La SEG retira a la única maestra en Rincón de Chautla; 22 niños se quedan sin clases, denunció la CRAC

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
27 de marzo del 2023
Chilpancingo

El coordinador municipal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, David Sánchez Luna, denunció que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pretende retirar de la comunidad a la única maestra que atiende a los niños del preescolar.

Son 22 niños del preescolar Nicolás Bravo los que se quedarían sin clases

En una carta dirigida a la gobernadora Salgado Pineda y a la SEG y a su titular, Marcial Rodríguez Saldaña, la coordinación de la CRAC en Rincón de Chautla solicitó no cancelar la clave presupuestal de la maestra de preescolar Antonia Hilda Mesa Castro.

«Nuestros niños necesitan la educación, como lo ha dicho la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, que primero es la educación a los pueblos marginados o pueblos indigenas», se lee en la carta dirigida a Rodríguez Saldaña.

En la carta explicaron que apenas el 20 de febrero pasado la maestra llegó a la comunidad y a un mes de eso la SEG le notificó la cancelación de su clave.

«Nuevamente nos la quieren quitar (a la maestra) y dejar sin clases a nuestros niños», se lee en la carta. Mesa Castro ya fue informada de un cambio de plaza en otra comunidad.

«Según ya hablamos con el gobierno y nos dicen que ya lo están revisando, pero van lentos y en lo que lo revisan, pues, los niños van a perder clases», mencionó Sánchez Luna en entrevista.

La razón por la que los pobladores se niegan a que cambien de comunidad a la maestra Mesa Castro, es porque quien está adscrita a la comunidad, de nombre Marcelina Modesto Morales, tiene doble plaza. Es decir, está adscrita al preescolar Nicolás Bravo de Rincón de Chautla, y al de la comunidad de Chilacachapa, municipio de Tixtla.

«Por lo que se entiende que no hay garantía de que nuestros niños sigan estudiando», se lee en la parte final de la carta que también lleva remitente al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Rincón de Chautla, ubicada en la Montaña baja de Guerrero, enfrenta altos índices de pobreza y marginación; sus habitantes sufren la inseguridad y violencia provocada por grupos criminales con relaciones políticas y económicas. El saldo de este fenómeno de la violencia son personas asesinadas y desaparecidas, también ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cuatro niños toman clases después del confinamiento en 2021 generado por la pandemia de la Covid-19 en el Jardín de Niños Independencia, en la colonia Florida de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

Presupuesto, personal, insumos para la búsqueda de personas, piden colectivos a legisladores en reunión 

Integrantes de los colectivos y diputadas y diputados locales retoman los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada 


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

17 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

 

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) no cuenta con presupuesto, oficina ni personal suficiente para atender a las víctimas, denunciaron ante las diputadas y los diputados locales integrantes de colectivos de búsquedas de personas desaparecidas.

«La Comisión Estatal de (Atención a) Víctimas no tiene ni oficina, es una casa que no tiene las áreas adecuadas para atender a las familias, no hay la infraestructura ni del lugar ni del personal. Queremos personal calificado para atender a las víctimas, tanto psicólogos, secretarias y todo», mencionó la representante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, quien asistió a la reunión.

Esta información fue revelada en una reunión entre los colectivos y un grupo de legisladores locales para comenzar los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.

Para ejemplificar la problemática, Antúnez Flores mencionó algunos necesidades urgentes.

«En la Comisión (Estatal de Búsqueda) pasó un caso de un psicólogo que resultó ser un acosador que no tenía ni título profesional, y luego si tenemos una emergencia tenemos que hacer fila para acceder a esos servicios», agregó.

Ante las diputadas y los diputados denunció que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) sólo cuenta con una persona asignada para la búsqueda de personas.

«Tantos colectivos que somos y cuando solicitamos búsquedas tenemos que hacer fila hasta que se desocupen de la búsqueda que algún otro colectivo esté haciendo en ese momento», mencionó.

En dicha reunión los colectivos pidieron a legisladores locales más presupuesto para la CEAV y la CEBP, ambas dependientes de la Secretaría General de Gobierno.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado, a la CEAV se le otorgo para este año un presupuesto de 13 millones 577 mil, que representa una tercera parte de lo que recibe la Oficina de la Gobernadora, con 33 millones 95 mil pesos a su disposición.

Después de una movilización el pasado 7 de marzo, por parte de varios colectivos de búsqueda de personas, este viernes se realizó la reunión entre un grupo de diputados y representantes de los colectivos para comenzar los trabajos para crear la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.

Tanto la movilización de la semana pasada y la reunión de hoy tienen el fin de presionar a los legisladores locales para que aprueben una iniciativa de ley para que las víctimas directas e indirectas de desaparición y desaparición forzada tengan un marco jurídico mediante el cual puedan acceder a una búsqueda pronta.

Para llegar a esta primera reunión con los legisladores locales, los colectivos tuvieron que marchar, bloquear los accesos al Congreso local y los cuatro carriles de la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo, por cinco horas.

Derivado de ese bloqueo y manifestación las diputadas y los diputados pusieron como fecha este día para un primer encuentro.

Para seguir con el análisis de la iniciativa de ley, agendaron ambas partes otra reunión para el próximo 21 de abril y dependerá de los avances, pero esperan que la iniciativa suba al pleno del Congreso local para su votación a mediados de junio próximo.

Al finalizar la movilización del 7 de marzo, Antúnez Flores denunció que los legisladores de la 62 legislatura, es decir, la anterior, perdieron una iniciativa que los colectivos trabajaron desde 2019 con la Cruz Roja Internacional.

«Afortunadamente nosotros conservamos una copia, lo que viene ahora es leer lo que ya tenemos avanzado y aportar a esta nueva que se está haciendo».

En la reunión estuvo presente la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández y Osbaldo Ríos Manrique.

De parte de los colectivos asistieron representantes de Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.

Los ausentes en esta reunión fueron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), a quienes los colectivos hicieron un llamado a integrarse a los trabajos para le creación de esta ley.

«Queremos que se valore el área, el presupuesto y se le garantice a las personas su derecho a ser buscados», dijo Antúnez Flores.

Familiares de personas desaparecidas durante la movilización del pasado 7 de marzo para exigir al Congreso legislar en materia de desaparición de personas y desaparición forzada. Foto: Óscar Guerrero.

 

“La búsqueda es lo único que me da fuerza”: Eloisa entró a los prostíbulos del narco para hallar a su hijo

Hace ocho años, Eloisa Campos Castillo inició la búsqueda de su hijo Randy Jesús, desaparecido en Veracruz. En este tiempo, dice, ha aprendido que buscar a una persona es también buscar a las demás cuyo paradero se desconoce.


Texto y fotografía: Manu Ureste / Animal Político 

17 de marzo del 2023

 

A los 52 años, Eloisa Campos Castillo volvió a enfundarse una falda ceñida y corta, se calzó unos tacones altos, se maquilló con rubor las mejillas y se metió muerta de miedo a un prostíbulo donde, sospechaba, el narco tenía secuestrado a su hijo.

Era agosto de 2014. El hijo de Eloisa, Randy Jesús Mendoza Campos, de 22 años, había desaparecido luego de asistir a su trabajo en una óptica de Orizaba, una ciudad de 120 mil habitantes en la zona centro de Veracruz.

Días antes de meterse al prostíbulo, la mujer recibió una misteriosa llamada en su celular.

—Usted no me conoce, pero tengo información sobre su hijo —le soltó una voz femenina sin mayor presentación—. Pero tiene que hacer lo que le digo: un hombre tiene que llamar a este número y decir que quiere mis servicios.

—¿Cómo dice? —respondió desconcertada Eloisa—. Pero oiga…

—Usted haga lo que le digo —la cortó en seco la mujer—. Que un hombre llame y pregunte por mis servicios.

