecidos. Y si se sabe lo ocurrido, de hecho, es gracias a la inteligencia de Eva, ya que antes de que los policías la obligaran a bajar del autobús, ella logró esconder su teléfono celular y hacer señas a otra pasajera para que lo recuperara.
Momentos después, esa señora usó el teléfono para comunicarse con Coral y avisarle de lo ocurrido, lo que permitió rápidamente identificar testigos de los hechos y, después, ubicar y detener al grupo de policías ministeriales, municipales y miembros del crimen organizado que cometieron el crimen.
Hasta la fecha, sin embargo, ninguno de los procesados ha querido revelar el paradero de Eva y Maciel. Dicen que los mataron, pero la prueba definitiva de ello, sus cuerpos, no han sido localizados.
“En Guerrero es común que participe gente del Estado en este tipo de crímenes, pero es muy difícil comprobarlo –advierte Coral–. Pero conmigo, pues, fue diferente porque tengo detenidos que comprueban que el Estado participó (en la desaparición de Eva y Marcial). Es un gran paso, es un gran avance haberlo logrado, haber comprobado que la misma policía estuvo involucrada, pero ¿de qué te sirve tener tanta gente detenida si a tu familiar no lo has encontrado? El objetivo es encontrar a tu familiar y si no lo encuentras es que no es bueno lo que tú has hecho, tu búsqueda no tiene final.”
Sin ser una enumeración total, sino sólo una muestra ejemplificativa, en esta investigación se identificaron siete casos de asesinato y desaparición de mujeres, en represalia por su participación en movimientos políticos o en protestas civiles.
En 2020, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el vehículo en el que viajaban Jéssica Silva Zamarripa y su esposo Jaime Torres Esquivel, ambos agricultores, tras participar en una manifestación en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, de la que autoridades federales pretendían tomar agua, para pagar cuotas a las que México está obligado, por el Tratado de Aguas Internacionales establecido con Estados Unidos en 1944.
Tras la manifestación, en la que hubo jaloneos entre campesinos y uniformados, ambos bandos se retiraron de la presa, aunque usando la misma carretera, por lo que, en un momento en que la caravana de la Guardia Nacional interceptó a la de manifestantes, los agentes abrieron fuego.
“La verdad yo no sentí los disparos –recuerda Jaime–, yo no sentí nada, yo cuando menos pensé, ya estaba ‘disparado’. No oí disparos, uno me pegó aquí atrás del oído y me imagino que ese fue el que me dejó aturdido, ni lo sentí… pero sí estaba consciente. Luego Jéssica me habló, ella, porque me dispararon primero a mí, y me dijo que me habían disparado, pero de ahí en más ya no la volví a ver, fue cuando le dispararon a ella.”
Jéssica, de 34 años, murió de forma instantánea por un disparo que le entró por la nuca y se alojó en su tórax.
Inicialmente, la Guardia Nacional afirmó que sus elementos “repelieron una agresión” y seis elementos de la corporación fueron procesados, pero sólo a uno se le fincaron cargos por homicidio. Hasta la fecha, permanece sin sentencia.
El limbo
Susana Tapia Garibo fue secuestrada en 2016, cuando tenía 16 años de edad. La adolescente había salido junto con otros cuatro amigos varones, para festejar el cumpleaños de uno de ellos y, luego de la celebración, se detuvieron a desayunar en un puesto de la carretera. Ahí fueron interceptados y secuestrados por elementos de la policía estatal de Veracruz.
“Había terminado la secundaria y ella decía que quería estudiar para ser veterinaria –recuerda su mamá, Carmen Garibo–. Después dijo que no, que iba a ser una ingeniera petroquímica, pero que ella iba a estudiar.”
El video de una cámara de seguridad muestra el momento en que una patrulla de la policía estatal alcanzó a los jóvenes. Y, luego, otra cámara los captó ya detenidos, a bordo de la patrulla, mientras detrás de ellos va un policía conduciendo el auto en el que las víctimas se transportaban.
“Desde esa fecha ya no los hemos visto –dice la señora Carmen– y pues la verdad ha sido un tiempo muy difícil, muy feo para nosotros porque pues, día a día, es estar con este dolor… Es algo que, así pasen los años, a mí nunca va a dejar de dolerme: recordar a mi hija.”
