Casa de salud baleada por crimen organizado será rehabilitada, promete Ibárez

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Cortesía 

Chilpancingo

 

La titular de la Secretaría de Salud estatal, Aide Ibárez Castro, recorrió una casa de salud baleada por un grupo del crimen organizado hace tres años en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, y se comprometió a rehabilitarla para que funcione.

En un video que difundió la Secretaría de Salud se ve a Ibárez Castro caminar por los pasillos del inmueble de una sola planta y se observan los orificios de bala en las paredes.

La funcionaria acudió a la comunidad y llevó a una enfermera para que brinde atención médica en forma provisional en la comisaría del pueblo.

Durante la reunión con los habitantes y autoridades de El Naranjo se hizo el compromiso de Ibárez Castro de que la Secretaría de Salud llevará medicamentos y equipo a la casa de salud una vez que ya esté rehabilitado y entre en funcionamiento.

Los habitantes y el comisariado le contaron a la funcionaria que desde hace tres años esta casa de salud no funciona después de que fue atacada a balazos por hombres armados.

Según la Secretaría de Salud, un enviado del ayuntamiento de Leonardo Bravo se comprometió a costear las obras en el inmueble y los pobladores colaborarán con la mano de obra.

Las autoridades y habitantes de la comunidad prevén que el 28 de agosto próximo ya esté rehabilitada la casa de salud para que posteriormente la Secretaría de Salud lleve los medicamentos y equipo.

En su intervención, Ibárez Castro les dijo a los habitantes del pueblo que enviará un médico y mobiliario a la casa de salud para que entre en funcionamiento.

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, recordó que la casa de salud de El Naranjo fue atacada a balazos durante un enfrentamiento de tres días en el mes de diciembre del 2019 entre integrantes de dos organizaciones criminales.

Contó que los enfrentamientos iniciaron el 26 de diciembre pero el más fuerte ocurrió el 28 cuando hubo un saldo de diez personas asesinadas entre ambos grupos del crimen organizado.

Durante la balacera murió Fredy, un menor de 17 años, de una bala en la cabeza.

«Fredy vivía en Acapulco y en esos días fue a visitar a su abuelo al Naranjo y ahí murió», dijo Rosales Sierra.

La activista mencionó que la casa de salud ya no funcionaba desde antes del 2019 ya que el personal médico abandonó la comunidad por la violencia que hay en esa zona.

«Fueron días de terror que la gente vivió en esos días y muchas de ellas prefirieron salirse caminando e irse a vivir al estado de Morelos», refirió.

Actualmente el Centro Morelos cobija a diez personas desplazadas de El Naranjo.

En noviembre del 2018 empezó el desplazamiento de familias de comunidades serranas del municipio de Leonardo Bravo por la disputa del territorio entre dos grupos criminales.

Rosales Sierra aseguró que las familias desplazadas de esa zona del municipio de Leonardo Bravo siguen bajo el desamparo de los gobiernos federal y estatal a pesar de las protestas en Guerrero y afuera del Palacio Nacional en la ciudad de México.

En el 2019, este territorio lo disputaban la organización denominada el Cártel de la Sierra que encabezaba Isaac Navarrete, a quien se refieren como El señor de la I y Los Tlacos, dirigido por Onésimo Marquina.

Actualmente es el grupo de Los Tlacos el que controla ese territorio.

 

 

En México ha aumentado la violencia, dice consejera del Sistema Nacional de Seguridad

​Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La consejera del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jacqueline García Vázquez, declaró que en los últimos años aumentaron las cifras de la violencia criminal en México.

«Es grave y si nos hemos dado cuenta que han subido las cifras (de la violencia) año con año pero también hay gobiernos comprometidos a resolverla», afirmó García Vázquez entrevistada aquí en Chilpancingo.

La consejera ciudadana del SNSP estuvo aquí en la capital del estado junto con la directora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores Carrales, acompañando a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la entrega de equipo y material a diversas instancias que se encargan de la seguridad en Guerrero.

«La delincuencia está ahí y no es de ahora», afirmó García Vázquez cuando se le preguntó sobre la ola de violencia que desde la semana pasada se registra en los estados del norte y del bajío del país.

