Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años en Iguala, señalaron que la búsqueda de sus hijos emprendida el miércoles 31 de julio en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es una acción distractora que tiene como propósito lavar la cara al Ejército mexicano y dejarlo fuera de su responsabilidad de estos hechos.
«Esa diligencia (la búsqueda de los 43) fue decidida de manera unilateral por el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en la reunión que tuvimos con él en días recientes», expone un comunicado difundido por los padres y madres que asesoran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña _Tlachinollan_ y el Centro de Derechos Humanos _José Agustín Pro_.
Un padre y una madre de dos de los estudiantes desaparecidos, que son asesorados por Felipe de la Cruz, acudieron este miércoles 31 de julio a las instalaciones militares de Iguala para vigilar la búsqueda de sus hijos a cargo de la Comisión del Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército.
La diligencia en la sede militar, que concluirá el viernes 3 de agosto, la encabeza el subsecretario de Gobernación Arturo Padilla Padilla.
“Las madres y padres de los 43 rechazamos la búsqueda que realiza el gobierno federal. Es una acción distractora que tiene el afán de lavar la cara al Ejército frente a los señalamientos de su responsabilidad en la desaparición de nuestros hijos”, plantea el escrito.
Aclara que la búsqueda en el 27 Batallón de Infantería se deriva de una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz del señalamiento de un testigo que afirma que 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados a estas instalaciones militares y posteriormente entregados al grupo criminal de Guerreros Unidos en una colonia de Iguala.
«Tal decisión (la orden presidencial) no fue consultada ni consensada con las madres y padres de los 43, por el contrario, no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia», señala el documento.
Establece que no tiene ningún caso buscar en las instalaciones castrenses, ya que no existe ningún dato de prueba que establezca que los estudiantes fueron inhumados en fosas en este lugar.
En 2019, ya se realizó una búsqueda en esas instalaciones militares, sin resultados positivos, aseguran.
«El testigo que hace tal señalamiento es claro al referir que los 25 estudiantes estuvieron temporalmente en el (27) Batallón mientras eran torturados, después fueron sacados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos», refieren los padres y madres de los 43.
Por lo tanto, denuncian, no tiene ningún sentido buscar en esas instalaciones militares, y que más bien es una medida desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un Ejército que tiene vínculos con el grupo criminal de Guerreros Unidos, y que en la noche del 26 de septiembre del 2014, se colocó del lado de los perpetradores.
«(El Ejército) supo en tiempo real lo que ocurría con nuestros hijos y ha ocultado información relevante del caso», agregan.
Los padres y madres de los normalistas que son asesorados por organismos civiles de derechos humanos y el abogado Vidulfo Rosales, calificaron como «grupo minoritario» el que aceptó el ofrecimiento del gobierno de entrar a buscar al cuartel militar.
«Esto confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos esas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan», expone el comunicado de los padres y madres.
Felipe de la Cruz dijo que los resultados de la búsqueda en el cuartel militar se darán a conocer este viernes 3 de julio luego de que concluya la diligencia.
Mencionó que este miércoles 1 de julio, estuvieron en calidad de observadores en las labores de búsqueda Ciriano Vázquez y María de los Ángeles Abarca, el primero padre del normalista Abelardo Vázquez, y la segunda madre del estudiante Luis Ángel Abarca.
Este jueves 1 de agosto, llegó a la diligencia la señora Erika Pascual de la Cruz, madre del normalista desaparecido Bernabé Abraján de la Cruz.
Doña Erika llegó al cuartel militar de Iguala acompañada de sus dos hijos.
«Acordamos que solamente irían comisiones de padres al cuartel no todos al mismo tiempo y será hasta el viernes cuando se dará un informe de los resultados de la búsqueda», afirmó Felipe de la Cruz.
Durante la inauguración de un memorial de los desaparecidos en la alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo, diversos colectivos reprocharon a las autoridades su falta de voluntad para buscar a las víctimas.
El monumento lo inauguró este miércoles 31 de julio a mediodía la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien no pudo ocultar su contrariedad cuando los familiares de personas desaparecidas le espetaron que nada tenían que agradecerle.
«Yo no le agradecería por esto (lo el memorial), porque no se merecen ningún aplauso; y sí les agradecería cuando ya no haya personas desaparecidas», declaró ante Norma Otilia Hernández, Socorro Gil Guzmán, representante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia y madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, a quien policías municipales desaparecieron en diciembre de 2018 en Acapulco.
El memorial de los desaparecidos fue construido con recursos públicos del ayuntamiento de Chilpancingo.
De acuerdo con dirigentes de colectivos de Chilpancingo, desde el año 2008, las desapariciones en esta capital no han parado. «La gobernadora (Evelyn Salgado), la Fiscalía General del Estado, no hacen nada para frenar las desapariciones en Chilpancingo y en todo Guerrero», acusó Socorro Gil.
En el centro del memorial hay un escaparate de cristal donde se exhiben un pico y una pala, que son las herramientas que utilizan las familias que buscan en los cerros a sus desaparecidos.
Al acto llegaron integrantes de colectivos de personas desaparecidas de Iguala y de Acapulco; Norma Otilia Hernández, como de costumbre, llegó en una camioneta blindada custodiada por cinco guardaespaldas.
En su mensaje, Norma Otilia Hernández, reconoció el problema de las desapariciones y que en la actualidad esta situación a cualquiera le puede pasar. «Cualquiera puede ser desaparecido; aquí hay muchos periodistas; hasta ellos pueden ser desaparecidos», manifestó.
Norma Otilia Hernández estuvo muy poco tiempo en el acto. Luego de pronunciar un breve discurso, se encaminó hacia su camioneta y se marchó.
Contrario a lo que afirma el gobierno federal, el proceso electoral 2023-2024 fue el más violento, con más agresiones, asesinatos e incidentes que los de 2018 y 2021, de acuerdo con datos de la organización internacional ACLED.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Animal Político/Amapola Periodismo Archivo
Miércoles 3 de julio del 2024
La organización internacional ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) registró 540 incidentes de violencia contra actores políticos entre septiembre de 2023 y junio de 2024, 330 de los cuales ocurrieron en el periodo de campaña (marzo a junio).
Estos datos, contrario a lo que afirma el gobierno federal, confirman que el proceso electoral 2023-2024 fue el más violento de la historia, con más agresiones, asesinatos e incidentes que los de 2018 y 2021.
“El nivel de violencia durante esta campaña electoral marca un máximo histórico que eclipsa la violencia registrada en las elecciones generales de 2018 y las federales de 2021, que tuvieron 254 y 257 eventos, respectivamente”, señala el informe presentado ayer por ACLED.
En dicho informe, los especialistas Sandra Pellegrini y Tiziano Breda detallan que, de los 330 incidentes violentos registrados en campaña, 216 fueron eventos contra candidatos, seguidores o familiares, y al menos 95 incidentes provocaron una o más muertes.
Elecciones 2024 en México y violencia
Los ataques violentos se cometen principalmente a nivel local, pues más del 80 por ciento de los casos involucraron a candidaturas del nivel municipal y diputaciones estatales.
Los perpetradores tratan sin descanso de ejercer presión sobre las autoridades locales, pues un 40 por ciento de los incidentes involucran a funcionarios municipales que no están en campaña.
La violencia dirigida a figuras políticas ocurre más allá del periodo de campaña; meses antes de que inicien las campañas formalmente (en lo que se denomina periodo de búsqueda de apoyo ciudadano), y continúa después de la jornada electoral.
La competencia entre los grupos de crimen organizado está impulsando gran parte de la violencia.
La competencia entre los agentes de poder a nivel loca también es un generador importante de violencia.
El candidato a presidente municipal de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera., asesinado en mayo pasado. Foto: Cuartoscuro.
“Aunque la competencia entre grupos del crimen organizado impulsa gran parte de la violencia política, al menos el 30% de los incidentes incluyeron disturbios y destrucción de propiedades, lo que sugiere que las luchas de poder locales y los reclamos comunitarios de irregularidades durante el proceso, o el rechazo de los resultados, también pueden desencadenar violencia contra figuras políticas”, añade.
Los datos de ACLED coinciden con los del proyecto Votar entre balas, de las organizaciones Data Cívica y México Evalúa, con colaboración de Animal Político, en el que también se concluye que éste fue un proceso electoral más violento que los de 2018 y 2021.
Foto: Especial
Datos del monitoreo de Data Cívica indican que 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas fueron atacadas presuntamente por grupos del crimen organizado entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024. De éstas, 34 fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas tangibles (en mantas, videos, u otras que provocaron la renuncia a la candidatura), 10 personas candidatas fueron secuestradas, y en 14 ataques armados la persona candidata sobrevivió, pero alguien más murió.
“Además de los asesinatos, es importante visibilizar otros ataques por parte del crimen organizado a candidatos y a otros actores políticos durante el proceso electoral”, explicó Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar entre Balas de Data Cívica.
Los datos también coinciden en general con los registros de Animal Político, que contabilizó 35 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos entre octubre de 2023 y el 2 de junio de 2024, a los que habría que sumar el de Salvador Villalba, alcalde electo de Copala, Guerrero, por el partido local México Avanza, quien fue asesinado el pasado 16 de junio.
Estas cifras superan los homicidios de aspirantes y candidatos registrados por el Instituto Nacional Electoral en 2018 (29 casos) y 2021 (31 casos).
