Asesinan a líder transportista en Acapulco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia (Archivo)

Chilpancingo

 

Un individuo armado asesinó a balazos al presidente de la Confederación Regional de Transportistas del Estado de Guerrero (CRTEG), Raúl Portillo Andraca, cuando estaba en sus oficinas en la colonia Unidos por Guerrero en Acapulco, la tarde de este miércoles.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 04:20 de la tarde, un hombre irrumpió en las oficinas del líder transportista, ubicadas entre la avenida El Quemado y la calle Aristóteles.

En ese momento ahí estaba Portillo Andraca y el delincuente le disparó varias veces. Momentos después el líder transportista murió.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Ejército y La Marina llegaron al lugar.

El cadáver del líder transportista fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Portillo Andraca participó en diversas campañas y con distintos candidatos de partidos políticos.

Para las elecciones a la gubernatura en el 2015, participó en la campaña de la candidata a gobernadora de la coalición PRD-PT, Beatriz Mojica Morga.

En el 2021, Portillo Andraca apoyó al priísta Ricardo Taja Ramírez, quien iba como candidato a la alcaldía de Acapulco.

En la imagen, cintas de seguridad rodean el cadáver de una persona en la colonia Progreso, a una cuadra del cuartel de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Fiscalía Regional del puerto de Acapulco, el pasado 18 de noviembre. Foto: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia.

 

Fallida estrategia de prevención de matrimonios forzados y prematuros

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Isabel Velázquez 

16 de noviembre del 2022

Chilpancingo 

 

La venta de niñas y los matrimonios forzados continúan en la Montaña de Guerrero, pese a los esfuerzos institucionales y de organismos internacionales por erradicarlos, denunció Elvira García Rodríguez, representante del Colectivo Contra el Abandono y la Discriminación de la Montaña Alta.

La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero, Reyna Mejía Morales, aceptó también que los matrimonios forzados y prematuros en el estado persisten, al mismo tiempo se quejó de que el presupuesto para atender a los pueblos originarios, donde más ocurren estas prácticas, es insuficiente.

En entrevista telefónica, García Rodríguez mencionó que la estrategia presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre del 2021 no abarca todas las comunidades donde «el problema es profundo».

«Para ellas el problema se resuelve con talleres que ya vimos no funcionan, porque estos no se imparten a todas las comunidades», mencionó.

La activista explicó que la mayor parte de la venta de niñas y matrimonios forzados que hay en Guerrero se dan en las comunidades más alejadas de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, lugares donde no llegan los talleres que imparten las autoridades.

Además mencionó que esos talleres sólo los imparten en las cabeceras municipales y muchas veces son dirigidos a funcionarios.

García Rodríguez dijo que a través del Colectivo Contra el Abandono y la Discriminación realiza sus propios talleres donde hablan con la población y las mujeres menores de edad para concientizarlos a todos sobre la problemática de la venta de niñas.

«Esa parte es donde más agudo es el problema y si hay una reducción es porque nosotros estamos como población tomando cartas en el asunto».

Son 52 comunidades en donde realizan las labores de concientizacion y consideran que los matrimonios sí pueden disminuir, «hablando directamente con las mujeres y las familias».

«Nosotros lo hacemos (los talleres) no porque nos lo digan las autoridades, es porque queremos reflejar interés y cambiar», agregó.

Uno de las demandas que ni las autoridades federales y estatales les resuelven es la instalación de una oficina del gobierno para que mujeres y niñas que sufran violencia denuncien, y tenga un lugar para refugiarse y recibir acompañamiento médico y psicológico.

Dicha petición, aún cuando ya fue planteada a las secretarías de la Mujer estatal y federal y no obtienen respuesta.

«Es difícil cambiar toda está situación cuando aquí no tenemos educación, salud y lo mínimo para la canasta básica».

La estrategia de la gobernadora es atender 19 municipios, mitad de la región Montaña y mitad de la Costa Chica.

La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero comentó que los matrimonios forzados son prácticas que persisten en la región Montaña y los matrimonios prematuros suceden, en su mayoría, en la Costa Chica.

Al intentar saber más qué hace desde la secretaría que encabeza para cambiar la situación, dijo que el presupuesto que manejó la secretaría en este 2022 es de 10 millones de pesos, lo que consideró «insuficiente».

Esos 10 millones fueron los que dejó la administración pasada, del priista Héctor Astudillo Flores, por lo que dijo que en el próximo ejercicio fiscal de 2023, que está por aprobar el Congreso local les autoricen un aumento.

“Quisiéramos hacer mucho, pero el monto del presupuesto para la secretaría es muy raquítico y muy bajo, y no es porque la gobernadora lo halla designado así, es un recurso que ya venía así desde la administración pasada”.

Mejía Morales explicó que los matrimonios forzados y prematuros son diferentes, entonces, los trabajan de manera distinta.

En los matrimonios prematuros se da entre menores de edad de 12, 13 y 14 años, y no precisamente son obligados. «Como gobierno del estado estamos realizando talleres para que la gente tenga la conciencia de que los matrimonios no se deben de dar por usos y costumbres».

Al cuestionarla sobre la necesidad de más programas sociales y políticas púbicas, Mejía Morales consideró que lo principal es impartir talleres entre la población.

«Yo pienso que primeramente debemos sensibilizar a nuestros paisanos, primero es eso, porque si no hay eso difícilmente se puede dar lo demás, entonces por eso primero queremos sensibilizar a nuestros hermanos indígenas».

Agregó que coadyuvan con los tres poderes de gobierno para erradicar los matrimonios forzados, pero hasta el momento, dijo, no hay datos concretos sobre su disminución.

El estigma de padecer viruela del mono: “Es como revivir la discriminación de cuando inició el VIH”

Ro, Job y Guillermo tienen en común haber enfermado de viruela del mono en la CDMX, la entidad del país con más casos de este padecimiento y desde donde acusan que el gobierno discrimina a la población LGBT y es omiso en prevenir contagios.


Texto: Montserrat Sánchez Maldonado 

Fotografía: Montserrat Sánchez 

18 de noviembre 

 

“Parece que regresamos en el tiempo y que en realidad nada ha cambiado. A quienes nos estamos contagiando de viruela de mono nos señalan, nos juzgan por nuestra orientación, por nuestras prácticas, nos señalan y nos dicen que esto nos pasa por jotos. Es como revivir la discriminación y el estigma que se vivió con el inicio del VIH”.

Él es Ro Banda, quien hace tres meses se recuperó de viruela símica. Tuvo dos pústulas en el pene que le provocaron hinchazón, irritación y dolor al caminar. Y aunque su cuerpo no se llenó de heridas ni tardó tanto tiempo en recuperarse, la enfermedad le cayó como un balde de agua fría.

“En agosto presenté los síntomas. Un día me salí de bañar y fue cuando noté las heridas. Fui a mi cita médica y me confirmaron el diagnóstico. En ese momento no quería hacerlo público, no me sentía listo para ser doblemente estigmatizado, que si así soy una persona que vive con VIH ya fui alguien que tacharon de irresponsable, que dicen que no me cuidé; ahora, si voy y digo esto, va a ser: ‘¿Ves? Ahora tienes viruela y eres doblemente irresponsable’”, relata Ro, sentado en la sala de su casa en la CDMX.

A sus 36 años, el escritor y activista no desconocía la viruela símica cuando vio su diagnóstico. Desde mayo que se confirmó el primer caso en México, Ro comenzó a brindar acompañamiento y seguimiento a los casos, sobre todo a aquellos de la población LGBT.

Parecía que ya conocía los síntomas de memoria. Ro sabía que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, un caso probable es cuando se presentan una o múltiples erupciones cutáneas o de mucosas: ese era el foco rojo.

Pero también, presentar fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y fatiga.

Y a pesar de los cuidados, de la prevención que se ha intentado hacer entre este sector, Ro considera que la enfermedad se propagó rápido. “Primero era ver un caso por semana pero luego fueron cinco, seis, luego ya fueron más, y es cuando sientes que se va aproximando, pasa en tus círculos cercanos y fue cuando me tocó a mí”.

De acuerdo con organizaciones, colectivos y activistas, las acciones prioritarias contra esta enfermedad deberían ser la declaración de emergencia por parte del gobierno de México e iniciar de manera inmediata los procesos para adquirir vacunas.

Sin embargo, a pesar de las protestas en la Secretaría de Salud y de las exigencias al gobierno para adquirir la vacuna, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre si la van a comprar o no, lo que para Ro se traduce en una decisión homofóbica.

“Que no nos escuchen, no nos atiendan, nos deja ver el nivel de desinterés que existe hacia nuestras poblaciones. Es fuerte darte cuenta de que no eres importante, que hay una política de homofobia institucionalizada y ver que a este gobierno no le importan las mujeres, los niños, las personas trans, los jotos”, insiste.

Aunque estuvo acompañado y fue acuerpado por su red —que la conforman sus amigos y sus roomies—, Ro dice que la viruela símica no es solo un dolor físico sino también político y emocional, un dolor que golpea la sexualidad.

Para Ro y la población LGBT, la prioridad es la vacuna, la cual tiene una eficacia de 85%, según la OMS. Sin embargo, el escritor afirma que también se exige el derecho a la salud pública y a una salud sexual libre y sin estigmas.

“Al contagiarte te enfrentas a que la sociedad, las autoridades de salud que te culpan por tener sexo con hombres, por ser gays. Porque piensan que cogía con 50 en el lugar más cochino del mundo y por eso me pasó esto. Y no es cierto, y aunque fuera así, no merezco no tener atención. Al tener viruela símica experimenté algo que no viví con el VIH, con ese primer diagnóstico no me asusté como con la viruela; ya sabíamos qué hacer, qué pasos seguir, y con la actual pandemia es como caminar a ciegas”, concluye.

“Me sentí como un cero a la izquierda”

“Ya no me está haciendo efecto mi tratamiento para el VIH”. Eso fue lo primero que pensó Job Juárez, estudiante de 22 años, cuando descubrió las pústulas en su piel.

