Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, cerraron la Autopista del Sol y retuvieron cuatro horas ocho vehículos oficiales para exigir al gobierno del estado la entrega de material didáctico.
El cierre de la vía de cuota, a la altura del punto conocido como El Parador del Marqués, en el kilómetro 272, provocó que cientos de vehículos quedaran varados en ambos sentidos, aunque el bloqueo fue intermitente.
La mayoría de los automovilistas provenían de Acapulco y se trasladaban a Chilpancingo para realizar sus compras en las tiendas departamentales o en los mercados.
Normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués.
Desde hace más de dos semanas, muchas familias afectadas por el huracán Otis se trasladan a esta capital para realizar las compras de la despensa o a sacar dinero en los cajeros de las sucursales bancarias.
En Acapulco, después de Otis, aún no hay suficientes víveres y algunos bancos continúan sin funcionar.
Durante el bloqueo, los normalistas interceptaron siete camionetas de la Secretaría del Bienestar y una de la Secretaría de Protección Civil estatal.
Las camionetas de los servidores de la nación retenidas por los normalistas.
Los jóvenes, en su mayoría encapuchados, bajaron a las personas que viajaban en los ocho vehículos oficiales, para quedarse con ellos.
En los vehículos del Bienestar viajaban los servidores de la nación que viajan todos los días a Acapulco para levantar el censo de las familias afectadas por el huracán Otis para que reciban los apoyos del gobierno.
Dos policías estatales llegaron al sitio donde estaba el bloqueo y después llegaron más de medio centenar; se colocaron en varias filas en el carril sur-norte de la Autopista para impedir que los normalistas se llevaran las unidades.
Los estudiantes ya estaban arriba de las ocho camionetas oficiales y pretendían llevárselas a sus instalaciones educativas a Tixtla.
Normalistas bloqueando el carriel norte-sur de la Autopista del Sol este 12 de noviembre del 2023.
Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno lograron que una comisión de estudiantes se trasladara a un lugar que no se dio a conocer y después de un diálogo los manifestantes se retiraron y liberaron las ocho camionetas.
La protesta de los normalistas de Ayotzinapa empezó alrededor de las 12 del día y concluyó poco después de las cuatro de la tarde de este domingo.
Momento en que normalistas inspeccionan las camionetas de las que despojaron a los servidores de la nación.
El contenido de los 18 folios tiene que ver con intervenciones de comunicaciones; informe de actividades delictivas de grupos organizados; enfrentamientos; detonaciones de arma de fuego: hechos de violencia cometidos en contra de los estudiantes, así como su posible destino.
Texto: Manu Ureste
Fotografía: Animal Político
18 de octubre 2023
La Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación publicó la tarde del martes documentos y extractos de comunicaciones que confirman que el Ejército mexicano tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, así como de los delincuentes que estaban implicados y los grupos delictivos a los que pertenecían. Incluso, tuvo reportes de los posibles lugares a los que los pudieron haber llevado.
Lo anterior forma parte de los 18 folios que la Comisión encontró en sus archivos con información elaborada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, del Ejército mexicano.
Este 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. | Foto: Cuartoscuro
Caso Ayotzinapa: ¿Qué dicen los 18 nuevos documentos?
Esos 18 folios son parte de los 868 folios que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que existen, antes de abandonar el país, y que no les fueron entregados por los militares, pese a que pueden contener información clave sobre los jóvenes desaparecidos y sobre cuál fue el grado de participación del Ejército y de las autoridades mexicanas en el suceso.
Como publicó Animal Político, de esos 868 folios, la Sedena solo había reconocido la existencia de cinco que entregó, lo que generó la inconformidad de los padres y la exigencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les brindara toda la documentación por parte de los militares. De hecho, durante la marcha por los 9 años del caso del pasado 27 de septiembre, los padres acusaron directamente al presidente de estar del lado de los militares y no de las víctimas.
Ahora, luego de que el mandatario pidiera públicamente que se rastreara toda la información, la Segob, a través del subsecretario Alejandro Encinas, anunció que encontró en los archivos de la Comisión de la Verdad 18 folios de la Sedena y extractos de conversaciones que, básicamente, vienen a corroborar varios de los puntos que la Comisión ya expuso en su segundo informe del caso, que publicó el pasado 27 de septiembre.
A 9 años de la desaparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ángel Aguirre no enfrenta consecuencias penales, pero ha tenido consecuencias políticas. Foto: Cuartoscuro
Entre los que se encuentra que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de lo sucedido con los 43 normalistas. En concreto, la Comisión señala en un ‘adendum’ a ese Segundo Informe cinco puntos clave:
1. Que la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad de los hechos de Iguala “a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos”.
2. Que se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI).
3. Que se confirma que desde al menos el año 2009, Julio ‘N’, estudiante desaparecido “inicia su relación laboral con el Ejército y realizaba funciones de OBI”. Es decir, que se encontraba ‘infiltrado’ entre los estudiantes.
4. Que “se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo” los días de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014.
5. Y que se confirma que “el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.
De los 18 folios encontrados por la Comisión, 6 están fechados antes de los hechos de Iguala, 4 están fechados durante los hechos, y 8 están fechados después de los hechos.
En esos folios se detalla, por ejemplo, 196 extractos de conversaciones y temas relacionados con hechos violentos en contra de los estudiantes la noche en la que desaparecieron; comunicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés; seguimiento a miembros de la delincuencia organizada; pugnas por el territorio, y referencias a sitios donde se buscó a los 43 estudiantes.
