El GIEI podría dejar caso Ayotzinapa por falta de condiciones: Tlachinollan 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Ante las presiones que hay en los más altos niveles del gobierno federal que originó la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, hay el riesgo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone las investigaciones, advirtió el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas», dijo Barrera Hernández.

El 6 de mayo del 2020, la CIDH firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones y determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula como lo estableció en su verdad histórica el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por diversos delitos derivados de este caso.

«Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta», dijo Barrera.

Este jueves 29, integrantes del GIEI ofrecerán una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que darán a conocer un informe del caso Ayotzinapa.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más», afirmó Barrera.

Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reinvidicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.

«Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México», dijo Barrera.

El activista y director de Tlachinollan estuvo aquí en Chilpancingo en donde participó en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico en donde habló acerca del riesgo de que se desmantele la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

«Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creo en México a través del mecanismo de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa», dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su intervención, Barrera Hernández contó que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.

Entrevistado al concluir su participación en el foro, Barrera consideró que la salida del GIEI y la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad, Omar Gómez, forma parte del desmantelamiento de este mecanismo de justicia transicional que se puso en marcha en diciembre del 2018 en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a petición de los padres y madres de los 43.

«Además desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay el interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso», dijo Barrera.

Mencionó que ya había ese acuerdo para que se firmara pero este se estancó luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio el informe del caso en agosto pasado, donde señala al Ejército como responsable de los sucesos de Iguala.

«Se van a ir (los expertos internacionales) porque ven que no hay las condiciones políticas no son las mismas y además el curso que está tomando esta embestida es lo que no les va a permitir asegurar un trabajo dentro de la Fiscalía o el Ejército», dijo Barrera.

El activista señaló que una de los motivos de que podría originar el desmantelamiento de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es el apoyo que el gobierno da al Ejército en las investigaciones para buscar la justicia.

La semana pasada, la FGR dio a conocer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y cinco autoridades civiles, entre ellos, el ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín.

«También hay una descalificación en las redes sociales hacia Vidulfo Rosales Sierra (asesor de los familiares de los 43) y eso preocupa mucho porque se está criminalizando a los defensores por el hecho de que están denunciando los abusos de los militares», afirmó Barrera Hernández.

Los ataques que hay en contra de Rosales Sierra a través de las redes sociales se originaron a raíz de que el presidente López Obrador arremetió contra éste en las conferencias mañaneras.

«Ya perdimos la confianza en este gobierno: madres y padres de los 43

En el cierre de la jornada de lucha por la presentación de sus hijos exigen a López Obrador cumplí la promesa de «tope hasta donde tope»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Iguala

 

El tope hasta donde tope, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.

Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.

«Ya le perdimos confianza a este gobierno», dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.

Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.

«Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años», dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

«Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República», contó un padre.

Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.

El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.

«El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal», afirmó Clemente Rodríguez.

Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.

«Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó», dijo con voz entrecortada.

Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.

«La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable», acusó.

Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:

Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.

Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.

Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.

También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.

Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.

Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.

Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.

En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.

Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

«No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial», dijeron entre los normalistas.

Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.

Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.

Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.

«Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad», afirmó Rosales Sierra.

«Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador», acusó Rosales Sierra.

En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.

Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.

Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.

Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.

Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.

En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.

«Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre», acusó una de las viudas.

La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.

El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.

Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.

Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las «órdenes porque no venían en el informe».

 

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Atacan normalistas Poder Judicial de Iguala en donde se filmaron videos de secuestro de 17 de Ayotzinapa

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Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero 

Iguala

 

Al término del mitin en esta ciudad, normalistas atacaron con bombas molotov, piedras y petardos las instalaciones del Poder Judicial, ubicado en la carretera federal, rumbo a Chilpancingo.

Posterior al mitin, los normalistas se trasladaron a las instalaciones del Poder Judicial en donde estrellaron los camiones en las dos puertas de acceso.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, fue en repuesta a que la FGR canceló la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana, por ser presuntamente responsable de haber destruido los videos donde se graba cuando  grupo de hombres armados y policías bajan de un auotobús a 17 normalistas de Ayotzinapa y se los llevaron esa misma noche del 26 de septiembre.

El nombre de Galeana Marín aparece en el informe de la Comisión de la Verdad que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto de este año.

Después de casi una hora de estos hechos, en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el puente Mezcala, se registró un accidente.

Un camión de carga embistió un autobús en el que viajaban las estudiantes de la normal de Amilcingo, Morelos.

En el percance, no hubo lesionados. Esto ocurrió alrededor de las 19:30 horas.

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Gómez Trejo renunció por amenazas: madres y padres de los 43

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Texto:Jesús Guerrero 

Fotografía:

27 de septiembre

 

Acompañados por cientos de normalistas, padres y madres de los 43 desaparecidos hace ocho años marcharon en esta ciudad para exigir justicia.

Con consignas de «vivos se los llevaron vivos los queremos», los manifestantes colocaron una ofrenda floral en la cruz donde hace ocho años hallaron el cadáver del normalista Julio César Mondragón Fontes, torturado y sin el rostro.