Desde su hogar en la alcaldía Iztapalapa, recuerda los 27 días que tardó en recuperarse de una enfermedad que lo hizo sentirse “como un cero a la izquierda por las autoridades de salud”.

“Se me inflamó un ganglio de la entrepierna y tuve sangrado anal. Cuando me levanto de la cama y veo la mancha de sangre, no sabía qué estaba pasando y de inmediato mi mamá y yo corrimos a urgencias esa misma noche”, relata.

Para Job, lo más difícil fue perder su autonomía. Durante los 27 días que tardó en caer la última costra, señal de que podía reincorporarse a sus actividades, su madre fue quien le cocinó, lavó e incluso lo llevaba al baño.

“No pueden hacer menos nuestras vivencias. ¿Por qué no adquieren la vacuna? ¿Porque somos una población que llaman minoría? Es como decirnos que no existimos, que no somos parte del Estado, del sistema, que nuestras experiencias y nuestra salud no les importan. Pero por eso protestamos, para decir: ‘Aquí estamos, mírame y conoce la enfermedad que ya está aquí y que exige una solución y contención’”, comenta Job, mientras su madre lo abraza en la sala de su casa y posan para una fotografía.

Job reconoce que ella ha sido un gran apoyo desde sus 19 años, cuando supo que vive con VIH; sin embargo, lamenta que en la sociedad no se tenga la misma actitud y se crea que “la propagación de la viruela símica es culpa de quienes la portan”.

“Parece que se repiten ideas con la viruela símica que se tenían con el VIH. Es como si la gente entendiera que solo es una enfermedad de transmisión sexual y no es cierto”, dice.

Para el estudiante, hay más de una coincidencia. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), entre las principales ideas erróneas referentes al VIH está que la infección es resultado de la irresponsabilidad o la promiscuidad, por lo que merece ser castigada. A Job le parece que esa misma idea se vive con quienes tienen viruela símica.

“Más que el paracetamol y el descanso, lo que me ayudó a recuperarme fue la música, la fotografía y hacerme autorretratos, pero también mi hermano, mi mamá. Gracias a eso he entendido que hay que aprender a vivir con esto y hacerle entender a la sociedad, a las autoridades sobre todo, que no es una infección de putos, es una enfermedad que le puede dar a cualquiera”, señala.

“Me cuidan mis pares, no las autoridades” 

Ni la Secretaría de Salud ni el gobierno representan protección para Guillermo Moreno. Para él, quienes respondieron y cuidaron de él fueron sus amigos y sus pares.

A finales de septiembre, a Guillermo, publicista en la CDMX, le vino el dolor al cuerpo, que primero pensó que era un resfriado, luego COVID e incluso alguna ETS. No fue nada de esto, sino que fue diagnosticado con viruela símica.

Hasta el 9 de noviembre, la Secretaría de Salud confirmó cuatro muertes relacionadas directamente con la infección por viruela del mono, las primeras defunciones reportadas en México por el virus. Desde el registro del primer caso y hasta el 15 de noviembre, se confirmaron en el país 3 mil 145 contagios.

La CDMX, Jalisco y Edomex son las tres entidades con mayor número de casos, con mil 833, 355 y 320, respectivamente.

Desde su hogar ubicado en el Centro Histórico, Memo —como le dicen sus amigos— recuerda el primer caso en el país: no se le olvida que, cuando llegó la infección, decidió reducir su número de parejas sexuales, pero aun así lo alcanzó la enfermedad.

“Me sentía cansado, con bajones de energía, me dolía el cuerpo, pero pensé que era por hacer ejercicio, hasta que una noche sentí comezón en el brazo derecho y me rasqué. Al día siguiente me quito la sudadera, vi la ámpula en el brazo; apenas la vi y supe que no era un piquete de mosco, ya había visto esas heridas en fotos, en compañeros y amigos, yo sabía que era monkeypox”, recuerda.

Al ser atendido en la Clínica Condesa, se repetía que todo estaría bien. Esa era su forma de evitar el pánico y apagar sus ideas, aquellas en las que pensaba que tendría pústulas en todo el cuerpo, que habría incomodidad y dolor, pero sobre todo estigma.

“Yo tengo esta marca en el brazo derecho, es la única que tengo, pero sí llegué a pensar: ‘¿Qué sería si tuviera marcas en los genitales?’, que es el punto de contacto cuando queremos intimar; fue pensar que si me queda marca me van a rechazar, empiezas a crear este estigma de que un cuerpo enfermo es un cuerpo indeseable”, dice.

Con la puerta de su departamento abierta para que entre la luz del sol, Memo no duda en reclamar que el gobierno no está haciendo nada ante esta nueva pandemia.

“Las autoridades de salud están abandonando a quienes hemos enfermado, quienes están dando la cara y apoyo somos los pares, más allá de una ONG, del activismo, somos nosotros, porque la gente con el poder nos está dejando solos”, sostiene.

Al joven, que ha ido a protestar y tomar las calles, le queda claro que la enfermedad no es su culpa ni la de nadie que decida ejercer su sexualidad, pues señala que la solución “no es dejar de coger”.

“Yo no vivo con VIH pero tengo amigos que sí y los entiendo cuando comentan que la situación se está repitiendo. Hoy por el día la pregunta no es ‘¿Quién te contagió?’, sino ‘¿Quién está haciendo algo con algo que ya tenemos aquí?’”, cuestiona Memo, quien confía en que esta interrogante pueda ser contestada.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan

Texto: Marcela Nochebuena/ Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

17 de noviembre del 2022

 

Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección.

Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval.

El 14 de octubre de 2020, horas después de una última búsqueda para encontrar a su hijo Yatziri Misael, María del Rosario Zavala fue asesinada en León, en la puerta de su casa, de seis balazos. Casada, a los 45 años dejó a seis hijos, uno de los cuales continúa desaparecido. En mayo de 2021, se sumó el homicidio de Francisco Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato.

Sandoval subraya que en el caso de Rosario, se documentó desde hostigamiento policiaco hasta criminalización previo a su asesinato. Cuando se dio el homicidio de Barajas, unos meses después, la Plataforma de la Paz solicitó un plan emergente de protección, como los que se han implementado en Chihuahua a través del mecanismo de protección federal, y que también se han intentado en Guerrero.

“Que el mecanismo federal coordinara un plan emergente con los tres niveles de gobierno. Hubo reuniones con la Secretaría de Gobierno, pero ni siquiera funcionó la coordinación, y eso da cuenta de una omisión de prácticamente tres años del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de implementar medidas de protección”, sostiene el activista.

Además, subraya que se trata de un territorio con algunos de los niveles más altos de violencia, uno de los mayores índices de homicidios dolosos y desapariciones en incremento: “Es un estado mortífero, y en esas condiciones se ha agravado mucho la falta de protección para las buscadoras en la entidad”, asegura.

A nivel federal y estatal, añade, se habla mucho del tema pero hay poca propuesta de política pública. Además de eso y de las condiciones del contexto, un tercer factor es la impunidad, de acuerdo con Sandoval. Por ejemplo, si bien en el caso de Javier Barajas hay presuntos responsables en proceso de sentencia, no queda claro para la opinión pública y para los colectivos si son los mismos responsables de la desaparición de su hermana Lupita, y si la búsqueda es el motivo de su asesinato.

“La fiscalía no nos ha dicho si están asesinándolas por su labor de búsqueda. Nosotros hemos tenido comunicación con diversos mecanismos de la ONU, con el grupo de trabajo y con el comité, y les hemos pedido eso, que verifiquen si estos asesinatos son producto de la búsqueda, y si son represalias por ese trabajo. Nosotros creemos que sí, pero no tenemos evidencia ministerial o de investigación por parte de las fiscalías que permita, efectivamente, probarlo”, explica.

Al menos 17 desde 2010; ONU documenta falta de protección a víctimas

En el último informe de su visita a México, el Comité contra la desaparición forzada (CED) de la ONU subraya que a pesar de los avances alcanzados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las necesidades de protección de las víctimas han quedado insuficientemente atendidas.

“Las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la Comisión Nacional de Búsqueda, en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y sin contar con la protección que necesitan”, describe el documento.

Como parte de su informe, el Comité lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Durante la propia elaboración del documento, detalla el CED, se tuvo noticia del homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022. Después de esa fecha, se han reportado otras cuatro.

El organismo advierte que a ello se suman decenas de incidentes cotidianos de seguridad como actos de seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura cometidos en contra de víctimas o sus acompañantes, por haber denunciado una desaparición o participar en acciones de búsqueda e investigación.

Además, advierte que a pesar de que la Ley de Víctimas entró en vigor desde 2013 y le dio atribuciones, en casos de desaparición, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las comisiones locales para canalización a instituciones de salud, apoyo psicológico, representación legal, cobertura de gastos de viaje y derivados de desplazamientos por ataques o amenazas, después de casi nueve años de su adopción, sus resultados han sido muy criticados.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas –documenta el CED– solo se ha reunido una vez en 2015, y la CEAV no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en procesos de atención, lo que provoca la desatención a las víctimas. Por otro lado, aunque la CEAV inicialmente tiene competencia en casos del fuero federal, excepcionalmente puede intervenir si el estado correspondiente no cuenta con medios para atender a las víctimas. “Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante la visita denunciaron que esta atracción de casos locales suele ejercerse de forma discrecional”, acusa el CED.

“Varios interlocutores del Comité denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se enfoca excesivamente en el pago de dinero, entendiendo la reparación únicamente como indemnización. Esto ha provocado que, a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas”, añade el organismo. A ello se suma que cinco estados aún no tienen una comisión estatal de víctimas, y la mayoría carecen de recursos humanos y financieros.

Además de los casos de María del Rosario Zavala y Javier Barajas, la Plataforma por la Paz tiene documentado un tercer asesinato de un buscador en Pénjamo, ocurrido en junio de 2021, cuya familia decidió reservar su identidad; mientras que el cuarto fue el de Ulises Cardona Aguilar, hijo de Rosario, en julio de 2022, y el quinto el recién ocurrido de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el domingo 6 de noviembre.