Y colgó.

Ocho años después, Eloisa, ahora de 60 años, se encuentra en un punto remoto del municipio de Río Blanco, cerca de Orizaba. Está parada a unos pocos metros de peritos forenses que excavan la tierra para tratar de confirmar la existencia de una fosa clandestina en las caballerizas abandonadas del “Rancho Cali”, un predio de 10 hectáreas que hace cinco años utilizaban Los Zetas como narcocementerio.

En este mismo lugar, el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba ya encontró en 2017 ocho cuerpos en tumbas clandestinas. Y ahora, cinco años después, las madres del Colectivo —tras completar su ritual gritando al unísono “Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”— buscan nuevas evidencias de tumbas clandestinas, en coordinación con las autoridades de la policía ministerial de búsqueda, servicios periciales e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Amparada bajo la sombra de unas espigadas palmeras, a un costado de un campo de cultivo donde dos campesinos tocados con sombreros labran la tierra sudorosos y ajenos al horror que tienen a tan solo unos metros de sus pies, Eloisa continúa narrando que aquel día que recibió la llamada misteriosa fue a la casa de su hermano a pedirle ayuda.

Ambos marcaron de nuevo al número telefónico y esta vez contestó una voz de hombre.

Como instruyó la mujer, el hermano de Eloisa preguntó por ella. El precio del servicio, le informó una voz contundente, era mil 200 pesos nada más por dejarla salir a domicilio. El hermano de Eloisa aceptó y se la enviaron.

“Ella llegó con mucho miedo; decía que había metida gente muy peligrosa, narcos. Pero accedió a contarme que la dueña de la casa de citas donde trabajaba andaba con un hombre al que apodaban ‘el Conta’, y que vio cómo este fulano llegó un día a la casa y aventó una foto de mi hijo en una mesa y dijo: ‘Ay, si supieran dónde tengo metido a este chamaco’. Y luego se empezó a reír”.

En los días siguientes, Eloisa salió tres veces con la mujer a dar recorridos por prostíbulos en localidades aledañas a Orizaba, hasta que le señaló uno que estaba en Cuautlapan, un pequeño pueblo de unos 8 mil habitantes próximo al municipio de Ixtaczoquitlán. Ahí, en la parte de atrás del local, la mujer le señaló que había una casa de seguridad de Los Zetas.

Poco después, la misteriosa mujer desapareció y no volvió a comunicarse.

Eloisa recurrió entonces a su cuñada. Ambas fueron a las inmediaciones del bar-prostíbulo, donde atestiguaron un movimiento extraño de coches Tsuru de color blanco y sin placas, que entraban y salían del local.

Aguantando los nervios y el miedo, Eloisa observó de cerca uno de los coches.

“Vi que en la parte de atrás traía harta ropa. Y yo hasta saqué los ojos cuando vi eso, porque pensé: ‘¿Y si esa ropa es de todos los muchachos y mujeres que se llevan secuestrados?’”.

La veracruzana fue al día siguiente corriendo al Ministerio Público, con la esperanza de que el fiscal a cargo ordenara un cateo de la casa de seguridad.

“Pero no hizo nada. Nunca hizo nada. No buscó a mi hijo”.

Para terminar de complicar las cosas, su cuñada le dijo que lo sentía mucho, pero que tenía pánico de meterse en broncas con el narco. Máxime en un estado como Veracruz, donde tan solo en los últimos cinco años se contabilizan, según datos oficiales, hasta 6 mil 180 asesinatos —un promedio de mil 200 al año—, y peor aún, en aquel Veracruz que en 2014 aún estaba bajo dominio de Los Zetas, uno de los grupos delictivos más sanguinarios de México que desató un ‘reinado’ de terror en la entidad con cobros de piso al por mayor, tráfico de migrantes, asesinatos, desapariciones y fosas clandestinas. Un ‘reinado’ que ahora ocupa otro grupo delictivo de siglas diferentes: el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Estaba desesperada. El tiempo pasaba, mi hijo no aparecía y no sabía a quién más acudir, ni qué hacer”, recuerda Eloisa.

Así estuvo, hasta que, frente a un espejo, tomó una decisión desesperada.

“Me puse una falda un poco corta, me calcé unos zapatos, me pinté de más y me metí al bar, que era una cantina de mala muerte”, narra la mujer, que vuelve a tirar de memoria para describir la escena:

—¿Qué se le ofrece? —le preguntó una mujer de mediana edad, “muy mal encarada”, que estaba detrás de la barra de la cantina.

—Necesito trabajo.

—Váyase, aquí no tenemos trabajo. Solo contratamos a mujeres jóvenes, señora.

—PUEDO TRABAJAR HACIENDO LA LIMPIEZA.

Las mayúsculas son porque, en este punto de la plática, Eloisa dice que elevó el tono de voz a propósito. Pensaba que, si Randy Jesús estaba en alguna habitación de la casa de seguridad, él podría escucharla si gritaba.

Ante lo raro de la escena de Eloisa gritando cuando tenía a la mesera frente a ella, la mujer de detrás de la barra comenzó a ponerse nerviosa al ver que los comensales se intercambiaban miradas de extrañeza.

—Señora, le he dicho que se vaya de aquí —le advirtió, amenazante.

—Está bien. ¿ME PUEDE SERVIR ENTONCES UNA CERVEZA, POR FAVOR? —gritó de nuevo Eloisa, que trataba de ganar tiempo dentro del local.

—No, no puedo. ¡Lárguese!

Debajo de la sombra de las palmeras al interior del “Narcorrancho Cali”, a unos pocos metros de otra maraña de árboles y arbustos que crecen salvajes y que esconden el viejo caserón abandonado donde Los Zetas torturaban y desmembraban a sus víctimas, la mujer hace una pausa y se quita la gorra con la que se guarda del fuerte sol del mediodía.

A lo lejos, se alcanza a escuchar el ruido de las piedras y de los bloques de concreto que sus compañeras del colectivo quitan del suelo rocoso de las caballerizas en ruinas y las avientan a un costado para que, luego, el equipo de forenses pase por la zona con un aparato que arrastran por el suelo para detectar posibles anomalías y remociones de tierra que pudieran indicar la existencia de fosas clandestinas.

“El amor a mi hijo fue lo que me llevó a no pensar en las posibles consecuencias”, se arranca de nuevo Eloisa, que se vuelve a ajustar la gorra sobre la cabeza, para luego atusarse la blusa de rayas azul marino que viste con unos pantalones de mezclilla y unas botas estilo militar.

“Yo, en ese momento, me decía tontamente: si hablo fuerte, mi hijo me va a escuchar y él va a gritar: ‘¡Mamá, aquí estoy! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame!’”, dice Eloisa, por cuyas mejillas comienza a resbalar un caudal de lágrimas.

“Claro… ahora lo pienso y digo… híjole, fue la desesperación lo que me llevó a hacer algo tan arriesgado. Porque, imagínate, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera estado ahí? —se pregunta—. Ni modo que él me gritara, y entonces yo entrara a la fuerza y me lo llevara de la mano en un antro lleno de narcos, ¿verdad?”.

La mujer traga saliva y clava la mirada en el suelo.

El viento, que corre ahora feroz a su alrededor, agita las bandas de plástico que piden “no pasar” y las decenas de banderitas rojas que, clavadas por los peritos en el suelo arcilloso, dibujan la silueta de una posible fosa clandestina.

A continuación, Eloisa esboza una sonrisa cansada.

Con una mueca de tristeza en el rostro, se limpia las lágrimas y se queda en silencio.

