La organización denuncia que lo hicieron mediante tortura y en un intento de conservar la vida
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía Cipog-EZ
22 de agosto del 2023
Chilpancingo
Después que ayer circuló un video donde dos de los tres integrantes desaparecidos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) aparecen atados de manos, sin playera y declaran ser integrantes del grupo criminal Los Tlacos, su organización reportó que dichas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y en un intento, de sus compañeros, de salvar sus vidas.
El viernes pasado, el Cipog-EZ denunció la desaparición de tres de sus integrantes provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa; son Nicolás Rodríguez Díaz, Marcelino Hernández Tecorral y Ángel Villalva Salvador, con quienes perdieron comunicación en su viaje en una Urvan del transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, dijo que los tres desaparecidos son jornaleros migrantes que regresaban de trabajar de Sinaloa.
Mediante un comunicado el Cipog-EZ explicó que ellos llegaron a la terminal de autobuses de Chilpancingo alrededor de las siete de la mañana del jueves, después se trasladaron a la base de urvans de la ruta del transporte público Chilpancingo-Chilapa y desde entonces perdieron la comunicación con ellos.
Ayer circuló en redes sociales un video donde aparecen dos hombres que se identifican como Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz. Están sentados en la tierra, al parecer atados de manos, sin playera y mirando a la cámara que los graba.
El primero en hablar es quien dice ser Ángel Villalba Salvador, y que es originario de Zacapexco. “No venimos de Sinaloa, venimos de Río Balsas, somos sicarios de Los Tlacos”, comenta.
La declaración es interrumpida por Nicolás Rodríguez Díaz, quien reafirma que no llegaron de Sinaloa, y que ambos fueron enviados a Nuevo Balsas «por órdenes de los dirigentes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna, además del dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo».
Esta mañana, el Cipog-EZ, a través de un comunicado, expuso que las declaraciones de sus compañeros desaparecidos fueron obtenidas después de ser torturados por integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
El Cipog-EZ advirtió que en el video que circula en redes sociales sus compañeros Ángel y Nicolás fueron obligados a confesarse como «sicarios».
“Las declaraciones las hacen privados de su libertad, son declaraciones forzadas, bajo tortura, con la desesperanza, como si fuera el último intento de salvar sus vidas, donde aparecen sin playera, con hematomas y signos de tortura y la mirada fija hacia la cámara”, es un párrafo del comunicado del Cipog-EZ.
En el escrito de esta mañana, el Cipog-EZ detalla cómo ocurrió la desaparición de sus compañeros.
«Fueron secuestrados en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa, en el crucero de Ayahualulco, donde hay un retén militar y estatal. Es ahí donde fueron detenidos nuestros compañeros cuando viajaban en una urvan rumbo a Chilapa, por cuatro hombres fuertemente armados, con ropa de Policía Estatal y una patrulla de la Policía Estatal».
La organización señaló como responsables de estos hechos a Los Ardillos, grupo dirigido por Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local Bernardo Ortega.
Por el uso de uniformes y vehículos oficiales durante la privación de sus compañeros, el Cipog-EZ denunció que existen vínculos entre los elementos de seguridad y los grupos criminales.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ) durante su marcha el pasado sábado para exigir la aparición con vida de tres de sus integrantes. Foto: Cortesía Cipog-EZ
Decenas de negocios de los diversos giros comerciales de Taxco de Alarcón cerraron debido a los hechos de violencia y a las extorsiones de parte de grupos del crimen organizado.
Además del cierre de establecimientos, como tortillerías, carnicerías, pollerías y ferreterías, ayer viernes en la mañana fue hallado el cadáver de un hombre envuelto en una cobija y en sábanas en la carretera federal Taxco-Iguala, cerca de la comunidad de Mexcaltepec.
A un lado del cadáver dejaron una cartulina con el siguiente mensaje: «aquí está su P—basura atte, la Federación Guerrerense».
Fuentes oficiales informaron que este grupo criminal, la Federación, pretende ingresar a Taxco y desarticular a sus rivales de la Familia Michoacana que dirige en esta zona Roberto Carlos Zagal, alías El Pelón. Es común que en contextos violentos las autoridades ofrezcan como argumento único que las violencia es por la pelea entre grupos criminales.
El jueves pasado por la tarde, un grupo armado atacó a balazos la tortillería La Misión, ubicada en la avenida Plateros, cerca del centro de Taxco.
Derivado de la agresión murió un trabajador y otro más falleció cuando era atendido en el Hospital General, además de que tres empleados resultaron heridos.
Por versiones de los habitantes se supo que el dueño de este establecimiento, quien tiene otras tortillerías en la ciudad, decidió suspender el servicio por el acoso del crimen organizado, concepto que expone una relación entre grupos criminales, económicos y políticos.
El ataque a esta tortillería provocó que desde ayer viernes otros negocios cerraran ante el temor de que sean agredidos, dijo una persona de Taxco que por razones de seguridad pidió que su nombre se guardara en el anonimato.
Un comerciante contó que desde hace 15 días reciben la advertencia de delincuentes para que suban todos los precios de la canasta básica, porque quieren aumentar la cuota.
«De por si estamos pagando (la cuota) y ahora nos están pidiendo más», dijo.
Pero el cierre de los negocios en Taxco por la violencia empezó desde hace más de un año. Un empresario dijo que muchos comerciantes se fueron de la ciudad por esa razón.
«Es increíble que a plena luz del día ocurran balaceras, secuestros y asesinatos pese a que ya llegaron a reforzar la seguridad el Ejército, Guardia Nacional y la Policía estatal», expresó.
Este martes 28, después de una serie de hechos de violencia, arribaron a Taxco, elementos del Ejército, Guardia Nacional y agentes estatales para asumir el control de la seguridad.
Aun con la presencia policiaca no han logrado cambiar el escenario en Taxco, considerada una de las tres ciudades turísticas más importantes de Guerrero.
Por órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, fue designado a Julio López como director de la Policía preventiva en este municipio.
El grupo criminal de la Familia Michoacana es señalado de realizar las extorsiones a los comercios de Taxco.
El 20 de junio, en el interior del Ayuntamiento municipal, hallaron una granada de fragmentación que fue rescatada por el Ejército y después detonó fuera de la ciudad.
El 21 de junio, un grupo armado entró al panteón municipal y asesinó a balazos a un trabajador cuando salía de las oficinas administrativas.
Durante esas fechas, ocho policías municipales fueron privados de su libertad por hombres armados y este miércoles 28 fueron localizados en la comunidad de Cacalotenango, del municipio de Taxco.
Los agentes estaban amarrados de pies y manos además de que tenían huellas de tortura.
A partir de este jueves, los católicos de esta ciudad enviaron mensajes en las redes sociales para que la ciudadanía realice una oración de paz por Taxco.
En Taxco cierran negocios por amenazas y extorsión del crimen organizado. Foto: Especial.
Sigue desaparecido director de Protección Civil
En medio de la violencia que se vive en Taxco, ayer viernes la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la desaparición del director de Protección Civil municipal, Jaime Clemente Quiroz Millán.
La ficha de desaparición y búsqueda que emitió la FGE establece que el funcionario de 58 años fue visto por última vez el 6 de junio.