Tanto la publicación del Segundo Informe del caso, el pasado 27 de septiembre, en el que, entre otros puntos, se señala que el exfiscal Tomás Zerón admitió que el Gobierno de Peña Nieto construyó la ‘verdad histórica’, como la publicación de este nuevo adendum con información del Ejército, fue considerado por los padres de los normalistas como un paso adelante en darles la razón de que el Ejército, en efecto, tiene más documentación e información del caso que la entregada inicialmente, aunque consideraron que esto no es suficiente, pues la exigencia es que se entreguen hasta 868 folios. Y, hasta ahora, solo se han revelado 18.
El pasado 28 de septiembre, los padres de los normalistas levantaron el plantón que habían instalado frente al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, el cual habían instalado para presionar al Ejército mexicano para que entregara toda la documentación del caso Iguala.
“Finalmente aceptan que el Ejército mexicano tiene información en sus archivos, y hoy hubo un mandato presidencial para que esa información sea buscada y entregada a las autoridades que están investigando. Esto reafirma y nos da la razón de que en los archivos militares existe información relacionada con el paradero de nuestros estudiantes”, dijo el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, el pasado 28 de septiembre.
Caso Ayotzinapa
En las últimas semanas, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 han denunciado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo su promesa respecto a la resolución del caso. Incluso, han denunciado que en su segundo informe, nuevamente criminalizan a los estudiantes.
“En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron padres de familia de manera muy puntual, vuelve a referir que ya fueron integrados y hace un recuento de los archivos analizados, pero eso ya lo sabemos”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres de los 43 encabezaron la marcha por los 9 años de la desaparición de sus hijos. | Foto: Cuartoscuro
En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.
“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.
Nueve años de la desaparición de los 43: normalistas gritan, «fue el Ejército». Después de la acción de los normalistas en el edificio fue incendiada por extraños la estela en memoria de Julio César Mondragón Fontes, uno de los estudiantes asesinados la noche de Iguala, donde poco antes sus compañeros habían dejado una ofrenda flora.
Texto: Margena de la O
Fotografía: Amapola periodismo
Iguala
27 de septiembre del 2023
Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, con el apoyo de contingentes de otras normales agremiadas a la Federación Estudiantil Socialista de México (FECSM), atacaron las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala, lanzaron piedras, explosivos y estrellaron la cabina de un trailer en uno de los accesos del inmueble que después incendiaron.
Con esta acción que duró unos 30 minutos, los normalistas cerraron su jornada de acciones de este 27 de septiembre en Iguala, como parte de los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de otros tres de sus compañeros.
Alrededor de las cuatro de la tarde parecía que los normalistas rurales de diferentes partes del país iban de salida de la ciudad, después de que marcharon y visitaron las estelas de los caídos de la noche de Iguala: Julio César Mondragón Fontes, Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo.
En estos sitios de memoria, ubicados al costado de Periférico Norte, donde además ocurrieron una parte de los hechos de la noche de Iguala, dejaron unas ofrendas florales como una manera de insistir que el caso sigue sin ser esclarecido por las autoridades.
Los casi 30 autobuses en los que viajaron se detuvieron frente al Palacio de Justicia y era señal de que habría acciones más fuertes. Al mediodía, cuando llegaron a Iguala, los normalistas pararon en el inmueble y vieron que en el pavimento de alrededor del edificio cavaron una zanja, al parecer para evitar que hicieran acciones contra el inmueble, pero no lo consiguieron. Desde ese momento el edificio ya estaba vacío.
Las protestas recurrentes de los normalistas en Palacio de Justicia de Iguala, lo han explicado antes, es porque los funcionarios del Poder Judicial, encabezados por la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la ahora magistrada en retiro, Lambertina Galeana Marín, ocultaron los videos de las cámaras de seguridad del inmueble que habría captado momentos importantes de la zona de donde se habrían llevado a un número importante de los 43, según datos de las indagaciones adicionales.
Los normalistas se bajaron de los autobuses y de manera inmediata comenzaron a lanzar piedras, y después explosivos que cada vez que estallaban hacían retumbar el suelo.
Con las explosiones constantes, los normalistas volaron el portón trasero del inmueble, por donde ingresaron y rompieron cristales de ventanas, destrozaron y quemaron mobiliario.
En la fachada frontal del edificio, otro grupo de normalistas se apoderó de un trailer que quedó varado entre los autobuses que los llevaban.
Los normalistas bajaron al conductor, después de que sacó sus cosas, y desprendieron el remolque del trailer.
Uno de los normalistas condujo la cabina del tráiler, después de cruzar el camellón, hasta uno de los costados del edificio para evadir la zanja; lo estrelló en lo que también era uno de los accesos.
Para cerrar la protesta le predieron fuego a la cabina, al igual que al acceso principal.
Los normalistas abordaron los autobueses y salieron de Iguala. Para cuando llegaron los elementos de Protección Civil a sofocar la cabina, ya ningún normalista estaba.
Un par de horas después, alrededor de las seis de la tarde, se supo que la estela de Julio César Mondragón Fontes fue incendiada. Circuló un video en las redes sociales donde se ve a unos hombres que atacan la estela y el momento que la incendian.
Gobierno federal encubre al Ejército, el reclamo
El reclamo contundente y claro de la movilización de este 27 de septiembre en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa y de los contingentes del resto de las normales rurales del país, es que el gobierno de México protege al Ejército para no asociarlo con los hechos de hace nueve años.
Como lo hacen cada 27 de septiembre, los normalistas de la FECSM, que congrega a todos los normalistas rurales del país, estuvieron en Iguala para conmemorar la muerte de los tres normalistas que cayeron en la noche de Iguala.
En las estelas levantadas en su nombre, ubicadas a los costados de Periférico Norte, camino a lo que es conocida como zona industrial, los normalistas dejaron unas ofrendas florales y realizaron un mintin.
En esos mitines fue que los estudiantes reprocharon de manera reiterada al gobierno federal se niega a castigar al Ejército.