La movilización de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se da en el contexto de la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Omar Gómez Trejo.

«El (el fiscal) recibió amenazas y renunció de manera personal», afirmó en entrevista Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

El padre de Cristian no cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador resuelva el caso y les haga justicia.

*No vemos que este gobierno resuelva esto», dijo Clemente Rodríguez entrevistado durante la marcha.

En el acto, una madre condenó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cancelado las órdenes de aprehensión contra militares del 27 Batallón, con sede en esta ciudad.

«Los militares son los responsables pero el gobierno los protege», dijo una de las madres.

Renuncia fiscal especial del caso Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Internet 

Chilpancingo

 

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, presentó su renuncia al cargo para ser efectiva a partir del próximo 1 de octubre, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La renuncia de Gómez Trejo al cargo se rumoraba desde el pasado 15 de septiembre, y en la conferencia matutina de este martes, en Palacio Nacional, López Obrador confirmó la renuncia.

El presidente dijo que el fiscal Gómez Trejo renunció al cargo porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión, hubo diferencias en eso y yo apoyo que se hayan liberado”, mencionó el presidente durante se conferencia en Palacio Nacional.

El presiente dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) nombrará a otro fiscal y pidió a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tener confianza en los procedimientos e investigaciones.

“Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia”.

La renuncia de Gómez Trejo se dio a conocer a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, en 2014, y después de las filtraciones del informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión a mandos militares y autoridades de seguridad y judiciales de Guerrero.

La infiltración en Ayotzinapa puede esclarecer la desaparición de los 43 y dar con su paradero

Es una práctica con la que históricamente poderes dentro o al margen del Estado, pero siempre cohesionados, han intervenido la institución con el propósito de desaparecerla


 

Texto: Margena de la O

Fotografía: Víctor Galindo 

Chilpancingo

 

En cada embestida sorteada por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, está presente la infiltración de poderes dentro o al margen del Estado, como la que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a otros 43, de quienes, a ocho años de distancia de los hechos se desconoce su paradero.

En agosto pasado, la familia de Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio –el normalista que fue desollado, uno de los tres que también asesinaron la noche de Iguala– pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) considerar elementos que han obviado en todos estos años, como la infiltración en la Normal Rural de personajes que pudieron crear las condiciones para que ocurriera el ataque contra los estudiantes.

En realidad, la petición es un reproche. En el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de acuerdo con lo que exponen, no hay nada de dos de los tres apartados que el gobierno federal de López Obrador prometió cumplir en la investigación: el asesinato de los tres estudiantes durante la noche de Iguala y el caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma a causa de recibir una bala en la cabeza durante el ataque, ni de las otras víctimas de esa noche. Según la familia Mondragón sólo hubo información sobre los 43, pero sus padres y madres tampoco estuvieron satisfechos, según expusieron públicamente.

Cuestiona, a través de interrogantes puntuales, la infiltración de personas en Ayotzinapa. “¿Por qué el informe presentado por Alejandro Encinas señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante, cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados?”.

López Patolzin es uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Poco tiempo después de la desaparición, el Ejército confirmó que el joven originario de Tixtla estaba enlistado en el Ejército como miembro activo, lo que puso en evidencia, más allá de la función del muchacho, el interés de mandos militares, que representan uno de los grandes poderes institucionales, por saber o controlar lo que pasaba en Ayotzinapa.

Para abundar en esto es necesario acudir al repositorio de testimonios que Amapola. Periodismo transgresor tiene contenido en la serie Ayotzinapa. Vivir infiltrado, una secuencia de textos que condensan la oralidad de estudiantes de la Normal de diferentes generaciones que van desde 1955 hasta 2019, donde narran cómo vivieron la infiltración en sus tiempos.

En estos testimonios se hacen evidentes los intereses del Estado y de otros poderes al margen de la institucionalidad, nunca indiferentes uno de otro, como el Ejército, el crimen organizado –entendido en un dimensión amplia que incluye a agentes legales o ilegales– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los partidos políticos, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por una razón predominante: dividir, desestabilizar o generar crisis internas para el cierre de la Normal Rural, considerada como un espacio de formación social, política e ideológica de jóvenes.

“La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960”, se lee en el testimonio de Félix Bautista Matías, integrante de la generación 1956-1962, a la cual también perteneció el profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Lo que les tocó sortear a ellos, de acuerdo con Bautista Matías, fue la persecución policiaca y política, y la de los caciques, que se configuraban como poderes al margen del Estado, pero estrechamente relacionados. Una de las familias de caciques conocida en Guerrero es la de los Figueroa, de donde han salido dos gobernadores en épocas distintas, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999, pero sólo gobernó tres años), padre e hijo. “Para nosotros era peligroso hasta repartir volantes contra el gobierno”, comentó.

En periodos más recientes, es decir, previo a la desaparición de los 43 normalistas, los personajes infiltrados estaban asociados a las instituciones.