Después de la desaparición de Quiroz Millán, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, designó a David Flores como encargado de despacho de Protección Civil.
Ayer viernes, el alcalde, quien llegó al cargo bajo las siglas de Fuerza por México, subió una fotagrafía en su cuenta personal de facebook en la que aparece con el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien en 1996 renunció al cargo por la matanza de los 17 campesinos en al vado de Aguas Blancas.
Mario Figueroa escribió: «me dio mucho gusto recibir al ex gobernado de Guerreror, a mi amigo y pariente, Rubén Figueroa Alcocer».
En medio de la violencia que existe en su municipio, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, informó sobre un encuentro con su pariente el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Foto: Facebook Mario Figueroa Mundo.
Pobladores de una colonia de la comunidad Ocotito, municipio de Chilpancingo, corrieron a un grupo de soldados del Ejército a quienes acusaron de cometer presuntos abusos.
“Ya hicieron su desvergue y todavía quieren venir a pisotearnos; una vez lo hacen, pero otra vez no”, les grita a los militares un hombre que viste playera naranja y de gorra negra.
Estas imágenes corresponden a un video que fue montó en las redes sociales este viernes por la tarde en donde se ve a los soldados y a un grupo de habitantes, algunos armados con palos, de la colonia Vista Hermosa, de Ocotito, ubicada a 30 minutos de distancia de Chilpancingo.
El individuo que les grita a los soldados los acusa de ser los responsables de haber destruido una puerta para ingresar a una vivienda de esta colonia.
“La neta la que la riegan son ustedes, no nosotros”, le dice el hombre a los militares.
“Ya no los queremos aquí, que se vayan del pueblo”, se escucha el grito de una mujer durante la grabación del video que dura dos minutos con 29 segundos.
En el video se ve que a unos 20 militares que después de los insultos que recibieron de pobladores de la comunidad se retiran de la colonia a pie.
Este incidente ocurrió después que este mismo viernes, el comisario y habitantes de esta comunidad impidieron que efectivos del Ejército se llevaran detenidos a dos autodefensas.
El comisario del pueblo, Julio César Almazán Castro, informó que a las cuatro de la mañana de este viernes las fuerzas de seguridad habrían detenido a dos autodefensas y la reacción de la gente fue trasladarse al lugar para impedirlo.
Mencionó que acordaron el cierre de los establecimientos comerciales y la suspensión de clases en las escuelas en esta comunidad.
“Pedimos el cierre de comercios y la suspensión de clases en los centros escolares para no poner en riesgo a la gente y a los niños en caso de que se registrara un enfrentamiento”, dijo el comisario.
“Estamos viviendo un clima de hostigamiento e intimidación por parte del Ejército y Guardia Nacional”, denunció Julio César Almazán.
“No pedimos que se vaya el Ejército, que haga su trabajo pero de la mejor manera, sin hostigar a nuestra gente”, expresó.
Mencionó que estas intimidaciones y hostigamiento que, según él, sufren los habitantes de Ocotito por parte de las fuerzas armadas federales es porque anunciaron que entrara en operaciones otra vez la policía comunitaria.
“La policía comunitaria no va a utilizar armamento de uso exclusivo del Ejército, eso le dijimos al mando militar que está al frente del retén de seguridad”, agregó Almazán Castro.
A través de redes sociales, transportistas de la ruta Chilpancingo- El Ocotito dieron a conocer la suspensión del servicio al público porque, supuestamente, estaría cerrada la carretera federal.
“Nosotros nunca planeamos cerrar la carretera lo que sí pedimos a los dueños de los negocios que cerraran y a los directores de las escuelas suspendieran las actividades académicas”, insistió el comisario.
El desmantelamiento de la policía comunitaria vinculada a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ocotito ocurrió porque febrero pasado raíz detuvieron a su líder, Deivy Barrientos, en Puebla, acusado de delitos del fuero federal.
El dirigente de ese grupo armado tiene una carpeta de investigación en Guerrero por la autoría intelectual del homicidio del periodista Fredi Román Román, ocurrida en agosto del 2022 en Chilpancingo.
Al menos dos ocasiones, habitantes de Ocotito y seguidores de Barrientos han realizado protestas en Chilpancingo para exigir a las autoridades su liberación.
Después de los incidentes de hoy, en Ocotito prevalece un clima de tensión, aun cuando desde febrero pasado el gobierno instaló un retén de seguridad con elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Pobladores de Ocotito confrontan a militares después de presuntos cateos e intentar desarmar a civiles armados Foto. Fotograma
En Guerrero sí existen casos de mujeres agredidas con ácido y otros químicos, pero no son contabilizados de manera oficial porque faltan protocolos y una tipificación como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero, expuso la activista Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM).
Hoy en el Congreso local, a través del panel legislativo contra la violencia ácida, se presentó la iniciativa Malena, una reforma al Código Penal y a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado.
En el panel estuvieron presentes María Elena Ríos y Sandra Montiel, ambas sobrevivientes de ataques con ácido.
Dentro del Código Penal ya existe apartado de lesiones, pero quien ejerza violencia ácida, correspondiente al delito de lesiones calificadas, tendrá penas que empiezan con 13 años.
La iniciativa de ley es propuesta de la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez. Estas reformas pretenden castigar a toda persona que agreda con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva a mujeres, mujeres trans, integrantes de las poblaciones LGBTI+ y personas en situación de calle.
“Sin embargo se establecen algunas agravantes que llevarían a que la pena pudiera ser de hasta 21 años”, mencionó Alejandro Gallardo, secretario técnico de Calixto Jiménez.
Los agravantes que pueden aumentar la pena es que el ataque cause deformidad o daño permanente a cualquier persona, que la agresión sea hacia una persona en situación de calle o sea motivada por orientación sexual o identidad de género; en caso de que la agresión sea motivada por razón de género la pena aumentaría hasta los 21 años.
Los 30 años de prisión serán por los siguientes supuestos; que las lesiones provoquen recersión parcial o total de las mamas, alteración del aparato genital que afecte la vida sexual plena, causen daño físico severo o cause incapacidad permanente para trabajar.
“Con esta iniciativa se pretende reconocer la violencia ácida como un tipo de violencia de género que marca de forma permanente los cuerpos, la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Calixto Jiménez.
La diputada agregó que por la falta de la visibilización de este tipo de violencia no hay una estadística en el estado que permita conocer cifras de cuántas mujeres sufrieron violencia ácida.
Para la activista Elia Moreno del Moral es importante que exista un presupuesto asignado para la realización y, en su caso, aprobación de esta iniciativa.
“Hace falta que se analice el contexto de las agresiones, es por eso que no hay cifras para determinar si en el estado hay mujeres víctimas de violencia ácida”, comentó.
Sobrevivientes narran sus casos
María Elena Ríos, la saxofonista originaria de Oaxaca que sufrió un ataque con ácido de parte de quien fuera diputado del PRI en ese estado, Juan Antonio Vera Carrizal.
El químico provocó quemaduras en 70 por ciento de su cuerpo, motivo por el que se sometió a diversas cirugías.
También emprendió la lucha por la defensa sus derechos y porque su agresor fuera castigado por las autoridades.
“No hay palabras para describir lo que sentí. Es la violencia más extrema que le pueden ejecutar a una mujer. Mis cicatrices son de tercer grado. Las quemaduras carcomieron parte de mis músculos y de mis nervios”, relató.
