Datos de activistas y oficiales respecto a feminicidios son dispares

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amapola Periodismo 

Chilpancingo

 

En Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este año se registraron ocho casos de muertes dolosas con presunción de feminicidio, mientras que asociaciones feministas indican que van 93.

Es decir, los datos oficiales sobre presuntos feminicidios en la entidad son rebasados por mucho por los de asociaciones feministas.

De acuerdo con datos del Monitor de Violencia de Género y de Feminicidio-Guerrero, que genera la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres A.C. (Acgcvim), de enero a octubre de este año, ocurrieron en el estado 93 muertes dolosas con presunción de feminicidio.

En tanto, los datos del SESNSP mencionan que de enero a septiembre van ocho casos.

De estos datos se indica que el mes de octubre registró el mayor número de presuntos feminicidios, con 14 casos registrados.

El municipio de Acapulco es el primer lugar en muertes dolosas con presunción de feminicidio de acuerdo con este registro, con 28 homicidios.

Le siguen Chilpancingo con 15 casos e Iguala con 10.

Con los datos presentados en el registro, se muestra que el año 2018 fue el año con mayor número de muertes dolosas con presunción de feminicidio en la entidad. Se registraron 235 feminicidios.

Los datos del SESNSP colocan al estado de Guerrero en el lugar 25 a nivel nacional de 32 estados. Si se tomaran en cuenta los 93 feminicidios que registra el Monitor de Violencia de Género y de Feminicidio Guerrero, la entidad estaría en el segundo lugar detrás del Estado de México que registró 101 casos.

El informe sobre violencia contra las mujeres del SESNSP, expone que en Guerrero por cada 100,000 mujeres ocurren 0.42 presuntos feminicidios.

Los datos que presenta el SESNSP se realizan con información de las fiscalías locales.

Aunque el Secretariado Ejecutivo reconoce los 93 homicidios contra mujeres, solo ocho son catalogados como presuntos feminicidios. Los 86 restantes los contabiliza como homicidios dolosos contra mujeres.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, este día las instituciones gubernamentales realizan actos políticos para reafirmar su compromiso con las mujeres.

Las políticas para erradicar la violencia en esta entidad que por primera vez en la historia es gobernada por una mujer no dan resultados.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda prometió que “Guerrero será un santuario para las mujeres”.

La violencia contra las mujeres en Guerrero se da en diferentes tipos, no solo es violencia física. También ocurre en mujeres que tienen puestos de poder y esto se conoce como violencia política de género.

Tal es el caso de Selene Sotelo Maldonado, presidenta municipal de Xalapatláhuac, quien denunció en el conversatorio Mujeres gobernando municipios, organizado por el Congreso local, que es víctima de este tipo de violencia.

“Quiero decirles que hoy yo sufro violencia en razón de género, que llevo más de un año fuera del palacio municipal de donde fui expulsada a balazos, a golpes”, comentó Sotelo Maldonado.

Explicó que su contrincante en las elecciones de 2021, Edmundo Gallardo Delgado, mandó a cerrar el Ayuntamiento con policías comunitarios que impiden su entrada desde hace un año.

Gallardo Delgado es el candidato perdedor de esa elección.

“Espero que la gobernadora que es mujer igual que yo, vea ese municipio y nos apoye. Le pido también a mis compañeras legisladoras para que pongan los ojos en Xalpatláhuac ante esta violencia contra las mujeres”.

 

Sin hablar sobre feminicidios, compareció la titular de la Secretaría de la Mujer

Las diputadas y diputados tampoco cuestionaron al respecto


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Ni los diputados, diputadas, ni la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, hablaron sobre los feminicidios que ocurren en Guerrero durante las comparecencias de la glosa del primer informe de gobierno.

Durante la comparecencia de Pino Girón, como parte de la glosa del primer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los diputados y diputadas se abstuvieron de preguntar sobre los feminicidios.

Ni la priista Alicia Zamora Villalba, la diputada que más cuestionamientos hace  a los funcionarios estatales en esta legislatura (en otras, con gobiernos priistas, no era cuestionadora) le entró al tema.

Las otras funcionarias comparecientes fueron: la titular de la Secretaría de la Juventud y la niñez (Sejuve), Jessica Maldonado Morales, y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SAIA), Reyna Mejía Morales.

Las diputadas y diputados prefirieron pronunciarse por mejorar y reforzar acciones y programas en favor de las mujeres, jóvenes, niñez, pueblos originarios y afromexicanos.

La comparecencia fue ante las comisiones unidas de Juventud y Deporte, Asuntos Indigenas y Afromexicanos e Igualdad de Género.

Las preguntas giraron en torno a la venta de niñas, matrimonios forzados y el recurso ejercido por las dependencias.

La ronda de preguntas la comenzó la diputada de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien cuestionó a la secretaria de la Mujer sobre el compromiso del gobierno estatal “para hacer de Guerrero un santuario para las mujeres”, y sobre las acciones que se realizan para erradicar el embarazo adolescente y la promoción de los derechos humanos y reproductivos de niños, niñas y adolescentes.

