Estudiantes de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol para exigir obras en su plantel

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: 
1 de febrero del 2023
Chilpancingo 

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, bloquearon al rededor de hora y media los cuatro carriles de la Autopista del Sol para exigir obras dentro del plantel.

El bloqueo fue de manera intermitente, cada 10 minutos abrían la circulación de un carril para dejar pasar los automóviles.

De acuerdo con los representantes de la Normal, y sin entrar en detalles, el bloqueo fue para exigir al gobierno del estado continuar con la construcción de varios inmuebles dentro del plantel, ubicad0 en el municipio de Tixlta, a unos 20 minutos de la capital.

Al mediodía, alrededor de 100 estudiantes llegaron en tres autobuses al punto conocido como Parador del Marqués, lugar donde comúnmente diversos actores sociales bloquean, porque es la salida al puerto de Acapulco y convergen la carretera libre con la de cuota.

Los estudiantes bloquearon la circulación de los cuatro carriles al atravesar los autobuses en que viajaban, pero liberaban un carril cada 10 minutos.

Durante el bloqueo los estudiantes discutieron un par de minutos con elementos de la Marina que pidieron abrir la circulación, fue en ese momento que los estudiantes convirtieron en intermitente la manifestación.

También retuvieron dos vehículos, una camioneta con logos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otra de la empresa de jugos Jumex.

A la una y media de la tarde se supo que los estudiantes lograron una reunión con personal de la SEG y retiraron el bloqueo. Después los estudiantes abordaron los tres autobuses en los que llegaron y se fueron con dirección a la Normal Rural y se llevaron los dos vehículos retenidos.

 

Padres de los 43 condenan la agresión contra los normalistas por parte de los policías

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace ocho años condenaron la agresión que sufrieron este lunes en la noche los estudiantes de Ayotzinapa por parte de policías estatales, en el libramiento Chilpancingo-Tixtla que dejó un saldo de dos jóvenes heridos.

“Las madres y padres de los 43, reprobamos esta agresión a todas luces injustificada. Este gobierno soslaya que los estudiantes han sido víctimas de varias agresiones policiales con saldo de muertes que lamentar”, está escrito en un comunicado de prensa que difundieron.

Denunciaron que los excesos y la brutalidad policiaca ha truncado la vida de 50 estudiantes de Ayotzinapa, sin que los responsables hayan pagado por estos crímenes, por el contrario, consideran que la criminalización contra los jóvenes continúa.

“Se les acusa (a los normalistas) de tomar autobuses, de hacer bloqueos en Chilpancingo y otras protestas fuertes que no gustan al gobierno y a la clase caciquil de Guerrero, pero nadie exige justicia por los asesinados, el gobierno del estado no pide la presentación con vida de los 43”.

Las madres y los padres de los 43 exigieron al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda castigo para quienes agredieron a los normalistas, que les finquen responsabilidades.

Este lunes los normalistas realizaron varias protestas en Chilpancingo para exigir castigo a los policías federales, ministeriales y estatales que asesinaron a balazos Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino durante un bloqueo en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre del 2011.

Han transcurrido 11 años desde esos hechos y los jóvenes continúan con el reclamo de justicia.

Después de las movilizaciones que incluyó el incendio de las oficinas de dirigencia estatal del PRD, los normalistas salieron en caravana de autobuses de Chilpancingo hacia la Norma Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Tixtla. Pero durante el trayecto fueron perseguidos por varias policías estatales armados en patrullas.

La versión de los estudiantes es que cuando fueron alcanzados en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, los agentes los agredieron a balazos. Un autobús en el que viajaban los jóvenes fue baleado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que los agentes realizaron disparos al aire para disuadir a los normalistas porque, según dijeron, arrojaron artefactos explosivos a una patrulla y causaron lesiones a un mando policiaco.

La operación de las fuerzas policiacas, de acuerdo con la información oficial, fue para rescatar un tráiler que presuntamente los normalistas secuestraron.

Los normalistas denunciaron que la agresión de los policías contra ellos fue directa.

 

Chocan normalistas de Ayotzinapa con policías estatales que accionan sus armas contra los jóvenes

Texto: Jesús Guerrero

Fotografia: Facebook Prensa Ayotzi

Chilpancingo

 

En una persecución por el libramiento Chilpancingo-Tixtla, policías estatales agredieron a balazos a normalistas de Ayotzinapa que iban a bordo de un autobús, porque, al parecer, llevaban un tráiler que había retenido.

Desde la Normal Rural informaron que dos estudiantes resultaron heridos del ataque de los policías, pero aún se espera una conferencia de prensa formal que anunciaron los estudiantes para dar su versión de los hechos.

La agresión ocurrió cuando los estudiantes regresaban a bordo de autobuses a las instalaciones de su escuela, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, después de que en Chilpancingo realizaron protestas para exigir castigo a los asesinos de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, acribillados a balazos durante un desalojo realizado por policías federales, ministeriales y estatales armados el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol.

Durante la movilización en la capital del estado, los estudiantes incendiaron las oficinas estatales del PRD.

Alrededor delas seis y media de la tarde, cuando en caravana los normalistas se dirigían a Tixtla fueron perseguidos por agentes estatales armados, quienes les dispararon. Los normalistas llevaban un tráiler y una camioneta que antes habrían retenido.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan difundió fotografías donde se ve los orificios de bala a uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas.

«Vamos a interponer una denuncia por intento de homicidio ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común», dijo el sacerdote Filiberto Velázquez, quien antes ofició una misa en memoria de los normalistas asesinados en el 2011 en la Autopista del Sol, justo en el grupo donde ocurrieron los hechos hace 11 años.