Derivado de su agresión se volvió activista por los derechos de las mujeres y recorre el país en exigencia de que los ataques con ácido sean sancionados y tipificados como violencia de género.
Sandra Montiel es una mujer trans originaria de la Ciudad de México, hace 22 años sufrió violencia ácida mientras trabajaba como trabajadora sexual.
“Si ahora es difícil acceder a la justicia, imagínense hace 22 años. Sufrí mucha discriminación y transfobia”, recordó Sandra.
A Sandra le lanzaron ácido en un 70 por ciento de su cuerpo, tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado. Sandra se ha sometido a diversas cirugías reconstructivas que ella costeó; nunca detuvieron a su agresor.
Contenido patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Autoridades judiciales aplazaron en dos ocasiones la exhumación de ocho cadáveres de víctimas de la guerra sucia en la Sierra de Guerrero porque la Guardia Nacional pide garantías de seguridad y espacios para dormir durante los trabajos, denunciaron colectivos de familiares y víctimas de la guerra sucia.
El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, y la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres de una fosa clandestina en el ejido de Cuatro Arroyos, parte serrana del municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente de Guerrero.
En conferencia de prensa este mediodía, los colectivos denunciaron que dicha exhumación estuvo agendada, en un primer momento, para el 9 de mayo pasado. «Nosotros ya teníamos todo, ya estábamos listos, y de un día para otro nos dicen que se pospone para el día 19 de mayo porque la Guardia Nacional solicitó que haya un cuartel para que puedan dormir», dijo en una conferencia de prensa virtual Estela Arroyo Castro, integrante de la Asociación de Ejidos y Comunidades.
Después del 19 de mayo las autoridades ya no les proporcionaron a los colectivos otra fecha, sólo les informaron que podría reagendar después de la temporada de lluvias.
«Nosotros ya no queremos eso, del punto donde haremos la exhumación está a dos horas una base de operaciones mixtas en Puerto del Gallo, no entendemos por qué la negativa de la Guardia Nacional de acompañarnos y detener las investigaciones», mencionó Octaviano Gervasio Serrano, el asesor legal de las dos organizaciones.
A esta exhumación asistiría, además de los colectivos, los peritos de la FGR, de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Guardia Nacional; esta última fue la que detuvo ya en dos ocasiones la investigación.
«Entendemos que la Guardia Nacional está llena de militares y creemos que no quieren subir porque saben que se van a descubrir todos los atropellos que realizaron durante la guerra sucia y se están protegiendo», comentó Gervasio Serrano.
Fueron los mismos familiares que vieron como los militares asesinaron y enterraron en fosas clandestinas a estas ocho personas que hasta hoy están en calidad de desaparecidas, víctimas de la guerra sucia.
Ellos mismos, como testigos, aportaron datos a la investigación y fue entonces que las autoridades de investigación determinaron exhumar los cadáveres.
En esa fosa estarían, de acuerdo con la denuncia de sus mismos familiares, los cadáveres de José Isabel Gómez Bernardino, Gervasio Bernardino Durán, Francisco Rojas Nazario, Bartolo Rojas Nazario, Eduviges Zubillaga Ortiz, José Santos González Rojas y el menor de 14 años Pablo Rojas Terán.
Estas ocho personas serían asesinadas por elementos del Ejército entre 1971 y 1974 en distintos hechos, pero enterrados en fosas clandestinas.
«Lo queremos es justicia, que el presidente cumpla su palabra de que en su sexenio habría justicia y verdad, ya lleva cinco años, ya va acabar y nosotros no vemos nada de eso», mencionó Arroyo Castro.
En el marco del Día del Ejército Mexicano, colectivos de familiares y víctimas de la guerra sucia marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un acceso pleno a la justicia. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola)
Los argumentos de la Corte es que el Congreso de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, el diálogo y la deliberación de la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 701 que define los alcances de las policías comunitarias, y con eso limitó las funciones del sistema comunitario que está amparado por tratados internacionales
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez y Óscar Guerrero
8 de junio del 2023
Chilpancingo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Congreso local por el tema de la Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el Congreso local cumplió con todas las fases del proceso, pero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están en desacuerdo e impugnaron la decisión de los ministros.
El argumento principal de la CRAC-PC es que con la decisión de la SCJN su sistema comunitario les fue invalidado.
Los argumentos de la SCJN es que el Congreso de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, el diálogo y la deliberación. Para los ministros fue una consulta “libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
Integrantes de la CRAC-PC, en conferencia de prensa, dijeron que ellos defenderán su sistema y, de se ser necesario, impugnarán la resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
“Los pueblos indígenas y Afromexicano condenamos la resolución de la SCJN, ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros. Se limitaron a realizar un análisis de documentos fabricados por el Congreso del Estado en que se asientan diálogos, asambleas, deliberaciones y decisiones que no se realizaron de manera efectiva”, mencionó el abogado de Tlachinollan que da acompañamiento a la CRAC, Vidulfo Rosales Sierra.
Martín Rosales Sierra, de la casa de justicia de la CRAC en Espino Blanco, aseguró que los ministros de la SCJN no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso de Guerrero nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos.
“Tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta. Trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados pagados se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos, mucho menos se permitió la discusión y análisis”.
El asesor legal de la CRAC y ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García, también reprochó la decisión de los ministros. “Con la presente resolución la SCJN flexibiliza los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos que dan fe de eventos que nunca se realizaron en los pueblos y comunidades”.
Otros de lo aspectos que de acuerdo con la CRAC no fueron analizadas por la SCJN, fue la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales y la constitución política y el llamado principio de progresividad que obliga a las autoridades a abrogar derechos ya reconocidos, como es el caso de la Ley 701 del 2011, aprobada por la legislatura de ese tiempo.
“La SCJN se erige en el supremo poder neocolonial que pisotea a los pueblos indígenas y afromexicano desconociendo nuestros derechos, cual fiel capataz de las élites económicas y políticas da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”, mencionó Rosales Sierra.
Para las autoridades de la CRAC no son los gobiernos e instituciones “con modelos occidentales” quienes reconozcan sus derechos; dijeron que continuarán con su sistema de justicia comunitario en las 56 casas de justicia en la Montaña y Costa Chica en las que hay una sistema operado por la CRAC.
“Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia, coludida con el gobierno, penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”, dijo Martín Rosales Sierra.
La reforma
Todos estas impugnaciones y resoluciones tienen su origen en un reforma constitucional que se presentó en 2018 ante el pleno del Congreso local. Se trataba de la reforma a Ley 701, que reconoce el sistema de seguridad comunitaria.
En dicha reforma los diputados acotaron los alcances de las policías comunitarias para que no puedan retener y reeducar a las personas detenidas.
La reforma fue aprobada y una vez que se publicó en el Diario de Oficial de Guerrero, la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 81/2018, porque para crear dicha reforma no fueron consultados los pueblos originarios.
Entonces, la CRAC propuso al Congreso de Guerrero que convocara a un diálogo para definir una reforma sobre las funciones de las policías comunitarias en la que participen los pueblos indígenas y afromexicanos.
