Feminicidio de maestra en Tlapa se suma a los más de 100 casos en la región Montaña

Texto: José Miguel Sánchez

25 de febrero del 2024

Chilpancingo

 

Griselda Martínez Morán fue asesinada a puñaladas en su departamento en Tlapa, la noche del jueves 22 de febrero.

Personas cercanas señalaron como primer sospechoso a su pareja, con quien vivía.

El asesinato fue cometido en la colonia San Francisco, frente a la preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

En primer momento no se conoció quién era la mujer hallada sin vida con huellas de agresión por arma blanca.

Dos días después del asesinato se confirmó que la víctima era Griselda Martínez Morán, quien se desempeñaba como maestra del Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero (Ibegro), en el plantel 143 de la comunidad de Cuyuxtlahuac, municipio de Alcozauca.

Familiares, amigas y colectivas feministas de Tlapa condenaron el asesinato y exigieron justicia.

La pareja de Griselda era César Sotelo, quien de acuerdo con lo contado por una de sus amigas en redes sociales, prohibió a Griselda ver a su familia, amigas y conocidos.

“Sus alumnos quedaron sin maestra, sus papás se quedaron sin una hija y yo me quedé sin una amiga”, escribió en su cuenta de Facebook Hellie Dossantos, amiga de Griselda.

Foto: Facebook/Feministas Tlapa

Por el feminicidio de Griselda, la colectiva Feministas Tlapa organiza una marcha para exigir justicia a las autoridades y el presunto feminicida sea hallado y llevado ante la ley.

La marcha a la que convoca la colectiva es para el próximo jueves 29 de febrero y partirá de la casa de Griselda, en Tlapa.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contabiliza desde 2014 a la fecha 100 casos de feminicidios, de los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) solo ha liberado nueve ordenes de aprehensión.

Uno de los casos de feminicidios más recientes fue el de María Margarita Vargas Florentino, asesinada el 2 de diciembre en Copanatoyac, presuntamente por su ex pareja, Pavel Bernabé Rosendo, quien la asfixió en su casa, en presencia de sus dos hijas de once y siete años.

Algunos otros casos de feminicidios en la Montaña de Guerrero, de los que se tiene registro, son el de las hermanas Kenia y Avelina Olivares López, asesinadas por Fernando Reyes Olivos, pareja de Kenia.

Otro caso ocurrido en Tlapa fue el de Celia Mendoza Gallardo asesinada frente a sus hijos después de discutir con su ex pareja.

Algunos otros casos de feminicidios en la Montaña de Guerrero, de los que se tiene registro, son los de las hermanas Kenia y Avelina Olivares López, asesinadas por Fernando Reyes Olivos, pareja de Kenia, en julio del 2022.

Otro caso ocurrido en Tlapa fue el de Celia Mendoza Gallardo asesinada frente a sus hijos después de discutir con su ex pareja, en abril del 2023

Exigen a autoridades de Jalisco aplicación de la Sentencia Mariana Lima

En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco donde abogó por un cambio urgente en la perspectiva de género en la justicia en un estado donde, tan sólo en 2023, se registraron 224 homicidios de mujeres, pero sólo 36 de tipificaron como feminicidios.


Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs

27 de enero 2024

 

En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, realizada en Guadalajara el 26 de enero, la defensora Irinea Buendía ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la Sentencia Mariana Lima Buendía, un parámetro jurídico para juzgar con perspectiva de género emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción y sensibilización para ejercer la justicia de con perspectiva de género.

Irinea Buendía, defensora de los derechos de las mujeres, es madre de Mariana Lima Buendía, mujer de 28 años que fue víctima de feminicidio en el año 2010 a manos de su esposo, Julio César Hernández, un ex comandante de la policía judicial del Estado de México.

Durante su exposición, Irinea Buendía detalló la violencia física, sexual, económica y psicológica que Mariana enfrentó a manos de su entonces esposo, y denunció la insensibilidad de las autoridades que, inicialmente, respaldaron la versión de suicidio presentada por el agresor.

La defensora enfatizó la necesidad de aplicar las leyes existentes y de la capacitación constante en perspectiva de género para todas las autoridades. Alertó sobre la emergencia nacional que representa la violencia de género y la importancia de actuar para evitar más feminicidios.

Desde finales de 2022, Irinea Buendía, emprendió una Caravana a nivel nacional para visibilizar y exigir que lo dictado por la Sentencia Mariana Lima Buendía se cumpla en cada entidad federativa, promoviendo que existan mecanismos y procedimientos adecuados a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.

Durante la conferencia, la defensora de los derechos de las mujeres compartió su lucha para hacer frente al feminicidio en México, a través de la propuesta de Ley Mariana Lima Buendía, la cual plantea investigar muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género para establecer si se trata de un feminicidio, esto incluye también todos los casos de suicidio y accidentes.

La iniciativa también propone sancionar a los servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias y que obstruyen la investigación y la justicia; así como la reparación integral del daño para las víctimas de feminicidios y sus familias, además de la participación de las familias de las víctimas en el proceso penal.

La activistas, Irinea Buendía, y Daniel Espinosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (Foto: Mario Marlo).

En su intervención, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, dio la bienvenida a Irinea Buendía y agradeció “el regaño” y llamó a todas y todos los que se encontraban en la Sala a ser mejores servidores públicos.

“Como integrantes del Poder Judicial, no nos enseñan a respetar la norma, pero no implica que como siempre lo hayamos hecho de esa manera sea correcto. En el caso lamentable de Mariana Lima, donde demuestra la negligencia, la omisión, la falta de empatía de entendimiento de un caso, a veces nos volvemos tan fríos que tenemos un expediente en la mano y lo vemos como tal: un expediente, y a partir de ahí sí, podemos dictar una sentencia ajustada a derecho. La pregunta es si es ajustada a la realidad, si realmente estamos aportando y contribuyendo a emitir una sentencia eficaz que resuelva el conflicto que se encuentra detrás del expediente.” Expresó.

Daniel Espinosa Licón se comprometió a integrar en el programa de estudios de maestría una clase sobre la sentencia Mariana Lima Buendía.

“Están todos exhortados, insto a todas y todos, tenemos que ser mejores servidores públicos, escuchemos contra la violencia de género. Hoy me comprometo, no es solo mi palabra. Cambiamos el programa de estudios de la maestría para tener la clase específica de la sentencia Mariana Lima Buendía, juzgar con perspectiva de género, magistradas, magistrados, despidos su apoyo para que esta propuesta sea incorporada, desde ya muchas gracias a todas y todos.”