«Los estudiantes fueron agredidos, hay balazos en los autobuses y es mentira que los jóvenes hayan retenido a los policías como lo está diciendo el gobierno del estado», afirmó el párroco y activista.

Informó que después de la agresión, los normalistas se fueron a la escuela normal.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que alrededor de las 18:30 horas, los policías estatales aseguraron en el libramiento a Tixtla un tráiler que llevaban retenido los normalistas de Ayotzinapa, quienes viajaban en una camioneta con los rótulos del INEGI y un autobús Futura.

“Al darles alcance (a los estudiantes) chocaron la camioneta contra la patrulla y los normalistas agredieron con piedras y artefactos explosivos que explotaron en el cofre de la patrulla”, está escrito en el comunicado de la SPP.

Según Seguridad Pública, en esta acción, resultó herido el coordinador de la dependencia en región Centro, Daniel Hernández Arena.

Poco después, de acuerdo a ese misma información oficial, los policías realizaron disparos al aire, lo que provocó que los normalistas se disuadieran y retiraran.

En otro comunicado, la dependencia informó que cuatro policías fueron retenidos, versión que fue desmentida por los normalistas y el sacerdote Filiberto Velázquez.

“La Secretaría de Seguridad Pública estatal rechaza de forma contundente esta agresión y exige se respeten las garantías de los compañeros policías”, se lee en el texto de la SPP.

Pero en un comunicado, los normalistas rurales rechazaron la versión de la SSP y aseguraron que los policías les dispararon.

“Fuimos agredidos por elementos de la Policía Estatal en el tramo de la carretera de libramiento Tixtla-Chilpancingo, en donde nos dispararon con armas de fuego (…)”, está escrito en un texto breve que enviaron los normalistas.

Adelantaron que más adelante darán una conferencia de prensa y mostrarán evidencias de la agresión; aseguraron que tienen videos. También denunciaron que hasta ahora hay una manipulación y distorsión de la información.

 

Justicia para Gabriel y Jorge, exigen normalistas y organizaciones sociales en mitin en Autopista

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

12 de dicembre del 2022

Chilpancingo

 

Con una marcha, ceremonia religiosa y quema de monigotes, normalistas rurales del país, entre ellos los de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, exigieron cárcel para los responsables materiales e intelectuales del asesinato de sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Los estudiantes aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialista de México (FECSM) marcharon por las principales calles de Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros en manos de policías federales, ministeriales y estatales el 12 de diciembre del 2011 durante un desalojo policiaco armado en la Autopista del Sol, durante el gobierno estatal del perredista Ángel Aguirre Rivero..

El continente de la marcha comenzó a las doce del día en el punto conocido como El Caballito, al norte de la ciudad, y recorrió las principales calles del centro de Chilpancingo; hizo una parada en el oficias del PRD donde los estudiantes quemaron y destrizaron el mobiliario de las oficinas.

En una segunda parada, en el antimonumento a los 43, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizaron un pequeño mitin en el que reprocharon a las autoridades su omisión en el caso.

La marcha continuó con dirección al sur de la ciudad y al llegar al punto conocido como Parador del Marqués, justo donde fueron asesinados Gabriel y Jorge Alexis, los estudiantes bloquearon la circulación por una hora. Durante el bloqueo realizaron una misa en memoria de sus compañeros asesinados.

Ese 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de matrícula y presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.

La manifestación de este entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.

Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota.

Hoy, que se conmemoran 11 años de esos hechos, además de la protesta, hubo una misa católica en el lugar de los hechos oficiada por el párroco José Filiberto Velázquez Florencio, quien siempre apoya en sus movilizaciones a los estudiantes.

Después de la misa se colocó una ofrenda floral en el memorial de Jorge y Alexis.

También hubo un acto político, donde los oradores fueron las delegaciones de las normales rurales del país que acompañaron a Ayotzinapa. Los estudiantes de 10 normales rurales del país que participaron exigieron justicia por el caso de sus compañeros.

«A 11 años de los asesinatos de Jorge y Gabriel no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento», denunció uno de los normalistas.

Otro de los normalistas de Ayotzinapa realizó un recuento del caso a la fecha; mencionó que los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo.

Lamentaron que a 11 años del desalojo el crimen de Alexis y Gabriel siga en la impunidad.

Al finalizar el acto, los normalistas quemaron tres monigotes con los rostros del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, del ex subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Arriola Ibarra, y del expresidente Enrique Peña Nieto.

Alrededor de las cinco de la tarde, los estudiantes terminaron el mitin y tomaron un trailer de productos desechables, los cuales llevaron a la Normal Rural de Tixtla, ubicada en el municipio de Tixtla, escoltados por dos autobuses.

Normalistas realizan destrozos en edificio del PRD; exigen justicia por los asesinatos de Jorge y Gabriel

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

En el marco del 11 aniversario del asesinato de los estudiantes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas de Ayotzinapa incendiaron con petardos y destrozaron parte de la fachada y mobiliario de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“¡12 de diciembre no se olvida!”, “¡Castigo a los asesinos!”, gritaban los normalistas al agitar las puertas de las instalaciones de este partido, ubicadas en calle Alemán, en el centro de Chilpancingo.

Aun cuando intentaron derribar las puertas no pudieron, pero hicieron un hoyo en la pared del edificio, por donde ingresaron al inmueble.

Lanzaron varios petardos que estallaron adentro de las instalaciones. A la par un grupo de ellos destrozaba el mobiliario de oficina.

