Congreso no consultó a pueblos para ley de seguridad, dice Tlachinollan

La Ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

13 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Tras la aprobación de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que reconoce a la policía comunitaria en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan denunció que esta es una legislación inacabada que no surgió de una consulta a los pueblos indígenas.

Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organismo civil señaló que la citada ley que aprobaron la noche de este martes los diputados del Congreso local fue al «vapor» para cumplir con el plazo que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el 2021, la Suprema Corte invalidó el decreto 778 por el que se reformaban, se derogaban y adicionaban diversas disposiciones de la ley 701 de Reconocimientos, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que se publicó en el Periódico Oficial el 24 de agosto del 2018.

Estas modificaciones a la ley y a la Constitución local las aprobó el Congreso a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.

«Los pueblos indígenas donde existe un sistema de justicia comunitaria y policía comunitaria interpusimos un recurso de inconstitucionalidad porque violaba los derechos de los pueblos y la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón», criticó Barrera Hernández.

El plazo para realizar esas modificaciones vence este jueves 14, pero el Congreso ya aprobó la Ley de Seguridad Pública Estatal y el reconocimiento formal a la policía comunitaria.

Los alcances y la manera de su integración se formalizará cuando se aprueben las reformas a la ley 701 y al artículo 14 Constitucional.

Abel Barrera lamentó que el Congreso local incumpliera con una parte importante de la resolución que emitió la SCJN en el sentido de que se tendría que llevar a cabo una consulta a los pueblos indígenas para que en voz de ellos surgiera una ley de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Hace casi dos meses el Congreso empezó el proceso de dicha consulta que sólo se ha suscrito en que los diputados convoquen a una reunión con los comisarios municipales, ejidales y comunales para que les firmen un documento.

«Lo que nos han dicho en los 350 pueblos de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es de los legisladores no los convocaron a las asambleas y consultarlos que es lo que debe de contemplar la ley», expresó el activista.

Barrera Hernández afirmó que en la ley de Seguridad Pública Estatal que aprobó el Congreso se reconoce a la policía comunitaria pero ya se vislumbra que en las reformas a la Ley 701 y el artículo 14 constitucional local que aprobarán los legisladores no tendrá avances sustanciales.

«En esta ley y en las otras que van aprobar los diputados no se contempla el reconocimiento al sistema tradicional de justicia comunitaria como lo han establecido los pueblos», dijo Barrera Hernández.

La consulta que realizó el Congreso en donde el gobierno de Evelyn Salgado Pineda aportó una fuerte cantidad de dinero para que se realizara, no se cumplieron con las formalidades jurídicas que estableció en su resolución la Corte.

«Los diputados llegaban a las comunidades nomás a entregar formatos y que los firmaran pero nunca se realizaron asambleas para preguntarle a la gente», añadió.

Dice que tiene información que los diputados que convocaron a las reuniones en los pueblos llevaron promesas de realización de obras sociales para que les firmaran los formatos.

«Fueron reuniones en las comunidades, en la que todos los legisladores-PRI, MORENA, PAN, PT, PVEM y PRD- les decían a las autoridades y a la gente que lo que hacían era para garantizar las obras que va a realizar el gobierno», mencionó.

«Fue una consulta igual a la que hubo el pasado domingo 10 de abril, la de revocación de mandato, en donde hubo acarreados y clientelaje político», dijo.

El activista dice que van a esperar cual será la respuesta de la SCJN cuando el Congreso le entregue la ley que aprobó y la supuesta consulta que realizó a los pueblos indígenas.

Barrera consideró que seguramente la Corte se dará cuenta de que en esas consultas que realizó el Congreso los pueblos no participaron para dar su opinión.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso señaló que con la aprobación de la Ley de Seguridad Pública Estatal es parte del cumplimiento a la resolución que emitió la Corte.

Indicó que en muchas comunidades indígenas donde se realizó la consulta no han enviado la información y eso le van a decir a la Corte.

«Estamos en la etapa de cumplimiento y en las consultas que se realizan estamos cumpliendo con los estándares internacionales que se señala en esta materia», dijo.