Sin embargo, hace una semana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que el registro oficial es de 12 asesinatos de personas que ya estaba registradas legalmente como candidatas. Una cifra menor a los 15 casos que la misma funcionaria había reconocido el 3 de abril, luego del homicidio de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato.
Los asesinatos son sólo la fase más extrema del fenómeno
Durante la presentación del informe de ACLED, las especialistas coincidieron en que el asesinato de personas candidatas es sólo una de las facetas -la más extrema- de la violencia político criminal en los procesos electorales.
Data Cívica, por ejemplo, ha registrado desde 2018 siete tipos distintos de ataques a personas involucradas en el proceso político, que van desde aspirantes y candidatas, hasta funcionarios en funciones, dirigentes partidistas, funcionarios electos y en funciones, policías y familiares de estos actores políticos.
Las amenazas, las agresiones, los secuestros son otras formas en las que se intimida a las diferentes personas involucradas en los procesos electorales.
Momento en el que el candidato, José Alfredo Cabrera, fue asesinado a balazos en su cierre de campaña en Coyuca de Benítez, el 29 de mayo del 2024. Foto: Archivo
Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, comentó ayer que los números recientemente compartidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difieren de los reportados por Votar entre Balas, porque el gobierno federal omite el periodo de precampaña y los meses previos, y sólo se enfoca en asesinatos de candidatos.
Y coincidió en que los asesinatos son sólo una de las formas en las que el crimen organizado usa la violencia para influir en las elecciones.
Foto: Especial
De acuerdo con un análisis estadístico de México Evalúa, enfocado en la reducción de participación electoral de los municipios con mayor concentración de violencia político-criminal, por cada ataque contra autoridades a nivel municipal, la participación se redujo, en promedio, en dos puntos porcentuales en la elección local en la jornada electoral de junio de 2024.
“Para tener un balance completo de la violencia en la elección de 2024, debe tomarse en cuenta el período de precampaña. Además, debe considerarse que no sólo las personas candidatas fueron afectadas, también una amplia variedad de actores, como funcionarios, activistas de campaña y familiares”, añadió Sandra Ley.
Foto: especial
Este texto es original de Animal Político y es reproducido por Amapola Periodismo con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
La muerte fue el costo para la regidora Esmeralda Garzón Campos, quien desafío la herencia y tradición familiar y en pleno proceso electoral dejó el PRI para irse a Morena
Texto y foto: Margena de la O
Miércoles 3 de julio del 2024
Tixtla
“Sin miedo vota Morena”, fue una de las frases que la regidora del PRI en el Ayuntamiento de Tixtla, Esmeralda Garzón Campos, escribió en sus redes sociales después de convertirse en morenista en plena recta final de la elección.
Un llamado que exponía el nivel de su desafío, el cual, al parecer, le significó el mayor de los costos: fue asesinada al salir de su casa en la cabecera municipal el 7 de junio pasado.
Su asesinato está documentado por Amapola, periodismo transgresor como el primero de los seis ataques armados de la etapa poselectoral de la jornada 2023-2024, con seis personas muertas. Este crimen reactivó las alarmas del semáforo de la criminalidad en Tixtla, que durante el escenario preelectoral y la jornada de votación permaneció en amarillo.
La regidora hizo pública su renuncia al PRI, su partido por herencia y tradición familiar, el pasado 6 de abril a través de sus redes sociales, y destapó un conflicto familiar de antaño, fue como abrir la caja de Pandora.
Las primeras razones que citó para salir del partido que hace varios años convirtió a su madre, Violeta Campos Astudillo, en diputada local y hace muchos más, a su padre, Ausencio Garzón Chávez, en alcalde de Chilpancingo, fue que dejó de representar sus “ideales” y “lucha”, porque sus líderes tomaron “malas decisiones”, como la imposición de candidatos. Algunas personas que conocían a la regidora supieron que pretendía reelegirse y no logró el apoyo de los líderes del PRI.
Los argumentos con los que cierra el texto escalan en el ámbito personal, sin desligarse del partido. “Hoy rompo con las cadenas del pleito que Edgardo Astudillo Morales tiene contra mi madre y su descendencia. Hoy quiero que mis hijas, hijo y nietas puedan vivir un futuro promisorio fuera de esta innecesaria pelea encarnizada que cobró una vida, la de mi hermano Román Rodríguez Campos”.
Edgardo Astudillo Morales es un empresario gasolinero de la ciudad que hace varios años fue alcalde de Tixtla y con quien la familia de la regidora tiene parentesco, por una ala familiar de su madre.
Ese mismo vínculo familiar la convertía en sobrina del ex gobernador Héctor Astudillo Flores y de quien fue tres veces aspirante por la alcaldía de Tixtla, Saúl Nava Astudillo, asesinado el 5 de enero del 2022, durante el cortejo fúnebre de su tío, Vicente Astudillo Navarro, quien era hermano de Edgardo, de acuerdo con lo que documentaron periodistas locales.
En el mensaje de la regidora asesinada no hay mayores detalles del conflicto familiar, pero deja claro que el tema es delicado. “Cómo se le ocurre meterse con él”, dice un habitante de Tixtla que conocía a la regidora y a su familia, al comentar sobre ese polémico mensaje.
En los dos meses como simpatizante de Morena, la regidora expuso su simpatía por los candidatos del partido guinda. De Beatriz Mojica Morga, quien ahora es senadora electa, compartió varias fotografías de su campaña política, y de Edgar Ignacio Alcaraz Medina, aspirante por la alcaldía, a quien los votos no le favorecieron el 2 de junio pasado, subió propaganda oficial.
Entre los cambios de la regidora que más llamaron la atención, según comentaron habitantes de la cabecera municipal, fue la cercanía de sus últimos días con el actual alcalde morenista de Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas. En particular, porque saben, la ex priista fue su principal adversaria desde el principio de la administración (2021), cuando la violencia se resentía sobre el corredor que conecta a zona Centro con región Montaña, del cual forma parte Tixtla.
En la imagen el alcalde Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas. Foto tomada de su Facebook.
El alcalde acepta que tuvieron una cercanía a partir de su nueva posición política, pero que desconoce qué fue lo que sucedió. “El de nuestra regidora es un tema que conmocionó. Es un tema complejo, desconozco la forma. Mi relación con la regidora era una relación institucional, formal, de respeto. Ha habido casos aislados, como el del excandidato de hace varios años por parte del PRI (se refiere a Saúl Nava) son situaciones que muchas veces están fuera del alcance de las instancias correspondientes del municipio”.
Si la intención es enmarcarlo en un contexto político, “sí es un tema que nos pone a valorar lo que ha sucedido”, comenta González Cabañas.
La jugada política… detrás de la criminal
Los resultados de la votación del 2 de junio favorecieron a los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD tanto para la alcaldía como para la diputación local por el distrito vigésimo cuarto, con sede en este municipio. El alcalde y el diputado local electos son Alberto Michi Campos y Jorge Iván Ortega Jiménez, quien tiene el mismo nombre de su tío, uno de los dos líderes del grupo criminal que tiene el control económico y político del municipio y de una zona más amplia conocida como Montaña baja. El resultado de la votación no es ninguna novedad, aun cuando el actual alcalde es morenista.
En la elección 2021, de acuerdo con personas consultadas en el municipio, fue una sorpresa que los votos favorecieran la propuesta del partido guinda, cuando las anteriores dos administraciones municipales de Tixtla fueron perredistas, una de ellas a cargo de Erika Alcaraz Sosa (2018-2021), y muchas más atrás, priistas. La gente, deducen varios de sus habitantes, salió a votar en una operación hormiga, en particular en la cabecera municipal, donde creen que tiene sus mayores simpatías Morena.
Esta vez, aun cuando el PRD fenece por falta de votos a nivel nacional, los partidos de la alianza, juntos o separados, recobraron Tixtla y se quedaron, además, con las alcaldías de Quechultenango, Chilapa y Chilpancingo. Todos estos municipios conforman un pasillo con otras peculiares coincidencias.
En el mapa criminal diseñado el año pasado por el gobierno estatal está coloreado de azul cielo gran parte de la región Montaña hasta una fracción de región Centro, zonas que alimentan una subregión que el colectivo público nombra como Montaña baja. Este tono cubre hasta la mitad del municipio de Chilpancingo.
El azul cielo es el color con el que se delimitó el territorio donde tiene operaciones el grupo criminal de Los Ardillos, del cual son líderes los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez. Ambos, a su vez, hermanos del actual diputado local del PRD por el distrito de Tixtla, Bernardo Ortega Jiménez, el cual le quedó a su hijo, Jorge Iván Ortega Jiménez, quien será diputado local para la próxima legislatura, porque el candidato de la alianza encabezada por Morena, Hossein Nabor Guillén, quien en el pasado fue alcalde por el PRD, no le hizo sombra.
Aspectos del mercado de Tixtla donde aún hay rastros de la propaganda del diputado electo del PRI, PRD y PAN, Jorge Iván Ortega Jiménez, quien tiene el mismo nombre que su tío, uno de los dos líderes del grupo criminal Los Ardillos.
El diputado Ortega suma su cuarto periodo como legislador local en diferentes momentos, los dos últimos continuos, y antes fue alcalde de Quechultenango, de donde son originarios. Mantiene un especial interés por Tixtla; la exalcaldesa Alcaraz Sosa, se sabe de manera pública, es su pareja sentimental.
“Ellos (Los Ardillos) hacen política”, comentó un actor político local que fue consultado sobre el papel de este grupo criminal en el municipio, de quien se reserva el nombre por razones evidentes.
