“Guerrero se consolida como uno de los destinos preferidos de México en esta temporada”, es parte del texto posteado en redes sociales de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este domingo cuando habló de la ocupación hotelera con que cerraron Semana Santa los cuatro destinos turísticos del estado, donde Acapulco alcanzó un promedio 91.6 por ciento.
Lo que no figura en esta información oficial son las 25 personas asesinadas en el puerto durante toda la semana pasada de descanso, mientras un parte de Acapulco estaba lleno de turistas. Seis de las personas asesinadas fueron conductores del transporte público o personas de alguna manera asociados a este servicio, lo que generó que algunas rutas del centro y la zona conturbada de la ciudad pararan por algunas horas.
Este número es resultado de un recuento de los hechos violentos suscitados en Acapulco del domingo 13 al domingo 20 de abril, todos publicados por medios locales de comunicación, lo que refleja los diferentes contextos de puerto, como si Acapulco tuviera diversas caras.
Hace unos días Amapola, periodismo transgresor público datos sobre la recuperación turística de Acapulco después de los huracanes Otis (2023) y John (2024) que difunde las instituciones del gobierno del estado y los sucesos violentos que continúan en Acapulco. Dos contrariedades que se acentuaron durante esta Semana Santa que concluyó ayer domingo, pero nunca se cruzaron.
Las playas del puerto estuvieron repletas, según las publicaciones en redes sociales de las dependencias públicas estatales, los medios de comunicación locales y los propios visitantes. Con estas publicaciones, los servidores públicos difundían las diferentes actividades de distracción que hubo en Acapulco, por ejemplo, el puerto fue sede de lo que llamaron la “Cumbre del Mariachi” y otras actividades. Publicaron recomendaciones hasta de los restaurantes que podían visitar.
Todas estas sugerencias dentro de la zona blindada, el Acapulco turístico: el tradicional, que ahora este gobierno le llama la bahía histórica; la dorada, que incluye la costera Miguel Alemán, y la diamante, entre otros puntos que son visitados, como Pie de la cuesta.
La presencia policiaca y militar por toda la costera, en el principal corredor que conecta con otros puntos, es evidente. Dentro de los números particulares de ocupación hotelera, la zona dorada es la más ocupada, con un promedio de 93.6 por ciento.
Así estuvieron las playas de Acapulco durante Semana Santa. Foto: Cromática.
El otro Acapulco…
Pero en el otro Acapulco, la zona rural, conurbada y hasta en la avenida Cuauhtémoc, ubicada apenas a espaldas de la costera Miguel Alemán, asesinaron a estas 25 personas.
El ataque contra los transportistas llevaba semanas en Acapulco, al menos desde marzo pasado, lo que ya era un antecedente de alarma para estas vacaciones, pero durante Semana Santa hubo una sobre exposición de la situación porque, además, los agresores quemaron unidades y atacaron bases del transporte público, lo que alcanzó a otras víctimas además de los conductores.
El martes 15 de abril seis personas fueron asesinadas en Acapulco, dos eran dos hombres taxistas. Uno fue asesinado por la tarde en la avenida Cuauhtémoc, cerca del puente Bicentenario, unas personas en moto se le acercaron y le dispararon. Manejaba una unidad de la ruta Centro-Zapata. Antes, por la mañana aún ya habían asesinado a otro taxista en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Las Cruces.
Al día siguiente, el miércoles 16, en respuesta contra los ataques, los conductores del transporte publico, de manera particular de taxis y camionetas pasajeras que circulan entre zona conurbada y parte de la zona rural, bloquearon el punto que es conocido como El retorno de la carretera federal México-Acapulco. Durante el bloqueo que duró unas cuatro horas, los conductores no dijeron ninguna palabra a reporteros que cubrían la noticia, su reclamo lo expusieron en las pancartas que portaron durante la protesta, al parecer por temor al exponerse de más.
Este temor no estaba infundado porque unas horas después otro taxista fue asesinado en el bulevar Vicente Guerreros, a la altura de la colonia Renacimiento (zona conurbada). Este conductor había participado en el bloqueo unas horas antes. Su numero de taxi, el 2980, fue visto en el lugar de la protesta.
Al día siguiente, jueves 17, mataron a otro taxista y el viernes 18 a otro. La víctima del viernes ocurrió en un ataque armado al sitio de taxis de la unidad habitacional Casa Palenque, que cubren la ruta hacia el centro de Acapulco. A conductores de esta ruta se les vio en el bloqueo del miércoles, contaron quienes estuvieron en el lugar. En ese mismo hecho mataron a una mujer que era trabajadora de un establecimiento de comida cercano al sitio de taxis, según publicaron algunos medios de comunicación del puerto.
Además, en esta semana fueron incendiadas dos unidades del transporte público, una en Caletilla, ruta Ex campo de tiro-Caleta, y una en calle Nicolás Bravo, cerca del punto conocido como El Vaquero Norteña, en el centro de Acapulco.
Este último hecho ocurrido el viernes pasado generó que conductores de al menos tres rutas del transporte público de la parte poniente del puerto pararan el servicio durante el resto del día; las unidades que iban de Pie de la Cuesta, Pedregoso y San Isidro hasta el centro no circularon y los habitantes de esa parte de Acapulco tuvieron qué resolver esa necesidad.
De estos hechos ni de las causas don fondo han hecho una mención oficial los servidores públicos estatales, a excepción de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundió en redes sociales que la semana intensificó su operación policial en los destinos turísticos, donde ya habrían unos 13 mil elementos, según los números publicados durante el arranque del periodo vacacional.
Este lunes, todavía es visible la presencia de turistas en Acapulco, debido a que las vacaciones para estudiantes dura una semana más, y la Secretaría de Turismo del estado siguen convocando a visitantes al puerto.
La Semana Santa en Acapulco es una prueba para su recuperación turística, tras los estragos de los huracanes Otis y John. Mientras que una reciente ola de violencia en las zonas populares obligó a un despliegue policial y militar en el puerto.
Texto: Margena de la O Foto: Cromática agencia fotográfica y multimedia Chilpancingo Lunes 14 de abril del 2025
La Semana Santa en Acapulco representa una prueba para la recuperación del puerto como destino turístico a nivel nacional, tras los impactos de los huracanes Otis (2023) y John (2024). Sin embargo, la persistente situación de inseguridad, con la que sus habitantes llevan lidiando desde hace más de una década, volvió a hacerse presente justo antes del inicio de la temporada.
Antes de las vacaciones, que comenzaron este fin de semana, el puerto ha experimentado dos semanas de violencia, lo que generó un despliegue policiaco que expuso la situación de alerta.
Las estadísticas de asesinatos en Acapulco en lo que va de abril lo reafirman. Un recuento de hechos violentos, basado en las publicaciones de medios de comunicación locales desde el inicio del mes hasta ayer domingo 13, arrojó que asesinaron a 22 personas en estos días. El periódico El Sur publicó a inicios de abril que marzo cerró con 44 personas asesinadas en el puerto, de las cuales 10 eran transportistas.
Los hechos violentos de los días previos a las vacaciones que iniciaron este fin de semana se concentraron en zonas populares, como la colonia La Mira, que forma parte de ese otro Acapulco que poco es considerado cuando los servidores públicos, empresarios y prestadores de servicios hablan del puerto en términos turísticos.
La imagen corresponde a las diligencias después del asesinato del trabajador de una tortilleria de la colonia La Mira, el 7 de abril pasado. Foto: Andrew López.
Las maestras y los maestros del preescolar y la primaria de La Mira, de acuerdo con la sección XIV del SNTE, salieron de vacaciones una semana antes porque, a unos metros de donde están ubicados los planteles, ocurrieron ataques a balazos, y mataron a un taxista y a trabajadores de tortillerías.
La reacción institucional del gobierno del estado fue enviar vigilancia a la zona de escuelas y ofrecer talleres de activación física y dinámicas para el control de emociones y la prevención del consumo de drogas a la secundaria, que mantuvo sus actividades durante toda la semana pasada, con el propósito, según difundieron, de prevenir la violencia.
La Secundaria Técnica 151 Caritino Maldonado está un poco más lejos del lugar de los ataques. Ahí, los preadolescentes y adolescentes recibieron clases de boxeo.
Desde entonces, la vigilancia en las zonas turísticas es una prioridad, porque el periodo vacacional estaba en puerta. A lo largo de toda la costera Miguel Alemán, según los habitantes del puerto, es evidente la presencia de policías estatales, guardias nacionales y militares desde hace días.