«Es este gobierno el que está encubriendo a todos esos asesinos, a todos esos militares, los altos mandos, funcionarios que coordinaron todo este operativo», dijo uno de los normalistas rurales en el mitin de la esquina del periférico y Juan N Álvarez, uno de los sitios del ataque hace nueve años.
Las madres y padres de los 43, y los normalistas llevan años con el reclamo de que sea investigado el Ejército por presuntas implicaciones en la noche de Iguala, según los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Pero el lunes, en la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con las madres y padres de los 43, les entregó un informe, al parecer, en respuesta al compromiso que hizo con ellos de darles resultados ante la exigencia de investigar al Ejército, con lo que no quedaron conformes.
El abogado de las madres y los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, dijo ese día a reporteros que los avances eran parecidos a la llamada de la «verdad histórica», al parecer porque otra vez se descargaba la responsabilidad en los estudiantes.
En la versión pública de ese informe, llamado Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, además sólo mencionan a tres militares como implicados en el caso, dos coroneles y un capitán.
«Como es posible que con unos cuantos militares y unos cuantos policías nos quieran ver la cara y nos digan que son todos los culpables», mencionó un normalista en uno de los mitines de hoy en Iguala.
Los nueve años transcurridos desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han invisibilizado al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien en 2018 intentó infructuosamente ser diputado y que ahora sólo dirige una corriente dentro del PRD guerrerense.
Texto: Margena de la O
Fotografía: Oscar Guerrero
27 de septiembre, 2023
Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí vieron frenadas sus carreras políticas.
En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.
Uno de los más visibles es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a los 27 días de los hechos de Iguala. El ex priista y ex perredista sigue en una especie de congeladora. Uno de sus últimos comentarios a la prensa fue que pide con todas las fuerzas de su alma que resuelvan el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Después de ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida al final del segundo año del peñismo, el ex gobernador hizo una pausa formal de casi tres años en su vida política. En realidad, no ha vuelto a funciones públicas mayores, sólo la de ser líder de una corriente interna del PRD en Guerrero, partido que lo llevó al poder.
El PRD, por su lado, que había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, se ha ido desdibujando desde la desaparición de los normalistas. Meses después de los hechos, perdió las elecciones de gobernador -en las que ganó el priista Héctor Astudillo-, se debilitó en el Congreso local, en las alcaldías y, en 2021, se alió con el PRI para enfrentar a Morena, pero no pudo impedir la victoria de Evelyn Salgado.
Aguirre intentó volver al servicio público y no lo dejaron. Para la elección de 2018 ya se presentaba como precandidato a diputado federal por el distrito 08, con sede en Costa Chica, Guerrero, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), pero las madres y los padres de los 43 normalistas le recordaron que tenía una deuda pendiente.
En la prensa local quedó documentado el día en el que le frustraron su arranque de precampaña en el salón Ávila de la cabecera de Ayutla de los Libres. Era el 27 de diciembre de 2017. Un grupo de madres y padres de los 43 subió hasta el templete, donde dirigiría un discurso, para exigirle que les dijera dónde estaban sus hijos.
“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, le mencionó una de las madres, según la crónica de ese día del periódico El Sur, donde los simpatizantes del ex gobernador salieron en su defensa.
Después de esos reclamos, Aguirre abandonó su aspiración. “El día de mañana retiraré mi solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero”, escribió en Twitter (ahora X) el 7 de enero del 2018.
Desde entonces, se ha concentrado en sus funciones como una especie de “líder moral” de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG). En lo formal y en lo público Alberto Catalán Bastida es el dirigente estatal del PRD, considerado como un personaje cercano al exgobernador Aguirre.
Algunos actores dentro del PRD todavía le dan a Aguirre Rivero el peso de mover los hilos en el partido. Le atribuyeron que fraguó la alianza en 2021 con el PRI, que ubicó a Mario Moreno Arcos, otro de sus cercanos, pero del ala priista, como el candidato a gobernador por este frente, que perdió ante la actual gobernadora.
Otros, lo ubican ahora como un personaje político disminuido. Un ejemplo: en 2021 no pudo colocar a ningún regidor del PRD en el Cabildo de Ometepec, municipio de donde es originario que es considerado su mayor bastión.
Uno de sus compañeros de partido proporcionó otro dato interno: su corriente, el IPG, tampoco tuvo cuadros para presentar como propuestas a alcaldes en la elección pasada. De los 19 alcaldes actuales del PRD en Guerrero, sólo Tomás Hernández Palma, de San Marcos, pertenece a su corriente, pero porque el edil renunció a Nueva Mayoría (NM), corriente que lidera el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
Aguirre “ahora no tiene base social”, comentó la fuente.
Lo que ha mantenido al ex gobernador vigente en la opinión pública durante estos años son sus artículos de opinión en El Sur, a nivel local, y Milenio, a nivel nacional. En ellos ha llegado a comentar algunos elementos del caso que atañe a la noche de Iguala, casi siempre en su defensa.
En una entrevista con reporteros en Chilpancingo, el domingo 17 de septiembre pasado, el ex gobernador informó que el Ejército le ocultó información de los hechos en Iguala, porque el comandante de la región militar le dijo que el 26 y 27 de septiembre de 2014 los estudiantes estaban en la Normal Rural y que se había inventado la desaparición. Esto lo expresó nueve años después.
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en su última aparición pública. Acudió al panteón central de Chilpancingo por el aniversario luctuoso del ex mandatario estatal, Alejandro Cervantes Delgado, el 17 de septiembre pasado.
Los funcionarios de la primera fila de su gobierno
Quien se libró en 2022 de una orden de aprehensión porque un juez federal ordenó la cancelación, es el abogado Iñaki Blanco Cabrera, quien era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2014.
De estos servidores públicos, además de Blanco Cabrera, 16 son integrantes del Ejército, como el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.