 

Te puede interesar: ¿Y los más de 600,000 votos que prometieron los Salgado dónde están?

Habrá juicio político contra diputados, advierte CRAC y Tlachinollan durante protesta contra consulta

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar guerrero

5 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de unos 300 pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, marcharon por las calles de Chilpancingo y realizaron un mitin fuera del Congreso del estado para rechazar la forma en que los diputados realizan la Consulta de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el mitin criticaron a los diputados, quienes son los organizadores de la consulta, por considerar que sus acciones son falsas, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y sólo quieren cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las sanciones económicas y políticas.

La sentencia de la SCJN advierte que de no realizar la consulta antes del día 14 de abril, los diputados enfrentarían juicio político y dejarían su cargo como legisladores.

“Por eso les urge realizar la consulta, quieren salvar su pellejo, no les interesan los pueblos indígenas”, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Rosales Sierra afirmó que los diputados desconocen lo que hacen y tampoco tienen la voluntad para realizar una verdadera consulta.

“Llegan los diputados a hacer pequeñas reuniones a los pueblos, pero no informan nada, no dicen si la consulta es para reformar una ley, un artículo o la constitución, si ni ellos saben, cómo esperar que nosotros sepamos”, dijo.

Este martes, a nueve días de que venza el plazo que dio la SCJN a Congreso, representantes de 300 comunidades de la Montaña y la Costa Chica marcharon desde el norte de la capital hasta el Congreso local para exigir la cancelación de la consulta que calificaron como “falsa” y “tendenciosa”.

Fuera del Congreso los manifestantes se pronunciaron contra la forma en que los diputados querían consultarlos.

“Los diputados van, solo hacen reuniones pequeñas y pagan a los comisarios y a los líderes comunitarios para que les firmen sus actas de asamblea, y eso es lo que van a presentar a la SCJN”, dijo Rubí Martínez, coordinadora de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Costa Chica.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció también que los diputados nunca han tenido la disposición para garantizar los derechos a las comunidades originarios.

Recordó que desde 1991 que México firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ni así han acatado dichos tratados internacionales.

“México es candil de la calle y obscuridad en la casa, porque es el primero que firma tratados internacionales, pero el último en acatarlos”, dijo.

Agregó que con dichas reformas que fueron sancionadas por la SCJN buscaban desaparecer a las policías comunitarias y la actual consulta pretenden lo mismo.

“Quieren acabar con la autonomía de las comunidades, quieren de nuevo vasallos a los pueblos indígenas”, agregó Barrera Hernández.

Otro de los oradores fue el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien calificó a los diputados locales de racistas y los acusó de pagar firmas para validar documentos oficiales.

Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), propuso reeducar, a través del sistema comunitario, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza los trabajos de la consulta.

Sánchez Esquivel a través de la vía plurinominal y contra las acciones afirmativas dictadas por el INE ocupa una curul destinada a un representante indígena.

En la marcha participaron 300 policías comunitarios desarmados, a quienes respaldaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Tlachinollan, del Colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, del Frente Popular de la Montaña (FPM), del Frente Progresista de Guerrero (FPG), del Cecop y del Comité de desaparecidos del 60.

En 2021, la SCJN ordenó a los legisladores de Guerrero realizar la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.

Esto porque en 2018 se reformó el artículo 14 de la Constitución estatal y se reformó la Ley 701, pero los legisladores de ese periodo no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas.

En su sentencia la SCJN ordenó repetir el proceso, pero esta vez haciendo “una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, según se lee en la sentencia.

Los manifestantes hicieron un llamado a la SCJN de no avalar las pruebas y procedimientos que presenten los diputados, porque consideran que no los realizaron bajo los parámetros y procedimientos indicados en la sentencia.

Rosales Sierra dijo que en caso de que la SCJN avale la consulta, la CRAC – PC y las organizaciones van a impugnar.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso realizar la consulta de forma correcta.

“Este Organismo Público manifiesta su preocupación al Congreso de Guerrero por su desdén por escuchar y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de ese estado. El Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país otorgó un plazo de doce meses, para que el Congreso del estado de Guerrero realizará una consulta indígena”, se lee en el documento de la CNDH.