Cuestionó que en algunos estados del país se niegan a establecer una coordinación con el gobierno federal para combatir a la delincuencia.

«La coordinación debe ser con el estatal, municipal y federal pero hay quienes no se someten al mando único y toman sus propias decisiones», afirmó García Vázquez.

La consejera del SNS dijo que lo que falta es que haya «control» en estados como en Chihuahua, Guanajuato y Baja California en donde la violencia está desatada.

«Yo creo que cuando se tome el control, toda va a funcionar mejor».

García Vázquez condenó la postura de la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, de que el crimen organizado «cobre facturas» a quienes no le han pagado y no actuar contra la población civil.

«No estoy de acuerdo con eso, es como afirmar que es lo que deben de hacer», dijo la consejera al referirse a la edil de Tijuana.

Mencionó que otro de los problemas que generan violencia en el país es la extorsión telefónica que realiza la delincuencia.

«La extorsión se termina cuando colgamos el teléfono o cuando avisamos a la autoridad a quien le debemos de avisar en cuando nos llamen o lleguen a nuestro negocio».

Mencionó que hay estados como Guerrero y el Estado de México en donde la ciudadanía cae con esas llamadas telefónicas de extorsión.

Dijo que en los próximos días el gobierno federal dará a conocer una iniciativa de ley que contempla el combate a la extorsión.

El gobierno federal puso en marcha una aplicación para que los usuarios ubiquen las llamadas de extorsión y bloqueen a ese usuario de manera inmediata.

Una de estas aplicaciones ya entró en funcionamiento en la Ciudad de México.

Durante el evento que se desarrolló en las instalaciones del Registro Público Vehícular (Repuve), García Vázquez dijo que el oficial de la Marina, Evelio Méndez Gómez se sacó «la rifa del tigre» por su designación como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero.

Los funcionarios estatales y federales entregaron equipo a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), Servicio Médico Forense (Semefo) y al Registro Público Vehícular.

Entre el equipo que se entregó y que estaba en exhibición en el corredor del Repuve había cuatro motocicletas, televisores de plasma, vehículos y uniformes para el personal del Semefo.

Los trabajadores del Semefo se quejaron de la falta de material, vehículos y uniformes.

De acuerdo con Salgado Pineda, en todo este equipamiento que se entregó este lunes hubo una inversión de más de 19 millones de pesos.

Al final del acto se trató de entrevistar a la titular de la SESNSP a quien se le preguntó sobre el alza de la violencia en varios estados del país en los últimos días, pero la funcionaria se negó a contestar.

«Pronto se les va a informar», contestó Flores Carrales fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León en las elecciones del 2021 y ex alcaldesa del PRI en el municipio de Escobedo, en ese mismo estado.

La ex priísta para rehuir las preguntas de los reporteros buscó conversar con Salgado Pineda durante su trayecto hacia la salida de las oficinas.

A un lado de la gobernadora y de Flores Carrales iba María de Jesús Pineda, madre de Evelyn.

Este lunes, a diferencia del pasado jueves 11, Salgado Pineda si contestó las preguntas de los reporteros pero solo a ocho de ellos.

Félix Salgado Macedonio, el senador y padre de la gobernadora no acudió al evento.

El último día que estuvieron padre e hija encabezando un evento fue el pasado jueves 11 cuando Félix frente a Evelyn y demás secretarios de despacho regañó a un funcionario porque según él, acudió con él para quejarse de que el secretario de Finanzas, Raymundo Segura, no le quería dar 260 mil pesos para reparar su camioneta Jeep.

En contestación a una pregunta que hizo un reportero de que se investigara a funcionarios o si los va a relevar del cargo, Salgado Pineda aseguró que si habrá cambios de secretarios.

«Aquí debemos de estar como un relojito y aquel secretario que no funcione tendrá que irse porque aquí es el pueblo el que evalúa nuestro desempeño», afirmó la gobernadora a la pregunta del reportero y columnista Jorge Valdez Reycén.

 

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Llegan otros 500 soldados de la Guardia Nacional a Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilapancingo 

 

Ante el aumento de la violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero, donde autoridades insisten en la presencia de dos grupos delictivos, llegaron a Chilpancingo 500 soldados de la Guardia Nacional.