En entrevista con ZonaDocs, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló que en 2023, en Jalisco, se sentenciaron cinco casos como feminicidio, mientras que 12 se encuentran judicializados.

En su participación, Irinea Buendía señaló:

“Cuando mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía eran dos de tres mujeres a las que le quitaban la vida, ahora son 20 mujeres, pero la autoridad dice que son nueve, pero no es cierto. Con mi visita a Jalisco son 26 estados los que he visitado, me propuse a hacer esta Caravana porque nos siguen matando, ya no sólo a las mujeres en edad reproductiva… también matan a las niñas y las mujeres de la tercera edad. Yo tenía que dar a conocer esta sentencia de la Suprema Corte de la Nación porque en muchos estados no la conocen, y si no la conocen no la pueden aplicar. La Sentencia Mariana Lima explica cómo se debe juzgar con perspectiva de género y cómo se debe castigar a los victimarios feminicidas. La Sentencia señala que toda muerte violenta de mujeres se deben investigar bajo el protocolo de feminicidio, la sentencia no dice si quieren o ahí si quieren, dice que se tiene que hacer… no es al contentillo”.

A las doce del día, la defensora Irinea Buendía entregó al Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa de ley para que sea incorporada a la legislación estatal la Sentencia Mariana Lima.

Foto: Mario Marlo

Caso Mariana Lima

Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010, a la edad de 28 años.

Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Irinea Buendía Cortés, inició una lucha para lograr el acceso a la justicia por el feminicidio de su hija.

Desde el asesinato de Mariana Lima, Irinea y su esposo iniciaron un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.

La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016. Siete años después, en marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a Julio César Hernández Ballinas a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima Buendía.

Durante la búsqueda de justicia, Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Según el OCNF, la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marcó un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México.

El máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones:

  • Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
  • En todos los casos, es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia.
  • La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que todos los funcionarios responsables deben ser sancionados.​

Madre de niña asesinada en Tixtla exige justicia, a cuatro años del crimen

Texto: Itzel Urieta

28 de enero del 2024

Chilpancingo

 

En un video difundido en su cuenta de X, Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, niña de 13 años desaparecida y hallada asesinada en las inmediaciones de Tixtla, en octubre del 2020, denunció la falta de atención por parte del gobierno federal para acceder a la justicia y el esclarecimiento del caso.

En el video de dos minutos, acusa que el “gobierno está de rodillas ante la delincuencia”, porque a cuatro años del asesinato de su hija no existen avances en las investigaciones.

“Llevo tres años viviendo en la calle, en un plantón que está afuera de la Secretaría de Gobernación, he andado de dependencia y dependencia buscando ayuda, buscando justicia, pero no he tenido respuesta”, mencionó en su video.

Flora Marcelo Rojas exige justicia para su hija asesinada hace cuatro años en un video que difundió ella misma. Foto: Captura de video.

El caso de Ayelín ocurrió en octubre del 2020. Su desaparición fue reportada el 15 de octubre, y cuatro días después, el cadáver fue hallado en las inmediaciones de una barranca en Tixtla, Guerrero.

Desde entonces Marcelo Rojas busca justicia y se instaló en plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, el 19 de noviembre del 2020, para ser atendida por la titular.

“El país está de rodillas ante la delincuencia”, dijo y pidió apoyo a las aspirantes presidenciales para que se sumen a la exigencia de justicia.

Flora Marcelo Rojas se manifiesta en Tixtla para exigir justicia en octubre del 2021. Foto: Oscar Guerrero/archivo Amapola

Tres titulares han pasado por la dependencia y nadie atendió ni atiende a Marcelo Rojas.

“En el gobierno de López Obrador no hay ninguna dependencia que me haya querido escuchar”, mencionó.

“A mi hija Ayelin, sus asesinos le arrebataron la vida, pero se llevaron parte de mi vida con ello, quiero que los culpables paguen, porque no es justo que existan tanta impunidad”, agregó Marcelo Rojas.

Localizan sin vida a una joven de Xochistlahuaca, tenía cuatro días desaparecida

Texto: Itzel Urieta

21 de enero del 2023

Chilpancingo

 

Elicelda López Morales, de 21 años, era originaria de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, era madre de una menor de dos años. La última vez que la vieron fue el 14 de enero, después de salir de su trabajo en el Ayuntamiento.

Ayer, Elicelda fue localizada sin vida. Sus familiares realizaron la denuncia formal y se emitió una ficha de búsqueda de Alerta Violeta, que se difundió en redes sociales.

Ficha de Alerta violeta de Elicelda López Morales, desaparecida el 14 de enero del 2024. Foto: FGE

Mencionaron que la localizaron cerca de un módulo de policías municipales y que a unos 40 metros de ese lugar hay cámaras de vigilancia. Exigieron a las autoridades realizar una investigación que lleve a los culpables para que sean castigados.

A esta solicitud se unieron las exigencias de justicia por el feminicidio.

Una de las versiones indica que compañeros de trabajo de Elicelda escondieron las llaves de su motoneta y no se las devolvieron, por lo que se fue molesta y a pie. Desde ese momento, nadie supo de ella.

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM) tiene registrados, en este primer mes del 2024, nueve asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio.

Fuera de registro oficial 123 feminicidios cometidos durante 2023

La AGCVM registró 138 feminicidios y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 15


Texto: Amapola Periodismo (Con información de Itzel Urieta)

Foto: Amapola periodismo/Archivo

7 de enero del 2023

Chilpancingo

 

La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM), a través del Monitor de Violencia de Género que forma parte de la asociación civil, registró durante 2023, 138 feminicidios en Guerrero y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 15 en el mismo año, lo que indica un subregistro oficial de los homicidios cometidos contra mujeres en razón de género.

De acuerdo con la presidenta de la AGCVM, Marina Reyna Aguilar, en la entidad, la mayoría de los homicidios contra mujeres no se tipifican como feminicidios, porque no son investigados con los protocolos establecidos, porque las agencias de los ministerios públicos son deficientes en la integración de las carpetas de investigación.

Por esa razón, explicó la activista, los feminicidios quedan registrados como homicidios de mujeres, aunque haya elementos para que se tipifique como feminicidio, es decir, como un delito cometido contra mujeres por su condición.

Reyna Aguilar llamó la atención de que existe una Fiscalía Especializada en Feminicidio de la Fiscalía General del Estado (FGE) que cuenta con el personal para la atención del tema, pero no son turnados a esta área la investigación de los homicidios de mujeres, precisamente por la falta de preparación de los ministerios públicos.

Foto: José Luis de la Cruz, 20 de marzo 2021.