Al final, con su decisión, la regidora ex priista también desafiaba acuerdos políticos encarnados. “La maldad tiene patas cortas y la bondad largas. Podrán quitar todas las lonas de Morena pero no van a impedir que salgamos a votar”, escribió en su cuenta de Facebook el 6 de mayo.
Tixtla: el municipio pegado a la capital silenciado
Cuando se llega a la cabecera municipal de Tixtla hay retenes de agentes policiacos que podrían considerarse habituales. Los más visibles están en los dos accesos que comunican con Chilpancingo, pero los habitantes hablan de otros en el camino hacia la comunidad de Atliaca y en la salida a El Troncón, que conectan con Mochitlán y Quechultenango.
En el retén ubicado cerca de la gasolinera, por la vía de paga, al desembocar la caseta de cobro, los agentes suelen preguntar a los automovilistas cuál es el motivo de su visita a Tixtla o tomar algunos datos de los vehículos, en particular si son foráneos. Lo mismo ocurre por el acceso a Tixtla por la carretera libre.
Podría considerarse una práctica inusual en otros lugares, pero no en la parte Centro de Guerrero, donde tienen presencia Los Ardillos. Un grupo de jóvenes que hace algunas semanas visitó los manantiales que quedan cerca de Quechultenango, compartieron que en el camino se toparon con retenes de personas armadas donde les pidieron nombre, identificación, ocupación, en qué laboran, hacia dónde iban y a quiénes verían.
Esta vigilancia sólo es parte de los cambios más visibles que habitantes de Tixtla ubican en los últimos años, porque hay cosas más profundas, como la libertad de discernir o de opinar de manera pública de lo que ocurre.
Una mujer que, antes que todo, pidió no asomar ningún rasgo de su identidad, compartió que los habitantes dejaron de tratar de manera pública los cambios impuestos en el municipio o cualquier suceso criminal, como el asesinato de la regidora; todo lo reservan a la intimidad de sus casas, porque “son cosas de las que se habla bajito”.
En la intimidad de cuatro paredes algunos compartieron parte de esos cambios, como que el comercio local se lo apropió el grupo criminal, imponiendo gravámenes, por ejemplo, en la venta de agua purificada; en un lapso corto el precio del botellón pasó de 12 a 18 pesos. O, también, se hace cargo de la distribución de pollo y las carnes, y refrescos y cervezas. Todo esto a lo largo de los últimos años.
Lo más visible del dominio que ejercen Los Ardillos en Tixtla, aparte del económico y político, es en el espacio físico. Los habitantes saben que nada pasa en Tixtla sin su anuencia, mucho menos un crimen.
“El primer espacio del que se apropiaron fue del Ayuntamiento”, dice otra mujer, quien es una destacada profesionista del municipio.
De las cosas que más repiten dentro y fuera de Tixtla es que el actual alcalde tiene un margen acotado de maniobra. “Sólo le dejaron la cultura”, dijo un habitante durante una charla con el propósito de saber cómo es la vida en la cabecera municipal.
Unas horas antes, en entrevista, el alcalde había comentado la importancia de Tixtla en términos culturales, lo que, a su vez, nombró como una de sus apuestas para la gobernabilidad del municipio. “Nosotros le hemos apostado mucho al arte, a la cultura, a los hermanamientos, además de que se da de manera natural en Tixtla. Puedo considerar que Tixtla es la capital cultural de Guerrero”.
Aspectos generales de Tixtla, la cabecera municipal de este municipio en el que fue asesinada la regidora Esmeralda Garzón Campos.
Hay otros que lo ubican como un alcalde que se la pasó inaugurando obras públicas y sociales, que no precisamente él decidió. De las cosas que destacó en la entrevista como resultados de su administración fueron la obras en todo el municipio y comunidades con hasta 10 acciones, porque donde menos otorgó fueron tres o cuatro.
Cuando habló de cómo la violencia física, producto de la criminalidad, le ha pegado a Tixtla, se refirió a un asunto colateral por su cercanía con Chilpancingo, no porque pertenezca a su municipio. “Lo más complicado es cuando la violencia se desborda en otros municipios y nos llega a pegar a nosotros”.
Antes, dijo, Tixtla sí fue golpeado por una violencia “descontrolada”, pero no ahora. Este apunte no va en proporción al temor que expusieron varias personas de la cabecera al momento de hablar.
La sensación de un peligro entre la gente por el ambiente enrarecido como Tixtla de alguna manera lo percibió la regidora Garzón Campos, con su desafío de llamar a votar sin miedo, pero, al parecer, no la previno.
El director de Administración y Finanzas del Poder Judicial, José Antonio Sebastián Ortuño, y una trabajadora de la institución, fueron heridos de bala por varios sujetos cuando viajaban en un automóvil cerca de la playa Caleta, en Acapulco, la tarde de este domingo 30 de junio.
José Antonio Sebastián y la empleada salían de los juzgados ubicados en la zona que habían recorrido como parte de la evaluación de los trabajos de reconstrucción que se realizan por las afectaciones del edificio por el huracán Otis.
El director y la trabajadora ya habían abordado su automóvil cuando fueron agredidos a tiros por varios sujetos.
Los dos heridos se trasladaron por sus propios medios a un hospital privado de este puerto, custodiados por elementos de la Guardia Nacional.
José Sebastián Ortuño, quien en abril de este año participó en la selección que hizo el congreso local para elegir al fiscal general del estado que sustituiría a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, es cercano al grupo político del senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Cuando Félix Salgado fue alcalde del municipio de Acapulco, de 2005 a 2008, Antonio Sebastián Ortuño fue el contralor municipal.
La violencia de este domingo en Acapulco dejó un saldo de un taxista y una de sus pasajeras asesinados, y otra pasajera herida de bala, en un ataque cerca del edificio del viejo ayuntamiento a unas cuadras del zócalo de este puerto.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció a otros cinco secretarios de Estado que formarán parte de su equipo.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Facebook Claudia Sheiunbaum
Jueves 27 de junio del 2024
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó este jueves a cinco integrantes más de su gabinete que entrará en funciones a partir del 1 de octubre, para el sexenio 2024-2030.
Desde el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Sheinbaum dio a conocer a las y los funcionarios que encabezarán estas Secretarías:
1.- Secretaría de Energía (Sener): Luz Elena González Escobar, exsecretaria de Administración y Finanzas (SAF) de CDMX.
2.- Secretaría de Salud (SSA): David Kershenobich, médico cirujano e investigador que coordinó los foros por la transformación en el tema de salud.
3. Secretaría de la Función Pública: Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía con Andrés Manuel López Obrador.
4.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Jesús Esteva Medina, actual secretario de Obras y Servicios de la CDMX.
5.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): Edna Vega Rangel, quien se desempeña actualmente como subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa y cinco de los integrantes de su gabinete presentados esta mañana de jueves. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum
Ayer, José Antonio Peña Merino fue designado como titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un nuevo organismo anunciado por la virtual presidenta electa. Esta agencia busca la simplificación de trámites y digitalización de procesos que deriven en un ahorro y mejorar la relación del gobierno con el sector productivo y la ciudadanía.
Previamente, Sheinbaum anunció que Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de la Hacienda, continuará en el cargo que ocupa desde julio de 2021; hoy confirmó su nombramiento pero no pudo asistir a la presentación.
Aunque Sheinbaum ha dicho que ya tiene definido a su gabinete completo, la revelación de quién conformará su gabinete se ha hecho poco a poco; se prevé que el resto de su equipo quede conformado por excolaboradores en el Gobierno de la CDMX y algunos heredados de la administración de Andrés Manuel López Obrador para, como prometió en campaña, seguir avanzando en el “segundo piso de la cuarta transformación”.
Los primeros integrantes del gabinete de Sheinbaum
El pasado 20 de junio Sheinbaum presentó a sus primeros funcionarios y afirmó que todos los que la acompañan tienen claros los principios del movimiento y “son hombres y mujeres de primera”.
– Secretaría de Economía (SE): Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno y exsecretario de Relaciones Exteriores.
– Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), que será nueva dependencia: Rosaura Ruiz Gutiérrez, exsecretaria de Educación en Ciudad de México.
Con este anuncio, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se elevará a rango de Secretaría, que encabezará Ruiz Gutiérrez.
-Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Juan Ramón de la Fuente, exembajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y exrector de la UNAM.
-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Alicia Bárcena Ibarra, actual titular de Relaciones Exteriores que permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre.
– Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa): Julio Berdegué Sacristán, exsubdirextoor regional de la FAO.
– Consejería Jurídica de Presidencia: Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México.
El Proyecto de Nación 2024-2030, con el que arrancará el sexenio de Claudia Sheinbaum, está listo y, en próximos días, será publicado con objetivos y plazos a cien días, seis meses y el primer año de gobierno.
En días recientes adelantó que la política de “austeridad republicana” impulsada por el presidente López Obrador no sólo continuará, sino que se le dará un “apretón” ya que insistió en que aún es posible ahorrar más, por lo que se comprometió a que antes de tomar protesta−y de cara al arranque de la discusión del Paquete Presupuestal 2025−informará a detalle cómo se constituirá y en qué áreas se reducirán gastos.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
El alcalde suplente aún no decide se asumirá el cargo
Texto: Jesús Guerrero
Miércoles 26 de junio de 2024
Chilpancingo
La ciudadanía del municipio de Malinaltepec espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga justicia en el caso del presidente municipal Acacio Flores Guerrero, asesinado el 20 de junio.