Para eludir los cuestionamientos que este rapto generó dentro y fuera de Veracruz, luego de que la prensa difundió los videos que probaban la responsabilidad de la policía, las autoridades estatales primero fingieron la localización sin vida de las víctimas, aunque estudios forenses demostraron que los restos presentados inicialmente por las autoridades no eran de origen humano, sino de animales.
Después, al quedar evidenciada esta fabricación, las autoridades de Veracruz decidieron revelar el lugar donde Susana y sus amigos, supuestamente, fueron ejecutados: un rancho en el que estaban enterrados cientos de fragmentos óseos, de un número indefinido de personas asesinadas por miembros del crimen organizado y por policías cómplices.
La realidad, sin embargo, es que ahí sólo se localizó una mancha de sangre y un hueso, que correspondían a dos de los jóvenes secuestrados. Pero de Susana y sus otros dos amigos no se han identificado restos que comprueben su fallecimiento, hasta la fecha.
A pesar de ello, con la presentación de esa fosa clandestina, los gobiernos estatal y federal dieron por localizadas sin vida a las cinco víctimas y concluyeron sus investigaciones.
Así, para la autoridad, Susana no está desaparecida sino muerta. Pero para su mamá, ella no está muerta, sino desaparecida.
Susana es y no es ambas cosas, al mismo tiempo.
“Nosotros –señala la señora Carmen– no obtuvimos nada. Pero las autoridades dijeron ‘pues ya, el caso se tiene que cerrar’ y, pues, ¿qué hace uno?… Nosotros hubiéramos querido que hasta la fecha anduvieran buscando a los muchachos… Ha sido muy difícil, sólo con el hecho de estarlo hablando, es algo que duele.”
De los 222 asesinatos y ejecuciones de mujeres, atribuidos a agentes estatales y federales durante el tiempo que ha durado la guerra contra el crimen organizado (e identificados en esta investigación), al menos 57 casos fueron perpetrados por dichas autoridades, en mancuerna con el crimen organizado.
Eso quiere decir que uno de cada cuatro casos de asesinato o desaparición de mujeres a manos de autoridades fueron cometidos en un contexto de complicidad con grupos criminales.
En contraste, en el caso de los hombres víctimas de este mismo tipo de hechos, esa proporción es mucho menor: sólo uno de cada diez fue atacado por autoridades en complicidad con grupos delictivos.
Eso, lamentablemente, significa que cuando las autoridades se coaligan con organizaciones criminales para atacar a la ciudadanía, la probabilidad de sufrir esta violencia es 150% mayor para las mujeres, que para los hombres.
Más de 200 mujeres en México han sido víctimas de fuerzas de seguridad. Ilustración: Margarita Sousa @yue.ms
Fotografía: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
Chilpancingo
Ante la falta de acceso a la información y servicios del aborto en la Costa Chica de Guerrero, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres comenzó hoy una campaña de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo que alcancen a las comunidades y lugares más alejados de la región con un enfoque cultural.
Esta campaña se denomina Tu decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos inició este mediodía en Ometepec, en la Costa Chica.
Como primera acción de esta campaña en Ometepec, que realiza de manera independiente la Red, pintaron un mural donde plasmaron información sobre el acceso a servicios de la interrupción del embarazo.
Datos de los lugares donde las mujeres pueden acudir a solicitar la interrupción del embarazo como el hospital IMSS Bienestar de Ometepec y el Centro de s
Salud de la comunidad, además de números de teléfono para que las mujeres «en capacidad de gestar» puedan recibir acompañamiento por si les niegan el servicio.
Con este tipo de acciones, la Red pretende acercar la información relacionada al acceso a un aborto seguro gratuito y sin discriminación, esto porque, denunciaron la integrantes, las instituciones estales no cumple con el derecho a la información sobre este derecho.
«Nos preocupa que el Estado no haya llevado a cabo campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo que alcancen a las comunidades y lugares más alejados de nuestra región y que tengan pertinencia cultural», mencionó durante la inauguración del mural la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón.