Otras colectivas y activistas feministas publicaron otro registro de feminicidios de la entidad. En este se tiene un registro de 128 feminicidios.

En el Informe Delictivo de Violencia hacia las Mujeres que publica mensualmente el SESNSP, se registraron, de enero del 2023 a su corte de noviembre, 15 feminicidios en Guerrero.

Sobre estos datos el SESNSP no da más detalles, solo precisa que son datos recabados por las fiscalías o procuradurías locales.

Foto: José Luis de la Cruz, 20 de marzo 2021.

En el caso del Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la AGCVM, los datos aumentan de manera significativa, con 138 casos de homicidios con presunción de feminicidios.

De estos 138 casos, los municipios con más casos fueron Acapulco con 43, Chilpancingo con 23, Iguala con 18, Zihuatanejo con ocho, Chilapa con seis, Huitzuco con cinco, Taxco y Juan R Escudero con dos cada uno.

El Monitor de Violencia de la AGCVM registra las causas de muerte de las víctimas. De acuerdo con su registro durante 2023, 77 mujeres fueron asesinadas a balazos, 13 a golpes con algún tipo de objeto contundente, ocho mujeres fueron desmembradas y siete apuñaladas.

Hallan sin vida a Luisa Fernanda, desaparecida hace 10 días en Acapulco

Es el caso 127 de feminicidio en Guerrero


Texto: Itzel Urieta

Foto: Margena de la O

22 de diciembre del 2023

Chilpancingo

La última vez que vieron a Luisa Fernanda García Villegas, de 28 años, fue el 11 de diciembre en la zona de Costa Azul, en Acapulco. Estaba con Salvador Ángel Rodríguez Barrera, conocido como El Yaqui, quien era su pareja. 11 días después sus familiares confirmaron que hallaron su cadáver.

Al día siguiente de su desaparición, el 12 de diciembre, los familiares de Luisa Fernanda denunciaron que Salvador Ángel apagó su celular tan pronto fue público el caso de la joven; nadie sabe de él.

Los familiares de Luisa Fernanda interpusieron una denuncia para que la Fiscalía General del Estado (FGE) activara los protocolos de búsqueda.

Aspectos del bloqueo de familiares de Luisa Fernanda en la costera Miguel Alemán, el 14 de diciembre pasado, en exigencia de su aparición.

“Ya todo terminó, muchas gracias por todo a todos. No encontré a mi hermana como esperaba. Te amo para siempre Luisa. D.E.P amor de mi vida”, escribió en redes sociales quien se entiende es su hermana.

La FGE emitió un comunicado donde informó que hallaron el cadáver de una mujer con características parecidas a las de Luisa Fernanda.

“El día de ayer se recibió respuesta de la Fiscalía General de Puebla, sobre la localización en el municipio de Izúcar de Matamoros de un cuerpo que pudiera responder a las características físicas de Luisa N”, se lee en el comunicado.

Desde la desaparición de Luisa Fernanda, sus familiares y amigos comenzaron una campaña de búsqueda y difusión, principalmente en redes sociales, a la que se sumaron más usuarios.

Realizaron diversas marchas y bloqueos donde exigieron a la FGE la aparición con vida de Luisa Fernanda y la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el caso.

El primer bloqueo lo hicieron el 14 de diciembre en la avenida Costera Miguel Alemán, en la Diana Cazadora.

En ese bloqueo, María García, tía de Luisa Fernanda dijo que el último contacto de su sobrina fue con Salvador Ángel.

“Lo único que sabemos, es que él (Salvador Ángel) le dijo a sus familiares, Luisa salió de la casa ayer porque discutimos y ya no regresó”.

El lunes 18 de diciembre hicieron otro bloqueo y una marcha del asta bandera a la glorieta de la Diana Cazadora. Esa ocasión denunciaron que la pareja de Luisa Fernanda huyó sin rendir su declaración ante las autoridades ministeriales.

Esa ocasión la protesta se extendió hasta la noche. Al lugar de la protesta llegó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y le prometió a la familia una reunión para el día siguiente.

La última manifestación fue el miércoles pasado, donde la familia reprochó a la FGE la tardanza en obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Costa Azul, para saber qué pasó el día de la desaparición de Luisa Fernanda y con su pareja.

Incrementan en Guerrero los feminicidios en un 33 por ciento en 2023

A través de un comunicado firmado por 34 colectivas y activistas feministas, emitido el pasado lunes, informaron que en lo que va del año han ocurrido 126 feminicidios en el estado, un “33 por ciento en comparación con los 108 registrados en 2022”.

Estos datos los dieron a conocer el pasado lunes, después que en Chilpancingo policías municipales detuvieron a la activista Wendy Alanis Gutiérrez por realizar pintas en el centro de la capital un alto a los feminicidios en Guerrero.

“A pesar de que el Estado afirma que los feminicidios están disminuyendo, las cifras muestran lo contrario, adicionando que, muchos de estos casos no son investigados como posibles feminicidios, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, se lee en una parte del comunicado.

Con el caso de Luisa Fernanda la cifra aumentaría a 127 feminicidios.

“Estas no son simplemente cifras, son madres, hermanas, amigas, estudiantes, compañeras de trabajo, que a menudo quedan relegadas a la estadística”.

Algunas de las activistas feministas que firman el documento son María Luisa Garfias Marín, Viridiana Gutiérrez, Viridiana Gutiérrez Sotelo, Olimpia Jaimes López.

Entre las organizaciones y colectivas están la Red Feminista de Acapulco, Revolución Violeta, Diosas del Mar, Guerreras del Mar, Rebeldes y Revolucionarias, Colectiva Feminista Aguascalientes, Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Mujeres Afromexicanas en Movimiento entre otras.

Nueve órdenes de aprehensión contra feminicidas en la Montaña, ninguna ejecutada: Tlachinollan

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Tlachinollan 

15 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

“Lo feminicidas están libres y pueden seguir cometiendo más actos de violencia y no son detenidos”, denunció Neil Arias Vitino, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ante el aumento de feminicidos en esta región.

En total son nueve órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio en la Montaña del 2015 a la fecha. De estas nueve órdenes de aprehensión, ninguna se ha ejecutado, informó la abogada de la Organización no Gubernamental (ONG).

Tlachinollan brinda acompañamiento jurídico desde el 2014 a 27 familiares de víctimas de feminicidio, indicó Arias Vitino.

Aspectos de la marcha en Tlapa para exigir justicia por el feminicidio de María Margarita, el pasado 7 de diciembre del 2023. Fotografía: Tlachinollan

Tlachinollan tiene registro de 100 feminicidios ocurridos en la región de 2014 a la fecha.