“La gente de Malinaltepec está tranquila porque está en espera que las autoridades cumplan con su promesa de que se hará justicia”, declaró en entrevista telefónica Elías Bailón, suplente en el cargo de Acacio Flores.
Tras el asesinato de Acasio Flores, le corresponde a Elías Bailón asumir el cargo, puesto que es el presidente municipal suplente, pero aún no decide si asumirá el cargo.
Acasio Flores y cuatro trabajadores del ayuntamiento acudieron el jueves 20 de junio a La Guadalupe, anexo a Alacatlatzala, para inaugurar una obra, pero al llegar, fueron capturados por hombres encapuchados que portaban armas.
A los cuatro trabajadores municipales los liberaron tras golpearlos; pero retuvieron al alcalde y lo asesinaron de un balazo en la cabeza.
Elías Bailón, comentó que en las próximas horas decidirá si asume o no el cargo. “Depende de lo que me diga mi familia y de otras circunstancias, para decidir si asumo el cargo”, estableció.
Anticipó que en caso de que decida aceptar el cargo, de ninguna manera solicitará medidas de seguridad.
“Acasio Flores nunca tuvo medidas de seguridad, porque aquí en Malinaltepec está todo tranquilo; y lo que le ocurrió debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado”, mencionó.
El mandato constitucional de Acasio Flores concluiría el próximo 30 de septiembre.
En caso de aceptar el cargo, Elías Bailón debe de rendir protesta ante el Congreso local.
Una decena de candidatos a diputados y senadores, que resultaron electos el pasado 2 de junio, tienen denuncias y señalamientos públicos por haber usurpado espacios que los partidos debían reservar para personas indígenas o afromexicanas
Al menos 10 candidatos que fueron electos para la Cámara de Diputados y el Senado de la República han sido impugnados formalmente ante la autoridad electoral, o denunciados en redes sociales, por suplantar puestos que estaban designados para personas indígenas y afromexicanas, dos de las cinco acciones afirmativas exigidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos en este 2024.
Entre los casos se encuentran, en su mayoría, legisladores electos de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, aunque también ha sido impugnada la victoria del priista Nestor Camarillo en Puebla.
De las 10 candidaturas electas documentadas aquí, dos fueron dadas de alta como acción afirmativa de personas afromexicanas y 8 de pueblos indígenas. Siete son de diputaciones federales y 3 de senadurías.
Se le solicitó a cada uno de los partidos postulantes de estos candidatos los documentos que avalen la autoadscripción indígena y afromexicana de los políticos aquí citados, sin que al momento de esta publicación se obtuviera respuesta salvo por el caso de Camarillo.
María Candelaria May, activista maya de Yucatán, lamentó que haya personas que usurpen candidaturas o que si bien tienen pocas cualidades indígenas o afrodescendientes, compitan como parte de una acción afirmativa sin tener un compromiso serio con dichas poblaciones.
“Es lamentable, porque debería de haber gente que realmente tenga esa convicción, porque hay que trabajar por quienes están en situación de vulnerabilidad”, expuso.
“¿Qué va a pasar en el siguiente periodo electoral? Probablemente sean más usurpaciones étnicas, no sólo de dos o tres partidos, sino de todos, porque ya vieron que no pasa nada y que esos espacios que legítimamente deben de ser para la gente maya, o para la gente afro, o para gente de la diversidad sexual, cualquiera lo puede ocupar”.
¿Qué es el criterio de autoadscripción para las candidaturas?
En este proceso electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cinco acciones afirmativas para obligar a los partidos a postular, al menos, 39 candidaturas de indígenas (34 a diputados y 5 al Senado), 5 de afromexicanos (4 a diputados y 1 al Senado), 9 de personas con discapacidad (8 a diputados y 1 al Senado), 4 de la diversidad sexual (3 a diputados y 1 al Senado), y 6 de migrantes residentes en el extranjero (5 en diputados y 1 en el Senado).
Foto: Archivo Amapola
Con base en un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE elaboró lineamientos que permiten verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción indígena calificada para los registros de candidaturas a cargos federales, cuando se hace bajo la acción afirmativa indígena.
Esta autoadscripción y requerimiento de documentos por parte del INE únicamente aplicaba para quienes buscaban postularse a un cargo de elección popular, y es distinto de la autoadscripción reconocida en la Constitución mexicana.
En los lineamientos se estipuló que, “con la finalidad de garantizar la pertenencia y el vínculo al pueblo y a la comunidad a la que pertenecen, se deberá atender a las instituciones, autoridades y procedimientos con los que las propias comunidades y pueblos indígenas reconocen a sus integrantes”.
Para ello, el INE estableció que toda solicitud de registro por acción afirmativa indígena debía acompañarse de una carta de autoadscripción expedida por una autoridad competente de la comunidad que indique el pueblo y comunidad indígena a la que pertenece la persona candidata, si es hablante de una lengua indígena como lengua materna, cuál de ellas, fecha desde la que pertenece a la comunidad, motivos por los cuales se auto adscribe a dicha comunidad y cómo mantiene un vínculo con la comunidad.
Jesús Ruiz, activista de la Unión Afromexicana de Chiapas, compartió que para él es importante tener este tipo de acciones afirmativas para poder decidir sobre sí mismos, ya que si un legislador se nombra como parte de un grupo étnico pero no discute y no dialoga, señaló, ni escucha a las poblaciones, “entonces quiere decir que no tenemos representación”.
“El objetivo de tener estas acciones afirmativas es para que las verdaderas voces indígenas y afromexicanas estén en el Congreso, y así podamos lograr cambios trascendentales”, sumó por su parte Mijane Jiménez, activista afromexicana que forma parte de la Colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro).
¿Quiénes son los diputados electos que fueron cuestionados?
Por parte de la alianza oficialista, el exalcalde de Palenque, Chiapas, Carlos Morelos Rodríguez, se presentó como candidato indígena. Según su currículum, el hoy legislador electo se ha desempeñado como gerente de almacenes Liconsa, regidor y oficial mayor de Palenque, y tres veces Presidente Municipal de dicha demarcación chiapaneca.
De acuerdo con el expediente SX-JDC-288/2024, su candidatura fue impugnada ante el Tribunal Electoral en la Sala Regional Xalapa por Rafael Ornelas Ramos, quien se ostentó como persona indígena Huachichil Chichimeca y presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas. Dicha Sala determinó acreditar la autoadscripción calificada de Morelos Rodríguez, la cual acreditó mediante una constancia de autoadscripción que fue firmada por el presidente del Comisariado ejidal y el del Consejo de Vigilancia y agente rural municipal.
Foto: Archivo Amapola
El denunciante, Rafael Ornelas Ramos, es el mismo personaje que el 29 de febrero pasado solicitó ante el INE ser registrado como candidato a la Presidencia, pese a no haber presentado sus apoyos recolectados en tiempo y forma en el periodo designado para candidaturas independientes.
El presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas también impugnó la candidatura de Jorge Luis Sánchez Reyes en Yucatán, aunque se confirmó la candidatura del aspirante del oficialismo, quien se acreditó con una constancia de adscripción indígena firmada por el comisariado municipal de la localidad de Motul.
Otro de los perfiles denunciados es el de Rosario del Carmen Moreno, de la misma alianza Morena-PT-PVEM, quien ganó en el distrito 11 de Las Margaritas en Chiapas. Para su candidatura, presentó ante las autoridades electorales una constancia de adscripción indígena firmada por el agente municipal de El Ejido de dicho municipio.
Desde inicios del proceso electoral, chiapanecos denunciaron a través de medios de comunicación locales que la candidata habría sido impuesta por los partidos políticos sin que contara con alguna trayectoria social o política a favor de los pueblos indígenas que dice representar.
La candidatura de Gerardo Olivares Mejía, diputado federal electo por el distrito 5 de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, también fue impugnada ante el TEPJF con el número de expediente SCM-JDC-226/2024.
El documento que presentó ante el INE para acreditarse como persona indígena fue una constancia de vínculo comunitario al grupo indígena náhuatl y acta de asamblea extraordinaria de San Miguel Totolapa, firmado por el presidente de los bienes comunales de dicha localidad y el comisariado municipal.
La denuncia contra Olivares Mejía fue presentada por Saúl Rivera Mercenario, quien se ostentó como persona integrante del pueblo Ñuu Savi de Guerrero.
Adolfo Alatriste Cantú es otro de los candidatos electos para el Palacio de San Lázaro cuya autoadscripción como indígena fue cuestionada ante el Tribunal Electoral, ya que la morenista Inés Parra señaló a su compañero de coalición de no acreditar debidamente su identidad, en el juicio con número de expediente SUP-JDC-338/2024.
Ante la autoridad electoral, dicho candidato inscribió una constancia de adscripción indígena firmada por el presidente del comisariado ejidal del municipio de San Gabriel Chilac en Puebla.
En Yucatán, María Pilar Villarreal Ramírez –en calidad de persona indígena maya– interpuso un recurso contra la candidatura de Jazmín Yaneli Villanueva Moo, a quien acusó de no tener un lazo que la vincule con quienes pretende representar, un caso que fue asentado en el expediente SX-JDC-167/2024.
La entonces candidata se defendió mediante una constancia de adscripción indígena firmada por los presidentes del comisariado ejidal de Oxcum y San Antonio Chun, ambos en el municipio Umán.
