Asesinatos de niñas y adolescentes aumentan en 14% en el primer semestre de 2022


Texto: Sergio Rincón y Marcela Nochebuena / Animal político

Fotografía: Amìlcar Juárez 

 

El asesinato de niñas y adolescentes ha aumentado 14% en el primer semestre de 2022. Entre enero y junio, asesinaron a 147 mujeres menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2021 la cifra fue de 129, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 27 de junio, medios locales reportaron que una mujer y una niña de cinco años fueron asesinadas afuera de una estación de autobuses en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Una semana antes, otra familia sufrió un atentado, pero en la región de la costa oaxaqueña, donde una niña de siete años también fue asesinada. La noche del 17 de mayo pasado, una menor de dos años fue víctima de feminicidio, junto con su abuela de 62 años.

Oaxaca es el estado con más números rojos, pues pasó de registrar tres asesinatos de niñas en el primer semestre de 2021 a 17 víctimas para ese periodo de 2022. Al menos 10 de estos crímenes se realizaron con armas de fuego, cuatro con arma punzocortante y el resto con otro elemento.

El Estado de México también tuvo un incremento considerable, al pasar de 14 niñas asesinadas a 23. De igual forma, la mayoría de estos crímenes fue con armas de fuego.

Otras entidades que registraron aumentos fueron: Michoacán con seis víctimas más; Nuevo León, con cinco; Veracruz, con cinco, y Sonora, con tres.

Estados como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas tuvieron una ligera disminución, pero también presentaron más víctimas que el promedio.

Este medio preguntó a Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por qué se ha dado esta tendencia al alza y por las acciones que se están realizando para prevenir los feminicidios de niñas.

“Es un tema que hemos visto en los estudios de feminicidio que se han hecho en los últimos 20 años por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, siempre se identificó el feminicidio de niñas como un tema importante y un poco sorprendente porque tenemos esa idea de que cuidamos a las niñas y a los niños como sociedad, y nos damos cuenta de que no, estamos viendo maltrato, abuso, diferentes tipos de violencia, incluido el feminicidio de niñas”, dijo.

“Es un tema que nos preocupa, hemos estado trabajando de la mano del sistema nacional DIF, de la procuraduría, del SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) y que están puestas las alarmas, se está analizando y se está actuando… también se está actuando para prevenir. La procuraduría de la infancia está también actuando de una manera diligente para atender los casos en momentos donde hay denuncias, alarmas, antes, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa”, sostuvo.

Durante el informe mensual sobre la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se realizan acciones de prevención, atención y sanción hacia estos actos.

“(En) la mayoría de estos casos, es evidente la cercanía de la víctima y el agresor; por ello, insistir en la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta de violencia en el entorno familiar o laboral inmediato. No basta sancionar a los agresores, es necesario cortar el ciclo de violencia desde temprana edad y, como ya señalamos, trabajar con las personas jóvenes y adolescentes en materia de cultura de paz y prevención de las violencias”, señaló.

Detenidos, vinculación y sentencias

La secretaria de Seguridad destacó las detenciones de Jorge, de 51 años, y Jorge Alberto, de 23, en el municipio de Arteaga, Michoacán, acusados por el feminicidio de Kimberly Melissa, de 14 años.

La madrugada del 26 de junio, Jorge Alberto asesinó a su víctima con más de 30 heridas de arma punzocortante, en un hotel de Morelos. Tras los hechos, el padre del agresor regresó por su hijo y dejó en la habitación el cuerpo de Kimberly. Ambos huyeron a Michoacán, donde trataron de esconderse.

Ambos fueron vinculados a proceso y se encuentran recluidos en la cárcel distrital de Cuautla, Morelos.

Entre enero y junio de este año, al menos siete menores de edad fueron asesinadas en Morelos. Del total, solo tres casos fueron clasificados como feminicidios.

La secretaria Rodríguez también informó de la vinculación a proceso de Melquisedec, presunto feminicida de Ximena Monserrat, de 17 años, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Está acusado también de abusar sexualmente de ella y abandonar su cuerpo en un terreno baldío.

Al ser menor de edad, el presunto agresor fue recluido en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes de Nuevo León.

En Nuevo León, la ola de violencia contra mujeres menores de edad también creció, al pasar de dos víctimas en el primer semestre de 2021 a siete en el mismo periodo de 2022.

Dentro de otro caso, Antonio y Mauricio fueron vinculados a procesos por el delito de feminicidio en agravio de una niña en el municipio de Chichiquila, Puebla, el pasado 2 de julio.

En Veracruz, Jaime fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y pederastia agravada, luego de que el 31 de enero asesinó a su pareja sentimental, una adolescente que tenía cuatro meses de embarazo.

En cuanto a sentencias, la secretaria de Seguridad agregó que el 20 de junio la Fiscalía General de Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años contra un hombre identificado como Horacio, por el delito de violación agravada.

El acusado aceptó que, en abril de 2019, violó a una niña de 16 años. Con esta nueva sentencia, acumula 35 años de prisión, una situación derivada de otras condenas por delitos de índole sexual en perjuicio de otras víctimas de 12 y 13 años.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Homicidios de mujeres alcanzan máximo histórico en junio; 50 municipios concentran 46% de feminicidios

De enero a junio, se han abierto 493 carpetas de investigación por feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos alcanzados en junio y agosto del 2021.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero

 

Mientras el número de mujeres víctimas de homicidio doloso alcanzó en junio de 2022 su máximo histórico desde enero de 2015, de acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, asegura que la dependencia está poniendo énfasis en los 50 municipios que concentran el 46% de feminicidios.

De acuerdo con la funcionaria, en conjunto con las instancias estatales para las mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), el instituto busca fortalecer los sistemas preventivos de detección y atención a las violencias, como las órdenes de protección, la investigación con perspectiva de género, los centros de justicia y los refugios, de manera que se atiendan los casos y las causas antes de llegar al feminicidio.

“Estamos trabajando de una manera articulada en varias cosas importantes; este es un tema que se discute en las mesas de seguridad y construcción de paz, que no se discutía antes, y donde participan las instancias de las mujeres; también con una estrategia de cero impunidad, pues estamos viendo cada vez más feminicidas, violadores, que se investiga el delito y llega a la parte de justicia”, aseguró Gasman.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, de enero a junio de 2022 se han abierto en el país 493 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos históricos de 111 y 112 alcanzados en junio y agosto del 2021.

Sin embargo, la tendencia nacional de mujeres víctimas de homicidio doloso va a la alza: alcanzó a 281 durante junio de este año, la cifra más alta que se ha registrado en un mes desde enero de 2015. Durante 2021, en agosto se registró un máximo de 271 delitos de este tipo hacia las mujeres. En lo que va de este año, suman en total mil 398. La clasificación de los asesinatos contra mujeres como feminicidios queda a criterio de las fiscalías estatales.

Según cifras oficiales, 100 municipios del país concentran el 62.4% de los feminicidios y 179 el 37.6%, un total de 279 municipios con registro de este delito, lo que representa apenas el 11.2% del total de municipios del país: 2 mil 471. Es decir, 2 mil 192 municipios no tienen registro alguno de este delito.

