Estudiantes de Ayotzinapa y colectivos de desaparecidos lamentan la salida del GIEI

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, organizaciones sociales y colectivos de personas desaparecidas lamentaron la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin que halla certeza sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Cada 26, los estudiantes y organizaciones realizan un mitin en el Antimonumento a los 43, en Chilpancingo, para exigir justicia, castigo a los responsables y la aparición con vida de los estudiantes.

En dicho mitin, uno de los estudiantes normalistas lamentaron la salida del GIEI del caso. «Fueron los únicos que aportaron avances, al señalar la participación directa del Ejército Mexicano, de policías estatales y municipales, además de la Marina Armada de México en los hechos», dijo el estudiante.

Los normalistas reconocieron que con su investigación, el GIEI logró «tirar la llamada verdad histórica” que se dio a conocer durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y que aseguraba que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

Para los colectivos que acompañan a la Normal Rural de Ayotzinapa que los expertos del GIEI se retire sin esclarecer el caso es lamentable, porque se acortan las posibilidades de llegar a la verdad.

«El GIEI se fue con una profunda tristeza porque vieron que no había elementos para seguir con el caso, y con su salida se pierde la esperanza de encontrar a nuestros familiares», mencionó el representante del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez.

Durante el mitin colocaron una ofrenda floral por los ocho años y 10 meses de aquel 26 de septiembre del 2014.

Además de los estudiantes y el colectivo de familiares de desaparecidos, al mitin asistió una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), quienes también lamentaron la salida del GIEI.

El mitin ocurrió a las dice del día en el Antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la glorieta de Las Banderas, en Chilpancingo.

 

Corporaciones de todos los niveles de gobierno implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: GIEI

Participaron la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina en coordinación con grupo criminal Guerreros Unidos, lo que pone en evidencia que fue acción de las instituciones de Estado


Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
25 de julio del 2023

Chilpancingo

 

Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, reportaron en último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Al presentar hoy su sexto y último informe, los investigadores del GIEI, Carlos Martín Beristáin y Ángela Buitrago Ruiz mencionaron que el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala fue perpetrado por la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina.

En los ataques “operaron instituciones de todos los niveles de gobierno, que establecieron comunicación en tiempo real mientras se desarrollaba la agresión”; lo supieron los expertos a partir del análisis de llamadas.

También comprobaron que no fue un ataque aislado, sino siete ataques armados y coordinados donde participaron las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco entre las 21:30 horas del 26 hasta la 01:30 horas de la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

En estos ataques también participaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes operaron junto con los elementos de seguridad.

Los expertos del GIEI informaron que muchos testigos y participantes de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, integrantes de Guerreros Unidos, fueron asesinados, algunos de ellos intencionalmente para impedir la investigación.

“Si bien todo indica que los últimos responsables de llevar a cabo (la desaparición) fue el crimen organizado, la participación de agentes del Estado en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de las instituciones, limitó el poder responder como hubiéramos querido”, dijo Buitrago Ruiz.
Durante las investigaciones fueron hallados los restos de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz, en la barranca de la Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero de Cocula.

Sobre el destino de los demás estudiantes, el GIEI menciona en su informe que los 43 estudiantes fueron divididos en dos grupos en un primer momento y posteriormente en tres grupos.

Algunas versiones que recolectó el GIEI fue que los dividieron en más grupos. “No fueron llevados al mismo lugar ni el mismo escenario, ni al basurero de Cocula, como lo señaló la narrativa anterior”, explicó Buitrago Ruiz.

En el informe reportaron que 16 estudiantes fueron llevados barandillas o la cárcel municipal de Iguala, donde fueron detenidos, maniatados y golpeados por policías municipales de Iguala y entregados a policías municipales de Cocula.

Una parte del informe indica que otro grupo de estudiantes, de los que se desconoce el número, fueron llevados al un paraje llamado Loma del Coyote, en las inmediaciones de Iguala.


En contexto: AMLO le queda a deber al caso Ayotzinapa, dicen organizaciones sociales en mitin para exigir justicia

Willy, el estudiante de Ayotzinapa detrás del mural en reclamo por las personas desaparecidas


También que otro grupo de estudiantes fueron llevados con dirección a Huitzuco o Chilpancingo, “sin saber hasta ahora a qué lugar”, mencionaron los expertos.

El 27 de septiembre un mensaje cifrado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que 11 estudiantes fueron sacados por la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

Con este sexto y último informe, termina la participación del GIEI en el caso Iguala y mencionaron que ahora recae en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Los expertos agregaron que la Sedena y la Marina no permitieron el acceso a varios documentos que les fueron solicitados.