Por otro lado, la diputada electa Julia Arcelia Olguín Serna se ostenta como afromexicana, sin contar en su currículum con algún indicio de tener una trayectoria de activista o representante en este rubro. Ante el INE, se acreditó con una carta de autoadscripción, sin que ésta tuviera una autoridad o comunidad que firmara para sustentarlo.
En cambio, la cercana a los hermanos Monreal Ávila ha sido legisladora en Zacatecas, Coordinadora de giras, logística y ayudantía del Gobierno zacatecano, Directora de Transporte Público y Vialidad local y hasta prófuga de la justicia al haber sido inhabilitada del servicio público por 10 años en 2005 tras ser señalada de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado.
Llegan al Senado por acción afirmativa en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos
En el caso de los legisladores electos para el Senado, el priista Nestor Camarillo Medina, electo por principio de Primera Minoría en Puebla, también ha sido señalado por Morena por presuntamente usurpar una candidatura indígena.
La oficina de Comunicación Social del PRI Puebla explicó a este medio que no podría entregar documentos que acrediten su autoadscripción indígena debido al proceso de impugnación que existe, para no “entorpecer” el proceso, pero las autoridades electorales detallaron que su candidatura fue avalada mediante una constancia de adscripción indígena expedida por el comisariado ejidal del Ejido El Molino, en Zacapoaxtla.
Asimismo, compartió una ficha informativa emitida por el equipo del Senador electo en el cual indica que ha atendido los requerimientos de las autoridades “en tiempo y forma”, y será respetuoso de las instituciones.
También la Senadora electa Anahí González fue rechazada por organizaciones como la Red Feminista Quintanarroense, según reportaron medios locales, por no ser indígena y considerar su designación una “burla” que viola la acción afirmativa indígena.
Dicha candidata se acreditó ante el INE con una constancia emitida por el juzgado tradicional maya del municipio de Carrillo Puerto y una emitida por el Gran Consejo Maya, expedida por el sacerdote maya y juez tradicional del juzgado maya de la comunidad de X-yatil e integrantes del Gran Consejo Maya.
Activistas afromexicanos e indígenas incluyeron también en el listado al ex gobernador yucateco Rolando Zapata –actualmente Senador electo por Primera Minoría–, ya que indicaron que si bien su físico muestra fenotipos de una persona de ascendencia africana, él nunca se posicionó claramente en este sentido.
“Sin embargo, en esta ocasión y de la nada, pues resulta que se inscribe como candidato afrodescendiente”, resaltó María Candelaria May. “Y por lo tanto, no creo que tenga ningún sentido de pertenencia con los afrodescendientes, y por lo tanto ningún compromiso”.
La activista maya compartió que si bien dentro de los partidos políticos puede existir personas de origen maya –u otro pueblo indígena– que quieran competir por un cargo de elección popular, muchas veces se le niega la posibilidad a ciudadanos independientes.
“Bajo ese estigma de discriminación y de clasismo que existe en Yucatán, a la gente de origen maya se le ocupa como parte de los que votan, más no de los que pudieran competir para ser elegidos”, señaló.
May acusó que si bien en 2021 ella vio una disposición de parte de las autoridades electorales para revisar cuidadosamente los registros de quienes competían por cargos bajo una acción afirmativa, en estas últimas elecciones considera que a los partidos políticos y a sus militantes no tuvieron la misma capacidad.
“Personas han hecho las impugnaciones correspondientes y es increíble que, de todas las impugnaciones que se hicieron, ninguna salió favorable”, criticó. “A grandes rasgos, puedo decir que en Yucatán, con estas impugnaciones hechas y desechadas por el INE de alguna forma, profundamente se desalienta la iniciativa civil para demandar e interponer impugnaciones”.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido por Amapola Periodismo. Puedes leer la nota original aquí.
Primera parte: Dos asesinatos, un destierro y un encierro
En este municipio de solo 15,000 habitantes hay dos personas que aspiraban a la presidencia municipal enterrados en el panteón de la cabecera, una candidata desterrada y desplazada con toda su familia y, finalmente, quien puede ser el alcalde y asumir el cargo el próximo 30 de septiembre, el teniente de fragata retirado Rogelio Lozano Pérez, está encerrado en su casa, en la que hay una operación policíaca para mantenerlo con vida.
El lunes pasado, alrededor de las dos de la mañana, fue asesinado el alcalde electo, el capitán de corbeta retirado, Salvador Villalva Flores, cuando regresaba de Ciudad de México a Copala a bordo de un autobús de pasajeros. El próximo 28 de junio se cumple un año del asesinato de Jesús González Ríos, quien aspiraba a ser candidato a la presidencia y fue privado de la libertad y al día siguiente apareció asesinado, y tiene dos meses y 20 días que Candy Espinoza Ríos, hermana de Jesús y candidata del PVEM a la alcaldía, se desterró de Copala con toda su familia, porque recibió un ultimátum de 24 horas para hacerlo.
La casa del presidente suplente electo queda a orilla de la carretera. Todo el que transita por la vía puede observar la operación policíaca para resguardar a Lozano Pérez. De pasada sólo se ve el frente resguardado, pero quien se adentra un poco a la primera cuadra paralela a la carretera y afina los sentidos percibe que hay vigilancia en los cuatro costados de la propiedad. Esta vigilancia es complicada hasta de documentarse en imágenes, porque tampoco se sabe qué otros sujetos vigilen el perímetro.
La casa de Lozano Pérez, desde el mismo lunes 22 de junio por la mañana que asesinaron a Villalva Flores, parece un destacamento de la Guardia Nacional. Esa misma mañana, cuenta, le notificaron por teléfono, a eso de las seis y media, que sería el próximo alcalde y para protegerlo llegarían elementos y patrullas de la GN, lo que ocurrió dos horas después.
Adentro y hasta el fondo del patio trasero, Lozano Pérez se mece en una hamaca. Parece despreocupado, pero es todo lo contrario. “El mayor temor es perder la vida”, se sincera el teniente retirado. Aparte de los elementos de la GN que lo vigilan las 24 horas, sus familiares: hermanos, primas, primos y amigos no lo han dejado solo ningún momento. Se turnan para acompañarlo en su casa y si alguien del núcleo familiar, la esposa o hijos, tiene que salir a algún mandado, por seguridad, no son ellos o ellas quienes salen, sino los conocidos y familiares que formaron un pertrecho humano alrededor del presidente suplente.
¿Cómo es que gobernar un municipio tan pequeño se convirtió en algo tan peligroso?
Segunda parte: La trama política y la trama criminal
Una tarde de abril pasado, Lozano Pérez recibió en su casa la visita de Villalva Flores. No eran raras esas visitas, de hecho, se frecuentaban mucho desde que regresaron a Copala, tras su retiro de la Secretaría de Marina porque coincidieron en Campeche, en donde ambos cumplieron la mayor parte de su servicio.
El presidente suplente electo de Copala, Rogelio Lozano Pérez, en su casa, la que está resguardada por la Guardia Nacional para proteger su vida.
Lozano Pérez cuenta que regresó a Copala en 2001, después de 31 años de servir a la Marina. Se jubiló como teniente de fragata, Villalva Flores como capitán de corbeta.
Fue esa tarde de abril que Villalva Flores invitó a Lozano Pérez para que se sumara a su planilla para buscar la presidencia municipal de Copala mediante el partido México Avanza, hasta ese momento desconocido para ambos, pero el que daba la oportunidad a Villalva Flores de lanzarse como candidato después de que el Partido del Trabajo lo hizo a un lado, no sólo como su candidato sino como su coordinador municipal. El PT registró primeramente a Adolfo Castro Mayo, quien se retiró, según anunció, por problemas de salud y terminó sumándose al candidato de Morena. El PT, entonces, sustituyó a Castro Mayo por Leo Monserrat Betancour.
Adolfo Castro Mayo fue asesor de la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalva, quien llegó en 2018 abanderada por el PRD, y se reeligió en 2021 por el mismo partido, pero al final de su segundo periodo, se pasó a Morena. En esta elección, García Villava fue la candidata de Morena al distrito décimo quinto de la Costa Chica, el cual ganó.
Por su cuenta, Lozano Pérez buscó ser candidato de Morena a la presidencia municipal, pero el partido guinda registró a José Luis Chávez Ventura, quien había sido en los dos periodos municipales anteriores tesorero del Ayuntamiento con Guadalupe García Villalva. En Copala no hubo alianza entre Morena, PT y PVEM, como a nivel nacional para la presidencia y en otros municipios de Guerrero.
Villalva Flores también era un amigo entrañable de Jesús González Ríos, quien aspiraba a ser candidato a la alcaldía por el PVEM y fue asesinado en junio del 2023. De acuerdo con la información recabada a partir de varios actores sociales en Copala, Villalva Flores se lanzó a ser candidato a la alcaldía porque gente del equipo que acompañaba a Jesús González Ríos le pidió participar, luego que Candy Espinoza Ríos, la hermana de Jesús, se retiró de la contienda por amenazas, pero entonces Villalva Flores se quedó sin el respaldo del PT y fue él quien buscó a integrantes de México Avanza para lanzar la candidatura por este partido prácticamente desconocido.
González Ríos, asesinado en 2023, quien también fue funcionario en la actual administración municipal, denunció que la alcaldesa y ahora diputada local electa lo había amenazado de muerte. Esa denuncia pública se dio a conocer la tarde que González Ríos fue privado de su libertad. El video fue grabado dos días antes. Sus familiares tenían la indicación de hacerlo público si algo le pasaba.