Entre los que concentran la mayor cantidad, en términos absolutos, se encuentran Guadalupe, Nuevo León; Juárez, Chihuahua; Ecatepec y Valle de Chalco, en el Estado de México, y Juárez, Nuevo León. Sin embargo, las tasas más altas –número de delitos por cada 100 mil mujeres– se ubican en Batopilas, Chihuahua; Ciénega de Flores y Salinas Victoria, Nuevo León; Guachochi, Chihuahua; y Mezquitic, Jalisco.

Violencia estructural

Nadine Gasman señala que el Inmujeres trabaja en un programa de mujeres constructoras de paz junto con el SESNSP, que crea un diálogo entre las mujeres de la comunidad y las presidencias municipales para identificar cuáles son las áreas donde hay problemas de violencia estructural y dónde se pueden realizar acciones para fortalecer el tejido social.

“Muy importante es la recuperación de espacios públicos, entonces tenemos alrededor de 500 redes de mujeres constructoras de paz en todo el país, y cada una hace su propio diagnóstico, hace su acuerdo con la presidencia municipal y trabajan… Tenemos muchos programas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en los próximos años, y esperamos que queden, que tienen que ver con este empoderamiento de las mujeres.

“Uno muy importante tiene que ver con la participación de las mujeres rurales, especialmente las mujeres rurales e indígenas, en la tenencia de la tierra y la participación, por lo tanto, en los consejos ejidales comunitarios; tenemos trabajo también muy localizado en la montaña de Guerrero para desarrollar las condiciones para prevenir los matrimonios precoces forzados”, aseguró la titular del Inmujeres.

Sin embargo, aclaró, lo más importante es la coordinación interinstitucional porque “justamente donde las cosas nos fallan es cuando la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, o no se comunican, y parte de llevar este tema a las mesas de construcción de paz es justamente cerrar filas, darle seguimiento a los casos”.

Para ello, dice, son fundamentales también las mesas de acceso a la justicia donde participan las organizaciones de la sociedad civil para que el sistema funcione. La cero impunidad, asegura, es igualmente una medida de prevención, porque cuando se acaba con ella, se da un mensaje inequívoco a la sociedad de que el delito es inaceptable, lo cual debe hacer pensar a los agresores en las consecuencias: “que sí van a acabar 40,50, 60, 70 años en la cárcel, y eso tiene un impacto en el tema de violencia”.

Otras medidas de prevención

Gasman asegura que la preocupación central del Inmujeres es trabajar en el modelo de prevención primaria, es decir, en las acciones necesarias para que no sucedan los delitos. Para ello, considera fundamental dialogar sobre masculinidades, relaciones de poder y ocuparse de todos los tipos de violencia.

“Nos parece que hemos avanzado en que esto ya no es un tema que no se habla, que no esté en ningún lado; es parte de la conversación cotidiana de todos y de todas, y se ha vuelto muchísimo más visible, y muchísimo más intolerado, primero por las mujeres, pero yo diría que también por la sociedad”, asegura la titular del organismo.

Según Gasman, la violencia sexual y los feminicidios son temas preocupantes en los que “tenemos camino todavía por andar”, pero se hace un esfuerzo importante tanto para prevenir como para atender e investigar con perspectiva de género. Sin embargo, lo que más le preocupa es cambiar a la sociedad, y sus condiciones estructurales, para prevenir la violencia contra las mujeres.

Una de ellas, dice, es la desigualdad entre hombres y mujeres, para lo que se impulsa, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la transformación curricular de tal manera que los temas de igualdad, perspectiva de género, interculturalidad y reconocimiento de la diversidad estén contemplados en los contenidos y libros de texto.

Con esa dependencia también están en marcha, desde 2021, unos lineamientos para la prevención, atención al acoso y al hostigamiento sexual en la educación superior y en otros niveles. En tanto, con la Secretaría del Trabajo se desarrolla un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral que, de acuerdo con Gasman, ya se está difundiendo e implementando.

Por otro lado, la titular de Inmujeres subraya la puesta en marcha de la estrategia de prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil: “Este ha sido el tercer o cuarto año en el que hemos dado recursos, que nunca se habían dado, para hablar sobre educación en sexualidad, liderazgo de niñas, etcétera, a nivel de los estados”.

La violencia digital y el empoderamiento de las mujeres, en lo relativo a la participación política y económica, son otras dos líneas centrales del modelo de prevención primaria, al igual que el trabajo de los semilleros de cultura en los municipios más violentos, que son espacios de prevención de violencia y cuidado, a través del arte, para niñas y adolescentes.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

Entérate: Guerrero es un laboratorio del terror: colectivos de familiares de personas desaparecidas

De Digna Ochoa a Luz Raquel Padilla: 20 años de feminicidios donde las autoridades culparon a víctimas de su propia muerte

Casos como los de Digna Ochoa, Lesvy Berlín, Debanhi Escobar o Luz Raquel Padilla comparten haber tenido fallas de autoridades, revictimización y obstáculos al acceso a la justicia.


Texto: Erendira Aquino / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

28 de julio de 2022

Chilpancingo

 

En las últimas dos décadas, miles de mujeres han sido asesinadas de forma violenta en México. Por el perfil de las víctimas o las circunstancias en que ocurrió el crimen, algunos casos han generado impacto en la opinión pública y la exigencia de ser resueltos. Pero en las investigaciones, ha destacado un común denominador: la decisión de las fiscalías de culpar a las propias muertas de lo que les pasó, sin pruebas y de manera errónea.

Ocurrió hace 20 años con el asesinato de Digna Ochoa, pero pasa aún en la actualidad: esta semana, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación en la muerte de Luz Raquel Padilla es que ella pudo ser quien se autogredió, aunque existen denuncias previas de amenazas y una solicitud de medidas de protección; semanas antes, en Nuevo León, las autoridades dieron por hecho que Debanhi Escobar, joven reportada como desaparecida, había fallecido de manera accidental, hipótesis descartada con un peritaje independiente y la exhumación del cuerpo por parte de agentes federales.

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), esta conducta de las autoridades tiene como origen la intención de que disminuya la percepción de los altos niveles de violencia contra las mujeres en el país, y de que no hay respuesta pronta a las demandas de verdad y justicia. Además, señala que prevalece una cultura machista entre los funcionarios encargados de las investigaciones, que insisten en estigmatizar a las víctimas.

Karla Micheel Salas, abogada y activista, explica que por ello la sociedad civil ha luchado para que las autoridades tipifiquen toda muerte violenta como feminicidio y que se investigue cada caso con perspectiva de género, lo que permite tener la certeza de las causas de los asesinatos. Sin embargo, señala que hasta ahora para las fiscalías es más sencillo minimizar la crisis de violencia feminicida “con el pretexto de que tienen cosas más importantes que hacer, como si la vida de las mujeres no importara”.

Aquí, cinco de estos casos.

Digna Ochoa: décadas de prejuicios para sostener versión de suicidio

La defensora de derechos humanos Digna Ochoa, multipremiada y reconocida internacionalmente por su labor, fue hallada muerta en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. Durante años trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia y de las Fuerzas Armadas, y previo a su muerte había sido víctima de amenazas y secuestros.

Debido a esto, en 1999 solicitó medidas de protección para ella y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde laboraba. Estas peticiones escalaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de la defensora. Pese a ello, fue asesinada.