Aun cuando el aborto es legal desde el 17 de mayo del 2022, la Red considera que muchas mujeres enfrentan barreras para acceder a los servicios de salud para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.
El mural fue pintada a dos cuadras del zócalo de Ometepec, para que sea visible para todas las mujeres.
A las activistas les fue difícil hallar un espacio para el mural porque aún existen diversos estigmas y opiniones de la población de Ometepec en contra del aborto.
«La idea es llegar a otros espacios, a otras regiones. Queremos informar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar sobre el derecho (al aborto) que ya existe en Guerrero, porque ya hay una garantía legal, pero no queremos que quede solamente en el papel», mencionó Candela Garzón.
Esta campaña tiene como objetivo prestar atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios debido a barreras culturales y lingüísticas.
Esta campaña de la Red es a nivel estatal; el pasado 5 de junio iniciaron una en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero.
A un año del doble feminicidio de las hermanas Kenia y Avelina Olivares López, la Fiscalía General de Estado (FGE) no ha ejecutado la orden de aprensión contra el presunto responsable, Fernando Reyes Olivos, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Kenia estaba casada con Fernando. Tenían tres hijos. Ella había denunciado que sufría maltrato por parte de Fernando, pero ninguna autoridad le garantizó su integridad y protección.
El 26 de julio del 2022, Kenia y Fernando habían discutido; él la corrió de su casa y se dejó a su hija menor. Kenia decidió refugiarse en casa de su hermana Avelina, en la comunidad de Tlaquetzalapa, municipio de Copanatoyac, en la Montaña.
Kenia le dijo a Avelina que no tenía intenciones de dialogar con Fernando porque ya lo conocía; era una persona violenta.
Esa noche del 26 de julio, Fernando llegó a la casa de Avelina acompañado de otros hombres, trató de llevarse a Kenia pero ella se resistió.
Al ver los jaloneos y la discusión, Avelina intentó ayudar a su hermana y defenderla de Fernando, pero él le disparó con una arma de fuego y la asesinó.
Después de presenciar esa escena, Kenia se escondió en la cocina, pero Fernando la vio y le disparó. Kenia y Avelina murieron al instante.
Ya pasó un año de este doble feminicidio y aún no hay justicia para Kenia y Avelina, denunció la abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, Neil Arias Vitinio.
La abogada mencionó que existen todas las pruebas necesarias para que Fernando fuera arrestado y condenado por el doble feminicidio, pero por el tráfico de influencias no ocurrió.
Fernando es hijo del ex alcalde priista de Copanatoyac, Enterbio Reyes Bello, por lo que suponen está refugiado en ese municipio.
La orden de aprensión fue emitida tres días después del doble feminicidio, el 30 de agosto del 2022 y la FGE, desde entonces, no la ejecuta.
«En Tlachinollan tenemos a la fecha nueve órdenes de aprehensión vigentes por el delito de feminicidio, tenemos desde el 2014 hasta el 2022 estas órdenes. Hay una falta de voluntad política que ha tenido la Fiscalía para poder ejecutar estar órdenes de aprehensión», dijo Arias Vitino.
Ante la negativa de la FGE de ejecutar la orden, Tlachinollan, que da acompañamiento legal a la familia de Kenia y Avelina, promovió un amparo el 23 de septiembre.
El 31 de marzo del 2023 el juez de control falló a favor de la familia de las víctimas y ordenó a la FGE ejecutará la orden, pero hasta la fecha dicha instancia no informa sobre sus acciones para cumplir con la determinación del juez.
«En la vía de los hechos no se materializa, no han realizado acciones mínimas para la búsqueda y captura de esta persona», mencionó Baldomero Díaz Salazar, abogado de Tlachinollan.
En este año Tlachinollan ha registrado tres feminicidios en diferentes municipios de la Montaña, tampoco han sido resueltos.
«Muchos feminicidios se están cometiendo aquí en la región desafortunadamente los testigos que ven estos hechos tan atroces, tan aberrantes, son los hijos», agregó Arias Vitino.
De acuerdo con Díaz Salazar, la FGE sólo responde al juez de control mediante oficios que realizan operativos y retenes en las inmediaciones de Copanatoyac, pero al momento de solicitar informes de dichas operaciones se las niegan; cree que no hay acciones para localizar a Fernando.