El caso más reciente es el de María Margarita Vargas Florencio, orginaria de Conapatoyac, asesinada el 3 de diciembre presuntamente por su ex pareja, Pavel Bernabé Florentino.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio Público de Copanatoyac sostienen que la muerte de María Margarita fue un suicidio, su familia no cree esa versión por varias razones, una de ellas, es que María Margarita se separó de Pavel por violencia familiar.

Además, desde el fallecimiento de María Margarita, Pavel huyo de Copanatoyac; hasta el momento nadie sabe de él.

“Copanatoyac desde el 2017 tiene una orden de aprehensión por feminicidio, pero ya se han cometido seis feminicidios más y, como no hay detención, aumenta más la violencia contra las mujeres”, dijo Arias Vitino.

 

Falta de políticas públicas y complicidad

A raíz del feminicidio de María Margarita y otros ocurridos en la región, colectivas feministas solicitaron que se declare la Alerta por Violencia de Género en Copanatoyac

Arias Vitino consideró que se requieren mayores acciones para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en la Montaña.

“El tema no es que se decreten las alertas porque no hay política pública de atención. De qué sirve que se creen estos protocolos de atención y que haya alertas si no hay voluntad política. Si las instituciones no se ponen a trabajar, la violencia contra las mujeres va a continuar”, agregó Arias Vitino.

Aspectos de la marcha en Tlapa para exigir justicia por el feminicidio de María Margarita, el pasado 7 de diciembre del 2023. Fotografía: Tlachinollan

La falta de personal en las áreas de las instituciones que abordan el tema es otro factor que limita que las mujeres de la Montaña tengan acceso a una vida libre de violencia.

El factor determinante es que muchos casos de feminicidio quedan impunes.

La impunidad, explicó la abogada, ocurre por “la complicidad” entre los varones para evitar castigos.

Explicó que en la Montaña es común saber de casos donde los feminicidas no reciben un castigo por su corrupción o cercanía con las autoridades.

“Desde arriba empiezan a moverse cosas, de pronto no se hacen las cosas con debida diligencia, no se recaban los indicios. Todos estos son obstáculos que impiden que haya una buena investigación en un caso”.

En el caso de las denuncias, Arias Vitino explicó que si se realizan denuncias, la falta de recursos humanos y financieros de la FGE hacen que las medidas que requieren las víctimas no se les brinden.

“El llamado a las insituciones es que haya voluntad política y que se ejecuten las órdenes de aprehensión que hay en la Montaña”, pidió.

Arias Vitino exigió a la FGE un protocolo para atender los casos de feminicidio, también capacitaciones al personal que trata con las familias de las víctimas para que haya mayor sensibilidad y empatía.

Recalcó que deben tener protocolos específicos, ya que el contexto de las mujeres de la Montaña es diferente al de las mujeres en la ciudad.

“No hay perspectiva de género para atender estos casos. No hay suficiente personal. La justicia en el tema de investigaciones en muy lenta”.

“Véngase a mi casa, mataron a mi mamá“, suplica niña de 11 años al abuelo, en Copanatoyac

Texto: Amapola periodismo (con Información de Itzel Urieta y Carmen González

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

5 de diciembre del 2023

 

Luis Vargas acusó a su ex yerno del asesinato de su hija María Margarita Vargas, de 30 años.

Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Copanatoyac, en la región de la Montaña, la madrugada del domingo 3 de noviembre.

El padre de María Margarita denunció que la muerte de su hija es un feminicidio, no un suicidio, como pretende hacer creer el alcalde priísta de Copanatoyac, Eleuterio Reyes Calleja.

Luis Vargas culpó del asesinato de su hija María Margarita a su ex marido Pavel Bernabé Rosendo.

María Margarita, de 30 años, quien de acuerdo con la denuncia fue víctima de un feminicida, fue sepultada la tarde del viernes 4 de diciembre, en Copanatoyac.

Contó que su hija se separó hace tiempo por la violencia que padecía de su ex marido Pavel Bernabé Rosendo.

María Margarita vivía solo con sus dos hijas de 11 y siete años, en una casa cerca del río, en Copanatoyac.

Contó que en varias ocasiones, mientras vivían en pareja, María Margarita fue agredida por su ex marido, razón por la cual lo dejó, pero él iba a gritarle y a amenazarla.

Explicó que la madrugada del domingo 3 de noviembre, alrededor de la una y media, recibió una llamada de su nieta de once años, hecha desde el número de celular de Pavel Bernabé.

Su nieta le dijo de forma textual: “véngase a mi casa, mataron a mi mamá».

Cuando llegó a la casa a la que se fue a vivir su hija sola, contó, encontró una patrulla de la Policía Municipal de Copanatoyac, a unos vecinos y a sus nietas.

Los policías y los vecinos intentaban reanimar a María Margarita y contó que buscaron atención en clínicas privadas y en el hospital de Copanatoyac pero nadie abrió.

Así que se la llevaron a María Margarita al Hospital General de Tlapa, donde la ingresaron y luego salieron a decirle que estaba muerta.

Contó que el cadáver de su hija tenía signos de violencia, además de señas de una cuerda en el cuello, con la cual, cree, fue asesinada.

Yacimiento de María Margarita Vargas.

El cadáver de su hija fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicarle la necropsia, por petición del mismo padre.

Luis Vargas pidió neutralidad en la investigación, sin tráfico de influencias en el Ayuntamiento, porque la madre del presunto feminicida, Pavel Bernabé, Josefa Rosendo Cisneros, es supervisora de la Zona de Preescolar en el municipio y es lideresa priísta.

Luis Vargas indicó que Josefa Rosendo y el alcalde tienen una buena relación y denunció que por eso está protegiendo al feminicida.

El presidente municipal de Copanatoyac ya fue señalado de encubrir otro feminicidio, se trata del doble feminicidio de las hermanas Avelina y Kenia Olivares López, dos mujeres nahuas de Tlalquetzalapa, asesinadas por Fernando Reyes Olivos, hijo del ex presidente municipal Enterbio Reyes Bello.

Ayer por la tarde fue el sepelio de María Margarita y de camino al panteón, la gente exigió justicia para la madre de dos pequeñas que quedan en la orfandad.

Cuestionan por inseguridad, feminicidios y desplazados al secretario de Gobierno en comparecencia

Texto y fotografía: Itzel Urieta

27 de noviembre del 2023

Chilpancingo

 

El cansancio de los diputados durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, era evidente.

Se notaba en los párpados semicerrados de algunos morenistas y en las posturas encorvadas de algunos de la oposición.

El funcionario centró su discurso en las protestas, principalmente del sector educativo.

