Categoría: Historias

Ley local de Desaparición, discusión que mantiene en la congeladora el Congreso de Guerrero

Centro de identificación, dependencia de la CEAV y presupuesto para la búsqueda más de 4,000 desaparecidos–cifra que establecen las instituciones, pero que los familiares aseguran es mayor–son las garantías que buscan los colectivos con esta ley

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)
31 de mayo del 2023
Chilpancingo

 

Aun con la insistencia de los colectivos de búsqueda al Congreso local para que legislen una ley estatal en materia de desaparición de personas, los diputados siguen sin fechas claras para discutirla en pleno.

Fueron los colectivos quienes, a través de una marcha el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, que presionaron a los diputados para retomar los trabajos de ello que proponen sea la Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada. Esta propuesta en realidad la plantearon desde el 2018.

La iniciativa actualmente está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, donde, afirman, trabajan para poder presentarla al pleno, aunque sin una fecha clara aún.

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos, el morenista Osbaldo Ríos Manrique, aseguró que los trabajos para sacar la ley están en marcha y que al ser un problema grave y complejo se analiza con calma la propuesta de iniciativa.

“Esta es una iniciativa que nos llegó a la Comisión de Derechos Humanos y no podemos sacar una iniciativa o una ley al vapor, y tenemos que dialogar con todos los colectivos”, dijo Ríos Manrique en entrevista.

Los documentos sobre los que se trabajan para crear esta ley estatal son dos, el primero es una iniciativa que se presentó en el pleno el 10 de noviembre del 2022, los promoventes de esta iniciativa fueron las diputadas Nora Yanek Velázquez Martínez, de Morena; Leticia Castro Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), y el también morenista Alfredo Sánchez Esquivel.

El otro documento es otra iniciativa que los colectivos trabajan con organizaciones internacionales desde 2018 y que en el 2021 la presentaron a los diputados de la 62 legislatura, quienes la mandaron a la congeladora y al final resultó perdida, de acuerdo con la representante del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores.

Ríos Manrique dijo que «no es que se pierdan, lo que pasa es que cuando termina una legislatura todo lo mandan al archivo», y justificó, «cuantas iniciativas no han tenido otras legislaturas y que ahorita el grupo parlamentario de Morena las está sacando», mencionó.

Aseguró que continúan las mesas de trabajo con los colectivos en las cuales todavía se discuten varios temas de la nueva ley.

El vocero del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, señaló a los diputados de no querer aprobar la ley y mencionó que hay quienes se opusieron a su creación porque existe una legislación federal sobre el tema de desaparecidos.

Ríos Manrique aseguró que en las discusiones sí hay participaciones al respecto, pero dijo que en la Comisión de Derechos Humanos todos esperan aprobar la ley.

Para entender Mejor: Colectivos de familiares de personas desaparecidas protestan para exigir Ley de desaparición forzada

Congreso de Guerrero pierde iniciativa de Ley de desaparición forzada impulsada por colectivos

“Todavía en la Comisión de Derechos Humanos no sesionamos sobre ese tema para mandarlo al pleno, pero los cinco integrantes queremos que se agote la discusión para presentar al pleno una ley lo más completa posible”, dijo el diputado morenista.

En la manifestación del pasado 7 de marzo los participantes que exigieron al Congreso retomar los trabajos de la Ley fueron la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Siempre Vivos de Chilapa, Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.

De acuerdo con Antúnez Flores, los colectivos solicitan que con la nueva ley exista más presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guerrero (CEAV), y su independencia de la Secretaría General de Gobierno.

“La Comisión Estatal de (Atención a) Víctimas no tiene ni oficina, es una casa que no tiene las áreas adecuadas para atender a las familias, no hay la infraestructura ni del lugar ni del personal. Queremos personal calificado para atender a las víctimas, tanto psicólogos, secretarias y todo”, mencionó Antúnez Flores en entrevista.

“Tantos colectivos que somos y cuando solicitamos búsquedas tenemos que hacer fila hasta que se desocupen de la búsqueda que algún otro colectivo esté haciendo en ese momento para acceder a los materiales, maquinaria y personal oficial, por lo que muchas veces preferimos hacerlo por nuestra cuenta”, agregó.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado, a la CEAV se le otorgó para este año un presupuesto de 13 millones 577 mil, que representa una tercera parte de lo que recibe la Oficina de la Gobernadora, con 33 millones 95 mil pesos a su disposición.

Con esos 13 millones la dependencia estatal pretende atender 4,000 casos de personas desaparecidas en Guerrero, de acuerdo con cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Consultado sobre el tema, Molina Rodríguez aseguró que en Guerrero son más de 4,000 personas desaparecidas, “porque no se cuentan los que no denuncia, por miedo o porque son amenazadas”.

Tan sólo en el Colectivo Lupita Rodríguez hay varias familias que no denunciaron la desaparición de su familiar.

Para Molina Rodríguez, una de las principales exigencias es la creación de un Centro Regional de Identificación Humana en Guerrero, porque en la actualidad “se siguen encimando los restos humanos sin ningún respeto”.

Cree que con este centro de identificación el proceso de tomas de muestras a las familias y el reconocimiento de cuerpos sería más sencillo.

Su propuesta es que sea instalado en Atoyac de Álvarez, “porque ahí empezó la tragedia de la desaparición de personas”, y como un recordatorio y homenaje se llame Lucio Cabañas Barrientos.

Esto porque en gran parte de la Sierra de Atoyac, durante la llamada guerra sucia, que académicos y sobrevivientes nombran un terrorismo de Estado, el Ejército y grupos paramilitares desaparecieron, de acuerdo a datos oficiales, a 640 personas, algunas por ser señaladas de participar en movimientos armados insurgentes, otros sólo por simpatizar por la causa y otros simplemente estuvieron en la hora y lugar equivocados.