En el contexto de este arranque, el secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Eduardo Arturo Baileres Mendoza, informó que el gobierno municipal forma parte de una estrategia integral nacional de seguridad pública y que la vigilancia en La Mira es importante, como lo son las áreas de cualquier otro cuadrante del puerto.
Mencionó que, como resultado de esa coordinación, ahora funcionan en Acapulco más de 2,000 cámaras institucionales de videovigilancia. Pero Acapulco también fue noticia hace unas semanas porque la Marina retiró de algunos puntos de la ciudad cámaras irregulares que podrían ser operadas por grupos criminales.
El viernes pasado, en Taxco, durante el acto oficial para el arranque de la operación policial del periodo vacacional de Semana Santa (del 11 al 27 de abril), el gobierno del estado informó que más de 13 mil elementos fueron distribuidos en el estado, en particular en lugares turísticos, como Acapulco.
Declaran a Acapulco recuperado
Para el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, la recuperación de Acapulco en infraestructura turística está completa después de Otis y John; solo están pendientes algunas habitaciones o condominios particulares de la zona Diamante del puerto, lo que significa, si acaso –dijo–, un 3 por ciento.
“Tenemos ya prácticamente una recuperación total, a pesar de que hemos tenido condiciones climatológicas un poco adversas. El nivel de ocupación y lo que hemos podido ver aquí es que se está recibiendo una gran cantidad de visitantes”, comentó en entrevista.
La única alerta que los tuvo un tanto a la expectativa fue el alto oleaje por un fenómeno conocido como mar de fondo, que provocó olas altas en los últimos días en diferentes playas de la bahía, pero –aclaró el secretario– no generó ningún escenario negativo, porque ni reportes de palapas derribadas tuvieron.
Todo el discurso institucional del gobierno del estado está orientado en la misma tónica para estas vacaciones. Por ejemplo, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, en pleno acto de arranque de la operación policial especial, soltó: “Se cumplió el pronóstico, gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), de llegar a las 15 mil habitaciones en Acapulco”.
El periodo vacacional arrancó con 15,004 habitaciones reservadas en 274 hoteles de Acapulco, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia.
El funcionario celebró que la ocupación hotelera se mantenga desde el inicio de 2025 entre un 71 y 80 por ciento los fines de semana normales, y que suba durante los fines de semana largos.
Seguridad o inseguridad pública, según el lugar del puerto
La inseguridad de las últimas semanas en ciertas zonas del puerto no figura en el discurso institucional para este periodo vacacional. Algunos empresarios de Acapulco también parecen no mirarla.
Al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco Servytur Acapulco), Alejandro Martínez Sidney, le llena de confianza las acciones institucionales coordinadas que –dijo– emplean los diferentes niveles de gobierno actualmente en el puerto.
Consideró que Acapulco no es el mismo que hace 20, 15 o 10 años, porque “ha habido grandes avances en materia de seguridad y prevención de los delitos. Acapulco ha mejorado mucho su seguridad. La extorsión ha disminuido”.
La queja más recurrente del sector empresarial del puerto hace algunos años, como parte del contexto violento, eran las extorsiones de criminales, y Martínez Sidney fue uno de los que más se quejó.
Pero ahora, expuso, han disminuido las extorsiones porque las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en particular desde el cambio de la administración federal, han respondido con mayor “eficacia”.
Sin embargo, en las zonas urbanas distintas a la costera y otros puntos turísticos podrían tener una evaluación muy diferente a la del empresario. Por ejemplo, en La Mira, donde requirieron vigilancia especial.
Pero el empresario reduce la problemática a los eslabones sociales más débiles: los consumidores de drogas. “Estas ejecuciones que se han dado en el transporte son acapulqueños contra acapulqueños, entonces, no es el gobierno el causante de la violencia, son los consumidores de droga. La droga altera a las personas”.
Sentencia máxima contra los tres elementos detenidos, pide madre del estudiante
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Interacción Noticias
Chilpancingo
Viernes 7 de marzo del 2025
Hoy se cumple un año que el estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, fue asesinado por policías estatales, y ninguno de los tres elementos detenidos por su presunta responsabilidad es sentenciado.
Con el reclamo de pena máxima contra los elementos implicados fue que sus familiares, encabezados por su madre, Vianey Peralta; normalistas de Ayotzinapa, secundados por más miembros de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) de otras partes del país y por estudiantes de normales públicas de Guerrero, y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace más de 10 años en Iguala, además de miembros de colectivos de familiares de desaparecidos, marcharon en la ciudad en la conmemoración del primer aniversario luctuoso del estudiante.
Su madre, en el Monumento a los 43 (antes Monumento a las Banderas), la primera parada del contingente, reprochó que agentes del Estado le arrebataran a Yanqui Kothan la posibilidad de ser “un futuro de México”, como lo expresó, dijo, alguna vez el joven a manera de anhelo.
Exigió que el Poder Judicial local deje de darles largas y sentencie a los policías estatales que están detenidos por el involucramiento en el asesinato del normalista. “¡Justicia!”, gritó la madre, después de expresar que nunca olvidará el 7 de marzo.
Aspectos de la protesta de hoy viernes 7 de marzo al cumplirse un año del asesinato de Yanqui Kothan. En primer plano, la madre del estudiante asesinado. Foto: Interacción Noticias.
Desde que ocurrió el asesinato del joven hubo una obstaculización institucional, primero, de parte del gobierno estatal para que se conociera la verdad, con un evidente afán de encubrir a los elementos estatales. Es constante el involucramiento de elementos policiacos en agresiones contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Hace un año, quienes ocupaban los cargos de secretarios estatales de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, ofrecieron la primera versión oficial de los hechos la madrugada inmediata en una conferencia de prensa, donde dijeron que lo acontecido fue resultado de la persecución de un delito, porque la camioneta donde fue asesinado el normalista tenía reporte de robo y, además, hallaron dentro alcohol, una arma y una sustancia granulada, lo que sugería un tipo de droga.
Después que la administración del gobierno federal anterior ofreció otros detalles que exponía el involucramiento de policías estatales, ocurrió el cese de los funcionarios estatales, porque, además de todo, David “N”, el elemento que disparó contra Yanqui Kothan, se había fugado. Lo detuvieron unas semanas después, el 10 de abril; otros dos elementos involucrados ya estaban presos.
Desde entonces hasta hoy, un año después de los hechos, el caso sigue igual: ninguno de los tres agentes ha sido sentenciado, aun cuando están detenidos, lo que significa, según expusieron los familiares y normalistas en la marcha de hoy, que la justicia es una deuda que tiene con ellos el Poder Judicial local.
El contingente de la marcha que, a la vez, representaba varias deudas pendientes en términos de justicia, siguió, porque el objetivo final fue llegar hasta la zona donde ocurrieron los hechos hace un año, el viejo libramiento a Tixtla, al oriente de Chilpancingo.
La versión reconstruida hace un año sobre cómo habrían pasado los hechos, según versiones de allegados a los estudiantes, es que Yanqui Kothan, junto a dos de sus compañeros normalistas, Osiel y Arenita, vinieron de Tixtla, donde está la sede de la Normal Rural de Ayotzinapa, a Chilpancingo en una camioneta, y se detuvieron en la entrada oriente de la ciudad, porque Arenita bajó a comprar un cigarro.
El estudiante vio a lo lejos cuando los policías estatales dispararon a sus compañeros, que estaban dentro del vehículo. En esa agresión mataron a Yanqui; Osiel se salvó porque se agachó cuando vio el arma.
Una vez que el contingente de la marcha llegó hasta el libramiento a Tixtla, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien ha acompañado a la familia de Yanqui Kothan en la búsqueda de la justicia, ofició una misa en memoria del normalista, donde también extendió el reclamo que plantearon durante todo el recorrido de la marcha.
“Vamos a seguir pidiendo por su familia, por su madre, por sus hermanos, por todos sus compañeros, y por todos aquellos que sufren acerca de la violencia. También pidamos por nuestros hermanos desaparecidos: los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y por todos los desaparecidos, que están presentes los colectivos por sus seres queridos. Vamos a pedir por ellos”, dijo el sacerdote al iniciar la homilía.
En otro momento de su sermón expuso que la sociedad no puede pasar por alto las violaciones de servidores públicos contra aquellos que no pueden defenderse, como ocurrió con el caso Yanqui Kothan, en un acto claro de “abuso de poder”.
El director del Centro de Derechos Humanos, Filiberto Velázquez, en la misa en honor de Yanqui Kothan a un año de su asesinato.
Convocó también a no olvidar, porque es el aliciente más importante en la búsqueda de la justicia y en la no repetición de actos violatorios contra los normalistas rurales de Ayoptzinapa. “La exigencia de justicia por la justicia para nuestro compañero Yanqui Kothan debe ser siempre acompañada por la memoria”.