En últimas fechas, el exprocurador ha concedido entrevistas extensas a periodistas de la capital del país para dar detalles de lo que hizo al frente de la ex PGJE tras los hechos en Iguala.
En el programa Contra cara de Heraldo Televisión, en agosto pasado, expuso, entre otras cosas, que la Procuraduría a su cargo fue la primera instancia en investigar los hechos de Iguala, antes de que la investigación fuera atraída por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), como “desaparición forzada”, porque entonces ya sabían de la participación de los policías municipales de Iguala y Cocula.
También que personal a su cargo concentró durante las primeras horas alrededor de 270 elementos municipales de Iguala en las oficinas regionales, los desarmó, les aplicó pruebas periciales y confirmó que al menos 22 habían accionado sus armas en las horas en que ocurrían los hechos. Expuso que le pidió ayuda a elementos militares y a una base de la Policía Federal para concentrar en sus instalaciones a los policías municipales retenidos por los indicios de su participación, pero que se la negaron.
Además, dijo que la estructura de la dependencia a su cargo auxilió a algunos de los estudiantes ilesos de esa noche, quienes fueron los primeros en proporcionarles información de lo que ocurrió.
La idea de pedir ayuda, aclaró, era separar a los estudiantes que también llegaban a las instalaciones regionales de los policías retenidos.
“Mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las autoridades federales o bien, que no se solicitó la intervención del Ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del Ejército, para que me permitieran concentrar a los elementos de la Policía Municipal en instalaciones militares. Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o como sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde ya tenía a resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y familiares”, fue parte de su comentario en el programa.
El caso sin resolver de la desaparición de los 43 normalistas también hizo imposible que Blanco Cabrera volviera al servicio público, actividad en la que se había desarrollado en los últimos años.
Antes de procurador tuvo varios cargos en la PGR: fue coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo, coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, delegado en Guerrero y titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de director de Quejas Recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todas estos cargos los luce en sus redes sociales como una carta de presentación.
En las últimas entrevistas lo presentan como un jurista destacado.
Con quien Blanco Cabrera comparte un escenario similar es con la magistrada en retiro Galeana Marín, quien también libró una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia, al igual que otros servidores públicos del TSJ de Guerrero, porque no resguardaron los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.
Cerca de este edificio público ocurrió una parte importante de los hechos de la noche de Iguala; hay indicios, por las indagaciones adicionales sobre el caso, de que a unos metros se llevaron a un número importante de los normalistas desaparecidos. En este dato estriba la importancia de los videos que nadie halla en el Poder Judicial.
En medio de este cuestionamiento, la magistrada se retiró de sus funciones.
Quien no pudo librarse de acciones legales, aun cuando estuvo en la primera línea de funcionarios públicos del gobierno de Aguirre Rivero, fue el teniente retirado del Ejército, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, porque fue detenido el 28 de octubre de 2022, en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada, además de llevar a cuestas el señalamiento de omisiones en la desaparición de los 43 normalistas.
Aun cuando por obvias razones está desdibujado del servicio público, Vázquez Pérez, sumaba 12 años en cargos públicos policiales y de seguridad, lo que expone que los actores políticos le tenían confianza.
Antes de ascender a secretario, el 7 de enero de 2014, era subsecretario de Prevención y Operación Policial, y antes coordinador operativo de la Policía Estatal, región Acapulco. Fue el cuarto secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguirre Rivero, quien entró en funciones en 2011.
Fue herencia de la administración de Alberto López Rosas, como alcalde de Acapulco (2002-2005), periodo en el que fue comandante de la Policía Turística. En la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) ocupó varios cargos, uno de ellos como coordinador general de Seguridad al Sector Turístico SSP.
Vázquez Pérez sólo duró nueve meses como secretario, porque dejó sus funciones a partir de la renuncia de Aguirre Rivero.
Uno de los funcionarios que libró la sombra de haber sido parte del gobierno de Aguirre, es Jesús Martínez Garnelo, quien fue su secretario General de Gobierno.
Martínez Garnelo sigue en sus funciones como magistrado del TSJ y es catedrático e investigador académico. Fue secretario a partir del 8 de julio de 2013; unas horas antes pidió licencia a la presidencia del TSJ.
Apenas este 20 de septiembre de 2023, el Poder Judicial del Estado de Guerrero convocó a través de las redes sociales a la presentación del libro del magistrado: “El juez penal y su procedimiento especial de ejecución de sentencias, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo”.
La prensa ha documentado que de cara a los hechos de Iguala, Martínez Garnelo se comunicó con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al tercer día de los hechos, el 29 de septiembre de 2014, para saber qué había pasado, pero que le contestó que no sabía.
Además, el gobierno de Aguirre Rivero adquirió un equipo para hackear computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa Hacking Team, unos meses antes de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso en abril de 2016.
En su historia como magistrado, Martínez Garnelo ha sido considerado como una de las personas más cercanas a Aguirre Rivero. En 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por algunos años, porque junto a otro magistrado y una jueza liberaron al secuestrador sentenciado, Carlos Alberto Castro, apodado El Calilla.
Abarca Velázquez, otro de los actores políticos alrededor del caso Iguala, es hasta ahora en quien ha recaído la responsabilidad pública de la noche en que desaparecieron 43 y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa, aun cuando en términos legales, su permanencia en la cárcel está deslindada de esos hechos.
Un mismo juez, en un periodo de ocho meses, lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, aun cuando lleva casi nueve años detenido, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrida el 30 de mayo de 2013. De este caso se desprende el asesinato de tres dirigentes, entre ellos Arturo Hernández Cardona.
Lo que ocurrió la noche de Iguala evidencia un alto nivel de implicaciones de servidores públicos, no sólo a nivel municipal, también estatal y federal, pero a nueve años de distancia, la mayor de las afectaciones del primer círculo de las administraciones al frente de los poderes públicos locales, es un desgaste de su imagen política.
Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.
Madres y madres de los 43 normalistas desaparecidos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la entrega de 858 documentos que tiene el Ejército, que hablan del paradero de sus hijos y que ubicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante sus investigaciones.
De los documentos destacan uno que da cuenta del momento en que 17 de los 43 muchachos desaparecidos son llevados a cierto lugar para privarlos de la vida.
“Pero el mismo es una hoja tamaño carta que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”, detalla la carta.
El documento contiene la relación de los documentos en poder del Ejército, junto con la fecha en que se generó, el folio y el estatus, algunos de los cuales si fueron entregados.
La relación de documentos que ubicó el GIEI arranca con el folio número 525, generado el 30 de abril del 2014, que si fue entregado, pero después enlistan del 526 al 872, sin entregar. El documento 873, generado el 3 de julio del 2014, fue entregado, pero no los documentos que van del 874 al 1076.
El documento 1077 fue entregado, no así los que van del 1078 al 1202.El 1203 sí, pero del 1204 al 1211, no. El 1212, sí y del 1213 al 1251, no. El 1252 tiene estatus de entregado pero no los documentos foliados del 1253 al 1314. El 1315 y 1316 los tienen en su poder pero no los foliados del 1317 al 1372.
Finalmente, el Ejército tampoco proporcionó al GIEI los documentos foliados del 1375 al 1400.
Las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigen a López Obrador de manera respetuosa, incluso agradecen su indicación para la apertura de los archivos militares, pero aseguran que se identificaron varios documentos que no fueron entregados.
En la carta, recuerdan a López Obrador que el Ejército infiltró la Normal, por lo que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a los estudiantes desde que arribaron a Iguala.
“Como madres y padres tenemos la necesidad de conocer esos documentos incompletos que hablan del paradero de nuestros hijos. No nos mueve otro interés más que saber qué contienen tales documentos que pueden ayudar a saber qué pasó con nuestros hijos”.
Al cumplirse hoy martes nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres, estudiantes y organizaciones sociales realizaron protestas en Atoyac de Álvarez, Acapulco y Chilpancingo para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su presentación con vida.
La jornada de movilizaciones iniciaron en Atoyac en donde alumnos de la preparatoria popular de la comunidad de El Quemado y militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron dos mítines, uno en el antimonumento de los 43 y otro en el obelisco del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
En esta protesta en la que exigiieron castigo al Ejército Mexicano por su presunta responsabilidad en los hechos de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, también participaron integrantes del Frente Progresista Guerrerense.
En Acapulco, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) llevaron a cabo un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en la Costera Miguel Alemán.
En Chilpancingo, estudiantes de cinco normales marcharon desde su plantel escolar hasta el antimonumento de los 43, en la avenida Lázaro Cárdenas del Río.
Durante la movilización, las y los estudiantes gritaron las consignas «vivos se los llevaron, vivos los queremos», «ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos».
Dos helicópteros que salieron de las instalaciones de la 35 Zona Militar sobrevolaron las cercanías donde unos 500 jóvenes protestaban.
«Ya se cumplieron nueve años de la desaparición de nuestros 43 compañeros y el gobierno no nos los entrega», dijo una normalista durante el mitin en el antimonumento.
Luego se escuchó el pase de lista de cada uno de los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Y la consigna: «presentación con vida».
«Este gobierno (el de López Obrador) prometió hacer justicia a los padres y madres de los 43 y al pueblo de México y nos falló», dijo una normalista.
Entre las normales que participaron en la movilización en Chilpancingo está la Adolfo Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y la Rafael Ramírez.
Después del mitin en el antimonumento, los jóvenes marcharon de regreso hacia sus planteles educativos.
Alrededor de las 10 de la mañana, 20 autobuses con estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales del país se dirigieron a la Ciudad de México para participar en las protestas con los padres y madres de los 43.
Maestros y trabajadores administrativos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, iniciaron un paro de labores y protestaron en las calles de esta ciudad para exigirle a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cumplir demandas relacionadas con el techo presupuestal.
Los trabajadores que se desplazaron en varios vehículos de Tixtla a Chilpancingo denunciaron que las autoridades estatales no quieren respetar los acuerdos de que las plazas por defunciones o jubilación se queden en la Escuela Normal Rural.
«Llevamos varios años pidiendo que esas claves académicas se queden en la escuela Normal para cubrir las necesidades de nuestra institución», dijo el profesor Antonio García, vocero de los trabajadores administrativos y docentes.
Los profesores y administrativos marcharon por la avenida Ruffo Figueroa y llegaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
«Solución al pliego petitorio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa», decía la manta que llevaban los manifestantes.
También una de las consignas que iba escrita en la manta hacía referencia a los 43 normalistas de Ayotzinapa que este martes 26 cumplen nueve años desaparecidos.
En el mitin, el profesor Antonio García dijo que otra de las demandas es de que el gobierno estatal reinstale la mesa de negociaciones para homologados con el propósito de que los trabajadores accedan a otro nivel académico.
«Está estancado este programa de homologación pese a que muchos compañeros han escalado niveles académicos y merecen un ascenso», dijo.
«Como maestros de la Normal estamos en esta protesta para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala», dijo Antonio García.
De acuerdo con la versión de los manifestantes este lunes las autoridades de la SEG habían programado una reunión pero de último momento fue cancelada.
Pidieron una reunión con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, para que les dé respuesta a sus peticiones.
Antonio García denunció que a muchos maestros se les adeuda horas académicas acumuladas.
«Desde este lunes los 60 profesores y 100 trabajadores administrativos de la Normal nos declaramos en sesión permanente en paro laboral hasta que el gobierno del estado nos dé una respuesta», advirtió el profesor Antonio García.