De acuerdo con la agrupación, en los cinco se evidencia que se trató de una represalia por la búsqueda. En los casos de Rosario y María Carmela, particularmente, el haber sido asesinadas expresa y directamente en su domicilio es un indicio de que estaban plenamente identificadas por sus agresores.

Pese a los antecedentes, en más de una ocasión, acusa Raymundo Sandoval, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha negado medidas: “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señala.

Hasta agosto de 2021, en el actual sexenio habían sido asesinadas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019; Rosario Zavala en 2020; y para el año siguiente Javier Barajas, en Salvatierra, en mayo; Aranza Ramos, en Guaymas, Sonora, el 17 de julio, y Nicanor Araiza en Zacatecas el 31 de julio de 2021.

2022 suma cinco casos

A los pocos días de haber empezado el 2022, el 28 de enero se conoció el asesinato de la madre buscadora Ana Luisa Garduño, a sus 51 años, en el municipio de Temixco, Morelos. Desde 2012, se había sumado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mediante la organización civil que fundó a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea.

Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM, la recuerda como una participante muy activa en este, en el diplomado que ahí se realiza y en el primer curso de personas desaparecidas que habían realizado en el 2020, además de su trabajo con las familias de Morelos.

Desde entonces, el Proyecto ha hecho llamados por su asesinato y tres más a a lo largo del año. El 30 de agosto –como la propia iniciativa recordaría en su siguiente comunicado– levantaron la voz, junto con decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas de México y otros países, para condenar y exigir la investigación del asesinato y feminicidio de la madre rastreadora de Sinaloa, Rosario Lilián Rodríguez Barraza.

Integrante del colectivo Corazones sin Justicia, Rosario Lilián fue privada de la libertad en La Cruz, municipio de Elota, Sinaloa, la noche del martes 30 de agosto, y localizada sin vida más tarde. En esa ocasión, el Proyecto remarcó la necesidad de velar sobre la seguridad e integridad de las madres y familias que buscan, así como en los riesgos y afectaciones que implican sus búsquedas, necesarias y legítimas, ante la pasividad y omisiones del Estado.

El 4 de octubre se sumó la condena por el asesinato de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los desparecidos en Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo desde el 13 de enero de 2021, cuando desapareció a los 22 años en Puebla. El proyecto académico y los colectivos subrayaron que la impunidad posibilita más crímenes, especialmente frente a la vulnerabilidad de las madres y padres que buscan a sus seres queridos en total indefensión.

Apenas un mes después, al igual que agrupaciones de todo el país e instancias internacionales, se sumaron a la condena del asesinato de María Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato. A sus 46 años, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de 2022. El domingo 6 de noviembre, cerca de las 20:35 de la noche, dos hombres armados tocaron a su puerta y le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la Unión de Búsqueda del Bajío, Pénjamo, un municipio a 25 kilómetros de Abasolo, sería el epicentro de la desaparición en la zona, donde existe un registro oficial de 126 personas desaparecidas y más de 150 familias organizadas; algunas de ellas deciden no denunciar. “Colectivos denunciaron recibir amenazas para que no realizaran una movilización en el centro de Pénjamo en el marco del 30 de agosto”, acusó la organización.

A ellas se sumó el feminicidio de Brenda Jazmín, de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido en Bacum, Sonora desde 2018. Se presume que su asesinato no está vinculado con sus acciones de búsqueda. La autopsia determinó que murió por asfixia en un hecho relacionado con su entorno personal.

Como parte de su pronunciamiento en la UAM tras el asesinato de Maria Carmela, los colectivos recordaron que hay miles de familias en este momento, en las fosas y los campos, buscando a sus personas desaparecidas, realizando la tarea que el Estado no hace, por lo que no se les debe condenar a riesgos que el Estado debería atender para garantizar la búsqueda en condiciones de seguridad.

“La inacción nos tiene en el campo, en los ceresos, en los hospitales, buscando y haciéndonos visibles, lo que nos lleva a lo que está sucediendo ahora. No contamos con el apoyo necesario, y es una acción que no nos corresponde hacer. Han asesinado a varias compañeras, y condenamos al Estado por la falta de acciones reales de búsqueda, por la falta de seguridad a todas las familias que salen a buscar, e invitamos a todas las instituciones y organismos internacionales a presionar al gobierno mexicano. Nos están matando”, dijo Silvia Ortiz, del Grupo Vida Laguna de Coahuila.

En la imagen, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso antes de iniciar una marcha en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo)

Huir, desplazarse, deprimirse, desaparecer: la tragedia de los que huyen 

En octubre se registraron 74 desapariciones en Guerrero, uno de los desplazados internos que huyó de la violencia es una de las víctimas. Desapareció junto a un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos y por esa razón su caso fue público


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero

9 de noviembre del 2022

Chilpancingo

 

El 28 de octubre pasado, Pedro Romero Sotelo, de 64 años, avisó a su esposa que iría con unos amigos a buscar trabajo. La posibilidad de tener empleo le dio algo de felicidad.

El 2021 fue un año difícil para Pedro. Tuvo depresión y para salir recibió atención psicológica. Pedro estuvo deprimido porque perdió, de un día para otro, su casa, su parcela, su huerta. Su pueblo. En resumen: toda su vida.

Pedro tenía cuatro años en desplazamiento interno forzado. Se llama así a la situación límite que obliga a cientos de miles personas a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del mismo país debido a situaciones de conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos y catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, de acuerdo con la ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados.

Los desplazados huyen para salvar la vida. En noviembre del 2018, Pedro, su esposa y sus dos hijos huyeron de su hogar en Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, en la zona Centro de Guerrero, a causa de la violencia generada por el choque entre Los Tlacos y el Cártel de la Sierra, dos grupos del crimen organizado coludidos con intereses económicos y políticos de la región.

Fuera de su hogar y su huerta de aguacates en Campo de Aviación, Pedro entristeció a tal grado que dejó de sentir interés por la vida. Es uno de los impactos psicológicos que enfrentan las personas que se desplazan cuando se dan cuenta que no recuperarán su vida anterior. El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón gestionó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyo psicológico para Pedro, su familia y las demás personas desplazadas en la cabecera de Leonardo Bravo, Chichihualco.

Pedro buscaba trabajo para ocuparse en algo y para llevar dinero a su casa.

La mañana del 28 de octubre dijo a su esposa que ya había hallado algo, indicó que iría con dos amigos a donde lo emplearían.

Alcanzó a decirles que ese trabajo sería en un aserradero. No dijo más. Sus familiares lo vieron emocionado ante esa posibilidad. Salió de casa con entusiasmo.

Ese rostro, con una sonrisa, es la última imagen de Pedro en la mente de sus familiares.

Octubre: 74 desapariciones

Este décimo mes del año fue uno de los más violentos en Guerrero de este 2022, fue el mes de la masacre en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, y de tres personas desaparecidas en un mismo evento. Ese 28 de octubre que desapareció Pedro, fue el mismo día que desapareció Efrén Barrios Cárdenas, de 55 años, y a Adolfo Aparicio Bello, de 34.

Pedro, Efrén y Adolfo iban juntos cuando sus familiares perdieron rastro de ellos.

Este octubre, los casos de desapariciones incrementaron 25 por ciento, con respecto al mes anterior. Septiembre cerró con un registro de 59 personas desaparecidas, de los que 29 fueron localizados. En octubre se registraron 74 desapariciones, de las que se reportó que 26 fueron localizadas, tres sin vida. Estas tres personas halladas sin vida son Pedro, Efrén y Adolfo.

Las familias de las víctimas de desaparición tienen diferentes formas de dar a conocer que dejaron de ver a un ser querido. En Guerrero hay tres tipos diferentes de alertas. Para que la autoridad emita una alerta hay una denuncia del hecho.

Otras familias no tienen la opción de hacer una denuncia ante una autoridad y sólo dan cuenta de lo que viven mediante redes sociales, a veces ni eso.

La familia de Pedro es un ejemplo. Huyeron de la violencia en Campo de Aviación y, en Chichihualco, en donde se refugiaron, viven con miedo.

Por la desaparición de Pedro no se emitió ninguna alerta. Por los casos de Efrén Barrios Cárdenas y Adolfo Aparicio Bello, se emitió la ficha de búsqueda Has visto a.

De las 74 desapariciones registradas este octubre se emitió una alerta Alba (para los casos de mujeres mayores de 18 años), ocho alertas Amber (para niñas y niños menores de 18), 32 alertas Violeta (para mujeres sin distinción de edad cuyas familias denuncien a un número telefónico exclusivo para este fin), 19 alertas Has visto a (generalmente es para casos de hombres mayores de 18 años), cinco mediante la Comisión Estatal de Búsqueda, seis por Locatel y tres solamente en redes.

Bloquear, gritar, exigir…

Por la denuncia de los familiares de Adolfo Aparicio Bello, la familia de Pedro Romero Sotelo supo que esa mañana del 28 de octubre Pedro se fue a Quechultenango y que el trabajo que había hallado, como dijo a sus familiares, sería en Mochitlán.

Pedro, Efrén y Adolfo fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín, municipio de Quechultenango, alrededor de las siete de la noche.

Estas tres desapariciones fueron abiertamente públicas porque Adolfo era funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y salieron a exigir, primero con denuncia ante los medios, la búsqueda de su familiar y el organismo de derechos humanos se pronunció para que la FGE los buscara.

Adolfo Aparicio fue precandidato a la alcaldía del municipio de Copala, región de la Costa Chica, por parte de Morena y diputado suplente por ese mismo partido en la 62 Legislatura. En 2021 lo nombraron encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la CDHEG.

Hace cinco meses, falleció el papá de Adolfo, quien tenía una maderería en Chilpancingo. El ex precandidato se hacía cargo del negocio familiar y a Quechultenango fue a acordar la compra de madera, de acuerdo con lo que compartieron integrantes de la familia.