El contrato de la renta cierra el 31 de marzo, por lo que, para el 1 de abril esas tierras deben estar en condiciones de ser utilizadas para la siembra
Texto: Marlén Castro
Chilpancingo
Jueves 6 de marzo del 2025
Debido a la que la empresa canadiense Equinox Gold avisó este 5 de marzo que daba por terminada la relación de ocupación de tierras del ejido de Carrizalillo, en donde está ubicada la mina de oro Los Filos-El Bermejal, considerada la más importante del país, los habitantes de esta localidad del municipio de Eduardo Neri, en la zona Centro de Guerrero, exigieron a la minera que el próximo 1 de abril, deben estar en “perfectas condiciones y sin tóxicos” tal cual estaban antes de la renta.
En un comunicado, la mesa ejidal de Carrizalillo informó que el pasado 3 y 5 de marzo, Equinox Gold notificó a habitantes de la comunidad del finiquito de contratos de prestación de servicios conocidos como concesiones.
También pegaron en la comunidad el aviso de terminación de la relación de ocupación de tierras, el próximo 31 de marzo.
Calificaron esta acción de la empresa como un burdo acto porque en la comunidad esperaban a los representantes para la revisión del contrato de renta de las tierras, que la misma empresa solicitó, cuando un notario contratado por Equinox Gold, pegó tal aviso.
Los ejidatarios calificaron esta actitud de la empresa como un chantaje para que accedan a firmar un contrato nuevo, desventajoso para el ejido.
En el comunicado, la mesa ejidal recuerda que en Carrizalillo se ubica el 80 por ciento de las áreas estratégicas de la empresa.
Reconoce que la empresa está en su derecho de dar por finiquitado el contrato mientras el ejido reclamará, con base en las leyes ambientales vigentes, que deje las tierras plenamente rehabilitadas para darle continuidad a su actividad de origen, la de ser campesinas y campesinos.
El ejido le recuerda a la empresa que las leyes al respecto son claras, por lo que pelearán por la restitución y rehabilitación, que no aceptarán cierres incompletos, mal hechos, parciales y con una montaña de pasivos ambientales que serán perpetuos si no se cierran adecuadamente.
En el comunicado dicen que lamentan la reacción tardía del subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien se puso de lado de la empresa canadiense para imponer sus condiciones al ejido.
La mina los Filos-El Bermejal, un yacimiento a cielo abierto, inicio operación en 2005 y en 2007, la empresa que tenía entonces la concesión, Gold Corp, produjo la primera barra de oro.
En estos 20 años, el ejido de Carrizalillo y varias comunidades del Centro de Guerrero fueron impactadas negativamente, por la contaminación ambiental, por lo problemas de salud graves que registran sus habitantes y por la violencia.
La organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) tiene documentados 58 asesinatos y once desaparecidos, como resultado de la ola de violencia que generaron grupos del crimen organizado para hacerse del control de la zona debido al dinero de los ejidatarios, obtenido por la renta de las tierras y concesiones de diferentes servicios a la empresa.
En cuanto a la salud, también hay un registro de más de 50 personas muertas por enfermedades relacionadas con la operación minera.
Hay versiones de que son tres las víctimas del ataque durante una fiesta particular.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: José Luis de la Cruz/Archivo Amapola
Domingo 25 de agosto de 2024
Chilpancingo
Cuando menos un hombre fue asesinado a balazos y otros tres quedaron heridos, en un ataque de varios sujetos que irrumpieron en una fiesta en un centro social de Zumpango de Neri, la madrugada de este domingo 25 de agosto, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el reporte de la dependencia, la agresión del grupo armado se dio en el hotel Finca La Valentina, ubicado a un costado de la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a las afueras de Zumpango.
Erick «N», de 30 años, fue asesinado, mientras que Salvador «N», de 20 años; Gilberto «N», de 27 años, y Víctor «N», de 25 años, resultaron heridos.
Sin embargo, existe la versión de que fueron tres las personas asesinadas y seis heridas en la agresión perpetrada en la fiesta en la que había decenas de personas, entre ellas, menores de edad.
Una de las personas heridas es mujer.
Fuentes de la FGE han dicho que en Zumpango, localidad vecina de Chilpancingo, opera desde hace años, el grupo criminal Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina y que se disputa la plaza con Los Ardillos, que encabezan los hermanos Ivan y Celso Ortega Jiménez.
Policías del estado a bordo de una patrulla realizan recorridos por el antiguo libramiento a Tixtla ante el recrudecimiento de la violencia en la capital, el 25 de octubre del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
Asesinan a un policía municipal en Acapulco
En Acapulco fue asesinado a balazos un policía municipal como a las siete de la mañana de este domingo, por varios sujetos en la avenida Ruiz Cortines, en el punto conocido como la «Y», en la colonia La Garita, en Acapulco.
El agente municipal, identificado con el nombre de Valente «N», se dirigía hacia su domicilio en su automóvil tras cumplir su jornada de trabajo y pasar lista en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicadas en la colonia Progreso, cuando fue atacado desde una motocicleta.
Con el policía asesinado ya son dos elementos de la SSP de Acapulco que han sido agredidos a balazos en los últimos tres días.
Este viernes 23 de agosto a las nueve de la noche, el policía vial Cristian «N» resultó herido de bala al ser atacado por dos hombres desde una motocicleta en marcha, en la avenida Niños Héroes, esquina con la calle Puebla, en la colonia Progreso.
«Axel, aquí está Camila», le grita la tía de la niña de ocho años asesinada a uno de los presuntos autores del crimen que conmocionó a la opinión pública en marzo de este año.
Texto y foto: Amapola Periodismo
Martes 20 de agosto de 2024
Chilpancingo
“Axel, aquí está Camila”, le grito Erika Ortega a uno de los presuntos autores del asesinato de su sobrina Camila “N”, cuando éste salió de la primera audiencia del juicio oral en su contra por el feminicidio de la niña de ocho años.
La primera audiencia por el sonado crimen cometido en Taxco en marzo de este año, finalizó a las 12:30 horas de este martes 20 de agosto, tres horas después de haber iniciado.
Erika Ortega permaneció afuera de los juzgados para adolescentes; llevaba con ella un portaretrato con la fotografía de Camila.
Axel salió de la audiencia custodiado por varios agentes, que lo introdujeron a una patrulla de la Policía Estatal, mientras Erika Ortega seguía lanzando reclamos a gritos.
«No nada más mataron a Camila…/ Aquí está Camila, Axel. No se olvida lo que hicieron», gritó Erika con más fuerza, al tiempo que corría tras la patrulla.
Erika Ortega, tía de la niña Camila, afuera de los juzgados para adolescentes con un portaretrato con la fotografía de Camila, hoy martes 20 de agosto del 2024.
Axel «N», de 21 años; su hermano Alfredo «N», de 17 años; la mamá de ambos, Ana Rosa, así como la pareja sentimental de ésta, José «N», privaron de su libertad y asesinaron a la niña Camila, de ocho años, el 26 de marzo de este año, en Taxco.
Durante el 27 de marzo, decenas de personas que exigían justicia por Camila se metieron por la fuerza a la casa de Ana Rosa, a quien sacaron junto con sus dos hijos, Axel y Alfredo, y los golpearon con brutalidad.
Ana Rosa murió a consecuencia de la golpiza y fue sepultada 11 días después en un panteón de Iguala.
De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), este martes se desarrolló la primera audiencia de juicio oral de desahogo de pruebas contra uno de los tres implicados en este caso, el de Alfredo «N», quien desde su detención se encuentra en internamiento en el Albergue Tutelar para Menores.
En la audiencia estuvieron los dos hermanos acusados, Axel «N» y Alfredo «N».
Un agente del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) presentó las pruebas contra los presuntos implicados durante la audiencia en donde se permitió la presencia de los abogados de Margarita Ortega, mamá de Camila.
Un abogado de los dos acusados también tuvo acceso a la audiencia.
Se habrán de desarrollar otras audiencias para el caso de Alfredo «N» y José «N», quienes están presos en la cárcel de Chilpancingo, informó el TSJ.
Margarita Ortega, madre de Camila, dijo que espera que las autoridades le hagan justicia y que ojalá y nunca más se vuelva a repetir un caso más como el de su hija.
«Que a ningún niño le pase esto, que los responsables paguen por lo que hicieron», exigió Margarita Ortega, en entrevistada con reporteros, al salir de las instalaciones del Poder Judicial.
Margarita llevaba en sus brazos el muñeco que le gustaba mucho a su hija.