“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad. El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes”, expuso Martín Beristaín.

Los investigadores coincidieron en que si bien hubo avances, faltaron archivos por abrir y que para poder resolver el caso se “necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el primer día de los hechos”.

“Que la mentira se institucionalice como respuesta es inaceptable”, comentó Martín Beristaín.

Entre las recomendaciones sugirieron mayor seguridad para los testigos protegidos, así como apoyo legal, emocional y de salud a madres, padres y familiares de los normalistas.

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos mencionaron que se reunirán y más tarde darán un posicionamiento sobre el sexto informe y la salida del GIEI.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la presentación de si sexto informe sobre el caso Ayotzinapa, realizado esta mañana en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México. Foto: Tlachinollan.

 

“El Ejército desobedece al presidente”: familiares de Ayotzinapa denuncian ocultamiento de información y temen salida del GIEI

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian que el Ejército oculta información de lo sucedido en 2014 y advierten que la posible salida de los expertos del GIEI les dejaría “vulnerables” y ante el escenario de que el caso se cierre.


Texto: Manu Ureste / Animal Político 

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

 

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, tras una reunión este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedenaestá ocultando deliberadamente información del caso, y mostraron su preocupación por la posible salida en julio próximo de los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que quedan en el país.

“Creemos que ellos (los expertos del GIEI) están en la mejor disposición de quedarse y seguir investigando. Pero el problema es que el Ejército está en desacato con el presidente y no está obedeciendo el mandato de entregar toda la información”, dijo en entrevista Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Armando González, quien ayer fue uno de los familiares de los jóvenes que estuvieron presentes en la reunión con Encinas en la Secretaría de Gobernación, en la capital mexicana.

“Si el Ejército entregara toda la información, estamos seguros de que los expertos del GIEI (Carlos Beristáin y Ángela Buitrago) se quedarían para continuar con las investigaciones. Pero si no abren todo, ¿para qué se van a quedar más tiempo?”, preguntó González, y agregó: “Desconocemos qué información están ocultando los militares o a quién están protegiendo de tan alto nivel”.

“Es algo que no comprendemos”, insistió. “Incluso, la Sedena firmó un decreto estando de acuerdo su titular, Crescencio Sandoval, para liberar toda la información y así ayudar a la localización de nuestros muchachos”.

Todo lo anterior se da en el contexto de lo publicado la semana pasada por el diario El País, que informó que los dos expertos del GIEI no renovarían por más tiempo su estancia en México, dando por concluida en julio su participación en el caso Ayotzinapa. Esto, debido a “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encontrarían el ocultamiento por parte del Ejército de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, está previsto que para finales del próximo mes tanto el subsecretario Encinas como el GIEI den a conocer públicamente, aunque por separado, amplios informes sobre el avance de las investigaciones. En el caso del GIEI, según lo publicado por El País, se dará a conocer que el Ejército ocultó de manera deliberada información sobre el ataque a los normalistas.

“El Ejército ha negado que esos documentos existan, pero el GIEI señala que hay evidencia de sobra que demuestra lo contrario. Los expertos han denunciado incluso que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos”, publicó el diario.

Ante la perspectiva de una inminente salida de los expertos del GIEI, que lleva investigando el caso desde 2015, los familiares de los jóvenes dijeron que, de concretarse, sería una situación que los dejaría “en un estado de gran vulnerabilidad”.

“No sabemos aún cómo reaccionaríamos sin una fuerza tan grande como el GIEI, un equipo de expertos del que no se puede dudar de su trabajo. Nos quedaríamos muy vulnerables e incluso tememos que se pudiera cerrar el caso. Por eso, creemos que debe buscarse un mecanismo para que el GIEI se quede y pueda seguir investigando”, pidió Mario César González.

Bernabé Abraham Gaspar, padre del normalista Adán Abraham de la Cruz, dijo durante la marcha que se realizó la tarde de ayer, a casi nueve años ya de la desaparición forzada de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, que los familiares exigen que los expertos del GIEI se queden en el país, aunque para ello, demandó, es necesario que el Ejército abra toda la información.

“Todos queremos que sigan porque nos han ayudado mucho. Pero no hay avance, ese es el problema. Y pues también se entiende, claro. Porque si no los dejan trabajar ni avanzar, pues para qué se van a quedar más tiempo”, señaló.