Cuando los pronunciamientos no fueron suficientes, las familias bloquearon la Autopista del Sol para exigir la búsqueda. El lunes 31 de octubre, los familiares de los tres desaparecidos cerraron el carril Norte-Sur de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, alrededor de tres horas. Ese punto es estratégico en la vía, cuando se bloquea, se ahorca la circulación de los automovilistas hacia Acapulco, ya sea por la Autopista o por la vía libre, situación que se complica cuando se trata de los puentes vacacionales, como fue el caso, ya que ese lunes 31 era la mitad del puente por Día de Muertos. Así que les hicieron caso.

Las familias fueron atendidas a las tres horas del bloqueo y la FGE reanudó la búsqueda iniciada el día anterior, dos días después de la denuncia de las desapariciones.

En octubre, 23 personas sin aparecer o no localizadas

De las 74 desapariciones registradas en octubre, 48 personas fueron localizadas, aunque la FGE nunca informa las circunstancias en las que regresan a sus hogares. Sólo cuando se trata de casos mediáticos como los de Pedro, Efrén y Adolfo se saben las circunstancias de la localización, algunas de esas veces, las personas reportadas como desaparecidas, son localizadas sin vida.

Las personas que siguen sin ser localizadas este mes, de las 74, son 23. Las otras regresaron a sus hogares.

23 familias sin conocer el paradero de un integrante son muchas en un mes y ese dolor a veces es perpetuo. En México hay una crisis por la cantidad de personas desaparecidas desde el 2007, año en que el presidente panista Felipe Calderón decidió declarar una supuesta guerra al narcotráfico. Esta crisis de la que se pronunciaron organismos internacionales originó la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y la integración de un sistema único de información para registrar y contar a las y los desaparecidos.

Este registro debería diferenciar entre personas desaparecidas y no localizadas. Una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y una persona desaparecida es aquella de la que se desconoce su paradero y su ausencia podría estar relacionada con la comisión de un delito. En Guerrero, la FGE no hace ninguna distinción en el registro, todas son personas no localizadas. Las personas no localizadas podrían estar en esa condición por su propia decisión, no por un posible delito cometido por alguien. La presunción de desaparición eleva las estadísticas sobre delitos.

Esa podría ser la causa de que la FGE llame a todos no localizados.

Otras víctimas de desaparición en octubre

En octubre, los casos de personas desaparecidas aumentaron 25 por ciento, con respecto al mes anterior. Una de esas desapariciones fue la de Melisa Abigail Patiño Campos, de 19 años, de quien se reportó su desaparición mediante la alerta Alba.

Melisa fue reportada como desaparecida el 15 de octubre, en Iguala, y localizada seis días después en Cuernavaca, Morelos. El padre de Melisa comunicó en las redes sociales que la joven se ocultó en Morelos para huir de quienes la perseguían, pero no dio detalles de quiénes la perseguían y por qué.

Melisa reportó a sus familiares la noche del sábado 15 de octubre que alguien la perseguía. Después no supieron de ella. Hicieron la denuncia y la autoridad publicó la alerta Alba. La joven fue entregada a su familia la madrugada del 21 de octubre. El padre de la joven afirmó que la vida de Melisa estuvo en riesgo. Cuando Melisa reapareció, la FGE colocó sobre la ficha de esta desaparición la leyenda localizada. Es un claro ejemplo de que Melisa podría ser víctima de la comisión de un delito, sin embargo, los días que no supieron de ella, se reportó como no localizada.

De los 74 desaparecidos de octubre, 42 son mujeres y 32 son hombres. En este delito, a diferencia de los asesinatos, siempre la mayoría de víctimas son mujeres.

De las 42 mujeres que se reportaron como desaparecidas o no localizadas (algunas fueron localizadas como es el caso de Melisa) 27 son menores de 18 años y 15 mujeres adultas.

En el caso de los 32 hombres que se perdieron en octubre, 29 son hombres mayores de 18 años y tres menores. Se trata de los casos de Máximo Tinoco, de un año, desaparecido en Acapulco; de Yael Armando Vargas Orbe, de 16 años, en Chilpancingo y de Tristan Gael Navarro Reza, de 16 años, también en Chilpancingo.

Pedro, Efrén y Adolfo

Los tres hombres desaparecidos el 28 de octubre: Pedro, Efrén y Adolfo, fueron hallados el 1 de noviembre, en la comunidad de San Martín, el mismo lugar donde la última vez se supo de ellos, presuntamente, tuvieron un accidente que ocasionó que se fueran al fondo de un barranco de 300 metros de profundidad.

Las maniobras para rescatar los cadáveres fueron difíciles por la profundidad del barranco. La autoridad ministerial aún no informa las causas de muerte de las víctimas.

En redes sociales se especuló sobre un homicidio múltiple, por la zona en la que ocurrió el supuesto accidente.

En Quechultenango, municipio de la región Centro, hay un control férreo del territorio por parte de Los Ardillos, un grupo del crimen organizado con ramificaciones en grupos económicos y políticos regionales.

Un accidente automovilístico en ese territorio no hubiera pasado inadvertido para los hombres de Los Ardillos, los que a bordo de camionetas y con armas de grueso calibre, vigilan el territorio.

Cuando se llega a ese municipio, desde el acceso, policías municipales hacen un registro minucioso de quienes ingresan. Anotan nombres, edades, placas de los vehículos y razones de la visita. En el siguiente punto, otro grupo de policías municipales, hace un nuevo registro sólo para confirmar los datos reportados por los primeros policías.

No hay manera de que ese grupo criminal no supiera que tres hombres estuvieran desaparecidos en su territorio y se hubieran accidentado.

En la imagen, familiares de desaparecidos bloquean la Autopista del Sol para exigir a la autoridades la búsqueda inmediata. Foto: Oscar Guerrero

 

Pocos para buscar a miles: una de cada tres comisiones de búsqueda funciona con menos de 10 personas; dos son unipersonales

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

8 de noviembre del 2022

 

Una de cada tres comisiones de búsqueda estatales opera con menos de 10 personas en su estructura, mientras que las de Oaxaca y Yucatán permanecen unipersonales: en esos dos estados, una sola persona es la encargada de buscar a cientos de desaparecidos, 406 y 330, respectivamente.

La de Colima, aunque a finales de 2021 fue reportada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como unipersonal, para este año ya cuenta con tres personas encargadas de buscar a 962 desaparecidos.

En algunas comisiones, la información reportada por la CNB sobre sus estructuras es contradictoria respecto de lo que ellas mismas registran en sus diagnósticos más recientes para acceder al subsidio federal de 2022. En la mayoría de los casos, esto se debe a que dependen de empleados temporales, cuya contratación está sujeta, a su vez, a obtener el recurso federal; por ello, vuelven a incorporarse a sus labores hasta que pasan los primeros cinco o seis meses del año.

En otros casos, sin contar con empleados temporales, solo cuatro personas buscan a 4 mil 259 desaparecidas, como pasa en Michoacán, o a mil 128, como pasa en Nayarit. En Sonora, solo tres funcionarios buscan a 4 mil 249 desaparecidos, según lo reportado por la comisión estatal en su diagnóstico de este año, obtenido a través de una solicitud de información. Mientras tanto, en San Luis Potosí, 35 personas buscan a 568, pero en Quintana Roo apenas seis buscan a 565 y en Durango seis buscan a 707.

Otros estados, aun con una estructura más amplia, enfrentan panoramas más adversos: en Baja California, donde se alcanza un registro de mil 265 personas desaparecidas, hay dos empleados fijos en la comisión, frente a 18 temporales que dependen de la obtención de recursos. Además, este organismo pasó de tener 25 personas en 2021 —ya con las temporales— a 20 en 2022.

La comisión de Tamaulipas, entidad con 11 mil 065 personas desaparecidas, tiene una estructura de 14 integrantes, mientras que la CDMX, que ya acumula 3 mil 636 desaparecidos, trabaja con 11 funcionarios en 2022. Incluso algunas de las comisiones más grandes, como la del Estado de México, conformada por 76 miembros, aseguran que sus recursos son insuficientes y no cuentan con la capacitación necesaria.

“La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México es una de las CLB con mayor número de personal y se ha procurado la contratación de personas con perfiles acordes a las funciones que llevan a cabo. No obstante, se requiere de especialización tanto del personal en el área de búsqueda de gabinete, como en búsqueda de campo. Aunado a esto, pese a tener el mayor número de personal, este es insuficiente para atender la problemática que aqueja a todo el territorio estatal en relación con el número de casos de desaparición que son reportados”, se lee en el diagnóstico presentado por la entidad ante la CNB este año.

La comisión de Chiapas, donde hasta ahora hay un registro de mil personas desaparecidas, cuenta con nueve empleados fijos y cinco temporales, y plantea un escenario mucho más difícil. El organismo asegura que tiene 13 equipos básicos de cómputo con internet, tres impresoras y una copiadora, pero no con los consumibles ni la papelería necesaria; de los recursos para la operación de las actividades de la comisión, como los viáticos para acciones de búsqueda, señala que son escasos porque el presupuesto asignado es insuficiente. Sin embargo, en 2021, esa comisión devolvió poco más de 6 millones de los más de 8 que le habían sido otorgados.

“Los materiales utilizados en algunos de los casos fueron comprados con recurso del personal que labora en la comisión para realizar las funciones mínimas requeridas, incluyendo el servicio de limpieza, lo cual minimiza las capacidades operativas de la comisión, no solo por el reducido número de personal, sino por las limitaciones técnicas y de recursos para la realización de las funciones encomendadas”, señala su diagnóstico.

En Chihuahua, donde la comisión cuenta con 20 personas, de las cuales nueve son agentes estatales de investigación y siete agentes del Ministerio Público, el organismo reconoce que su personal no tiene certificación en materia de búsqueda de personas ni una especialización respecto del Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

Para el organismo de Michoacán, sus recursos son insuficientes ante las necesidades crecientes de contexto local. Además, plantea la necesidad de mejorar el equipamiento de sus áreas para la búsqueda, el panteón y el laboratorio de identificación forense, así como la ampliación de la capacidad de procesamiento de la información para generar análisis de contexto, patrones de desaparición y registro de seguimiento de caso, según informa en su diagnóstico para 2022.