“Para ser exactos desde el día primero de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, Guerrero, la química Guadalupe García Villalva, me manda a amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino, para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”, dijo Jesús González en el video que se difundió por Facebook. Al día siguiente, alrededor de las ocho de la mañana, su cadáver fue hallado en la Laguna de Chautengo, en el municipio de Florencio Villarreal, con la cabeza decapitada y el rostro desollado.
Un 4 de abril, Candy Espinoza, quien fue registrada como candidata a la presidencia por el Partido Verde, anunció que se retiraba de la contienda. Dijo, en ese momento, que no había recibido apoyo para su seguridad de parte del gobierno estatal. Un día antes de retirarse, el esposo de Candy, estuvo desaparecido por varias horas, regresó golpeado y con el mensaje para Candy de retirarse de la contienda y de Copala. Allegados al partido cuentan que le dieron a la candidata 24 horas para desaparecer de Copala. Desde entonces, Candy Espinoza y toda su familia están desplazados. El PVEM se quedó sin candidata y no registró a nadie más porque eso también fue parte de la advertencia para salir vivos.
En Copala hubo cinco candidatos y candidatas a la presidencia municipal: Villalva Flores, del Partido México Avanza, quien obtuvo 2,819 votos; José Luis Chávez Ventura, de Morena, con 2,444 sufragios; Juan Carlos Romero Aparicio, del Partido del Bienestar Guerrero, con 1,154 votos; Miriam Padrón Gutiérrez, de la alianza PRI, PAN y PRD, quien recibió 128 sufragios; Leo Monserrat Betancour, del PT, quien sólo tuvo 137 votos y Salma Alexia Miranda Villalva, de Movimiento Ciudadano, quien no recibió ningún voto.
José Luis Chávez, el candidato de Morena, fue el tesorero en las administraciones municipales de García Villalva, Miriam Padrón de la alianza PRI, PRD y PAN fue secretaria de la Mujer en la primera administración de García Villalva y, en la segunda, directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Leo Monserrat, del PT, es la hija del principal asesor de García Villalva, y Juan Carlos Romero, el candidato del Partido del Bienestar, yerno de otro de sus asesores. Salma Alexia Miranda, de MC, es hija de Teresa Villalva, prima de García Villalva. Ganó Villalva Flores, el único candidato que no estaba ligado a ella.
“Aquí en Copala todos la vimos a ella (Guadalupe García) invitando a la gente a formar las planillas de los diferentes partidos y los que iban al frente de esas planillas todos eran sus allegados, menos el capitán Salvador Villalva”, contó un habitante este sábado.
Otro testimonio: “en la elección había una descarada simulación por parte de la presidenta manipulando a su antojo todas las piezas de los partidos”.
En sus redes sociales, algunos de estos candidatos y candidatas a la presidencia municipal publicaron fotos juntos. En una de esas fotos, como si no fueran adversarios políticos en competencia, Salma Alexia, Miriam Padrón y José Luis Chávez se levantan los tres las manos en señal de triunfo.
Jesús González también fue parte de la administración de García Villalva. Fue secretario de Obras Públicas y la apoyó en su campaña en 2018, pero en 2021, Jesús buscó la presidencia postulado por el PVEM y García Villalva se reeligió, otra vez, por el PRD. Testigos de Copala aseguran que Jesús y Guadalupe se pelearon porque él decidió buscar la presidencia después de que ella se lanzó para la reelección a pesar de un supuesto acuerdo de que el sería el candidato por el PRD en 2021 y ella lo apoyaría. Otros testimonios indican que García Villalva despidió a González Ríos cuando se dio cuenta que daba cemento a la gente para ganarse su apoyo para su futura candidatura.
El capitán de corbeta retirado no dejó ningún video sobre el origen de las amenazas bajo las cuales llevó a cabo su campaña, pero en Copala, cuando se supo de su asesinato, culparon a García Villalva. La tarde del sepelio, el martes 17 de junio, llegó para acompañar el cortejo fúnebre. En cuanto la vieron, los dolientes gritaron justicia. Le pidieron que se saliera, que respetara el dolor, ella se mantenía a un costado del ataúd. Un familiar gritó que nadie avanzara más, que ella y la gente que la acompañara caminara sola. Después de unos minutos de que la marcha se detuvo por completo, García Villalva se retiró.
Salvador Villalva Flores y Guadalupe García Villalva son primos. El papá de Salvador y la mamá de Guadalupe García son primos hermanos. En el Ayuntamiento de Copala hay varios funcionarios de la familia Villalva. Algunos, incluso, son familiares con lazo familiar más directo con Salvador que con Guadalupe.
Cuando la alcaldesa con licencia llegó al funeral de Salvador dijo que iba a acompañar a su familia por la pérdida.
Tercera parte: Negocio y muerte
Algunos habitantes de Copala consideran que llegaron a este punto de violencia por el negocio de la venta de las drogas. Hay niños y jóvenes adictos, más que otros años. Estos jóvenes se hicieron adictos a alguna sustancia ilícita en Copala. Hace una década, los adictos a alguna sustancia eran los jóvenes que se iban a trabajar a Estados Unidos, los actuales se hacen adictos en el mismo pueblo, lo que quiere decir que las sustancias ilícitas las tienen al alcance, probablemente por la existencia de una red de suministro local.
Los habitantes relacionan este aumento de consumo de drogas con la llegada de Guadalupe García Villalva a la presidencia municipal, en 2018. Con la presidenta suplente y ahora diputada electa también se acentuó la violencia física. Copala se convirtió en un municipio como Acapulco en cuestión de violencia. Las noticias de personas asesinadas, de hallazgos de cadáveres con signos de tortura y de balaceras se hicieron frecuentes. Los asesinatos del aspirante a la presidencia municipal, del alcalde electo y el destierro de la candidata del PVEM ocurren en un escenario de violencia recurrente y cotidiana.
El panteón de Copala en el que descansan un aspirante y un alcalde electo.
Copala se localiza al sureste del estado de Guerrero, donde ocupa un rinconcito en el litoral del Océano Pacífico. Cuenta con 14,463 habitantes, de los que 51.7 por ciento son mujeres y 48.3 por ciento hombres. Las y los habitantes de Copala se dedican principalmente a la agricultura, ganadería y pesca. Producen principalmente maíz, frijol, papayas, plátanos y mangos.
Del 2019 a la fecha, la actividad turística en Copala comienza a despuntar desde la construcción de la carretera que conecta Playa Ventura con Playa Azul, dos de los destinos turísticos importantes de la Costa Chica, los cuales pertenecen a este municipio pequeño. Se trata de una vía de 19 kilómetros de extensión a lo largo de la cual comienzan a surgir hoteles, clubes acuáticos, restaurantes y bares. De acuerdo con la promoción del gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, de 2015 a 2021, el binomio Playa Ventura-Playa Azul se busca detonar como el cuarto polo turístico de Guerrero. La zona conocida como la Nueva Costera es un área boyante que apenas florece.
En Copala, de acuerdo con un mapa criminal elaborado por el gobierno estatal, el grupo del crimen organizado Los Rusos, en alianza con Los Caborca, controlan el territorio, aunque gente local asegura que el grupo Los Ardillos, el que tiene control sobre parte de la zona Centro y Montaña baja, pelea a Los Rusos el control político y económico.
Aspectos de la tumba del alcalde electo de Copala en el panteón municipal.
El municipio de Copala tuvo como presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, 14 millones 419 mil pesos. Algunos actores sociales y políticos de este municipio costero aseguran que el control de esos recursos es parte del botín que disputan los grupos del crimen organizado.
Cuarta parte: El entierro y el encierro
Del asesinato de Villalva Flores, Chava Loco, como aquí conocían al capitán de corbeta, la gente de Copala no entiende por qué el marino retirado hizo ese viaje imprevisto a la Ciudad de México, sin resguardo policíaco, y por qué tomó un autobús para llegar en la madrugada, solo él y su esposa. Villalva Flores se ganó ese apodo porque era alegre de forma escandalosa. Le gustaba su apodo. Tenía una carnicería cuya razón social era esa.
¿A qué fue a la Ciudad de México? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo sabían que venía en ese autobús?
La respuesta a estas dudas son el enigma en el que se entretienen los habitantes de Copala desde el lunes que se enteraron del asesinato. En redes sociales de allegados a Villalva Flores circula la foto del capitán retirado asesinado. Está sentado, pegado a la ventanilla. Un hilillo de sangre le escurre del cuello al pecho. Trae una gorra.
La esposa del capitán retirado está resguardada. Sólo ella sabe a qué fueron a la Ciudad de México y renunciaron a la vigilancia de sus guardias, como informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente suplente electo también lo desconoce.
¿Usted sabe por qué fue Villalva Flores a Ciudad de México y a qué? –se le pregunta a Lozano Pérez.
El teniente retirado asegura desconocerlo.
Lozano Pérez está dispuesto a vivir con la casa rodeada de elementos de la Guardia Nacional de aquí hasta el 30 de septiembre que, de acuerdo con la ley electoral local, rendirá protesta como alcalde. Después, dice, él mismo se generará la estrategia y la operación para su seguridad. Tiene experiencia: 31 años como teniente.
Desde la mañana del lunes 17 de junio que recibió la llamada de que sería el presidente ante el asesinato de Villalva Flores, sólo salió el martes para acompañar un rato el cortejo fúnebre de Chava Loco. Después el encierro total para él y su familia.
