Van tres meses de violencia en calles de Chilpancingo y ninguna autoridad la frena

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

31 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

La violencia Chilpancingo se ha desatado en los últimos tres meses en Chilpancingo, y queda expuesta en los asesinatos y en la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno que no han tomado medidas para detenerlo.

La mañana de este viernes en la avenida Benito Juárez, un ex policía municipal de esta capital que iba acompañado de su esposa y tres hijos en un automóvil Chevrolet Cavalier color gris fue asesinado a balazos ante muchos testigos que caminaban por esta vía o iban en sus autos.

Este hecho ocurrió a las 8:45 horas a una cuadra del Ayuntamiento municipal y frente al edificio Vicente Guerrero que alberga oficinas del gobierno del estado.

Pero este no es el único hecho de violencia que se ha registrado en el primer cuadro de Chilpancingo.

El pasado 14 de marzo dos personas fueron asesinadas dentro del billar El Verde, ubicado en la calle Valerio Trujano, a escasos 30 metros del Ayuntamiento.

En dicho crimen, de acuerdo con los reportes policiales, un hombre armado llegó al billar y disparó contra dos hombres que estaban en lugar.

Las autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas como Emmanuel N de 45 años y Christopher N de 21 años, quienes fallecieron posteriormente.

Otro asesinato en el primer cuadro de esta capital fue el pasado 24 de febrero, en la avenida Guerrero, cuando un individuo armado entró a una tienda de venta y renta de teléfonos celulares y disparó contra el dueño del establecimiento, quien posteriormente murió cuando era atendido en el Hospital General Raymundo Absrca Alarcón, ubicado al norte de esta ciudad.

La madrugada del 20 de febrero, individuos armados incendiaron 13 locales del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla y ese mismo día, casi de manera sincronizada, otro grupo de personas le prendieron fuego a una marisquería, donde murió calcinado el velador de este negocio ubicado al norte de esta ciudad.

Una de las versiones que dieron a conocer los familiares de las víctimas es que integrantes de un grupo del crimen organizado los quería extorsionar y debido a que se negaron actuaron contra ellos.

En esta temporada de violencia en las calles de esta ciudad los últimos tres meses han asesinado a tiros dos trabajadores de combis de transporte público y a un taxista.

Para la alcaldesa morenista, Norma Otilia Hernández Martínez, es la Fiscalía General del Estado (FGE) la que se encarga de realizar las investigaciones sobre los hechos de violencia; rehuyó decir qué tipo de medidas de prevención ha tomado su gobierno para frenar las acciones delictivas.

«Tenemos pocos policías municipales y con esos no podemos», dijo la edil.

Reconoció que en cuando menos cuatro billares ubicados en el primer cuadro de la ciudad, donde han ocurrido tiroteos y asesinatos, se convirtieron en un foco de violencia. Dijo que ya les propuso a los dueños de estos establecimientos su reubicación.

«Estamos dialogando con ellos (los dueños de los billares) para que se reubiquen y en caso de que no quieran les vamos a cancelar su permiso o licencia», advirtió la alcaldesa en entrevista.

Sobre el tema de reducir la violencia en Chilpancingo, Hernández Martínez mencionó que su gobierno cumple con su parte en el tema de la prevención del delito, pero es la FGE la encargada de investigar y resolver los casos.

«Muchas veces quieren tergiversar la información y culpar al Ayuntamiento, pero es la FGE la encargada de resolver y hacer el procedimiento de muchos de estos casos», mencionó Hernández Martínez.

El informe de febrero de este año que presentó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ubica a Chilpancingo, la capital del estado de Gurrero, dentro de las 50 ciudades del país como las más inseguras. También en este ranking está Acapulco.

Familiares de una de las víctimas asesinadas a balazos en el centro de Chilpancingo se abrazan en la escena del crimen.

 

Protestan en oficinas de Migración en Acapulco para exigir la destitución del titular

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Cromática Agencia Fotografíca y Multimedia 

Chilpancingo 

 

Militantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en Acapulco, para exigir la destitución de su director Francisco Garduño Yáñez.

Durante la protesta en la que estuvo el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, los manifestantes acusaron a Garduño Yáñez de ser el responsable de la muerte de los 39 migrantes durante un incendio en un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, este lunes 27 de marzo.

“Fue un crimen de Estado”, “Justicia, castigo a los responsables”, “Las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles”, se leía en las pancartas que los inconformes pegaron en las paredes de estas oficinas ubicadas en el Fraccionamiento Costa Azul de Acapulco.

Exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la repatriación inmediata de los cadáveres de los migrantes e investigación pronfunda para castigar a todos los responsables del incendio.

“No es justo que solamente se esté castigando a funcionarios de menor rango en el Instituto exigimos que se detenga todos”, dijo el sacerdote Velázquez Florencio, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

“El Instituto Nacional de Migración utiliza con diferentes nombres estas estaciones migratorias, pero finalmente su funcionamiento es el mismo que es privar de la libertad a las personas, las encierran con candados y les quitan su movilidad”, dijo en el mitin el sacerdote.

También denunció que en su centro de atención tenía en calidad de refugiado a un migrante enfermo, a quien el INM se negó atender pese a necesitar ayuda médica.

“Esta persona es un migrante inglés que no puede hacer nada, está en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo”, sostuvo el cura.