Los documentos presentados por las comisiones de Sonora y Zacatecas dejan ver dependencia de contrataciones eventuales. La primera explica: “A la fecha en esta comisión se encuentran únicamente tres personas laborando, y se están haciendo las gestiones pertinentes para que el personal que se encontraba por honorarios se reintegre a la brevedad, así como también se ha solicitado se dote a esta comisión de más personal”.

En tanto, la comisión de Zacatecas asegura que tiene abogados, criminólogos, arqueólogos, antropólogos, trabajadores sociales, ingenieros en sistemas y expertos en la materia de ciencias forenses, pero depende de eventuales “para dar mejores resultados”.

La comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoce que la falta de personal sigue siendo uno de los mayores problemas de las comisiones estatales. Sin embargo, afirma que el personal no puede depender únicamente del subsidio federal que reciben los estados, sino que la coparticipación estatal también debe servir para su contratación.

“El personal no puede depender solo de la parte que le corresponde a los estados de los subsidios; tendrían que tener personal contratado y sumarlo mediante la coparticipación estatal del 10%. Luego hay muchos reclamos a principios de año que preguntan a qué hora van a caer los subsidios para que puedan contratar a las personas de las comisiones, cuando eso lo permitimos nosotros para incentivar que haya gente, pero en realidad mantener una estructura le corresponde a las entidades. No puede depender la operación de eso”, señaló.

Además, detalló que, para la construcción de los próximos lineamientos, se está buscando la manera de que las comisiones locales no puedan adquirir una mayor cantidad de bienes que el personal que tienen para operarlos.

El informe del CED de la ONU sobre su última visita a México advierte que, aunque la creación de todas las comisiones ha sido un paso importante, “muy pocas cuentan con recursos humanos y materiales suficientes para su operación, y algunas son unipersonales”.

“Tanto el gobierno federal, a través de la CNB, como el Sistema Nacional de Búsqueda, han reiterado a las y los gobernadores de las entidades federativas su obligación en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las comisiones locales de búsqueda”.

La Ley General y la vigilancia ciudadana

La Ley General sobre desaparición de personas establece que las comisiones nacional y locales deben contar, como mínimo, con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y un área de gestión y procesamiento de información, además de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 62 especifica que estos organismos también deben tener consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta. En respuesta a solicitudes de información a las comisiones, solo ocho pudieron dar cuenta de la instalación y conformación de su consejo ciudadano: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas. Sin embargo, Coahuila, con un consejo de 16 personas instalado desde 2019, afirmó que “hasta el momento no ha sido consultado para ninguna acción”.

Los consejos ciudadanos deben tener una participación de equilibrio, y sobre todo de vigilancia y retroalimentación, para verificar que las comisiones estén funcionando como se espera desde la sociedad y el gobierno, sostiene Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esa complementariedad implica no solo que estén instalados, sino dotarles de infraestructura segura para sesionar. Chávez dice que esto ayuda a la ciudadanía a saber que tiene una comisión, cómo funciona, qué atribuciones tiene y qué pueden hacer las personas en caso de tener a un familiar desaparecido.

“Se supone que somos los aliados, en este caso, los consejos estatales o las personas que estamos acompañando, o que hacemos este ejercicio también de acompañamiento de las autoridades, y aliados de las víctimas, porque están ahí para ver que realmente funcione o dotar de información de por dónde no se está buscando o algo no se está haciendo bien”, afirma.

Aunque 21 comisiones estatales refirieron el número de personas destinadas a los grupos especializados de búsqueda, Durango no solo indicó que su consejo ciudadano no se ha conformado, sino que además no tiene grupo especializado y, por ello, no le aplicaba reportar ninguna acción de búsqueda.

En tanto, la comisión de Puebla señaló que no cuenta con personal específico para el grupo especializado de búsqueda, sino que en cada acción se despliegan brigadas que varían en número de personas. Jalisco y Zacatecas reservaron el nombre de los servidores públicos que conforman ese grupo, alegando razones de seguridad, pero el segundo sí reveló la identidad de sus consejeros ciudadanos.

En cada comisión, el número de acciones de búsqueda puede variar de las 12 que realizó Tabasco en 2021 o las 16 de Colima en 2022 a las más de mil que reporta Puebla en 2021 y 2022. Únicamente 17 entidades dieron cuenta de las acciones de búsqueda que han realizado los últimos cuatro años.

Jalisco —que ocupa hoy el primer lugar en número de desaparecidos— informó que no cuenta con esa estadística, Aguascalientes señaló que no era posible referir esas acciones, Guerrero que no cuenta con la información porque sus bases de datos están en proceso de conformación, y Quintana Roo la reservó argumentando que están relacionadas con actos de investigación.

Las organizaciones también asumen costos y trabajo de búsqueda
Los micrositios Desaparecer en Baja California, impulsado por Elementa DDHH, y Tus Derechos, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), son dos ejemplos de iniciativas de la sociedad civil ante los vacíos en la información y el trabajo de las autoridades, además del desorden y precariedad con el que operan las comisiones.

El primero es un proyecto que reúne información sobre desapariciones en Baja California, definido como un espacio “vivo” con actualizaciones constantes para la construcción de memoria colectiva, mientras que el segundo está destinado a dar información sobre los derechos que tienen, dónde exigirlos y qué trámites pueden realizar las víctimas o familiares en casos de desaparición de personas y tortura.

Renata Demichelis, de Elementa DDHH, relata que cuando llegaron a trabajar en Baja California, en 2019, se encontraron con una entidad en la que no existía documentación sobre el fenómeno y que, además, está muy alejada de los debates del centro del país, no forma parte de los focos de atención y ha enfrentado abandono.

Ante el cobijo de un discurso que minimizaba la inseguridad en el estado, particularmente en Tijuana, y sin información confiable, se acababa de adoptar la Ley de Víctimas y se había lanzado la primera convocatoria para ocupar la titularidad de la comisión de búsqueda. Apenas se empezaban a crear las instituciones que supuestamente darían solución y atención a la crisis.

“Nos dimos a la tarea, primero, de intentar llenar esos vacíos de información, nadie sabía cuántas personas había desaparecidas en Baja California; y segundo, empezar a hacer este seguimiento institucional: cómo se empezaban a configurar, velar para que, si no había ley local, por lo menos se siguieran los objetivos de la Ley General, etcétera. Así es como surge el proyecto, que en su momento implicaba buscar información y no quitar el dedo del renglón sobre cómo se iban a ir configurando las nuevas instituciones”, explica Demichelis.

Con el tiempo y el acompañamiento a colectivos, también fueron detectando las realidades a las que se enfrentaban constantemente las familias, y que tampoco estaban documentadas. Finalmente, después de tres años buscaron la mejor manera de darle salida a toda la información, y Desaparecer en Baja California se convirtió en una herramienta útil para diversos actores, que además abre con el contraste de las cifras reportadas por la fiscalía del estado entre 2007 y 2021 —más de 14 mil personas desaparecidas— y las que alberga el RNPDNO, apenas mil 154.

“Hemos visto un montón de discrepancias, y estamos todavía trabajando en las hipótesis, pero sabemos, porque el fiscal lo declaró, que están haciendo una reclasificación de las carpetas, no sabemos bien en qué consiste, pero en los últimos registros, valga la redundancia, y es parte de los fenómenos de doble y triple desaparición, desaparecen carpetas, nos reportan menos y sabemos que no es que estén encontrando a las personas o que se estén identificando restos; esa ha sido una consecuencia de publicar la información”, asegura la activista.

Con este proyecto, han descubierto también que no hay una documentación adecuada de los reportes que le llegan directamente a la comisión, y por eso ni siquiera es una fuente para el micrositio. De ese organismo, han percibido opacidad absoluta, que es una combinación que surge desde el desconocimiento de la ley hasta la posición deliberada de no querer rendir cuentas. A esto se le suma una forma de actuar reactiva a las solicitudes de los colectivos.

“Se sientan y esperan a que los colectivos les digan ‘necesito ir a este punto de búsqueda y necesito que me acompañes y necesito que vengas conmigo’, prácticamente la comisión no hace su chamba si no es porque los colectivos se la piden. Otro factor gravísimo es los perfiles; operan con poco presupuesto y poco personal; entonces, son realmente contratos temporales, de tres meses, que es problemático en sí, pero además no cumplen con los perfiles para ocupar esos cargos”, añade.

Al oeste del país, ante un contexto de impunidad —hasta hoy se han emitido solo 36 sentencias por el delito de desaparición a nivel nacional—, y particularmente en Jalisco, el CEPAD ha percibido que las respuestas de las autoridades no han ayudado a la garantías de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

Ante ello, las familias se acercaban con frecuencia a la organización para saber sus derechos, consultar qué hacer ante una desaparición, qué autoridades existen, cuáles son sus funciones y qué acciones pueden emprender. No había respuesta, lo que condujo a la construcción del micrositio Tus derechos, para brindar información a las víctimas y fortalecer sus conocimientos para que de manera segura y autónoma sepan los procedimientos ante las autoridades y tengan claridad en sus diligencias.

“Hemos visto, en muchas ocasiones, una situación de capacidad rebasada ante el contexto y ha sido una saturación en cuanto a ese dolor, ese sufrimiento de las víctimas y esa falta de información y falta de orientación de qué deben hacer. Tratamos de juntar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y en conjunto y construyendo estas herramientas con las familias, pensar qué pudiera realmente servir para responder a sus necesidades”, explica Anna Karolina Chimiak, de CEPAD.

Creada en 2018, la comisión de Jalisco fue una de las primeras ante la publicación de la Ley General, pero también como respuesta a una fuerte exigencia de los familiares de personas desaparecidas, recuerda la activista. Al inicio fue sumamente débil, con apenas una a tres personas empleadas. Con los años, ha crecido y empezado a conformar las áreas que mandata la ley, más una de atención que contempla la ley local.