Inicialmente, las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio, y tras demandas de la sociedad civil por una reevaluación del caso, en 2010 la entonces procuraduría de la Ciudad de México hizo una segunda revisión y concluyó que Ochoa no había sido asesinada, sino que se suicidó.

Esto fue descartado en enero de 2022, dos décadas después de los hechos, y por determinación de la Corte Interamericana. El organismo internacional afirmó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en la investigación, todas ellas con la intención de estigmatizar a la víctima, y remarcó que esta muerte se inscribió en un contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en esa época, y que vino precedida de años de amenazas. Por ello, ordenó la reapertura del caso y un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades.

En este caso, explica la abogada Karla Micheel, “la investigación se centró en el comportamiento de la víctima, a la que catalogaron como una que padecía trastornos psicológicos basándose en elementos de su vida privada, y tuvieron que pasar dos décadas para que un tribunal internacional le dijera al Estado mexicano, particularmente a la fiscalía de la Ciudad de México, que lo que hicieron para concluirlo fue completamente deficiente”.

Mariana Lima: el primer feminicidio por el que se pronunció la Corte

Mariana Lima, de 28 años, era esposa de un agente de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, quien el 28 de junio de 2010 acudió ante las autoridades para denunciar el presunto suicidio de la mujer, versión cuestionada por la madre de la víctima, Irinea Buendía, quien tenía conocimiento de que su hija vivía violencia familiar.

Irinea y su esposo iniciaron un largo camino en busca de justicia, y en 2015, con el acompañamiento del OCNF, consiguieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la sentencia 554/3, en la que ordenó que el caso se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.

Aunque con ello se consiguió que hallaran responsable al esposo de Mariana, y lo detuvieran en junio de 2016, la exigencia de justicia por su hija provocó que Irinea y su marido fueran desplazados de manera forzada de su hogar, ante las amenazas y agresiones de las que fueron objeto en diversas ocasiones, aun cuando tenían medidas de protección por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La sentencia por el caso de Mariana Lima marcó un precedente histórico para las víctimas de violencia feminicida en México, ya que el máximo tribunal ordenó que en los casos de asesinatos de mujeres debe investigarse la posibilidad de que se trate de un feminicidio, y que los funcionarios responsables de omisiones en las indagatorias deban ser sancionados.

Caso Narvarte: entre filtraciones y criminalización de las víctimas

El 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre: la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinoza, así como Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz y Olivia Alejandra Negrete.

Se trató del primer cuádruple feminicidio del que se tenga registro en la CDMX, y su investigación estuvo marcada por filtraciones de información que llevaron a la estigmatización y criminalización de las víctimas, como detalla la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió por el caso.

De acuerdo con el análisis de la comisión, la entonces procuraduría impidió el acceso a la información de la investigación a los familiares de las víctimas, pero permitió filtraciones que llegaron a los medios y provocaron la cirminalización de las cinco personas asesinadas: a Mile se le vinculó con el tráfico de drogas por su nacionalidad colombiana; se publicaron las fotografías de las mujeres, con huellas de tortura sexual, y se destacó que entre sus pertenencias había alcohol y drogas.

También encontró que la procuraduría no tomó en cuenta para la investigación las denuncias previas por parte de algunas de las víctimas. En el caso de las mujeres, no se siguieron protocolos específicos para casos de feminicidio, y no se indagó sobre la posible relación del homicidio con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza.

casi siete años de los hechos, hay tres hombres detenidos e imputados por el caso. Sin embargo, Karla Micheel Salas señala que se ha documentado la participación de más personas en el multihomicidio, a las que las autoridades se han negado a investigar.

Lesvy Berlín: su novio no fue testigo del suicidio, él la mató 

La mañana del 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio fue encontrada muerta, con un cable de teléfono enrollado en el cuello, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la CDMX. Sobre el caso, en un primer comunicado, la procuraduría capitalina dio como posible causa de su fallecimiento un suicidio, mismo que había sido supuestamente presenciado por José Luis, su novio.

Gracias a que esa fue la principal línea de investigación, José Luis, quien luego se comprobó que fue quien estranguló a Lesvy, continuó en contacto con su familia, e incluso estuvo presente en los funerales de la joven. Sin embargo, su madre, Araceli Osorio, inconforme por la respuesta de las autoridades, luchó para que se reevaluara el caso como feminicidio.

Por un peritaje presentado por el OCNF, realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se determinó que ella no pudo suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia, lo que logró que se reclasificara el delito y se investigara con perspectiva de género.

Este caso derivó en la primera recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local por un feminicidio, al acreditarse que hubo violación a su derecho al debido proceso con enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia y derecho a la verdad, derecho a la intimidad y a la vida, además de que no hubo debida diligencia en la investigación y atención a los familiares.

El 18 de octubre de 2019, el feminicida de Lesvy, José Luis González, fue sentenciado a 45 años de prisión y a pagar una multa de 337 mil 450 pesos por reparación del daño, y 47 mil 957 pesos por los gastos funerarios.

Debanhi: dos peritajes tumbaron versión de un posible accidente

Lo último que se supo de Debanhi Escobar, de 18 años, fue que acudió a una fiesta la madrugada del 9 de abril y que un conductor de taxi la abandonó en una carretera sola de Escobedo, Nuevo León, después de que ella le pidió que la bajara de la unidad, por motivos que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos. Una fotografía donde se le observa en medio de un camino oscuro, tomada por el taxista, es el último retrato de la joven con vida.

Dos semanas después, el 21 de abril, las autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo de un cuerpo dentro de la cisterna abandonada de un motel, en el que previamente se habían hecho inspecciones sin que dieran resultados positivos. De acuerdo con la primera versión de la fiscalía local, la joven había caído de manera accidental, golpeándose en la cabeza.

Esta respuesta de las autoridades provocó indignación, y la exigencia de que se investigara el caso como feminicidio se intensificó luego de que medios de comunicación dieran a conocer el resultado de un peritaje independiente realizado a petición de la familia de Debanhi, en el que se establecía que su cuerpo mostraba señales de una posible agresión sexual.

La familia de la joven había reservado la información de ese peritaje, por lo que a la exigencia de justicia por el feminicidio sumó la demanda de que se removiera a los funcionarios implicados en la filtración de los datos que revictimizaron a la joven y por las negligencias en la investigación. Esto motivó que intervinieran autoridades federales con un tercer peritaje del cuerpo, mismo que fue exhumado y reexaminado, con la conclusión de que la víctima fue asesinada por asfixia.

Han transcurrido más de tres meses y todavía no hay personas detenidas por este hecho. Su padre ha acusado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de Nuevo León de querer cerrar el caso, pero afirma que no descansará hasta obtener justicia y reparación al daño a la imagen de Debanhi, a quien se responsabilizó de su muerte por haber acudido a una fiesta y no irse con sus amigas y posteriormente se revictimizó.

La afectación contra las víctimas

María de la Luz Estrada y Karla Micheel Salas coinciden en que prevalece una cultura machista dentro del sistema de justicia que minimiza las violencias que denuncian las mujeres y se niega a asumir la responsabilidad de prevenir que las agresiones continúen y puedan escalar hasta la muerte. Además, enfrentan a las familias de las asesinadas, víctimas indirectas, a procesos de revictimización que provocan daños psicológicos e incluso físicos al paso de los años.