Velázquez Florencio acusó al INM ppr su falta de humanismo con los migrantes centroamericanos.

“Nos quejamos de que en Estados Unidos tratan mal a nuestros migrantes mexicanos y aquí en nuestro país hacemos lo mismo con la gente de Centroamérica que viene de paso”, agregó.

Antes de que terminara el mitin, los normalistas gritaron consignas para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaparecen dos mujeres en caminos rurales de San Luis Acatlán en circunstancias similares

Bloquean carretera federal para exigir la búsqueda de una de ellas


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Frame del Video del Diario El Faro de la Costa Chica

Chilpancingo

 

Pobladores de Cuanacaxtitlán bloquearon la carretera hacia San Luis Acatlán para exigir a las autoridades la búsqueda de Maricruz García Margarito, secuestrada por hombres armados la noche de pasado lunes.

Al mediodía de este miércoles unos 80 pobladores, entre familiares, amigos y vecinos de Maricruz, llegaron al punto conocido como el El Arco, en la entrada al municipio de San Luis Acatlán, para impidir el acceso a los automóviles.

Ahí, con cartulinas, exigieron a las autoridades buscar inmediatamente a Maricruz, quien desapareció el pasado lunes.

Existen dos versiones de cómo ocurrió la desaparición de Maricruz que han difundido en redes sociales.

Una es que la joven regresaba de su trabajo, en una casa de empeño en San Luis Acatlán, alrededor de las 23:30 horas. Viajaba en un taxi colectivo rumbo a Cuanaxtitlán, de donde es originaria, y en la comunidad de Yoloxóchitl, civiles armados la bajaron por la fuerza y la subieron a un automovil Tsuru blanco.

La otra versión es que Maricruz iba en una camioneta ganadera color roja, cuando en Yoloxóchitl un Tsuru blanco se le atravesó en el camino, la bajaron y la subieron por la fuerza al Tsuru blanco.

Aspectos del bloqueo de pobladores de Cuanacaxtitlán en la entrada de San Luis Acatlán. Imagen recuperada de la transmisión en vivo del Diario El Faro de la Costa Chica.

Según medios de comunicación locales, el Tsuru en el que se habrían llevado a Maricruz fue abandonado en Yoloxóchitl; lo hallaron a la medianoche.

En el bloqueo, los manifestantes exigen que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército asuma las labores de búsqueda por la manera en que fue desaparecida.

Ninguna de la dos versiones la han confirmado las autoridades. Tampoco hay ficha del Protocolo Violeta para su búsqueda inmediata.

Su fotografía y la noticia de su desaparición fue difundida por familiares y amigos en redes sociales.

Hasta el momento ninguna autoridad tampoco se ha acercado a los manifestantes.

Además del caso de Maricruz, hoy se activó la Alerta Violeta por la desaparición de otra mujer también originaria de Cuanacaxtitlán, pueblo na savi de San Luis Acatlán.

Se trata de Nancy Salazar Castillo de 27 años, quien está como no localizada desde el 27 de marzo.

“Solicitamos el apoyo del comisario de Yoloxochitl, ing. Eduardo Guadalupe Ediviges, para que dé aviso a la comunidad, ya que muchos desconocen que mi prima esté desaparecida para así desplegar la búsqueda en la comunidad de Cuanaxtitlán, donde un grupo de hombres armados se la llevaron. Por favor, pueblo de Yoloxóchitl, queremos justicia por Nancy Salazar Castillo”, escribió en Facebook quien se identificó como prima de la víctima.

Nancy está desaparecida desde el 27 de marzo, pero su ficha de búsqueda comenzó a circular hoy.

Por la información proporcionada en redes sociales, ambas mujeres fueron secuestradas por un grupo de civiles armados. Las dos desparecieron el mismo día en circunstancias similares.

 

«Hemos dejado de sembrar amapola pero los programas no llegan», dice un poblador de la Sierra

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Un grupo de 40 efectivos del Ejército y 13 de la Policía Estatal cumplieron más de 30 horas retenidos por habitantes y comisarios de 40 comunidades de la Sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.

Los manifestantes que exigen obras sociales; tienen rodeado el cuartel ubicado en la comunidad Puerto Gallo, que pertenece a Heliodoro Castillo.

Un comisario lamentó que aun cuando la gente ha dejado de cultivar amapola o mariguana en la Sierra no les llega el programa Sembrado Vida que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

«Hay pueblos (de la Sierra) con 300 habitantes a los que sólo se les ha otorgado ese beneficio (Sembrado Vida) a un 50 por ciento, por eso hay mucha pobreza», dijo la autoridad municipal que pidió se omitiera su nombre por seguridad.

Este lunes 27 de marzo a las diez de la mañana cientos de campesinos, encabezados por los comisarios de 40 pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, cerraron los accesos del cuartel en donde tienen retenidos a los elementos del Ejército y Policía Estatal.

El cuartel está ubicado en la comunidad de Puerto Gallo, zona que conecta a la Tierra Caliente y a la Sierra de región Centro del estado.

Durante la tarde de este martes llegó una comisión de funcionarios del gobierno del estado encabezada por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.

Una de las principales demandas que plantean los pobladores es la pavimentación de 100 kilómetros de caminos que unirán a las 40 comunidades de los dos municipios.

«Hace un año les planteamos esta misma petición a las autoridades del gobierno del estado pero no cumplieron ninguna», dijo uno de los comisarios entrevistado vía telefónica.