Este lunes 12 de diciembre se cumplen 11 años de que elementos de la desaparecida Policía Federal, agentes ministeriales y policías estatales disolvieron a balazos una manifestación de normalistas en el kilómetro 272 de la Autopista del Sol, más conocido como Parador del Marqués.

En la refriega a tiros, los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino fueron asesinados; además hubo más de una decena de heridos.

“A 11 años del asesinato de Gabriel y Jorge, el gobierno sigue sin castigar a los asesinos entre ellos a Ángel Aguirre Rivero”, dijo un normalista.

En ese entonces, Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero bajo las siglas del PRD. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y familiares de Jorge y Gabriel mantienen una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra y del ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, éste último ahora militante de Morena.

El ex gobernador Aguirre Rivero, quien solicitó licencia en octubre del 2014, pero por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el 26 y 27 de septiembre de ese año, sigue activo en la vida política de Guerrero y del país. Con cierta periodicidad convoca a reuniones de diversos actores políticos, junto a otros ex gobernadores.

En esta protesta contra Aguirre Rivero, que repiten cada año, empezó a las 12 del día y participaron estudiantes de cuando menos ocho normales rurales del país que están aglutinadas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Después de la protesta en las oficinas del PRD, ubicadas en la avenida los normalistas siguieron su marcha hacia la Autopista del Sol, lugar donde fueron asesinados Gabriel y Jorge Alexis hace 11 años. Se preve que ahí realicen un mitin y una ceremonia religiosa.

Normalistas realizan destrozos en Fiscalía para exigir justicia por asesinatos de Jorge Alexis y Gabriel

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

A tres días de que se cumplan 11 años del asesinato de dos normalistas en la Autopista del Sol, en medio de un operación policiaca con armas de agentes federales y estatales, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, irrumpieron en la Fiscalía General del Estado (FGE) Y realizaron destrozos con petardos y piedras.

“¡Exigimos justicia!”, se leía en las consignas que pintaron en las paredes de la FGE.

El próximo lunes 12 se cumplen 11 años de que agentes de la Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial disolvieron a balazos una manifestación de normalistas en el kilómetro 272 de la Autopista del Sol, y donde asesinaron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

De acuerdo con las versiones de algunos trabajadores de la Fiscalía, los normalistas, con la cara cubierta, llegaron a bordo de dos autobuses a las instalaciones.

Iniciaron con pintas en la fachada y después lanzaron petardos y piedras.

Los jóvenes permanecieron dentro de las instalaciones alrededor de 15 minutos y después se retiraron ante la mirada de varios agentes de la Policía Ministerial que no intervinieron.

Según los reportes desde dentro de la FGE, las áreas que fueron dañadas por los petardos y piedras que lanzaron los estudiantes son la Dirección de Investigaciones, Derechos Humanos y Contraloría Interna.

Ahí los cristales del espacio los hicieron añicos, así como material de oficina.

Durante esta semana los normalistas han realizado movilizaciones en esta capital exigiéndoles al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que reabra el caso de Jorge Alexis y Gabriel.

En la visita que realizó una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las instalaciones de Ayotzinapa a mediados de noviembre pasado, donde rindieron un informe del caso de los 43, familiares de Gabriel y Jorge Alexis tuvieron una reunión privada con la secretaria de este organismo.

En esa reunión les informaron a los familiares de los dos normalistas asesinados a tiros el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol el avance del caso.

En el 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpuso una denuncia ante la CIDH del caso, en la que acusaron al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero como responsables de estos hechos.

García Luna está preso en Estados Unidos por diversos delitos que tienen que ver con lavado de dinero y narcotráfico.

Aguirre Rivero continúa con sus actividades políticas, es líder de una corriente política al interior del PRD.

 

Artista plástico interviene de nuevo los muros de CU

La Uagro borró ayer murales feministas y en reclamo de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa de la fachada de la sede universitaria, y con ello se levantó el descontento de diversos grupos sociales 


Texto: Amapola periodismo y José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

8 de diciembre del 2022

Chilpancingo

 

 

Después de que autoridades universitarias borraran los murales de protesta en la fachada principal de Ciudad Universitaria Sur (CU-Sur) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), esta mañana artistas visuales e integrantes de colectivas feministas comenzaron a intervenir de nuevo los muros de la sede universitaria.

El artista plástico José Luis Correa Catalán, autor de mural en reclamo de justicia por los 43 normalistas desaparecidos, uno de los que fueron borrados de la fachada de CU, convocó a esta acción, también en protesta por la decisión de los funcionarios de la Uagro, en evidencia de una falta de respeto a los espacios culturales y de memoria social.

Desde las ocho de la mañana de hoy, él se dio cita en CU-Sur para iniciar el boceto de su nuevo mural; mañana continuará.

Desde anoche, integrantes de colectivas feministas, como Las Revueltas, acudieron a CU-Sur a escribir consignas en los muros recién pintados de blanco, en rechazo a la decisión de la Uagro y, sobre todo, a dejar claro los principios de su lucha.

Integrantes de colectivas feministas difundieron en redes sociales que regresarán el próximo sábado a realizar de nueva cuenta los murales. También convocaron a más mujeres y niñas a sumarse a esta acción, y para eso pudieron llevar su material, como brochas.

Se espera que en el transcurso del día de hoy y mañana sigan sumándose activistas, entre ellas una comisión de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

El día de ayer, con pintura blanca, unas personas contratadas por la Uagro borraron murales de protesta, uno de ellos para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el otro, más reciente, un mural sobre los derechos de las mujeres y un alto a la violencia de género.