Te puede interesar: ¡Prensa, no disparen! Hacer periodismo en México entre la precariedad, el desplazamiento y la impunidad

Evelyn le dice a coordinadores de la CRAC que no puede frenar consulta indígena

Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

En una reunión en la que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo esperar más de una hora a los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) les dijo que ella no puede frenar la consulta para la reforma constitucional que realiza el Congreso local que ha sido impugnada por las propias comunidades indígenas que tienen su propio sistema de justicia.

Durante el encuentro que se realizó este lunes en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal les dijo que a los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC que ella retiró las iniciativas de reformas a la Constitución que envió al Congreso y decidió primero dialogar con los pueblos originarios para que hagan su propuesta de nuevas iniciativas.

Después de que la mandataria retiró sus iniciativas, el PRD presentó otras iniciativas que establece los mecanismos de consulta los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas y poblaciones afromexicanas.

Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.

Apenas el pasado fin de semana, la casa de justicia de la CRAC-PC, de El Paraíso del municipio de Ayutla de los Libres sentenció a 25 años de reeducación a un feminicida que cometió contra su pareja sentimental el pasado primero de enero de este año.

En la reunión con la gobernadora los líderes de la CRAC le dijeron que esta consulta que realiza el Congreso local tiene como objetivo desaparecer a las policías comunitarias y al sistema de justicia que tienen los pueblos originarios.

«La gobernadora (Evelyn Salgado) contestó a los coordinadores de la CRAC que su gobierno no puede ordenarle a un poder que realice tal o cual acción porque ella respeta su autonomía», señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de la CRAC, Rogelio Téliz García.

En la reunión que se desarrolló en Palacio de Gobierno y que duró casi tres horas, Salgado Pineda les dijo a los dirigentes de la CRAC que su gobierno solo coadyuva en los trabajos de esa consulta que realiza el Congreso.

Téliz García, señaló que lo que si les dijo a los coordinadores de la CRAC-PC es que después que concluya la consulta se va reunir con ellos para empujar una propuesta de proyecto de iniciativa de ley que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.

«Habrá diálogo y más diálogo con nosotros, eso es lo que nos dijo la gobernadora», afirmó el abogado entrevistado después de que concluyó la reunión con la mandataria.

El abogado señaló que esta consulta para la reforma al artículo 777 de la Constitucional y la Ley 701 que lleva a cabo el Congreso local está «manipulada y racista» que pretende desaparecer el sistema de seguridad y justicia.

En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las reformas a los artículos 14 y 772 de la Constitución local  así como la Ley 701 que aprobó en el 2018 la anterior 61 Legislatura a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.

La Corte le dio un plazo de 12 meses al Congreso local para que realice una consulta entre los pueblos indígenas y afromexicanos para que se realice estas reformas y la Ley 701 que reconoce a la policía comunitaria.

El próximo 12 de abril se cumple el plazo que le dio la Corte a los diputados locales quienes apenas llevan una semana llevándola a cabo en los municipios donde hay comunidades indígenas y afromexicanas.

Rogelio Téliz García, prevé que la consulta que lleva a cabo el Congreso va a fracasar porque está plagada de irregularidades.

Derivado de estas fallas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría iniciar un procedimiento sancionador contra los 46 diputados por desacato judicial.

«La sanción podría ser una acusación judicial e incluso un procedimiento del desafuero de los 46 diputados locales», señaló el abogado.

Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC acordaron seguir con su plan para impedir que el Congreso apruebe las reformas a la Constitución.

El próximo 5 de abril habitantes de los pueblos, policías comunitarios y coordinadores de las cinco casas van a realizar una marcha en las calles de Chilpancingo.

Después del 14 de abril, el grupo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudirá a la Suprema Corte para impugnar esta consulta que realiza el Congreso.

Téliz García señaló que el sistema de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero están legalmente reconocidos por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«El Congreso o el gobierno jamás podrá desaparecer este sistema que tienen los pueblos porque ha dado certidumbre en el tema de seguridad», expresó el abogado.

Mencionó el caso de un individuo que el pasado fin de semana fue sentenciado a 25 años de trabajos comunitarios durante una asamblea que realizó la Casa de Justicia de la CRAC en la comunidad de El Platanal, del municipio de Ayutla de los Libres.