Mencionó que por la falta de caminos en buen estado la gente no puede realizar varias actividades ni acceder a servicios, por ejemplo, llegar con prontitud a una localidad con hospital o centro de salud.

«Una persona que vive en una comunidad tiene que surtir su despensa en Atoyac de Álvarez tiene que recorrer cinco o seis horas en caminos de terracería para llegar», contó.

Las autoridades de las comunidades pidieron que los servisores públicos del gobierno estatal, en particular, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudan a la Sierra a contastar sus condiciones.

«Queremos que venga aquí (Salgado Pineda) y que por lo menos que la gente la conozca en vivo, no en trasmisiones que ella hace a través de su Facebook», dijo un comisario.

Otro de los comisarios comentó que se enteraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco y pidió que, ojalá, la próxima vez que visite Guerrero acuda a la Sierra.

López Obrador estuvo hoy en Acapulco en una reunión de evaluación de los programas sociales de su gobierno que se distribuyen en Guerrero.

En entrevista con los reporteros en ese lugar, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rechazó que los soldados y policías estatales estén retenidos.

«Se está dialogando con la gente (campesinos y comisarios) y hay funcionarios allá y pronto iré a Tierra Caliente, a San Miguel Totolapan», comentó

El presidente López Obrador anunció su visita a Tierra Caliente y Costa Grande.

Hasta las ocho y media de la noche de este martes los pobladores de la Sierra seguían con la protesta en Puerto Gallo.

Protestan en Iguala para exigir búsqueda de servidor de la nación secuestrado en Taxco hace un mes

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Un grupo de personas protestaron afuera de las oficinas de la delegación de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, en Iguala, para exigir el inicio de la búsqueda del servidor de la nación Miguel Huerta Torres, quien fue privado de su libertad por personas armadas en la comunidad de Temaxcalapa, municipio de Taxco, el pasado 28 de febrero.

«Hoy se cumple un mes de que nuestro amigo Miguel fue privado de su libertad y hasta el momento ninguna autoridad lo está buscando» dijo una de las personas que participó en el plantón frente a las oficinas de gobierno.

Los manifestantes llegaron a las nueve de la mañana a las instalaciones estatales y aun cuando su plan era ocupar estas oficinas, sólo protestaron para no afectar a los ciudadanos que acudían a algún trámite administrativo.

«La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya saben del caso pero no vemos que accione la Comisión nacional o estatal de Búsqueda en la zona donde se presume que está el compañero», dijo una mujer que por razones de seguridad pidió que se omitiera su nombre.

El 28 de febrero ocurría una asamblea en la Comisaría Municipal de Temaxcalapa, cuando un hombre y una mujer armados llegaron en un taxi.

Las dos personas armadas subieron por la fuerza al taxi a Huerta Torres, a una mujer y al hijo de ella. Horas más tarde, la mujer y su hijo regresaron a su casa en Temaxcalapa.

Denuncias publicadas en las redes sociales exponen que el responsable de la privación ilegal de Huerta Torres es el grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana. Las autoridades aún no lo confirman.

«Sabemos que hay muchas personas desaparecidas en las comunidades de Taxco y que incluso sus familiares ya están realizando su búsqueda porque el gobierno no les hace caso», dijo una de las amigas del servidor de la nación desaparecido.

Mencionó también que la delegación estatal del Bienestar es omisa en la exigencia de búsqueda y localización de su compañero, además de que no le entregan el salario de Huerta Torres a su esposa, aun cuando conocen la situación.

En un mensaje a nombre de la Unión de Comunidades de la Zona Norte de Guerrero exponen que hay autoridades cómplices de la Familia Michoacana, grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición del trabajador.

La organización que aglutina a ciudadanos de las comunidades de Paintla, Atzala, Puente Campuzano, San Juan Unión, Huahuzcla, Temaxcalapa, Zapoapa, Huixtac, Tecuiziapa, Totoapa, Icatepec, Cerro Gordo, Cacalotenando, Icatepec, Tecapulco, Taxco el Viejo, La Hacienda, La Presa, San Miguel y Ojo de Agua, la mayoría de Taxco, denunciaron que los taxistas de esa zona actúan como vigilantes del grupo criminal, sobre todo para guardar los nombres de los adultos mayores que reciben su pensión del gobierno federal para después extorsionarlos.

«La principal arma que tenemos en este momento es la denuncia; hay varios desaparecidos de manera forzada en nuestros pueblos y estamos exigiendo que deben de regresar con vida», se lee en el comunicado de la Unión de Comunidades de la Zona Norte de Guerrero.

En las imágenes se aprecian aspectos de la protesta de este martes en las oficinas de la delegación estatal de Finanzas en Iguala.

Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez

Los migrantes fallecidos se encontraban encerrados bajo llave en área de alojamiento temporal para personas del sexo masculino de estancia migratoria, reportaron fuentes consultadas; culpan de la tragedia a personal del INM, “son unos inhumanos“.


Texto: Rocío Gallegos y Gabriela Mijárez / LA VERDAD

Fotografía: Rey R. Jauregui

 

Un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó al menos 41 migrantes muertos y más de 20 lesionados, la noche de este lunes.

En el lugar, 37 hombres murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense. Otros cuatro fallecieron en un hospital donde recibían atención médica, durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas por La Verdad.