«Este juguete pensaba ponérselo en su ataúd (de Camila), pero decidí que no, porque quiero conservar este bonito recuerdo de ella, es como si estuviera conmigo», expuso Margarita.
Ana Rosa Ortega, mamá de la niña Camila, en los juzgados para adolescentes, hoy 20 de agosto del 2024.
Erika Ortega mencionó que su hermana Margarita está deshecha y que a cinco meses del feminicidio de su pequeña hija, apenas come.
Agregó que debido a que han recibido amenazas, el gobierno les puso medidas cautelares. Pero ella cree que las escoltas que cuidan a su hermana no van a durar para siempre.
«Nos recomendaron que nos saliéramos de Taxco, pero nosotros no tenemos porque irnos a otro lugar, porque a nadie le hicimos daño. Y somos víctimas no victimarios», aclaró Erika Ortega.
Refirió que el día en que Camila fue secuestrada, su hermana (Margarita) se comunicó muchas veces con los que la tenían, para suplicar que la dejaran en libertad y que les darían el dinero.
«‘Regrésame a Camila, te voy a dar el dinero; no sé cómo le voy hacer, lo voy a pedir prestado’”. Y nunca lo aceptó; y tuvieron toda la noche (del 26 de marzo) y parte del día (27 de marzo) para dejarla en libertad, pero no lo hizo», relató Erika sobre la conversación de su hermana Margarita con Ana Rosa, la secuestradora de Camila, que después fue linchada por la gente.
En el juicio que se le lleva a los tres presuntos implicados, la FGE los acusa de feminicidio. Pero los abogados de Margarita, piden que se les sume el delito de secuestro agravado.
La joven de 17 años Fátima Bello Aguirre, reportada como desaparecida, fue hallada mutilada en la batea de una camioneta abandonada en la colonia La Venta, de Acapulco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los restos humanos de Fátima Bello, de doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, fueron reconocidos por sus familiares en el Servicio Médico Forense, después que este miércoles 14 de agosto, la fiscalía estatal los encontró en la camioneta marca Toyota color blanca abandonada afuera de un panteón privado.
De acuerdo con la versión de la dependencia, los familiares de Fátima Bello declararon que su hija había desaparecido en la colonia de Ciudad Renacimiento y que la última vez que la vieron fue acompañada de un hombre el mismo miércoles 14.
La FGE informó que en el vehículo en el que hallaron los restos de la adolescente había cartulinas con leyendas de un supuesto grupo criminal.
Desde el año 2012, Fátima Bello residía en Acapulco, a donde sus padres mexicanos la trajeron después de vivir desde su nacimiento en Estados Unidos.
En Guerrero, las desapariciones de personas no cesan, según los mismos reportes de la FGE.
Por ejemplo, en Teloloapan, fueron reportados como desaparecidos una pareja de jóvenes de 29 y 27 años de edad desde el viernes 9 de agosto, sin que hasta el momento hayan sido localizados.
Se trata de Rosa Álvarez Rodríguez, de 29 años, y David Cervantes Martínez, de 27 años, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de Ahuehuetla, municipio de Teloloapan.
En el caso de Rosa Álvarez, la Fiscalía emitió el boletín Alba de protocolo de búsqueda. Y en el caso de David Cervantes, el “¿Has visto a?”.
En julio de este año, cuatro trabajadores de una empresa gasera de Teloloapan fueron secuestrados por miembros de un grupo criminal en la localidad de Ixcateopan.
Hasta el momento, la pareja de jóvenes y los cuatro empleados de la empresa gasera, siguen desaparecidos.
Seis personas asesinadas, tres de ellas cerca del mercado central frente a decenas de testigos, así como un ataque con un dron explosivo en el cuartel de la Policía Estatal fue el saldo de la violencia en las calles de Acapulco este miércoles 14 de agosto.
La jornada violenta empezó por la madrugada cuando varios sujetos lanzaron un artefacto que explotó afuera del cuartel de la policía estatal en la colonia Las Cruces, en la zona suburbana del puerto.
El dron con el explosivo no solo provocó daños materiales, informaron las autoridades del gobierno estatal.
En junio de este año, un dron explotó en el cuartel de la policía estatal en la colonia Zapata, sin que hubiera personas heridas.
Este miércoles alrededor de las seis de la tarde, varios sujetos persiguieron a balazos a tres hombres que estaban en la calle Vallarta, de la colonia Progreso, en las inmediaciones del mercado central; al alcanzarlos, los asesinaron a tiros frente a decenas de testigos.
Una de las víctimas quedó tirada afuera de una pollería; otra, a unos pasos de una farmacia, y la tercera, casi en la banqueta de la vía.
Los transeúntes vivieron momentos de terror por los hechos de violencia.
En el lugar del triple asesinato, se hallaron al menos 20 casquillos percutidos.
Otro hecho de violencia registrado la tarde de este miércoles en Acapulco se registró en las afueras del panteón privado Valle de la Luz, en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, donde fueron localizados dos hombres desmembrados en la batea de una camioneta marca Toyota.
Además, los reportes oficiales señalan que la madrugada de este miércoles varios delincuentes asesinaron a tiros a un hombre que estaba en su casa en la colonia Coloso acompañado de su hija.
El gobierno del estado que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda asegura que en Acapulco hay más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal para brindar seguridad a la población; sin embargo, la violencia no para.
La historia de María Demetria, quien murió sin encontrar a su esposo Gersain, será parte de la exposición Tejer Memoria, que se inaugura este viernes en la casa Rafael Galván como homenaje a quienes fallecieron en la búsqueda.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Foto: Lizbeth Ovando
09 de agosto del 2024
María Demetria Martínez se esmeró tanto en documentar la búsqueda de su esposo desaparecido que llegó a escribirle a sus hijas en un cuaderno las instrucciones específicas para viajar a Piedras Negras, Coahuila, desde la salida de su casa hasta las rutas de transporte que debían tomar llegando a Saltillo. Hasta el día de su muerte, nunca dejó de decirles que era su obligación seguir buscando a su papá.
Demetria no hablaba mucho, pero apuntaba todo: el día que había buscado, cuándo había sido recibida por autoridades, qué le habían dicho, qué había descubierto o aprendido en determinada fecha…
El detalle de las indicaciones para llegar a Coahuila es el que más conmueve hoy a Carmen, mientras recuerda la picardía y generosidad de su mamá.
El 26 de octubre de 2016 Demetria dejó de existir por motivos de salud, agravados por los estragos físicos y emocionales derivados de buscar a su esposo Gersain, que desapareció el 21 de marzo de 2009 a sus 36 años de edad, junto con otras 11 personas. A casi ocho años de su muerte, Carmen y Liz honrarán su memoria con rosas, crisantemos y notas musicales como componentes centrales.
Fotografías intervenidas con esos elementos, también relacionados con su propia iniciativa de bordado Corazones robados, formarán parte de la exposición Tejer memoria: El legado de quienes nunca dejaron de buscar, que hoy llega a la galería Rafael Galván en la colonia Roma de la Ciudad de México con el planteamiento central de contar las historias de quienes perdieron la vida sin conocer qué ocurrió con sus familiares desaparecidos.
Liz y Carmen, que tenían 15 y 12 años respectivamente cuando su papá desapareció, vivían con sus padres en Ecatepec, Estado de México. Él se dedicaba a la venta de pinturas casa por casa, labor que lo llevó a Piedras Negras junto con sus compañeros. De las tres camionetas en las que iban, solo regresó una; cuando el dueño dejó de tener contacto con las otras dos, ingresó una denuncia.
María Demetria recibió una última llamada de Gersain, en la que le avisaba que una de las camionetas, con seis personas, había desaparecido; después, en la búsqueda de sus amigos, también se perdió el rastro de aquella donde iba él. Su esposa inició su búsqueda cuando aún no se sabía mucho sobre desaparición, no existía la ley en la materia, no se había tipificado el delito y en primera instancia se pensaba que era un secuestro.
“Desde el día uno, la acompañamos en la búsqueda”
Al principio, la búsqueda incluso fue a solas, hasta que María Demetria conoció a otras personas que vivían las mismas circunstancias y se unió al primer colectivo de personas buscadoras de Coahuila, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec).
“En ese transcurso desde 2009 hasta 2019 pertenecimos a Fundec, ya después nos separamos. Lo que ella hizo fue hacer la búsqueda en Coahuila, pero también nos incluía, nunca nos ocultó la verdad y siempre nos dijo qué había pasado realmente con mi papá. Desde el día uno sabíamos lo que había pasado, desde entonces la acompañábamos a la búsqueda”, relata Liz.