Tiene planes para Copala. Quiere que se convierta en un municipio próspero y resolver lo de la violencia. Lozano Pérez también formó parte de la primera administración de Guadalupe García Villalva, en el área de Catastro Municipal.
En Copala, la mayoría de la militancia de Morena emigró a otros partidos, cuando se dio el anunció de que Guadalupe García Villalva sería la candidata a la diputación local, principalmente los fundadores, entre ellos Elizabeth Sosa Pacheco, quien fue la candidata de México Avanza a la diputación local, lo que la hizo adversaria de García Villalva.
Elizabeth Sosa Pacheco hizo una campaña de bajo perfil, sobre todo, después de que recibió amenazas cuando hacia campaña en Juchitán, municipio que pertenece al décimo quinto distrito electoral.
“Me dijeron que me dejara de hacer la valiente porque me iba a cargar la chingada”, cuenta la ex candidata. Desde ese día hizo campaña virtual porque aunque denunció las amenazas nunca llegaron elementos para resguardarla, lo que sí ocurrió en el caso de Villalva Flores. El capitán retirado tenía elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
Elizabeth Sosa también desconoce porque Villalva Flores, quien ya era alcalde electo, fue a Ciudad de México sin resguardo y regresó de madrugada. En Copala se rumora que lo mandaron llamar de la Marina, porque querían hacerle un homenaje, pero sólo es un rumor.
La foto del alcalde electo asesinado indica que el capitán retirado no tuvo tiempo de reaccionar. Al parecer estaba dormido. Eran las dos de la madrugada cuando interceptaron el autobús en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado San Pedro Las Playas, zona rural de Acapulco. Está sentado en posición relajada, con la cabeza inclinada sobre el hombro derecho.
En el panteón de este pueblo de sólo 15,000 habitantes hay dos personas que aspiraban a ser presidentes municipales enterrados. Uno es Jesús González Ríos. El próximo 28 de junio cumple un año; está enterrado en la parte antigua del panteón.
Salvador Villalva Flores fue enterrado en una zona que le llaman el panteón nuevo, que en realidad es una extensión del antiguo.
Rumbo a la presidencia municipal, dos amigos están enterrados, Candy Espinoza desterrada y Lozano Pérez encerrado.
Foto: Redes (Foto tomada del perfil de Facebook de Gilberto Solano)
Lunes 24 de junio de 2024 Chilpancingo
Entre consignas contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, fue sepultado este lunes 24 de junio el presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, en el panteón de la cabecera municipal, luego de un homenaje en el ayuntamiento y una misa en la iglesia.
En el homenaje, Adonai Flores Guerrero, hermano del alcalde asesinado, pronunció un discurso en el que consideró que Evelyn Salgado no tiene la capacidad para gobernar Guerrero.
«Si ella (Evelyn Salgado) no puede, que renuncie», exigió ante la gente reunida en el ayuntamiento en torno al féretro de Acasio Flores.
En su mensaje, llamó a los habitantes de las comunidades de Malinaltepec a que lo acompañen para exigir al gobierno que el asesinato de su hermano no quede en la impunidad.
Los trabajadores municipales presentes en el homenaje póstumo mostraron cartulinas en las que se leían consignas de «justicia», mientras la mayoría de los asistentes llevaban ramos de flores.
«El pueblo exige justicia», se leía en una pancarta; «Malinaltepec no quedará tranquilo», advertía otra.
En el último adiós al alcalde Acasio Flores, estuvieron sus homólogos de Iliantenco, Nelson García Morales, y de Alpoyeca, Eric Real Cantú; ambos municipios pertenecientes, como Malinaltepec, a la Región de la Montaña.
«Queremos justicia, que sean detenidos los responsables», advirtió Nelson García.
El cadáver de Acasio Flores fue sepultado en el panteón de Malinaltepec, luego de tres días de velación en su domicilio, donde llegaron cientos de personas de la cabecera municipal y de las comunidades indígenas para dar el pésame a la familia.
Acasio Flores terminaría su periodo como presidente municipal el 30 de septiembre de este año.
Como publicó Amapola, Periodismo Transgresor, el jueves 20 de junio, Acasio Flores, acompañado de un grupo de trabajadores del ayuntamiento, realizó una gira de trabajo para inaugurar obras en tres comunidades, entre ellas, La Guadalupe, anexo de Alacatlatzala.
En es comunidad, apenas estaban los preparativos para la inauguración de la pavimentación de un tramo de una calle, cuando llegó un grupo de hombres encapuchados que portaban armas de uso exclusivo del Ejército y Armada de México.
De acuerdo con testigos, los hombres armados fueron contra el alcalde y los trabajadores, a quienes golpearon y luego encerraron por separado.
El grupo armado metió a los empleados en la delegación municipal y a Acacio Flores en un cuarto.
De acuerdo con la versión de los trabajadores, se oyó un disparo en el cuarto donde los encapuchados estaban golpeando e insultando al alcalde.
Después de la detonación, los sujetos armados corrieron a los trabajadores, quienes salieron del pueblo.
El cuerpo de Acasio Flores fue hallado el viernes 21 en el asiento del copiloto de su camioneta, que los asesinos abandonaron en la carretera Tlapa-Marquelia, cerca de La Guadalupe.
Adonai Flores acusó que durante más de 24 horas, el gobierno del estado les mintió al decirles que funcionarios estaban negociando con los captores para que dejaran en libertad a su hermano Acasio.
«Nos engañó el gobierno, porque no hizo nada para lograr que los delincuentes dejaran en libertad a mi hermano», inculpó.
La gobernadora Evelyn rehuye hablar
Este lunes 24, la gobernadora Evelyn Salgado se escabulló de la prensa luego de asistir a la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, para presenciar la destrucción de armas de fuego decomisadas por el Ejército a la delincuencia.
De acuerdo con la programación, el acto en la Zona Militar iniciaría a las 9: 30 de la mañana, pero la mandataria estatal llegó a las 10:20.
Al término del acto, un grupo de reporteros se acercó a las vallas metálicas que suelen colocarse en los actos oficiales, para tratar de abordar a la gobernadora, quien al verlos apresuró el paso protegida por sus escoltas y se metió a su camioneta blindada.
Algunos reporteros quisieron acercarse a la gobernadora, pero los guardaespaldas se los impidieron.
La alianza Morena-PT-PVEM consiguió la reelección de al menos 182 senadores, diputados locales y federales, a quienes les tocará votar la reforma para eliminar la reelección que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pretende impulsar.
Aunque Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, tiene como una de sus prioridades eliminar la reelección de los cargos de elección popular, con este mecanismo diputados y senadores de Morena retuvieron decenas de espacios en el Congreso federal y congresos locales.
En las elecciones del pasado 2 de junio, al menos 277 legisladores lograron su reelección, de los cuales 182 son parte de la coalición Morena-PT-PVEM y del partido Nueva Alianza que también ha colaborado con Morena, es decir, el 65% del total.
Animal Político hizo una revisión de los resultados electorales en 27 estados donde se votó para renovar los congresos. De estas entidades, no hay ninguna donde los partidos políticos no hayan aprovechado la reelección de sus diputados, la cual está permitida desde 2014.
En los estados de Campeche, Hidalgo, Michoacán y Puebla no se pudo hacer un análisis de reelección, debido a que hasta la semana pasada no estaban disponibles los nombres de los diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
Reelección de diputados en los estados y CDMX
Las entidades donde hubo una mayor cantidad de diputados locales reelectos son Ciudad de México con 19; Nuevo León con 16; Oaxaca con 13; Sonora con 11; Guerrero y Estado de México con diez cada uno.
De igual forma en la Cámara de Diputados lograron su reelección 59 legisladores de todos los partidos, mientras en el Senado de la República lo hicieron 18.
Estos números no son definitivos. La cantidad de legisladores reelectos podría ser mayor porque el Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no reparte las senadurías y diputaciones de representación proporcional, con las que se otorgan más espacios a los partidos que tuvieron una menor votación, para garantizar la pluralidad con la representación de las minorías. El INE realizará la repartición una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones de la elección, con fecha límite al 23 de agosto.
Entre los diputados y senadores plurinominales de Morena, a reserva de las asignaciones que haga el INE en agosto, que se reelegirían están Citlalli Hernández de Morena, Manuel Velasco del Partido Verde, y Lilly Téllez del PAN en el Senado, y Ruben Moreira del PRI, Carlos Alberto Puente del PVEM y Reginaldo Sandoval del PT, en diputados.
Morena y aliados aprovechan la reelección en congresos locales
De los 200 diputados locales que se reeligieron en los congresos locales el pasado 2 de junio, 122 forman parte de la alianza Morena-PT-PVEM y del Partido Nueva Alianza que tiene relación en los estados con esta coalición.
Asimismo, de las 27 elecciones locales analizadas para este artículo, Morena únicamente no reeligió en Yucatán, donde el Congreso local era controlado por el Partido Acción Nacional (PAN) hasta antes de las elecciones del 2 de junio.
Morena y sus aliados tuvieron una mayor cantidad de legisladores reelectos en Oaxaca y Sonora con 11 en cada entidad. En Guerrero, Baja California y Ciudad de México volvieron a repetir a nueve diputados locales, y en Sinaloa a otros ocho.
Todas estas entidades federativas son gobernadas por Morena y también en los congresos locales hay mayor presencia de legisladores del partido guinda.