El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones del Instituto, ubicadas junto al puente internacional Lerdo-Stanton, frente a la Presidencia Municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos.

Peritos revisan los cuerpos de migrantes cubiertos con colchas térmicas de alumnio

En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del INM en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpian vidrios, venden dulces o piden dinero.

Alrededor de las 21:00 horas los migrantes se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed, se informó.

Las quejas subieron de tono hasta que presuntamente a las 21:30 horas prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperaban que les abrieran la puerta, pero se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con datos preliminares de las investigaciones.

“La culpa la tiene migración, esto que está pasando es culpa de ellos”, dijo Vianey Infante, una migrante venezolana, quien esperaba la liberación de su esposo en el exterior de la estación migratoria cuando se desató el incendio.

La mujer contó que acudió al INM porque le dijeron que iba a soltar a su marido al comprobar ser parte de un núcleo familiar de migrantes, pero pasadas las 9:30 de la noche vio salir mucho humo del centro migratorio y que se comenzó a desalojar a las mujeres recluidas, menos a los hombres.

“Me asomé y me puse a llorar”, contó. Dejaron a los hombres encerrados en las celdas, nunca los sacaron, narró la mujer, quien por eso peleó con agentes del Instituto. “Son unos inhumanos”.

Entre el ajetreo de bomberos y paramédicos que atendieron el siniestro, Vianey se enteró que a su esposo lo trasladaron a un hospital con síntomas de intoxicación.

Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde la madrugada de este martes fue presentado el encargado de la Estación Migratoria, Daniel Goray Yosiaka, para rendir su declaración.

En un comunicado emitido la madrugada de este martes, el INM –que dependen de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal– lamentó el fallecimiento de las personas migrantes extranjeras en estos hechos que consideró una tragedia y dio a conocer que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Reportó de manera oficial solo 39 fallecidos.

El gobierno de Chihuahua y el de Ciudad Juárez guardaron silencio ante esta tragedia.

Los daños generados por el incendio se concentran en el interior de la sede del INM, en ese cruce internacional por donde reciben a expulsados de Estados Unidos, el exterior del edificio prácticamente no presentó afectaciones.

En el lugar peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron hasta casi las 5 de la mañana de este martes en el levantamiento de los cuerpos. El lugar aún permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

TRASLADAS A LESIONADOS A CUATRO HOSPITALES

Mientras los bomberos se encargaban de sofocar el fuego en las instalaciones del Instituto y personal de Protección Civil, estatal y municipal, rescataban los cuerpos de los migrantes fallecidos, paramédicos de distintas corporaciones trasladaban a los lesionados a recibir atención médica.

De los rescatados con vida, 29 migrantes fueron traslados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.

Cuatro de ellos murieron mientras recibían atención médica, se reportó.

En la estación migratoria se encontraban mujeres en condición de movilidad, una cantidad que no fue determinada esta noche; sin embargo, se dio a conocer que se encontraban en un área especial donde supuestamente no se registraron daños por el incendio, por lo que lograron ponerlas a salvo y fueron trasladadas a distintos albergues en la ciudad.

El Instituto Nacional de Migración informó también que se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.

El INM expresa su disposición para coadyuvar en las investigaciones de ley, a fin de que se esclarezcan estos hechos y aseguró que dará seguimiento a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados y brindará todo el apoyo a los familiares de las víctimas.

De igual forma dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras.

Desde finales de 2018, Ciudad Juárez registra una concentración masiva de migrantes que se han quedado varados en espera de cruzar la frontera o que han sido expulsados a México por acciones de control fronterizo del gobierno de Estados Unidos.

 

Este texto es propiedad de LA VERDAD y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace. 

Denuncia espionaje de la Sedena Flora Marcelo, madre de Ayelín, la niña víctima de feminicidio

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, la niña de 14 años originaria de Tixtla que fue víctima de feminicidio en octubre del 2020, se sumó a la lucha y acompañamiento de víctimas de violencia y fue blanco de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A raíz de la desaparición y asesinato de Ayelín y la búsqueda de justicia de sus familiares, Flora recibió amenazas de muerte. Salió de Tixtla y del estado para no poner en riesgo su vida ni la de sus otras dos hijas.

Por el momento no cuenta con ningún mecanismo de protección. Estuvo acogida por el Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

En abril del año pasado se le retiraron. «Me dijeron que no corría peligro, sin hacerme análisis de riesgos», mencionó Flora.

En este tiempo ha sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos; intentaron desalojarla de los plantones en los que participó y fue víctima de espionaje.

Por ello, dijo, ha interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no recibe respuestas a sus quejas.

La semana pasada, denunció Flora, se dio cuenta que era víctima de espionaje por parte de una militar de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quien desde hace dos años se hacía pasar como reportera independiente.

«Llegó una chica diciendo que era reportera independiente, y como así hemos conocido a varias periodistas, confiamos en ella y, pues, no fue así. Tiene como una semana que nos dimos cuenta que no era una periodista, era una militar de Sedena».

La militar se presentó con el nombre de Mía Rodríguez y en los dos años acudió a entrevistar a Flor, y a Laura Kábata, madre de Óscar Kábata, víctima de tortura y privación de la libertad por elementos de la Sedena. Flora da acompañamiento a Laura y a Óscar.