Las protestas de la planta docente y de los trabajadores administrativos se suman a las demandas que plantean los normalistas de Ayotzinapa que exigen mayor presupuesto para el mejoramiento físico de las instalaciones, incremento a las raciones alimenticias y material didáctico.
Los integrantes del Comité Estudiantil de Ayotzinapa denunciaron que la gobernadora Evelyn Salgado no quiere dar respuesta a su pliego petitorio.
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, además de ser un edificio educativo de formación para maestros en Educación Primaria y Educación Primaria con enfoque bilingüe, es un recinto de memoria sobre las luchas sociales emprendidas por los normalistas desde los tiempos de Lucio Cabañas Barrientos.
Cada generación de estudiantes de la Normal Rural plasma en sus paredes los rostros, las consignas y los ideales de los actores presentes y ausentes de su historia. Es un ejercicio claro para no olvidarlos y fortalecer la memoria colectiva.
Este ejercicio se ha convertido, a la vez, en un recordatorio de la deuda del Estado con ellos al intentar frenar sus luchas en distintos periodos, lo que convierte las paredes del recinto en un grito permanente de justicia.
Recorrer el plantel en estos momentos que se conmemoran los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de tres de sus estudiantes durante la noche de Iguala reaviva la fuerza de su grito: castigo a los responsables de todos los niveles de una noche que refleja el involucramiento de agentes de Estado y fuera de él, asociados en un propósito, desaparecer y aniquilar estudiantes.
Aquí mostramos estos lienzos de concreto de la Normal Rural que han tomado vida propia.
Foto 1. Los rostros de nueve de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la ventana de una caseta del plantel.
Foto 2. Estudiante de nuevo ingreso de la Normal Rural posa en un mural donde aparecen los rostros de sus compañeros caídos en diferentes momentos de la historia de su escuela.
Foto 3 y 4. Mural que presenta la lucha de nueve años por los 43 estudiantes desaparecidos; adelante una escena donde estudiantes se enfrentan a la Policía Estatal.
Foto 5. Mural en memoria de Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, quien fuera torturado y asesinado en noche de Iguala. En la pared continua aparece Genaro Vázquez Rojas Rojas, profesor y guerrillero referente de lucha de los estudiantes de Ayotzinapa.
Foto 6. Mural en honor a la lucha emprendida por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Foto 7. En este mural están los rostros de Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista y Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, en un reconocimiento que hacen los estudiantes a la lucha ya de nueve años de madres y padres de los 43.
Foto 8. El rostro de Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado la noche del 26 en Iguala.
Foto 9. Mural basado en la fotografía del fotorreportero José Luis de la Cruz, donde aparece Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro de los 43, cuando enfrenta a antimotines de la Policía Militar.
Foto 10. Mural con el que exigen de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su promesa de resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
A nueve años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantienen espíritu de lucha y acompañan la exigencia de los padres y las madres para conocer el paradero de los jóvenes
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
Fotografía: Oscar Guerrero
25 de septiembre 2023
En la víspera de cumplirse nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes, sus actuales compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aún recriminan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que está lejos de esclarecer el crimen a pesar de que desde que inició su mandato fue uno de sus compromisos.
Tras la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Ayotzinapa quedó marcada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Algunas cosas cambiaron físicamente en la Normal Rural, por ejemplo, la barda perimetral que los aisló en cierto grado de su conexión con los campesinos de Tixtla.
Sin embargo, la escuela mantiene su espíritu de lucha reflejada en los murales de los edificios de las aulas y dormitorios, en los que se observa desde estudiantes víctimas que fueron asesinados por fuerzas policiacas en distintos momentos, hasta los retratos de las madres y padres de los 43, así como los símbolos de movimientos civiles armados guerrerenses.
En un recorrido por la Normal Rural, guiado por dos alumnos de primer ingreso, fue posible constatar que permanece vigente el culto a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos o estandartes internacionales de la Revolución, como El Che Guevara.
De la institución, y por sus calles angostas, algunas empedradas, entran y salen jóvenes a bordo de motocicletas; otros lavan su ropa en pequeños lavaderos, y unos más se escuchan a lo lejos ensayar en la banda de guerra.
En la cancha de basquetbol continúan los 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos que fueron colocados desde aquel 2014. Frente a ellas hay una mesa sobre la que descansan algunas fotografías de normalistas caídos junto a veladoras.
La solemnidad de la escena contrasta con su contexto, una escuela en la que se siguen impartiendo clases y debatiendo ideas en aulas comunes y corrientes.
Pupitres colocados en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para recordar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los estudiantes primerizos, comisionados para el recorrido, portan unas sandalias de cuero cruzadas, muy típicas de la región, y lucen el cabello corto. Uno de ellos es originario de Tixtla, del barrio de El Fortín, la cabecera municipal, y confiesa que, a pesar de que es primo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, él decidió estudiar en la misma escuela.
Los dos jóvenes presumen que por la temporada han sembrado maíz en la normal y flor de cempasúchil, que cosecharán en la celebración de Día de Muertos; también relatan que cuidan de varios puercos, que se producen para la alimentación en la escuela.
En una de las aulas, un normalista de segundo grado -conocido como Jaguar– pinta junto con otros estudiantes las mantas para las distintas actividades de la jornada nacional por la presentación con vida de sus compañeros. Este año serán 30 mantas con diversos mensajes.
Jaguar en realidad se llama Carlos, tiene 21 años, es originario de la comunidad de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan.
Cuenta que llegó a Ayotzinapa por su primo, quien también fue de la generación de los 43 estudiantes desaparecidos, y él lo motivó a estudiar para maestro rural, porque, además, le dijo que aquí hallaría apoyo para expresarse mediante la pintura, que es lo que realmente le apasiona. Confía que esa actividad le ayude, después, a sacar adelante a su familia.