Claudia Sheinbaum y su postura sobre la reelección de legisladores
Aunque en las últimas votaciones Morena se benefició con la reelección de sus legisladores, Claudia Sheinbaum advirtió la semana pasada que una de sus reformas prioritarias será acabar con la posibilidad de que diputados y senadores repitan sus cargos.
La no reelección “es un principio que viene de la Revolución Mexicana” y fue eliminado durante el “periodo neoliberal”, explicó Sheinbaum en una reunión que tuvo con diputados y senadores electos. Algunos de los presentes en el World Trade Center le aplaudieron, aunque no fue una acción generalizada porque varios morenistas se han visto beneficiados.
Morena y aliados los más beneficiados por la reelección en el Senado y Cámara de Diputados
De nuevo, los más beneficiados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República fueron los integrantes de Morena y sus aliados.
En la Cámara de Diputados federal, por ejemplo, 59 legisladores se lograron reelegir el 2 de junio, de los cuales 47 son parte de la alianza Morena-PT-PVEM.
Entre los diputados morenistas que volverán a repetir su cargo a partir de septiembre está Leonel Godoy, actual vicecoordinador de la bancada. También Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Teresita de Jesús, presidenta de la Comisión Asuntos Frontera Norte, y Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
A nivel federal, los diputados que más se reeligieron son los que representan al Estado de México y Veracruz, con siete legisladores cada entidad.
Por otra parte, en el Senado de la República 18 legisladores obtuvieron el apoyo necesario en las elecciones para repetir su cargo. En total, 12 son de Morena y del Partido del Trabajo (PT). También está la senadora Sasil de León, que antes pertenecía al Partido Encuentro Social (PES) y se reeligió para ahora entrar a la bancada morenista.
Otros senadores morenistas que repetirán en su puesto son Ana Lilia Rivera, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública; Félix Salgado Macedonio, excandidato al gobierno de Guerrero, e Higinio Martínez, exjefe de Gabinete del gobierno del Estado de México.
Partidos de oposición no se quedan atrás en reelección
La oposición no se quedó atrás con la reelección. Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) lograron colocar de nuevo a 74 diputados locales.
En Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato, estados gobernados por el PAN, la oposición tuvo más reelecciones. Lo mismo que en Jalisco y Nuevo León, donde gobierna MC.
En el Congreso de Nuevo León, los partidos de oposición reeligieron a 15 de sus legisladores. Destacan los casos de las diputadas Gabriela Govea, Perla de los Ángeles Villarreal y Elsa Escobedo, quienes formaban parte de la bancada del PRI, pero en las votaciones se postularon bajo las siglas del PRD.
En Chihuahua, donde el PAN pelea cada elección para evitar que Morena se quede con el estado, el partido blanquiazul reeligió a siete de sus diputados locales, mientras en Aguascalientes la alianza PAN-PRD hizo lo mismo con seis diputados locales.
En Guanajuato el PAN logró la reelección de seis legisladores. La misma cantidad que el partido blanquiazul y MC tuvieron en Jalisco.
A nivel federal los partidos de oposición también tuvieron reelecciones. El PAN y el PRI lograron repetir a 12 diputados, además de cinco senadores.
Entre las diputadas panistas que volverán a repetir en su cargo destaca Margarita Zavala, excandidata presidencial. A ella se suman Jericho Abramo Masso, presidente de la Comisión de Turismo, y Annia Gómez, presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.
Mientras que en el Senado de la República, algunos integrantes de la oposición que repetirán en su cargo serán Manuel Añorve, actual coordinador de la bancada del PRI; Mayuli Latifa, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, y la priista Claudia Anaya.
“Chapulines” brincan del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa
No solo hubo reelecciones, sino que actuales senadores recibieron el apoyo suficiente para pasarse a la Cámara de Diputados cuando arranque el próximo periodo de sesiones, y viceversa.
En total son 16 diputados que pasarán a formar parte del Senado. Mientras que siete senadores se trasladarán a la Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre.
Un par de ejemplos son Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien pasará al Senado. En sentido inverso lo hará César Cravioto, uno de los líderes de Morena en la Ciudad de México, quien se convertirá en diputado.
La lista de legisladores que brincarán de una cámara a otra se hará más grande cuando el INE asigne las diputaciones y senadurías de representación proporcional, como es el caso del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien ahora va a la Cámara de Diputados, o Gerardo Fernández Noroña, quien es diputado y ahora va al Senado.
Tlachinollan asegura que fue a la comunidad y no encontró a ninguna persona
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Redes
Viernes 21 de junio de 2024 Chilpancingo
A más de 24 horas de que el presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, fue retenido por pobladores de La Guadalupe, anexo de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el comisariado de Bienes Comunales de Alacatlatzala, Zenaido Cano, aseguró que el alcalde habría sido asesinado a balazos el mismo jueves 20.
En un comunicado, Zenaido Cano relata que cuando Acacio Flores llegó a la colonia Guadalupe, forcejeó con un grupo de personas, y que, después, éstas lo asesinaron.
«Lo mataron a balazos, le dieron en su cabeza; y lamento mucho esa actitud que tomaron los vecinos de la colonia La Guadalupe; y eso no se derivó de un conflicto agrario, sino que le reclamaron que no haya cumplido su palabra con la construcción de las obras sociales «, afirmó Zenaido Cano en un enlace telefónico con reporteros.
En la entrevista, el comisariado expresó que él cree que la gente de ese pueblo se enojó porque Acasio Flores les dijo que ya no podía construirles un comedor porque ya en unos meses concluye su gestión administrativa.
La mañana de este viernes 21, la Secretaría de Seguridad Pública estatal emitió un comunicado en el que informó que pobladores de La Guadalupe cerraron la carretera con piedras para impedir el paso, al personal de esta dependencia que intentó llegar a la comunidad para dialogar con ellos.
Hasta la tarde de este viernes, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal permanecen en el entronque que conduce al pueblo.
En ese sitio, se encuentra el secretario de Asuntos Indígenas, Abel Bruno Arriaga, ex presidente municipal de Malinaltepec, y el delegado de Gobernación del estado en la región de la Montaña, Jorge Rodríguez Ponce.
La esposa de Acasio Flores, Bellarina Bernardino Arzate, explicó en entrevista con Amapola, periodismo transgresor, que el jueves, poco antes del mediodía, el alcalde realizó una gira de trabajo, primero en la localidad de Monte de Olivo, en donde puso en marcha la pavimentación de una calle; después, el alcalde y su comitiva se trasladaron a La Guadalupe, donde se inauguró la pavimentación de una calle.
Pero en esa comunidad, un grupo de personas armadas le empezaron a hacer una serie de reclamos.
«A mi esposo (Acasio Flores) y a otros cuatro compañeros (trabajadores) los golpearon y los retuvieron», señaló Bellarina Bernardino.
Añadió que durante los hechos, los hombres armados realizaron disparos de arma de fuego; y a uno de los trabajadores le pasó rozando una bala.
«A los cuatro compañeros del ayuntamiento (trabajadores) los encerraron en las instalaciones de la delegación municipal. Y a mi esposo, en un cuarto», relató.
Mencionó que alrededor de las cuatro y media de la tarde del jueves, los cuatro trabajadores fueron liberados.
«A mi esposo lo tenían retenido; y el gobierno solo me dice que está negociando, pero no me dice nada; y yo temo por la vida de mi esposo, porque se escucharon detonaciones», expuso Bellarina Bernardino.
En un mitin que encabezó alrededor de las tres de la tarde de este viernes, antes de que el comisariado de Bienes Comunales de Alacatlatzala, Zenaido Cano, diera a conocer el asesinato de Acacio Flores, Bellarina Bernardino, denunció que desde este jueves le estuvo pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado su intervención para que su esposo fuera liberado.
La Secretaría General de Gobierno informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la retención del alcalde Acasio Flores, por parte de habitantes de Alacatlatzala, pesonal de esta
dependencia se trasladó hasta el lugar, en compañía de elementos de la Guardia Nacional y representantes de la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad de establecer un diálogo y liberar al alcalde.
Desde hace 50 años existe un conflicto agrario entre habitantes de Atlacatzala y Malinaltepec que ha originado enfrentamientos armados.
El último enfrentamiento armado entre los dos grupos fue en noviembre de 2020; murieron a balazos tres indígenas y otros cinco más resultaron heridos; todos de la comunidad de Alacatlatzala.
Zenaido Cano aseguró que el asesinato de Acasio Flores no fue por el conflicto agrario sino porque no cumplió con la realización de las obras.
«Yo lamento mucho lo que pasó y lamentó la actitud que tomó la gente de esa colonia (La Guadalupe) y estamos pidiendo que las autoridades investiguen», dijo.
Mencionó que con lo que ocurrió en La Guadalupe, la situación en esas comunidades se va a complicar mucho.
«Yo, desde el miércoles (19 de junio), no he estado en mi pueblo; y el alcalde no nos avisó que iría a inaugurar las obras», refirió Zenaido Cano
Mencionó que hasta la tarde de este viernes 21 de junio, se desconocía el paradero del chofer del presidente municipal.
La tarde de este viernes, una comitiva encabezada por Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Vidulfo Rosales, asesor jurídico de este organismo, entraron a la comunidad de La Guadalupe.
«Una comitiva ingresó al lugar donde estaría retenido o privado de la vida el alcalde, pero no se encontró a ninguna persona», informó Tlachinollan.