Más detenciones

Los familiares entrevistados explicaron que durante el encuentro con Encinas, el cual realizan mensualmente, se les informó de la detención el domingo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El exfuncionario está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es muy importante que se haya dado esta detención, porque esta persona forma parte de la ‘verdad histórica’ y puede aportar nueva información sobre el caso”, dijo Melitón Ortega, tío del normalista Mauricio Ortega Valero.

Asimismo, durante la tarde de ayer el subsecretario Encinas informó que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La detención se produjo el pasado 21 de junio. Se trata de militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Estas capturas se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados también por desaparición forzada.

El 26 de agosto del año pasado, el gobierno federal, a través del subsecretario Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar a seis de los 43 normalistas. El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general.

Imagen de archivo de una marcha y un mitin en Iguala, donde las madres, los padres y estudiantes reclamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

«La noche de Ayotzinapa ha quedado atrás», dijo el secretario de Gobernación a diputados locales

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
4 de noviembre del 2022
Chilpancingo

 

Durante su visita al Congreso local el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, señaló que el caso Ayotzinapa ya quedó atrás porque ya se supo la verdad.

Defendió al Ejército porque, dijo, «ya no son los mismos».

«La noche de Ayotzinapa ha quedado atrás, no ha sido fácil pero seguramente habrá justicia y ahora los mexicanos ya sabemos qué sucedió», mencionó López Hernández frente a todos los diputados guerrerenses.

López Hernández acudió esta tarde al Congreso local a una reunión con diputados locales para discutir la reforma constitucional que extiende la permanencia del Ejército en las calles, a través de la Guardia Nacional, hasta 2028.

En el encuentro, López Hernández defendió a las fuerzas armadas y mencionó que ya no son los mismo que reprimían en la época de la Guerra Sucia.

«En Guerrero sabemos que aún hay heridas que no terminan de cerrar. Yo creo que con este Ejército mexicano moderno han quedado atrás oscuras noches como la represión de campesinos, ferrocarrileros, de obreros, mineros», mencionó López Hernández.

En ese momento fue que el funcionario federal se refirió al caso Ayotzinapa, el cuál dijo quedó atrás.

Agregó que habrá justicia y que ya se sabe la verdad.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el pasado lunes desestimó varias pruebas del informe de la Comisión de la Verdad para el Acceso y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) por considerarlas poco creíbles.

Al término del encuentro, en conferencia de prensa, a López Hernández se le preguntó si existe alguna investigación en contra del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por implicaciones en el caso, a lo cual el secretario respondió que sí tiene información pero que no puede darla a conocer para no entorpecer las investigaciones.

De regreso a la reunión, los grupos parlamentarios del Congreso local respaldaron la iniciativa de la Guardia Nacional y adelantaron que votarán a favor.

Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de sus coordinadores, fueron los únicos que cuestionaron al secretario de Gobernación.

Raymundo García Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, durante su participación reclamó a la administración federal la falta de proyectos en infraestructura como las refinerías y el Tren Maya.

«Hay una mala estrategia planteada por el gobierno federal, los datos no mienten, el 60 por ciento de personas piensan que vivir en su ciudad no es seguro,
127 mil muertes violentas en lo que va del año, aparte de extorsiones, cobro de piso y narcotráfico que sufre la ciudadanía son las pruebas», mencionó García Gutiérrez.

«El PRD de Guerrero le hace este llamado para que reflexione y otorgue más presupuesto para atender el tema de de la inseguridad, pero votaremos a favor», finalizó García Gutiérrez.

La visita de López Hernández al Congreso local es parte de una gira para discutir con los diputados locales la reforma constitucional que permite la permanencia del Ejército en las calles y da a la Guardia Nacional mandos militares.

Hasta el momento no hay fecha para que se discuta la reforma en el Congreso local.

Otros de los diputados que cuestionó a López Hernández fue el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, quien preguntó si está contemplado en el presupuesto de 2023 un recurso que acompañe esta reforma.

López Hernández, ante el cuestionamiento del diputado priista, reconoció que para el próximo año no está contemplado un presupuesto.

«No está contemplado porque habrá otros mecanismos para obtener los recursos, será a través de cuentas congeladas relacionadas con actividades ilícitas que asciende a 27 mil millones de pesos con los que reforzaremos tareas de seguridad», respondió López Hernández.

Agregó que de esos 27 mil millones, 45 por ciento serán para las fuerzas armadas, 30 para los estados y 25 por ciento restante se entregará de manera directa a los municipios para aplicarlo en tareas de seguridad pública.