Marcha para exigir justicia por el doble feminicidio de Kenia y Avelina, en Tlapa de Comonfort el 28 de agosto del 2022.
La Barra Feminista nació en el contexto de la pandemia y se ha mantenido como un espacio seguro para las mujeres que aman el futbol
Texto: Adrianelly Hernández / Lado B
Fotos: Cortesia Barra Feminista
Ciudad de México
La lluvia no silenció las consignas ni ahuyentó a las camisetas moradas que comenzaron a reunirse en la explanada del Estadio Azteca. Sobre Calzada de Tlalpan, cientos de personas corrían entre charcos y puestos atestados de camisetas americanistas, en medio de aquello estaban ellas, decenas de mujeres con lienzos y banderas moradas, algunas con playeras amarillas, pero todas con un común denominador: ser la Barra Feminista, ese grupo que nació en el contexto de la pandemia y se ha mantenido como un espacio seguro para las mujeres que aman el futbol.
Dentro del estadio, las banderas feministas de la Barra ondeaban en la parte baja de la cabecera norte, el espacio que el club América destinó a este grupo de animación. El futbol sin violencia ganó terreno en una noche histórica. «¡Ahí están las de la Barra Feminista!», «se alcanza a ver el ‘si gana una, ganamos todas’», se escuchaba decir en las gradas, entre las más de 58 mil personas que acudieron a la cita entre Águilas y Tuzas para la gran final.
La invitación de América, la apertura a una afición sin violencia
El pasado 5 de junio se estableció un nuevo récord de asistencia en el futbol femenil mexicano: 58 mil 156 personas presenciaron el segundo campeonato de América, en un contundente 4-2 sobre las Tuzas del Pachuca. Entre las asistentes se encontraba la Barra Feminista, un grupo de mujeres que surgió en 2020 para apoyar a las jugadoras, un apoyo sin distinción de colores, pero con el objetivo de enfatizar que la sola presencia de mujeres en las canchas es hacer añicos otro techo de cristal, de esos que frenan su desarrollo en distintos ámbitos.
Lo especial de la presencia de la Barra el pasado 5 de junio fue que por primera vez un club, en este caso el América, abrió las puertas para que acudiera al partido como grupo de animación, una meta alcanzada si se considera que en distintos estadios ha sido señalada o se ha obstaculizado su presencia.
«El acercamiento con América se dio mediante un correo electrónico que enviamos a Claudia Carrión, le dijimos qué hace la Barra y le contamos las complicaciones que tuvimos la final pasada para poder estar juntas por la numeración de los boletos, lo que complicó nuestra logística (…) la intención de este proyecto es el acompañamiento seguro en los espacios, lo que implica que estemos todas juntas y no siempre podemos hacerlo», explicó Pilar Tlatempa, una de las coordinadoras de la Barra, quien narró cómo se acercó a la directora deportiva de las Águilas del América.
“Al día siguiente recibimos una llamada por parte de Sandra, la encargada de ‘grupos y porras’ del club y nos comentó que estaban interesadas en que América Femenil tuviera su propia afición y abrirle la puerta a otro tipo de aficiones”, añadió Pilar.
Ella y el resto de coordinadoras de la Barra Feminista lanzaron la convocatoria mediante los chats privados del grupo, para poder organizar a quienes se sumarían a esta invitación, la primera que un club les ha hecho en poco más de tres años de existencia, por lo que también representó un reto.
La experiencia para las integrantes de la Barra es descrita como positiva, sobre todo porque pudieron estar en conjunto y disfrutar de un futbol sin violencia, tal como lo explican los principios del grupo; no obstante, el contexto sigue dejando en duda cuánto falta por hacer para cambiar el concepto que se tiene de las aficiones y sobre todo de las barras en el futbol, así lo explica Pilar:
“Nos toca reflexionar qué tipo de relación queremos tener con los clubes, porque aunque Claudia y Sandra entienden cuál es la esencia y el objetivo de la barra, a nivel estructural, las barras y porras somos vistas como peligrosas, por ende, los protocolos de seguridad terminan siendo violentos, como el hecho de estar rodeadas de granaderas, la revisión exhaustiva al entrar al estadio, medidas extremas que toman con las personas equivocadas (…) entendemos que esta lógica apela a las prácticas violentas de las barras y grupos de animación en los últimos años, pero tocará dialogar para que estos protocolos puedan modificarse con base en las características de cada grupo, como en este caso nosotras”.