“Sentada en la iglesia no voy a encontrar a mi hijo”

Después de que la corrieron de mala forma, Eloisa estuvo varios meses yendo a las inmediaciones de la cantina, “disfrazada” con una gorra y unos lentes de ver que, en realidad, no tenían graduación. En un puesto de memelas cercano al prostíbulo, permanecía horas bajo el sol y las lluvias de la tarde junto a la dueña del changarro callejero a la que le pedía un café tras otro sin dejar de observar los movimientos del local.

Finalmente, al no conseguir pistas de su hijo, la mujer se percató de que era tiempo de cambiar de estrategia; de dejar atrás los disfraces. Y el 14 de agosto de 2015, siete meses después de la desaparición de Randy, decidió asistir a una marcha convocada por el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba. Ahí fue cuando conoció a la señora Araceli Salcedo, férrea activista que lidera el colectivo y madre de Fernanda Rubí, una joven a la que Los Zetas desaparecieron tras salir de una discoteca en Orizaba hace 10 años.

“Araceli me preguntó por mi caso y yo rompí a llorar. Ella solo me abrazó y me dijo: ‘Tranquila, no estás sola’. Así empezó mi unión con el colectivo hasta el día de hoy”, explica la veracruzana, que agrega que, por aquel entonces, el fiscal a cargo del caso de su hijo seguía sin investigar ni dar resultados. “No hicieron nada hasta que lo cambiaron y me pusieron a la fiscal Rosalba, que de inmediato comenzó a hacer todo lo que el otro no había hecho, como pedir la sábana de llamadas del celular de mi hijo”.

Ahora, Eloisa es de las veteranas del colectivo, que agrupa a más de 350 familias de toda la zona centro de Veracruz, entidad donde, según cifras oficiales, en los últimos cinco años se interpusieron 3 mil 651 denuncias por desaparición de jóvenes de cero hasta 29 años —el 55% de estas fueron por desaparición de niños, niñas y adolescentes menores de edad— , de las cuales hasta mil 460 siguen vigentes a la fecha, mientras que en 105 casos los jóvenes ya fueron localizados muertos.

La mujer, como muchas otras del grupo de buscadoras, tuvo que dejar aparcado su trabajo en una tienda naturista y dedicarse al 100% a la búsqueda de Randy Jesús, algo que todavía, dice, hay mucha gente en la sociedad que no lo entiende.

“Hace poco una señora llegó y me dijo: ‘Ay, manita, ¿pero cómo? ¿Todavía andas en eso? Ya mejor déjalo, mujer. Ve a la iglesia, ponlo en manos de Dios y sigue con tu vida’”.

Eloisa niega con la cabeza, observando de reojo a sus compañeras que no dejan de rastrear la tierra en las caballerizas abandonadas.

“Y yo siempre les respondo lo mismo: que tendrían que estar en mis zapatos para entenderme, para entendernos. Y sí, creo en Dios firmemente. Pero sé que por ir a sentarme a la iglesia y rezar, mi hijo no va a aparecer así porque sí. Tengo que seguir buscando”.

De hecho, la veracruzana asegura que en estos años en el colectivo ha aprendido que la búsqueda de un hijo o de una hija es también la búsqueda por los demás.

Y eso la reconforta y le da algo de paz.

“Ya son muchos años en los que hemos ayudado a muchas familias”, dice orgullosa Eloisa, que explica que, a pesar de que existe entre las madres buscadoras un gran temor a encontrar a sus seres queridos en lugares como el “Narcorrancho Cali”, el salir juntas a buscar respuestas es lo que las mantiene de pie en mitad de tanta barbarie.

“Este no es un lugar donde quisiera encontrar a mi hijo, claro. Porque veo esa casa donde torturaban a la gente y ruego que el que aparezca bajo tierra no sea él. Pero, al mismo tiempo, cuando no hay búsquedas yo siento que me consumo metida en casa. Porque esto que hacemos, las búsquedas, la búsqueda de mi hijo, es lo único que me da fuerza para seguir viviendo”, concluye Eloisa.

 

Karen Melissa cumple 39 días desaparecida, y nadie sabe de ella

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Óscar Guerrero 

09 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Karen Melissa Peñaloza Martínez cumplió 39 días desaparecida y en todo este tiempo la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha mostrado avances en su búsqueda.

Karen Melissa es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), es originaria de Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica.

Llegó a Chilpancingo para estudiar su carrera profesional; estudiaba su primer año en el turno matutino.

Desapareció el 31 de enero. La versión que se es conoce es que abordó un taxi con dirección al poblado de Petaquillas, ubicado a 10 minutos de la capital.

Ayer, en la marcha del 8M, su madre, Gisela Peñaloza, viajó desde Cuajuinicuilapa para participar en la marcha y exigir su aparición con vida.

Gisela estaba en uno de los contingentes que encabezaban la marcha, con una lona en la que se leía; «Las mujeres afromexicanas te buscamos Karen Melissa». Gisela recorrió las calles de Chilpancingo con esa lona con la foto de Karen.

De acuerdo con su madre, Karen se mudaba de cuarto. Vivía con una compañera, pero ese 31 de enero cambió sus cosas a un departamento cerca de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), cerca del Fraccionamiento Reforma.

La última comunicación que Gisela tuvo con su hija fue el mismo 31 de enero. Recuerda que le dijo: «Más tarde hacemos videollamada». Eso nunca ocurrió.

Al principio Gisela desconocía que Karen se mudaba de cuarto, se enteró cuando vino a Chilpancingo a buscarla porque no le contestaba el teléfono.

«Había un taxi, me informan que había un taxi en el que ella se cambió con sus cosas, iba acompañada de una mujer, no sabemos quién es la mujer realmente», mencionó Gisela.

Lo único que le dijeron era que, por los colores, el taxi era de Petaquillas.

El plan de Gisela y Karen era pasar juntas el puente por el Día de la Candelaria, a principios de febrero, en Cuajunicuilapa.

Gisela pasaría por Karen a Chilpancingo para irse juntas a la Costa Chica. Gisela estaba en un pueblo cerca de Iguala, donde tienen familiares.

El 1 de febrero Karen ya no le contestó, y su madre supuso que estaba ocupada o que su celular se había descompuesto, recordó «que andaba fallando».

«Después se vino el 2 y yo ya venía para acá,(Chilpancingo), le estuve marcando aquí y nada. Se me hizo raro, pensé que tal vez ya se había ido para allá».

El 5 de febrero, Gisela regresó a Chilpancingo y fue a la Facultad de Derecho y ahí supo que Karen se había cambiado de departamento, le dijeron donde vivía, así dio con el lugar.

En el nuevo departamento sólo estaba su perro, la dueña del departamento le dijo que Karen estuvo en ese lugar unos 10 minutos.

«La dueña le dijo que no aceptaba perros, y Karen le dijo, no se preocupe, más tarde lo soluciono, pero ya no regresó».

Después amigos cercanos de Karen comenzaron a llamarle para decirle que no la encontraban, incluso ni a sus amigos más cercanos les contestaba el teléfono.

«Yo pensé que todo esto iba a terminar luego, y aquí estamos a 38 días de su desaparición».

La FGE solo le ha comentando a Gisela que investigan el caso, pero sin darle resultados.

«Me han informado que han salido a pegar cárteles y a preguntar, pero que hasta la fecha no hay nada».

Cada que Gisela sabe alguna información se acerca a la FGE y aprovecha para preguntar cómo va la búsqueda. Las amistades de Karen tampoco les han dado mayores datos.

«Espero que ya esta semana primero Dios tengamos noticias favorables, es muy difícil estar con esta angustia».