Carmen subraya que desde la primera llamada hasta el fallecimiento de su mamá afrontaron todo junto a ella. La denuncia se promovió en los ámbitos estatal y federal, y la familia cooperó en todos los aspectos correspondientes, pero no ha habido ningún resultado; apenas un avance mínimo una vez que cambiaron a un Ministerio Público federal.
“Hay un análisis de contexto que nos han explicado cuál fue la ruta, pero de ahí en fuera a nivel estatal tampoco hay resultados. También ya se hizo un análisis de toda la red de vínculos, pero como nuestro caso ya es del mal llamado ‘larga data’, pues no hay un resultado. Aunque tengamos la denuncia federal y estatal, no vemos avances”, lamenta Liz.
Con esa misma incertidumbre falleció María Demetria en 2016. Carmen cuenta que ya tenía diabetes, y a raíz de la desaparición de su papá y durante el proceso de búsqueda, su salud se fue desmejorando. El tipo de vida que conlleva ser una persona buscadora –subraya– no permite cuidarse por completo, y desgasta física y emocionalmente.
Sus hijas recuerdan que su vida cambió de manera radical desde el primer día, empezando por el hecho de que su papá era el sustento económico de la familia. Su mamá tuvo que emprender la búsqueda al mismo tiempo que trabajaba para subsistir junto con sus hijas.
“También cambió nuestra forma de ver el espacio, porque el movernos a Coahuila, porque allá desapareció, en Piedras Negras, fue un cambio muy radical porque son 12 horas en camión, luego pagar el pasaje, si íbamos a ir las tres o solo una; fue un cambio muy difícil, pero creo que fue reconfortante el haber colectivizado el caso, el acompañamiento de otros familiares es fundamental para el trabajo que se hace”, detalla Liz.
Familias que tejen memoria: “no se trata de cifras”
Además de la historia de María Demetria, la exposición Tejer Memoria. El legado de quienes nunca dejaron de buscar contempla la de otra familia mexicana, Lupita Rodríguez y Josué Molina, dos guatemaltecas, dos hondureñas y una de El Salvador, para un total de siete.
En entrevista, Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, que está a cargo de la exposición, explica que podrán apreciarse fotografías intervenidas con bordados de las familias, pero también video y audio testimonial de otros integrantes.
Considera que se compone de testimonios potentes que tendrán un impacto considerable porque abordan lo que ocurrió dentro de la familia a partir de la desaparición, la lucha y dedicación de las personas que buscaron, así como lo que significa su ausencia para la familia ahora que ya no están. “Es el lado humano, el lado familiar atrás de la figura pública”, señala.
Las familias –que fueron parte esencial de la exposición desde su concepción hasta su ejecución– trabajaron también en la reconstrucción de testimonios en primera persona, como si se tratara de la voz de la persona desaparecida. Desde su perspectiva, eso es lo que conmueve a escuchar y ver los diferentes elementos, que se hicieron siempre junto con los familiares.
Destaca igualmente el esfuerzo de los bordados en las fotografías, realizado no solo por la familia directa, sino también por personas que acompañan o forman parte de colectivos que quisieron contribuir como un acto de solidaridad a la memoria de la persona. “El bordado es significativo, representa algo del núcleo familiar de la persona desaparecida o de la que falleció durante la búsqueda”, añade Dubois.
El mensaje principal que, como organizador, le gustaría transmitir al CICR es que no se trata de cifras de personas desaparecidas, sino de personas, del impacto a largo plazo, de la necesidad o el deber forzado de no parar la búsqueda y de entender que el deseo de conocer el paradero, saber lo que ocurrió y tener una memoria de la persona desaparecida es algo que también se transmite y no se acaba cuando la figura principal de la búsqueda fallece.
“Este deseo sigue y está transmitido, por supuesto también a nivel del Estado, de las autoridades que deben liderar este proceso de búsqueda. Este fallecimiento no significa que ya no hay que hacer nada; al contrario, hay que seguir”, asegura.
Herencias, memoria y exigencia
Ese fue precisamente el principio que María Demetria le transmitió a sus hijas, aunque el tema de la herencia de búsqueda sigue siendo una discusión compleja entre las familias. Por ejemplo, Liz revela en voz baja que a ella no le gustaría que sus hijos hereden la labor que han sostenido ella y su hermana tras la muerte de su madre.
Para ellas, por lo pronto, las acciones que siguen emprendiendo, como esta exposición, apuntan al mismo tiempo a la memoria, la sensibilización y la exigencia. “Lo que queremos es sensibilizar a la sociedad sobre estos temas y prevenir, y que vean que no son casos aislados; no queremos meter terror, pero todos estamos expuestos a que nos pueda pasar”, dice Liz.
En la misma medida, buscan reiterar su exigencia al Estado en el sentido de que deje de pasar por alto los temas de desaparición forzada, violencia e inseguridad. “Creo que es importante que la sociedad también exija al Estado esta seguridad, y también la memoria. La acción de memoria es muy importante porque a veces solo los ven como números”, añade.
Aunque no es el caso de su mamá, Carmen y Liz remarcan igualmente la importancia de visibilizar a las madres buscadoras que han sido asesinadas en ese proceso, y que en esos casos son también otros familiares los que continúan con la búsqueda.
“Visibilizar y dejar plasmado el trabajo de mi mamá, todo lo que dedicó en la búsqueda de su esposo. Yo recuerdo con la enjundia que decía: ‘es que tengo que entregarle a su papá a mis hijas’. Dejar marcado el trabajo que ella realizó en vida; sí siento que el Estado tiene la culpa: es por enfermedad, pero se deterioró mi mamá por tanta preocupación y tanta lucha”, señala Carmen.
Sin la desaparición de su papá –sostiene— habrían llevado una vida más tranquila, por lo que quiso reflejar en la exposición el amor de su mamá en la búsqueda de su papá, que es lo que más la enorgullece. “Ella nos encargó igual, en su amor hacia mi padre siempre dijo que, si ella llegaba a faltar, no lo olvidáramos; era su preocupación”, añade.
Como un acto de memoria ante todo ello, para la exposición bordaron fotografías con significados especiales o que se identificaran con la historia. En el caso de María Demetria, fueron rosas y crisantemos, que le gustaban mucho, y notas musicales para Gersain. Para ellas, el recuerdo más valioso de su padre es cuánto le gustaba la música.
De hecho, en la mesa frente a la que hablan, reposa una fotografía de Gersain en una hoja tamaño carta con unas cuantas flores pequeñas bordadas que dice: “mi papá. Gersain Cardona Martínez. Le gusta jugar básquet y comer, por él me gusta la música y la radio. Te seguiré buscando”. Gersain cumplió 52 años de edad apenas este 12 de julio.
Dónde y cuándo ver la exposición
Tejer Memoria. El legado de quienes nunca dejaron de buscar llega a la Ciudad de México después de haberse exhibido dos semanas en Honduras, del 23 de julio al 3 de agosto. En la casa Rafael Galván se inaugura este viernes 9 de agosto a las 12:00 horas, y permanecerá ahí hasta el 10 de septiembre. Podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
Además, contempla una programación de eventos especiales: el sábado 17 el conversatorio “El derecho a saber: resolver la suerte y paradero, un imperativo humanitario” de 15:00 a 16:00 horas; el viernes 23 el diálogo “Vivir con la desaparición: garantizar el derecho a la salud y el bienestar psicosocial”, de 14:00 a 15:30 horas; la participación en la Noche de Museos del miércoles 28 de agosto con una sesión colectiva de bordado de 17:00 a 20:00 horas; el conversatorio “El legado de quienes no dejaron de buscar: arropar la búsqueda y mantener viva la memoria” el 4 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas, y un sábado de galería abierta el 24 de agosto de 10:00 a 18:00 horas.
Liz y Carmen, ahora de 30 y 27 años, esperan que la exposición genere una reacción: “Que todo el trabajo que ha hecho tanto el CICR como nosotras sea reconfortante con la sensibilización, y que la sociedad lo visite y tenga en cuenta estos temas, que son de terror, se podría decir malos, pero también tienen algo que visibilizar y prevenir”.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
La Ciudad de México encabeza la lista de transfeminicidios en lo que va del año, seguida de Tabasco, Nuevo León y Jalisco. En solo tres de los 35 casos hay personas detenidas.
Texto: Eréndira Aquino /Animal Político
Foto: Amapola Periodismo/Archivo
10 de agosto del 2024
En dos meses, ocho mujeres trans han sido asesinadas en la Ciudad de México, Tabasco y Nuevo León, con sus casos suman 35 los transfeminicidios cometidos en lo que va del 2024 en el país, de acuerdo con un registro realizado por asociaciones civiles.