Fue la priísta Gabriela Bernal Resendiz quien despertó a los otros 35 diputados presentes.

“Destituya al secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña), penoso fue ayer verlo huir de una protesta por unas escaleras; los problemas se enfrentan, no se les huyen”, dijo en tribuna.

El pleno del Congreso de Guerrero, invitados y reporteros de la fuente también salieron del letargo.

En la imagen, la diputada priísta Gabriela Bernal Reséndiz al momento de cuestionar al secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.

Este lunes iniciaron las comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y las comenzó el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

La sesión estaba prevista para las 10 de la mañana, aunque comenzó con una hora y media de retraso, a las 11:45.

La comparecencia se desarrolló de manera tranquila, sin muchos cuestionamientos fuertes, el ambiente en el pleno era tranquilo, la voz baja y calmada que caracteriza al secretario le imprimió ese ritmo.

Los cuestionamientos más importantes vinieron de las y los diputados de la oposición; de la priista Bernal Reséndiz y de los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Carlos Reyes Torres.

Antes, en un discurso que duró 25 minutos, Reynoso Núñez informó al pleno que durante este segundo año de gobierno, se disminuyeron en un 20 por ciento las manifestaciones individuales y colectivas. “Brindamos cobertura en 1, 453 movilizaciones político-sociales”, dijo Reynoso Núñez.

En el tema de los desplazados, dijo, se atienden a 755 familias desplazadas de 11 municipios.

En el tema de los feminicidios y violencia hacia las mujeres, informó que éstos disminuyeron 72 por ciento.

Otro tema que destacó Reynoso Núñez fue el del Transporte Violeta; indicó que hay 98 urvans de este tipo y 150 taxis que dan servicio especial a las mujeres.

La panista Ana Lenis Reséndiz Javier inició la primera ronda de preguntas, de cuatro que fueron, y que se alargó por cinco horas.

El cuestionamiento de la panista fue en torno a la violencia.

“¿Cuál es la estrategia para abatir los índices de inseguridad, en especial ante el inicio de las campañas políticas, que brinde certeza tanto a candidatos como a la ciudadanía en general, así como al gremio de periodistas”, cuestionó la panista.

La diputada priísta y el secretario general de Gobierno en la comparecencia este 27 de noviembre del 2023.

Reynoso Núñez respondió que se trabaja con todos los órdenes de gobierno, y que a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se atienden los reportes de desplazamiento, y agresiones contra periodistas.

Continuó la diputada Leticia Mosso Hernández quien pidió al funcionario explicar las políticas públicas para ayender a las familias desplazadas y cuáles eran las estrategias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Reynoso Núñez dijo que este año no se registraron personas desplazadas porque aseguró, “se atienden todas las causas, incluidas, la seguridad”.

Sobre la violencia contra las mujeres, el secretario dijo que se implementó el transporte violeta y dijo que se tiene un registro de 75 feminicidios en lo que va del año.

Por último, Mosso Hernández llamó al Poder Ejecutivo a redoblar esfuerzos para garantizar la estabilidad y paz social.

Siguió, a nombre de la representación del Partido Verde, la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza, quien se limitó a felicitar a la administración estatal “por los esfuerzos que hacen para sacarlos de la marginación y pobreza”.

El diputado perredista Bernardo Ortega Jimenez cuestionó al secretario sobre si cuentan con un programa estatal de derechos humanos y sobre las políticas públicas que se implementan.

También pidió fueran públicas las normas a que se sujetan sobre el uso de la fuerza pública en casos de protestas y sobre los avances respecto a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

Reynoso Núñez se limitó a contestar que en la Secretaría a su cargo existen direcciones y subsecretarías destinas al apoyo de víctimas de la violencia, desaparecidos, desplazamiento forzado, y agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Sobre las protestas, Reynoso Núñez dijo que los elementos de seguridad con equipo antimotin tienen la orden de no llevar armas a las manifestaciones y procurar el diálogo.

El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, fue el primer funcionario en comparecer en el Congreso local con motivo del desglose del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Llegó el turno de la priista Bernal Reséndiz, quien preguntó al secretario sobre la estrategia de atención que se da a 407 familias desplazadas y sí se contempla algún programa de empleo temporal, educación y salud, además de la distribución de canastas básicas.

Fue en ese momento que la legisladora mencionó el desempeño del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Reynoso Núñez respondió que se tiene programas de apoyos económicos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que atienden a las personas desplazadas y sobre el titular de la SEG, dijo que se atienden a todas las personas y sectores, y que los secretarios “hacen su mejor esfuerzo”.

Así concluyó la primer ronda de preguntas, en las rondas siguientes los cuestionamientos fueron repetitivos, seguridad, personas desplazadas y violencia contra las mujeres.

Reynoso Núñez se limitó a responder los cuestionamientos sobre inseguridad y violencia contra las mujeres.

Acompañaron al secretario a la comparecencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Flores Morales; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón, o sea, prácticamente todos los altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

 

 

Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

Aumentaron agresiones contra mujeres en Acapulco después del paso de Otis

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amilcar Juárez / Archivo

26 de noviembre del 2023

Chilpancingo

 

El paso del huracán Otis categoría cinco en Acapulco, no solo provocó daños a los comercios y hoteles, también afectó la integridad y seguridad de las mujeres, denunciaron colectivas feministas.

En el marco del Día Internacional de la eliminación de Violencia contra La Mujer,que se conmemora cada 25 de noviembre, diversas colectivas feministas del estado, se unieron para exigir a las autoridades correspondientes atención a los casos de mujeres víctimas de violencia, después del paso de Otis.

“La falta de luz y otros servicios básicos tras el paso del huracán, ha provocado un aumento en la violencia sexual en las zonas afectadas”, aseguraron las colectivas.

 

Agregaron que a través de redes sociales recibieron testimonios anónimos de personas que sufrieron agresiones sexuales durante las prolongadas penumbras que envolvieron a Acapulco por más de dos semanas.

A más de un mes de que Otis tocara tierra en el puerto, varias colonias continúan sin luz y otros servicios básicos como el agua, por lo que de acuerdo con las activistas, mujeres y niñas son vulnerables aun.

Para crear conciencia y apoyar a las niñas y mujeres de Acapulco crearon la campaña, En medio de la emergencia, nuestros derechos tienen vigencia, aborto legal, seguro y gratuito.

Esta campaña tiene como objetivo que los derechos de las mujeres “sean respetados y protegidos en tiempos de crisis”, así como abordan la desigualdad de género.

Ante la situación caótica que se vive en Acapulco, mencionan en un comunicado que la negación y atención de servicios que viven las mujeres de Acapulco aumentó.