“Hay un mensaje de permisividad que deja indefensas a las familias, y que a las mujeres les da el mensaje de que a ellas también les puede pasar, sin que haya un interés de la justicia por resolver los casos y que exista sanción contra los agresores. Esto va generando miedos, desplazamientos forzados ante los riesgos de represalias, todo ante la indiferencia de las autoridades”, señala Karla Micheel.

A ello se suma el hecho de que las autoridades “obligan” a las familias a convertirse en investigadores de los casos. María de la Luz Estrada menciona que en el OCNF reciben varios casos en los que las fiscalías demandan a las madres de las víctimas que presenten pruebas para presumir que se trató de asesinatos y no de accidentes o suicidios, lo que es una obligación de las autoridades investigar y probar.

En su opinión, las autoridades prefieren tipificar los feminicidios como homicidios dolosos o suicidios para no cargar con el costo político de que se les acuse de no actuar ante las situaciones de violencia de género, agresiones que “en muchas ocasiones se pudieron evitar, porque las víctimas pidieron ayuda y denunciaron, pero no las escucharon”.

“A esto nos enfrentamos a diario, a 11 feminicidios y a un sistema negligente que los deja impunes, porque prefieren terminar con las investigaciones señalando a las víctimas como las responsables. En el caso de Luz Raquel Padilla, nos enfrentamos a otro caso de estos, en los que no trabajan para investigar la agresión en su contra, pero presentan todo tipo de pruebas para construir una versión en la que ella se quemó, aun con los antecedentes de amenazas. Y yo digo, si ella se inmoló, ¿no es más grave aún que haya tenido que llegar a eso para ser escuchada por las autoridades? Nos deben muchas respuestas”, advierte.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.


La negligencia, el camino hacia el feminicidio de Magdalena Aguilar

Texto: Arturo de Dios Palma

Fotografía: Raymundo Ruiz / Cromática agencia fotográfica y multimedia

Taxco

Una mañana de agosto del 2014, Magdalena dijo por teléfono a su padre, Diego Aguilar Zamora, que no aguantaba más, que quería separarse de César.

La respuesta fue inmediata: “Salte. Toma sólo tus documentos y de los niños. No te traigas ropa. Te espero afuera”.

Ese día César no estaba en casa.

Magdalena se apresuró, buscó los documentos, guardó algo de ropa suya y de sus hijos y dejó la casa donde vivió tres años con César.

En 2011, Magdalena Aguilar Romero y César Gómez Arciniega se conocieron. Se hicieron novios y a los seis meses la joven se embarazó; se fueron a vivir juntos y poco después se casaron.

La vida de Magdalena cambió de golpe. Dejó de estudiar la Licenciatura en Nutrición para dedicarse a sus hijos y a su familia.

Un año después, en 2012, con el apoyo de su papá y su mamá, retomó los estudios en Iguala. Todos los días viajaba. A César, eso le molestaba.

La rutina de Magdalena con su familia comenzó a diluirse. Dejó de ir a convivios, a la comida de todos los domingos en casa de su abuela materna, de visitar a su mamá y papá, incluso, dejó de celebrar algunas navidades y cumpleaños de sus hermanos.

La respuesta para negarse casi siempre era la misma: “No puedo”, “estoy ocupada”.

Para ver a Magdalena había una sola forma: ir hasta la casa de César a visitarla.

Habían comenzado las prohibiciones de parte de César. Magdalena no se arreglaba, en ocasiones no se bañaba, no salía, se negaba ir a fiestas, pero había un rasgo que no deja dudas de su nueva vida: adelgazó al extremo.

“Cuando le preguntábamos a los niños que comían, siempre nos contestaban lo mismo: papas con salsa”, cuenta Saúl, el hermano menor de Magdalena.

Las prohibiciones se volvieron extremas. Un día, César prohibió a Magdalena visitar a Saúl, porque no quería que le fuera a “pegar” su homosexualidad a su hijo mayor.

En la familia de Magdalena hay muy pocos recuerdos de convivencia entre ellos y César. Casi nunca los visitaban y las pocas veces que lo hacían era demasiado serio, distante.

Saúl convivió con César y Magdalena cuando eran novios. Desde entonces notó que “era machista, celoso, posesivo y homofóbico”.

“César le quitó energía a Magdalena, le quitó vida y la metió en problemas”, dice Saúl.

Un día, cuenta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le requirió a Magdalena que se presentara a regularizar la situación fiscal de su joyería. “¿Joyería de plata?”, se preguntaron todos.

César a escondidas puso a nombre de Magdalena una joyería de plata que administraba un familiar de él. César tiene 35 años y la familia de Magdalena nunca supo con exactitud a qué se dedicaba.

Tres años duró la relación entre César y Magdalena y esa mañana de agosto, cuando salió huyendo, todos creyeron que estaba a salvo.

*

La mañana del sábado 13 de enero, Magdalena llegó hasta la cama de su madre, María de los Ángeles Romero, le dijo que iba a dar unas consultas particulares, después iría por sus hijos y volvía. Le dio un beso en la frente y se despidió.

Los últimos tres años fueron intensos para Magdalena.

“Siempre andaba corriendo, de un lado a otro, no paraba”, dice Saúl.

Después de aquella mañana de agosto, Magdalena comenzó a recuperarse, a mantenerse ocupada entre la escuela y sus hijos y, el último año, en su servicio social en el centro de salud de Taxco.

Retomó el gusto por salir a tomar el café con sus amigas, por arreglarse, por pintarse, por ejercitarse, por leer, por ir a comer con su familia, por llevar a sus hijos a jugar al zócalo. En este tiempo, coincide su familia, siempre se mantuvo fuerte, alegre.

“Nunca la vi enojada, siempre contenta, riéndose, cariñosa. Magda era una guerrera”, recuerda su papá, un hombre que forjó a su familia como mineros, el principal oficio en Taxco desde hace décadas.

En esos tres años, Magdalena estuvo protegida y apoyada por toda su familia.

“A ella la pusimos en el centro, la apoyamos porque queríamos que saliera adelante”, dice su padre.

Mientras Magdalena iba a la escuela, o a su servicio, uno de sus hermanos iba por los niños a la escuela, el otro los cuidaba mientras llegaba, pero nunca estuvo sola, recuerdan.

Magdalena, dice una de las integrantes de la Colectiva Camina Violeta en Taxco, siempre estuvo en riesgo. Un riesgo que nunca se midió. Explica que cuando se da una separación como la de Magdalena —que salió huyendo— en la ex pareja se genera un coraje profundo.

Las mujeres, que prefieren omitir su nombre por seguridad, dicen que en el centro de salud donde fue atendida por violencia, a Magdalena la clasificaron con un riesgo muy alto. Esta clasificación fue enviada a la agencia del Ministerio Público (MP) y al área de apoyo a mujeres del ayuntamiento de Taxco para que le dieran seguimiento a su caso.

“Lo que pasó es que no hubo el acompañamiento adecuado de las instituciones, el MP tuvo que haber ido a visitar a Magda para verificar su situación y eso nunca pasó”, lamentan.