Los estudiantes por separado coincidieron que en el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) hubo una intervención, a través de la infiltración, de ex funcionarios de la SEG, como Silvia Ojeda, coordinadora de Asesores de la SEG en el gobierno de Torreblanca, donde la dependencia estuvo encabezada por José Luis González de la Vega. También de Héctor Vicario Castrejón, en ese entonces diputado local del PRI, quien incluso apadrinó la generación 2010 de Ayotzinapa, donde la funcionaria acudió como invitada especial.

Vicario Castrejón es un personaje muy cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que abandonar su cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, y fue relevado por Ángel Aguirre Rivero, en condición de gobernador interino.

Todo ese trabajo de intervención fue previo a los hechos del 11 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde asesinaron en una protesta, a la que acudieron armados policías federales y ministeriales, a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Estos hechos ocurrieron durante el periodo de Aguirre Rivero, ya como gobernador institucional, quien, al igual que Figueroa Alcocer, no concluiría su periodo por un episodio funesto, como lo fue la noche de Iguala.

“En mi generación (2010-2014), el Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien era diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, es un fragmento del testimonio titulado Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: Vicario y a otros.

El ejercicio para este texto fue ubicar en los testimonios de los normalistas a personajes claves dentro de la Normal Rural en el contexto previo y durante la desaparición de los 43, y en al menos cinco testimonios (11, 12, 14, 17 y 18, según el orden del listado) es cuestionada la actuación de un personaje clave dentro de la Normal Rural: el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, a quien apodaban La Parka.

En los testimonios 12, 14 y 18 hay cabos que se atan solos: la hazaña de que la Normal Rural de Ayotzinapa reuniera tantos camiones –los estudiantes mencionan entre 15 y 25– para trasladar a la Ciudad de México a normalistas de todas las normales rurales en el país que se concentrarían en Ayotzinapa para participar en la marcha del 2 de octubre, fue una operación que decidió Flores Maldonado, porque, según dijeron, así era él, tomaba determinaciones sin informales a sus compañeros de la dirigencia.

Lo que narran es que él lo ofreció en una asamblea de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM), el órgano que congrega a todas las normales rurales del país, como Ayotzinapa, reunir todos los camiones que se necesitaran para el traslado de los normalistas rurales a la capital del país, aun cuando la encomienda le tocaba a otra escuela.

“Él hacía las cosas a su manera, tomaba decisiones muy personales, sin consultar al resto del Comité Ejecutivo Estudiantil. Recuerdo una reunión muy importante de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) en Amilcingo, Morelos, donde ofreció que la Normal de Ayotzinapa se encargaría de conseguir los autobuses para mover a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Ahí se decidió que esa tarea la tendría la Normal de Tenería, la que está en el Estado de México, pero La Parka ofreció que lo haríamos nosotros, y cuando llegó a Ayotzinapa informó que era una comisión que nos encomendaba la FECSM”, este párrafo es parte del testimonio de un estudiante de la generación 2013-2017.

Otro elemento que pesa en esos testimonios es la manera en que Flores Maldonado llega a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa. En el número 11 hay más detalles, y en los otros datos complementarios, acerca de que las funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil las asumió después de maniobrar la expulsión del dirigente en funciones, Ángel Cegueda, quien estaba ausente recuperándose de una golpiza que le dieron policías federales durante una actividad en Casa Verde, un punto sobre la carretera que lleva a Iguala, donde fueron a pedir cooperación a los automovilistas.

La manera en que actuaron los policías también es cuestionada en ese testimonio: “Teníamos muchas actividades de ese tipo y las policías antes de reprimirnos negociaban con nosotros. Esa vez llegaron y se nos fueron con todo. En esa ocasión quien resultó más golpeado fue precisamente Ángel Cegueda, el secretario general, pareciera que lo tenían ubicado. Fue a quien más golpearon”.

En su ausencia, Cegueda fue acusado de infiltrado o una especie de informante a familiares, y sin acuerdo de la base estudiantil lo expulsaron de la dirigencia, y Flores Maldonado subió a ese cargo, de acuerdo con que se lee en los textos.

Los normalistas de las generaciones alrededor de la desaparición de los 43, que con claridad hablan de la infiltración en Ayotzinapa como una práctica conocida y asumida en la Normal Rural (como también la conocen la de otras generaciones), también cuestionan las decisiones que se tomaron al interior de la Normal Rural ese 26 de septiembre del 2014.

La primera, fue por qué la dirigencia estudiantil decidió llevar a estudiantes de primer año a una actividad de retención de autobuses, cuando eran los que menos experiencia tenían, la segunda, y la hace en particular el maestro Eduardo Moreno Peralta, parte de la generación 2012-2016, quien exponen que él como muchos estudiantes nunca estuvieron de acuerdo en reunir todos esos autobuses y viajar a Iguala, si lo tenían prohibido desde el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013.

Era arriesgado ir hasta esa ciudad porque los estudiantes de Ayotzinapa participaron en las actividades de protesta del 3 de junio por la muerte de tres de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez. En realidad la protesta fue convocada para exigir su aparición, pero en los preparativos se supo del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales desparecidos días antes, y en respuesta, las organizaciones sociales, entre ellas Ayotzinapa, respondieron causando destrozos en la alcaldía, en ese entonces encabezada por el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.