Los elementos arribaron alrededor de las cuatro de la tarde de este sábado a las instalaciones de la 35 Zona Militar.

En poco más de un mes este el segundo operativo de fuerzas de seguridad federal que se pone en marcha en la zona Centro de Guerrero. Apenas el pasado 5 de julio llegaron a esta capital 300 elementos de la Guardia Nacional.

En los últimos tres meses la violencia en varios municipios que comprende esta región, como Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla, Quechultenango y Leonardo Bravo, la violencia sigue en aumento.

Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguran que en esta zona funcionan las organizaciones criminales de Los Tlacos y Los Ardillos y que son las generadoras de la violencia. Pero no mencionan que ambos grupos tienen también el control político de estos lugares.

En Chilpancingo la inacción de las autoridades estatales y municipales para frenar la inseguridad es criticada por los organismos empresariales.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha justificado su inoperancia para contener la ola de violencia con el argumento de que el municipio cuenta con tan sólo una plantilla de 112 policías preventivos. Chilpancingo tiene una población de más de 300,000 habitantes.

Hermano de desaparecido hace 16 años acusa a Fiscalía de perder expediente

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Nicolás Remigio Rojas, quien desde hace 16 años exige a las autoridades la localización de su hermano desaparecido en Chilpancingo, denunció que ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) le informó que el expediente del caso se extravió.

Rogelio desapareció el 19 de octubre del 2006. El último día que su hermano Nicolás tuvo contacto con él le dijo que iba a Mazatlán, ubicado a 15 minutos de Chilpancingo, a un asunto de trabajo, pero desde ese día perdió contacto con él.

En los días posteriores Nicolás le marcó por teléfono varias veces a su hermano, pero nunca le respondió; después una mujer, compañera de él, le contestó y le dijo que Nicolás dejó su celular y que sólo se llevó la motoneta.

Entonces presentó la denuncia por la desaparición de su hermano ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.

Según contó Nicolás entregó “información valiosa” para facilitarle el trabajo a la Agencia del Ministerio Público y la investigación y localización de su hermano avanzara, pero no hubo avances.

En el 2007 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el 2008 el organismo emitió una recomendación a las autoridades, pero todo siguió igual, el caso siguió estancado.

En el 2009, a petición de Nicolás, la Agencia del Ministerio Público remitió la averiguación previa a la Agencia de Delitos Graves de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), para que continuaran en esa instancia la investigación.

Allí, el hermano del desaparecido se topó con la misma omisión, no hubo avances, entonces comenzó a solicitar copias del expediente de la averiguación previa, pero no se las facilitaron.

Contó que, desilusionado, en el 2012 dejó de darle seguimiento al caso; “me sentía cansado, me traían en la misma situación y solamente iba a preguntar, de vez en cuando, si había algún avance, pero la respuesta era la misma: que estaban haciendo lo conducente”, pero en los hechos, dijo, todo seguía igual.

A partir del 2016 volvió a estar más al pendiente del caso; acudía con regularidad a la Agencia de Delitos Graves a pedir informes.

De pronto, un día, le dijeron que no tenían antecedentes de la averiguación previa, que debía estar en la Agencia del Ministerio Público, donde se radicó la denuncia.

Se justificaron que las investigaciones no avanzaban porque no tenían el expediente, que ni si quiera contaban con el número del registro, “seguramente porque ya habían pasado muchos titulares”, le argumentaron.

Entonces, Nicolás Remigio regresó a la Agencia del Ministerio Público para que le confirmaran si habían radicado el expediente a la Agencia de Delitos Graves y le respondieron que sí.

El hermano del desaparecido aceptó que está seguro que la Agencia del Ministerio Público envió la averiguación previa a Delitos Graves, y solicitó cuando menos el número de registro para mostrarle al titular de Delitos Graves que sí le habían enviado el expediente.

Sin embargo en el Ministerio Público le respondieron que ya no tenían el acuse de recibido, aunque le explicaron debía estar en el libro de gobierno.

Para documentar el trámite Nicolás después solicitó por escrito tanto el Ministerio Público como a Delitos Graves copias del expediente y un informe del estado procesal de la averiguación, en razón de que ya había transcurrido mucho tiempo.