Las integrantes de esta colectiva explican que el principal obstáculo que enfrentan las mujeres violentadas son las instituciones: no activan pronto los protocolos de protección, dilatan en tomar las denuncias y las reacciones cuando son violentadas son muy lentas.

En el caso de Magdalena fue tan lenta la actuación de las autoridades, cuentan las integrantes de la colectiva, que la mañana del domingo 21 de enero —ocho días después de la desaparición de la joven— vieron a César comprando con toda tranquilidad su desayuno en el centro de Taxco.

*

El jueves 11 de enero, Magdalena dejó sus dos hijos con César. Habían acordado que ella los tendría de lunes a viernes y él los fines de semana.

Tres meses atrás, la madre de César, Silvia Arciniega, habló con Magdalena. Le pidió que le prestara a los niños, que los extrañaba y que también era bueno que convivieran con su otra familia. Después de días de pláticas, Magdalena accedió.

César nunca cumplió con la manutención a pesar del acuerdo ante un juez cuando concretaron su divorcio, en 2015.

El sábado 13, César tenía que entregarle a los niños. Acordaron verse a la una de la tarde en el zócalo de Taxco. César no llegó y le aviso que mejor a las dos. Tampoco llegó. Después a las cinco. Fue lo mismo. Entonces Magdalena decidió ir a buscarlo a su casa en la calle Guadalupe, en el barrio de Los Adobes.

A las cinco de la tarde, Magdalena se comunicó con su madre; le dijo que la esperaba para ir juntas a la misa de cabo de año de su bisabuela. Magdalena no llegó. María de los Ángeles le mandó un primer mensaje por Whatsapp, una imagen; después otro avisándole que la misa había terminado y que ya se iba al rezo y, un tercero: “¿Qué pasó?”. Este último ya no llegó.

“En ese momento me comencé a preocupar, pero también a molestar porque pensé que Magdalena había vuelto con César”, dice María de los Ángeles.

Llegó la noche, Magdalena no. Todas las llamadas mandaban directamente al buzón. En la familia trataron de calmarse. Se durmieron y al siguiente día comenzaron a buscarla.

El primer lugar donde acudieron fue a la casa de César. Los recibió Silvia y el mismo César. Ambos aceptaron que Magdalena estuvo ahí, pero dijeron que alrededor de las seis de la tarde se fue sin los niños. César tenía la cara rasguñada.

Fueron al MP a denunciar la desaparición de la joven. Se toparon con el primer obstáculo.

—¿Ahora qué sigue?— preguntó el padre de Magdalena al agente del MP después de interponer la denuncia.

—No sé, yo no sé qué es lo que sigue, eso lo tienen que decidir ustedes.

Los nueve días de búsqueda corrieron por parte de la familia, los amigos y grupos de apoyo a mujeres. Montaron una campaña en redes sociales, pegaron volantes por todo Taxco. La familia nunca perdió de vista que los principales sospechosos eran César y su madre. Trataron de mantener vigilada siempre la casa y por la presión que generaron, un grupo de policías ministeriales entró al domicilio de César pero no hallaron nada.

Fueron días de desesperación, de estrés, de angustia. María de los Ángeles recibió llamadas pidiéndole dinero, incluso hasta de burla.

El sábado 20, recibió una llamada que la estremeció: “su hija está en la casa de César, la tienen en cacerolas”. El lunes todo quedó al descubierto: en un local de César fue hallada Magda asesinada, así como le dijeron a su madre.

Silvia, la madre de César, fue sentenciada a 40 años de prisión por el feminicidio de Magdalena. César estuvo prófugo cuatro años, el miércoles 6 de junio, el ayuntamiento de Tijuana informó de su detención. Desde hace años, la Fiscalía General de Estado (FGE) de Guerrero contaba con información de que César se escondía en Tijuana, pero no intentaron detenerlo.

 

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Solo el 2 por ciento de homicidios contra mujeres son clasificados como feminicidios

La presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, informó que del total de homicidios contra mujeres cometidos en el estado solo el dos por ciento son calificados como feminicidios.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En Guerrero, en lo que va del año, ocurrieron 62 asesinatos de mujeres.

De acuerdo con Reyna Aguilar es una constante que en la entidad de un total de homicidios contra mujeres solo un dos por ciento es catalogado como feminicidio, y precisó que de ese porcentaje se tiene que analizar cuantas condenas fueron condenatorias o absolutorias.

Dijo que en el caso de Chilpancingo solo hay tres juicios por feminicidio, casos que no detalló para no entorpecer el debido proceso judicial.

“Por ley todos los homicidios que se cometan contra las mujeres deben de comenzar a investigarse como feminicidio y después se valora si es una probable línea de investigación para continuarla o descartarla, pero parece que sucede al revés”, mencionó.

Dijo que los datos sobre homicidios contra mujeres pueden estar sesgados ya que el registro que maneja la Agcvim se alimenta con datos de diferentes medios de comunicación en el estado, pero en muchos lugares como Iguala y Tierra Caliente los medios ya no publican información sobre violencia.

En los últimos días la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre los avances de dos investigaciones sobre feminicidios ocurridos en la entidad; la primera de ellas relacionada con los cadáveres de dos mujeres halladas en una cisterna de la colonia Indeco al poniente de la capital.

Reyna Aguilar mencionó que se comenzaron las líneas de investigación por feminicidio, y aclaró que para que eso sucedería tuvo que intervenir ella, a través de un acompañamiento con familiares de las víctimas.

“Ojalá no tuviera que suceder eso, ojalá que todas las víctimas y familiares tuvieran la facilidad de entablar un diálogo con las autoridades sin necesidad de un acompañamiento”.

En un segundo hecho la madrugada de hoy se informó que fue detenido en la ciudad de Tijuana el presunto feminicida de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, asesinada en enero del 2018.

Al respecto Reyna Aguilar llamó a las autoridades a no actuar solamente por presión y que sea una constante que las investigaciones se realicen en tiempo y forma para no entorpecer después los juicios.

Dijo que la administración pasada no hizo nada por resolver el crimen.

“A mi parecer la Fiscalía actúa solamente cuando se lo propone y hoy se vio eso”, dijo.

Agregó que la administración pasada no hizo nada para eliminar las dos alertas de género que hay en la entidad, que a pesar de las recomendaciones y el recurso destinado para eso nunca hubo resultados.

“La administración actual está en el proceso de elaboración de estrategias para atender las dos alertas de género, pero vamos a estar muy atentas a que no se repita lo mismo que con el gobierno anterior”.

La activista dio una conferencia de prensa este jueves en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNR) de Chilpancingo.

 

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FGE identifica los tres cadáveres hallados en una cisterna en colonia de Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado que identificó los tres cadáveres hallados dentro de una cisterna el pasado 28 de junio en la colonia Indeco, al poniente de Chilpancingo.

La FGE informó que las dos mujeres fueron identificadas como Dania Itzel Vélez Castorena, de 29 años, y Mireya Ávila Mendoza, de 33, ambas tenían reporte de desaparecidas desde el pasado 14 de junio, con su respectiva ficha en el protocolo Alba.

El día de ayer 5 de julio, la FGE confirmó a través de sus redes sociales que tras la realización de las pruebas de perfil genético se logró identificar los cadáveres hallados el 28 de junio en avanzado estado de descomposición.