López Hernández dejó abierta la posibilidad de regresar al Congreso, esta vez a discutir la Reforma Electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que no se pudo evitar fueron los actos anticipados de campaña, ya que durante la visita de López Hernández al Congreso local, un grupo de invitados presentes en el salón de sesiones se enfrascaron en una guerra de porras; unos a favor de su candidatura presidencial y otro a favor de la gobernadora.

Al ver ingresar a López Hernández al salón de sesiones, lugar donde se realizó la reunión, un grupo de asistentes gritó «presidente, presidente».

Al escuchar esto, otro grupo de asistentes respondió «gobernadora, gobernadora».

López Hernández está dentro de los tres aspirantes morenistas para ser candidatos a presidente de la República, en 2024.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien también estuvo presente en el encuentro, junto con su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, apoyan abiertamente a otra de las aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La visita de López Hernández al Congreso ocasionó que las diputadas y diputados sacaran sus ropas de gala. La mayoría de los diputados se presentaron con saco y corbata y saludaron uno por uno al secretario de Gobernación.

A la reunión asistió también el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, Ignacio Mier Velazco, junto con una comisión de diputados federales.


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“Enorme malestar y pérdida de confianza”: concluye GIEI sobre el informe de la Covaj

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
31 de octubre del 2022
Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no existe garantía sobre la veracidad de las 467 capturas de pantalla presentadas como evidencia en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Las pruebas presentadas en el Informe Preliminar de la Covaj, el pasado 18 de agosto, por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “es inconsistente y no puede ser considerada como evidencia”, dijeron los integrantes del GIEI en conferencia de prensa desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

«Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje”, afirmó Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI.

Una de las inconsistencias en las capturas de pantalla es la palomita azul, que permite saber cuando un mensaje es leído, el GIEI dijo que eso no es coherente porque esa funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014, 20 días después de que supuestamente fueran tomadas esas capturas.

Además mencionaron que las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no sé basaron en el informe.

Las y los integrantes del GIEI afirmaron que hay varias inconsistencias en la información del informe que deben ser corroboradas porque no pueden ser tomadas en cuenta como evidencia judicial para el caso.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, subrayó que la presentación de estas supuestas evidencias, sobre todo 467 capturas de pantalla entre presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

Carlos Martín Beristain, otro de los expertos, mencionó que el intento por acelerar los resultados sobre el caso Ayotzinapa generó una crisis de desconfianza, ya que “se desencadenaron hechos que han puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia”.

Uno de esos casos fue la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que por no estar bien sustentada se corre el riesgo de liberarlo por fallas en el debido proceso.

Además de las capturas de pantalla, el GIEI descalificó otras 180 pruebas presentadas por la Covaj, al considerar que no existe evidencia científica para establecer su veracidad.

El pasado mes de septiembre, el GIEI informó que pidió una prórroga para analizar el Informe de la Covaj, la cual concluyó el día de hoy, según lo acordado entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI también informó que se retiran del caso pero verán un mecanismo de seguimiento, entre estos, que dos de sus integrantes continúen en las investigaciones.


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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Ante las presiones que hay en los más altos niveles del gobierno federal que originó la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, hay el riesgo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone las investigaciones, advirtió el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas», dijo Barrera Hernández.

El 6 de mayo del 2020, la CIDH firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones y determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula como lo estableció en su verdad histórica el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por diversos delitos derivados de este caso.

«Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta», dijo Barrera.

Este jueves 29, integrantes del GIEI ofrecerán una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que darán a conocer un informe del caso Ayotzinapa.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más», afirmó Barrera.

Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reinvidicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.

«Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México», dijo Barrera.

El activista y director de Tlachinollan estuvo aquí en Chilpancingo en donde participó en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico en donde habló acerca del riesgo de que se desmantele la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

«Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creo en México a través del mecanismo de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa», dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su intervención, Barrera Hernández contó que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.

Entrevistado al concluir su participación en el foro, Barrera consideró que la salida del GIEI y la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad, Omar Gómez, forma parte del desmantelamiento de este mecanismo de justicia transicional que se puso en marcha en diciembre del 2018 en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a petición de los padres y madres de los 43.

«Además desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay el interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso», dijo Barrera.

Mencionó que ya había ese acuerdo para que se firmara pero este se estancó luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio el informe del caso en agosto pasado, donde señala al Ejército como responsable de los sucesos de Iguala.