La campaña incluye la colaboración de promotoras y acompañantas, quienes se capacitaron para responder a las solicitudes de las mujeres, niñas y adolescentes.

El rol de las promotoras y acompañantas implica la detección, canalización y acompañamiento a los servicios de salud pública y aborto autogestivo o, en caso de ser necesario, coordinar las derivaciones a la Ciudad de México, donde organizaciones aliadas apoyan para la atención integral y de urgencia.

“La urgencia de crear una campaña por parte de las organizaciones sociales, evidencia la falta de planes emergentes por parte de las instituciones para atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en medio de la crisis desencadenada por el huracán Otis”, agregaron.

 

Aumentan casos de homicidios dolosos con presunción de feminicidios

Datos de la Asociación Guerrerense de Violencia contra las Mujeres (AGCVIM), muestran que en lo que va del año se cometieron 118 homicidios dolosos con presunción de feminicidio.

Acapulco ocupa el primer lugar con 39 casos, seguido de Chilpancingo con 17 e Iguala con 15.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGCVIM, lamentó que la violencia contra las mujeres vaya en aumento y llamó a las autoridades a crear acciones para combatir los feminicidios.

“Desafortunadamente la violencia contra las mujeres se sigue normalizando. El gobierno en sus tres niveles, tienen la obligación de frenar la violencia. En estos municipios (en los que tienen más casos registrados), deberán de estar trabajando de manera ardúa los sistemas municipales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo Reyna Aguilar en entrevista telefónica.

Guerrero tiene dos alertas de violencia de género vigentes, la primera por Violencia Feminicida y la segunda por Agravio Comparado.

Las activistas coincidieron en que ambas alertas enfrentan procesos lentos y poco efectivos para abordar las diversas formas de violencia que experimentan las mujeres en el estado, pero es la segunda la que muestra menos avances.

«A muchos nos les queda otra que pagar la cuota», dicen panaderos durante protesta por inseguridad en Chilpancingo

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

23 de octubre del 2023

Frente a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, que en un momento de su conferencia mañanera rompió en llanto por las críticas que ha recibido por la inseguridad, el gremio de panaderos protestó por la ola de asaltos a mano armada que se registran en esta ciudad.

La protesta que ocurrió durante un mini-informe de acciones de su gobierno que presentó la edil Norma Otilia Hernández fue porque una de las agremiadas del sector panadero fue atacada a navajazos por su ex pareja sentimental y hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha otorgado medidas cautelares y no ha solicitado a un juez de control una orden de aprehensión.

Con pancartas que desplegaron en el salón de reuniones del ayuntamiento, un grupo de mujeres y hombres que se dedican a la venta de pan en el centro de Chilpancingo pidieron que la FGE detenga a Salvador Romero, quien el pasado 15 de octubre agredió con un cuchillo a Dominga «N» y después amenazó de muerte a ella y a sus hijos.

«Me tiene amenazada de muerte y también a mis hijos», dijo Dominga.

Diana Peñaloza, dirigente de los panaderos le dijo a la alcaldesa Norma Otilia Hernández que lo que le ocurrió a su compañera Dominga no es el primer caso de violencia que se registra contra integrantes de su gremio en esta capital.

Contó que hace unas semanas, sujetos armados asaltaron e hirieron de bala a un panadero cuando estaba en su establecimiento.
La líder de los panaderos declaró a los representantes de los medios de comunicación que la violencia en Chilpancingo está imparable y que a ellos como gremio empresarial les ha afectado.

«Hemos tenido asaltos pero no solo contra nuestros negocios sino a gente que anda en las calles del propio centro que es la zona más concurrida de la ciudad», expuso Diana Peñaloza.

La dirigente de los empresarios aseguró que el modus operandi de los delincuentes es de que los asaltan y luego les dejan un mensaje de asesinarlos posteriormente en caso de que acudan ante una autoridad para denunciarlo.

«Los delincuentes ya te tienen ubicado y nosotros por miedo ya no denunciamos», expuso.

Reveló que desafortunadamente muchos de sus compañeros de su gremio están pagando la cuota a la delincuencia para que los dejen trabajar.

«Está el cobro de cuota a algunos de los compañeros y todo mundo tiene que acceder porque también si te pones con Sansón a las patadas como empresario te puede pasar algo», denunció la líder de los panaderos.

Solicitó a las autoridades del Ayuntamiento que en esta temporada de Día de Muertos les permitan vender su producto en el zócalo del centro de Chilpancingo porque aquí puede haber más garantías de seguridad.

«Es en esta temporada del Día de Muertos cuando vendemos más nuestro producto y también nos exponemos más», aseguró.

Casi al finalizar su conferencia mañanera, la alcaldesa Norma Otilia Hernández, rompió en llanto por las críticas que ha recibido en los últimos cuatro meses por los videos, audios y fotografías difundidos en las redes sociales en donde aparece reunida junto con su esposo con, según la FGE, Celso Ortega Jiménez, líder de la organización criminal Los Ardillos.

«Vamos a dejar la marca de la gobernanza» dijo la edil quien el próximo jueves 26 rendirá su informe de labores con motivo de su segundo año de gobierno.

«La crisis que hemos vivido y las críticas que me han hecho me han fortalecido porque ahora todo mundo me conoce donde quiera que me paro», dijo la edil morenista.

«Estamos bien y vamos por más», mencionó Norma Otilia Hernández para dar entender su posible aspiración a una candidatura de representación popular como han difundido en las redes sociales funcionarios del Ayuntamiento.

La edil morenista de Chilpancingo enfrenta denuncias ante la FGR y la FGE derivado de la reunión que tuvo con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Además hay una solicitud de expulsión de su partido ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por parte de varios de sus compañeros morenistas.

 

Paula y Julia, íconos de lucha por la justicia en los feminicidios

En un contexto de violencia contra las mujeres, el destino las convirtió en víctimas indirectas, pero ellas decidieron ser defensoras y acompañantes en busca de justicia. En lugar de hacerse pequeñas por el dolor y la desgracia, se han hecho grandes por la fortaleza de su andar, con el que iluminan a muchas, muchas otras mujeres en Ciudad Juárez, y todo México


Texto: Blanca Carmona / La verdad

Fotografía: La verdad

17 de octubre 2023

 

Las de Paula Flores Bonilla y Julia Caldera Chávez son historias paralelas de lucha para que haya justicia en la tierra de los feminicidios: Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sus hijas adolescentes fueron desaparecidas y asesinadas hace más de dos décadas.