El titular de Delitos Graves respondió que no era posible atender su petición porque no tenía antecedentes de la averiguación y el de la Agencia del Ministerio Público reiteró que la envió a Delitos Graves.

Derivado de ambas respuestas, el hermano del desaparecido promovió un amparo en octubre del 2021 por omisión a su solicitud y para que se obligara a los dos titulares a entregarle el expediente pero la respuesta a la autoridad federal fue la misma que le dieron a él.

Con base a esa respuesta la autoridad federal resolvió que “no ha lugar a concederle el amparo al quejoso Nicolás Remigio Rojas, debido a que no existe el acto reclamado”.

Casi 16 años después, Nicolás reprochó: “cómo es posible, en el expediente está toda la información con datos confidenciales que yo les proporcioné, eso no puede estar pasando”.

Recientemente, con el acompañamiento de David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, solicitaron una audiencia con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón pero sólo los recibió el vicefiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa.

Le reclamó a Celaya Gamboa que no puede ser posible que después de mucho tiempo le salgan con que se perdió el expediente con toda la información que les proporcionó y de su hermano siga sin tener indicios de su paradero.

Celaya Gamboa le prometió que van a instalar una mesa de trabajo para revisar el asunto, pero denunció que no se ha realizado a pesar de que el funcionario le aseguró que sería “lo más pronto posible” y le prometió que participarían peritos “para ver cómo se tiene que reiniciar a trabajar”.

Durante el seguimiento del caso de su hermano, Nicolás se enteró que a pesar de que en la región Centro es donde más se denuncian las desapariciones, los ministerios públicos sólo reciben las denuncias pero no realizan las investigaciones.

Dijo que tiene datos que indican que desde el 2006 cuando desapareció su hermano, se han consignado con detenidos sólo dos casos pero que “se les cayeron los asuntos al Ministerio Público por falta de pruebas”.

De tal forma que, aseguró, actualmente no hay un solo sentenciado por desaparición de personas.

 

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«Solo hay 112 policías», dice la alcaldesa sobre la violencia en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

«Solo contamos con 112 policías municipales», dijo la alcaldesa de esta capital Norma Otilia Hernández Martínez al hablar sobre la ola de violencia que existe en esta capital y que este lunes registro el asesinato de un adolescente.

La edil que fue entrevistada en el zócalo después de haber participado en el acto para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, afirmó que un grupo de 56 agentes municipales trabaja 24 horas y otro de 56 las otras 24 horas.

En relación el adolescente que este lunes en la mañana fue asesinado a balazos, Hernández Martínez, dijo que a la Fiscalía General del Estado (FGE) le corresponde realizar las investigaciones.

¿Pero y las medidas preventivas, para evitar los delitos, qué hace su gobierno?

«No, pues tenemos 112 policías, pero tenemos una colaboración con los gobiernos federal y estatal para las tareas de seguridad», contestó.

La alcaldesa fue abordada por los reporteros horas después que en la lateral sur-norte del boulevard Vicente Guerrero, fue asesinado a tiros un menor cuando conducía una camioneta color rojo.

El menor de 16 años identificado con el nombre de Eduardo «N», murió en el lugar ubicado a 300 metros de la Central de Autobuses en donde usualmente hay elementos de la Policía Estatal y a veces de la Guardia Nacional.

La víctima manejaba una camioneta Nissan de plataforma, la cual quedó a mitad de la vía.

El hecho se registró cerca de las instalaciones de la Central de Autobuses.

Versiones de la gente que caminaba por la zona es de que se escucharon varios disparos de arma de fuego.

El asesinato ocurrió cerca de las siete de la mañana pero el personal de la Fiscalía General del Estado ( FGE) y del Servicio Médico Forense ( Semefo) llegaron casi dos horas después para realizar las diligencias.

Vendedores del Mercado Central Baltasar R. Leyva Mancilla dijeron que el adolescente ayudaba a su familia a distribuir el pollo en diferentes establecimientos de Chilpancingo.

Una pollería que es propiedad de esta familia está ubicada en la colonia Emiliano Zapata.

Con el adolescente asesinado suman nueve homicidios en Chilpancingo relacionados con la venta de pollos.

Entre el 6 y 11 de junio se registró en la ciudad una ola de violencia que cobró la vida de personas relacionados con estas ventas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aún no informa de avances en las investigaciones.