Después de un largo proceso en la SCJN, el 14 de julio de 2022, la Corte solicitó al Congreso de Guerrero información sobre cómo realizó la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 701 que define los alcances de las policías comunitarias.
Fue hasta el 26 de agosto de 2022 que la SCJN, a través de un acuerdo emitido por el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, determinó que los diputados de Guerrero no brindaron información exhaustiva de los alcances e implicaciones de la ley reformada para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Pero el 5 de junio pasado, la SCJN emitió otra resolución en la que determinó que el Congreso sí realizó una consulta y garantizó las partes de todo el proceso.
Con esta determinación las policías comunitarias adheridas a la CRAC, por ley local, ya no podrían detener ni reeducar a las personas que detengan, pero insistieron hoy que su justicia comunitaria está amparada en tratados internacionales.
Integrantes de la CRAC protestan fuera del Congreso local contra la reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos el 22 de marzo del 2022. Fotografía: Amílcar Juárez.
Custodiada por montañas en una hondonada se divisa un caserío.
Es la comunidad del Charco, alzada a 841 metros de altitud del mar con una población de 146 habitantes en condiciones de pobreza extrema.
La madrugada del siete de junio de 1997, el 27 batallón de GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) hoy Fuerzas Especiales del Ejército mexicano cometió ejecuciones extrajudiciales, tortura y graves violaciones a los derechos Humanos.
Este 2023 la masacre del Charco cumple 25 años, y el caso que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sigue impune, sin fincar responsabilidad a ningún mando militar ni civil.
Ayer siete de junio habitantes de El Charco y de comunidades cercanas se dieron cita en la cancha donde hace más de dos décadas el Ejército masacró a 10 indígenas y a un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La versión del gobierno es de que habría sido un enfrentamiento entre el Ejército y miembros del grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que fue una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con una homilía oficiada por el Obispo de Saltillo Monseñor Raúl Vera el acto conmemorativo dio inicio, frente a la que en 1997 fue la escuela Caritino Maldonado Pérez, los vestigios de impactos de bala y granadas de fragmentación son la escenografía tras la silueta del clérigo que siempre ha dado acompañamiento a las luchas sociales de los campesinos e indígenas del país.
Raúl Vera, en su eucaristía pide por las almas de los diez indígenas asesinados extrajudicialmente en una campaña de contrainsurgencia en Guerrero y por el estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala.
“Pensamos en Ricardo Zavala y en las diez personas de la comunidad naa savi, asesinados por el ejército, también pensamos en nuestro hermano Efrén Cortés y nuestra hermana Ericka Zamora que estuvieron presos y fueron torturados”.
Pidió por todas las familias que terminaron dañadas por la represión.
Con voz fuerte declaró: “el Ejercito es el culpable del crimen de lesa Humanidad, cometido contra esta población “esos asesinos”, que se escuche bien esos asesinos siguen impunes, esos son asesinos desde hace veinticinco años no se les puede llamar de otro modo”.
Dijo que “el actual jefe de las fuerzas armadas en el país no tiene porque seguir manteniendo en impunidad los asesinatos que se cometieron en El Charco y que de mantenerlo como hasta ahora Andrés Manuel López Obrador es cómplice por omisión”.
El Obispo Vera llamo a no olvidar, a buscar justicia y a permanecer unidos ante estrategias del estado por dividir a treves de recursos económicos por resarcimiento de daños; “todos somos iguales, todos somos hermanos, tienen una labor muy importante y es fortalecer el nuevo municipio autónomo Nu Savi”.
Las condiciones por las que luchaban hace 25 años están teniendo frutos a través de la colectividad, porque lo mismo que se buscaba en ese tiempo se busca hoy, vivir bien, vivir con dignidad, afirmó Raúl Vera.
Al finalizar la eucaristía, la ofrenda de velas y flores colocada en la cancha de baquetboll se trasladó a la cruz de los caídos, dentro de un aula desvencijada por el tiempo donde el sobreviviente y defensor de Derechos Humanos Efrén Cortés, agradeció la presencia de la gente y particularmente del Obispo Raúl Vera.
El obispo y activista Raúl Vera exige a AMLO que se investigue al Ejército por la masacre de El Charco. Fotografía: Amïlcar Juárez
«Sin este hombre de sotana (Raúl Vera) no hubiéramos podido llevar nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia; no buscamos venganza, no existe odio, solo queremos justicia, clamó Efrén Cortés quien es sobreviviente de la masacre.
Cortés Chávez dijo que el caso de El Charco se ha demostrado ante la CIDH la participación de altos mandos militares como el General Retirado Juan Alfredo Garnica Oropeza y Luis Humberto Portillo Leal, en una masacre contra población civil desarmada en un contexto de contrainsurgencia.
Fotografía: Oficial – Congreso del estado de Guerrero
6 de junio del 2023
Chilpancingo
Está tarde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local realizó una mesa de trabajo con instituciones de seguridad y organizaciones no gubernamentales para continuar los trabajos de la Ley de Desaparición de Personas.
La propuesta de integrantes de colectivos es que lleve el nombre de Ley de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada del Estado de Guerrero.
A través de la mesa de trabajo interinstitucional denominada Proceso de identificación humana, representantes de instituciones públicas y colectivos de familiares de personas desaparecidas pusieron sobre la mesa la creación del Centro Regional de Identificación Humana y personal capacitado para las búsquedas de personas.
Los temas abordados fueron el proceso de identificación humana, los retos y obstáculos que enfrentan los colectivos de familiares y el trabajo de coordinación con las autoridades federales y estatales.
En la reunión estuvo el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos y el asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz.
“Nuestro trabajo es coordinar, hacer algunas propuestas respecto a los tratados internacionales y dar fe de los trabajos, pero serán los legisladores los que determinen aprobarla”, dijo García Campos.
También asistieron representantes de la subsecretaría de Gobierno para Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos del gobierno estatal, de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Servicio Médico Forense (Semefo), de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEAV) y Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
“Nosotros propusimos y las instituciones expusieron también sus puntos de lo que les compete, al final serán los diputados y la comisión los que dictaminen, pero nosotros tenemos muy claro lo que necesitamos”, dijeron.
Al término de la mesa de trabajo los colectivos se reunieron con las diputadas Leticia Castro Ortiz, Nora Yanek Velázquez Martínez y los diputados Osbaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel, todos de Morena, para exigir que agilicen los trabajos que permitan aprobar la Ley
Los legisladoras indicaron que ya hay trabajos de cabildeo entre los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada la Ley, una vez que la dictamine la Comisión de Derechos Humanos.
Expusieron su compromiso de solicitarle a la Comisión de Derechos Humanos acelerar los trabajos de dictaminación, para que la iniciativa sea llevada y votada por el pleno.
Este texto es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
El pasado 23 y 24 de mayo, la familia de Pamela Gallardo realizó una jornada de búsqueda en la zona del Ajusco. Esta crónica narra los pasos de quienes se adentraron en las entrañas del bosque para buscar a sus desaparecidos.
Texto y fotos de Mariana Maytorena y Santiago Reyes / ZonaDocs
Cartografía de Alejandro Gaona Dehesa
6 de junio del 2023
María del Carmen camina con dificultad por el bosque de pinos que recubre el cerro del Ajusco, al Sur de la Ciudad de México. Trae puesto un delantal blanco con una imagen del rostro de su hija sobre el que se lee: “¿En dónde está Pamela?”