«Se van a ir (los expertos internacionales) porque ven que no hay las condiciones políticas no son las mismas y además el curso que está tomando esta embestida es lo que no les va a permitir asegurar un trabajo dentro de la Fiscalía o el Ejército», dijo Barrera.

El activista señaló que una de los motivos de que podría originar el desmantelamiento de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es el apoyo que el gobierno da al Ejército en las investigaciones para buscar la justicia.

La semana pasada, la FGR dio a conocer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y cinco autoridades civiles, entre ellos, el ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín.

«También hay una descalificación en las redes sociales hacia Vidulfo Rosales Sierra (asesor de los familiares de los 43) y eso preocupa mucho porque se está criminalizando a los defensores por el hecho de que están denunciando los abusos de los militares», afirmó Barrera Hernández.

Los ataques que hay en contra de Rosales Sierra a través de las redes sociales se originaron a raíz de que el presidente López Obrador arremetió contra éste en las conferencias mañaneras.

Notifican a Sedena órdenes de captura contra militares; encabeza la lista Alejandro Saavedra

El general Alejandro Saavedra es uno de los 20 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los que ya se les giraron órdenes de aprehensión. Mientras tanto, el GIEI pidió acceso a fuentes e información que alimentaron el informe de la Comisión de la Verdad para su valoración


Texto: Kau Sirenio y Arturo Contreras / Pie de Página

Fotografía: Oscar Guerrero

Ciudad de México

 

La tarde de este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada por la Fiscalía General de la República (FRG) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales deberán ser localizados por el área jurídica de la institución. El general de División Alejandro Saavedra Hernández encabeza la lista.

La notificación se dio luego de que el juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó las 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que, de acuerdo con la FGR, intervinieron en la investigación de los hechos.

El militar de más alto rango en la lista es el general Saavedra Hernández, quien fungía como comandante de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 26 de septiembre de 2014, el general tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, desde las cinco de la tarde.

También está implicado su subordinado inmediato, el comandante del 27 Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, quien entonces era coronel y hoy es general brigadier.

Según la Comisión, los mandos involucrados incumplieron su deber de intervenir para salvaguardar las vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de criminales y policías municipales.

El ascenso del general

El general Saavedra Hernández, quien también intervino en la masacre de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue nombrado comandante de la 35 Zona Militar el 2 de junio de 2014.

Después del ataque a los estudiantes, el 26 de septiembre de ese año, Saavedra no sólo no fue investigado, sino que recibió una serie de premios y ascensos que dejaron cerca de convertirse en secretario de la Defensa Nacional.

El 20 de noviembre de 2014, apenas dos meses después de la noche de Iguala, fue promovido de general de Brigada a general de División. Diez días después, se convirtió en comandante de la IX Región Militar, que abarca todo el estado de Guerrero. Once meses más tarde, en octubre de 2015, fue nombrado coordinador de la Estrategia Federal de Seguridad en el estado, lo que le dio el mando de todas las corporaciones policiacas de Guerreo. El 28 de noviembre de 2016 pasó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y el 1 de diciembre de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Cuatro años después de la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2018, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, propuso al presidente electo Andrés Manuel López Obrador dos posibles sucesores, el subsecretario Arturo Granados y el general Saavedra. López Obrador finalmente optó por Luis Crescencio Sandoval.

Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta su retiro el 2 de marzo de 2021. Nadie investigó su participación en Tlatlaya ni en Ayotzinapa, a pesar de que el exalcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró a la PGR que los jefes policiacos de su jurisdicción habían sido recomendados por el general Saavedra y actuaban de forma autónoma.

El Coronel

El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien estaba a cargo del batallón 27 con sede en Iguala, es actualmente jefe de Operaciones de la Sedena. Pero su relación en el caso podría ser más que una omisión. En el informe de la Comisión de la Verdad se refieren una serie de mensajes de texto que indican una coordinación constante en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 entre El Chino y El Negro (dos integrantes de Guerreros Unidos) con El Coronel para “arreglar el problema” de los estudiantes que quedaban vivos; también hay reportes de actividades conjuntas entre El Negro y El Coronel, y que los restos de “la mayoría” de los estudiantes asesinados fueron trasladados “al Batallón”.

Una de las posibilidades consideradas en las investigaciones es que el Coronel referido en esas comunicaciones sea Rodríguez Pérez.

GIEI pide acceso a las fuentes del informe

En un comunicado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha acompañado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y que ha emitido tres informes sobre el caso, pidió que el gobierno federal le dé acceso a pruebas que respalden el informe presentado el jueves pasado.