Familiares y amigas de Karen Melissa marcharon el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Chilpancingo, para exigir su pronta aparición con vida. Foto: Óscar Guerrero

 

Inés Fernández, la mujer me’phaa que le ganó un juicio al poder militar 

A 20 años de la agresión sexual en su contra, cometida por 11 militares, un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Tlachinollan 

8 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

El 21 de marzo del 2002 un grupo de 11 militares que irrumpieron en Barranca Tecoani, comunidad me’phaa en Ayutla de los Libres, y agredieron de manera sexual a Inés Fernández Ortega. A 20 años de los hechos un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores, Hugo Humberto García de León.

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroProh), dieron a conocer que la sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Distrito con sede en Acapulco, el 1 de marzo de 2023.

Inés tenía 25 años. Era 22 de marzo del 2002. Estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando 11 militares armados ingresaron a su casa. Todos ellos participaron en la agresión sexual.

De acuerdo con una ficha técnica del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh): los hechos ocurrieron de la siguiente manera: uno de los militares la tomó de las manos y le apunto con su arma, le ordenó que se tirara al suelo.

Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”

Después Inés acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de Libres para interponer la denuncia; caminó ocho horas para llegar.

“Al llegar no me tomaron en cuenta porque hablaba en mi lengua (me’paa) y no había algún traductor disponible”, contó Inés, a través de su interprete, durante la conferencia de prensa.

Tardó tres días para interponer la denuncia; nadie de su comunidad la apoyó por miedo a los militares.

Desde que interpuso la denuncia, el 24 de marzo de 2002, Inés vivió malos tratos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.

Ningún habitante de Barranca Tecuani quería hacerle frente a los militares, “les tenían miedo porque ellos llegaban y de la nada, con armas, cortaban nuestros plantíos de maíz”, recuerda Inés.

Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación –por la acusación contra miembros del Ejército– y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar

Inés, con el apoyo de Tlachinollan, interpuso una serie de recursos legales a nivel internacional a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

La denuncia fue interpuesta ante la Corteidh en junio del 2004. Para 2010 emitió una condena contra México “por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército” y clasificó el delito como una grave violación de derechos humanos.

Entre las recomendaciones de la Corteidh al Estado mexicano estaba la reparación del daño, una disculpa pública y llevar ante la justicia a sus agresores.

La disculpa pública la obtuvo el 6 de abril del 2012 por parte del entonces secretario de Gobernación federal, Alejandro Poire Romero, en un acto público en la cabecera de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Como parte de la reparación del daño construyeron un centro de ayuda para mujeres, donde dan acompañamiento a mujeres de pueblos originarios que sufren algún tipo de violencia de género.

La justicia, considera Inés, aún no le es garantizada, de los 11 militares que la agredieron sexualmente, sólo uno tiene una sentencia condenatoria por 20 años, 20 años después de los hechos.

“Aún así, por la sentencia que hoy se presenta en contra de uno de mis agresores, quiero decirles que una mujer me’phaa le ganó al poder militar”.

De los 11 militares que la agredieron, Inés sólo logró identificar a dos, uno de ellos fue el hoy sentenciado a 20 años, y el segundo fue Salvador Aguilar Ortañes, quien fue detenido en 2014 y encarcelado en una prisión militar, pero falleció en una riña en 2017, contó el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

En la conferencia estuvo presente María Luisa Aguilar, integrante del CentroProh y Norma Jiménez, sobreviviente de tortura por la represión cometida por policías estatales y federales en el Estado de México en San Mateo Atenco en 2006.

“Inés caminó ocho horas en busca de justicia y después siguió caminando otros 20 años, y lo hizo por todas nosotras”, dijo Norma Jiménez.

Rosales Sierra celebró que está sentencia fuera para garantizar una justicia para Inés lo que, expuso, no sucede a menudo en este país.

Inés Fernández Ortega durante la inauguración del Centro de Atención a Mujeres en Ayutla de los Libres.

 

Congreso de Guerrero pierde iniciativa de Ley de desaparición forzada impulsada por colectivos

Se perdieron cuatro años de esfuerzos de integrantes de familiares de desaparecidos. Después de protestar esta tarde, se reunieron con los diputados locales y acordaron reiniciar los trabajos de la iniciativa. 


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

7 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Los diputados locales perdieron la iniciativa en materia de personas desaparecidas y desaparición forzada que los colectivos de víctimas presentaron hace cuatro años al Poder Legislativo.

Desde 2018 que presentaron la iniciativa a la fecha han pasado por el Congreso local dos legislaturas –la anterior y la vigente– que ignoraron la propuesta que impulsaron familiares de desaparecidos.

De acuerdo con la representante del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, los diputados de la entonces 62 legislatura nunca le dieron importancia.

“Hace cuatro años se inició una (iniciativa de ley) pero quedó como a mitad del camino, ya nadie le hizo caso y ningún diputado puso atención y los colectivos dejamos de presionar”, contó Antúnez Flores al salir de la reunión con diputados locales en el Congreso local, después de que protestaron en demanda de la aprobación de una ley que garantice la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

Fue en 2021 y 2022 que los colectivos comenzaron a trabajar junto con integrantes de la Cruz Roja Internacional, quienes los asesoraron con abogados para mejorar la iniciativa presentada en 2018.

“Fue esa iniciativa la que los diputados perdieron, ya con los cambios y mejoras que le hicimos con la asesoría de la Cruz Roja”, dijo Antúnez Flores.

Ante la falta de una respuesta por parte de los diputados locales de aprobar la ley en materia de desaparición de personas, fue que el día de hoy los colectivos marcharon y bloquearon por cuatro horas el Congreso local y calles aledañas.

Después de cuatro horas de bloquear los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, una representación de los colectivos entró a una mesa de diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Leticia Mosso Hernández y el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.

Al no tener la iniciativa principal, el compromiso de los diputados fue que se trabajaría con la iniciativa de la Ley General de Desaparición, presentada en noviembre del 2022 por la diputada morenista Nora Yanek Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel.

Una fuente dentro del Congreso local aseguró que dicha iniciativa no subía al pleno porque la presentó Sánchez Esquivel, quien desde hace varios meses mantiene un conflicto con Domínguez Serna, quien lo acusó por violencia política de género. La diputada lo relevó en la presidencia de la Jucopo.

En la mesa de negociación, los diputados locales prometieron a los colectivos trabajar de manera conjunta dicha iniciativa, es decir, comenzarán de nuevo con los trabajos para impulsar esta ley.

“Realmente ese es nuestro coraje, que después de 18 reuniones y de los avances que ya teníamos de trabajar todo 2022 comenzamos de nuevo”, dijo Antúnez Flores.

La primer mesa de trabajo se agendó para el próximo 17 de marzo, pero siguen sn asegurarles una fecha para que llegue al pleno del Congreso local para su votación.

A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Dichas leyes, aun cuando fueron aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado sus leyes. En Guerrero está pendiente.

 

Tres integrantes de una familia fueron privados de su libertad por un grupo criminal en Chilapa

Se los llevaron cuando colocaba flores en las tumbas de dos de sus familiares asesinados unos días antes


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

7 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Durante la protesta que realizaron familiares de desparecidos en la Autopista del Sol para exigir al Congreso local la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada, el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, denunció que el pasado jueves integrantes del grupo criminal de Los Ardillos se llevaron a tres integrantes de una familia en Chilapa.

En entrevista, el activista denunció que el gobierno mexicano no le da el mismo trato a los familiares de desaparecidos de Guerrero que a los estadounidenses, por quienes en menos de 24 horas activaron todos los mecanismos de seguridad y hallaron con vida a dos de los cuatro.

El pasado viernes en Tamaulipas, un grupo armado atacó a balazos una camioneta en la que viajaban cuatro afroamericanos a quienes, presuntamente, confundieron con unos traficantes haitianos; ese mismo día el gobierno de Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano la localización de sus connacionales.