En su respuesta, la funcionaria indicó que los trabajos para prevenir y erradicar el embarazo adolescente son propósitos en los que coadyuva la Semujer junto con otras 27 dependencias y organizaciones civiles, apoyados por el Fondo para el Bienestar del Instituto Nacional de las Mujeres.

Calixto Jiménez reconoció que la entrega del Premio Estatal al Mérito Juvenil 2022 en la categoría Discapacidad e integración es una acción que ayuda a visibilizar el trabajo de las juventudes de este grupo.

En el turno de la diputada priista, Julieta Fernández Márquez, preguntó a la titular de la SAIA, “si ha pensado en un programa de corte estatal que englobe más acciones de protección de los indígenas y sus derechos, y motive su desarrollo para salir de la pobreza extrema”.

Cuestionó por qué se dio un subejercicio del 30 por ciento de su presupuesto.

La funcionaria respondió que ese porcentaje de recursos asignados a la Secretaría se ejercerá en su totalidad hasta el cierre del presente ejercicio fiscal.

La que se fue contra el presupuesto de la Sejuve fue la diputada del PRD, Jennyfer García Lucena, quien cuestionó el proyecto para el 2023, donde se prevé gastar cerca de 37 millones de pesos, de los cuales, solo cuatro son para inversión y el resto para gastos internos de la Secretaría.

También preguntó cuántos afiliados hay en los programas y cuántos jóvenes son beneficiados; la secretaria informó que con los programas que manejan se benefician a más de 90,000 jóvenes.

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) versó sus cuestionamientos en torno a la estrategia para la erradicación de matrimonios infantiles y uniones tempranas.

Al respecto, la titular de la Semujer explicó que en este primer año “sentó las bases de una estrategia integral para prevenir y erradicar los matrimonios infantiles”, aunque tampoco proporcionó datos.

A la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, la diputada preguntó sobre los talleres de capacitación y sensibilización que han emprendido para poder erradicar esta problemática.

Explicó que los talleres que desarrollan consisten en capacitación y sensibilización de funcionarios y población estudiantil, pobladores en general, y hay una interacción con organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La diputada enfatizó que los matrimonios infantiles se intentan justificar mediante los usos y costumbres, y es importante hacer saber a todos que son una clara violación a los derechos humanos que, además, ya se sanciona.

La titular de la SAIA explicó que los talleres que desarrollan consisten en capacitación y sensibilización de funcionarios, población estudiantil en general, y hay una interacción con organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La diputada enfatizó que los matrimonios infantiles se intentan justificar mediante los usos y costumbres, y es importante hacer saber a todos que son una clara violación a los derechos humanos que, además, ya se sanciona.

La diputada de Morena, Marben de la Cruz Santiago, preguntó a la titular de la Semujer sobre las acciones realizadas con otras dependencias para eliminar los matrimonios forzados, y sobre el presupuesto destinado para prevenir la violencia a mujeres indígenas y afromexicanas.

La titular de Sejuve indicó que el porcentaje destinado a la promoción de los derechos sexuales es más de 30 por ciento del presupuesto de la dependencia.

Al final poco se trataron los temas, sobre la erradicación de los matrimonios forzados y venta de niñas mencionaron que realizan talleres.

No se habló de una estrategia clara para combatir los feminicidios o desapariciones de mujeres en la entidad.

La diputada del PRI, Alicia Zamora Villalva, cuestionó sobre el presupuesto de 31.3 millones de pesos para la Secretaría de la Mujer sólo se ejercieron 28, y preguntó a su titular si los nueve programas que ejecutan tienen reglas de operación, ya que en el Diario Oficial del Estado solo un programa las presenta, el de Apoyo a Madres Solteras.

Pino Girón precisó que se aprobaron en el presupuesto del presente año 31.3 millones de pesos y 29 millones adicionales se otorgaron a través de Inmujeres y Conavim.

 

Protestan reporteras de Chilpancingo contra el acoso sexual

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilapancingo 

 

Reporteras de Chilpancingo protestaron en el interior de las oficinas del Colegio de Bachilleres (Cobach) para exigir cese al acoso sexual en la institución, luego de que un trabajador del Plantel 1 Chilpancingo acosara sexualmente a una periodista mientras realizaba su trabajo.

Ayer miércoles la reportera del periódico El Sur, María Avilés Rodriguez, cubría la marcha de Trabajadores de la Dirección de Educación Especial, cuando se percató que un hombre externo a la protesta la fotografiaba por la parte de atrás.

La reportera lo encaró para decirle que eso era acoso sexual y él argumentó que era abogado y que no estaba incurriendo en un delito.

Dos reporteros auxiliaron a su colega para que el hombre borrara el video.

El hombre fue identificado como Antonio Campos Santana, trabajador del plantel 1 Chilpancingo del Cobach y de acuerdo con comentarios vía Facebook no es la primera vez que el hombre es acusado de acoso sexual, sobre todo en el plantel que labora.

Este jueves, reporteras de Chilpancingo se unieron para protestar en contra del acoso sexual que sufrió su compañera.