El ex alcalde ahora está preso por el asesinato de los dirigentes sociales, además de vínculos con grupos criminales, y es señalado por el caso de los 43.

El maestro cuestiona además la información proporcionada por Flores Maldonado en una entrevista para este medio, donde relata su versión de la noche de Iguala. Por ejemplo, dice que él no estuvo desde el mediodía en Chilpancingo con su novia ese 26 de septiembre del 2014 como contó, porque el maestro lo vio en la Normal Rural dando la indicación de que todos los estudiantes de segundo a cuarto año se retiraran de la escuela, al parecer para ahorrar las raciones de comida para tener que ofrecerles a los miembros de la FECSM, porque Ayotzinapa sería la sede para partir a Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.

“A ustedes les dijo en la entrevista –que Amapola publica el 25 de septiembre del 2019– que desde el mediodía hasta el anochecer de ese 26 de septiembre él estuvo en Chilpancingo con su novia. La hora de la comida establecida en la Normal es entre la una cuarenta y dos cuarenta de la tarde, y fue en ese lapso que lo vi y escuché”, es parte del fragmento del texto.

La familia Mondragón exigió el 22 de agosto pasado que el gobierno federal también investigue al ex alumno de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, y a sus allegados durante su periodo como dirigente estudiantil, a quienes los define como infiltrados.

Después que egresó (2016), Flores Maldonado mantuvo una relación cercana a las instituciones, durante el gobierno federal anterior, es decir, en el del presidente Enrique Peña Nieto, formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apareció en el organigrama como subdirector de Atención a Docentes. Se supo que todavía se mantiene un espacio en la dependencia.

Los Mondragón también exigen que las autoridades investiguen a Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien se asumió como el 44 al difundir que fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Ahora es diputado federal plurinominal por Morena.

“Ellos dos representaban el poder político y estudiantil de la normal en esa época”, es una línea del comunicado de la familia de Julio César Mondragón Fontes.

Con este texto no se intenta descargar la responsabilidad o señalar a uno, dos o un puñado de estudiantes de la responsabilidad de la noche de Iguala, sólo se pone el dedo en el renglón de que la infiltración es una estrategia de distintos poderes que ha funcionado por años para mermar el funcionamiento de Ayotzinapa.

Cuando se expone que hay poderes detrás de la infiltración, es una referencia a poderes dentro del Estado y fuera de él, y como evidencia se deja una de las exigencias públicas que hizo la familia Mondragón para que el gobierno federal de López Obrador que se comprometió a aclarar el caso, la incluya en la investigación: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo?”.

 

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Protestan normalistas por los 43 en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Estudiantes de ocho normales públicas de Guerrero marcharon por las calles de esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años en Iguala.

Con el conteo del uno al 43 y con gritos de justicia, los jóvenes iniciaron su recorrido en el monumento de Las Banderas ubicado al sur de esta capital.

En este lugar, los normalistas colocaron flores en el antimonumento de los 43.

Posteriormente iniciaron su marcha por la avenida Lázaro Cárdenas, pasaron por la Juan N. Álvarez y al llegar al centro doblaron por la calle Galo Soberón y Parra.

El más de medio millar de jóvenes tomaron la avenida Benito Juárez y llegaron al zócalo en donde realizaron un mitin.

Un manta de más de cinco metros de largo en la que se leía el nombre de Ayotzinapa la llevaba un grupo de normalistas al frente de la marcha.

Se prevé que en el transcurso de este lunes haya otras protestas de organizaciones sociales y del magisterio para exigir al gobierno federal que esclarezca el caso.

 

 

 

 

Las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra implicados en el caso Ayotzinapa fue porque no estaban en el informe: AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Victor Galindo 

Chilpancingo 

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra mandos militares y de seguridad en Guerrero se debió a que no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Entre las órdenes de aprehensión canceladas figuran la del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, ambos funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Y de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Lambertina Galeana Marín, además de otros mandos militares.

Durante su conferencia de prensa matutina en palacio nacional, López Obrador afirmó que los nombres de esos presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, “no estaban en el informe”.

“Se actuó a partir de las personas que aparecen en como responsables en el informe, y esto no significa que se cierra la investigación”, mencionó el presidente.

López Obrador negó que ello implique impunidad en el caso, esto tras ser cuestionado por las madres y padres de los normalistas quienes exigen una investigación a profundidad respecto al papel de las fuerzas armadas en los hechos.

Defendió las acciones que su gobierno realiza para esclarecer el caso, que fue una de sus promesas de campaña.

“¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general de un batallón de la Secretaría de la Defensa? Se actuó así porque viene en la investigación y esto no significa querer manchar al Ejército”.