La militar se ganó la confianza de Flora en estos dos años; hasta le contó cosas personales y sobre el caso de Ayelin.

«Ella sabe muchas cosas, sabía cuando nos agredían o cuando pasaba algo, era la primera en escribirnos, nos preguntaba qué íbamos a hacer, que si estábamos bien; a veces nos preguntábamos cómo se había enterado.»

Una de las cosas que Flora notó raras de la supuesta periodista es que, en una ocasión entró a una reunión con ella y Laura, y entregó su credencial y la llamaron Paola; pensaron que se llamaba Mía Paola.

Flora comenta que en Facebook y Twitter tenía otros nombres. De sus supuestas notas periodísticas nunca supieron.

Nunca le cuestionaron por qué tenía diferentes nombres. Flora comentó que terminaban cansadas y olvidaban esos detalles.

Se dieron cuenta de su verdadera identidad cuando hicieron una actividad con ropa usada.

«Decidimos hacer una protesta armando muñecos de ropa usada, yo pedí a varias compañeras que me regalaran ropa de uso, incluyendo a ella, y me trajo ropa. Armando los monos un compañero saca una blusa y ahí cayó una foto de ella vestida de militar».

Su nombre real no lo saben, sólo alcanzaron a leer en la fotografía que tenía el apellido de Farfán. A través una persona que trabaja en Sedena investigaron sobre ella y se enteraron que es parte del departamento de inteligencia de la Sedena.

«Tenemos por nuestras vidas, porque está persona sabe todo sobre nosotros. Sabe dónde están mis hijas. Necesitamos mecanismo pero no de la federación, necesitamos organismos internacionales porque no sabemos qué nos pueda pasar mañana».

Flora Rojas, madre de Ayalín, víctima de feminicidio en Tixtla mantiene una protesta fuera de la CNDH en la Ciudad de México para exigir justicia. Especial

Pobladores de la Sierra retienen a militares y a policías estatales para exigir obras

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Cortesía

27 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo tienen retenidos desde este lunes en la mañana a elementos del Ejército y policías estatales en una base de operaciones ubicada en la comunidad de Puerto del Gallo para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud.

En el interior de las instalaciones están 40 militares y unos 10 policías estatales retenidos.

La gente que tomó las instalaciones advirtió que no van a liberar a los militares y policías hasta que vean que se les de una solución.

«Ya basta que nos estén engañando, nosotros queremos hechos no palabras», dijo uno de los comisarios que participa en la protesta y que fue entrevistado vía telefónica.

Puerto del Gallo, es una comunidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo y está ubicada en la Sierra.

En los videos que enviaron las autoridades de los pueblos se ven cientos de campesinos que están fuera de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).

El comisario quien no proporcionó su nombre por razones de seguridad, contó que desde hace tres años -durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo- se firmó una minuta de acuerdos en donde hubo el compromiso de pavimentar la carretera desde Puerto del Gallo hasta Tlacotepec que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.

Llegó el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y tampoco ha cumplido con esa minuta de acuerdos.

«Apenas estuvimos en Chilpancingo y nos dijeron que nos darían solución pero no vemos para cuando», dijo.

Contó que tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) para ver lo de la carretera, de caminos y ramales.

«Ya les dijimos a los militares que no los vamos a dejar salir», dijo el comisario.

Los habitantes y autoridades municipales que participan en la protesta son de las comunidades de Puerto del Gallo, Agua Zarca, Renacimiento, Cueva de Guerrero, Chilpancinguito, Durazno San Vicente, Capulines, Campo Morado, Tejamanil, Las Juntas, Pueblo Viejo, Los Hornos, El Frío, Parrales, El Pinzán, Santa Elena, Bejuco.

«Nuestras carreteras están bien decaídas y ya basta que nos estén engañando», expresó.

Otra de las peticiones que exigen que el gobierno les cumpla a los pobladores es el envío de médicos, reapertura de centros de centros de salud, escuelas, la construcción de un puente y pavimentación de calles.

Pero no es la primera vez que la gente de esta zona de la Sierra toma esta misma Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Puerto Gallo para presionar al gobierno.

Por ejemplo, el 31 de mayo del 2019, los pobladores de esta zona de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan retuvieron más de 24 horas a los militares para exigir la entrega del fertilizante y la realización de obras sociales.

Los soldados fueron liberados por los inconformes luego de que las autoridades federales y estatales les llevaron los bultos de fertilizante.

Sin embargo, hay otras peticiones que al igual que son las mismas por las que están luchando desde mayo del 2019.

Hoy como en el 2019, la gente de la Sierra pide la construcción de la carretera Puerto del Gallo-Tlacotepec, caminos, envío de médicos, medicinas, maestros y escuelas.

«Desde hace más de tres años estamos esperando que el gobierno nos dé respuesta y nada soluciona», mencionó el comisario.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, confirmó que unos 40 militares están retenidos por los pobladores pero que ya se está atendiendo el asunto.

En menos de una semana, han estallado tres conflictos en distintos puntos de la Sierra por diversas demandas por parte de sus habitantes.

El pasado jueves 23 de marzo, en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, habitantes de 40 comunidades realizaron una asamblea en donde le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el envió de Ejército, Guardia Nacional para detener a los integrantes de grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

Este sábado 25 en una asamblea efectuada en la comunidad de El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, comisarios y habitantes de 114 comunidades pidieron a López Obrador envié a esa zona de la Sierra más elementos del Ejército para frenar a una organización de la delincuencia organizada.