Las colegas ingresaron a las instalaciones del Cobach, y fuera de la oficina del director general, Jesús Villanueva Vega, lanzaron consignas.

“¡Reporteras unidas jamás serán vencidas!”, “¡No estás sola, no estás sola!”, gritaron las reporteras.

En declaraciones a los reporteros, María Avilés Rodríguez, manifestó que hizo pública la denuncia ante el riesgo inminente en el que se encuentran las alumnas dentro del plantel que labora Antonio Campos.

Dijo que ninguna niña y mujer debe pasar por un acoso sexual como el que ella sufrió y por eso era necesario que las autoridades del Cobach revisaran qué tipo de personal tiene la institución.

La reportera dijo que la denuncia la hizo en la red social de Facebook, pero lamentó que usuarios la estigmatizaran, como sucede con las miles de mujeres que a diario denuncian sufrir acoso.

Maria Avilés no procederá legalmente porque considera que es un proceso largo y desgastante, pero que era importante hacerlo público.

La reportera Alina Navarrete Fernández, a nombre de sus compañeras en respaldo a María Avilés, leyó un posicionamiento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón y al director general del Cobach.

“Mujeres periodistas suscribimos este pronunciamiento en contra del acoso sexual con el que se lidia diariamente, nosotras y muchas otras en distintos espacios, vulnerando nuestro derecho a una vida libre de violencia”, señala el posicionamiento de las reporteras.

A las reporteras les preocupa que no es la primera vez que su compañera es víctima de agresiones mientras ejerce su oficio periodístico por parte de distintos actores políticos y sociales.

El acoso sexual en espacios públicos, destaca el posicionamiento, es un problema social gravísimo, normalizado en el patriarcado que justifica al agresor, y siempre se responsabiliza a la agraviada de ser la culpable de esa conducta.

Las reporteras señalaron que compete al Estado atender, sancionar y erradicar esta conducta que ocurre con frecuencia en el trabajo, en la escuela y en la calle.

Exigieron a la gobernadora que al menos implemente una estrategia profunda y de amplia difusión en los medios de comunicación para generar el cambio cultural que se necesita para garantizar los derechos como mujeres e integrantes del gremio periodístico.

Como mujeres periodistas condenaron este hecho que sufrió su colega.

Dijeron que no aceptarán que se culpe a las víctimas y se justifique a los agresores, mucho menos que continúen normalizadas estas conductas machistas.

En el momento que las reporteras se retiraron del lugar salió el director general del Cobacha solamente para decir que condenaba el hecho, que se estaba investigando y que “muy pronto” se implementará un protocolo de prevención de conductas de acoso sexual escolar en el Cobach.

Colectivas piden la suspensión del ex gobernador Rogelio Ortega

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

A seis días de que un grupo de estudiantes denunció públicamente en un tendedero de acosadores al académico y ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, por acoso sexual, el director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados – Ignacio Manuel Altamirano (IEPA – IMA) quitó el tendedero y no atiende las demandas de las alumnas.

A través de un comunicado, las alumnas del IIEPA denunciaron que el director de la institución, adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Marco Antonio Adame Meza, no atiende las denuncias de acoso sexual en contra de distintos maestros del mencionado Instituto.

Por el contrario, el día de hoy el director mandó retirar el tendedero donde, entre otros profesores, destacaba el de Ortega Martínez, a quien acusan de ofrecer dinero a las estudiantes a cambio de «favores sexuales».

El pasado 9 de noviembre, las estudiantes del IIEPA se organizaron y realizaron un tendedero de acosadores para que «las autoridades hicieran algo más que solo hablar con nosotras, cosa que hasta el día de hoy no han hecho», se lee en el comunicado firmado por la colectiva Universitarias Violeta.

El día de hoy, de acuerdo con la denuncia de las estudiantes se quitaron las hojas donde acusaban de acosadores a maestros y alumnos.

Además las hojas de protesta retiradas no fueron devueltas a las estudiantes a pesar de que se pidieron al director.

Por esas acciones la Colectiva Universitarias Violeta pidió la suspensión inmediata en el IIEPA de Ortega Martínez, el seguimiento a cada uno de los casos del que el director tiene conocimiento y que no hizo nada para resolverlos y la protección de las alumnas que organizan el colectivo.

En el comunicado advierten que de no cumplirse sus demandas llevaran el caso al Tribunal Universitario y a las autoridades correspondientes.
Hasta este momento, las autoridades universitarias no han emitido ninguna posición oficial sobre estas denuncias por parte de las estudiantes.

Ortega Martínez, quien ha sido candidato a rector de la Uagro, fue gobernador interino del 2014-2015 después que el perredista Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia al cargo derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

 

Lactarios en centros de trabajo, contemplados en la ley pero inoperantes en la realidad

Aunque la Ley General de Salud contempla que haya lactarios en los centros laborales, tiene discrepancias con la Ley Federal del Trabajo y no hay sanciones para las empresas o instituciones que incumplan con brindar estos lugares a sus empleadas.