El tercer cadáver corresponde a un hombre al que la FGE hace referencia como Edgar “N”, del que no se aportaron mayores datos.

Los cadáveres fueron reclamados por sus familiares, en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

En el comunicado la FGE dijo que continuarán con la investigación, “en la ruta de esclarecer los hechos y obtener datos de prueba, que permitan dar con los probables responsables del triple asesinato”.

En dicho texto no se específica si los casos de Dania y Mireya se investigan bajo el protocolo de feminicidio.

Se supo que Dania Itzel era trabajadora domestica y madre de familia, como trabajadora del hogar perteneció a la Red de Mujeres Empleadas del Hogar.

De acuerdo con la ficha del Protocolo Alba, Dania tenía 29 años y desapareció el 14 de junio pasado, fecha en que sus familiares la vieron por última vez. Ese día fue a su trabajo que consistía en cuidar a una persona de la tercera edad, de acuerdo con la ficha de búsqueda.

Los familiares de Dania reportaron su desaparición el 22 de junio, día que las autoridades ministeriales hicieron pública la ficha de desaparición.

El mismo día de la desaparición de Dania despareció Mireya de, 33 años, la otra víctima localizada dentro de la cisterna.

Casualmente la última vez que sus familiares supieron de ella fue el mismo día que desapareció Dania. Por ella también se activó el Protocolo Alba el 24 de junio.

La FGE no proporciona datos del hombre asesinado.

 

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Cinco años de la AVG por violencia feminicida y ningún revés


Texto: Beatriz García
Foto: Amílcar Juárez 
Chilpancingo

Dania Itzel, de 29 años, era trabajadora del hogar y madre de familia, vivió en un municipio alertado por violencia feminicida, donde las autoridades debieron parar esta situación. Este miércoles su cadáver fue identificado junto al de otra mujer, Mireya, en Chilpancingo; ambas fueron asesinadas.

La violencia encarnada hacia las mujeres desde hace años en el estado originó que el 23 de junio del 2016 activistas feministas solicitaran la alerta ante Instituto Nacional de Mujeres (INM), porque Guerrero llevaba años con una violencia sistemática hacia las mujeres. El estado ocupó uno de los primeros tres lugares a nivel nacional en violencia feminicida durante el periodo 1984-2010.

El 22 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la AVG en Guerrero. Los municipios dentro de esa alerta son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala. Posteriormente se sumó Chilapa.

Han pasado cinco años y la violencia feminicida en Guerrero no para. El martes pasado dentro de una cisterna de agua localizaron tres cadáveres, el de dos mujeres y un hombre, los tres asesinados, de acuerdo a los reportes policiacos del estado.

El hallazgo se dio en la colonia Indeco, cerca de un centro de salud.

Este miércoles los familiares de Dania, Mireya y el otro hombre identificaron sus cadáveres.

Dania formaba parte de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar en Guerrero, lo confirmaron sus compañeras de organización.

Esta Red nació en el estado en 2001 por un grupo de mujeres que trabajaban haciendo quehaceres domésticos en casas, con el objetivo central de velar por sus derechos laborales y humanos: pagos justos y seguridad social, y no permitir ninguna violencia.

Dania tenía 29 años y la última vez que sus familiares supieron de ella fue el pasado 14 de junio. Ese día fue a su trabajo quien cuidaba a una persona de la tercera edad, de acuerdo a la ficha de Alerta Alba y a la información publicada por las integrantes de la Red vía Facebook.

Los familiares de Dania reportaron su desaparición el 22 de junio, día que las autoridades ministeriales hicieron pública la ficha de desaparición.

Ese 14 de junio, antes de su desaparición, Dania habló a una de sus hijas y le dijo que más tarde la vería en su casa, lo confirmó una de las integrantes de la organización de mujeres, quien no quiso dar más detalles para no entorpecer las investigaciones sobre el asesinato de su compañera.

Mireya, de 33 años, es la otra víctima asesinada localizada dentro de la cisterna. Casualmente la última vez que sus familiares supieron de ella fue el mismo día que desapareció Dania, el 14 de junio, pero interpusieron la denuncia formal el 24 de junio, y por ella también se activó la Alerta Alba.

Desde la Red de Mujeres exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda justicia y que no quede impune el asesinato de su compañera empleada del hogar.


Dos AVG en Guerrero y la violencia feminicida sigue

Con dos AVG en Guerrero la violencia feminicida no para
Dania vivía en uno de los ocho municipios alertados por violencia de género, pese a las medidas impuestas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), las autoridades no han parado la violencia en los últimos cinco años.

El miércoles de la semana pasada se reunieron las integrantes del Grupo interdisciplinario para dar seguimiento a las alertas con la gobernadora y representantes de dependencias como la CONAVIM, la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tienen ver con el cumplimiento de las alertas.

En esta reunión se determinó que en la primera alerta por violencia feminicida las 21 medidas para combatir este problema no se cumplieron, compartió la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM) e integrante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, Marina Reyna Aguilar.

Entre las 21 medidas están las acciones de prevención, pero cuando ya existe una violencia extrema se debió garantizar el acceso a la procuración y acceso a la justicia, que le corresponden la FGE y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Para las integrantes del Grupo interdisciplinario “hay mucha impunidad en el estado”, porque además en el tema de procuración no se hace adecuadamente el trabajo, es decir, las carpetas de investigación a cargo de la FGE no cuentan con elementos contundentes y suficientes para que el TSJ tenga elementos para determinar la culpabilidad de quienes son señalados de cometer el delito.

En esta reunión, el Grupo interdisciplinario exigió se focalizar el trabajo de la Fiscalía y el Tribunal, porque en cinco años de que se enunciara la primera alerta no hubo resultados objetivos.

Las autoridades hicieron actividades al respecto, no duda Reyna Aguilar, pero cree que sin ningún impacto ni avances.
Las actuales autoridades del estado tienen una tarea próxima: presentar el programa de trabajo de ambas alertas, una vez que se tenga se tiene que dar seguimiento.


Asesinan a dos mujeres en Guerrero; son 56 casos con presunción de feminicidio en casi seis meses

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que en este año incrementó la violencia contra las mujeres y prueba de ello es  que hasta este lunes 20 de junio suman 56 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en esta entidad.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

Chilpancingo

 

En distintos hechos de violencia registrados en Guerrero, dos mujeres fueron asesinadas a balazos, una de ellas en la autopista del Sol y la otra en una tortillería en Iguala, informó la Fiscalía General.

Este domingo en la noche, tres hombres que portaban armas largas atacaron a balazos a una familia que viajaba en una camioneta en la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 210, cerca del puente Solidaridad.

Los delincuentes iban en un vehículo y se le emparejaron a una camioneta Nissan doble cabina color gris con placas del Estado de Guerrero.

Al darle alcance a la camioneta, los individuos la atacaron a tiros pegando varios impactos en el medallón trasero del vehículo.

En la agresión murió una mujer de nombre Alejandra Martínez que vestía playera negra y pantalón de mezclilla.

Los tres sujetos armados despojaron de sus pertenencias a sus víctimas y se dieron a la fuga.