Desde hace décadas las comunidades de la Sierra enfrentan situaciones de pobreza extrema derivado de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esta situación ha sido caldo de cultivo para que en esta región permee la inseguridad derivado de los grupos del crimen organizado que tienen vínculos con grupos de poder económico y políticos.

Hasta las 19 horas de este lunes, los dos mil pobladores, según los comisarios de los pueblos, mantenían retenidos a los militares y policías estatales.

Momentos en los que los pobladores de la Sierra informan sobre los militares retenidos. Foto: Cortesía

 

 

 

Comisarios y habitantes de la Sierra piden a AMLO más Ejército y GN en esa zona

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

27 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Comisarios de 114 comunidades de la Sierra de los municipios de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que refuerce la seguridad en esta zona para evitar que un grupo del crimen organizado siga provocando violencia, saqueo de los recursos naturales y desplazamiento forzado de las familias.

Reunidos el pasado sábado 24 de marzo en la comunidad de El Balcón, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, las autoridades de los pueblos dijeron que la presencia del grupo criminal de La Familia Michoacana ha provocado el desplazamiento de muchas familias de esa parte de la Sierra.

«Debido a la incursión del grupo armado (la FM) más de 60 familias, que son alrededor de 400 personas del pueblo de Los Bayados, Santa Clara, La Trinidad y Los Puertos, del municipio de Coyuca de Catalán, salieron huyendo», dijo el comisario del ejido San Antonio las Tejas, David Salto Cortés.

Durante la asamblea dijo que en su pueblo, Los Puertos, eran 63 familias, pero ahora sólo se quedaron 23 debido a los hechos violentos de las últimas semanas.

«Los hombres armados nos dieron de plazo tres días para que saliéramos de nuestras comunidades, pero nosotros decidimos quedarnos y cuando pedimos ayuda al gobierno sólo nos mandaron a dos agentes de la Policía Ministerial», comentó Salto Cortés.

Agregó que ya pasaron más de tres semanas que las familias salieron de sus comunidades y hasta la fecha el gobierno no les garantiza que regresen a sus pueblos.

Durante la asamblea leyeron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le piden que reactiven las Bases de Operaciones Mixtas (las BOM) de manera rotativa. Estas bases de seguridad están integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Después del enfrentamiento a balazos entre habitantes de la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, el 28 de enero con policías estatales en el que murieron un mando, un policía raso y  tres individuos identificados por los pobladores como de la FM, el gobierno instaló dos Bases de Operaciones Mixtas, una en la comunidad de Santa Rosa y otra en Las Mesas.

En la parte de la Sierra donde ocurrió la asamblea conecta con la región de Tierra Caliente. Esta región concreta en lo alto de la Sierra con Costa Grande. En ambas zonas la violencia ha prevalecido desde hace muchos años generada por la presencia de grupos criminales asociados a grupos económicos y políticos en la región que actúan por diferentes intereses.

En el documento que leyó durante la asamblea del sábado pasado en El Balcón, Nancedalia Ramírez Domínguez, a nombre de los comisarios y organizaciones, expuso a López Obrador que por la grave violencia que prevalece en esa zona sus habitantes ya no tienen la seguridad de permanecer ni poder regresar.

«Solicitamos se reactiven las bases de operación militar de manera mixta y rotativa para que haya más seguridad en la población, así como también los centros integradores del bienestar que se habían instalado anteriormente, pero que no se les dio seguimiento ni atención y son de suma importancia y de beneficio a la Sierra», dijo Ramírez Domínguez.

José Luis Cázares Leyva, presidente del comité de Seguridad Privada Ruta Tecpan-El Balcón-Fresno de Puerto Rico, afirmó que la gente se ha coordinado para hacerle frente a cualquier problema que se presente para mantener la paz.

«Ya se planteó la problemática que se vive en la Sierra en donde hay pueblos desplazados que son vecinos de nosotros; por eso pedimos que se brinde la seguridad, porque el gobierno es el que tiene las armas, nosotros somos un comité de pacificación, sin armas, de diálogo», afirmó Cázares Leyva.

«Nosotros no queremos un solo pueblo desplazado, no queremos que nadie venga a desplazar a nuestros pueblos», dijo.

La semana pasada, en otra asamblea realizada en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, en los límites de Tierra Caliente, comisarios de 40 pueblos, quienes omitieron sus nombres, exigieron al gobierno federal que frene el avance de los integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, con quienes, aseguraron, se han enfrentado a balazos en los últimas dos semanas en esa parte de la Sierra.

En la reunión realizada en una cancha deportiva techada se observó, por varias fotográficas que circularon en las redes sociales, a hombres armados.

Tras la difusión de lo discutido en esta asamblea, este domingo 25 de marzo circuló en las redes sociales un comunicado donde se señala que un grupo del crimen organizado denominado Los Tlacos, obliga a la gente de esa parte de la Sierra a que se arme para enfrentar a la organización rival.

Elementos de la Guardia Nacional decomisaron dos armas largas y cartuchos útiles durante un retén en el acceso principal del muncipio de Leonardo Bravo, el pasado 7 de abril del 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

 

Ciudadanos expulsan a pedradas de Xalpatláhuac a Ejército y Guardia Nacional

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desalojados a pedradas por mujeres y hombres de la cabecera municipal de Xalpatláhuac en su intento de recuperar el ayuntamiento que horas antes fue abandonado por un grupo de policías comunitarios.