Los últimos tres casos ocurrieron en un lapso de dos días, en Nuevo León, entre el 27 y el 29 de julio. Se trata de Aranza Aldanelly Castillo, Jacqueline “La Española”, y una víctima que aún no ha sido identificada, mismos que están siendo investigados por la Fiscalía de Nuevo León como feminicidios.
“El caso más mediático de los últimos en Nuevo León fue el de Aranza, por la visibilidad que dio la familia a su búsqueda, que hubo acompañamiento de colectivos, porque es una barbaridad la falta de compromiso por parte de la Fiscalía, que no permitió encontrarla con vida; ese es un reclamo que nosotros hacemos a las autoridades”, comentó en entrevista Sylvia Sofía, del Colectivo Trans Monterrey.
Aranza, de 23 años, fue vista por última vez con vida la tarde del 7 de julio. Después su familia reportó que se encontraba desaparecida, y 22 días después su cuerpo fue encontrado en la zona norte de Monterrey.
Sobre Jacqueline, se conoce que fue asesinada durante la noche del 30 de julio mientras ejercía el trabajo sexual. Del tercer caso no se tiene información ya que la víctima aún no ha sido identificada.
El cuarto transfeminicidio documentado en el mes de julio fue el de Cristell Martínez, asesinada el día 19 en Comalcalco, Tabasco.
“La situación de violencia contra la comunidad, en general, es lamentable, sobre todo para las mujeres trans. Aunque uno de nuestros derechos más básicos es el de una vida libre de violencia, el Estado no nos lo está garantizando en ningún sentido, se nos vulneran todos nuestros derechos al no tener acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, que otros ciudadanos sí tienen”, subrayó la activista.
Memorial de Día de Muertos colocado por diversas asociaciones en favor de los derechos de las poblaciones LGBTI+ en Chilpancingo, el 01 de noviembre del 2023. Foto Amapola Periodismo/Archivo
35 transfeminicidios en México en siete meses
De acuerdo con el registro que lleva la Coalición Mexicana LGBTTTI+, entre enero y julio 35 mujeres trans fueron asesinadas en 15 estados del país.
La Ciudad de México encabeza la lista de transfeminicidios en lo que va del año (10), seguida de Tabasco (4), Nuevo León (4), Jalisco (3), Veracruz (2), Michoacán (2) y Colima (2). También se han documentado casos en Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Baja California, Chiapas y el Estado de México, con un caso cada uno.
En enero ocurrieron seis transfeminicidios, en febrero se registraron diez –situándose como el mes más violento–, en marzo se documentaron cuatro, al igual que en abril. Para mayo, el número disminuyó a tres, pero en junio nuevamente se presentaron cuatro, al igual que en el mes de julio.
“El panorama que vemos es crudo, es fuerte, porque siguen asesinando a las personas por su identidad o su orientación sexual, lo que se relaciona con los discursos de odio que ha proliferado en diferentes espacios a nivel nacional”, comentó Samantha Arellanes, de la Coalición Mexicana LGBTTTI+.
Además, reclamó que la mayoría de los casos permanecen impunes, ya que en solo tres de los 35 casos registrados este año hay personas detenidas.
“Ahora hay más visibilidad de los casos, por eso de pronto hacen más ruido, pero es necesario que en todo el país las autoridades estatales reconozcan el delito de transmfeminicidio, ya que hasta ahora sólo en la Ciudad y en Nayarit se tipifican así los asesinatos de mujeres trans”, sostuvo Arellanes.
La exigencia de “prevenir y aminorar estas cifras rojas”
Ante este panorama, la Coalición LGBTTTI+ hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General de la República, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emprendan acciones para “prevenir y aminorar estas cifras rojas que son una constante contra las poblaciones trans de México”.
Samantha Arellanes comentó que, como parte de las acciones de exigencia de justicia, mujeres trans pertenecientes a distintas asociaciones buscarán que se conforme una mesa de trabajo con autoridades de todos los niveles para que se informe sobre el avance de las investigaciones de los transfeminicidios y para que se garantice la reparación y atención de las víctimas indirectas.
Además, indicó que es importante que las autoridades reconozcan a las colectivas LGBTTTI+ como personas interesadas en los casos, ya que actualmente les niegan información de las investigaciones bajo el argumento de que no son familiares directos de las víctimas, “sin tomar en cuenta que la mayoría de ellas fueron abandonadas por sus familias o tuvieron que abandonar sus lugares de origen por situaciones de violencia por su identidad y expresión de género”.
“Lo más importante es que la gente entienda que nosotras somos personas, y como mujeres transgénero no afectamos a nadie con el cambio de nuestra identidad o nuestro cuerpo, no tienen por qué lastimarnos por el hecho de ser personas felices”, expresó.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
Texto: Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos
7 de agosto del 2024
Una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido
Hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos, una lista con 183 nombres de personas detenidas entre abril de 1972 y diciembre de 1974, que habrían sido desaparecidas en 25 vuelos que despegaron de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, desde donde fueron arrojadas al mar.
El informante le dejó una carta en la que se lee, textualmente: “Tengo en mi poder relacion de los vuelos efectuados que creo que le serviran de mucha ayuda para que se investigue directamente a [el capitán] Javier Barquin ya que el fue el autor material de esos crimenes. Como comprendera no puedo arriesgar a mi familia por eso le hago llegar estos documentos con un propio”.
La misiva, con fecha del 26 de mayo de 2004, iba acompañada por cinco hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas, los cadáveres de las 183 víctimas, todas identificadas con sus nombres.
De confirmarse la información en poder del Comité Eureka, que fundó Ibarra de Piedra, sería la primera revelación de las identidades de personas desaparecidas en los “vuelos de la muerte” en México: 174 hombres y nueve mujeres, quienes fueron registrados con sus nombres completos, sus “seudónimos” como militantes o guerrilleros, el lugar y la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que las detuvieron.
Diez corresponden a la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), cinco a la Policía Judicial de Guerrero, y las restantes a manos del Ejército: 116 capturadas por elementos de la 27a Zona Militar ——distrito cuya sede en esa época estaba en El Fuerte de San Diego; actualmente en Acapulco—, 32 por la Policía Militar, y 17 por el Batallón de Fusileros Paracaidistas..
Entre los nombres figuran el fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón —registrado en el cuarto viaje con una cruz, una clave en los registros militares de que la persona murió cuando era torturada—. También está el músico y cantautor Rosendo Radilla —a bordo del tercero—, por cuya desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México por los crímenes de Estado del periodo conocido como la “guerra sucia”.
La inédita información, que desde 2004 reposaba como un papel más en los archivos del Comité Eureka, es actualmente analizada por personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia e investigadoras de organizaciones de derechos humanos que representan legalmente a víctimas de ese periodo histórico o son independientes, quienes han encontrado similitudes con otros documentos generados por el Ejército y la DFS durante esa época, así como coincidencias con los datos de los registros de las personas desaparecidas esos años, y con testimonios y documentos oficiales sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Los especialistas aún no han llegado a una conclusión.
Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979 el Ejército mexicano utilizó los “vuelos de la muerte” para deshacerse de quienes consideraba sus opositores. Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Por eso, esta nueva información es devastadora para muchas familias.
Hasta el momento no ha sido posible determinar si Benjamin Apresa, el firmante, es el nombre real del supuesto delator. Su nombre no aparece en los organigramas de quienes participaron en la contrainsurgencia en ese periodo. Aún está por resolverse si era información falsa para entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus búsquedas. Lo que queda claro es que su autor conocía bien la logística de la desaparición de personas.
A pesar de eso, esta semana diversas autoridades comenzaron a distribuir el documento a líderes de colectivos de víctimas y a familias de las personas mencionadas en las bitácoras, que a su vez lo compartieron con más familias de víctimas. A algunas de las ya informadas se les contactó para ser entrevistadas para este reportaje para no ocasionar más impactos emocionales.
“Cuando me avisaron de la lista y que aparece mi papá sentí un vuelco en el corazón, empecé a llorar en silencio, tratando de asimilar la información que estaba recibiendo, pensando lo que sufrió, que lo arrojaron al día siguiente de que lo capturó el ejército”, dijo en entrevista Angélica María Ramírez Hernández, hija de Gorgonio Santiago Alvarado, quien es registrado en el “viaje 23” junto a otras cinco personas, dos de ellas mujeres.