“Nosotros somos de la Montaña baja de Guerrero y no somos de Estados Unidos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador voltee los ojos hacia acá para ordenar que busquen a nuestros desaparecidos”, dijo Díaz Navarro.

Este mismo martes dos de los cuatro desaparecidos fueron localizados con vida y dos asesinados.

“Nosotros no somos gente de dinero, gente poderosa, no tenemos una embajada que nos proteja y tampoco tenemos un presidente brinde atención a los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas”, agregó el activista a quien le desparecieron y asesinaron a dos hermanos.

“Nosotros llevamos años pidiendo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para que nos autoricen las búsquedas en Chilapa, pero ni nos atiende”, siguió.

El activista de este colectivo de Chilapa acudió en el 2015 a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar a los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, líderes Los Ardillos, un grupo del crimen organizado, porque su asociación criminal tiene relaciones políticas y económicas, de ser los responsables de la desaparición y asesinato de sus hermanos Hugo y Alejandrino en el 2014.

Los líderes de Los Ardillos son hermanos del diputado local Bernardo Ortega Jiménez.

Díaz Navarro dijo que en este 2023 supuestamente hay mil millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al colectivo de Siempre Vivos de Chilapa desde hace tres años no le autorizan una búsqueda por una insuficiencia de recursos.

Dijo que el presidente López Obrador ordenó la búsqueda de los cuatro estadounidenses porque hubo presiones del gobierno de Estados Unidos.

«Seguramente pronto van a detener a los responsables que agredieron a los cuatro estadounidenses”.

Durante el mitin frente al edificio del Congreso local, ubicado al sur de Chilpancingo, el activista denunció que en Guerrero y, en particular, Chilapa siguen las desapariciones de personas.

Contó que el pasado lunes 27 de febrero integrantes de Los Ardillos asesinaron a balazos a la señora Beneranda Hernández Rendón de 70 años y a su nieto, Eduardo Jaimes García, de 18 años. Ambos estaban en su casa cuando fueron atacados a tiros.

Para el jueves 2 de marzo, detalló, cuando otros tres integrantes de esa familia colocaba flores en las tumbas de sus familiares asesinados, unas personas armadas se los llevaron por la fuerza en una camioneta.

La personas privadas de su libertad son Raúl Isidro Jaimes Hernández de 48 años, su hijo Raúl Jaimes García de 18 años, y su hermana Irma Jaimes Hernández.

El presidente de Siempre Vivos informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia del doble asesinato y de la desaparición de las otras tres personas, todos de una misma familia.

Mencionó que Irma Jaimes Hernández acudió a Chilapa –vive en Chilpancingo– para participar en los funerales de sus familiares asesinados. “Fue a Chilapa la señora Irma y sólo para que se la llevaran”, expresó Díaz Navarro.

El activista acusó al gobierno de proteger al grupo del crimen organizado Los Ardillos, porque lleva años en Chilapa y, según él, su poder es intocable.

 

La ex pareja desaloja de su hogar a mujer con sus dos hijos

Quien es el padre de los menores tampoco aportó para su manutención durante 13 años, pero peleó la casa que les heredó la abuela 


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Facebook DIF Chilpancingo 

1 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Mercedes Gutiérrez Martínez es madre de María Guadalupe y  Luis Mario Romero Gutiérrez, ambos tienen síndrome de down. Los tres vivieron en la colonia Figueroa Mata hasta el 24 de febrero, porque los desalojaron de su vivienda.

Desde hace un año, su ex marido, Mario Romero Hernández, advirtió a Mercedes que la desalojaría a ella y a sus hijos de la casa que compartieron, y que era propiedad de su suegra, Cleofas Hernández González.

Mercedes y Mario estuvieron casados por 29 años. En 2009, Mario abandonó a su familia y durante 13 años no apoyó económicamente a su esposa y a sus hijos.

Tampoco se hizo cargo de sus gastos médicos, pero ellos se quedaron a vivir en la casa porque la suegra le heredó de palabra una parte de esa casa a sus nietos, es decir, a los hijos de Mercedes.

Mercedes vivió en esa casa desde que contrajo matrimonio con Mario, pero la suegra falleció y nunca dejó en regla los papeles del terreno y la construcción.

En 2019 Mercedes demandó a su ex marido por pensión alimenticia por los 10 años de ausencia y abandono. En respuesta Mario inició un juicio para desalojar a Mercedes y a sus dos hijos de la casa de su mamá.

Un hermano de su ex esposo es dueño de la otra parte de la casa. En marzo de 2022, Mario y su hermano instaron por primera vez a Mercedes a que desalojara la casa; le notificaron de un desalojo pero intervino el DIF municipal y lograron detenerlo.

La casa donde vivían, es prácticamente un cuarto multiusos, el resto del terreno esta lleno de piedra y graba que almacenó el cuñado que es dueño de una parte de la propiedad.

El 24 de febrero, un actuario llegó sin notificación y desalojaron a Mercedes y a sus hijos.

«Aunque sea en la calle nos vamos a quedar», dijo Mercedes el día del desalojo.

Finalmente fue la Procuraduría del Menor del DIF municipal quien apoyo a Mercedes después del desalojo.

 

«Aquí hubo un poquito de omisión por parte de varias partes que actuaron ahí. Algunos actuaron de mala fe porque a la señora Mercedes le tocaba una parte de la casa. No sé qué hizo su ex esposo que le vendió a su hermano una parte de la casa, pero el hermano tenía que darle una parte a la señora porque se casaron por bienes mancomunados», comentó el titular de la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, Carlos Martínez Ramírez.

Mercedes no tenía dónde quedarse con sus hijos. Una persona cercana a ella le prestó un lugar.

Martínez Ramírez agregó que darán todo el seguimiento médico a los hijos de Mercedes, porque además de que tiene síndrome de down, Luis Mario tiene un problema de visión en su ojo.

«Yo aguanto y hago todo por mis hijos, porque ellos nunca se van a poder defender», mencionó Mercedes.

Dijo también que darán un seguimiento y asesoramiento jurídico hasta que “Mercedes pueda tener algo estable”.

«Yo voy a defender a mis hijos de dos personas que no merecen llamarse personas, pero Dios les dará lo que merecen», dijo Mercedes sobre su ex esposo y cuñado a reporteros momentos después del desalojo, declaración que está consignada en la prensa.

Mercedes pidió que compartieran su caso para que la ciudadanía la apoye a salir de esa situación.

En la imagen, el procurador de la Defensa del Menor dialoga con Mercedes Gutiérrez Martínez después de que fue desalojada de su hogar. Foto: DIF Chilpancingo

 

La Red de Maestras lucha porque la Secundaria General 71 y todas las escuelas de Jalisco sean espacios seguros y libres de violencia

A través de un nuevo posicionamiento, la Red de Maestras Feministas GDL llamó a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y a las autoridades escolares de la Secundaria General 71 “La Experiencia” en Zapopan a garantizar que dentro de este y otros planteles educativos existan condiciones para que estudiantes, docentes y trabajadoras desarrollen sus actividades dentro de entornos seguros y libres de violencia. También insistieron en atender cada una de las denuncias que se hicieron públicas por medio de redes sociales luego de los desplegados de la Red y la propia SEJ.

Llamaron con urgencia a reconocer que, el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a casos de hostigamiento, acoso y abuso sexual dentro de las instituciones públicas de educación, no son un tema de “interpretación” del personal directivo y que cada plantel tiene la obligación de seguirlos puntualmente y, con ello, de informar sobre estas situaciones a la SEJ de manera inmediata.

Si bien, anunciaron que el agresor fue “reubicado” tras las acciones de denuncia, cuestionaron en el documento que, en el caso de la Secundaria General 71 se siga buscando invisibilizar la problemática y que se insista en llevar el proceso “puertas adentro” para mantener la reputación “positiva” de la escuela.