“El área de búsqueda es una de las que más se trató de reforzar porque estuvieron muy presentes las prácticas más enfocadas en el gabinete, mediante oficios, y ante la constante exigencia de operativizar las acciones de búsqueda en campo, fue una de las apuestas reforzar esa área, igual que la de gestión y procesamiento de información, que ha trabajado en los datos de personas desaparecidas. Sin embargo, uno de los grandes pendientes es la creación del registro estatal de personas desaparecidas, que tiene ya un año de incumplimiento”, asegura.

Además, para el área de análisis de contexto no se dio la misma intención de fortalecerla, en parte porque la comisión estatal no cuenta con reglamento interno y no ha podido generar más plazas, según ha sabido CEPAD. Otro pendiente es la presencia efectiva de psicólogos para la atención a víctimas y acompañamiento en los operativos de búsqueda.

Pese a las intenciones de fortalecimiento que la comisión ha expresado a la asociación, es uno de los estados que desde 2019 ha devuelto montos significativos del subsidio federal: 5 millones 700 mil de los 9 millones 600 mil que recibió en 2019, 7 millones 300 mil de los más de 17 que recibió en 2020 y poco más de 12 de 33 millones que le fueron otorgados en 2021. Con una estructura de 45 personas, aseguró en respuesta a una solicitud de información que no cuenta con listado ni estadísticas de sus búsquedas de campo.

Édgar Chávez subraya su preocupación de que en México sigan sin existir los mecanismos de seguimiento necesarios cuando no hay un familiar que pueda buscar a las personas desaparecidas. Cuando hay una investigación y nadie que dé seguimiento, las carpetas sencillamente se cierran. Particularmente, en las desapariciones que vienen de décadas atrás, por edad o por salud, es posible que la familia ya no pueda salir a buscar o a revisar la carpeta de investigación, si es que la hay.

“Hay varias cosas que tenemos que repensar en este país; lamentablemente, se nos están acumulando, y yo creo que algo importante y reiterativo en las familias como una exigencia es la no repetición. Si no hacemos un antes y un después de lo que tenemos en este momento, va a ser un acumulativo por décadas, y entonces, vamos a seguir buscando a personas nuevas, y a otras y a otras, y es un ciclo sin fin”, concluye.

 

Una masacre de 23 personas y más feminicidios, recuento de la violencia en octubre

Texto: Margena de la O 

Fotografía: Carlos Navarrete 

7 de noviembre del 2022

Chilpancingo

 

En octubre pasado, en Guerrero asesinaron en promedio por día a cuatro personas. El número total de víctimas durante el mes fue de 127, es decir, 23 casos más que los documentados el mes anterior, de acuerdo con el comparativo de los conteos mensuales de asesinatos hechos por este medio. En septiembre se contabilizaron 104 víctimas.

En octubre ocurrió una masacre, en un sólo día asesinaron a 23 personas –las autoridades estatales sólo reconocen a 20– en San Miguel Totolapan, en las que están incluidos el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta, ex presidente municipal del mismo lugar. Tan sólo el 5 de octubre pasado asesinaron en una misma secuencia de hechos a un 29 por ciento del total de víctimas del mes.

Hechos que hasta ahora no son clarificados por completo, ni siquiera en el número de las víctimas, porque el gobierno el estado no modificó los números del reporte que difundió al siguiente día de los hechos el gobierno federal en la conferencias mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando en la Tierra Caliente, región a la cual pertenece el municipio donde ocurrió la masacre haya otras versiones que se conocen a cuenta gotas por lo que han recabado reporteros, porque tampoco es fácil obtener información en un lugar en esta condiciones de violencia.

Por un grupo de reporteros que viajó de Chilpancingo a San Miguel Totolapan al día siguiente de los hechos, se supo que los habitantes sumaban más víctimas, los 23. El reportero Israel Flores, asentado en la Tierra Caliente, escribió en una nota para periódico El Sur que el martes 1 de noviembre habrían sepultado en San Miguel Totolapan a otra persona que quedó herida de la masacre, y que las tumbas de las otras víctimas sepultadas estaban abandonadas, como muestra de que sus familiares “huyeron”.

También expone que hay mucha resistencia de los habitantes de la cabecera municipal para hablar de las víctimas: “ (…) mucha gente del pueblo tiene temor de hablar; evita decir nombres de los fallecidos, donde vivían o incluso si saben de más personas que pudieran estar heridas”.

La única explicación institucional hasta ahora ofrecida como parte de la investigación la dio el el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, quien señaló al grupo criminal de la Familia Michoacana de ser el responsable de la masacre. Antes, al día siguiente de los hechos, el mismo subsecretario atribuyó los hechos a Los Tequileros, a quienes identificó como rivales de la Familia Michoacana, sólo porque días antes circuló en redes sociales un video de unos hombres que dijeron ser miembros de ese grupo criminal y porque se atribuyeron el asesinato de un funcionario del gobierno municipal que ocurrió unos días antes dela masacre.

Lo que ocurrió en San Miguel Totolapan representa un caso del mes, quizá el más aberrante, por el número de víctimas, pero sobre todo porque ocurrió en un mismo día y en una misma cadena de hechos, pero las estadísticas del mes que Amapola, periodismo transgresor realiza a partir de las noticias que publican los medios de comunicación local, arrojan que el municipio donde más asesinatos hubo a lo largo de mes fue Acapulco, con 52 personas asesinadas. Pero, se insiste, a lo largo del mes.

Para llegar al numero de 127 víctimas durante el mes, es importante hacer algunos apuntes, por ejemplo, que todos los días de octubre hubo personas asesinadas, o dicho de otra manera, en ningún día del mes los victimarios dieron tregua. En septiembre en dos días no hubo víctimas, los días 23 y 30.

También que las 127 víctimas se contabilizaron en 19 municipios diferentes, ya se dijo, encabezados por Acapulco (52 víctimas), seguidos por San Miguel Totolapan (aquí se contabilizaron las 23 personas que informaron los pobladores, y no las 20 que exponen las autoridades), y después por Zihuatanejo, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Benítez (con tres cada uno); y por Copala, Tecoanapa, Pilcaya, Taxco, Cocula (con dos cada uno).

La lista de municipios la cierran Acatepec, Ayutla, Juchitán, Huitzuco, Tepecoacuilco y Atoyac con una víctima cada uno.

En el mes, la mayoría de víctimas son hombres, 114 de ellos asesinados, entre ellos un bebé. El resto, es decir, 13, son mujeres. En ese aspecto las cifras tiene el mismo comportamiento que en septiembre, donde también hubo más víctimas hombres, pero en el texto anterior se puso énfasis en la historia de mujeres por la saña evidente en los 10 asesinatos documentados.

Esta vez ese elemento no cambió, los 13 asesinatos de mujeres ocurridos en octubre también tienen rasgos de ese patrón. El 6 de octubre fue hallado el cadáver de Julia Magdalena, una trabajadora administrativa del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses (HMNG) de unos 45 años. Era evidente el golpe que le dieron en la cabeza, se leía en los reportes policiacos. Lo dejaron al costado de su carro, en la colonia Tetipan, ubicada cerca de la colonia Mirna Acevedo, del lugar conocido como La Avioneta, rumbo hacia la comunidad de Petaquillas.

Las colectivas de mujeres que monitorean, documentan y acompañan a familiares de mujeres víctimas de violencias en Guerrero han puesto énfasis en que los asesinatos de mujeres sean abordados por las autoridades desde el inicio como presunción de feminicidio, sobre todo si se pone atención que el estado tiene dos alertas por violencia de género, porque la violencia hacia las mujeres es real y es grave.

El 23 de octubre pasado, las compañeras y compañeros de trabajo de Julia Magdalena marcharon en la ciudad de Chilpancingo para exigir avances en la investigación del caso. Además, expusieron, los obstáculos que sortearon junto a los familiares de la víctima para que la Fiscalía General del Estado (FGE) reclasificara el caso como feminicidio, porque sólo fue suscrito como homicidio.

Acudieron a la protesta para exigir una investigación pronto, cuando esto deberían ser una garantía.

Julia Magdalena era trabajadora, tenía dos hijos, una joven y un niño. Cuando salió de su casa el 5 de octubre por la noche, le dijo a ellos que iría a comprar a la tienda, pero ya no regresó.

“Un feminicida anda suelto en Chilpancingo”, dijo una enfermera del HMNG que participó en la marcha para exigir castigo por el asesinato de su compañera, y esa consigna no puede estar más cargada de verdad.

Localizan los cadáveres de tres desaparecidos en supuesto accidente en Quechultenango

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Dos de ellos fueron hallados en el interior de la camioneta Toyota, tipo Hilux, color gris y, el otro cadáver, a escasos metros del vehículo en el fondo de un barranco.

Este lunes, familiares y amigos de los tres desaparecidos cerraron la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 272, en el punto conocido como el Parador del Marqués, para exigir al gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda, reanudar la búsqueda que según los manifestantes en forma inexplicable la habían suspendido.

Por la presión de los manifestantes, casi a la una de la tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE), policía estatal y Guardia Nacional reiniciaron la búsqueda en Quechultenango, municipio controlado por el grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

La mamá de Aparicio Bello contó que la última vez que entabló conversación telefónica con su hijo fue a las 05:25 de la tarde del viernes 28 de octubre, quien avisó que ya venía de regreso a Chilpancingo.

La FGE y la CDHEG dieron a conocer este domingo 30 de octubre que el rastro de Aparicio se había perdido en las inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Quechultenango.

Esta localidad enclavada en un cerro está ubicada a máximo 20 minutos de la cabecera de Quechultenango.

Para llegar a esta localidad se transita por una carretera con tramos pavimentados y otros de terracería, con muchas curvas.

La versión que contó la mamá de Aparicio Bello es de que desde hace cinco meses después del fallecimiento de su esposo, su hijo le ayudaba con los trabajos de una empresa de madera, ubicada en una colonia de Chilpancingo.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres voy a hacerme cargo de la empresa», le dijo Aparicio a su mamá.

En el 2021, Aparicio Bello participó en el proceso interno de Morena como aspirante a la candidatura a la alcaldía del municipio de Copala.