Si bien hemos tenido acceso a la información y a los productos obtenidos por la comisión presidencial, no conocimos ni hemos accedido directamente ni examinado material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”.

Señala el GIEI en un comunicado. 

El Grupo de Expertos solicitó una copia de los mensajes y acceso a los celulares de los que fueron extraídos para evaluar la fiabilidad y calidad de la información señalada y analizar a profundidad el contenido del informe, sobre el que posteriormente compartirán sus valoraciones.

El GIEI enfatizó que no ha participado en la redacción del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas ni ha señalado presuntos responsables. Insistieron en la importancia de la protección del debido proceso.

Dos caminos para la justicia

Durante su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las investigaciones ahora se encaran a dos frentes: desenterrar la verdad de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, además de dar con los responsables de ocultar la verdad.

En la mesa de análisis de Momentum, coproducción de RompevientoTV y Pie de Página, el abogado Federico Anaya señaló que ahí radica la nueva tragedia del caso: las investigaciones históricas van a tener pruebas y escenarios degradados. Tal vez por eso, ahora la administración se centre en juzgar a quienes impidieron conocer la verdad.

Pasado tanto tiempo, probablemente estos son los crímenes que vamos a procesar, investigar y castigar, porque ellos destruyeron las escenas del crimen previo. Esa es la nueva tragedia. ¿Había manera de que Murillo Karam no supiera lo que sucedía? No. Por eso es el responsable del encubrimiento, de haber realizado mal la investigación a propósito. No sabemos por qué, eso será algo que debe revelar el proceso judicial”, dijo Anaya.

Diferencias entre “verdad histórica” e Informe presidencial

El abogado David Peña señaló tres puntos esenciales que diferencian el informe de la Presidencia sobre el caso de la “verdad histórica” de Murillo Karam:

* El informe del actual gobierno señala la responsabilidad no sólo de las autoridades municipales, sino estatales y federales, mientras que la “verdad histórica” sólo señaló a los agentes municipales.

* El informe de la Presidencia  señala la operación de varios grupos que separaron a los estudiantes, bajo la misma instrucción, pero de forma distinta y en lugares diferentes. Mientras que la “verdad histórica” señala que todos fueron asesinados y llevados al basurero de Cocula donde fueron incinerados.

* Presume que seis estudiantes permanecieron con vida cuatro o cinco días después de ser secuestrados, lo que refuta la idea de una operación única.

Según dijo Peña, es posible que nunca se conozca la verdad completa sobre esa noche, pues desde el 7 de octubre de 2014, cuando iniciaron las intervenciones federales, se empezó a manipular la investigación, a alterar escenas y a torturar detenidos.

AMLO promete “etapa nueva” en la justicia

“Para hacer a un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso, todo eso que avergüenza, y vamos a inaugurar una etapa nueva”, dijo el presidente López Obrador al referirse a los avances en el caso Ayotzinapa. Aseguró que gracias a ellas el mismo exprocurador Murillo Karam,  detenido el viernes, se inculpa.

En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal)”.

Después mostró un pedazo del video del encuentro que sostuvo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el jueves pasado. En el video se ve al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decir a los familiares que en ese entonces el Estado soslayó su responsabilidad ante un crimen desmesurado y adjudicó su responsabilidad solo a las autoridades municipales, pero el caso se salió de control y fue entonces cuando Murillo Karam se presentó ante medios de comunicación y dijo:

“Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación”.

El presidente refrendó que en el informe se da muestra de qué funcionarios fraguaron y tramaron la confección de una versión de los hechos que nunca sucedieron, para la cual incluso torturaron personas.

“Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos (funcionarios), pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, dijo al aclarar que a partir del informe se desprenden dos listas, la de implicados y la de responsables.

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

En Ayotzinapa hay que investigar hasta las cabezas del gobierno: GIEI

Ángela María Buitrago, la exfiscal colombiana integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dice en entrevista con Momentum que autoridades civiles y militares tuvieron informes que pudieron conducirles a los lugares en los que estuvieron los 43 estudiantes horas después de su desaparición


Texto: Pie de Página

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

30 de marzo de 2022

 

El acceso a documentos que mantuvieron bajo reserva Ejército y Marina durante siete años ha dejado constancia de que, en su momento, autoridades civiles y militares tuvieron información que pudo haberlos conducido a los sitios a los que fueron trasladados los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos.