Guadalupe Pamela Gallardo Volante es la única mujer de los tres hijos de María. Es la consentida de su padre Esteban y de sus hermanos mayores Esteban y José.
-Mis hijos siguen buscando a Pame porque dicen que le deben esa deuda. Al verme que yo sufro pues ellos hacen esa búsqueda. –comenta María -Pero los hermanos se cansan, y tienen ese derecho, pero la madre jamás, porque Pame merece vivir en esta tierra.
María recuerda lo mucho que a Pamela le gusta bailar y cantar. Una sonrisa se vislumbra en su rostro cuando menciona que estaba rodeada de amor.
“Esa era Pame, así como ven a esta mamá defectuosa que me enojo, brinco y salto, pero que siempre me ha gustado la justicia, Pamela también buscaba la justicia y la verdad”.
María del Carmen tiene cinco años y ocho meses buscando a su hija Pamela Gallardo Volante. (Foro: Santiago Reyes).
Así es la mamá de Pamela, en un minuto puede estar llorando y a los dos estar bromeando. De esa forma ha aprendido a sobrellevar los cinco años y ocho meses de búsqueda de su hija.
“¿Tengo carácter recio? Sí. No es fácil vivir con una hija en 6 años de desaparición, ¿y me quieren buena y fuerte? Eso no se puede”, relata ella.
Pamela fue vista por última vez cuando tenía 23 años. Desapareció el 5 de noviembre del 2017 cerca del km 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la Ciudad de México, cuando salía del festival de música electrónica Soul Tech. Aquel domingo, su familia la esperaba en casa por la tarde, sin embargo, ella no regresó.
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Es el primer día de búsqueda; martes 23 de mayo, Ciudad de México. Son las 7:00 de la mañana cuando las familias buscadoras que esperaban a un costado de la estación del metro Viveros, parten rumbo al Ajusco.
A pesar del terreno agreste, no disminuyó el esfuerzo de los y las voluntarias. (Foto: Mariana Maytorena).
En la parte de atrás van sentadas las personas solidarias, así les dicen a quienes a pesar de no tener un familiar desaparecido, se suman a las labores de búsqueda. Hasta adelante van las y los familiares buscadores; madres, padres, hijos, hermanos, tías y primas. La mayoría trae zapatos de cerro y algunos llevan camisa blanca con la fotografía y el nombre de la persona que buscan. Muchos ya se conocen, han caminado juntos por bosques, calles y barrancos con la misión de encontrar a sus desaparecidos. Hoy, reciben a una nueva compañera.
Inés Enriqueta lleva ropa y calzado de vestir. Es su primera búsqueda en colectivo. Ella busca desde hace cinco años a su hijo Francisco Sandoval Lázaro, desaparecido el 26 de abril del 2018 cuando salía de la colonia Paraje 38 en el Ajusco medio, a menos de 10 km de la zona donde Pamela fue vista por última vez.
“He buscado por mis propios medios. Inclusive llegué a subir al cerro con mis hijos a buscar, pero siempre por medio de nosotros nada más”.
“Después de esta búsqueda me siento más fuerte, con mucho más valor de seguir adelante” – Inés busca a su hijo Francisco Sandoval. (Foto:Santiago Reyes).
Inés platica de su hijo, sobre qué le gusta y qué los une.
“Yo siempre hago unas empanaditas que a él le encantaban, y él siempre me decía “¿mamá cuándo vas a hacer tus empanaditas?” -recuerda. –Un día antes de que desapareciera me dijo “mira mamá, mañana vamos al mercado para que compremos las cosas y hagamos las empanaditas que tanto me gustan”.
“LAS AUTORIDADES NOS QUEDAN A DEBER MUCHÍSIMO”
El fresco de las nueve de la mañana termina de despertar a quienes siguen con sueño. Los medios de comunicación sacan sus cámaras esperando poder entrevistar a María, pero ella corre de un lado a otro con una bolsa llena de paletas, revisando que a nadie le falte una. -No vaya a ser que se les baje el azúcar -dice bromeando.
Ashanti, una de las primas de Pamela, organiza a la gente en tres células de búsqueda que “peinarán” el terreno de interés. Ya todos están reunidos esperando las indicaciones para comenzar: familiares, solidarios, elementos y peritos de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP), integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y el Grupo Policial Zorros.
Todos, excepto la Guardia Nacional que se encargaría de la seguridad perimetral, los dos perros rastreadores que ayudarían a olfatear, y el Cuerpo de Bomberos. “Esto es grave, esto es muy grave para nosotros”,declara ante la prensa María. El director de la Comisión de Búsqueda, Enrique Camargo, se había comprometido a tener todo listo.
La familia de Pamela tardó casi ocho meses en organizar esta jornada. Para ellas, esta zona es fundamental porque está a pocos kilómetros de donde Pamela desapareció. Pero como si se tratara de un juego de adivinanza, las autoridades no habían accedido a realizar búsqueda en esta zona:
“Tardamos siete meses en estar diciendo “ahí no”, “más cerca”, “más abajo”, porque la Fiscalía y la Comisión nos querían llevar siempre a otros lados y nunca a este”, comenta María del Carmen.
Cuarenta minutos después, ya todos están ubicados en el polígono de búsqueda con su herramienta; palas, barretas, varillas, picos y machetes. María está agobiada, pues cada minuto sin buscar es un minuto perdido para encontrar a Pamela, y por si fuera poco, el gris de las nubes amenaza con llover en unas horas.
La búsqueda empieza y los problemas siguen brotando. El terreno agreste, lleno de maleza, árboles caídos y profundos desniveles, dificulta que las personas puedan caminar en línea recta. Al cavar, no pasa de medio metro cuando las palas golpean con un suelo sólido y rocoso; el pasado volcánico del Ajusco se hace presente.
Se ubican los primeros restos óseos. -Este es una falange de perro- dice la perito de la FIEIDEPFP. -Este otro es un metacarpo, también de perro.- Salen otros más, algunos de ave, otros de roedor, e incluso el cráneo de una vaca, pero ninguno es “positivo”; así le dicen a las osamentas encontradas que son humanas.
Varios pasos después hallan las primeras prendas. Una chamarra rosa con negro, un tenis blanco con belcro, un pantalón de mezclilla azul con cierre dorado, dos mochilas grises llenas de tierra, una sudadera blanca con un cabello pegado a la tela, una camisa verde rasgada. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda recogen los indicios, solo les toman foto: “Yo encontré un casquillo de bala y ni le hicieron caso”,menciona una de las buscadoras solidarias.
La razón por la que nadie levanta la ropa es porque, al ser una búsqueda registrada oficialmente a nombre de Pamela, la Fiscalía se niega a recolectar evidencias que no concuerden con su caso.
“Esa ha sido nuestra lucha con la autoridad, repetirles que “aunque no sea de Pamela, tú lo levantas” –explica María. –No han entendido que tienen que tener sensibilidad con las madres que buscamos. No quiero que nos entiendan, que quede claro, la palabra es sensibilidad”.