Durante la trifulca, las mujeres zarandearon al director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y al subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Sánchez quienes encabezaron la operación para desalojar y detener al grupo de autodefensas que desde octubre del 2021 tomaron el ayuntamiento tras expulsar a balazos a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

La estrategia del gobierno para recuperar la alcaldía surgió luego de que este martes los civiles armados golpearon y luego  retuvieron al DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes quien fue liberado este miércoles en la noche tras obligarlo a firmar una minuta de acuerdos en el que exculpa a sus agresores.

Sin embargo cuando este jueves a las ocho de la mañana el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal arribaron a Xalpatláhuac los policías comunitarios se habían retirado del edificio del ayuntamiento.

Según testimonios de personas de esa localidad ubicada en la región de la Montaña, todo estaba desarrollándose de manera normal cuando alrededor de las 14 horas la gente se arremolinó cerca del ayuntamiento cuando se percataron que los militares, Guardia Nacional y los agentes estatales se llevaban dos camionetas del ayuntamiento y que utilizaban los comunitarios para realizar sus redadas.

Fue entonces que la gente, en su mayoría mujeres, empezaron a lanzarle piedras a los uniformados federales y estatales.

Rodríguez Cisneros trataba de calmar los ánimos de las mujeres pero se le fueron encima y le exigieron que se retirara del pueblo.

Rodríguez Cisneros e Irving de Jesús Sánchez, decidieron suspender la operación y junto con los militares, GN y policías estatales abandonaron el pueblo entre insultos de la gente.

El conflicto en este municipio surgió en octubre del 2021 cuando la alcaldesa Maldonado Sotelo encabezó una reunión en el zócalo del pueblo para analizar el trabajo que venía realizando la policía comunitaria.

Después surgió una discusión entre la edil con los líderes de las autodefensas.

Finalmente Maldonado Sotelo y otros funcionarios tuvieron que abandonar la localidad luego de que los policías comunitarios les empezaron a disparar con armas de fuego.

Nadie resultó herido.

Desde octubre del 2021, unos 40 policías comunitarios que se dicen pertenecer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tomaron el ayuntamiento.

«Desde que los policías comunitarios tomaron el ayuntamiento ellos han tomado el control del pueblo realizando extorsiones a los comerciantes y empresas que van a vender sus productos a Xalpatláhuac», asegura la edil quien despacha en una casa particular en la comunidad de Cauatache.

«La población de Xalpatláhuac vive aterrorizada porque los policías recorren las calles armados con rifles Ak-7 y AR-15 y aquel ciudadano o ciudadana que comete una falta es detenido y encerrado en la cárcel municipal en donde es rapado», aseguró Maldonado Sotelo.

Después de que las fuerzas federales y estatales se retiraron de esa localidad se prevé el regreso de los policías comunitarios, aseguraron fuentes del gobierno.

Antes de que los pobladores de Xalpatláhuac expulsaran a pedradas a las fuerzas federales y estatales tuvieron un diálogo con los mandos policiales.

Autoridades minimizan la desaparición en Taxco del servidor de la nación Miguel Huerta 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

Amigos y compañeros de Miguel Huerta Torres, servidor de la nación desaparecido desde el 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, denunciaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno minimizan y no atienden su desaparición.

Existen dos fichas de búsqueda de Miguel Huerta, pero sus compañeros denunciaron que a 22 días de la desaparición ninguna autoridad ha implementado alguna operación de búsqueda.

En conferencia de prensa, sus amigos y compañeros informaron que el pasado 18 de marzo acudieron a la Ciudad de México, al evento citado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por la expropiación petrolera, para protestar y exigir la búsqueda de Miguel.

Guadalupe Figueroa Ocampo, amiga de Miguel Huerta, contó que ella llevó una lona con la ficha de búsqueda que vio el presidente López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

“La gobernadora sólo la vio, se detuvo a leerla unos segundos, levantó la mano y el pulgar y se fue”, mencionó Figueroa Ocampo.

La lona fue entregada al personal de la ayudantía del presidente y la familia espera que llegué a la manos del presidente para que atiendan la desaparición de Miguel.

“Venimos a Chilpancingo para hacer más eco y ver si las autoridades ahora sí toman cartas en el asunto, porque a 22 días de su desaparición parece a nadie importarle, y la familia está totalmente destrozada”, mencionó José Isabel Arines Hernández, amigo y vecino de Miguel Huerta.

También denunciaron que el delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Días, no ha respaldado su exigencia de que Miguel aparezca, por el contrario, le reclama a la familia que lo involucren en un asunto que les dijo él no puede resolver.

“Al delegado le marca la familia y les contesta que no es su horario de trabajo y que de él no depende la búsqueda de Miguel”, mencionó Figueroa Ocampo.

Arines Hernández contó que esta mañana, antes de la conferencia de prensa, acudieron al Congreso del estado para reunirse con el diputado local Andrés Guevara Cárdenas, “sin embargo, lamentablemente, los guardias de seguridad de las instalaciones legislativas nos impidieron el acceso al ver que portaban lonas con la ficha de búsqueda de Miguel Huerta e incluso pretendieron decomisarlas”.