Sobre la filtración en la investigación del caso Ayotzinapa, López Obrador calificó el acto como de “mala fe”, pero dijo que tal hecho no tumbará la investigación.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas, A lo mejor quienes filtraron el documento sin testar lo hicieron pensando que de esa manera ya no va a tener validez legal, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo”, dijo sobre la filtración sin testar del informe del Covaj, que se realizó el pasado fin de semana y se publicó en el semanario Proceso.

Partes del informe del Covaj contienen transcripciones de mensajes telefónicos entre los implicados, la mayoría no pueden leerse. La filtración a Proceso fue una versión con los contenidos legibles y los nombres de los implicados.

Por último López Obrador declaró este lunes 26 de septiembre como “día de luto nacional” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años.

“Hoy es día de luto nacional porque se conmemoran los ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación que se ha avanzando, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominga Rosa: camino sin fin

Dominga Rosa es una de las mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano. En esta plática en su lengua tu’un Savi, la mamá de Felipe Arnulfo Rosa explicaba su sentir días después del ataque. «Mi corazón llora, es el único hijo que me queda, porque la gente mala mató a su hermano». Ocho años después sigue en espera de justicia


Texto: Kau Sirenio

Fotos: Cortesía

26 de septiembre del 2022

 

Dominga Rosa apareció entre la maleza con un machete bajo el brazo, venía de la milpa sembrada que dejó su esposo Damián Arnulfo para ir a buscar a su hijo Felipe Arnulfo Rosa que había desaparecido el 26 de septiembre. Era la tarde del 2 de noviembre de 2014, Día de muertos en la cultura Ñuu Savi.

Cuando entró a la casa de madera, ella sonrió. Sin más preguntó en tu’un savi (mixteco): “Va’a kixa un (¿Llegaste bien?). Para ella lo más importante era preguntar al intruso periodista si había llegado con bien, el único motivo de confianza que tenía con el reportero era que comparte la misma lengua.

Cuando entramos en plática, Dominga, contó que había ido a cortar flores de cempasúchitl para ofrendar a los muertos. “Itan xà’an kuiso yu kò nu isto na Ndìi (Fui a traer flores para la mesa de los muertos)”.

La primera vez que platiqué con Dominga fue en una tarde fría de octubre en la instalación de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ese día, los reporteros que llegaron de Ciudad de México a cubrir la desaparición de normalistas veían con desprecio a la madre de Felipe, nadie le hacía caso. Mientras le daba unas mordidas a una manzana, me dijo que lloraba en silencio porque no sabía cómo salir a buscar a su hijo en la calle.

La casa de Dominga está en el espinazo del cerro que rodea Rancho Ocoapa. Una comunidad abandonada por el gobierno, donde viven 164 personas, 68 hombres y 96 mujeres.

En la plática con la madre de Felipe Arnulfo en su casa que está por caerse, me dijo en tu’un Savi, que su hijo caminaba de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, a la cabecera municipal donde estudiaba bachillerato, de regreso llevaba cuadernos y lápices para sus sobrinos que se quedaron sin papá desde agosto de 2012.

“Xàku ni ini yu, xá ya’a ni kivi na nduku yu ta sé’e Felipe, inn ndara sakan ndoo xí’in, tyi ni na sini kú xá’ni na ñani ra, kuañu ni koo kivi kóo va’a ini yu. (Mi corazón llora mucho, ya han pasado días que busco a mi hijo Felipe  y no lo encuentro, es el único que me queda, porque la gente mala mató a su hermano -Victoriano-, por eso no creo que mi corazón viva bien)”.

Dominga Rosa.

Dominga contó que el 15 de agosto de 2014, Felipe se despidió de ellos, le prometió a su papá que cuando regresara de vacaciones de diciembre les ayudaría a cortar un pino para sacar tablas nuevas con el cual construirían otra casa porque donde viven está por caerse.

Cuando cayó la noche, Dominga me invitó a pasar a la cocina, ahí, sentada al lado de la fogata, empezó a recordar su vivencia en Ayotzinapa. Desde que le avisaron que su hijo desapareció, dice que pensó que la policía los había llevado a la cárcel,  así que su esposo consiguió dinero prestado para que los dos viajaran a Tixtla. Iban a pedir otro préstamo en Ayutla para pagar la fianza, pero les dijeron que su hijo fue desaparecido, así que se trasladaron a Ayotzinapa. Ahí estuvo 20 días.

–Kuvi ka’an yu tu’un sa’an, nda ña kuvi ka’an, sa kóo kakan takui xi’in ista. (No sé hablar el español, sólo se pedir agua y tortillas).

La madre de Felipe dice que no puede entender a otro mundo que se ha ensañado con ella, pero sabe que las otras mamás y papás de Ayotzinapa sufren igual que ella. Dice que la delincuencia está en todas partes, así como en su pueblo donde le mataron a un hijo, también en la ciudad, matan y desaparecen a los jóvenes.