A esta persona se le dictó esta sentencia por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental a quien mató a machetazos.

«Si este individuo hubiera sido detenido por la justicia del gobierno hubiera transcurrido muchos meses o años para que se le dictara sentencia pero en el sistema de justicia que tienen los pueblos originarios el proceso duró tres meses», dijo Téliz García.

El encuentro con la mandataria estatal empezó después de las 12 del día de este lunes y concluyó a las 15 horas.

Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC estaban citados a las 11 de la mañana, pero la gobernadora llegó con ellos más de una hora después.

 

Justicia comunitaria: sentencian a 25 años de trabajos comunitarios a feminicida

Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”


Texto: Especial

Fotografía: Oscar Guerrero

28 de marzo del 2022

Ayutla de los Libres

 

En la madrugada del 1 de enero de este año, Roberto “N”, acudió al baile de Año Nuevo, al poblado de Coxcatlán San Pedro, municipio de Ayutla de los Libres, regi+on Costa Chica del estado, con su pareja Angelina “N”. Al terminar la fiesta, poco después de las dos de la mañana, se dirigieron al domicilio de la novia, en donde la mató a machetazos.

Este domingo se reunieron en asamblea en el poblado de El Platanal, comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), y sentenciaron a Roberto, a 25 años de su vida a un proceso de reeducación, por haber asesinado a Angelina.

Roberto salió de su comunidad, La Fátima, para acudir al baile de fin de año en el vecino poblado de Coxcatlán San Pedro; cuando terminó el indígena mixteco de 19 años, acompañó a su casa a Angelina, de 18 años y después de una discusión la mató a machetazos.

Días después, durante la asamblea el 16 de enero pasado, efectuada en la comunidad de El Paraíso, ante sus papás él se declaró culpable. Justificó el feminicidio de Angelina a que ella “iba borracha” y lo cacheteó. “Ella iba por el machete, yo lo agarré primero, y le di en la cabeza, ahí empiezo a machetearla, no soy gente mala, no sé por qué lo hice”, dijo el indígena mixteco.

Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”.

En esa ocasión, Celestino Peláez Chávez, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, afirmó que no se permitirán más feminicidios, y toda violencia contra las mujeres, “no quedarán impunes, porque hay tres casos que están llevando un proceso de reeducación, como son en el Coyul, y en El Charco, y el más reciente de Coxcatlán San Pedro dónde un joven mató a su esposa a machetazos, que no va a quedar impune, habrá cero tolerancias”.

Los padres de Angelina pidieron que el detenido se quede de por vida en terreno comunitario, y que fuera en el sistema de la CRAC-PC, porque su comunidad pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “y en ese sistema no hay una regla para los detenidos, y puede que lo liberen antes de ser castigado”, agregó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.

Por esa razón, recalcó “el C. Roberto “N”, se queda en la CRAC-PC de El Paraíso, para ser castigado en este sistema de por vida, así como la familia de la hoy occisa lo solicita”.

Al final de la asamblea realizada en El Paraíso, surgieron dos propuestas, por un lado: “se propuso que por ser un delito grave se encarcele al asesino 25 años; y por la otra cadena perpetua, propuestas que serán discutidas y analizadas en las 26 comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, para posteriormente convocar a otra asamblea en donde se dé a conocer el acuerdo tomado por los pueblos sobre este caso”.

El día se llegó, y el domingo pasado, en el punto 6 del orden del día de la asamblea de la CRAC-PC, realizada en la comunidad de El Platanal, se incluyó el tema del feminicidio, para determinar la sentencia que se aplicaría a Roberto.

La puesta generó un debate de casi tres horas, en donde de inicio el coordinador de la CRAC-PC en El Paraíso, Celestino Peláez, informó que en la asamblea del pasado 15 de enero se le informó al comisario de La Fátima, todo lo relacionado al asesinato de Angelina.