Conforme las células avanzan, el terreno se vuelve más complejo. Montículos de piedra, de basura y de cascajo de construcción, se extienden a lo largo de todo el polígono. Si unos metros atrás el suelo volcánico era el problema, ahora lo es también la enorme cantidad de escombros entre los que hay que escarbar para encontrar un minúsculo hueso.
Sin embargo, la familia de Pamela no pierde la esperanza:
“Nuestra hipótesis es que el cuerpo de Pame, o de cualquiera de las personas que buscamos, podría estar debajo de alguno de esos montículos”, indica la prima de Pamela: Es seguir buscando una aguja en un pajar.
Pasado el mediodía, las primeras gotas de lluvia empiezan a caer. Todos se ponen su impermeable y se preparan para regresar al punto de encuentro. De improviso, una de las personas encuentra lo que pareciera ser una osamenta cubierta de tierra. Llaman a los peritos pero tardan en llegar. Un par de metros más adelante, alguien desentierra una prenda negra y los peritos siguen sin llegar.
Se escucha a lo lejos un caballo acercarse, es uno de los ejidatarios –¿Qué están haciendo aquí? –pregunta.
-Estamos buscando restos de personas -le responde alguien.
“Uy aquí no van a encontrarlos, ya los tengo bien enterrados, bien escondidos”, dice riendo.
Después, en un tono más serio, procede a despedirse -No aquí no van a encontrar nada de eso, en estos lugares no pasan esas cosas -sostiene.
Para entonces, los peritos ya están en el sitio. –No es un hueso, solo es un pedazo de ostión- se escucha decir a una de ellas. A la 1:00 de la tarde, la primera jornada de búsqueda concluye.
EN EL AJUSCO, EL CRIMEN ORGANIZADO ES UN SECRETO A VOCES
Es el segundo día de la jornada, 24 de mayo. Ha pasado media hora desde que el camión partió, y apenas pasa por los primeros kilómetros de la carretera Picacho-Ajusco, que recorre cuesta arriba los barrios y colonias del área.
En uno de los asientos va Lorena, una buscadora solidaria que pidió ser nombrada así por cuestiones de seguridad. Ella ha vivido siempre en el Ajusco, pero desde el comienzo de la pandemia no había podido subir a la zona alta del cerro.
Va pegada a la ventana. Mira aterrada los negocios y casas que sobresalen de entre los árboles:
“Todos estos negocios son nuevos, hace cuatro años esto era parte de la reserva ecológica. Se están comiendo más el bosque”.
Lo anterior lo narra Lorena con preocupación:
“Antes había una caseta y hasta ahí llegaba la zona urbana. No era una caseta de cobro, sino una caseta de revisión de autos, que no fueran a subir a talar árboles y que no subieran cuerpos, porque ya sabemos que este es un lugar donde hay mucha muerte”, dice Lorena durante el trayecto.
Se refiere a las más de 3 mil hectáreas de áreas verdes que, de acuerdo a la organización Greenpeace México, han sido perdidas a manos de los talamontes ilegales desde 2007. Alude también a los cuerpos que año con año son encontrados tirados en los terrenos ejidales de la zona montañosa del Ajusco.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en la alcaldía de Tlalpan, donde está ubicado el Ajusco, hay al menos 248 personas desaparecidas y no localizadas. De las cuales, 103 personas están registradas sin una colonia específica de desaparición.
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Hoy todos llegan más temprano, inclusive la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberos. A las 9:00 de la mañana la gente ya está haciendo hoyos en el nuevo polígono. Las células avanzan, incluyendo a los elementos armados de la fiscalía, quienes más que cavar, solo miran.
Pasadas las once, a Ashanti le llama la atención una zanja de tres metros de diámetro situada muy cerca de la carretera que rodea uno de los ejidos. Al inspeccionar el terreno, se da cuenta de que la tierra está suelta, parece haber sido removida antes. Llama a José, uno de los hermanos de Pamela, para que él también revise el área. José se apoya en la varilla y la hunde en el suelo con aparente facilidad, después la retira y se acerca la punta a la nariz para olerla. Está buscando el olor fétido que indicaría la presencia de materia en descomposición bajo tierra. A pesar de que esta técnica ha sido útil en muchas ocasiones, esta vez no arroja señales de un posible enterramiento.
Este método, que ahora han adoptado también las autoridades, fue ideado por el buscador Mario Vergara, quien falleció apenas el pasado 19 de mayo. Sus últimos once años de vida los dedicó a la búsqueda de su hermano, Tomás Vergara Hernandez, quien fue secuestrado en julio de 2012 en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, mientras trabajaba como taxista.
Ya en el último polígono, las tres células de búsqueda se vuelven una sola. Esta área, a diferencia de las anteriores, no es tan brusca, aunque no está exenta de irregularidades rocosas. En un desnivel del terreno, dos hombres excavan el suelo frenéticamente hasta que la tierra oscura de la superficie da paso a una más clara, entonces, se detienen. Ahí no hay nada, esa tierra clara es señal de que nunca ha sido removida antes, si lo hubiera sido, estaría mezclada con la anterior. Pero no es el caso. El pequeño círculo que se había reunido con la esperanza de alguna evidencia humana regresa cabizbaja a sus respectivas líneas de trabajo.
Las buscadoras caminan los últimos metros de la zona con la esperanza de no regresar a casa de la misma manera en la que salieron esta mañana, con un familiar desaparecido. Un hombre de barba canosa decide adentrarse en el bosque para seguir buscando más adelante del límite establecido. -¡Don Jesús, no se vaya más para allá!- le gritan los de la Comisión de Búsqueda a Jesús Reyes, quien busca a su hijo Jesús Armando Reyes Escobar, desaparecido el 29 de noviembre de 2019 en la colonia Lindavista junto a sus compañeros de trabajo Leonel Baez Martínez y Ángel Gerardo Ramírez Chaufón. La incertidumbre de pensar que alguien pudiera estar enterrado a unos cuantos metros de donde estás cavando, dificulta la tarea de dar por descartada una zona de búsqueda.
El segundo día de búsqueda termina. A pesar de que fue más exhaustivo, tampoco hubo resultados positivos. No se logró el objetivo: encontrar a Pamela.
Todos están atentos a las palabras de las y los familiares buscadores. Se habla del dolor y la indignación, pero también de los logros.
“Esta comisión de desaparecidos la hicimos todos”, dice fuerte mamá de Pamela, y continúa: “La Comisión de búsqueda no la teníamos en la Ciudad de México, y tristemente, cuando Pame desaparece, al siguiente año tenemos que luchar por tener una comisión respectiva para que busquen a nuestras hijas e hijos”.
Las madres y padres gritan consignas con los nombres de cada hijo o hija desaparecida, -¡Pame, escucha, tu madre está en la lucha!
De repente, otra persona grita –¡Mariela, escucha, tu madre está en la lucha!-. Las caras cambian, como si de repente todos los presentes hubieran recordado de golpe que Herminia Valverde, la madre de Mariela, acababa de fallecer apenas tres días antes.
María del Carmen rompe el silencio y termina la consigna –¡Vuela alto, muy alto!- refiriéndose a su compañera buscadora. La hija de Herminia, Mariela Vanessa Díaz Valverde, desapareció el 27 de abril de 2018 cuando salía de su casa en la alcaldía Iztapalapa.