Correa Catalán calificó el hecho como «una forma de borrar la memoria de las luchas sociales» por parte de las autoridades universitarias.

Correa Catalán denunció que aun cuando esta mañana ya estaba una aparte de los nuevos bocetos del mural, los trabajadores, con pintura roja, intentaron tapar los trabajos.

«Eso nos habla de que no fue un error humano como lo quiere hacer creer la Universidad», mencionó.

Esto porque el día de ayer, la Uagro emitió un comunicado donde expuso que “un error humano” el borrado de los murales. Además se comprometió a pagar el material que necesitaran los artistas para rehacer los murales.

Correa Catalán dijo que no aceptarán nada de la Universidad, confía en que la ciudadanía apoye con material y se atrincheren para defender el espacio.

«Porque este espacio ya no es de la Universidad, es un espacio de protesta que le pertenece a la lucha social, al pueblo y a los estudiantes».

El mural que creará de nuevo Correa Catalán será similar al que fue borrado; sólo hará algunas actualizaciones.

Borran murales feminista y en apoyo a los 43 en CU; el rector alude desconocer la causa    

Texto: Amapola periodismo y José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

7 de diciembre del 2022

Chilpancingo

 

Los murales creados por activistas y artistas plásticos en la fachada principal de Ciudad Universitaria-Sur (CU-Sur) en respaldo al movimiento feminista y en exigencia de la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron eliminados esta mañana por funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), al cubrirlos con pintura blanca.

El mural alusivo a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala el 26 de septiembre del 2014, en una clara exigencia de justicia y en un ejercicio a la memoria colectiva era una obra del artista plástico chilpancinguense, José Luis Correa Catalán. El otro mural fue creado por la colectiva Las Revueltas en clara exigencia del respeto derechos de las mujeres, en concordancia con los alcances que ha tenido el movimiento feminista.

Esta mañana un grupo de trabajadores comenzaron a pintar de color blanco sobre los murales, es decir, toda la fachada principal de la principal sede de facultades de la Uagro, Ciudad Universitaria-Sur.

El artista plástico José Luis Correa Catalán fue el primero en denunciar en las redes sociales lo que ocurría con los murales. Acudió al lugar y denunció que los murales fueron cubiertos con pintura blanco “por intereses del ex rector Javier Saldaña Almazán”.

Es público que aun cuando Saldaña Almazán dejó sus funciones de rector por sus estado de salud a causa de Covid-19, mantiene una gran injerencia en la Uagro; José Alfredo Romeo Olea, el actual rector, es un personaje cercano a él.

De manera reciente Saldaña Almazán volvió a hablar de su interés por contener otra vez para rector.

Correa Catalán agregó que desde hace ocho años dicho mural permaneció intacto. Calificó la acción como indignante, debido a que va en contra de la historia de la Uagro, una institución educativa que germinó desde la izquierda y su fundación costó la vida de muchas personas que participaron en el movimiento social de 1960.

Correa Catalán no descartó la posibilidad de volver a pintar la obra alusiva a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Entrevistado, al término de un evento en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el rector José Alfredo Romeo Olea mencionó que desconocía por qué borraron los murales, y aseguró que hará un investigación para dar con los responsables.

Más tarde, la administración central de la Uagro emitió un comunicado donde se lee que fue un “error humano” la acción de borrar los murales.

«La administración central tomará acciones administrativas inmediatas contra los funcionarios que tomaron la decisión de pintar la fachada».

Como una forma de “resarcir el error”, la Uagro ofreció a los artistas plásticos y colectivas feministas crear de nuevo los murales, asegurándoles que proveerá todo el material que necesiten.

En las redes sociales Correa Catalán dijo que mañana acudirá a CU-Sur e intervendrá de nuevo los murales y, a la vez, convocó a más personas a sumarse.

También reprochó el ofrecimiento de la administración central. “‘Un error humano’ desde oficinas centrales. Más bien, prefieren pedir perdón y a pedir permiso, como el dicho. Ahora quieren ‘pagar’. Pues fíjense que no, eso es un grosería mayor y humillante”, escribió al subir la imagen del comunicado en sus redes sociales.

En la imagen, la fachada de Ciudad Universitaria Sur, en Chilpancingo, al borrar los murales de protesta sobre los derechos de la mujeres y para exigir justicia por el caso Ayotzinapa. Fotos: Óscar Guerrero.

 

Periodismo, antropología y arte, diferentes formas de explicar el caso Ayotzinapa 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

2 de diciembre del 2022

 

Desde el periodismo, la antropología y el arte se ha intentado explicar y entender la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años en la ciudad de Iguala, coincidieron especialistas durante la Octava Conferencia Bi-nacional Transfronteriza, realizada en El Cajón, California.

Durante el panel Ayotzinapa: impunidad y crimen de Estado, organizado por el Colegio Cuyamaca de San Diego, California, la noche de este 1 de diciembre, una periodista, una antropóloga y un artista plástico, todos guerrerenses –los dos últimos originarios de Tixtla, municipio donde esta asentada la Normal Rural de Ayotzinapa–contaron su experiencia y su visión acerca del caso.

Cada uno expuso cómo reaccionó después de los hechos sucedidos en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.

La actividad ocurrió en dos formatos de manera simultánea, uno presencial y otro virtual. De manera presencial estuvieron en el Colegio Cuyamaca, en San Diego, California los académicos y organizadores, entre ellos Manuel Mancilla Gómez, y el artista plástico invitado, Javier Lara, originario de Tixtla, y de manera virtual (o en conexión remota), la periodista Margena de la O Vargas y la antropóloga Rosa Icela Robles Jiménez.