El hermano de la mujer asesinada era el que manejaba la camioneta y ambos venían procedentes de  ciudad de Cuautla, Morelos.

Después del ataque armado, elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y a su vez personal del Servicio Médico Forense trasladaron el cadáver de la mujer a la unidad forense de la ciudad de Iguala.

En Iguala, en la colonia 24 de Febrero, hombres armados que se trasladaban en una motocicleta dispararon sus armas contra el negocio de una tortillería que tiene como razón social Las Flores.

Los agresores le dieron muerte a una empleada de la tortillería.

Van 56 asesinatos de mujeres

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que en este año incrementó la violencia contra las mujeres y prueba de ello es  que hasta este lunes 20 de junio suman 56 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en esta entidad.

«Hemos visto que en Guerrero se ha recrudecido la violencia y no vemos que las autoridades la frenen», expuso la activista.

En Guerrero hay dos alertas de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Tlapa, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

Dijo que estos momentos la violencia en todas sus formas se está registrando en 54 de los 81 municipios de Guerrero.

Reyna Aguilar planteó la necesidad de que en los 81 municipios se implementen programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres como es una obligación que deben de llevarla a cabo.

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Feministas protestaron por violencia feminicida

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Para exigir que en Guerrero y en el resto del país acabe la violencia feminicida, colectivos de mujeres feministas protestaron en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo la tarde de este miércoles.

Esta protesta fue en el marco de la Jornada de luto nacional por las víctimas de feminicidio en el país.

En el mitin exigieron a los tres niveles de gobierno un alto a la violencia feminicida y a las instancias responsables de impartir justica que esclarezca los asesinatos de mujeres en Guerrero.

Fueron dos grupos de activistas que realizaron actos separados.

La activista YolitzinJaimes integrante del colectivo Las revueltas encabezó una protesta en la que hizo un recuento de mujeres y niñas asesinadas o desaparecidas en Guerrero.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que en lo que va del año en Guerrero hay 20 fichas activas de niñas y jóvenes desaparecidas, 17 de la Alerta Amber para menores de edad y tres del Protocolo Alba para mujeres mayores de 18 años.

En ese sentido la activista Yolitzin Jaimes dijo:

«¿Cómo las van a encontrar si no las están buscando? Queremos hacer visible la desaparición de mujeres y niñas en Guerrero por eso hoy nos unimos al luto nacional»

Las manifestantes pintaron en el piso de la Plaza Cívica la oración «Ni una más».

En otro punto de la Plaza Cívica, otro grupo de colectivas feministas realizó otra manifestación.

Un grupo de mujeres con una lona de color morado con la leyenda, «Somos la luz de las que ya no están. Por nosotras justicia para rodas».

Colocaron cruces de manera como un símbolo de protesta y en memoria de las mujeres asesinadas en Guerrero y en el país.

Ahí leyeron un pronunciamiento dondw exigieron presupuesto para atender la violencia contra la mujer.

«Exigimos al Estado mexicano dé el mismo trato político y presupuestal al feminicidio, a la trata de personas, y a las violencias generalizadas, que otorga a temas que pareciera que solo a los hombres en el poder les interesan, tales como el narcotráfico, el combate a la corrupción, al huachicol o la a inflación», mencionaron.

Un día después de que el Congreso del Estado aprobó la despenalización del aborto en la entidad la activista Elia Moreno del Moral dijo que es un primer paso para erradicar la violencia pero que falta mucho para que la reforma en el Código Penal sea completa.

«Se debió analizar junto con la Comisión de Salud y de educación para que sea un dictamen integro, pero es primer paso que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos», dijo.

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Gobierno Federal aún no entrega a entidades 719 mdp para combatir violencia contra las mujeres

El financiamiento al combate a la violencia contra las mujeres en las entidades estaba etiquetado en un programa operado por Indesol, pero tras su desaparición por decreto, los 289 millones de pesos de presupuesto siguen intactos.


Texto: Nayeli Roldan / Animal Político 

Fotografía:

3 de mayo de 2022

 

Tras cambios administrativos en el gobierno federal, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim) debería operar dos estrategias para el combate a la violencia contra las mujeres en las entidades federativas que suman 719 millones de pesos, pero hasta el primer trimestre de este año aún no había distribuido los recursos.

El financiamiento del gobierno federal al combate a la violencia contra las mujeres en las entidades estaba etiquetado en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que era operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), pero tras su desaparición por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, los 289 millones de pesos de presupuesto siguen intactos.

Tras la extinción del Indesol, el programa sería operado por la Conavim, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero esta recibió el presupuesto apenas a final de abril y aún no hay fecha para distribuirlo a los estados.

Lo mismo está pasando con los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR) que llevan más de cuatro meses operando sin recibir los 430 millones previstos debido a que ese presupuesto también estaba etiquetado en la Secretaría de Bienestar, pero a partir de 2022 sería operado por la Conavim, pero tampoco han sido entregados.

Esto ha detenido, por ejemplo, el traslado de mujeres víctimas de violencia a otros estados o países lejos de sus agresores. Además, los centros tienen deudas con proveedores de alimentos y medicamentos, que han seguido surtiéndoles a través de préstamos.

En el caso del PAIMEF, se trata del financiamiento a los institutos de mujeres en los estados y si bien el retraso en la entrega de recursos había sido un problema permanente del programa, en este año aún falta que la Conavim publique las reglas de operación, que los institutos presenten sus propuestas, que sean aprobados y solo así recibirán los recursos.

El retraso en la asignación de este presupuesto siempre ha afectado la operación de los mecanismos y acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres que realizan los estados con ese subsidio federal desde los institutos de las mujeres estatales, advierte Elsa Conde, feminista e integrante de Aliadas por la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres.

Esta retención ocurre en un momento en que la aplicación del dinero público se vuelve aún más urgente ante la violencia contra las mujeres que se ha duplicado en los últimos siete años, pues mientras que en el primer trimestre de 2015 hubo 470 mujeres asesinadas, en 2020 y 2021 la cifra fue de 987 y 963, respectivamente.

La desaparición del Indesol

El 31 de diciembre de 2021, el presidente López Obrador firmó el decreto para desaparecer el Indesol, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, y reducirlo a una “dirección general” en dicha dependencia.

Sin embargo, el cambio ocurrió sin tener claridad en la operación de los recursos para el combate a la violencia contra las mujeres. Por eso es que días antes de ello, el 11 de diciembre de 2021, la Secretaría de Bienestar aún aparecía como la dependencia responsable y por eso había publicado las reglas de operación del programa, requisito indispensable para que los estados participen y puedan recibir el subsidio.

En tanto, en el decreto de extinción se establecía que “los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Indesol serán transferidos a la nueva dirección”, pero no decía qué pasaría con ese programa.

La titular de la Conavim, Fabiola Alanís, aseguró entonces que “la Comisión se hará cargo en el 2022 ya de la conducción de los refugios y también de lo que tiene que ver con el Programa de Apoyo  de las instancias que se relaciona con las entidades federativas del PAIMEF”.

No obstante, en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, el PAIMEF tenía un avance de gasto de 0.5%.

Animal Político preguntó a la Secretaría de Bienestar quien respondió que la semana pasada transfirió los recursos a la Conavim la semana pasada. En tanto, la Conavim no respondió a entrevista.