Imagen de la Normal Rural a nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero Ramírez/ AMAPOLA PERIODISMO
Las actividades en la Normal Rural transcurren a marchas forzadas, porque se acerca un 26 de septiembre más, y con ello las jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Antes del recorrido, uno de los normalistas del comité estudiantil que organiza las actividades para esta jornada, narra la historia y vida de Ayotzinapa, en cuatro episodios.
El primero es que los estudiantes saben que la escuela fue creada en marzo de 1926, ubicada en sus inicios en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, cuando aún no era una normal, pero sí un internado para formar maestros.
Ayotzinapa fue el resultado de la unión de una Central Regional con una Central Agrícola, esta última encargada de formar agrónomos; por ello fue fundada bajo los dos conceptos, porque también comenzaron a educar a maestros rurales.
El primer nombre que tuvo la Normal Rural fue Conrado Abundio, y también fue conocida como Vicente Guerrero. Después cambió a su actual ubicación en lo que es la hacienda de Ayotzinapa, a las afueras de la pequeña ciudad de Tixtla, que en náhuatl significa “lugar de tortugas”.
Luego fue llamada Raúl Isidro Burgos, nombre del que los estudiantes consideran sigue siendo el mejor director que ha tenido la institución, recordado por ser un gran gestor y apoyar a los jóvenes.
Ayotzinapa también es conocida por el paso en sus aulas de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural que, tras la represión en un mitin de padres de familia, el 18 de mayo de 1967, por policías judiciales, que dejó cinco muertos en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, se internó en la sierra y fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se inmortalizó en el país como un movimiento guerrillero.
Cabañas Barrientos ha dejado impregnado su paso en cada estudiante de generaciones posteriores, y es reflejado en diferentes murales de la escuela, además se convirtió en un símbolo para los docentes en formación: “Aquí en la normal se nos enseña a que todo esto debe ser encaminado a beneficio del pueblo, donde nosotros vamos a trabajar más adelante”.
La educación en Ayotzinapa continúa, según los jóvenes, basándose en cinco ejes: académico, político, cultural, deportivo y los módulos de producción. Con ello, los futuros profesores son encaminados para trabajar en las comunidades rurales.
Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.
Los normalistas cumplen hoy siete días de acciones por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: La Lente de Guerrero
Chilpancingo
18 de septiembre del 2023
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, incendiaron una camioneta Urvan en una de las puertas de la fachada de la sede del 27 Batallón Infantería, en Iguala, la que minutos antes impactaron en el sitio, como parte de su plan de acción por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros.
La acción de los normalistas ocurrió en cuestión de minutos, porque los elementos de la Guardia Nacional vigilaron en todo momento la protesta y tan pronto los vieron acercarse lanzaron a los estudiantes gases lacrimógenos. En el contingente también estaba un grupo de padres y madres de los 43.
En estos nueve años, el 27 Batallón de Infantería y otras sedes militares fueron blindadas contra estas acciones de los normalistas de Ayotzinapa, las que ocurren cada mes de septiembre por el aniversario de la desaparición de los estudiantes. El portón principal del batallón está cercado con obstáculos de acero y alambre con púas para evitar el paso. Los normalistas impactaron la unidad sobre la puerta del costado, donde no había impedimentos más que el pequeño borde de la jardinera.
Los normalistas llegaron a la ciudad, según los reportes de Protección Civil, en unos 25 autobuses. Circuló la versión de que llegarían al centro de la ciudad, hasta el edificio de Ayuntamiento de Iguala reabierto después de que la administración municipal lo remodeló, pero nunca ingresaron; se encaminaron hacia el edificio local de la Ciudad Judicial y siguieron hasta la sede militar, ubicada sobre Periférico, frente a Plaza Tamarindos.
Normalistas de Ayotzinapa estrellaron e incendiaron un vehículo en uno de los accesos del 27 Batallón del Ejército, en Iguala, este lunes 18 de septiembre.
Toda la zona que hoy recorrieron los normalistas es donde desaparecieron a sus compañeros hace nueve años.
Ante la posibilidad de que los normalistas llegaran al centro de la ciudad, algunos comerciantes cerraron sus negocios.
En su trayecto, los normalistas retuvieron la camioneta de una empresa privada que impactaron en la sede militar; tenía los logos de una tienda departamental. El vehículo fue incendiado después de estrellarlo.
También lanzaron algunos petardos a la sede militar al responder a los elementos de la Guardia Nacional los gases lacrimógenos. El jueves pasado en la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, donde protestaron por la misma razón, los militares también usaron gases.
Los estudiantes, las madres y los padres de los 43 normalistas señalan al Ejército como uno de los responsables directos de la desaparición ocurrida en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, según los hallazgos de los integrantes del Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI).
El reclamo de los estudiantes es que el gobierno federal no investiga a los miembros del Ejército como probables responsables de la desaparición de los 43.
Elementos de Protección Civil llegaron a las instalaciones del 27 Batallón para sofocar el fuego y retirar el vehículo.
Después, los estudiantes abordaron los autobuses en los que llegaron y siguieron, al parecer, hacia Ciudad de México, donde tienen contempladas otras acciones de protesta.
A unos días de que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, señalado por los padres y madres, como responsable, asegura ser inocente y que de manera injusta el gobierno de Enrique Peña Nieto lo trató de encarcelar.
Aguirre solicitó licencia al Congreso para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre del 2014, 27 días después de los sucesos del 26 de septiembre.
En entrevista en Chilpancingo dijo que la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), Tomás Zerón de Lucio, es pieza clave para esclarecer el caso.
A Tomás Zerón, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, lo acusaron de la fabricación de la «verdad histórica» .