“Mi marido Damián Arnulfo Marcos (traducción) sufre mucho, está muy dolido, no duerme, no come,  extraña mucho a Felipe, siempre me habla de él. Cuando estamos en Ve’e ka’vi (escuela), me platica de sus recuerdos, de aquellos días que nuestro hijo hacía mandados, cuando venía a la casa, se encargaba de limpiar la milpa, el cafetal, la cañaveral, por eso lo buscamos mucho. No es chocante para comer, come de todo, se sienta aquí en la mesita a comer con mis nietos, él es muy trabajador, no es nada flojo, desde muy niño empezó a estudiar”, habla como si esto fuera a aliviar su dolor.

Después de cenar, Dominga pide que la acompañe al pequeño altar que montó en su casa para recibir a los muertos. Ahí, platica con su hijo Victoriano Arnulfo Rosa, ante la luz titilante de las velas que se niegan a iluminar la casa.

–Yuva mí ka’an yu xi’in un xaa in ña mani/ ku’un na ndukun ñani un Felipe/ ta na ndiko ra ve’e/ kunda un ra/ na koo ña u’uvi na ku ndo’ra (Gran padre te hablo para pedirte un favor/ve a buscar a tu hermano Felipe/tráetelo de regreso a casa/ cuídalo mucho donde quiera que ande/ que no pase dolor y que no sufra donde anda) –dice mientras acomoda el rosario de cempaxúchitl en el altar.

–Quiero que me platiques más de Felipe, ¿cada cuándo viene? –le pido en la lengua tu’un savi.

–Cuando viene me trae dinero, me lo da a guardar para sus gastos, la última vez que vino me dio su dinero, el día que regresó se lo entregué, pero él no quiso llevarlo, me dejó quinientos pesos de ese dinero ocupé para que nos fuéramos a Ayotzinapa –recuerda.

Han pasado ochos desde que Dominga, Damián y su hija Librada buscan a Felipe. Por su edad, actualmente tiene 70 años, Dominga regresó a Rancho Ocoapa a cuidar los poco animales y la cañaveral, mientras que Damián recorrió ciudades, universidades, sierra, ríos y pueblos para buscar a su hijo pero no lo han encontrado.

A la búsqueda se sumó Librada, hermana de Felipe, ella tenía 20 años cuando el Estado mexicano desapareció a su hermano. A pesar de que al inicio no hablaba español, eso no impidió que ella reclamara justicia. Ahora domina con fluidez el idioma del aparato del Estado que cometió el crimen de lesa humanidad.

Durante tres años, la familia Arnulfo Rosa hizo una pausa en la búsqueda de Felipe, no es porque no les importara el paradero del normalista que los militares desaparecieron en Iguala, sino que Dominga Rosa se enfermó. Mientras se recuperaba también cayó enfermo Damián Arnulfo, a ambos les hicieron una cirugía. Librada es la única que se quedó a cuidar a la mamá y al papá.

Siguen buscando el paradero de Felipe. Siguen esperando justicia.

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el texto original en este enlace.  

Padre de normalista de Ayotzinapa lamenta que FGR se haya desistido de órdenes de aprehensión

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:

Chilpancingo

 

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lamentó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cancelado 21 órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez en contra de ex funcionarios y militares.

«Lo que le puedo decir a (Alejandro) Gertz Manero (fiscal general de la República) que vaya por estas órdenes de aprehensión contra estas personas», afirmó don Clemente.

En entrevista telefónica, Rodríguez Moreno aseguró que dentro de la FGR hay funcionarios de la anterior administración de Enrique Peña Nieto que obstaculizan las investigaciones del caso.

«Hay un interés de por medio porque dentro de la Fiscalía hay gente coludida del anterior gobierno y por eso no se avanza en las investigaciones», dijo don Clemente.

El papá del normalista Cristian Alfonso Rodríguez dijo que una de las funcionarias que, según él obstaculiza las investigaciones, es Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR.

Alfredo Higuera Bernal, quien también estuvo en la FGR durante el gobierno de Peña, es actual titular de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo).

«También este señor Bernal ha obstaculizado las investigaciones», aseguró don Clemente.
Este sábado se dio a conocer que la FGR canceló las órdenes de aprehensión contra 16 militares y ex funcionarios, entre ellos, el ex procurador general de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, quien estaba acusado de delincuencia organizada.

Contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, la FGR también canceló la orden de captura. Ella estaba acusada de los delitos de obstrucción de la justicia y delincuencia organizada.

A otro que se le canceló la orden de aprehensión es al comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto, y a otros 15 militares del 27 Batallón de Infantería.

En julio del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, don Clemente recibió en su casa la visita del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para notificarle que un análisis genético realizado por la Universidad de Innsbruck confirmó que un hueso hallado en la barranca de la carnicería en Cocula pertenecía a su hijo Cristian Alfonso.

Rodríguez Moreno indicó que tiene la esperanza de que su hijo esté con vida y que él solo va a creer que está muerto cuando le entreguen todos sus restos.

Este domingo, Rodríguez Moreno estuvo en Cancún, Quintana Roo, a invitación de padres y madres de desaparecidos de aquella entidad.

«En una de las avenidas principales de Cancún se colocó un antimonumento de los 43 y estoy muy emocionado», dijo.