 

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Texto y fotografía: Amapola Periodismo 

Chilpancingo

 

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos la mañana de hoy lunes cuando conducía una camioneta sobre la lateral norte-sur del boulevard Vicente Guerrero, al norte de esta capital.

El asesinato del adolescente se suma a los homicidios de otras ocho personas dedicadas al negocio de la venta de pollo, ocurridos a principios de junio pasado.

El adolescente se dedicaba a distribuir pollo; fue identificado con el nombre de Eduardo “N”.

La víctima manejaba una camioneta Nissan de plataforma, la cual quedó a mitad de la vía.

El hecho se registró cerca de las instalaciones de la Central de Autobuses.

Versiones de la gente que caminaba por la zona indican que escucharon varios disparos de arma de fuego.

El asesinato ocurrió cerca de las siete de la mañana pero el personal de la Fiscalía General del Estado ( FGE) y del Servicio Médico Forense ( Semefo) llegaron casi dos horas después para realizar las diligencias.

En junio pasado se desató una ola de violencia cuyo blanco fueron personas dedicadas a la venta de pollo en esta ciudad.

La situación generó el cierre de pollerías en el mercado central y varios otros puntos de venta.

Todo comenzó con el asesinato del distribuidor de pollos Tomas Ramírez, quien fue asesinado el 6 de junio cuando distribuía su mercancía en el mercado central.

A los tres días, el jueves 9 de junio, a medio día, otro hombre fue asesinado en el estacionamiento del mercado y, posteriormente, el sábado 11 de junio, hombres armados irrumpieron en una granja, ubicada en la comunidad de Petaquillas, y asesinaron a seis personas.

Las autoridades no tienen avances en sus investigaciones sobre los crímenes ocurridos en junio.

 

 

 

 

Refuerzan operaciones de seguridad después del asesinato de seis hombres

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Después del asesinato de seis personas en el municipio de Quechultenango, en la zona Centro de la entidad, la Guardia Nacional desplegó un operativo de seguridad en la carretera federal Chilpancingo – Acapulco.

En el convoy de la Guardia Nacional se observó un camión blindado y fuertemente armado con los emblemas de la corporación.

El operativo de seguridad en la carretera federal será con dirección al poblado del Ocotito, lugar donde en los últimos meses ocurrieron enfrentamientos entre civiles armados e integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG).

Dicha carretera, a la altura del poblado de Petaquillas, es la entrada a los municipios de Mochitlán y Quechultenango, lugar donde opera el grupo delictivo.

En Quechultenango, el pasado viernes, seis hombres fueron asesinados a balazos y dos de ellos decapitados, al parecer murieron durante un enfrentamiento contra un grupo de civiles armados.

Los cadáveres fueron hallados en la carretera de terracería Tolixtlahuaca – Tejerias, en el municipio de Quechultenango.

El pasado 5 de julio 300 elementos de la Guardia Nacional llegaron a Chilpancingo para reforzar la seguridad.

Bajo el programa de Tarea Conjunta México, los 300 elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en Chilpancingo para intentar frenar los índices delictivos en la capital y municipios vecinos.

Durante los primeros días de agosto se reportaron diversos hechos de violencia en la capital y sus alrededores.

El 4 de agosto fue asesinado un chofer del transporte público en Chilpancingo, y el 5 un campesino fue asesinado en sus tierras de labor en el municipio de Mochitlán, a 20 minutos de la capital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallan a seis hombres asesinados en Quechultenango

Texto y fotografía: Amapola periodismo

Chilpancingo

 

Seis hombres que al parecer murieron a balazos durante un enfrentamiento contra un grupo armado fueron hallados en la carretera de terracería Tolixtlahuaca – Tejerias, en el municipio de Quechultenango.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el lugar donde hallaron los cadáveres había casquillos de fusiles AR_ 15 y Ak_ 47 y una camioneta blanca incendiada.

Quechultenango se ubica a 50 kilómetros de distancia de Chilpancingo. Es el bastión del grupo del crimen organizado de Los Ardillos que dirigen los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez y quienes tienen en su contra varias órdenes de aprehensión, según el colectivo de desaparecidos y asesinados Siempre Vivos que dirige el profesor José Navarro.