El ex funcionario vive en Israel en donde se le dio asilo bajo el argumento de que es un perseguido político.
«Lo que yo sí veo muy difícil es la extradición de Tomás Zerón que es un punto clave para que se pueda llegar a la solución del caso; creo que ya no hay condiciones, ojalá y rectificara el gobierno de Israel para que traigan a ese delincuente a México, dijo Ángel Aguirre.
El ex gobernador perredista participó en el acto donde se recordó el 23 aniversario del fallecimiento del ex mandatario estatal Alejandro Cervantes Delgado, en el panteón de Chilpancingo.
La convocatoria de la ceremonia luctuosa reunió a la clase política del PRI y PRD y ex funcionarios del ex gobernador Ángel Aguirre, del fallecido Alejandro Cervantes y familiares cercanos de éste último.
En entrevista, Ángel Aguirre aseguró que cuando la FGR inició las investigaciones del caso Ayotzinapa, Tomás de Zerón siempre lo quiso involucrar a él y a otros funcionarios por el delito de delincuencia organizada.
«Lo que quería (Tomás Zerón) era llevarnos a la cárcel a mí y al ex procurador general de Justicia, Iñaky Blanco», afirmó el ex mandatario. estatal.
Ángel Aguirre aseguró que cuando sucedieron los hechos, el ex pocurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, inició las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa, las que retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
«Esas investigaciones del entonces procurador, Iñaki Blanco han sido reconocidas por el Alto Comisionado de la ONU, de la Comisión de la Verdad y de la FGR», aseguró el ex gobernador.
Mencionó que ninguno de los detenidos por la Procuraduría que dirigía Iñaki Blanco han salido en libertad y tampoco se ha podido acreditar que se les torturara.
Ángel Aguirre afirmó que durante la noche del 26 de septiembre del 2014 hubo una serie de actuaciones que él todavía no puede entenderlas.
«Una de ellas es de que a mí como gobernador, el Ejército no me informó en tiempo real de cómo sucedían los hechos pese a que el Ejército tenía el control y mando del C-4 en Iguala».
«Dos días después (del 26 de septiembre) el entonces comandante de la región militar (35 Zona Militar con sede en Chilpancingo) me informó que los muchachos se encontraban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y solo era una farsa (su desaparición) que se había montado y ahora nos parece delicado que un jefe militar le comunique al gobernador que no tenga mayor preocupación porque ahí están los jóvenes, lo cual era absolutamente falso», detalló Ángel Aguirre.
¿Usted tiene las manos limpias?
—Yo he estado atento a todo el proceso siempre hemos estado en la mejor disposición de colaborar. Yo espero que en las últimas aportaciones que se han dado haya avances más sustanciales y se pueda conocer más sobre estos hechos tristes y lamentables.
¿Cuántas veces ha comparecido ante la FGR?
—Tres veces y si me vuelven a citar, lo haré.
¿Cree que se resolverá el caso Ayotzinapa?
–Yo le pido con todas las fuerzas de mi alma a quien tenga que ayudarnos que se resuelva y que se llegue al fondo.
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la entrevista en Chilpancingo este 17 de septiembre.
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, estuvieron concentrados por unas dos horas en la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, donde dieron el libre paso a los usuarios
Texto: Margena de la O
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
17 de septiembre del 2023
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, estuvieron concentrados por unas dos horas en la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, donde dieron el libre paso a los usuarios, como parte de su jornada de acciones por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros ocurrida en Iguala, en reclamo del esclarecimiento del caso por el que expertos independientes señalan al Ejército.
Hasta la caseta también llegaron policías estatales con equipo antmotín, quienes todo el tiempo estuvieron a la expectativa de cualquier acción de los normalistas. Permanecieron junto a los muchachos cuando hicieron el mitin en las cajas de cobro.
Los estudiantes arribaron a la caseta en autobuses alrededor de la una de la tarde y se desplegaron por todas los accesos de cobro de la caseta para dar el paso libre a los automovilistas.
Primero se creyó que los normalistas estarían en un punto sobre la autopista conocido como Parador del Marqués, lugar ubicado al sur de la ciudad, donde se unen las carreteras libre y de cuota hacia Acapulco, pero siguieron hasta la caseta.
En el mitin político en Palo Blanco, los estudiantes informaron que la razón de sus acciones eran por la falta de resultados en la investigación de la desaparición de sus compañeros.
Reclamaron a los policías presentes el papel que juegan de contener y, muchas veces de reprimir, sus protestas y no de detener a delincuentes reales.
Los normalistas sostuvieron su discurso contra el Ejército, institución que, denunciaron, tiene responsabilidad directa en la desaparición de sus 43 compañeros, pero que sigue sin ser tocada por el gobierno federal, además de la indiferencia de las autoridades locales.
“Tenemos una conciencia que nos motiva a salir a exigir justicia, porque este acto no se puede quedar impune (…), y mientras tanto, allá en el zócalo capitalino, trayendo bandas, grupos, haciendo multitud, se les olvida que nos deben 43, y en lugar de estar haciendo fiestas deberían estar trabajando”, comentó uno de los estudiantes.
La jornada de acciones por los nueve años la comenzaron los normalistas el martes 12 de septiembre y el jueves 14 se manifestaron en 35 Zona Militar, donde lazaron petardos en protesta por la presunta responsabilidad de los militares en la noche de Iguala. Esa acción los militares la respondieron con gases lacrimógenos que llegaron hasta una escuela primaria de la colonia del PRI, ubicada a unos metros, y provocaron reacciones a las niñas y niños del plantel.
“Por qué la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) no quiere soltar archivos importantes, porque sabe que estuvieron implicados en ello”, dijo otro de los estudiantes.
Los estudiantes se retiraron de la caseta poco después de las tres de la tarde.