Texto: Andrea Vega  / Animal Político

Fotografia: Jose Luis de La Cruz  /  Archivo

 

Azucena es médica residente en un hospital de la mujer, donde ha tenido que pelear el acceso al lactario para extraerse la leche que da a su bebé, porque este lugar —le dicen— es para uso exclusivo de las pacientes.

Después de hablar con una y otra persona, a la médica en formación solo “le hacen el favor” de darle cierto tiempo para entrar, a cierta hora. Para una enfermera del turno nocturno, no hay ni esa pequeña ventana de tiempo y espacio. Por las noches, el lactario está cerrado y ella tiene que extraerse la leche para su bebé en algún cubículo o espacio que encuentre desocupado o incluso en el baño.

“Esto es la cereza del pastel, si en un hospital para la mujer el personal no tiene acceso a un lugar donde poder extraerse la leche, imagínate cómo está en el resto del sector público y privado”, cuestiona la médica residente.

Como ellas dos, la mayoría de las mujeres en México que laboran y están amamantando no cuentan en sus lugares de trabajo con un espacio digno y limpio donde puedan hacer la extracción de la leche, coinciden Rosalinda Guerrero, fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna (Acclam), y Claudia Sierra, integrante de La Liga de la Leche.

No se sabe cuántas empresas dan este derecho a sus empleadas porque no hay registro oficial de eso. Activistas advierten que son pocas, pese a que tales espacios están considerados en la legislación.

La Ley General de Salud, en su artículo 64, fracción ll, estipula que las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y el amamantamiento, incentivando que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, además de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

Las discrepancias y los vacíos 

La otra gran legislación que tiene injerencia en esto, La Ley Federal del Trabajo, estipula el derecho de las mujeres a amamantar a sus bebés. Así lo dice en su artículo 170, fracción IV.

Ahí se establece que en el periodo de lactancia, hasta por un máximo de seis meses, las trabajadoras tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Sin embargo, el artículo no habla de la necesidad de contar con un espacio para extraerse la leche.

De esa manera, es como si la ley supusiera que todas las mujeres tienen la posibilidad de ir del trabajo a casa para alimentar a su bebé y regresar en tan solo media hora, o que a todas les pueden llevar a sus bebés a la oficina dos veces al día, ironiza Rosalinda Guerrero.

Otro problema, además de esa disparidad en las leyes, es que el deber de contar con lactarios es algo que está en la Ley General de Salud, y también en la del IMSS y en la del ISSSTE, pero en realidad no se aplica, porque no hay sanciones establecidas y nadie vigila que esta normatividad se cumpla, alertan las activistas consultadas.

Beneficios limitados

Guerrero y Sierra señalan que las empresas pueden obtener beneficios de la lactancia. Por ejemplo, que las madres puedan ser más productivas al sentirse tranquilas por saber que están protegiendo a sus bebés con su leche, lo que a su vez puede llevar a que sientan mayor apego a la empresa al sentirse apoyadas en la lactancia.

De acuerdo con las activistas, esto favorece la menor rotación de personal y que las madres hagan menos solicitudes de permisos por posible enfermedad de sus bebés, porque estarán más sanos.

La sociedad en general también obtiene beneficios cuando una madre lacta porque hay menos contaminación, puesto que no se usan botes de leche de fórmula, por ejemplo, y los costos por atención a la salud se reducen al tener a personas más sanas por los beneficios de la leche materna para los bebés.

Esos beneficios son menos riesgo de enfermedades comunes en la infancia (respiratorias, alérgicas y diarreicas), mejor desarrollo emocional e intelectual, prevención del sobrepeso y la obesidad, y reducción del riesgo de muerte de cuna, entre otros.

Las madres obtienen, a su vez, beneficios como que la lactancia les previene a largo plazo de osteoporosis, cáncer de mama y de ovario; además, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, disminuye el riesgo de depresión post-parto, ayuda a recuperar el peso previo al embarazo y les permite desempeñarse laboralmente libres de preocupaciones.

Qué se necesita para tener un lactario 

De acuerdo con la Guía para la Instalación y Funcionamiento de Salas de Lactancia, de la Secretaría de Salud, un lactario debe tener sillas ergonómicas, cómodas y lavables, mesas individuales y refrigerador con congelador independiente para conservar la leche extraída por las madres en la jornada laboral.

También debe contar con un dispensador de agua potable, fregadero con tarja, jabón líquido, termómetro, toallas de papel, tomas de corriente (una por cada silla y una para el refrigerador), pizarrón blanco y plumones, bote de basura, una libreta o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia, etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción y, en caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que se mantenga fría. Este último lo puede proporcionar el centro de trabajo o puede llevarlo la madre.

Guerrero subraya que esto no implica una gran inversión, sino que lo que hace falta es voluntad para hacer que la ley no sea letra muerta sino una realidad.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

“Tuvieron que pasar 30 años para decidir sobre nuestro cuerpo”: activista en pro del aborto

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

“En Guerrero tuvieron que pasar cerca de 30 años y nueve legislaturas para que los y las diputadas legislaran acerca de nuestros derechos”, mencionó María Luisa Garfias Marín, activista por los derechos de la mujer, acerca de las reformas en materia de aborto presentada el día de ayer en el pleno del Congreso.