Texto: Dalia Souza / ZonaDocs

Ilustración: ZonaDocs

1 de marzo de 2023

 

El pasado 22 de febrero, ZonaDocs informó sobre la denuncia pública que la Red de Maestras Feministas GDL hizo frente a un caso de hostigamiento y acoso laboral sexual en contra de alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la Secundaria General 71 “La Experiencia” en Zapopan, Jalisco.

El reclamo público surge después de haber presentado una primera queja en el año 2018 ante la directora de la secundaria, Alicia Hernández García y el Inspector de la Zona Escolar No.03 de Secundarias Generales, Pedro Cárdenas López.

En ésta se identificaba como presunto agresor al contralor de la escuela. Sin embargo, las acciones de sanción tras la presentación de la queja, en aquel momento, sólo consistieron en prohibirle a este hombre hablar con docentes y el alumnado, así como confinarlo a un escritorio dentro del área de dirección donde “era vigilado”.

En opinión de las víctimas, su actuar respondió a una estrategia de simulación, encubrimiento, justificaciones y omisión que sólo “logró detener al agresor un tiempo”.

Así, acompañadas de la Red de Maestras Feministas GDL decidieron el pasado 22 de febrero hacer público un pronunciamiento en el que llamaron a atender este caso y garantizar espacios seguros para la comunidad de alumnas, maestras y trabajadoras educativas que fueron víctimas de este agresor, así como de otros casos identificados por la colectiva. Y es que, advirtieron que este suceso no es aislado.

Como respuesta al pronunciamiento de la Red, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) hizo público un comunicado donde informó que constataron la existencia de quejas internas sobre el caso desde el año 2018, sin embargo, dentro del plantel “no aplicaron los protocolos ante el Órgano Interno de Control”. Y agregaron que actualmente “hay una queja en contra de un trabajador administrativo por presunto acoso de tipo verbal hacia una alumna”.

De manera paralela, el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes declaró públicamente a los medios de comunicación sobre este caso, advirtiendo que éste llegó a la Secretaría de Educación “por redes”, pero al no “identificar una denuncia”, fue personal de un “departamento especializado” dentro de la dependencia quien acudió a la secundaria a hacer un monitoreo sobre lo señalado. El resultado de esta revisión fue que “se notaron posibles agresiones”.

Tanto en el comunicado como en las declaraciones de Flores Miramontes, se anunció sobre la “suspensión” de las funciones del docente señalado, el cual, mantenía una “mezcla de funciones administrativas y docentes”.

Y así lo confirmó también la Red de Maestras Feministas GDL en el pronunciamiento respuesta publicado este 28 de febrero: “el Contralor fue reubicado en Inspección entre el 20 y 21 de febrero de 2023. Por el momento, las alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la institución ya no están en riesgo por sus agresiones” suscribieron en su documento.

Sin embargo, cuestionaron que la Secretaría de Educación Jalisco “haya decidido borrar” dos denuncias más sobre agresores en la Secundaria General 71, mismas que, refieren, se hicieron públicas tras la emisión del comunicado de la SEJ y aparecían como comentarios en la publicación.

En este documento manifestaron su preocupación frente al discurso y las acciones que han decidió tomar las autoridades educativas del plantel, así como de parte del Inspector de la Zona Escolar No.03 de Secundarias Generales, Pedro Cárdenas López.

Narraron que durante la sesión de Consejo Técnico Escolar del 24 de febrero de 2023, Cárdenas López tomó la palabra para hacer sus valoraciones sobre el caso, mismas que consideraron carecen de un reconocimiento pleno de la problemática, de sensibilidad, perspectiva de género e, incluso, que insinúan la posibilidad de “resolver estos problemas “dentro” de la institución”.

“Yo los invito a que en lo sucesivo busquen la manera de integrarse y resolver cualquier tipo de problemas, tanto de alumnos como de docentes o de los trabajadores, que se generen. Yo no veo nada. A las autoridades ¿qué les interesa?, solo les interesa dar una buena respuesta porque ellos buscan una posición en la sociedad, pero los problemas los tenemos aquí nosotros y aquí los podemos resolver, como debe ser” fueron presuntamente las afirmaciones del inspector de zona y que la Red de Maestras decidió hacer públicas en su pronunciamiento.

“Minimiza las denuncias al señalar que se trata de dificultades de convivencia entre pares” precisó la Red, por lo que, advirtieron, deja en evidencia el total desconocimiento de la problemática que tiene en sus manos. A esto suma, dijeron, la centralidad e importancia que da a la idea de la “proyección positiva o negativa” de la escuela, obviando lo verdaderamente importante: la seguridad de la comunidad educativa, principalmente de alumnas, maestras y trabajadoras que han denunciado entornos hostiles hacia dentro del espacio escolar.

Además, consideraron muy riesgoso que sea el propio inspector con la anuencia de la directora quienes hayan llamado a proteger no sólo la imagen de la escuela (como acción prioritaria), sino también a este y/u otros agresores.

“Tanto el supervisor como la directora reiteraron que lo importantes es proteger la imagen de la escuela. Durante el espacio del CTE dedicado a abordar la denuncia de acoso, el supervisor instó a proteger a los agresores señalados, menoscabando directamente los derechos de una menor. Igualmente, la mayor preocupación que expresó la directora es que haya alumnos que no se inscriban por lo que está pasando” narran la Red de Maestras a través de su pronunciamiento respuesta.

Refirieron que la frase textual que utilizó López Cárdenas para referirse a esto fue “son uno contra todos”.

“Precisamente es de lo que hablamos, acompañamiento se le tiene que dar tanto a la persona afectada como a quien comete el daño” advirtió presuntamente el inspector en la sesión de Consejo Técnico Escolar del pasado 24 de febrero, sin dejar claro si este “acompañamiento” hace referencia a algún tipo de taller o seguimiento terapéutico sobre nuevas masculinidades, erradicación de la violencia de género, etc.

“A las autoridades de la escuela no les preocupa la integridad ni la seguridad de las alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la secundaria” sentenciaron desde la Red de Maestras Feministas GDL y cuestionaron que tanto el inspector como la directora hayan relatado en esta sesión de consejo los detalles del caso, “son acciones con las que ambos vulneran y revictimizan”.

En ese sentido, recordaron que más allá de desarrollar un nuevo instrumento para atender los casos de hostigamiento dentro de la escuela, es indispensable que se retomen los ya existentes y, sobre todo, se mantenga una comunicación directa con la comunidad estudiantil.

De aquí que una de sus exigencias sea que el personal directivo y docente de la Secundaria General 71, así como el inspector de la zona, “reciban capacitación y un curso de sensibilización sobre los protocolos de actuación en caso de maltrato, acoso y abuso”. Sobre este proceder, han requerido que “haya evidencias de esta capacitación”.

“Los protocolos de actuación no son interpretativos, las autoridades deben seguirlos al pie de la letra” sentenciaron.

De la misma forma, demandaron que “se informe de manera pública en qué parte del proceso se encuentra el caso y cuáles son los pasos que se han seguido hasta ahora” y que “se garantice el interés superior de la niñez” esto respecto a la estudiante menor de edad que se identificó como víctima de “acoso sexual verbal” como informó el secretario de Educación Jalisco.

Recordaron que el caso de la Secundaria General 71 “evidencia los errores que no debería cometer ninguna otra escuela” y que su llamado “es para que todas las secundarias y escuelas públicas del estado sean espacios seguros para infancias y adolescencias”:

“Nos parece importante visibilizar que las compañeras, alumnas y maestras, están y han estado en resistencia ante este tipo de violencias desde hace tiempo en muchos entornos escolares; en el caso de las compañeras de la secundaria 71, lo que más nos interesa es que ellas, tanto alumnas como maestras, trabajadoras y personal de apoyo sientan que no están solas, que sus peticiones y denuncias deben ser escuchadas desde la garantía de sus derechos e integridad, para que puedan realizar sus actividades de manera digna. Nosotras seguiremos trabajando hasta que cada escuela sea un espacio seguro para todas” apuntaron.