También estuvo unos minutos conectado Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero salió de la sala por problemas de conectividad.

La periodista, quien es cofundadora de Amapola, periodismo transgresor, explicó cómo muchos periodistas locales, de Guerrero, cubrieron desde el primer momento los hechos en Iguala.

Dijo que desde que fundaron Amapola, periodismo transgresor (mayo de 2019), el equipo decidió en la mesa editorial hacer del caso Ayotzinapa un tema vigente en sus contenidos hasta que éste fuera resuelto y se llegara a la verdad.

En una primera etapa, dijo, decidieron que cada 26 de septiembre existiera un contenido especial sobre Ayotzinapa, lo cual se cumplió y posteriormente buscaron profundizar más en el tema.

«Decidimos como medio convertirnos en una base de información sustancial, es decir, crear memoria a través de nuestros contenidos y que dieran cuenta para la investigación formal».

Uno de los contenidos principales de Amapola, periodismo transgresor, en relación al caso de los 43 normalistas desaparecidos, se llama Ayotzinapa. Vivir Infiltrado, el cual reúne una serie de testimonios de estudiantes desde la fundación de la normal hasta años después de lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014 en Iguala.

«Llegamos a una hipótesis muy puntal de que el caso Ayotzinapa tenía que ver con la infiltración de agentes del Estado, de grupos de poderes fácticos de Guerrero, en la Normal justamente por ser una escuela diferente al resto donde los estudiantes se plantan como reflexivos a su contexto social», mencionó De la O Vargas.

A través de los contenidos sobre Ayotzinapa, Amapola, periodismo transgresor pretende abonar «a la verdad real de lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa».

En su intervención, la antropóloga Rosa Icela Robles Jiménez, integrante del Centro de Estudios sobre infancias y juventudes en Guerrero (Ceijgro), habló desde una perspectiva académica el impacto que generó en las redes sociales el caso Ayotzinapa y los elemento que permitieron que los sucesos trascendieran a nivel internacional.

También habló sobre el contexto social y político en el que surgió la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, entonces lo que ocurrió con los muchachos desaparecidos, “no es un hecho aislado, es consecuencia de un Estado que ha reprimido a los movimientos sociales y sectores específicos de la sociedad».

La condición de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo, donde estudian hijos de campesinos, indígenas y grupos vulnerables se convierten en un objetivo del Estado.

Para Robles Jiménez el caso Ayotzinapa está en la impunidad debido a un pasado histórico que no termina de sanar y que también está en la impunidad: la llamada “guerra sucia” que sucedió durante los setentas.

Este periodo, de acuerdo con varios autores, dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México. La cifra que maneja la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asciende a 374 personas.

«Cuando las desapariciones y los crímenes a los derechos humanos que sucedieron durante la guerra sucia no son castigadas y no hay un acceso a la justicia, todo esto hace que se permita repetir el evento», mencionó Robles Jiménez.

Sobre el impacto en las redes sociales, Robles Jiménez concluyó que el papel de los medios de comunicación digitales, sobre todo los independientes que apuestan por narrativas distintas a las del Estado, generan una realidad alterna.

Otro punto que Robles Jiménez señaló fue el papel de la conectividad, a través del internet, en otras partes del mundo, la cual «genera una indignación colectiva», detonada por ver a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en ese proceso doloroso donde buscan a sus hijos, con el rostro de sus hijos al frente.

«Pero lo que indignó más a la gente y que circuló mucho en redes sociales fue el rostro del estudiante desollado, Julio César Mondragón Fontes, por el nivel de violencia ejercido».

En apoyo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo, se generó un simbolismo en torno al movimiento para exigir justicia y la aparición con vida, expresado en marchas, performance, expresiones artísticas, documentales y monumentos.

Todos estos materiales, expuso, se convirtieron en un imaginario colectivo sobre el caso Ayotzinapa que nos recuerda «que aún sigue pendiente».

En el tema artístico, Javier Lara Díaz, artista plástico originario de Tixtla, municipio donde se ubica la Normal de Ayotzinapa, contó las aportaciones que su gremio realizaron al movimiento para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes.

La ciudad de Tixtla es conocida en la región Centro de Guerrero por ser un espacio de artes y tradiciones, Lara Díaz recordó que él junto con un grupo de pintores locales apoyaron a realizar las primeras mantas y carteles de protesta sobre el caso.

«A nosotros, como personas que nos dedicamos al arte, buscamos representar problemas sociales a través de la estética, lo que consideramos una arma muy fuerte para crear conciencia y memoria en las personas», mencionó.

En el gremio artístico de Tixtla, comentó Lara Díaz, el caso Ayotzinapa tiene relevancia porque conocen a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Recordó que el conoció a Bernabé Campos Santos, padre del estudiante desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien falleció el año pasado «con la esperanza de encontrar a su hijo”.

Fue así cómo tres áreas o disciplinas del conocimiento convergieron es un mismo tema y propósito.

En la imagen, estudiantes de Ayotzinapa protestan en el Antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos, ubicado en Chilpancingo, durante un mitin el 26 de enero del 2022. Foto: Amílcar Juárez (Archivo)

 

 

Aguilar: el militar jubilado que facilitó armas ilegales y entorpeció la búsqueda de los normalistas

El general Guillermo Aguilar jugó un papel importante en la compra ilícita de los fusiles alemanes G36, usados por policías en la noche de Iguala. Y también operó en contra de una investigación profunda del grupo de expertos GIEI como consejero del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de acuerdo con lo revelado por #GuacamayaLeaks


Texto: Wolf-Dieter Vogel / Pie de Página 

Foto: Diwa film

29 de noviembre del 2022

 

El general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar tenía muy claro cómo hay que manejar el asunto: “Se estima que la tarea del GIEI ya se cumplió, y su permanencia no conduciría a ningún avance, convirtiéndose en un obstáculo para la PGR”, escribió el militar jubilado al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. Eso fue al 17 de abril de 2016, 19 meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. El general Aguilar apoyó al mando más alto del Ejército como consejero en el trato de este crimen. Así lo revelan correos electrónicos de la Sedena que recientemente fueron hackeados por la organización Guacamaya.