Oficialmente, Herminia murió de cáncer, pero para María ella murió por la impunidad de las autoridades.
“Si te fijas las autoridades le tiran más a que nos cansemos, nos enfermemos y que nos muramos, que a encontrarlas. O nos mata la delincuencia organizada, o nos siguen revictimizando las autoridades”, narra con coraje.
“Entonces no, no, no se los vamos a permitir. ¿Tú crees que yo voy a dejar de buscar a Pamela? Aunque sea en sillas ruedas he de venir aquí porque tengo que seguirla buscando. Porque ella merece regresar a esta familia”, añade.
María insiste en que, aunque esta búsqueda lleva el nombre de su hija, es para todos los desaparecidos en la zona.
-Yo les dije bien claro (a las autoridades) que si había familias de la comunidad o de otra comunidad, que las invitaran, porque al final se suman –detalla. Para ella es importante que, a pesar de no tener un resultado positivo, los siete meses de planeación de esta búsqueda se hayan aprovechado al máximo por su familia y por las de los demás desaparecidos.
-Yo salgo de esta búsqueda dolida y estresada- admite. –Para la gente es fácil decir “qué bueno que no hubo positivo”, pero para mí ¿qué es? una desilusión más.
A pesar de siempre mostrarse fuerte y energética, hay momentos en que el dolor se hace presente. –Yo la quiero, ya no la pido en vida, ya la pido como Dios me la quiera dar, como el universo me la quiera permitir. -afirma.
El dolor de la madre de Pamela también se acompaña de resiliencia.
“Pero vamos a darle, no nos vamos a cansar. Hoy hice otra comunidad, y esta comunidad es solidaria, y vamos a seguir caminando, ¿verdad que sí?”, concluye sonriendo.
Karla y Magda detenidas en la Okupa Cuba denuncian hostigamiento institucional: CNDH busca regresarlas a prisión por daños a un inmueble que no tomaron.
Texto y fotos: Isabel Briseño / Pie de Página
2 de mayo del 2023
Ciudad de México
Lo primero que hay que tener claro en esta historia es que no; Karla Tello y Magda Soberanes no tomaron el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“El inmueble ubicado en la calle República de Cuba número 60, en la Ciudad de México, fue tomado el 7 de septiembre de 2020 por madres hartas; madres de víctimas hartas de las omisiones, de la falta de respuestas, de la negligencia por quienes supuestamente defienden los derechos humanos”, dice Karla Tello.
Después de haber estado privadas de su libertad durante casi un año. Las activistas y sus abogados denuncian que el organismo encargado de defender los derechos humanos de las personas busca abrir otro proceso penal en su contra por presunto daño a un inmueble histórico.
Después de dos semanas en la casa okupa y diez meses en prisión, sigue viva la historia de dos activistas que lo único que buscaban era refugio.
El refugio que las llevó a la prisión
Cómo muchas mujeres que escapan de sus agresores y no tienen un lugar donde resguardarse, Karla y Magda, llegaron a la Okupa Cuba Casa de Refugio, debido a las diversas violencias que vivieron.
Era 15 de abril de 2022 Karla regresaba de vender playeras en la Glorieta de Insurgentes, Magda dormía en uno de los cuartos de la Okupa Cuba, había llegado del hospital privado en el que trabajaba.
Alrededor de las ocho de la noche, Karla Tello tocó a la puerta de su compañera Magda Soberanes con la noticia de que había un operativo policial afuera del edificio.
Sin orden de cateo ni orden de aprehensión, fueron arrestadas de manera violenta sin darles ninguna explicación.
Karla no puede describir lo que sintió en el momento de la detención. “Lo único que quería era protegernos. Sentí mucho miedo, incertidumbre, ¿que hicimos para que nos saquen de esta forma?”, se cuestionó la joven.
Luego de haber sido golpeadas dentro de las instalaciones de la Okupa, fueron llevadas a la alcaldía Benito Juárez.
Magda llegó el 29 de marzo de 2022 a la Okupa porque su ex pareja intentó asesinarla con un cuchillo. La joven quedó en shock al ver más de 200 elementos golpeando la puerta y amenazándolas, “ya las chingamos”, les gritaron desde afuera.
Soberanes tuvo miedo a lo peor y pensó de inmediato en pedir a sus familiares la ayuda de un abogado. “En ningún caso de feminicidio, desaparición, secuestro, nunca van tantos elementos a detener a un feminicida”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es uno de los órganos responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado.
La tortura en Santa Martha
Las activistas coinciden en que lo peor que vivieron en el penal de Santa Martha, fue el recibimiento. El traslado fue inhumano, señala Magda, desde que fueron llevadas de la alcaldía Benito Juárez a Santa Marta en un vehículo para criminales de alta peligrosidad.
Al llegar al centro de reinserción, Karla y Magda relatan que fueron obligadas a permanecer por más de una hora en posiciones de tortura. Karla nunca fue atendida por la lesión en la espalda ocasionada por los golpes que recibió durante el desalojo.
Durante la primera semana en prisión no tuvieron alimentos ni agua, dormían con una cobija sin colchoneta y desde que ingresaron aquel 17 abril tuvieron la primera visita de su familia hasta una semana después.
El castigo fue el aislamiento. Dos meses estuvieron en completo aislamiento, sin poder hablar ni ver a nadie. Seis meses de los casi diez que permanecieron privadas de su libertad, no pudieron hablar ni convivir con las demás presas, estuvieron en aislamiento juntas.
“La indicación de tratarnos mal fue dada desde arriba, gente externa a las propias autoridades del reclusorio, dio la consigna de negarles todo” según lo que una de las custodias les dijo a las activistas.
Libres sin paz
El pasado 24 de febrero, las jóvenes salieron del penal de Santha Martha Acatitla. estuvieron privadas de la libertad durante 315 días por robo y daño a la propiedad.
Acusadas por una particular que fue agredida dentro de su automóvil afuera del inmueble de la CNDH, su defensa logró que llevaran el proceso en libertad condicional.
“Ahora que estamos libres, no les gusta que sigamos alzando la voz nombrando esta serie de injusticias y violaciones que hubieron en todo nuestro proceso”.
Karla y Magda enfrentan un nuevo proceso penal por el que podrían regresar a prisión. La CNDH intenta acusar a las activistas por despojo y daños a monumentos históricos, pide como indemnización la cifra de 700 mil pesos.
Después de cinco audiencias, no se les ha imputado ningún cargo, pero las jóvenes aseguran que la CNDH está buscando cualquier cosa para regresarlas a prisión.
A través de un comunicado conjunto, las activistas sostienen: “Aunque nosotras no participamos en la toma de las instalaciones, fue completamente legítima. La indolencia e ineficacia de la CNDH ante las violaciones de los derechos humanos que todo familiar de una víctima de feminicidio debe enfrentar en su búsqueda por la justicia es motivo suficiente”. Por ello, defienden el acto político.
El día que recuperaron su libertad declararon que son mujeres rebeldes que no se dejaron doblegar ante nadie y que las violaciones e injusticias durante su proceso habían fortalecido sus ideales. Pero desde que salieron no han tenido un día de descanso y menos con este nuevo proceso.