Ella habló del impacto de la noticia: “Ya va a cumplir 50 años desde que se lo llevaron y hasta hace menos de un mes aparece una ruta de esto, pero la sensación es que si esto le pasó nunca vamos a poder recuperar los restos, y que lo asesinaron de esa forma, que de todas las alternativas escogieron ese método. Siempre pensando si le rompieron los huesos, si lo torturaron con choques eléctricos, si lo picaron y lo aventaron al mar, si los aventaban vivos, No alcanzo a imaginar todo ese terror”.
Ramírez Hernández pertenece al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez; su padre fue capturado por el ejército el 24 de noviembre de 1974 y llevado en helicóptero a la base militar de ese municipio. Ella aún no cumplía dos años de edad. Ha pasado su vida esperándolo.
“No he podido decirle a las familias que conozco, a las que aparecen sus familiares. No es porque no merezcan saberlo, sino porque quiero dejar a la autoridad que nos explique si la lista es cierta o no, que nos expliquen lo que han investigado”, dijo entristecida luego de que un exfuncionario de la Comisión Nacional de Búsqueda le dio la noticia.
El nombre de Gorgonio Santiago Alvarado, desaparecido por el ejército en 1974, está registrado en el “viaje 23” consignado en el documento. (Óscar Guerrero / Cromática/ Obturador MX)
‘Metidos en el avión para arrojarlos al mar’
La mayoría de las personas mencionadas en la lista de “los viajes” (el documento original no los registra como vuelos) fueron capturadas en Guerrero —164 del total— durante la feroz persecución, por tierra y aire, de militares, agrupaciones especiales y judiciales contra la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, el profesor que fundó el Partido de los Pobres, movimiento en el que participaba Gorgonio Santiago. El castigo fue también contra los pobladores de la costa y la sierra que eran sospechosos de simpatizar con Cabañas o se apellidaban como él.
Del resto de las personas registradas, siete fueron detenidas en Michoacán, cuatro en Hidalgo, dos en el Distrito Federal, dos en el Estado de México, una en Morelos, otra en Oaxaca y una más cuyo lugar de captura no se especifica.
Solo cuatro fueron detenidas en 1972, once en 1973, y el resto, 168, en el mortífero año de 1974, cuando —sugiere la carta— fueron asesinados.
“Como le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto”, escribió, textual, el informante en la carta escrita con mayúsculas y dirigida a Rosario Ibarra de Piedra.
El desertor se refiere a Javier Barquín Alonso, segundo comandante del grupo operativo de la Policía Militar y del temido Grupo Zorba, que trabajaba bajo el mando del coronel de infantería Francisco Quirós Hermosillo, operador de la salvaje represión. Se sabe que Barquín era el encargado de registrar en “un libro de pastas negras” la relación de los “paquetes”, como en el argot militar se referían a las personas presas en cárceles clandestinas, que serían torturadas para extraerles información y después —en su mayoría— desaparecidas.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) acusa a estos militares —y al general Mario Arturo Acosta Chaparro— de haber desaparecido a 143 personas. Calcula que durante la contrainsurgencia 1,200 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra 532 casos.
El informante menciona el avión Aravat, aunque su nombre correcto es Arava; se refiere a las aeronaves de fabricación israelí compradas por el gobierno mexicano, diseñadas para transportar carga, sobrevolar superficies y practicar el paracaidismo, pero que fueron usadas para desaparecer guerrilleros y disidentes políticos y, posteriormente, traficar droga.
La carta no era conocida, hasta ahora, por las familias que desde hace medio siglo exigen al gobierno la presentación con vida de sus seres queridos detenidos-desaparecidos durante el periodo de la mal llamada “guerra sucia”, tampoco por sus representantes legales ni por quienes han investigado de manera independiente la represión en esa época.
El documento pasó 20 años inadvertido en los archivos del Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, como se conoce al Comité Eureka. Fundado en 1977 por doña Rosario a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1974, aglutinó a cientos de familiares de personas desaparecidas en el país por su militancia o afinidad con movimientos políticos, sociales o armados que el régimen priista veía como una amenaza.Esta reportera recibió la lista al solicitar documentos del archivo de Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, digitalizó, ordenó y clasificó por varios años, y que planea publicar en septiembre. Dos integrantes de Eureka consultados para este reportaje dijeron que desconocían la existencia de la carta.
Extracto de un expediente de los juicios contra tres militares (Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Javier Barquín) en 2002, en el que se reconstruyeron los “vuelos de la muerte” con base en las declaraciones de miembros del ejército. (Captura de pantalla)
Nuevas pistas
Tres expertos que revisaron el documento consideran la lista como “plausible” y su contenido “coincidente” con otros documentos generados en esa época.
“¿Quién tiene esta información reunida en esa época? ¿Quién puede tenerlo todo? ¿Quién puede saber qué corporación y en qué fecha detuvieron a quién y lo de los vuelos? Pues la DFS o el ejército”, opinó Javier Yankelevich, quien fue jefe del Equipo Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente durante la “Guerra Sucia”, perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El historiador obtuvo por su cuenta la relación de vuelos al solicitar todo el acervo de Eureka vía Transparencia.
“Solo para indagar esta lista se necesitaría otra comisión de la verdad; este es el inicio de lo que debería de ser una gran investigación y no el fin”, consideró en entrevista, tras conocer los papeles, el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a varias víctimas de las llamadas “desapariciones del pasado”.
Otras personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia que han tenido acceso al contenido de la carta también lo consideran verosímil. Notaron que coinciden fechas, lugares de detención, compañías participantes, seudónimos, así como el estilo de redacción y la manera de registrar de la Sedena y la DFS, que son similares a otros documentos bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN).
Sin embargo, algunos especialistas piden cautela. “El documento en sí tiene mucha relevancia, aunque no podamos decir que todo su contenido efectivamente trata de los ´vuelos de la muerte´. Es muy relevante porque nos permite hacer preguntas y abre una línea de investigación sobre los vuelos. Si después de una investigación seria resulta que no tiene que ver con esto, de todos modos va a estar relacionado con otras cosas sobre las estrategias de contrainsurgencia”, estimó el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, uno de los instrumentos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Consideró que se requiere un análisis más profundo del documento para dar por válido su contenido. Al experto le llama la atención que la relación de viajes, en sí misma, no contiene la palabra vuelos —como sí aparece en otros archivos históricos—, solo viajes, y que carece de un título que indique de qué es el listado y de la fecha en que se hicieron los traslados.
Lo que llamó la atención al Centro Prodh, tras un primer análisis, es que incluye 13 nombres que no están mencionados en fuentes abiertas o en registros oficiales o en las listas de víctimas de la CNDH, la Comverdad de Guerrero, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), los archivos de la represión encontrados en el AGN, u otras investigaciones de esclarecimiento histórico. También considera relevante que de un número elevado, 170 nombres, haya coincidencias con distintos informes.
De las 183 personas enlistadas, 40 no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).Hasta ahora no se habían mencionado las identidades de las posibles víctimas de los crímenes cometidos hace medio siglo, solo los tipos de aeronave —al menos dos aviones Arava de manufactura israelí y un número no identificado de helicópteros que despegaban de las costas de Guerrero—, los métodos de ejecución, los nombres de los generales y capitanes que ordenaban los operativos y de los subalternos que los llevaban a cabo, y los modus operandi que confesaron pilotos, mecánicos y militares de distintos rangos en el juicio que la Procuraduría General de Justicia Militar entabló en 2002 contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y el ya retirado Barquín Alonso, por las desapariciones forzadas de 148 personas, a la par de otro juicio por narcotráfico. Los dos últimos murieron durante el proceso, mientras que Acosta fue absuelto.
El nombre de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue registrado en el cuarto viaje. Estas fotos son de los archivos de la DFS, la corporación que se encargó de sus torturas e interrogatorios.
Señalan coincidencias
Yankelevich, historiador que este sexenio estuvo a cargo de la unidad que investigaba las desapariciones del pasado en la CNB, de donde fue despedido este año, pidió por transparencia el archivo digitalizado por Camena y comenzó sus propios cotejos. Releyó la confesión que en 1975 envió desde Petatlán, Guerrero, a su casa en Mexicali, el soldado Benito Tafoya Barrón, en la que se refiere a los mortales vuelos en los que participó; el AGN tiene una copia.
Tafoya formaba parte de una de las unidades que cercó y atrapó al guerrillero Lucio Cabañas. La misiva contiene dos datos que llamaron la atención de Yankelevich. Habla de dos mujeres que acababan de ser arrojadas al Pacífico —en el viaje 23 se mencionan los nombres de dos mujeres—, y cuenta que participó en la captura de Cabañas y en echar al mar a uno de sus acompañantes. Efectivamente, en el “viaje 24” de la lista aparece Marcelo Serafín Juárez, un menor de edad, quien fue el único compañero del líder guerrillero del que, tras ser detenido, aún se desconoce su paradero.