Dijo que había un acta de la asamblea de Coxcatlán San Pedro “ ahí se tomó el acuerdo para que se le sentenciara de por vida a Roberto, por el homicidio que cometió, pero también se propuso que cada pueblo hiciera lo propio, y se decidiera hoy su sentencia en la asamblea. Hoy se tiene que tomar esta decisión compañeros”, recalcó.

El abogado Rogelio Téliz dio lectura a las propuestas: “la primera es la que hizo la comunidad de Coxcatlán San Pedro, donde sucedieron los hechos, que dice que esta persona que esta persona que cometió la infracción quede de por vida en el proceso de reeducación en la Casa de Justicia(de El Paríso). Una propuesta más recordó: “en esta casa de Justicia hay dos personas ya procesadas en reeducación por feminicidio y fueron sujetos a 25 años de prisión, ya existe ese antecedente”.

En tanto en la tercera propuesta fue que en la asamblea de este domingo se acordara una sentencia. Después de que se escucharon las propuestas, un ciudadano del poblado de La Angostura, tajante pidió una sentencia de 50 años para el feminicida.

Después la abogada Lucía, del Centro Comunitario Gúwa Kúma (Casa de los Saberes) señaló que“estamos ante un caso muy triste, es muy doloroso que nosotras como mujeres suframos esta situación; éste muchacho le quitó la vida a ésa muchacha, él lo reconoce. Es un error que tiene que pagar, propongo que a esta persona se le someta a un proceso de reeducación de 30 años”.

Por su parte, la concejera del poblado San Felipe, afirmó que en la reunión que realizaron, hubo mucha participación de las compañeras “creemos que hubo mucha responsabilidad de sus padres(del feminicida), ya que permitieron que entrara el muchacho a su casa, siendo que solo era su novia; se propuso 15 años de reeducación”.

Una integrante del grupo Damas Solidarias Feministas con sede en Ayutla de los Libres manifestó que “apenas el padrastro mató a su mujer y a su hija(no mencionó el día ni la fecha); lo mismo sucedió en Oxtotilán, mataron a una mujer y a su hija; en El Charquito, la mamá y la hija también fueron asesinadas; y antes en Coxcatlán San Pedro, mataron a dos mujeres”.

Enseguida la abogada Noemí, también del Centro Comunitario planteó: “que haya un castigo ejemplar, no queremos que nos maten, no merece que lo perdonen(al homicida), que sea un castigo máximo, que sean 50 años (de reeducación)”.

Y un ciudadano del pueblo de San Felipe consideró que los papás del muchacho tuvieron responsabilidad “hay implicaciones por el alcohol, lo dejaron entrar con toda confianza, él ya no estaba en sus cinco sentidos”.

En su turno, el ex coordinador de la CRAC-PC en el Paraíso, Juan Antonio García, planteó una prórroga: “no hay prisa, que en la próxima reunión se decida la sentencia. Lo secundó Rufino “N” y dijo: “el tema es delicado, el muchacho no mató a un pollo o un guajolote, sino a una mujer”.

Finalmente el coordinador de la casa de Justicia de El Paraíso Celestino Peláez, puso a votación tres propuestas de sentencia para Roberto acordadas en la asamblea, que fueron votadas.

Fue entonces cuando Roberto escuchó la votación, con los resultados de las propuestas: la de por vida obtuvo 8 votos; la de 30 años logró 31 votos, y la de 25 años de reeducación ganó con 297 sufragios.

Aunque el coordinador Celestino Peláez preguntó a Roberto si quería hacer uso de la palabra, sin decir una sola palabra hizo señas de que “no”.

Te puede interesar: Al viejo estilo priísta, Arma familia Salgado marcha, mitin y fiesta en apoyo a AMLO

Gonzalo Molina acusa que se mantiene la colusión del Estado con el crimen organizado

Desde el 2019 que el preso político pudo dejar la cárcel, está en calidad de desplazado y no había regresado a Tixtla, su municipio hasta el día de hoy donde además de rendir homenaje a sus compañeros asesinados visitó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
9 de marzo de 2022
Tixtla

El comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, regresó a la ciudad de Tixtla después de tres años, a rendir homenaje a cinco de sus compañeros comunitarios asesinados y para exigir a las autoridades
Fue en la Casa de Justicia La Patria es Primero, ubicada en el barrio del Fortín, donde Molina González dijo que existe una colusión entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, por lo que se valora reagrupar a ese grupo de policías comunitarios.