Mencionó que los demás padres y madres que siguen en la Ciudad de México para realizar actividades con motivo de los ocho años de los sucesos en Iguala se cooperaron para que él acudiera a Cancún y representarlos en el acto de la colocación del antimonumento de los 43.

«Mañana lunes estaremos de regreso muy temprano para participar en la marcha», dijo don Clemente.

En la imagen, familiar de un normalista desaparecido de Ayotzinapa marcha el 12 de diciembre del 2021 en las calles de Chilpancingo

 

FGR cancela órdenes de aprehensión contra 16 militares y exprocurador de Guerrero presuntamente involucrados en caso Ayotzinapa

16 órdenes canceladas corresponden a militares, entre ellos Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa.


Texto: Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

25 de septiembre del 2022

 

La Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

 

De acuerdo con El País, de las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro.

Según lo reportado por el diario español, 16 órdenes corresponden a las de militares acusados de delincuencia organizada, entre ellos Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014.

Además de los militares, el juez encargado del caso canceló las órdenes contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

Esto significa que la Fiscalía se arrepintió  de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Ayotzinapa.

FGR desplaza a la UEILCA en caso Ayotzinapa

De acuerdo con Proceso, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de estas órdenes de aprehensión.

Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y es la que ha realizado las últimas investigaciones en el caso.

Omar Gómez Trejo, titular de esta unidad, fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.

Caso Ayotzinapa

Este lunes se cumplen 8 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el cual está envuelto en la polémica debido a la forma en que las autoridades han realizado las investigaciones.

Lo más reciente es la filtración de un informe sin testar en el que se exhibe que el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente negoció con el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, a través de Tomas Zerón, para declararse autor intelectual del crimen y luego ser sacado del país.

El informe, el cual fue dado a conocer por Reforma, exhibe las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan la forma en que fueron desaparecidos los restos de los normalistas.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que desconocen el contenido del expediente sin testar de la Comisión para la Verdad.

Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, dijo que los padres de los jóvenes sólo han tenido acceso al expediente testado.

“Nosotros no sabemos qué dicen los chatos, porque están en blanco y negro”, dijo María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo a Reforma.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que indague y castigue la filtración de la información sobre el caso de Ayotzinapa.

El funcionario condenó la filtración de la información, pues dijo que lejos de ayudar a la investigación, “la perjudican y abren paso a la impunidad”.

“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padre

s y madres de los estudiantes desaparecidos”, señaló.

En la imagen, los rostro del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en una pancarta de protesta, el 12 de diciembre del 2021, para exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Amílcar Juárez

Este es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Pueblo Viejo, una vieja historia de terror que salta por caso Ayotzinapa

Texto: Jesús Guerrero

 Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

Iguala

 

El sábado 4 de octubre del 2014, ocho días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de agentes de la Policía Ministerial, peritos forenses y agentes del Ministerio Público y el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, entraron a las faldas de un cerro del ejido de Pueblo Viejo.

El hoy ex funcionario del gobierno de Ángel Aguirre Rivero tiene orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 y vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos al que actualmente se le conoce como La Bandera.

Alrededor de las cinco de la tarde de ese día, Iñaky Blanco, a bordo de una camioneta Suburban blanca blindada, bajó del camino sinuoso del cerro de esta zona.

El procurador se negó a responder las preguntas de los reporteros a quienes se les impidió ingresar a ese lugar en el que el funcionario encabezó la primera búsqueda de los normalistas desaparecidos.

El último informe que presentó la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa dio a conocer que en esa zona de Pueblo Viejo habrían sido asesinados y mutilados un grupo de estudiantes de la Normal.

A mediados de octubre del 2014, semanas después de los hechos de Iguala, Iñaky Blanco dio un informe del caso en donde reveló que lo que ya se había indagado del caso es de que uno de los detenidos de Guerreros Unidos confesó que 17 normalistas habían sido llevados a ese lugar de Pueblo Viejo para asesinarlos.

Días después, a Iñaky lo dejaron fuera de la investigación y las retomó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde donde, ahora se sabe, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se maquinó la verdad histórica para ocultar el crimen de Estado.

En el informe que dio en el mes de agosto el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez se establece que «Juan» uno de los testigos protegidos y que se llama Gilberto López Astudillo, El Gil quien era líder del GU y que fue exonerado por un juez federal, aseguró que Iñaky Blanco recibía cien mil dólares mensuales de Guerreros Unidos.

El Gil, uno de los líderes de esta organización, menciona que también recibían sobornos el entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez.

También tiene orden de captura por el caso Ayotzinapa, la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín. Todos ellos eran funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Desde el 2013, Pueblo Viejo ha sido reconocido por las autoridades como un tiradero de cadáveres de personas desaparecidas que perpetraba el GU.

Durante el 2013 en las Lomas de Zapatero y Loma del Coyote, que forman parte de este ejido de Pueblo Viejo, fueron halladas decenas de fosas clandestinas con cadáveres que tiraban miembros de Guerreros Unidos.