Finalmente, reconocieron a la comunidad educativa que dentro de esta sesión manifestaron su intención de “gestionar un cambio de actitud en toda la institución en función de garantizar que todas y todos sean agentes activos para lograr que la Secundaria General 71 sea un espacio seguro y libre de acoso”.


Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace 

Regresa un grupo de desplazados de Los Bayados a su comunidad a sacar sus pertenencias

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

28 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

Una grupo de habitantes de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente, que salieron el 19 de febrero en calidad de desplazados por la violencia, regresaron hoy a su pueblo escoltados por la Guardia Nacional y el Ejército.

De 246 habitantes que huyeron por las amenazas que recibieron por parte de un grupo, esta mañana regresaron 30.

El subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Irving Jiménez Sánchez, informó que los acompañaron elementos de seguridad y que el traslado comenzó a las seis de la mañana.

«Personal de seguridad estatal y el Ejército se quedarán en la comunidad de manera permanente», dijo en entrevista Jiménez Sánchez y agregó que «no eran desplazados, porque (simplemente) ellos se podían mover por todos lados».

El secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, mencionó que los 30 habitantes partieron en caravana junto con los elementos de seguridad de la comunidad de El Suchil, del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande.

«La gente que se quiera regresar de Bayados será acompañada por las fuerzas de seguridad, pero en el pueblo se quedarán militares y policías para resguardar a la demás gente que ahí se quede».

Agregó que las 30 personas se regresaran a su comunidad porque «quieren ver en qué estado se encuentran sus casas y sacar algunas de sus pertenencias».

Mencionó que muchas familias que salieron de Los Bayados el pasado 19 de febrero se refugiaron en El Suchil, otros en la cabecera de Tecpan de Galeana y otros en Zihuatanejo.

Los habitantes de Los Bayados, a través de un comunicado difundido la semana pasada, dijeron que se salieron sin pertenencias de su comunidad porque un día antes ocurrió un enfrentamiento a balazos entre integrantes de dos grupos del crimen organizado.

Además de que los delincuentes les dieron el plazo de un día para salirse de su pueblo.

De las 246 personas desplazadas, 70 son menores de edad y otros 70 son adultos mayores, dos de ellos con problemas de discapacidad.

En esa ocasión, las familias pidieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Según Reynoso Núñez, el gobierno estatal les entregó apoyo alimentario y artículos de aseo.

En esa parte de la Sierra viven una situación difícil desde el pasado 28 de enero pasado que se registraron enfrentamientos entre miembros de dos grupos de la delincuencia organizada.

Ese día en la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos, un comandante que dirigía el convoy, un policía raso y tres individuos a quienes los lugareños los identificaron como miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Jiménez Sánchez rechazó que esos tres hombres que murieron y que iban con los agentes estatales pertenecieran a la Familia Michoacana.

«Eran personas que habían denunciado abusos en esa zona», dijo el funcionario y mencionó que las investigaciones ya están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Momentos en los que 30 pobladores de Los Bayados son escoltados por elementos de la Guardia Nacional y Ejército de regreso a su comunidad. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.

 

Sin maestros, pueblos de Guerrero celebran sus lenguas

En Tlacoachistlahuaca, Guerrero, los pueblos Ñuu Savi y Ñomdaá se encontraron para celebrar sus lenguas. Pero, aún cuando la fiesta siguió, los problemas de la región contradicen la alegría, pues resienten problemáticas como la migración y las carencias de servicios básicos como escuelas, centros de salud y ahora: maestros.


Texto y foto: Kau Sirenio / Pie de Página 

28 de febrero del 2023

Tlacoachistlahuaca

 

“Ama káku yu ku ndu’u yu Ñuu yu/ ama káku yu ku ndu’u yu ve’e yu (Cuando nací para estar en mi pueblo/ cuando nací para estar en mi casa”.

Así arranca la musica con el trio Yuku Savi en la celebración del Día Internacional de Lengua Materna en Tlacoachistlahuaca, Guerrero.

Antes de que los músicos cantaran el tradicional Ama káku yu, los maestros bilingües na savi y ñomdaá desfilaron por las principales calles de Ñuu Xáko (Pueblo de Tlacuache), entre el colorido del pueblo del agua y de la lluvia.

La vestimenta de las mujeres Ñomdaá fueron los más llamativos en el desfile del 21 de febrero, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Día Internacional de Lengua Materna.

A este pueblo enclavado entre la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, llegaron músicos, pintores, tejedoras, contadores de historias orales para revivir lo que les queda como nación Ñuu Savi y nación Ñomdaá.

Na sì’í Ñuu Savi xì’in na Ñuu Ñama kindù xì’in sa’ma yìi kivi sa ka’nu na xa’á tu’un ña yúvi (mujeres de la lluvia integrantes de la escolta durante la celebración del Día Internacional de Lengua Materna). Foto: Kau Sirenio

Acompañados de músicos y danza de Tejón, los profesores bailaron y cantaron hasta que el número artístico terminó. No es cosa menor para lo hablantes que aún resisten entre la migración y las carencias de servicios básicos como escuela, centro de salud y sobre todo: maestros.

No todo es fiesta…

En el auditorio de usos múltiples, la banda sinfónica infantil entonó piezas de los compositores oaxaqueños como: el Feo, Chuy Rasgado, la Canción Mixteca de José López Alavez. Después, cerraron con una melodía ñomdaá.

Pero no todo es fiesta para los na savi y ñomdaá de Tlacoachistlahuaca, pues lleva años sin maestros.

“En el municipio faltan unos 30 maestros y no dicen para cuando va a cubrir este hueco”, reclama el supervisor de la zona escolar 105, Margarito González Palacio.

Así las cosas, los maestros bilingües aparentan estar contentos, disfrutan el festejo, pero no todos son asalariados. Entre ellos caminan profesores que trabajan por contratos, llevan seis meses sin cobrar, pero eso no les impide conformar el trio Yuku Savi. Cantan en tu’un savi para mostrar la dulce lengua de la lluvia que flaquea ante el desuso por la discriminación.

De acuerdo con la Unesco, el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. «No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe, en particular desde los primeros estudios y el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública” se lee en su portal.

Pero ¿cómo enseñar la lengua si no se paga a los maestros?

Los saludos y problemas

Después del recorrido por las principales calles de Ñuu Xáko todos se concentraron en el auditorio de usos múltiples para seguir con el programa sociocultural. Los profesores reconstruyeron la memoria comunitaria a traves de la gastronomía, la música y la medicina tradicional.

Ahí, la presidenta municipal de Tlacoachistlahuaca, Yareth Saraí Pineda, habló en su lengua materna: el ñomdaá. También envió un saludo en tu’un savi. Como es la tradición de la clase política, la alcaldesa presumió los trabajos que realiza para fortalecer la lengua materna.

Aprovechó el espació para enviar mensajes a la federación a través del delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero:

“Le he pedido al representante del gobierno federal que le haga saber que Tlacoachistlahuaca tiene déficit de maestros, que urge resolver porque ya va terminar el ciclo escolar y los niños no tienen profesores”.

Mientras los funcionarios municipales y federales hablan de los logros en el primer año del Decenio Internacional de Lengua Materna, Margarito González Palacio me pone al tanto de lo que ocurre en su zona escolar.