En mayo del 2021, Cecilia Narciso Gaytán fue designada por el Congreso local como presidenta de la CDHEG y semanas después nombró a Aparicio Bello como encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos.

Las autoridades estatales informaron que personal de la FGE, Protección Civil, Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Nacional realizaron las labores de rescate de los tres que habrían muerto en un accidente.

Sin embargo, el gobierno reconoce que todavía no están establecidas las causas del accidente.

Hace exactamente un mes se reportó la desaparición de la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Alma Yadira Astudillo, quien dos días después fue hallada muerta dentro de su automóvil, supuestamente se desbarrancó, también en territorio de Los Ardillos.

 

Uno de los tres era desplazado por violencia

 

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dio a conocer que Pedro Romero Sotelo, uno de los tres desaparecidos y hallado muerto, era un desplazado de la violencia del municipio de Leonardo Bravo.

Romero Sotelo y su familia, al igual que cientos de personas, fueron expulsados de la comunidad Campo de Aviación por un grupo armado de supuestos policías comunitarios vinculados con el grupo de Los Tlacos.

Esto ocurrió en noviembre del 2018 y las familias se refugiaron en la cabecera de Chichihualco, en donde hasta la fecha reciben apoyo oficial a cuentagotas por parte de los gobiernos federal y estatal.

«Nosotros sabíamos que Pedro (Romero Sotelo) se venía de Chichihualco a trabajar a Mochitlán y a Quechultenango», dijo una fuente del organismo.

A casi cuatro años de que las 1,800 personas fueron expulsadas de al menos seis comunidades de esa parte de la Sierra varias de ellas han fallecido en diversas circunstancias; unos por enfermedades y otros asesinadas.

En el octavo día de protestas contra la Estrella de Oro relucen otras denuncias contra la empresa

El plantón instalado afuera de la Central de Autobuses continúa; la empresa pidió una prórroga para analizar la propuesta de la familia de la víctima


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

31 de octubre del 2022

Chilpancingo

 

Lizbeth Peña Bibiano, madre de Iker David, el menor de siete años al que le amputaron un brazo derivado del accidente de un autobús de la Estrella de Oro en la Autopista del Sol, el pasado 23 de octubre, dijo que a nueve días del accidente la empresa no se responsabiliza de los gastos médicos de su hijo ni de otras personas hospitalizadas.

A pesar de que la empresa Estrella de Oro llegó a acuerdos con algunos familiares de los heridos, a otros todavía no les da una respuesta a sus demandas.

La madre de Iker pidió a la empresa el pago de una pensión vitalicia de por vida, de los gastos médicos, de las prótesis que pueda necesitar y rehabilitación psicológica para el menor.

De esa petición, la Estrella de Oro no dio una respuesta clara a la familia, por lo que el bloqueo de amigos y sociedad civil en apoyo a Iker, continúa.

hoy se tenía prevista una reunión entre representantes de la Estrella de Oro y la familia de Iker, además de familiares de otras personas hospitalizadas y de las que la empresa no se ha hecho responsable de los gastos médicos.

Los resolutivos de esa reunión, en la que se comentaba era para finalizar el plantón instalado fuera de la Central de Autobuses Estrella de Oro, fueron negativas de la empresa para cumplir las exigencias de la familia.

«Quiero las prótesis de mi niño y la reparación del daño de por vida», mencionó la madre de Iker.

A la manifestación llegaron familiares de Josafat Abarca Cabrera , que por el accidente resultó con fractura de costillas y una hemorragia interna y no tuvo atención en el Hospital General, por lo que decidieron trasladarlo a un hospital privado.

«El iba a Acapulco en plan de trabajo y a pesar de que los doctores dijeron que va a sanar, pues él es carpintero y vive de su trabajo que por un largo tiempo no podrá trabajar por lo que venimos a pedir a la empresa pague el hospital y una indemnización en lo que se recupera», dijo Lorena Abarca Cabrera, hermana de Josafat.

De acuerdo con la madre de Iker, aún no se sabe exactamente el número de todos los heridos ni las condiciones en las que están porque muchos fueron trasladados a distintos hospitales.

En la imagen, la madre de Iker en el plantón afuera de la Estrella de Oro en Chilpancingo. Foto: José Miguel Sánchez

«Pero hacemos el llamado a la empresa a hacerse responsable, no le vamos a permitir que se burle de nostros ni de las demás familias, si es necesario estar aquí 11 años lo haremos, pero queremos que se haga justicia», mencionó Peña Bibiano.

Sobre las investigaciones del accidente informaron que de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances y otra de las condiciones para levantar el bloqueo es que se presente el conductor ante las autoridades.

Hoy se cumplen siete días de que familiares, amigos y sociedad civil se sumaron a la toma de las instalaciones de Estrella de Oro en solidaridad con las familias.

Los resolutivos de la reunión de hoy fue una prorroga de cuatro días para analizar la propuesta de la madre de Iker.

«Todavía no tenemos una respuesta y si piden una prorroga de cuatro días pues cuatro días seguirá tomada la Central», dijo Peña Bibiano

Los videos de Los Tequileros y El Fresa, piezas de la construcción de una “narcorrativa” en la Tierra Caliente

Texto: Margena de la O

Fotografía: Carlos Navarrete y Arturo de Dios

Chilpancingo

 

En el momento que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, salió a dar la información oficial sobre los ataques armados en San Miguel Totolapan, impuso la manera en que debían de explicarse los hechos en que se asesinaron a 23 personas –de las que el gobierno estatal sólo reconoce 20–, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta: “El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”.

Con esto, de alguna manera, indujo a poner la mirada en que el origen de la masacre tenía la misma explicación que desde hace años manejan las instituciones para imponer cuál es el origen de la violencia, que no ha cambiado desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa justificó la llamada “guerra contra el narco”, asociada a que la violencia, que creció con la estrategia militar que empleó, tenía que ver con las acciones de traficantes de drogas.

El funcionario federal citó en el contexto la presencia de Los Tequileros en Tierra Caliente, “un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región”.

La disputa entre grupos criminales que mencionó al principio la clarificó unos minutos más adelante. “Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana a cuyas cabezas, apodadas El Pez y El Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo Tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos”.

La supuesta reciente aparición de Los Tequileros en la escena criminal de la Tierra Caliente, el funcionario la sostuvo en un video que circuló en redes de unos hombres armados que simplemente dijeron que pertenecían a ese grupo criminal y que se adjudicaban el asesinato reciente de un hombre llamado Nazario.

“El líder de ese grupo criminal, Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto, decir que, este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autenficando y reivindican entre otros el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre, en un principio accidente, en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidios sobre este evento”.

Mejía Berdeja sí dijo que el video estaba en proceso de autenficación, pero también mencionó que una nueva línea de investigación sobre el caso de Nazario Domínguez fue abierta después de que circuló ese material.

Cuando el subsecretario salió a dar la información oficial –fue en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 6 de octubre– habían transcurrido menos de 24 horas de los hechos en San Miguel Totolapan. De acuerdo con la información que proporcionaron habitantes de la Tierra Caliente, región a la que pertenece este municipio, los hechos ocurrieron entre una y dos de la tarde.

Él nunca habló de investigaciones puntuales hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) o por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero que sostuvieran estos dichos, pero sí concedió desde su investidura de autoridad federal una especie de anuencia para considerar este tipo de videos como una fuente no sólo informativa.

La académica Cecilia Farfán, coordinadora de los programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, publicó el 30 de agosto pasado en la revista Gatopardo un artículo titulado “Ya no me diga que fue el narco peleándose la plaza”, donde reflexionaba sobre los hechos violentos que ocurrieron semanas antes en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, y a la vez hace un cuestionamiento sobre cómo el debate público está atorado en los “cárteles” y la “plaza”, y que las primeras reacciones de las autoridades ante ellos sólo “se supone pero no se explica”.

“El problema no es sólo que existan distintas versiones de los hechos, emitidas desde el gobierno federal –con el presidente atribuyendo la violencia a una captura que la Sedena dice que nunca ocurrió–, sino que estos lugares comunes de “narcolandia” ofuscan la rendición de cuentas. Me explico. Cuando aceptamos versiones sobre las causas de la violencia del tipo “los criminales se matan entre ellos”, tácitamente aceptamos también que esas son personas que no gozan o incluso que no merecen la protección del Estado. Por ende, cuando ocurren actos de violencia y el Estado nos dice que fueron entre criminales, también abandona su obligación de garantizar derechos. Con esto no quiero decir que no existan las confrontaciones entre grupos criminales –por supuesto que las hay–, pero la responsabilidad de las autoridades no se termina en el acto de decirnos cuántas personas murieron o resultaron heridas. Tiene que investigar y probar la culpabilidad”, se lee en el texto.

Los hechos sobre los que reflexiona la académica son otros y fuera de Guerrero, pero tienen mucha relación con la reacción institucional ante lo que ocurre en San Miguel Totolapan.

Cuando el subsecretario usó un video sin confirmar su autenticidad –sólo dijo que estaban en el proceso de cerciorarse– abrió la puerta a legitimar el uso de esos videos o materiales que hasta ahora, ocho días después de los hechos, son las únicas fuentes más expuestas en la prensa local y nacional para explicar la masacre en Tierra Caliente.

En la imagen, patrullas de la Policía Estatal en las calles de San Miguel Totolapan un día después del ataque donde asesinaron a 20 personas, según los datos oficiales, porque en el municipio cuentan a 23. Foto: Carlos Navarrete

Más videos como única evidencia del origen de la masacre

 

Al día siguiente de la masacre circuló otro video relacionado al caso. En un en vivo desde el perfil de Facebook de Julián Alvarado apareció un hombre que los habitantes de Tierra Caliente identificaron –se lo comentaron a un grupo de reporteros que viajó de Chilpancingo a San Miguel Totolapan– como José Alfredo Hurtado Oloscuaga, apodado El Fresa o La Fresa, uno de los presuntos líderes del grupo criminal de La Familia Michoacana en la Tierra Caliente.