A tres años de la Barra Feminista
«Es que no pueden entrar como Barra», fue el comentario que recibieron en el Estadio Olímpico, el 14 de marzo de 2020, cuando acudieron organizadas por primera vez a un juego de la Liga MX Femenil, al Pumas contra Cruz Azul del torneo Clausura 2020, que además era el primero de las universitarias en el estadio, sin embargo sí les permitieron la entrada en grupo y, aunque las mandaron a la parte alta del recinto, ese fue el histórico día de su debut.
En medio de aquel juego, la Barra Feminista lanzó sus primeras consignas: “¡futbolista, hermana, aquí está tu manada!”, “¿en dónde están, en dónde están los directivos que van a pagar igual?”, mensajes que llamaron la atención del resto de asistentes y de medios de comunicación que retomaron su presencia:
“Desde minutos previos al partido se podía observar a diversas mujeres que portaban en las muñecas el símbolo de la lucha feminista, es decir, el icónico pañuelo verde”, publicó el portal ContraRéplica; “Colectivo feminista se manifiesta en juego de la Liga MX Femenil”, tituló Mediotiempo.
Luego del debut la pandemia detuvo al futbol femenil durante varios meses y la presencia de afición en los estadios. Sin embargo, cuando fue posible el regreso, la Barra Feminista se encontró con que ingresar en grupo a las tribunas no sería sencillo. La imposibilidad de que las integrantes se sentaran juntas, el no poder mostrar lienzos con consignas feministas o portar la camiseta morada que las identifica fue una constante.
Y es que sin conocer cuál es la dinámica de la Barra Feminista (futbol sin violencia y apoyo sin distinción de colores), las autoridades de los distintos estadios del país toman medidas bajo el precepto de que una Barra representa conflicto y violencia, aunque estas mujeres lo combatan.
En el estadio Nemesio Díez, para el partido entre México y Puerto Rico del 12 de abril de 2022, la seguridad impidió que varias integrantes de la Barra entraran con sus camisetas moradas, les pidieron cambiarlas o cubrirlas con chamarras. ¿La razón? No pudieron explicarlo, no con algún reglamento o artículo que lo estipulara, pues aunque la Liga MX tomó medidas a partir del altercado entre barristas de Gallos y Atlas en el estadio Corregidora de marzo de ese año, la aplicación en casos de futbol femenil quedó incierta.
Otra situación vivida en el Estadio Hidalgo fue impedir que mostraran sus lienzos, los cuales tienen frases como “si gana una, ganamos todas”, “barra feminista”, “futbol sin violencia”, no obstante, el cuerpo de seguridad decidió vigilarlas, con el prejuicio de que algo violento podría suceder.
Por otro lado, no solo son los cuerpos de seguridad de los estadios los que obstaculizan la presencia o expresiones de la Barra Feminista, también han recibido agresiones verbales o abucheos por parte del resto de la afición, que al verlas con colores distintos a sus equipos, las considera enemigas, además de que la presencia de un grupo de mujeres en un territorio considerado masculino, como el futbol y los estadios, es señalado y visto como ajeno.
Avanzar con el mismo latido del feminismo
Shelma Cerrillo es parte de la Barra Feminista prácticamente desde su primera aparición. La describe como una comunidad segura en la cual las mujeres pueden compartir su afición por el futbol, pero donde también se comparten valores e ideologías relacionadas con la exigencia de mejores condiciones para las jugadoras.
Gracias a una invitación por whatsapp, Shelma pudo integrarse al chat privado, donde se comparte información y se organizan las idas a los estadios. “Vi a la Barra Feminista en el Estadio Olímpico el 14 de marzo, cuando las escuché gritando consignas que me hacían sentido y las vi con sus pañuelos verdes y playeras moradas, me sentí identificada, yo llevaba una manta, porque aún tenía el ímpetu de la marcha del 8M que había sido días atrás; me sentí identificada por la exigencia de mejores salarios y porque se nombraron feministas (…) ese día me acerqué y me uní a sus porras, ese es mi primer recuerdo con ellas”.