Esta declaración la mencionó durante una conferencia de prensa, en la que diputadas de Morena presentaron una reforma a la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero que garantiza la atención médica a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

“Con esta reforma lo que lograron es quitarle al Estado el control que tenían sobre el cuerpo de las mujeres en Guerrero”, mencionó la activista integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer.

La reforma presentada ayer en el Congreso local plantea una serie de reglamentos para que la Secretaría de Salud Guerrero (SSG) brinde una atención médica de calidad a toda mujer que decida interrumpir su embarazo.

Al respecto, el día de hoy, las diputadas promoventes de esta iniciativa, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez expusieron los motivos de esta reforma.

“Esta reforma servirá para que la decisión de abortar de las mujeres no se obstaculice por la conciencia y creencia de los médicos y pretende que el Estado garantice el derecho a decidir de las mujeres”, mencionó Calixto Jiménez.

Garfias Marín mencionó que desde 1994 los derechos reproductivos fueron catalogados como un derecho humano y desde entonces el Estado mexicano se comprometió a garantizarlo, lo que sucedió hasta ahora.

“Esta iniciativa retoma uno de los aspectos más importantes para la vida y nuestros derechos humanos que es el derecho a la sexualidad y el derecho a decidir sobre nuestra reproducción”, mencionó Garfias Marín.

Agregó que sacar el aborto del Código Penal del Estado de Guerrero garantiza la libertar reproductiva de las mujeres.

“La única ley que siempre se ha sentido dueña del cuerpo de las mujeres es el Código Penal, porque ahí nos mantenían esclavizadas diciendo que solamente el Estado puede decidir si nosotras podemos ser madres o no”.

En el encuentro, además de las diputadas de Morena estuvieron presentes activistas y representantes de la Secretaría de Salud, quienes presentaron las herramientas jurídicas de protección a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo.

El representante de la Secretaría de Salud, Manuel de la Cruz Candela, aseguró que la reforma será un instrumento jurídico que otorgará certeza a los trabajadores de salud y, a su vez, un programa y protocolo de actuación para garantizar un aborto seguro.

“En esta iniciativa se dan las herramientas al personal de salud para que garanticen el derecho de aborto seguro, calidad y calidez a las mujeres”, mencionó Cruz Candela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10 años de la desaparición de Ivette Melissa en Guerrero, familiares denuncian que no hay avances en su caso

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay 106 mil 698 personas desaparecidas y no localizadas. En el estado de Guerrero se reportan 3 mil 880 de las cuales 705 son mujeres. 


Texto: Animal Político

Fotografía: Idheas – Animal Político

26 de octubre del 2022

 

A diez años de la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, familiares llevaron a cabo una marcha en la Ciudad de México para exigir su búsqueda.

Acompañados de madres de víctimas de feminicidio, los familiares de la joven desaparecida en Iguala, Guerrero en 2012, terminaron la protesta afuera de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información de Foro TvSandra Luz Román, madre de Ivette Melissa, denunció que no hay avances en el caso de su hija.

“A diez años de su ausencia y habiendo gente señalada, a la fecha no hay ni un solo detenido“, declaró.

 

Caso de Ivette Melissa

La noche del 24 octubre de 2012, Ivette Melissa Flores Román quien entonces tenía 19 años, fue privada de su libertad por un comando armado que ingresó a su domicilio.

La organización Idheas que ha acompañado el caso, detalla que los sujetos que se llevaron a la joven, iban vestidos de negro y con los rostros cubiertos, balearon la puerta de su casa y se llevaron a Ivette.

A la mañana siguiente de la desaparición de su hija, Sandra Luz Román acudió al cuartel militar de Iguala para solicitar auxilio, pero se lo negaron con el argumento que se encontraban acuartelados.

Sin embargo, la madre de la joven acudió a la agencia del Ministerio Público donde se inició la averiguación previa por la desaparición de Ivette, pero las acciones de búsqueda se realizaron hasta dos semanas después.

 

En octubre de 2015, Sandra Luz Román junto con otros familiares de personas desaparecidas, presentaron sus casos ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar medidas cautelares.

El 6 de octubre de 2015 el Comité emitió un total de 117 Acciones Urgentes a favor de las víctimas, y ordenó al Estado mexicano investigar el paradero de Ivette Melissa y las demás víctimas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay 106 mil 698 personas desaparecidas y no localizadas. En el estado de Guerrero se reportan 3 mil 880 de las cuales 705 son mujeres.

En sepelio exprés sepultan al alcalde de San Miguel Totolapan, su padre y a un cuñado

Texto: Marlén Castro y Jesús Guerrero

Fotografía: Arturo de Dios 

 

Alrededor de 40 minutos fue el tiempo que se tardaron familiares del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, de su padre Juan Mendoza Acosta y de su cuñado, Ulises Guillermo García, en sepultarlos esta mañana.