Dice que nueve profesores trabajan por contrato desde el 4 de agosto del ciclo escolar 2022. Esto, en la escuela primaria Hermenegildo Galeana de la comunidad Ñuu Savi de Rancho Viejo. No les han pagado, agrega, y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no le reconoce los meses trabajados. No han cobrado.

«Nueve compañeros maestros trabajan por contrato, pero el secretario de Educación Guerrero no quiere ampliar el contrato, a pesar de que trabajaron seis meses sin nombramientos ni sueldo», pone al tanto el supervisor.

El 5 de diciembre de 2018, dos profesores bilingües fueron asesinados en la comunidad Ñuu Savi de Rancho Viejo. Ante estos hechos los maestros dejaron la comunidad y pidieron cambio a otra adscripción.

Na Ñuu Ñama ta xá’a na ma’ñu Ñuu Xáko (Personas del pueblo del agua bailan en la plaza pública de Tlacoachistlahuaca, Guerrero). Foto: Kau Sirenio

«La primaria Hermenegildo Galeana se quedó sin maestro durante medio ciclo escolar», confía el profesor.

La conversación con Margarito fluye tranquila, pero las demostraciones culturales continúan en el auditorio. Ahí los niños bailan, las maestra tejen y los músicos le soplan a sus instrumentos.

«La Zona 105 de Rancho Viejo es la más afectada por falta de maestros, la 94 de El Carmen, Xochistlahuaca también tiene deficit», explica.

Los tres maestros por contrato tomaron sus guitarras para entrar a la escena. Los aplausos de los asistentes los arroparon. Después, se soltaron como nunca con Ama káku yu. Mientras, un grupo de maestras de la zona escolar 105 amenizaron el baile más popular del pueblo Ñuu Savi.

La fiesta no terminó ahí. En cuanto se retiraron los visitantes entraron a la pista los pobladores de Ñuu Xáko con la danza de Machomula para celebrar el carnaval. Hombres, mujeres y jóvenes arrojan huevos a los conocidos. A los que no bailan los bañan con agua.

Esta parte de la fiesta no estaba en el guión del Día Internacional de la Lengua Materna, sin embargo, los profesores que seguían en Tlacoachistlahuaca le entraron al baile y a la mojada, mientras sus salarios siguen pendientes.

Na sì’i Ñuu Ñama kindu na ma’ñu Ñuu Xáko kivi ku ka’nu xa’a tu’un yúvi (Mujeres del pueblo del agua en el desfile por las calles de Tlacoachistlahuaca, Guerrero por el Día Internacional de LenguaMaterna). Foto Kau Sirenio

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

 

El Calvario, la comunidad resiliente que se sobrepone a dos desastres 

Texto: José Miguel Sánchez  

Fotografía: Cortesía Fábrica de mezcal El Calvario 

25 de febrero del 2023  

Chilpancingo   

 

En 1974 una fuerte lluvia acompañada de granizo acabó con San Agustín, una comunidad, en ese entonces de Metlatonoc, en la Montaña alta de Guerrero. La devastación fue tal que era imposible vivir ahí.

La granizada acabó con los techos de cartón y secó las parcelas de maíz.

Era un 19 de mayo de 1974.

«Hubo una fuerte lluvia en san Agustín el Viejo, municipio de Metlatonoc».

La lluvia no fue tanto problema, pero la granizada y el viento acabaron con la cosecha de maíz.

Al ser un pueblo dedicado a la agricultura, los habitantes no vieron salida al calvario que vivían, su mejor opción fue salir y buscar otro lugar donde habitar.

Los 75 habitantes más afectados pidieron ayuda al alcalde de Metlatonoc, quien llevó el asunto al entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

En octubre de 1975 recibieron respuesta. El gobernador les ofreció traerlos a vivir a un lugar en la sierra de Chilpancingo, la capital del estado.

En lo que solicitud fue procesada y aceptada las familias que decidieron salir, durante noviembre y diciembre de 1975 vivieron en el puente de la ciudad de Tlapa.

Hasta que les gestionaron un transporte para trasladarlos a lo que sería su nuevo hogar salieron de Tlapa, un 8 de enero de 1976.

Los 75 habitantes cambiaron su hogar, su clima y su región.

De la región Montaña a la Centro hay una distancia de 300 kilómetros, lo que se traduce en 15 horas de camino.

El gobierno solo los dotó de un depósito de agua. «Sin red eléctrica muchas familias decidieron regresar a su pueblo natal y otras optaron por irse a Acapulco o a Morelos en busca de una estabilidad», cuenta Salvador Calixto García, habitante y tercera generación en El Calvario.

Otro de los problemas fue el lenguaje, ya que los nuevos pobladores no hablaban castellano, quienes sabían decidieron probar suerte en la capital.

Hoy el lugar donde estaba San Agustín pertenece al municipio de Cochoapa el Grande.

«Es lo que cuenta la gente que vivió eso, ahorita los grandes que llegaron son pocos y otros más nos vinimos de otras comunidades vecinas», cuenta el comisario Alejandro Hilario, que reconoce no conoce la historia porque él llegó después a El Calvario.

Los desplazados habitaron un ejido de 840 hectáreas ubicado en la sierra de Chilpancingo.

En ese entonces esas 840 hectáreas pertenecían al ejido de la comunidad de Llanos de Tepoxtepec.

San Agustín era una comunidad Na’ Savi y migraron a Chilpancingo con todo y sus costumbres; es la única población indígena del municipio.

Fue así que el 8 de enero de 1976, en lo alto de Chilpancingo se fundó El Calvario.

Las 75 personas que salieron de San Agustín ahora son 130, la mayoría familia y descendientes de los primeros pobladores.

Salvador Calixto García es integrante de la tercera generación que nace en El Calvario, es hijo de Mario Calixto Bravo y Guadalupe García Ortega.

Los Calixto se dedican a la fabricación del mezcal, el cual en 2020 ganó la Medalla Doble Oro que otorga Bruselas, Bélgica, a distintos tipos de destilados.

Salvador tiene seis hermanos, Omar, Juan, José, Tomás y Luis, todos forman parte de la tercera generación y ya crían a una cuarta.

Ahora son 35 familias dedicadas a la producción del maguey, al mezcal, las artesanías de palma y a la carpintería.

Aunque la mayoría de la población vive de la venta de maguey, que hasta 2019 les representaba un gran ingreso para las 35 familias que habitan el poblado.

«Muchos productores de maguey de Mochitlán, Quechultenango, Axaxacualco y otros venían a comprar camiones enteros para hacer su mezcal», comenta Salvador.

Su principal negocio para la población era el maguey, pero en 2019 los desastres naturales volvieron a azotar a El Calvario.

En 2019 los incendios forestales acabaron con casi la mitad de su cosecha de maguey.

«Eso nos descontroló, ya teníamos una producción anual que no cambiaba mucho y ahora pues apenas vamos saliendo, comenzamos a reforestar y poco a poco, aunque para recuperar la producción que teníamos antes del incendio ocupamos mínimo otros tres años», comentó Salvador.

Los primeros 29 años funcionaron como una colonia de Llanos de Tepoxtepec y en 1999 lograron ser una comunidad con sus propias autoridades comunitarias y ejidales.

A 48 años de la fundación de El Calvario, los pobladores han consolidado una serie de proyectos que aportan al ambiente y a las tradiciones.

El 10 de mayo del 2020, la Asamblea de los Ejidatarios de El Calvario acordaron que sus 846 hectáreas fueran una reserva ecológica.

El trámite y el papeleo aún están en proceso, pero ellos ya decidieron el uso de su espacio.

Ahora siembran duraznos, frambuesas, zarzamoras y maguey que bajan a vender a los mercados de Chilpancingo.

Actividad que combinan con la siembra de maguey que esperan pueda volver a recuperarse.


Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Salir de la versión móvil