Guevara Cárdenas atendió a los amigos de Miguel en la calle y “se mostró accesible y dijo que hoy se reunirá con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a quien le planteara el caso”.

El 28 de febrero pasado, a las seis de la tarde, después de una asamblea en la Comisaría de Temaxcalapa, Miguel Huerta fue interceptado por dos hombres armados, quienes lo subieron al taxi con número económico 01, del poblado vecino de Huixtac, y se lo llevaron.

En ese mismo hecho, los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberadas la misma noche del 28 de febrero.

El caso de Miguel Huerta, lleva ya 22 días desaparecido.

“A ver si se logra que la gobernadora reciba a la esposa e hijos de Miguel Huerta, esperemos que exista esa oportunidad, debido a que la familia está destrozada y sobre todo está abandonada”, agregó Figueroa Ocampo.

 

Autodefensas de Xalpatláhuac extorsionan y generan terror, dice alcaldesa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

En el contexto de los dos días de la retención del director del DIF de Xalpatláhuac por parte de unos 40 autodefensas, la alcaldesa del municipio, Selene Sotelo Maldonado, denunció que este grupo armado mantiene tomado el Ayuntamiento desde octubre del 2021 y se ha dedicado a realizar extorsionar a la ciudadanía.

Este lunes a mediodía, el director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, escoltado por policías estatales desde una patrulla, llegó a la cabecera municipal de Xalpatláhuac para repartir despensas a la ciudadanía.

Pero un grupo de autodefensas, armados con rifles AR-15 y AK-47, lo golpearon, lo detuvieron y encerraron en barandilla municipal, contó la alcaldesa.

Según la edil, quien desde octubre del 2021 fue expulsada a balazos de la cabecera de ese municipio, había un acuerdo con el líder del grupo armado, Nicolás Villarreal Dircio, de que personal del ayuntamiento repartiría despensas a las personas del pueblo que los necesitaran.

“Hasta este martes nuestro compañero (Pardo Dorantes) sigue encerrado en la cárcel municipal y apenas los civiles armados van a permitir el ingreso de su familia para que le den sus alimentos”, comentó.

Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y le impide la entrada de la alcaldesa por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.

De acuerdo con la versión de la edil, la razón es que ella es esposa de quien ya fuera dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.

Desde el lunes pasado, contó la alcaldesa, ya le informó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la situación en su municipio para que intervenga.

Sobre su expulsión en octubre del 2021, detalló que ella encabezaba una reunión donde había habitantes del municipio y dirigentes de la llamada Policía Comunitaria, es decir, el grupo de autodefensas, y analizaban las funciones que debería de asumir esta organización armada, pero fue expulsada de la asamblea.

“Me sacaron de la reunión y luego los de la Policía Comunitaria me dispararon, pero afortunadamente no resulté herida y logré salir del pueblo”, dijo en entrevista telefónica.

Lleva 17 meses fuera de la cabecera del municipio y montó sus oficinas en la comunidad de Cauatache.

Informó que hace unos meses estableció algunos acuerdos con los dirigentes de las autodefensas para que el personal de las oficinas de Catastro, Registro Civil y DIF municipal realicen sus funciones en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac.

“Incluso en diciembre del 2022 se llegó al acuerdo con el líder de la comunitaria, llamado también el Tlayakanky, y el ex candidato a la alcaldía, Edmundo Delgado de Xalpatláhuac de que realizara una visita de trabajo en la cabecera, pero nuevamente fui expulsada por los policías comunitarios”.

Recordó que en esa ocasión la acompañó el subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Chávez. “Llegamos a Xalpatláhuac y vimos cómo nos tenían rodeados muchos policías comunitarios fuertemente armados y nos dimos la media vuelta para regresarnos”.

Xalpatláhuac es un municipio de la región Montaña alta de Guerrero, una de las tradiciones anual en esta cabecera es la peregrinación religiosa del señor de Santo Entierro. Este evento ocurre unas semanas antes de la Semana Santa y asisten miles de personas a la iglesia que lleva por nombre Santo Entierro. Este año ya ocurrió.

Selene Sotelo denunció que los líderes de la autodefensas cobraron mucho dinero a los comerciantes que instalaron su local durante esta festividad religiosa.

“He recibido quejas de que los de la Policía Comunitaria les fijan cuotas a los comerciantes, pero a los que más les cobran por vender su producto son a las empresas refesqueras y cerveceras, a quienes les fijaron una cuota de hasta 80, 000 pesos al mes”.

Según la edil las autodefensas han sembrado el terror en Xalpatláhuac, porque a las personas que comete alguna infracción no sólo las encierra en la cárcel, las rapan y les cobra una cantidad exhorbitante de multa como fianza.

“He recibido quejas de muchas mujeres que han dejado a sus esposos porque las golpean y los policías comunitarios las detienen, las llevan a los sembradíos de maíz a realizar trabajos forzados y después las obligan que regresen con sus parejas sentimentales”.

Denunció también que desde que fue expulsada de la cabecera municipal los líderes de la Policía Comunitaria han saqueado el Ayuntamiento que mantienen tomado.

“Hay muchas denuncias de todos estos actos, pero la Fiscalía General del Estado sigue sin actuar desde octubre del 2021”.

En la imagen difundida en redes sociales se aprecia el momento en que los autodefensas llevan detenido al funcionario municipal de Xalpatláhuac.
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