El alcalde, su padre y el cuñado son tres de las 23 víctimas del ataque ocurrido alrededor de la una de la tarde del miércoles 5 de octubre. Ese día, hombres armados llegaron a la cabecera y balearon con armas de grueso calibre el edificio del Ayuntamiento, la casa del padre del alcalde Juan Mendoza Acosta y la casa de Javier Domínguez, a unos 300 metros de la alcaldía, donde estaban reunidos el presidente municipal y algunos de sus funcionarios.

El alcalde, su padre y varios de los funcionarios del ayuntamiento formaban parte del Movimiento por la Paz de San Miguel, creado en 2015 para expulsar de ahí al grupo denominado como Los Tequileros, supuestamente encabezado por Raybel Jacobo Dealmonte, aunque el Movimiento siempre dijo que el líder verdadero era Saúl Beltrán Orozco, de una familia conocida en esa región, ex alcalde y ex diputado local del PRI.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que 20 personas murieron en el ataque del miércoles. Amapola. Periodismo transgresor y otros medios que estuvieron en San Miguel Totolapan durante el jueves documentaron a 23 víctimas. Ese día, con retroexcavadora se hicieron 17 fosas para enterrar a las víctimas, el día anterior ya habían enterrado a tres personas, también se preparaban las fosas del alcalde y de su papá en otra parte del panteón y una víctima más la llevaron a enterrar a la comunidad Valle Luz.

De acuerdo con vecinos de San Miguel Totolapan, el cortejo fúnebre del alcalde, su padre y cuñado con salió de la casa del alcalde, alrededor de las siete de la mañana, con vigilancia de elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Estatal.

Antes, pasaron a la iglesia a una misa para las víctimas que duró alrededor de 15 minutos, acto seguido se dirigieron al panteón. Conrado Mendoza, Juan Mendoza y Ulises Guillermo fueron sepultados en una parte del panteón diferente al lugar donde una retroexcavadora cavó 17 tumbas y ayer enterraron de una a una a otras de las víctimas del ataque del miércoles.

De acuerdo con versión de un vecino de San Miguel acompañaron a los dolientes entre 90 y 100 personas.

Antes de llevar los féretros al panteón, los familiares y las víctimas estuvieron entre 15 y 20 minutos en la iglesia del pueblo para una misa que también fue breve.

El cortejo fúnebre, con muy pocos acompañantes, alrededor de 100 personas, estuvo vigilado todo el tiempo por elementos del Ejército, de la Marina y de policías estatales.

Investigaciones de la FGE

Desde ayer jueves en la tarde, la fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y 90 funcionarios, entre peritos forenses, agentes de la policía ministerial y Agentes del Ministerio Público están en San Miguel Totolapan para realizar las investigaciones.

En una entrevista que dio hoy viernes al periodista Raymundo Rivapalacio durante su noticiero matutino Foro-TV, Valdovinos Salmerón insistió en que lo que ocurrió este miércoles fue derivado de una disputa que existe entre los grupos delictivos de Los Tequileros y La Familia Michoacana.

La vacunación contra el Covid-19 para niños de cinco a 11 años de edad fue suspendida de ayer jueves.

Este miércoles cuando el grupo armado atacaba a tiros el edificio del ayuntamiento, a unas cuadras personal de la Secretaría de Salud realizaba la vacunación.

Una mujer que es originaria de San Miguel Totolapan y que desde hace años ya no vive en su localidad, cuenta que en el 2016 cuando hubo una batalla entre los dos grupos de (Los Tequileros con la Familia Michoacana) muchas familias de la propia cabecera y las comunidades se salieron en calidad de desplazados.

“La mayoría de los desplazados se fueron a vivir a distintas ciudades de Guerrero e incluso a otros estados del país porque en San Miguel Totolapan, uno no sabía cuando se registraría una balacera como la ocurrida este miércoles”, dijo.

Indica que después del repliegue o desmantelamiento de Los Tequileros, la gente empezó a regresar a sus pueblos porque vieron que había tranquilidad.

Mencionó que una prueba de que la gente ya estaba de vuelta es su participación en las fiestas de este semana con motivo de su santo patrono de San Miguel Arcángel.

“La fiesta patronal empezó al 28 de septiembre y terminaría el sábado 8 de octubre con un baile, pero todo se suspendió por lo que pasó este miércoles”, contó.

La mujer dice afectada “si es verdad que ya regresaron los Tequileros, en San Miguel Totolapan se va a poner otra vez feo y la gente se va a salir de las comunidades”.

 

 

 

 

Presentan transporte exclusivo para mujeres con el objetivo de erradicar el acoso

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La tarde de este martes la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, dio el banderazo de salida del programa Transporte Violeta.

El Transporte Violeta es parte de las políticas públicas del gobierno del estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IINEGI), nueve de cada 10 mujeres sufren acoso en el transporte público.

El evento se realizó en la explanada del palacio de gobierno.

Pablo Gordillo Oliveros, secretario técnico de la gobernadora, explicó que Transporte Violeta es un programa más para fortalecer y garantizar la integridad de las mujeres. Recordó que el pasado 18 de julio del 2022 activaron la Alerta Violeta, un programa de reacción inmediata en caso de la desaparición de alguna adolescente, niña o mujer mayor de 18 años.