Exigen justicia por asesinato de hijo del catedrático jubilado de la Uagro, Serafín Núñez

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

Chilpancingo

 

El joven Alvar Núñez Sánchez, de 23 años, asesinado este miércoles en un billar de Chilpancingo era egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y sobrino del fallecido ex líder estatal de Morena, César Núñez Ramos.

Núñez Sánchez es hijo del catedrático jubilado de la Uagro, Serafín Núñez Ramos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las siete de la noche de este miércoles en un billar ubicado en la calle Omiltemi de la colonia Vicente Guerrero, cerca del centro de la capital.

De acuerdo con el reporte, dos civiles armados ingresaron al billar con razón social Agus y uno de ellos disparó en cinco ocasiones contra Alvar frente a las demás personas.

Los agresores llegaron al billar a bordo de una motocicleta misma en la que se retiraron.

Al momento de la agresión Alvar era acompañado de otro muchacho de origen español, con quien desde hace varios días grababa y producia videos de historia, gastronomía y cultura de Guerrero que subían a la plataforma digital YouTube.

Personas cercanas al joven creen que el contenido de sus videos podría ser el móvil de su crimen.

Este mismo miércoles, horas antes de que Núñez fuera asesinado, se le vio acompañado con su amigos español en un recorrido por los pasillos del Museo de la Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ubicado en el centro de Chilpancingo.

La Facultad de Filosofía y Letras emitió una esquela en la que lamenta el asesinato de Alvar, egresado de la Licenciatura en Historia, además de dar el pésame al maestro jubilado de esa misma institución.

La catedrática de la la Facultad de Filosofía y Letras, Silvia Alemán Mundo, expresó su indignación por este crimen y exigió justicia.

«Mi más sentido pésame a mi maestro en Historia Serafín Núñez Ramos y familia porque le arrebataron la vida a su amado hijo, al joven Alvar Núñez Sánchez, quien fue un estudiante comprometido con su tiempo y su generación», escribió Alemán Mundo en su cuenta de facebook.

 

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayutla

 

Más de 20 familias desplazadas por la violencia que desde hace una década viven en dos comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y que han pedido tierras para sembrar, construir sus viviendas, y servicios de salud, educación y agua rechazaron las dádivas que les envió este jueves el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Varios carros con tinacos, tablas de madera, láminas galvanizadas y bultos de cemento, los regresaron a Chilpancingo.

Desde hace una década, familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, se desplazaron a esta zona de la Costa Chica después de que un grupo armado asesinó a la líder ecologista Juventina Villa y a su hijo, de 10 años, Rey Santana, el 28 de noviembre del 2012.

En la comunidad de Tepango se instalaron unas familias y en La Unión, que hoy se llama La Libertad, otro grupo. En total, son 50 personas que viven en esta zona en condiciones precarias.

Las familias dijeron que desde hace diez años solicitan a las autoridades la compra de unos terrenos para sembrar y construir sus viviendas, acceso a la salud y educación.

“Nos están enviando 50 tablas de madera, 10 bultos de cemento y láminas galvanizadas que no alcanzan para construir una casa además en qué lugar las podemos hacer si no tenemos terreno” dijo uno de los desplazados que vive en Tepango.

“Aquí necesitamos construir cuando menos siete viviendas ¿pero a poco nos va alcanzar con 50 tablas de madera, varias láminas y diez bultos de cemento?” dijo esta persona.

Una funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno explicó a las familias desplazadas que el gobierno del estado les va a dar más apoyo y que eso solo es el comienzo de otras ayudas.

Uno de los desplazados le dijo a la enviada del gobierno que ellos tienen su propio pliego de demandas de nueve puntos que ya conoce la gobernadora Evelyn Salgado.

“Estamos hablando que nos den tierras para sembrar y construir nuestras viviendas, agua, educación para nuestros hijos, acceso a la salud, la libertad de dos presos políticos y la cancelación de órdenes de aprehensión que hay en contra de 16 de nosotros”, expresó el desplazado.

Desde hace cinco años, Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz, dos de los desplazados están presos en el penal de Ayutla de los Libres acusados por el delito de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, padre del ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado a balazos por integrantes de un grupo criminal en mayo del 2018, cuando era candidato a diputado local.