En el continuo contexto de violencia contra las mujeres de esta ciudad, ubicada en la línea fronteriza con Estados Unidos, Paula y Julia pasaron de ser amas de casa, a mujeres que han impulsado cambios en la lucha contra el feminicidio y han acompañado a otras que sufren lo mismo que ellas.

Con su búsqueda, Paula y Julia abrieron camino a los rastreos en paisajes desérticos, al combate a la impunidad, a la denuncia de negligencias y obligaron a abrir investigaciones contra fiscales. Además, han contribuido en la creación de protocolos estandarizados que actualmente se utilizan para la investigación del feminicidio en México.

Paula y su familia fueron quienes promovieron el uso del icónico símbolo del feminicidio: la cruz negra sobre un fondo rosa, y ella cofundó el primer colectivo de familiares de víctimas de desaparición y homicidio en la frontera de Juárez, y posiblemente en el país.

Por su parte, Julia logró establecer un precedente para que las madres de otras víctimas exijan que los estudios de ADN se realicen fuera de la Fiscalía de Chihuahua y logró la inclusión de antropólogos forenses externos.

Ambas son en un ícono de la lucha por la justicia en los feminicidios en Ciudad Juárez, y marcaron un camino a seguir para otras mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas.

 

PAULA, UNA VOZ QUE DEMANDA JUSTICIA

Paula Flores Bonilla mamá de María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 1998, durante la audiencia pública en la Comisión Interamericana en septiembre de 2019. Fotografía: CIDH/Cortesía

Paula nació en el estado de Durango. Tres años antes de la desaparición y el asesinato de María Sagrario emigró junto con su esposo e hijos a Ciudad Juárez, a donde llegaron con el propósito de mejorar sus vidas en la tierra de las maquiladoras.

María Sagrario González Flores fue la cuarta de seis hijas y un hijo. Ahora, ya con algunas canas en su cabello largo, Paula tiene también 11 nietos.

María Sagrario era catequista y cantaba en el coro de una iglesia en la colonia donde vivía, en Lomas de Poleo, un asentamiento irregular, con calles de tierra y arena, y casas de construcciones sencillas, ubicado al poniente de Ciudad Juárez. El 16 de abril de 1998 salió por última vez de su casa, tenía 17 años. Nunca más la volvieron a ver con vida.

Trece días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado en un paisaje semidesértico el Valle de Juárez –una zona que conforma parte de Ciudad Juárez, así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe– lugar en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar desde 2010.

En los primeros días la familia de María Sagrario se unió en un trabajo incansable para encontrarla con vida, y posteriormente en demanda de justicia.

Irma Pérez Franco y Bertha Márquez, mamás de Olga Alicia Carrillo Pérez y Adriana Torres Márquez, respectivamente, jóvenes que también habían sido asesinadas, fueron de las primeras en acercarse a Paula.

Aunque no contaban con muchas herramientas, a las tres mamás las unió el anhelo de justicia y se organizaron para ir a pegar pesquisas -fichas de búsqueda-, manifestarse e irrumpir en la entonces Procuraduría de Chihuahua, hoy Fiscalía, a exigir avance en las indagatorias. Así nació el colectivo “Voces sin Eco”, en marzo de 1999.

Debido a que las fichas de búsqueda colocadas en distintos rumbos de la ciudad eran retiradas casi de inmediato por las autoridades, a Guillermina, la hermana mayor de María Sagrario y representante legal de Voces sin Eco, se le ocurrió utilizar pintura: sobre un fondo rosa pintó una cruz negra, en postes y otra infraestructura pública.

“A Guille se le ocurrió un símbolo, un símbolo porque las pesquisas tienen doble intención: la obvia, si una persona reconoce pueda dar datos que lleven el paradero de la persona que está desaparecida. Pero también tienen la intención de que la gente sepa que hay personas desaparecidas, que se visibilice la desaparición de personas. Entonces Guille pensó en un símbolo y ella hizo la propuesta de la cruz negra con un fondo rosa y abajo decía Justicia”, explica Ivonne Mendoza Salazar, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), un organismo que ha acompañado a mamás de víctimas de desaparición y feminicidio.

En febrero de 2005, con información aportada por Paula y su familia, fue detenido uno de los responsables de la violación y homicidio de María Sagrario, José Luis Hernández Flores,

Paula recuerda que durante años estuvieron llevando datos a las autoridades investigadoras. “Básicamente nosotros, la familia, hizo la investigación”.

El 4 de abril de 2006, José Luis Hernández fue sentenciado a 29 años de cárcel por los delitos de violación y homicidio de María Sagrario, pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizándose la realización de nuevas diligencias para identificar a otros dos posibles responsables, así como una reconstrucción del crimen que evidencie las inconsistencias de la investigación.

 

JULIA, UN ACTIVISMO COLECTIVO

Julia. Fotografía: Blanca Carmona

Con 62 años, Julia es madre de siete hijos y abuela de 17 nietos, pero siente haber rejuvenecido. Lo afirma con alegría, pues con mucha frecuencia le comentan que se ve más joven.

De ojos pequeños y una mirada profunda que se asoma detrás de sus anteojos, la mujer transmite una paz interior que asegura nace de su fe, que la mantiene firme en la lucha de justicia para María Elena y con fuerza para apoyar a otras mamás de víctimas de feminicidios.

María Elena Chávez Caldera desapareció el 20 de junio del 2000. Las autoridades tardaron 15 días en iniciar la búsqueda, y el cuerpo de la adolescente se localizó cuatro meses después en un predio baldío.

Este año se cumplieron 23 años de su desaparición y asesinato, desde entonces Julia tomó el rumbo del activismo. “Voces sin Eco” fue la primera organización que la apoyó en la búsqueda de su hija.

La entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), mostró inconsistencias en la identificación de María Elena. Inicialmente le entregó resultados falsos a Julia, al decirle que el cuerpo recuperado no correspondía al de su hija y posteriormente le informó que sí se trataba de María Elena.

Julia exigió la intervención de antropólogas forenses externas a la Procuraduría: “Les dije que yo no iba a recoger los restos hasta que hubiera un ADN positivo, si era mi hija. Si no, la iba a seguir buscando como desaparecida. Para esto, los restos de ella duraron cuatro años en el Semefo, cuatro años hasta que un ADN dio positivo y fue cuando la sepultamos”.

“Pero yo no estuve conforme con eso…. Porque si los primeros salieron negativos, por qué después de cuatro años salen positivos. Yo no estuve conforme… pedí una exhumación como cuatro meses después de sepultar los restos y esos estudios los hicieron las antropólogas argentinas, duraron tres meses para llegar el resultado, y me dieron un resultado positivo”, recuerda Julia.