“Al día de hoy este programa tiene una tasa de éxito de 97 por ciento. Con la identificación a salvo de 52 mujeres en lo que va del programa”, dijo Gordillo Oliveros.

Por el momento, el Transporte Violeta funcionará en Chilpancingo y Acapulco.

En Chilpancingo habrá 18 unidades exclusivas, con nueve rutas, las cuales son: Amate-Jacarandas, ruta Oriente, San Mateo, PRD Parte Alta, ruta Liverpool, ruta Santo Domingo-Mercado, Zinnia, Rosario Ibarra y Los Ángeles.

Se integran también 50 taxis exclusivos Violeta, de los cuales, 20 ya tienen video vigilancia y geolocalización.

En Acapulco habrá cuatro unidades del Acabús exclusivas, en las rutas uno y cinco.

En la actividad también estuvo presente el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.

En su intervención, Salgado Macedonio mencionó el trabajo de Salgado Pineda en beneficio de las mujeres. “Es la primer gobernadora en denunciar públicamente la venta de niñas en el estado”, destacó.

“La violencia tiene que llegar a su fin. Guerrero tiene que ser el santuario de las mujeres”, dijo Salgado Macedonio, quien enfrentó durante su campaña en 2021 tres denuncias por abuso sexual. Al final, dejó de ser candidato por no comprobar gastos de campaña y su partido, Morena, designó como candidata a su hija.

La gobernadora felicitó a las y los transportistas por su disposición ante esta iniciativa.

“Esto va más allá de pintar las unidades, es todo un trabajo de capacitación constante para los transportistas, esperemos que más adelante su unan más unidades”, externó Salgado Pineda.

Dijo también que en su gobierno no se tolerará el acoso ni la violencia hacia las mujeres.

Esta es la primera etapa del Transporte Violeta, según se explicó. En la segunda etapa se espera que haya una aplicación en los teléfonos celulares para pedir los taxis, así como expandir la iniciativa a otros municipios.

El estado de Guerrero tiene dos alertas, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.

Por encima de estas medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, este lunes 19 de septiembre fueron asesinadas cuatro mujeres en diferentes partes del estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 24 horas asesinan a cuatro mujeres en Guerrero

En menos de 24 horas cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos hechos en la entidad


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero/ Archivo 

Chilpancingo 

 

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la noche de ayer en el puerto de Acapulco.

El ataque alcanzó a un bebé de siete meses, quien sobrevivió y fue trasladado para su atención médica.

Alrededor de las nueve de la noche de ayer domingo se reporto un ataque armado en la esquina de las calles Cacahuates y Limones, de la colonia La Mica, en el puerto de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el ataque fallecieron dos mujeres de las que hasta el momento se desconoce su identidad.

También informaron que un bebé de aproximadamente siete meses, que llevaba una de las mujeres, quedó en medio del ataque, fue herido y posteriormente trasladado al hospital de El Quemado para su atención médica.

En un breve comunicado la FGE informó que inició las respectivas carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de dos personas de sexo femenino”, se lee en el comunicado de la FGE.

En otro hecho de violencia, la noche de ayer, en Chilpancingo fue asesinada una mujer en la colonia CNOP al oriente de Chilpancingo.

Alrededor de las 8:30 de la noche se reportó el incendio de una vivienda en la Sección B de la colonia CNOP.

Dentro de la vivienda incendiada fue hallada un mujer en el piso y sangrando, por lo que las personas que estaban cerca entraron al domicilio y trataron de rescatarla.

Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales y que fue degollada en el interior de su cuarto, de acuerdo a la versión difundida, luego de asesinarla, intentaron incinerarla.

La FGE idéntico a la mujer como Jessica “N”, de 31 años.

En Marquelia, en la región de la Costa Chica, sucedió otro ataque contra una mujer.

El reporte de Protección Civil y Policía Municipal de Marquelia indica que a la una de la madrugada atendieron un reporte por sonidos de arma de fuego en un domicilio en la colonia La Finca.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Policía Municipal y hallaron a una jóven de 18 años herida por arma de fuego.

Cuando los paramédicos revisaron a la jóven esta ya no tenía signos vitales.

La información de las autoridades fue que la joven fue hallada en su vivienda con disparos en el cuerpo y que en el lugar había a un bebé de meses de nacido, hijo de la víctima.

Al lugar arribaron policías estatales y ministeriales quienes confirmaron el hecho y delimitaron la zona, mientras que el personal de la FGE realizó las diligencias de ley.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Al respecto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (RGDM), emitió un comunicado en el que condenó los asesinatos.

“Es inaceptable la situación que vivimos las niñas, jóvenes y mujeres, no estamos seguras en el espacio público ni en nuestros hogares, estamos hartas de vivir con miedo, de no saber si seremos la próxima víctima. ¿También van a decir que es nuestra culpa por salir a la calle con un bebé en brazos a hacer nuestras actividades cotidianas? ¿Acaso es normal estar en casa sin saber que seremos degolladas?”, mencionó la RGDM.