Dijo que reagrupar a la Policía Comunitaria es una valoración de la población. Es el pueblo quien tiene que determinar si continúan con la Comunitaria o con elementos oficiales.

Molina González inició una serie de actividades para exigir a la administración municipal la reconstrucción de la Casa de Justicia, la cual fue desmantelada por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el pasado 16 de enero de 2021.

Otra exigencia es gestionar apoyos para las viudas e hijos de los cinco policías comunitarios asesinados y un retorno seguro para él y para familias que huyeron por los hechos de violencia.

“Nosotros somos desplazados pero sabemos que hay miedo en la población, pero estamos aquí para vencer ese miedo, nosotros tenemos que buscar la justicia y por eso exigimos al gobierno que garantice seguridad a la población”, mencionó.

También hizo un llamado a la sociedad para organizarse y enfrentar la situación de violencia que se vive, pero reconoció que esa alternativa es muy remota.

Llevaron flores y cadenas a las cruces donde se leían los nombres de Javier, Ignacio, Wilber y Alexis, cuatro policías comunitarios que fueron emboscados, de acuerdo a sus acusaciones, por integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el 26 de noviembre del 2015.

La agresión ocurrió a tres días de las elecciones extraordinarias en Tixtla, y fueron asesinados cuatro Policías Comunitarios integrantes de la Casa de Justicia Mi Patria es Primero en el barrio del Fortín.

Fue alrededor de las dos de la tarde del 26 de noviembre del 2015 cuando, de acuerdo con los reportes, un grupo de civiles fuertemente armados a bordo de dos camionetas sorprendieron a los comunitarios quienes hacían una ronda de vigilancia en la zona.

Los hechos ocurrieron a pocas cuadras de la Casa de Justicia, donde se colocaron las cruces, por lo que Molina González decidió hacer el recorrido caminando.

Durante el recorrido lo escoltaron sus compañeros de la Policía Comunitaria, vestían playera negra y pantalones con estampado militar y al hombro rudimentarias escopetas.

Los policías comunitarios regresaron acompañados de seis elementos de la Policía Estatal, uniformados de azul marino y portando armas de alto calibre, ello para que Gonzalo Molina estuviera escoltado.

Molina, debido a que cuenta con medidas de seguridad, es escoltado en todo momento por una patrulla de la Policía Estatal.

Cuenta que también pidió el apoyo de la Guardia Nacional pero le fue negado sin recibir más explicaciones.

Durante el recorrido de la Casa de Justicia a las cruces de los comunitarios asesinados algunos vecinos salían de sus viviendas para saludar y abrazar a Molina González.

«Qué bueno que hayas venido, no te olvides de aquí de tus amigos”, le dijo una vecina desde la puerta de su casa.

Durante la ofrenda floral en las cruces, Molina González reconoció el valor de sus compañeros.

“Reivindicamos el valor de los compañeros que perdieron la vida por el prójimo, y donde quiera que estén mi reconocimiento para ellos”, dijo.

Molina González fue preso político. Fue encarcelado en 2013 por cargos de terrorismo, y portación ilegal de armas, tras ejercer acciones para exigir la libertad de Nestora Salgado, quien estuvo al frente de la CRAC en Olinalá y fue detenida por la Secretaría de Marina.

Gonzalo fue encarcelado, a pesar de que sus acciones estaban respaldadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indigenas del Estado de Guerrero, lo que permite a las comunidades de pueblos originarios tener su propio sistema de seguridad.

Fue puesto en libertad en 2019 donde después de salir fue a Tixtla pero por cuestiones de seguridad está en calidad de desplazado y no había regresado a hasta el día de hoy.

Aprovechó su visita para visitar la Normal Rural de Ayotzinapa donde se reunió con estudiantes y madres y padres de los 43 desaparecidos, la reunión fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a reporteros a la Normal.

 

Te puede interesar: Acapulco: dos décadas de violencia continua, aumentan extorsiones en febrero

Salir de la versión móvil