La carta del soldado, publicada por primera vez por el periodista Gustavo Castillo en La Jornada en 2008, dice: “Hermanos quiero que en cuanto reciban esta carta me contesten, mándenme decir si ya les mandaron decir de la casa de la Güera [Nicolaza] se fue con su novio y que Raquel y Paz se andan metiendo en problemas muy serios, que se andan metiendo de guerrilleras, digo problemas serios porque me ha tocado ver como acaban los que se dicen guerrilleros, digo que me ha tocado ver porque yo participé cuando rodiamos a Lucio Cabañas y su gente y murieron muchos y a los que agarramos vivos [fueron varios] a mí me tocó subirlos a un helicóptero amarrarlos de pies y manos y atados a unas barras de fierro e irlos a tirar al mar y entre ellos iban dos muchachas, por eso yo temo que ellas lleguen a caer en manos de la policía y tengan el mismo fin, de mis compañeros del batallón mataron nada más a uno y a nosotros nos tocó matar a Lucio Cabañas”.
Aunque cuando se descubrió la carta el militar fue interrogado por un Ministerio Público —según consta en el AGN—, a quien dijo que era una broma, los datos sobre su hermana son reales: Raquel fue detenida y encarcelada en Sinaloa y fichada como miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Para Yankelevich, las menciones de Tafoya y las listas tienen datos coincidentes. La información que dio el mecánico militar Margarito Monroy Candia en los juicios de 2002 sobre el número de personas que cabían en cada vuelo (siete u ocho) —aunque se refería a los que partieron de 1975 en adelante y en el Arava 2005—- concuerda con el número de personas registradas en los vuelos enlistados en la carta
“No es claro cuándo se hizo la lista, acá no hay fechas de viajes, sí de detenciones. El estilo es consistente con lo militar, las siglas, las puntuaciones”, señaló Yankelevich. “Menciona a personas de detención tardía; haciendo una inferencia, el documento se elaboró en diciembre del 74, […] [y en 1975] la carta del soldado que dice que desde el helicóptero tiró al mar a los detenidos, y te da un cruce fuerte: Serafín está en la lista de gente lanzada al mar”.
Con estos hallazgos, Yankelevich comenzó a hablar con algunos familiares para explicarles, paso por paso, la información encontrada, y los hallazgos de sus cotejos.
Lo que el informante de la carta pretende dejar claro es que todos los detenidos desaparecidos estuvieron en 1974 en la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar que fue el destino final de un número aún indeterminado de disidentes políticos del régimen priista, pues se sabe que los vuelos continuaron hasta 1979.
“Es un documento valioso. Pero hay que irse con cuidado, indagar y hacer una investigación mucho más compleja para verificar el documento”, advirtió Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido, sobre las desapariciones forzadas.
Señala que el documento también pudo haber sido construido por el propio Ejército para desviar la atención o engañar; o porque en 2004 entre las filas castrenses existían rencillas internas.
“Puede estar relacionado con los ‘vuelos de la muerte’, el problema es saber cómo está relacionado. No irnos con la finta: ¿qué tipo de traslado menciona?, ¿por qué dice la palabra viaje y no vuelo?, ¿de dónde a dónde eran esos traslados? Falta ver cómo podemos relacionarlo con Pie de la Cuesta, con los vuelos, con las bitácoras y cosas por revisar. Esta es una pieza de un rompecabezas pero tenemos que saber qué nos dice”, precisó.
La carta generó esta semana que las organizaciones de derechos humanos Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19, integraran un grupo de trabajo para contrastar su contenido con los datos que se tienen de ese periodo, y para planear un posicionamiento.
Detonó también que la agrupación Fundar —representante legal de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla— enviara la carta a la Fiscalía General de la República, al área donde se investigan los llamados delitos del pasado para que se analice, y eso mismo hizo el área de esclarecimiento histórico de la Secretaría de Gobernación que, junto con la CNB, crearon ya un grupo de trabajo para examinar la carta. También ha llegado a manos de los comisionados de la verdad del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que presentarán este mes su informe final.
‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’
¿Hubo alguna razón por la que la fundadora de Eureka descartó su contenido? ¿Hizo Rosario Ibarra de Piedra algo con la lista? Es difícil saberlo; la también exsenadora, quien llegó a ser la primera mujer candidata a la Presidencia de México, murió en 2022. Su familia no respondió a una petición de entrevista.
Este martes por la noche la información llegó a algunas de las compañeras de Rosario Ibarra, conocidas como Las Doñas.
Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1974 e integrante de “Las Doñas de Eureka”, respondió que dudaba que el documento sea certero.
“Primero, Rosario hubiera buscado la forma de confirmar esa información. Tenía muchos contactos para eso. Segundo, nunca se buscó a los desaparecidos muertos, siempre con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tercero, ella algo hubiera hecho pero jamás archivarlo”, opinó.
Pero quienes conocieron a Ibarra de Piedra —madre de la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra— saben de su eterna renuencia a considerar que las personas desaparecidas forzadamente pudieran estar muertas.
“Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno”, declaró en 2002 al periodista Gustavo Castillo, cuando trascendió que tribunales castrenses juzgaban los “vuelos de la muerte”. Siempre consideró sospechoso que la Procuraduría General de Justicia Militar aceptara que 143 desaparecidos políticos en Guerrero fueron asesinados y arrojados al mar.
Éramos radicales en nuestro lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, confesó una persona perteneciente a Eureka, omitían hablar de los indicios de que algunos de los desaparecidos ya habían sido asesinados.
En ese contexto hay que situar a Eureka. Ibarra recibió la carta cuando acababan de terminar los juicios y se cerraba la decepcionante investigación de los delitos del pasado de la Femospp, y recibía muchos documentos y confesiones de todo tipo; las familias habían sido engañados durante años por funcionarios de gobierno, que les mentían o entregaban información falsa. Y la consigna de Eureka era que aparecieran con vida, no dejaba que se mencionara otra posibilidad.
Sin embargo, entre familiares que reciben la lista siempre surge la pregunta: ¿Por qué Rosario no nos informó?
Han sido días difíciles para mucha gente a partir de que circuló esa información. También han comenzado a escucharse las exigencias de verdad.
“Si el ejército tuvo la lista de 1974 debe existir listas de los años posteriores, al menos hasta 1979 que se tienen documentados los vuelos de la muerte. La mayoría de las víctimas enlistadas fueron aprehendidas por el ejército y su último paradero conocido fue en las instalaciones militares. Este hallazgo es un punto de inflexión que hace vigente la exigencia histórica de las familias de que el Estado mexicano entregue todas las listas con los nombres de las víctimas de esta operación”, dijo Contreras, del Centro Prodh.
“Pedimos a la Sedena que colabore y no ponga obstáculos o nos dé información a cuentagotas. También llamamos a la cautela; aunque tiene información verídica, Tita Radilla ya antes había recibido otra lista de ‘vuelos de la muerte’ que tenía inconsistencias; esta tiene datos verídicos, por eso pedimos a las autoridades darle importancia”, concluyó el abogado Humberto Guerrero Rosales, de Fundar.
La lista de los presuntos vuelos comenzó a divulgarse en grupos de mensajería de colectivos de víctimas desde este martes por la noche. En A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab decidimos publicarla porque ya está en los celulares de las familias de las víctimas de manera descontextualizada y sin explicaciones certeras. Como sabemos que está causando dolor e indignación preferimos que esté acompañada de esta investigación.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Texto de Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos. Puedes leer la publicación original aquí.
Habitantes de una comunidad, los presuntos homicidas.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Cromática Agencia Fotográfica
Jueves 8 de agosto de 2024
Chilpancingo
Siete personas fueron presuntamente ajusticiadas a balazos por habitantes de una comunidad del municipio de Olinalá, en la Montaña alta de Guerrero, la madrugada de este jueves 8 de agosto, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el ataque armado ocurrido en la carretera estatal de Olinalá, a la altura del crucero de Amatlicha y Escamilpa, también resultaron heridas siete personas, entre ellas una mujer.
Camioneta con impactos de balas en la carretera estatal de Olinalá la madrugada de este jueves 8 de agosto del 2024. Foto: Cromática Agencia Fotográfica
En el sitio de la masacre fueron halladas dos camionetas, las cuales fueron retenidas por las autoridades.
Una de las versiones de los habitantes es que las personas atacadas a balazos se habrían robado una camioneta en una comunidad vecina, lo que provocó que la gente se armara y los persiguiera y finalmente diera con ellos.
La FGE informó que abrió una carpeta de investigación contra los responsables de estos hechos.