En su comunicado, la RGDM culpó a los feminicidas y al Estado por ser omiso al impartir justicia.

“La culpa es de los feminicidas y de un Estado impune y de una sociedad patriarcal en donde las mujeres somos castigadas por el simple hecho de serlo”.

Por los cuatro casos la FGE ya emitió los respectivos comunicados dónde informó que comenzaron las investigaciones correspondientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivas de mujeres exigen el desafuero del alcalde de Alcozauca por golpear a su esposa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero del alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Sayas, quien fue acusado por su esposa de golpearla, para que responda por el delito de violencia familiar.

A través de un comunicado la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero Ortiz Sayaz y rechazaron cualquier acto de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

«Exigimos el desafuero del presidente municipal de Alcozauca; ningún agresor debe ocupar cargos públicos y ninguna persona puede ni debe estar por encima de los derechos humanos», se lee en el comunicado.

Las activistas y defensoras de los derechos humanos que conforman la Red, expusieron que Ortiz Sayas justificó la violencia contra su esposa y dijo que “los golpes son normales dentro del matrimonio».

El pasado 11 de septiembre, Rosalía Díaz Caballero denunció a su esposo a Ortiz Zayas, alcalde del municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña, de haberla golpeado.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Morelos recibió a la señora Rosalía «N» quien manifestó ser víctima de violencia familiar.

Señaló como su agresor al alcalde de Alcozauca, Sebastián «N», quien la agredió a las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre.

“Las instituciones deben trabajar con perspectiva de género en las investigaciones para que las víctimas obtengan justicia, así como salvaguardar su integridad”, advierte la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

En el comunicado expresaron su preocupación sobre la impunidad característica del sistema mexicano «ya que el 99 por ciento de los delitos contra las mujeres quedan impunes».

Explicaron que de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh) 2021, publicados el 30 de agosto pasado, Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito familiar a nivel nacional.

Exigieron a la FGE hacer las investigaciones pertinentes y actúe conforme a derecho sobre el caso de violencia familiar en contra de Rosalía Díaz Caballero.

 

 

Presentan iniciativa para erradicar la violencia contra niñas y mujeres en Guerrero 

Texto: Itzel Urieta

Fotografía:

Chilpancingo

 

La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la iniciativa Spotlight, presentaron una iniciativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en Guerrero.

Al medio día de hoy representantes de la ONU y spotlight presentaron la Iniciativa Spotligth con el objetivo es reducir los feminicidios y la violencia contra niñas y mujeres en el estado a partir de diversas acciones multidisciplinares para la prevención, atención, sanción y reparación.

El acto se llamó Encuentro de Alto Nivel para Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas.

El acto fue encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el cual, se dieron a conocer los resultados de la implementación de la Iniciativa Spotlight Fase 1, en Guerrero.

En su discurso, la gobernadora Salgado Pineda dijo que en Guerrero se garantiza a las mujeres una vida sin violencia, donde cada acción y estrategia se marca con perspectiva de género.

Destacó el Protocolo Violeta como una política de su gobierno y dijo que se iniciará con la segunda fase con el Transporte Violeta contra el acoso hacia las mujeres y la iniciativa para combatir los matrimonios forzados. Subrayó que ningún uso ni costumbre debe violentar los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

La gobernadora aprovechó la oportunidad para mencionar la situación que se menciona acerca de su gobierno, en donde su papá el senador Félix Salgado Macedonio, a veces le roba reflectores.

“Romper con eso, que donde está una mujer a fuerza debe estar un hombre, hay que romper que si está en el poder (una mujer) pero manda su marido, está en el poder pero manda su padre, está en el poder pero manda su hermano, está en el poder pero siempre tiene que decir que hay un hombre, asesorando, mandando o decidiendo por una mujer, eso se acabó”, comentó Salgado Pineda.

Respecto a los resultados de la fase 1, Rocío Álvarez, coodinadora técnica de la Iniciativa Spotligth; dio a conocer que se realizaron trabajos legistativos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.

También dijo que se brindó capacitaciones en materia de género y derechos humanos a servidores públicos, principalmente, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que son ellos quienes tienen contacto directo con las víctimas.

Sobre la fase 2, Yaneli Sánchez Macías, coordinadora de Spotligth en la ONU Mujeres dijo que, en la fase 2 viene la implementación, etapa en la que se trabajarán 15 iniciativas de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres.

«Se trabajará para erradicar los matrimonios forzados, sé que en el Congreso del estado tenemos aliadas y aliados», dijo Sánchez Macías.

Atender y dar prioridad a sobrevivientes y víctimas de feminicidio, así como una alerta de atención temprana para prevenir el femicidio, serán también actividades de la fase 2.

De acuerdo con la activista por los derechos de las mujeres, Emma Cerón Díaz, esta iniciativa existe desde el 2019 pero no se realizó por el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

Cerón Díaz señaló que es importante trabajar en este tipo de iniciativas y que se tome en cuenta a activistas y colectivas feministas.

El estado de Guerrero tiene dos alertas de género activas una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.

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