Este hombre que viste una playera de diseñador y que, quienes saben de marcas prestigiosas, usa un reloj de más de medio millón de pesos –al parecer, por las características que se alcanzan a apreciar en el video, es una pieza Franck Muller, que oscila, según una búsqueda rápida en internet, en 605,000 pesos–, como evidencia de su ostentación y poder económico, dijo que el ataque del miércoles 5 de octubre en San Miguel Totolapan era contra él y los Mendoza, quienes fueron asesinados ese día en el domicilio de los Domínguez, a quienes también las autoridades cuentan entre las víctimas. “(…) Primero que nada el atentado era contra mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá”, es de las primeras frases que menciona.

Después narra, y de eso ya hay mucho contenido en los medios de comunicación locales y nacionales, incluida la información documentada aquí, que él asistiría a la reunión, porque lo acordaron, donde estaba el alcalde, su padre y varias personas cercanas a quien era la autoridad, entre ellos sus asesores, es decir, los servidores públicos del primer círculo en la región.

Expuso que a él no lo balearon porque los agresores se apresuraron. Atacaron a los servidores públicos antes de que él bajará de su camioneta que, además, era blindada.

Aquí no se intenta repetir lo que ya está documentado, pero sí hacer énfasis en algunos datos o elementos que narró quien fue identificado como Hurtado Oloscuaga, entre ellos, que él mismo se encargó de las personas que cometieron el ataque.

“Salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, yo tengo mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba, no creíamos que alguien se atrevería a hacer eso. Me voy a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, nada más iba yo y el comandante Colima, me siguen, estaban muchachos de nosotros ahí, llego con ellos, llegan ellos. Dicen ser Tequileros, no sé de qué grupo sean”.

“(…) Nos llegan allá donde estábamos y, bueno, ahí, yo andaba muy molesto por lo que pasó, y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, por qué, porque se volaron la barda ahora sí al meterse a ese pueblo”.

Las autoridades hasta el momento no han confirmado que este hecho ocurriera, menos si hubo más muertos adicionales a la masacre de San Miguel Totolapan. De hecho, derivado del recuento que hace Amapola, periodismo transgresor sobre los homicidios, basados en las notas periodísticas, no hay reportados muertos en la Tierra Caliente ese día.

Lo que es importante hacer notar es la reacción de las autoridades a este material. La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, dijo en una entrevista en Radio Fórmula, de acuerdo con lo que documentaron otros medios de comunicación, que en la dependencia hacían un análisis técnico del video de ese hombre, pero que con el material abrirían una nueva línea de investigación.

“‘Una información muy relevante que nos está generando una nueva línea de investigación es la publicación de un video en fuentes abiertas… Se está analizando su contenido, viendo coincidencias y tomando líneas de investigación que permitan tomar de manera fehaciente ese dato de prueba’», dijo en entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

Otra vez, una autoridad considera un material de esta naturaleza como una posible prueba para la investigación, pero no acepta que el presunto delincuente se mueve con impunidad por la Tierra Caliente, es decir, sin que las autoridades lo impidan.

Entre los comentarios que hace ese hombre del video es que vive en la cabecera municipal de San Miguel y que tiene su casa a una cuadra de la presidencia; “yo creo que todo mundo la conoce (…)”, comenta en el video.

Sobre eso, la fiscal rechazó en la misma entrevista de radio, según la misma nota periodística, que tuvieran reportes al respecto. Algunas personas de la Tierra Caliente consultadas a la distancia comentaron que sí se sabe en la zona que Hurtado Oloscuaga pueda tener un casa en el centro de la cabecera municipal.

Por cierto, en julio pasado, el vicefiscal de Investigación de la FGE, Ramón Ayala Gamboa, informó en el contexto de unos bloqueos que hicieron transportistas en la Tierra Caliente, que realizaban una operación policiaca junto a fuerzas federales para detener a los hermanos Hurtado Oloscuaga, y esa protesta fue planeada para impedir su actuación.

“Es un operativo que hace la Federación en coordinación con el estado para detener a los dos principales criminales que operan en el sur del Estado de México y en la Tierra Caliente, específicamente en Arcelia, El Fresa y el Pez”, dijo el vicefiscal de acuerdo con una nota documentada en Amapola, periodismo transgresor.

En los pocos más de 10 minutos que dura ese video, el hombre, el presunto Hurtado Oloscuaga, narra los hechos que se supone cometió, y las actividades que hace, con una tranquilidad, como si fueran acciones comunes de una organización social.

En el ejercicio de continuar con el análisis de los videos que han surgido alrededor del caso, presuntos integrantes de Los Tequileros respondieron a El Fresa, y negaron, de principio, que ellos sean los autores del primer video que les atribuyeron y que el subsecretario de Seguridad Pública federal retoma como una presunta evidencia.

También negaron que ellos sean los responsables de la masacre de San Miguel Totolapan, al contrario, acusaron a Hurtado Oloscuaga, al decir que fue él quien convocó a los servidores públicos municipales a la reunión y que nunca hubo evidencia de las muertes de presuntos tequileros en la zona rural en respuesta a los ataques.

Como aditamento de los videos, en la prensa circula el contenido de una ficha informativa que fue filtrada, se indagó, desde la Mesa de Seguridad Regional, donde señalan a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, come el autor de la masacre de San Miguel Totolapan

“Al llegar al lugar (La Fresa ) de la cita, él y sus sicarios desarmaron a la gente del presidente y los ejecutaron, después salieron disparando por las calles y los domicilios, mientras otro grupo de sicarios dispara a la fachada del Palacio municipal”, dice el reporte con fecha 5 de octubre y hora de envío 18:30 horas.

En la imagen, los casquillos percutidos después del ataque armado en San Miguel Totolapan. Foto: Arturo de Dios

Lo que queda en evidencia en la dinámica de los videos de miembros entre grupos criminales es la falta de autenticidad de estos materiales, y que antes de confirmarlos, son evidencia para  la autoridades como aristas de la investigación formal, con lo que obvian elementos sustanciales del caso, como quiénes son los grupos políticos y económicos detrás de esta violencia, cuando han saltado actores políticos y económicos alrededor de la presencia de grupos, como el ex alcalde  y exdiputado local, el priísta Saúl Beltrán Orozco ligado a Los Tequileros.

Con esto nunca se niega la existencia y confrontación de grupos criminales, como dice la académica Farfán, menos la violencia expuesta, porque “(…) la violencia es real, pero la explicación dominante es un ardid político (…)”, apunta el académico Oswaldo Zavala en su libro La guerra en las palabras.


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Otra vez se inunda Clínica del ISSSTE de Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Cortesía 

Chilpancingo

 

La clínica del ISSSTE de Chilpancingo que no otorga al cien por ciento los servicios médicos a sus derechohabientes porque siguen las reparaciones por los daños del sismo de septiembre del 2021, sufrió inundaciones a consecuencia de las lluvias este sábado en la tarde.

Fueron los propios empleados de este centro de atención, ubicado al sur de esta ciudad, quiened subieron a twitter un video donde se ve a sus compañeros de intendencia limpiar el piso de aguas negras.

«Si es cierto que ocurrió eso este sábado en la tarde pero no eran aguas residuales sino aguas pluviales de la lluvia», aclaró una médica que labora en esta clínica.

Contó que esta situación (de las inundaciones) ocurre siempre cuando hay fuertes lluvias.
Es en la sala de espera de urgencias de la clínica del ISSSTE donde se ve a dos trabajadores de intendencia limpiar el piso.

Dicha clínica sigue sin funcionar a toda su capacidad porque la federación sigue realizando reparaciones en varios lugares del edificio que colapsó durante el temblor del 17 de septiembre del 2021.

«Los quirófanos están funcionando al cien por ciento pero algunos enfermos que llegan graves se les canaliza a un hospital de otro nivel», refirió la médica.

Después del sismo del 2021, varios meses estuvo fuera de servicio este hospital y esta institución rentó varios edificios en donde se les brindó atención a los derechohabientes.

Desde hace años, los usuarios que son trabajadores al servicio del estado criticaron la mal atención que brinda esta clínica que tiene más de 50 años en funcionamiento.

Se quejan de la falta de medicamentos, personal médico y la mala planeación de las cirugías.
Durante la pandemia del Covid-19, esta clínica fue insuficiente para atender a sus pacientes.

A lo largo de varios años los mismos derechohabientes protestaron afuera de la clínica denunciando la mala atención e incluso presuntos actos de corrupción.

El grupo de derechohabientes que más ha protestado es de los enfermos de los riñones, quienes han denunciado la falta de atención a sus sesiones de diálisis y hemodiálisis.

Otro hospital que también enfrenta problemas es el ISSSTE de Acapulco, en donde los propios trabajadores denunciaron la falta de infraestructura e incluso de pago de salarios en forma puntual.

Este hospital del puerto que también sufrió daños por el sismo del 2021, atiende a 650 mil derechohabientes.

 

 

Mueren cinco personas, entre ellas, una bebé a causa de lluvias en Guerrero

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía:

Chilpancingo

 

Los remanentes de la tormenta tropical Lester provocaron la muerte de cuatro adultos y un bebé en los municipios de Malinaltepec e Iliatenco, en la región de la Montaña de Guerrero.

La Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado informó que este martes, alrededor de las 3:30 de la tarde lograron rescatar los cadáveres de dos adultos y un menor de edad que desde la madrugada de este día habían sido reportadas como desaparecidas después de haber sido arrastradas por la corriente de un río en la comunidad de El Mango, anexo a Tilapa, municipio de Malinaltepec.

Se trata de Francisco Neri Quiroz, Miguel Neri Garza y José Miguel Neri Quiroz, de 20, 49 y 12 años, respectivamente.

Los tres fueron arrastrados por la creciente de un río al registrarse un deslave de tierra que se originó por las lluvias que cayeron durante la madrugada de este martes.

Protección Civil informó que en la comunidad de Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco, murieron Gabina de Jesús Neri, de 32 años, y su bebé de cinco meses Liliana Gabriel Galena.

Fue un derrumbe que cayó sobre una casa lo que provocó la muerte de la mujer y de su bebé.

Personal de Protección Civil está en la zona en donde está atendiendo a las familias.

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