Mariana Díaz, una de las desplazadas que vive en La Unión, afirmó que durante el 2011 y 2012 cuando todavía vivían en La Laguna, 27 habitantes de esta comunidad fueron asesinados.

Asegura que aunque están a cientos de kilómetros de su comunidad de La Laguna aún sufren persecución e, incluso, enfrentaron un ataque a balazos en el 2013.

En el 2014 entró en vigor la Ley 487 para el Desplazamiento Interno en Guerrero que establece darles el apoyo a las familias desplazadas.

Hoguer Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), quien da acompañamiento a las familias desplazadas de La Laguna, denunció que para el gobierno del estado la Ley 487 es letra muerta porque no la cumple.

Contó que hasta el momento el gobierno estatal morenista sigue sin darles el apoyo mensual de mil 700 pesos a cada una de estas familias y una despensa.

La anterior administración estatal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo del Estado de Guerrero (Sagadegro) entregó recursos para un proyecto productivo a las familias a fondo perdido pero ahora las autoridades lo quieren cobrar con un monto de un millón y medio de pesos, dijo.

Durante la visita a los campamentos donde viven las víctimas de la violencia dijeron que ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque se mantienen las condiciones de inseguridad y violencia por las que se salieron.

La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, pertenece al ejido Guajes de Ayala.

“Nosotros allá teníamos todo, tierras para sembrar, nuestras vaquitas, mucha agua y sobre todo respirar la naturaleza”, dice uno de los desplazados.

Hace diez años estas familias dejaron todo en su comunidad, tierras, ganado y sus casas.

“Ya no podemos regresar y el gobierno lo sabe y a pesar de eso desde hace diez años nos niega el apoyo”, indica.

Este lunes en la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos prioritarios a personas desplazadas.

Durante el acto, Salgado dijo que el apoyo a estos grupos consiste en darles láminas galvanizadas, tablas, bultos de cemento, tinacos, mangueras, despensas y proyectos productivos con una inversión de 4 millones 311 mil 90 pesos.

En el evento se reconoció que en Guerrero hay 11 grupos de personas desplazadas, que representan 479 familias y un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.

“A nosotros no nos invitaron a ese acto en el que estuvo la gobernadora aunque después me habló un funcionario que luego viene aquí a vernos y me dijo que nos iban a traer unas cositas”, afirmó la señora Mariana Díaz.

Los campamentos, uno llamado Tepango y el otro La Unión o Libertad, están casi a la orilla de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.

“Nosotros allá en la Sierra estábamos con mucho frío y aquí mucho calor pero tuvimos que acostumbrarnos para sobrevivir”, afirmó uno de los desplazados.

 

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Hombres armados asesinan a tiros a un joven en billar de Chilpancingo

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Un joven fue asesinado a balazos por hombres armados en un billar ubicado en la calle Omiltemi, en la colonia Guerrero, aquí en la capital del estado.

El joven identificado con el nombre de Roberto estaba acompañado por otra persona cuando fue agredido a tiros.

Eran alrededor de las siete de la noche cuando dos individuos ingresaron al billar con razón social Agus y dispararon contra Roberto frente a las demás personas.

Los dos agresores llegaron al billar a bordo de una motocicleta.

El joven recibió un balazo en la cabeza y otros más en distintas partes del cuerpo.

El cadáver del joven quedó tirado en el piso cerca de una mesa de billar.

La víctima vestía playera negra, pantalón azul y tenis negros con una franja blanca.

En este billar ubicado a unas cuadras del centro de Chilpancingo se han registrado otros hechos de violencia.

El 30 de octubre del 2019, hombres armados entraron a este mismo billar y asesinaron a balazos a un hombre de 60 años.

Otro joven fue asesinado a balazos en ese billar el 30 de enero del 2018 por hombres armados.

A pesar de que en este negocio se han cometido crímenes y se han registrado riñas, las autoridades municipales de Chilpancingo no lo clausuran.

Acapulco ocupa el quinto lugar más violento del país a pesar de despliegue de fuerzas de seguridad

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

 

Acapulco está hoy en el quinto lugar de las 50 ciudades más violentas del país, aunque en los últimos diez meses las autoridades implementaron operaciones con fuerzas federales y estatales para vigilar las calles.