El día después de haber presentado un tercer informe del caso Ayotzinapa, Angela María Buitrago, exfiscal colombiana e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha ofrecido un larga entrevista a los periodistas Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, en el programa Momentum, de Rompeviento TV y Pie de Página.

“Es un camino que apenas comienza, sabiendo que había información desde hace siete años que podía conducir a lugares o los lugares a donde fueron llevados [los estudiantes]. Desde ahí, la conclusión categórica es que esto incide en paradero, incide en autoridades, incide en responsables, incide en acciones”, ha declarado Buitrago.

En esta tercera vuelta, el GIEI hizo revelaciones que colocan al Estado mexicano en una encrucijada. La más notable de ellas da cuenta de la participación activa de elementos de la Marina, quienes no solo parecen haber manipulado uno de los escenarios del crimen, sino que tomaron parte en detenciones y torturas.

“Esto nos lleva indiscutiblemente a que nosotros empecemos a preguntar qué otras actividades hizo la Marina”, dijo Buitrago.

La integrante del GIEI ha sugerido durante la entrevista que el futuro de la información que se ha llegado a conocer, aunque tardío, permitirá revelar elementos fundamentales en una investigación de enorme complejidad como esta.

“En el punto fundamental de cómo cambia [el curso de la investigación] diría que incide en los bueno, incide en lo malo y desde ese punto de vista, si nosotros llegáramos a saber en esa incidencia, por ejemplo lo que a sabemos, que hay comunicaciones en donde el crimen organizado directamente estaba diciendo que tiene a los muchachos en un lugar, pues es una incidencia que debía haber salido hace siete años, porque también da pistas sobre los comportamientos desplegados, los partícipes, los lugares donde fueron llevados los estudiantes, que se ignoraron durante la investigación desde hace siete años”.

La incidencia negativa, añade Buitrago, radica en la “simulación, ocultamiento, desviación, que también incide en los resultados de la investigación y que hacían parte de la desaparición y de un delito de ejecución permanente como tal”.

Ledesma y Nájar formulan una pregunta obligada: hasta dónde llega la cadena de mando en la trama de la desaparición.

“En esta clase de delitos de lesa humanidad-responde Buitrago, llega hasta el máximo ente y jerarquía. En esta investigación de graves violaciones a los derechos humanos, debe investigarse a todos los que participaron, omitieron, conocieron y realizaron acciones. Desde ese punto de vista, podría contestar que hay que hacer las investigaciones con respecto a todos, sin excluir ni siquiera a las cabezas de gobierno”.

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie

Se investiga a la Marina por caso Ayotzinapa, asegura AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

29 de marzo de 2022

Chilpancingo 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este martes, que un almirante de la Secretaría de Marina y otros elementos ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

En el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que la Marina manipuló las evidencias en el basurero de Cocula en donde según la entonces PGR, fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa después que fueron desaparecidos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Esto, luego que ayer el GIEI reveló en su tercer informe sobre los estudiantes grabaciones en video donde se aprecia a elementos de la Marina alterando el lugar donde después se hallaron restos de los jóvenes.

El presidente explicó que el GIEI le mostró la nueva evidencia a la par que se pidió que fueran indagados los jefes de la Marina y a un almirante, de los cuales no se dieron mayores detalles.

“Yo ya vi esos videos y los que participaron alterando pruebas ya declararon a la FGR, sobre todo un almirante de la Marina, que fue el que estuvo a cargo”, dijo López Obrador.

El presidente se negó a dar más detalles, según él, porque la investigación continua en curso.

El día de ayer el GIEI presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, y señaló que un mes después de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Marina, acudieron en dos vehículos oficiales al basurero de Cocula, lugar donde según la entonces PGR fueron asesinados e incinerados los normalistas, y manipularon bultos blancos, de los que se desconoce su contenido, y encendieron una hoguera.

El informe presentado este lunes por integrantes del GIEI en donde estuvieron presentes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se informó que antes de los sucesos del 26 de septiembre del 2014 el Ejército México infiltró a dos de sus elementos en la escuela normal como infiltrados para que recabaran información se supone que de las actividades que los estudiantes realizaban.

Uno de los infiltrados era un normalistas de primer año que desapareció junto con los otros 42 estudiantes la noche del 26.