El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era en este momento, en abril 2016, blanco de una fuerte campaña mediática con el fin de acabar con sus investigaciones, que trabajaba gracias a las demandas de los familiares de los desaparecidos por su desconfianza ante la entonces Procuraduría general de la República (PGR) y otras autoridades. Aguilar se mostró convencido: Hay que seguir con esta campaña mediática, recomendó a Cienfuegos, y “continuar solucionando el caso Iguala sin la intervención de personas ajenas, provenientes de otros países”. Unos días más tarde, el 30 de abril, el GIEI salió de México por decisión del gobierno. No se extendió el mandato. No es sorpresivo que esta decisión le parecía bien a Aguilar: “Sin la presencia de GIEI, el personal de la PGR podrá trabajar de manera más eficaz”.

Obviamente el militar de alto rango estaba interesado en no profundizar las investigaciones, para eliminar alguna sospecha contra su misma institución. Explicó que “ya se ha demostrado repetidas veces, de manera fehaciente, que nunca hubo participación” del 27/o Batallón de Infantería en Iguala. Hoy sabemos, sin embargo, que no es así: los militares por lo menos estuvieron informados antes, mientras y después de la desaparición de los jóvenes y estuvieron involucrado en cierta forma en el crimen. Revelar eso no fue en el interés de Aguilar, y tampoco del exsecretario Cienfuegos, quien fue acusado por autoridades de EEUU por su posible cooperación con el narcotráfico.

Además después de la presentación del informe de los expertos internacionales en abril 2016 el general insistió en que el quinto autobús “no tiene la importancia que el GIEI pretende darle”. El grupo había revelado que es posible que este autobús llevó heroína para transportarla a EEUU. “El quinto autobús no conduce a la recuperación de los desaparecidos”, escribió Aguilar. Podría haber tenido razón, pero sin duda la carga hubiera explicado la reacción tan brutal y el involucramiento de la delincuencia organizada, policías de distintos niveles y el Ejército en el crimen. El militar propuso que habría que “aprovechar la escisión que se está presentando” entre el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos guerrerense Tlachinollan y los padres de Ayotzinapa.

Finalmente no todas las recomendaciones de Aguilar se realizaron. Sin embargo es interesante como él se esfuerza en evitar investigaciones más profundas, ya que el militar que se jubiló tiene una carrera bastante larga en el Ejército. Fue jefe del Estado Mayor, oficial Mayor, subsecretario de la Sedena y comandante de varias entidades del Ejército, por ejemplo de la 36/o Zona Militar en Chiapas, donde formó parte de la Operación Arcoíris de rastreo y exterminio contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Armas usadas en Iguala

Pero sus huellas también se encuentran directamente en Iguala. Aguilar fue el responsable mexicano para la compra de las armas alemanas G36 de la empresa Heckler&Koch (HK) entre 2006 y 2009, que también llegaron a Guerrero. En este periodo la Sedena compró miles de estos fusiles de asalto con la condición de no ser llevados a cuatro estados: Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Así lo demandaron las autoridades alemanas, y así lo confirmó la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena, concretamente Guillermo Aguilar, porque la institución, la única en México que puede importar armas, estaba en ese entonces al cargo de él.

La misma Sedena confirmó años después que 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total llegaron directamente a los cuatro estados, para los cuales la Oficina Federal de Exportación de Alemania no otorgó una autorización por las tremendas violaciones de derechos humanos en estas regiones. Para realizar los envíos, era necesario falsificar los documentos que se tenían que entregar a la autoridad alemana. Fusiles, que realmente fueron mandados por ejemplo a Chiapas, aparecieron en las listas de los llamadas constancias del usuario final en otro estado.

El año pasado el Tribunal Superior Federal de Alemania condenó a dos empleados y a la empresa misma por este negocio ilícito. Los acusados fueron sentenciados de manera condicionada a 17 y 22 meses de cárcel, Heckler & Koch tenía que pagar una multa de más de tres millones de euros (unos 60 millones de pesos). La contraparte del acuerdo, el general Aguilar, sigue impune hasta hoy. Ni se ha investigado el reproche del testigo principal Robert H., quien expresó en su primera audición ante la procuraduría que el encargado de la Sedena habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como soborno. Eso le habría dicho el representante de HK, explicó Robert H., quien fue el instructor para los mexicanos a la G36.

No se sabe cuántas personas perdieron la vida o fueron heridas por el uso de estas armas. Lo que sí se sabe es que según la Sedena mil 924 de los fusiles llegaron a Guerrero. Según los expedientes, enviaron 55 de ellas a Iguala, 38 fueron encontradas en la comisaría de la policía de Iguala después del crimen contra los estudiantes. Varios de estos fusiles fueron usados en la noche de Iguala. Hay índices muy serios que una de las G36 lesionó Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en “estado vegetativo” hasta la fecha. Los responsables siguen impunes.


Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

La injerencia de agentes de Estado afectan verdad y justicia del Caso Ayotzinapa: CIDH

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero 

Tixtla

 

Al presentar el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que detectó injerencia en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de otros poderes o agentes ajenos a sus facultades, lo que provocó la salida del ex fiscal especial a cargo, Omar Gómez Trejo.

Los detalles del informe los dieron en una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y la relatora para México y Pueblos Indígenas de esta Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, donde estuvo un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y miembros de las organizaciones de defensores que los han acompañado.

Ambas hicieron hincapié en la importancia de estar frente a las madres y padres exponiendo este informe que, dijo Arosemena de Troitiño, es una guía orientadora y una hoja de ruta para todas las áreas institucionales involucradas en el Caso Ayotzinapa, como lo es la UEILCA, órgano al que, dijeron, el Estado debe garantizar independencia.

Contiene, pues, de acuerdo con lo que compartió el equipo de la CIDH que organizó la conferencia de prensa para conocer el informe, “observaciones y recomendaciones para avanzar en las investigaciones y esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, así como en la reparación integral a las víctimas y familiares”.

La presidenta y relatora de la CIDH mencionaron algunas, como la recomendación de autonomía de la UEILCA, porque expusieron la injerencia de otros poderes en los trabajos que realiza la unidad encargada de la investigación fiscal del Caso Ayotzinapa.

Arosemena de Troitiño mencionó que la CIDH “levantó banderas de alerta” sobre el tema porque dejarlo pasar afectaría la búsqueda de justicia y comprometería la legitimidad ganada.

Ofreció ejemplos claros de la injerencia que señaló. “La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de la República, autor de la llamada verdad histórica) por otras unidades finales, ajenas a la UEILCA, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión, de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar con debida diligencia. Estos hechos determinaron la salida del titular de la UEILCA”.

En agosto pasado, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por decreto presidencial, que depende de la Secretaría de Gobernación y que preside Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, presentó un informe sobre el Caso Ayotzinapa. Un informe ajeno al órgano fiscal para investigar y resolver el caso.

Después de ese informe fue girada una orden de aprehensión de Murillo Karam y desestimadas 21 órdenes de aprehensión liberadas a raíz del trabajo de la UEILCA, pero no avaladas por el informe de la Covaj.

Al renunciar en septiembre pasado, poco antes de que se cumplieran los ocho años de los hechos de Iguala (la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014), Gómez Trejo le dijo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos que su salida obedeció a que recibió amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que debía proteger a su familia, de acuerdo con lo que ellas y ellos informaron a la prensa, incluido este medio.

En lugar de Gómez Trejo fue designado el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, ubicada como persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la ronda de preguntas y respuestas en la conferencia de hoy, un reportero solicitó más información sobre cómo afecta la injerencia a la Unidad.

“La Unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de ninguno de los poderes, ni del Ejecutivo ni del Legislativo”, comentó Mantilla.

Desde el inicio de la conferencia de prensa, Arosemena de Troitiño y Mantilla, cuando expusieron por qué este tercer informe representa una guía, hicieron énfasis en que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, que inicia con cada día, y no sólo impacta en las víctimas directas de la desaparición, tiene efectos fuertes en sus familiares, como ocurre con las madres, padres, hijas e hijos de los 43 normalistas desaparecidos.

Entonces, dijo Mantilla, la desaparición forzada no es resuelta con un decreto, y eso deben saberlo, por ejemplo, el personal de la Fiscalía. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos que continúa, mientras no aparezcan las personas desaparecidas o no se conozca la suerte de las víctimas, las desapariciones forzadas no terminan por decreto ni por decisiones unilaterales”.

La relatora también abundó sobre ese aspecto u obstáculos que pueden afectar el ritmo de las investigaciones: “Si hay otra unidad que no sea la encargada, por supuesto habrá afectación en ese proceso, por eso hablamos de esa intervención de cuestionamiento que los padres no los han dicho”.

De acuerdo con la relatora, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos se dieron cuenta de esta injerencia.

Además de la presidenta y relatora de la CIDH, estuvo en la conferencia de prensa celebrada en la cancha techada de la Normal Rural, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.

La conferencia de prensa cerró con una intervención política de los estudiantes, que corearon consignas por sus compañeros: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

 

Tlacolol – Asunto: Aguirre siente pasos en la azotea

Hace unos días detuvieron a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, lo que podría dar un giro en la investigación del caso Ayotzinapa.

¿Vázquez soltará la sopa? Nosotros creemos que quién sabe.

Lo cierto es que el viejo cacique Aguirre Rivero ya aplicó la de Pedro Infante -por eso de la película- ya que a través de su cuenta de facebook y en sus artículos que escribe en El Sur y Milenio, jura y perjura que es inocente.

¿Acaso tendrá la conciencia tranquila? Nosotros creemos, más bien, que Aguirre tiene miedo de que le den frescobote.

A lo mejor para estas fechas, el ex gobernador ya está buscando un buen abogado que lo defienda.

Nosotros le recomendamos que lo haga.

Para aquellos que -dudamos- haya quienes le compren su cuento, recordamos que en octubre del 2014, seis días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Aguirre Rivero ordenó a funcionarios de su gabinete y a trabajadores que se trasladaran a Iguala a buscar a los jóvenes.

Vestidos de blanco, decenas de burócratas estatales recorrieron las calles de Iguala entregando volantes a la ciudadanía, pidiendo información sobre los normalistas.

Esta búsqueda sólo fue parte del show que Aguirre y su sobrino Ernesto Aguirre, principal operador de su gobierno, montaron.