Acerca de la invitación de América al Estadio Azteca, Shelma destaca que les favoreció el no tener complicaciones para entrar juntas al partido. “Esto ayudó a que otras compas se animaran a ir con nosotras porque buscan un espacio seguro y eso buscamos en la Barra”. Para Shelma, la invitación del club azulcrema es un logro, ya que al estar juntas, sus voces pudieron escucharse más. “No solo nuestras voces, sino los mensajes, los cuales queremos que lleguen a más personas, la única forma de conseguirlo es teniendo cada vez más mujeres en la Barra, más presencia en los estadios”.
Sobre las sensaciones de vivir esta experiencia en el Azteca, con el récord de asistencia y en una final inédita, Shelma lo cuenta así: “es indescriptible, sucedió en uno de los estadios más importantes a nivel mundial, en una final inédita, por primera vez con una final de vuelta en Cdmx, también fue nuestra primera vez haciendo nuestras banderas (…) fue muy emocionante, me quedo con un gran sabor de boca, aunque hay otras cosas que hay que reflexionar”.
Shelma se refiere a lo mencionado anteriormente por Pilar: la seguridad extrema, el que encapsulen a las barras con granaderas y también que al estar en la zona de grupos de animación, se encontraban junto a la Monumental y a la Imparable (grupos de apoyo a América Femenil), pero al no compartir las mismas prácticas, se sintieron en riesgo.
“Nosotras gritamos consignas a favor de ambos equipos, eso puede incomodar a las barras locales, por apoyar a las rivales (…) festejamos el gol de América y también el de Pachuca y eso es algo que la gente no lo entiende tan fácil (…) aunque éramos un gran número, no era tan fácil hacernos escuchar, ya que las otras barras eran más grandes, hasta cierto punto, pensamos que puede llegar a ser peligroso convivir con ellas”.
Hackear el concepto de ‘barra’
El concepto de ‘barra’ se refiere a un grupo de personas que comparte ciertas características, que apoya a un club y que, por lo tanto, se considera un colectivo.
Además de ello, distintas líneas de investigación social señalan que las barras encarnan lo que la sociedad identifica como transgresiones, vandalismo y conductas fuera de la norma, lo que incluye actos violentos y agresivos contra “el otro” o “la otra”, es decir, aquellas personas que no son “de mi equipo”.
Sin embargo, la Barra Feminista va en contra de todo ello, y aunque usa el concepto de ‘barra’, es un hackeo a la palabra para demostrar que se puede ser barrista sin caer en la necesidad de humillar o violentar a quien está enfrente.
De acuerdo con autoras como Luisa Miranda, Ingrid Urrego y Diana Vera, las barras entran en el imaginario social como un espacio de identidad colectiva, cuyas expresiones son simbólicas y en las que no hay respeto por la diferencia, es decir, existe una enemistad o rivalidad hacia ‘el otro’, en este caso, el equipo de frente y su afición, lo que suele generar actos de violencia, pero la Barra Feminista ‘hackea’ este concepto y si bien dentro de ella hay mujeres que apoyan a América, Pumas, Chivas, Pachuca, Rayadas o Tigres, pueden convivir sin inconvenientes porque el objetivo del colectivo es apoyar a todas las mujeres que participan en el futbol.
“La esencia de la Barra Feminista es generar un espacio de sororidad, un espacio seguro, donde hay empatía por la otra, por las rivales, un espacio en el que se busca apoyar a las futbolistas, resaltar las desigualdades no solo salariales sino de las condiciones que tienen, la esencia de este grupo es de lucha y unión”, lo explicó Shelma Cerrillo.
La Barra Feminista ha venido a cambiar el paisaje de la afición al futbol femenil y a resignificar el concepto de barra, para alejarlo del prejuicio de violencia y humillación a las rivales, para convertirlo en un lugar en donde “otro futbol es posible”.
Esta nota fue publicada originalmente en LADO B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.