A las once de la mañana los padres darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

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GIEI: participa la Marina en la manipulación de la investigación de Ayotzinapa

“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan 

28 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelaron un nuevo video que evidencia que efectivos de la Secretaría de Marina participaron en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, que sustentó “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Este lunes los integrantes del GIEI dieron a conocer su tercer informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa, como parte de la recomendación: MC/409/14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI es un mecanismo de la CIDH con autonomía e independencia de gestión para coadyuvar en los hechos bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

La integrante de este organismo internacional, Claudia Paz y Paz expuso que hay información falsa que se ha ocultado al GIEI; por ejemplo, que el Ejército controlaba el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que hubo investigaciones paralelas también por autoridades militares a las que todavía no han tenido acceso, como la de que algunos integrantes del 27 Batallón con sede en Iguala acudieron barandilla de la policía municipal confirmándose que de ese lugar fueron sustraídos los estudiantes.

En su intervención, Ángela Buitrago, otra de las expertas del GIEI, expuso que, en este tercer informe en el capítulo de simulación, tiene tres momentos dentro de este recorrido histórico.

“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”, dijo.

También, que las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían, para simular que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían de la detención y desaparición y que desconocían sobre la violencia en Guerrero, principalmente en Iguala.

Sobre las actividades de investigación que inician en octubre 2014, dijo, el primer ejemplo de simulación, es la decisión de captura de personas como posibles responsables y a partir de esas detenciones se elabora una versión de los hechos, donde la verdad se perdió, pero que se está en tiempo para recuperarla. El derecho de la no repetición se negó y la reparación será compleja.

En este segundo momento que menciona la experta, hay aspectos que se tienen que recordar en la investigación, la que inició a partir del 27 de septiembre, de manera tardía, en la zona local de Guerrero y después atraída por la entonces Procuraduría General de la República.

Afirmó que parte de esas simulaciones fueron las construcciones de llamadas ficticias creadas por funcionarios.

Informó que también se encontró que hay simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares y en las formas en que estas se llevaron a cabo.

En el tercer momento que señalaron los expertos, Ángela Buitrago comentó que las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles y las bitácoras eran falsas, incluso se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos.

“Actas de la diligencia de la PGR que son completamente falsas que por esta razón se iniciaron las judicializaciones contra los Agentes del Ministerio Público y las personas que firmaron esas actas”, destacó la experta durante el informe en donde estuvieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mayor caso de simulación de la investigación ocurre a partir de octubre y noviembre del 2015 que derivó en actos de tortura, contra los presuntos responsables, las reconstrucciones de los hechos y obtención de información que perjudicó ampliamente la investigación, añadió.

Mencionó que otro acto de simulación fue el basurero de Cocula que se estableció como el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa muriendo incinerados.

La experta señaló que existen documentos oficiales que antes del 26 de octubre del 2014-un mes después de la desaparición de los 43- el Ejército visitó el basurero de Cocula y no encontró nada, pero posterior al 27 de octubre este lugar se transformó y se reporta el hallazgo de restos.

Dijo que en esa diligencia cerca de 40 personas recorrieron el basurero desde las 6:30 de la mañana a las 11 de la mañana.

Sin embargo, dicha información que se recobró ahora y que se desconoció por casi siete años, no fue entregada a los elementos de peritos del Equipo de Antropología Forense (EAF) cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula.

Otra de las irregularidades de estas indagaciones es de que en el acta ministerial del río San Juan, en donde halló un fragmento del estudiante Alexander Mora, es falsa porque la Agente del Ministerio Público Federal (AMPF) que la firma no estuvo en el lugar ni tampoco presenció hechos que llevo a la judicialización.

Durante la presentación del informe, Ángela Buitrago expuso varios videos tomados por un drone de La Marina el 27 de octubre del 2014 sobre el basurero de Cocula y el Río San Juan.

El 12 de noviembre del 2021, el GIEI, tuvo acceso a los archivos de la Marina, como lo solicitaron en reiteradas ocasiones, con esto los expertos obtuvieron documentos confidenciales, archivados como secretos, que hacen referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 26 y 27 de octubre del 2014, en el basurero de Cocula y en el río San Juan.

“El GIEI encontró y analizó especialmente un video del día 27 de octubre del 2014 en el que se recogen actividades realizadas por la Marina hasta ahora desconocidas, y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”, dice el informe del GIEI.

Los peritos concluyeron que un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participaron al menos de 6:39 de la mañana hasta la llegada de la comitiva del entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.

Los elementos de la Marina manipularon tres “bultos” que sacan de dos camionetas, en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden fuego, en el inicio de la pendiente.

Poco después esos bultos desaparecieron. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, indica el informe presentado este lunes por los expertos del GIEI.

 

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