En el primer semestre de este 2022, Acapulco sumó 213 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los diez meses que lleva gobernando el municipio de Acapulco la morenista, Abelina López Rodríguez, renunció el capitán de la Marina, Maximiliano Serrano Pérez en la Secretaría de Seguridad Pública.

Dos escándalos fueron parte del motivo de la destitución de Serrano Pérez: el caso de dos marinos incorporados a esta corporación y que desaparecieron cuando al parecer fueron asignados como escoltas del senador morenista José Narro Céspedes.

En un acto público, la alcaldesa López Rodríguez regañó a Serrano Pérez por permitir que agentes viales extorsionaran a la ciudadanía y a funcionarios públicos.

Antes de que López Rodríguez llegara a ocupar la alcaldía, Acapulco estaba en el lugar 10 de las 50 ciudades más violentas de México.

Actualmente, este puerto turístico figura en el quinto.

No solamente asesinatos se registran en las calles de este puerto, también extorsiones a comerciantes y a empresarios, transportistas y a prestadores de servicios en las playas.

En las mismas playas más famosas de Acapulco como Caleta, Caletilla y Manzanillo y frente a turistas, hombres armados han asesinado a prestadores de servicios.

Colectivos de desaparecidos y asesinados de este destino turístico aseguran que desde el 2006, las desapariciones de personas no han parado.

El empresario y ex líder de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel González, dijo que la violencia en este puerto no es nueva sino que viene de años atrás y pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que busquen restaurar la seguridad y justicia reconstruyendo el tejido social.

«Desde hace más de diez meses las extorsiones, cuando menos en el sector hotelero, han disminuido», aseguró el empresario hotelero en entrevista telefónica.

Sin embargo mencionó que existen denuncias de que a otros sectores económicos de Acapulco, son víctimas de la extorsión por parte de la delincuencia.

Dice que a pesar de la violencia y del caso más reciente como fue el asesinato del empresario y presidente de la Asociación de Bares y Discotecas Jesús Rivera Rojas, la afluencia turística en Acapulco ha crecido.

«Lo he dicho, todo tipo de violencia es inadmisible porque nos lastima profundamente como sociedad», expresó.
En este 2022, ya van dos empresarios asesinados en Acapulco.

Roberto Morales Silva, un empresario dueño de varias farmacias, fue privado de la libertad por varios hombres armados el 8 de enero, en el patio de su vivienda ubicada en el libramiento que comunica a Bajos del Ejido, en la zona rural de Acapulco, en los límites del municipio de Coyuca de Benítez.

El día 9 de enero, el empresario fue hallado muerto a balazos en el punto conocido como Paso Texca.

Asesinan a dirigente de bares y discotecas

El presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de la avenida costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, habría sido secuestrado hace cuatro años por un grupo de hombres armados y lo dejaron en libertad al convenir los pagos de su rescate en abonos en miles de pesos.

Rivera Rojas, asesinado a balazos por hombres armados este domingo en la madrugada, cuando se subía a su automóvil en la avenida costera Miguel Alemán, era dueño del bar Tóxicas y de otros antros.

Empresarios que conocían a Rivera Rojas cuentan que era un hombre de carácter fuerte y cuando había reuniones con funcionarios para exigir algunas demandas de su sector como de seguridad, eran fuertes sus reclamos.

Apenas la semana pasada, Rivera hizo un reclamo a las autoridades municipales de Acapulco por los altos cobros de licencias a los establecimientos de todos los giros comerciales.

Acusó de «extorsionadores» a los funcionarios del ayuntamiento que se encargan de realizar ese tipo de cobros y de la colocación de espectaculares.

En este año hubo ataques a bares de Acapulco y está el caso del bar Andrómedas, en donde el pasado 28 de mayo, un grupo armado ingresó a este negocio y asesinaron a uno y dos resultaron heridos.

Otro ataque se registró el 25 de abril de este mismo año contra el antro Bar Jager Club en donde hubo dos personas asesinadas a tiros y otro más quedó herido.

La madrugada del 30 de septiembre del 2021, horas antes de que López Rodríguez asumiera el cargo a la alcaldía, varios individuos se introdujeron a la discoteca Baby, O y la incendiaron.

 

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