Para esas fechas, Aguirre y Ernesto ya sabían lo que había ocurrido con los 43 normalistas pero decidieron seguir con su estrategia de ocultar la verdad e incluso retardar la detención del alcalde perredista de Iguala, José Luis  Abarca Velázquez, uno de los responsables de esos hechos.

El lunes 29 de septiembre Abarca recibió llamada telefónica del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a quien aseguró que no sabía lo que había ocurrido la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.Desde días antes de los hechos de Iguala, el gobierno de Aguirre sabía de las actividades de los normalistas porque los vigilaba -al igual que a todas las organizaciones sociales y a periodistas- a través de un equipo de espionaje al que llamaban «el perro».

El gobierno de Aguirre compró ese equipo a la empresa Hacking Team.

Durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores se confirmó que ese equipo de espionaje existía y que fue adquirido durante la administración de Aguirre, que además era usado para detectar supuestamente a miembros de las organizaciones delictivas.

Es decir, Aguirre se enteró en tiempo real de lo que ocurría en las calles de Iguala la noche del 26 de septiembre, pero no ordenó ninguna actuación para evitar el asesinato de tres estudiantes y de otras tres personas, además de la desaparición de los 43 y tampoco hizo nada para rescatarlos en las horas subsecuentes.

Aguirre se hizo maje, pues.

Como todos los viernes, Aguirre Rivero descansaba plácidamente en la residencia oficial de Casa Acapulco, en la zona exclusiva de Pichilingue y ese 26 de septiembre recibía vía telefónica lo que ocurría en Iguala.

Todo relajado, Aguirre permaneció ahí en esa residencia el resto de la noche.

El último informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez involucra a mandos del Ejército, de la Policía Federal, policías estatales y municipales, así como dos funcionarios del gobierno de Aguirre, Lambertina Galeana Marín, presidenta del Poder Judicial, por el ocultamiento de unos videos y al secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez, detenido recientemente acusado de haber recibido sobornos millonarios del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.

La magistrada en retiro Galeana Marín ni siquiera ha recibido una notificación judicial.

En esta guerra mediática emprendida por Aguirre para desviar la atención arremetió contra el abogado de las madres y padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, quien insiste que sí tiene responsabilidad en los hechos de Iguala.

El cacique de la Costa Chica asegura tener pruebas de que el activista se ha enriquecido y que un grupo de los padres y madres ya no le tienen confianza.

Pero no es la primera vez que Aguirre y Rosales tienen una confrontación.

En el 2011, después de que los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera fueron asesinados a balazos por policías estatales, ministeriales y policías federales de un desalojo en la Autopista del Sol para exigir becas y mejoras a su edificio escolar, Rosales Sierra con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan solicitaron al Congreso de la Unión juicio político contra Aguirre.

Los legisladores frenaron la solicitud.

El caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la denuncia se señala a Aguirre como responsable de los hechos del 12 de diciembre del 2011 en la Autopista.

Estas denuncias que interpuso Rosales Sierra originaron que recibiera amenazas de muerte y en el 2012 saliera del país en calidad de exiliado.

Otro de los argumentos de Aguirre para decir que es inocente es su deslinde del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien junto con su esposa María de los Ángeles Pineda están en la cárcel por el caso Ayotzinapa y otros delitos.

¿Cómo deslindarse? Si desde que Aguirre asumió la gubernatura, en el 2011, se apropió del PRD imponiendo dirigentes y en el 2012, candidatos a alcaldes y a diputados locales. Las listas eran palomeadas en la residencia oficial de Casa Guerrero.

Abarca quien también pertenecía al grupo del ex secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, fue avalado por Aguirre para la candidatura.

Tan controlado tenía Aguirre el PRD que creó su propia corriente política, Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) que actualmente dirige su cuadro político, Alberto Catalán Bastida, quien también es presidente estatal de este partido.

Si Abarca Velázquez no era del grupo político de Aguirre por qué la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no investigó al edil por el asesinato del líder de la Unión Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona, y otros dos integrantes de esta organización en mayo del 2013, un año antes de la desaparición de los 43 normalistas.

La Fiscalía General de la República (FGR) también ya sabía de los nexos de Abarca con Guerreros Unido, gracias a una denuncia de un ciudadano secuestrado por miembros de esta agrupación y policías municipales de Iguala.

Pero ni la FGR ni la PGE y Aguirre actuaron.

Chirrionazo. Evelyn Salgado y su papá el senador Félix Salgado Macedonio, quienes son activos promotores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la candidatura presidencial estuvieron en primera línea para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su comparecencia ante los diputados locales a quienes les dijo las bondades de que el país siga militarizado, perdón, que el Ejército y la Guardia Nacional continué en las calles hasta el 2028.

Fue muy raro ese recibimiento ¿no? ¿Acaso el clan de los Salgado ya estará dando el chaquetazo? Bueno, en el caso de Félix, no sería raro. Hay que recordar que el papá de la gobernadora estuvo en el PRD y en el 2018 ya como senador por Morena, se afilió a este partido.

Al diputado que se le vio muy calladito en esa sesión del viernes fue al perredista, Bernardo Ortega Jiménez, quien desde que empezó esta 63 Legislatura se burla y les da duro a los morenistas, esta vez, frente a Augusto López estuvo con el pico cerrado, pues teniendo la oportunidad de ganar reflectores de los medios dándole duro al gobierno de Morena se quedó bien tranquilito. ¿Por qué será? Si alguno de ustedes tiene alguna idea recomendamos que se quede callado.

 

Te puede interesar:

Tlacolol – En la Fiscalía, el elefante de la impunidad nadie lo mueve

Salir de la versión móvil