En diciembre pasado, tras la extinción del Indesol, Fabiola Alanís defendía la decisión del presidente, y declaró a este medio que “la Conavim tiene toda la capacidad, la  posibilidad de hacerse cargo de estos programas y más. No debe haber ahí ninguna duda al respecto. El traslado de los programas también implica traslado  de personal, de lo que es la plataforma, del sistema, no es de que ‘te doy los recursos y hazte  cargo y hazte bolas’. Este es un tema, institucional y está caminando, va a caminar muy bien”.

“Lejos de debilitarse (al PAIMEF), se fortalece porque va a complementarse muy bien con los recursos que ya se implementan desde la Conavim para las alertas de violencia de género, para los centros de justicia para las mujeres y esto va a ayudar a verlo como un todo”, dijo.

 

*Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace

 

Desde el sábado dos mujeres que aparecieron asesinadas este domingo fueron secuestradas por hombres armados

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

2 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Eleuteria Dircio y su nuera Rosalía Pérez, quienes aparecieron este domingo asesinadas con un tiro en la cabeza a la orilla de un camino en el municipio de Copanatoyac, en la Montaña, fueron privadas de su libertad la noche del sábado por hombres armados en la comunidad de Laguna Membrillo, del municipio de Zapotitlán Tablas.

«Los hombres armados se metieron a una casa donde se llevaron a la suegra, posteriormente fueron a otra vivienda y agarraron a la nuera en Laguna», contó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Barrera Hernández dijo que después de que las mujeres fueron privadas de su libertad ninguna autoridad fue por su búsqueda y rescate.

El domingo el alcalde de Copanatoyac, el priista Eleuterio Reyes Calleja, informó que a las 9 de la mañana los automovilistas que transitaban por la carretera que conduce a la comunidad de Potoichán le dijeron que en la orilla estaban tirados los cadáveres de dos mujeres.

Las dos mujeres tenían el rostro ensangrentado por lo que se presume que ambas recibieron un balazo en la cabeza, comentó el edil.

Hasta la tarde del domingo, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias y trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

Los familiares de las dos víctimas realizaban los trámites para llevarlas a su comunidad y darles sepultura.

Laguna Membrillo, es una comunidad indígena de la región de la Montaña perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas.

El director de Tlachinollan denunció que ninguna autoridad municipal o estatal acompañó a los familiares de las mujeres asesinadas para que les entreguen los cadáveres.

Para el activista, la indiferencia y desatención del gobierno, es ya algo normal que siempre padecen los habitantes de la Montaña sobre todo cuando se trata de asuntos de violencia extrema.

Contó que Eleuteria y su nuera Rosalía formaban parte de muchas mujeres de la Montaña que se habían desplazado por la violencia por conflictos entre familias o venganzas.

«A las dos mujeres les mataron a sus esposos y a otros familiares», refirió.

Dijo que estos asesinatos como los que ocurrieron este domingo se hubieran evitado si el gobierno estuviera atento tomando medidas preventivas.

Señaló que a más de cinco meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda presentó en Tlapa la estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la venta de niñas en la Montaña, la situación no ha cambiado.

«Solo se firmaron papeles, se firmaron convenios entre la Secretaría de la Mujer con los ayuntamientos, hay talleres y capacitaciones pero solo eso», dijo Barrera.

Mencionó que la violencia extrema contra las mujeres en la Montaña no para y prueba de ello es de que en lo que va de este año se han registrado diez feminicidios.

El 23 de abril en la colonia Contlacalco, en Tlapa, la señora Celia Mendoza Galeana, fue asesinada a balazos por su ex pareja sentimental frente a su hermana e hijos.

Ese mismo día en Cochoapa El Grande, un hombre armado ingresó a una casa y mató a tiros a una adolescente.

Barrera Hernández señaló que estos casos y otros asesinatos más de mujeres se han registrado en municipios de la Montaña, pero no los investiga la FGE.

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres ha documentado en lo que va del año 38 asesinatos contra mujeres con características de feminicidio.

La FGE en lo que va del 2022, 20 mujeres, 17 menores de edad y tres mayores de 18 años están desaparecidas, de acuerdo a las alertas Amber y Alba que ha emitido.

Barrera Hernández denunció que cuando ocurren asesinatos contra mujeres en la Montaña nadie de la Secretaría de la Mujer le da acompañamiento a los familiares para interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

«Con mucho más razón estas autoridades brillan por su ausencia cuando un hecho ocurre el fin de semana como sucedió con los casos de la suegra y nuera asesinadas», externó el activista.

Mencionó que en estos momentos hay mujeres que están desplazadas por la violencia en comunidades de los municipios de Tlapa, Copanatoyac, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Zapotitlán Tablas y no tienen un lugar donde refugiarse porque el gobierno estatal no ha instalado albergues en la Montaña.

 

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Asesinan a otras dos mujeres en Guerrero; suman 37 casos en lo que va del año

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

1 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Con tiros en la cabeza fueron halladas la mañana de este domingo los cadáveres de dos mujere en la carretera que conduce a la comunidad de Potoichán, del municipio de Copanatoyac, en la región de la Montaña.

El alcalde priísta de Copanatoyac, Eleuterio Reyes Calleja, señaló que este domingo a las siete de la mañana la gente que transitaba en los vehículos sobre la carretera le informaron al síndico procurador que a la orilla de la vía estaban tirados los cadáveres de dos mujeres.

«Lo que me dijeron es de que las dos  tenían mucha sangre en la cara y estaban irreconocibles porque lo que se presume que las dos recibieron balazos en la cabeza», señaló el edil que fue entrevistado vía telefónica.

Las dos mujeres estaban descalzas y vestían pantalón azul de mezclilla, según el alcalde.

Dijo que alrededor de las 9 la mañana llegó el personal de la Fiscalía General del estado para realizar las diligencias de ley y se llevaron los cadáveres de las dos mujeres.

El lugar donde fueron halladas las dos víctimas está a 20 minutos de distancia de la localidad de Potoichán.

«Las dos indígenas asesinadas no son de nuestro municipio y lo que ocurrió es de que aquí vinieron a tirarlas», señaló el alcalde.

Dijo que esta carretera donde hallaros a las dos mujeres comunica al municipio de Zapotitlán Tablas.

«Aquí en nuestro municipio no ocurren ese tipo de cosas». En Potoichán, no hay violencia contra las mujeres, lo que pasa es de que a veces hay hechos de violencia porque hay grupitos que tienen rencillas de hace muchos años, expresó el edil.

Dice estar seguro que las mujeres no son de Potoichán porque él es originario de esa comunidad.

El alcalde reconoció que hasta el momento el ayuntamiento no ha instalado una unidad municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dice que a casi nueve meses de haber asumido el gobierno municipal solamente se ha designado a una titular de la dirección de La Mujer.

La organización de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, informó que en lo que va de este año 35 mujeres han sido asesinadas en Guerrero con características de feminicidio.

Con las dos mujeres indígenas del municipio de Copanatoyac asesinadas serían 37 los casos.

Además la Fiscalía General de Justicia tiene 20 alertas de desaparición de igual número de mujeres, 17 menores de edad por la Amber y 3 por la alerta Alba.

 

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