La identificación oficial se hizo el 5 de diciembre del 2005. Cinco años después de la localización del cadáver de María Elena.

Julia convirtió su vivencia en una enseñanza que marcó un precedente, para que las madres de otras víctimas exigieran que los estudios de ADN se realizaran fuera de la Fiscalía de Chihuahua.

“Se va formando ese precedente de que si el Estado no tiene credibilidad, tiene obligación de hacer contratos fuera de sus dependencias para darle certeza a las familias de que los resultados son reales, de que no están manipulados o que no son erróneos”, explica Ivonne Mendoza.

Al igual que la familia de María Sagrario, Julia y sus hijos investigaron qué le había sucedido a María Elena y estuvieron aportando datos a las autoridades. Once años le llevó a la Procuraduría aprehender al responsable del homicidio, Irineo Quezada Peña.

Él estuvo preso casi el mismo número de años. Un juez penal lo sentenció a 9 años y seis meses de cárcel, Julia se inconformó y el Ministerio Público interpuso un recurso legal, después un tribunal de segunda instancia lo condenó a 15 años de cárcel, pero salió cuatro años antes de cumplir esa condena.

Julia volvió a pedir que se solicitará una revisión. “Nos quedamos con las manos cruzadas, no… estoy esperando respuesta”, dice Julia al explicar que se interpuso una apelación y aunque Irineo va a cumplir un año libre, ella no va a claudicar y espera justicia.

“Dos, tres veces me quedé sin sentido, casi me moría, pero al ver a mis hijos yo reaccionaba, me tengo que levantar, tengo que seguir, tengo que hacer algo por ella y por ellos que me están viendo”, expresa con firmeza.

 

JUNTAS POR JUSTICIA

Algo que ha caracterizado a las madres de mujeres asesinadas es la conciencia social de solidaridad hacia otras familias, que las ha llevado a impulsar tareas de prevención y de visibilización de la violencia de género.

A finales de los años 90 e inicios del 2000, en Ciudad Juárez no se hablaba de los derechos humanos de las mujeres, ni de feminicidios. Fueron las madres de las primeras víctimas las que salieron a manifestarse incluso fuera del país.

“Ellas son las que han ido siempre a la vanguardia, fueron las primeras que salieron a manifestarse en contra del feminicidio y en contra de la respuesta del Estado, que era negar los hechos y culpar a las víctimas”, menciona Mendoza.

Las madres impulsaron la creación de una Fiscalía Especializada de la Mujer, tiempo después surgió en esta frontera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres en Ciudad Juárez, en el sexenio de Vicente Fox, y el esquema se hizo a nivel nacional.

En 2007, Paula y Julia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres cometidos entre 1995 y 2003, en un contexto de violencia basada en el género.

Las denuncias se presentaron junto a las de otras cuatro familias, entre ellas la de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada cinco años antes que María Elena, su prima, con la asistencia del CEDIMAC y la organización Robert Kennedy Human Rights (RFK).

En septiembre del 2017, la CIDH admitió el caso 13377 correspondiente a María Sagrario González Flores, de 17 años, hija de Paula; María Elena Chávez Caldera, de 15, hija de Julia; Silvia Elena Rivera Morales, de 17; la niña Brenda Berenice Delgado Rodríguez, de 6; Cecilia Covarrubias Aguilar de 16 y su hija de apenas 24 días de nacida; y Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20.

Al respecto, la CIDH emitió un informe y una serie de recomendaciones a las autoridades, luego de analizar violaciones a los derechos de las víctimas a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías y protección judicial, a la honra y dignidad, a la familia, los derechos de la niñez e igualdad ante la ley.

En 2019, Paula Flores participó en demanda de justicia para su hija, las demás víctimas y sus familias en una audiencia temática ante la CIDH, realizada a solicitud de las organizaciones que las representan, para aportar nuevos datos y mantener el interés del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en estos feminicidios, 21 años después del crimen de su hija.

“Ella se sentó en un lugar muy especial ahí, y yo estuve haciéndole preguntas para ayudarla a continuar con su relato, para relatar los hechos en los que asesinaron a su hija y también lo que viven las familias después de estos hechos, lo que les revictimizan las autoridades del Estado, la falta de justicia” relata Mendoza, de CEDIMAC.

“La presidenta de la Comisión se solidarizó con ella y se comprometió a que el caso se moviera más rápido para llegar al informe de fondo, pues cumplió con eso porque también era uno de nuestros objetivos hacer que la Comisión ya tomará una decisión pues estábamos desde el 2007”, expone Ivonne Mendoza.

 

NO VAMOS A PARAR

Paula observa las fotos de sus hijas, María Sagrario (derecha) fue desaparecida y asesinada en 1998, en Ciudad Juárez. Fotografía: Blanca Carmona

Para Paula, su hija “no es un archivo”, porque “mientras yo siga viva y siga pidiendo justicia ella sigue viva, no físicamente, pero vive en mi corazón”, afirma la mujer que actualmente trabaja limpiando casas en El Paso, Texas, y se da el tiempo de acompañar casos de feminicidio.

Con su experiencia, ayuda también en las gestiones para recuperar el cadáver de su ahijada, Norma Beatriz González Navarro, asesinada en 2020 en el estado de Oaxaca.

Aunque no es abogada y no está muy consciente de toda la aportación con su lucha de justicia en el tema del feminicidio, Paula ha podido advertir las irregularidades de autoridades de ese estado del sur del país y dar acompañamiento a la familia de su ahijada para que su crimen no quede en impunidad.

“No vamos a parar hasta que veamos justicia tanto con mi hija, y se les haga justicia a las demás niñas -dice por su parte Julia-, porque nosotras como víctimas indirectas de lo que pasó debemos apoyarnos y continuar, no parar, porque si así moviéndonos no pasa nada, nos quedamos sentadas (y) se les olvida lo que pasó”.

“Si yo la veo salir de la casa caminando y que me la regresen en un ataúd, eso es un dolor grande. Yo no le deseo a nadie que le pase eso y el proceso larguísimo, el caminar en la búsqueda, en la búsqueda de ellas, en la búsqueda de justicia, es desesperante”, dice Julia, quien confiesa que su fe en Dios la mantiene con fortaleza para apoyar a otras mamás que pasan por el dolor de perder a una hija de una forma violenta.

“Aprendí a moverme, aprendí a hablar, a exigir justicia, porque no vamos a pedirles nada, vamos a exigirlo”, afirma.

 

 

Este reportaje forma parte del proyecto #NoSomosVíctimas, de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, financiado por la Embajada Suiza en México.

Puedes encontrar el texto original en La verdad.

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