También las autoridades estaban enteradas de que este grupo tenía vínculos con el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y los jefes de la policía municipal, así como con jefes militares del 27 Batallón de Infantería.

«Toda esta zona es un cementerio de los narcotraficantes”, define una de las vecinas de las últimas casas de la colonia Las Parotas, en Pueblo Viejo.

Recargada en la tranca de madera de su patio, la memoria de la mujer viaja en retrospectiva cuando ubica que el tiradero de cadáveres en este punto al poniente de Iguala empezó en el 2010.

En una de las calles de la colonia San Miguelito, aparecieron los cuerpos decapitados de dos jóvenes que tenían un mensaje en una cartulina: «esto les pasó por uñas».

La primera fosa clandestina descubierta en esta zona del antiguo ejido de Pueblo Viejo, data de abril de 2013.

En esa ocasión, once policías municipales y un comandante del municipio de Cuetzala fueron privados de su libertad por miembros de Guerreros Unidos. Hasta la fecha solamente hallaron tres agentes en una fosa clandestina en la colonia Granjales, el resto de las víctimas sigue sin aparecer.

Por todo lo que ocurrió aquella vez el entonces alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por la PGR en abril del 2014 acusado de pertenecer a La Familia Michoacana, otro grupo del crimen organizado, y de ordenar secuestros en la región Norte de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Álvarez Mesino fue dejado en libertad porque no hallaron pruebas en su contra.

En abril y mayo de este mismo año del 2014, cuatro meses antes de la desaparición de los 43, fueron halladas seis fosas clandestinas con 19 cadáveres en avanzado estado de putrefacción en esa misma zona de Pueblo Viejo.

En abril del 2013, Ernesto Pineda Vega, vecino de esta misma zona, denunció que en esta demarcación una célula de Guerreros Unidos secuestraba, asesinaba y sepultaba aquí mismo a sus víctimas.

PIneda Vega quien fue detenido por la policía municipal de Iguala y que según él, fabricándole el secuestro de un ciudadano de nombre Adolfo Salgado Salgado, acusó a Abarca Velázquez de tener nexos con Guerreros Unidos.

Esta zona del ejido de Pueblo Viejo está integrada por una veintena de colonias irregulares que solo tienen el servicio de luz eléctrica.

La vecina de la colonia Las Parotas dice que por la noche o en la madrugada de casi todos los días se escucha el ruido de camionetas que suben hacia una vereda que lleva a uno de los cerros. «Hemos percibido olores fétidos, como que atrás de los vehículos llevan animales o personas fallecidas», dijo.

De su casa, a las faldas del cerro El Coyote, donde el 5 de octubre peritos de la PGR y de la FGE localizaron seis fosas con 28 cuerpos calcinados, hay más de dos kilómetros. Primero es una vereda donde no caben más de dos personas, pero a medida que se avanza sólo puede caminar una y a veces agachado haciendo a un lado la maleza.

«A las personas que las traen aquí en contra de su voluntad no tenían otra forma de caminar porque también sabían que iban derecho a su muerte», declaró en aquella ocasión uno de los agentes ministeriales que resguardó la zona durante el tiempo que duraron las excavaciones en octubre del 2014.

Los 28 cuerpos hallados en estas fosas estaban calcinados. «Los hicieron como en barbacoa», dijo uno de los enviados de la CNDH.

Según el informe pericial, los cuerpos de las víctimas fueron colocados abajo de ramas y troncos y les prendieron fuego. Pero todavía no se determina si los quemaron vivos.

En esa ocasión, la PGR estableció que ninguno de los 28 cuerpos localizados en estas fosas pertenecía a los normalistas desaparecidos.

Aunque ahora la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa informó que si existe la presunción de que en algún lugar del ejido de Pueblo Viejo fueron tirados los cadáveres de un grupo de los 43 normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Otras historias de Pueblo Viejo

Delfino Zaragoza Ocampo, cuenta que su hermano Alberto y sus compañeros Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora, desaparecieron el 2 de junio del 2013, luego de salir de la central camionera de Iguala.

La denuncia de desaparición forzada de estas tres personas está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y la FGE.

Para llegar a Pueblo Viejo se entra por el Periférico Norte, justo por donde el 26 de septiembre del 2014, en la noche, los normalistas sufrieron el segundo ataque a tiros por parte de un grupo civil, en donde murieron dos jóvenes y al día siguiente apareció desollado otro. De allí se llevaron a un grupo de normalistas.

Un taxista dice que esta zona del poniente de la ciudad, rumbo al municipio de Teloloapan, es una de las más peligrosas. Según él, quien entra y no conoce el lugar, por lo menos lo asaltan. «Aquí es tierra de nadie, porque mandan los delincuentes. Y nadie, ni siquiera el Ejército Mexicano les puede hacer algo», afirma.

El taxista dice : “Aquí en Iguala, los que mandan son los de la delincuencia, y no la autoridad”.

En la imagen, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos durante una búsqueda de sus hijos en el Ejido de Carrizalillo el pasado 23 de mayo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Fototeca Amapola)
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