Las activistas esperan que ya las dejen continuar con su vida. También piden un proceso justo como para cualquier otro ciudadano y que las absuelvan porque recalcan:
“No hicimos nada por lo que nos quieren imputar pero hay órdenes de más arriba de no dejarnos en paz”.
“Es increíble que la CNDH, esté deseando encarcelar a defensoras de derechos humanos, porque no estoy alineada al sistema, porque yo sí hago la chamba que no hacen ellos, esa es la diferencia entre unos defensores y otros”, Magda.
A la sociedad
“Para todo el movimiento feminista en Mexico y hasta internacional, la toma de la Okupa Cuba tuvo un impacto fuerte, las madres de víctimas le quitaron el edificio a una institucion que no da resultados”.
Existe un hartazgo por tanto feminicidio, la toma se hizo porque hay un Estado. El Estado en lugar proteger y defender, te deja al olvido, ante esta omisión e indolencia habemos mujeres que salimos a las calles a gritarle al gobierno que no estamos de acuerdo y que están haciendo mal las cosas. Las mujeres sobrevivimos a una sociedad muy violenta, y nosotras lo único que queremos es que pare esa violencia que nos mata.
Luchamos y si no es la forma en que las demás y los demás consideran correcta, nosotras les preguntamos ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo se han ganado las batallas? ¿Cómo hemos arrebatado y peleado por cada uno de nuestros derechos? Nunca hemos ganado nada pidiendo por favor las cosas.
Es increíble que piensen que es más grave dañar un edificio que quitarle o dañar la vida de una mujer.
La CNDH pide la cantidad de 700 mil pesos como reparación del daño a las activistas Karla Tello y Magda Soberanes. Foto: Isabel Briseño
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace
Durante el conversatorio Valentía para tu voz realizado esta mañana en el Congreso local, ponentes de las poblaciones LGBTI+ coincidieron que aún enfrentan malos tratos y discriminación en las instituciones de gobierno por su orientación sexual.
Esta es la primera de una serie de actividades que realizará el Congreso local para celebrar el Mes del Orgullo, una iniciativa de las poblaciones LGBTI+ para hacer visible el adeudo que existe en el reconocimiento de sus derechos.
Durante el conversatorio, Jorge Medina Rangel, diseñador y empresario de Acapulco, contó que es en las oficinas de gobierno donde más enfrentan discriminación y malos tratos.
“Nos ponen caras o nos dicen esto no se puede para ustedes, como si no fuéramos humanos, como si fuéramos extraterrestres o algo así”, contó.
Lucero Castro Martínez, quien es productora teatral, coincidió con Medina Rangel al decir que son los espacios de gobierno donde enfrentan mayor discriminación.
“Parece que esos son los espacios más violentos, nosotros sí desde aquí pedimos a los legisladores que atiendan el caso y de alguna manera existan sanciones o métodos para evitar ese tipo de situaciones”, mencionó Castro Martínez.
Las diputadas presentes en el conversatorio fueron las perredistas Jennifer Ponce Mendoza y Patricia Doroteo Calderon, quienes se comprometieron a apoyar la petición
También estuvo presente Elva Viviana Olazo Delgado, quien es la titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Taxco, y denunció que en su municipio, ubicado en la zona Norte de Guerrero, aún es un tabú hablar sobre diversidad sexual.
“Aunque existe una Dirección de la Diversidad Sexual parece que sólo está porque tiene que existir, pero no para ayudar, porque realmente Taxco es un pueblo muy conservador que no acepta otro tipo de ideas”, dijo Olazo Delgado.
Con este conversatorio se inauguró el Bazar a todo color, un espacio de venta para emprendedores de las poblaciones LGBTI+, organizado por el Congreso local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
El bazar permanecerá en el área de la velaría de recinto legislativo hasta el próximo viernes; estará abierto para todo público.
El conversatorio Valentía para tu voz se realizó en el Congreso de Guerrero la mañana de este 31 de mayo del 2023. Foto: Óscar Guerrero.
Texto: Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
Fotografía: IstmoPress
30 Mayo del 2023
Oaxaca
El pasado 27 de Mayo, se cumplieron 19 meses de la desaparición de la guardabosques Ñuu Savi (mixteca), Irma Galindo Barrios, quienes la conocieron, mujeres artesanas la recuerdan bordando prendas que gracias a ella lograron recuperar cómo identidad, es una forma dicen de exigir su urgente localización.
“Tejemos para no olvidarnos, recordar y exigir la aparición de Irma Galindo” recalca un grupo de 10 mujeres mixtecas que viven desplazadas de su comunidad y refugiadas en el albergue de Tlaxico, Oaxaca desde el 2021, fecha en que también la ambientalista fue vista por ultima vez y desapareció sin dejar mayor rastro.
La ambientalista Ñuu Savi de Atatlahuca en la Mixteca Alta de Oaxaca, desapareció el 27 de octubre del 2021 en la Ciudad de México, aun cuando tenía protección del Mecanismo Federal para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Irma Galindo Barrios, de 39 años de edad, desapareció en la Ciudad de México, en un contexto de conflicto comunitario en las localidades del Municipio de San Esteban Atatlahuca, en el estado de Oaxaca, lugar en donde vivía y realizaba su labor de defensa de los bosques, que ha dejado como saldo más de 100 casas quemadas, 300 personas e infantes desplazados sin que tengan fecha de retorno.
Con sus hilos de algodón de varios colores, agujas delgadas , manta y sus bastidores de madera tipo aro, las mujeres tejen las blusas tradicionales de Atatlahuca Oaxaca , un municipio ubicado en la zona norte de la mixteca oaxaqueña.
Tejer para no olvidar y recordar dice Cielo, amiga de Irma, quién asegura que fue gracias a Irma que retomaron estos textiles para nombrar a su pueblo, su cultura y su propia identidad.
El arte textil de la comunidad de Atatlahuca es distinguido por grecas de colores vivos, como el rojo, verde y el fuschia tejidas sobre tela de manta color natural.
“Estamos desplazadas por la defensa del bosque, lo mismo que Irma también luchaba, y por el cual a ella la desaparecieron y a nosotras nos desplazaron, sin que hasta el momento existan garantías para regresar, dejamos todo, desde casas hasta nuestras parcelas y toda una vida”, dijeron.
El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, de donde es oriunda Irma Galindo está dividido por 9 agencias municipales, de las cuales Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se han opuesto a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque, que, aseguran, ejerce el presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios, y el comisariado ejidal Eulogio Alvarado. La comunidad denuncia que esta última persona es la causante de la violencia que ahora viven.
“No sabemos donde encontrarla, Irma era una defensora comunitaria que siempre estuvo en peligro por la zona y lo que denunciaba”, reconoce Maurilio Santiago, activista y representante del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos Indígenas (CEDHAPI, AC).
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del 2015 al 25 de mayo del 2022, tiene 271 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas defensoras en Oaxaca.
La Defensoría destacó que las violaciones más frecuentes son las detenciones arbitrarías, amenazas y hostigamiento y dilaciones en el proceso de acceso a justicia.
Respecto a las indagatorias relacionadas con personas defensoras de derechos humanos asesinadas se tiene un registro de 14 asesinatos del 2019 a mayo del 2022 y dos desapariciones, la ambientalista Irma Galindo y de la activista, Claudia Uruchurtu
Este texto es propiedad de IstmoPress y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