Con el antecedente de impunidad de la guerra sucia, que data de 1960 a 1980, académicos aseguran que fue el comienzo de la omisión del Estado en prestarle atención al tema de las personas desaparecidas.

Colectivos de búsqueda y de familiares de personas desaparecidas marcharon el 7 de marzo del 2023, en Chilpancingo, para exigir al Congreso local legisle y apruebe la Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada. Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo Amapola)

 

Violencia institucional, otra piedra que deben esquivar familiares de víctimas de feminicidio

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM) presenta el libro Sobrevivientes y Víctimas Indirectas de Feminicidio en Guerrero (Memorias), donde narran la historia de mujeres víctimas de feminicidio y pone al descubierto el peregrinar de las familias en la búsqueda de la justicia

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

“Te voy a callar para siempre, te voy a quitar a tu hija”, le habría dicho Roberto Rayo Pérez a Sendy Vázquez Ramírez en 2019.

Sendy, originaria de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, era una mujer amigable y trabajadora. Conocida por ser comerciante en el mercado de Chichihualco.

Tenía un matrimonio estable de casi 20 años con Javier Valadez Millán, de ese matrimonio nacieron dos hijas, Maricarmen de 23 años y María Fernanda de 10 años.

Javier aparentaba ser un buen esposo con Sendy; la familia de ellas lo apreciaba. Sus suegros lo consideraban un hijo y sus cuñadas y cuñados como un hermano.

Por la imagen que Javier aparentaba, a la familia de Sendy le extrañó que comenzara a ingerir bebidas alcohólicas, primero era de vez cuando, después los fines de semana y después casi todo el tiempo.

Después del alcohol, Javier comenzó a consumir drogas. Los rumores de que Javier la engañaba con otro hombre orillaron a Sendy a separarse de él.

Dividieron el terreno donde vivían y se convirtieron en vecinos. Cada uno vivía en la parte del terreno que habían acordado.

Durante los años de divorcio, Sendy no había solicitado la pensión alimenticia a Javier, su hija mayor Maricarmen estaba a punto de ingresar a estudiar la licenciatura en otra ciudad, el gasto del transporte y los alimentos eran demasiado para ella, y decidió solicitarle a Javier que se hiciera cargo económicamente de sus hijas. Hasta ese momento Javier sólo le daba 500 pesos a la quincena.

Javier ya tenía otra pareja con la cual vivía, Roberto.

“Roberto era muy celoso y posesivo con él (Javier), no lo dejaba tener celular ni comunicarse con sus hijas, se molestaba siempre que tenía que hablar con Sendy. Era tal el odio de Roberto hacia Sendy que comenzó a amenazarla”, narró Griselda Vázquez Ramírez, hermana de Sendy.

El 4 de diciembre de 2019 Javier y Roberto entraron a la casa de Sendy sin avisar; la casa siempre estaba abierta.

En ese momento Sendy estaba en una llamada telefónica con otra persona. La persona con quien Sendy hablaba le preguntó que si ya habían llegado, refiriéndose a ellos, y ella le respondió, “ahorita te marco”.

Sendy no regresó esa llamada. Después de eso su cadáver fue hallado dentro de su domicilio, con huellas de múltiples golpes; también la habían degollada con un cuchillo.

“Ellos vivían a un lado, ya lo tenían planeado, sabían sus horarios, a qué hora se iba a trabajar, a qué hora llegaba. La espiaban, sabían cuando estaba sola y a qué hora”, contó Griselda.

Los vecinos de Sendy le contaron a Griselda que el día del feminicidio de su hermana, escucharon un golpe muy fuerte en el piso, como si alguien se hubiera caído.

“Se asomaron, pero estaba todo obscuro, pensaron que no había nadie”.

La pesadilla para la familia de Sendy apenas comenzaba, además de presuntamente cometer el feminicidio de Sendy, se dieron cuenta de que Javier y Roberto se habían llevado a María Fernanda, la hija menor, quien tenía siete años en ese entonces.

Griselda está segura de que Roberto influenció a Javier para que asesinara a Sendy y se llevara a María Fernanda. A Maricarmen, la hija mayor, no le hicieron daño, porque ella ya no vivía en Chichihualco, estudiaba en otra ciudad.

A cuatro años de este suceso, María Fernanda aun se encuentra no localizada y los presuntos responsables del feminicidio de Sendy están prófugos.

Griselda, Maricarmen y la familia de Sendy continúan con su exigencia de justicia.

“Han pasado casi cuatro años desde el feminicidio de mi hermana y la desaparición de mi sobrina, ha sido una doble pérdida para toda la familia. Siempre están al pendiente de las pistas que puedan surgir sobre el caso, pero no hay nada nuevo. Ahora lo que más importa es encontrar a María Fernanda”, relató Griselda.

Karla Mariel Rodríguez también fue víctima de feminicidio.

Fue desaparecida en Chilpancingo hace cinco años, el 30 de junio del 2018.

Su hermana María del Carmen Rodríguez la recuerda como una buena hija y buena madre.

Karla le comentó María del Carmen que se casaría, en ese entonces sólo tenía 16 años. Ella le decía que estaba “muy chica para casarse, que qué pasaría con sus estudios”. Pero le contestó que quien sería su esposo la dejaría estudiar. Se casó.

María del Carmen notó que Karla comenzó a apartarse de su familia, principalmente de ella, con quien era más cercana.

“Yo la invitaba a salir y siempre me decía que no podía, que no tenía tiempo, que para otra ocasión”, relató María del Carmen.

Karla Mariel tuvo dos hijos con Moisés Vargas Ramírez, estuvieron casados por siete años. Pero se separaron porque él era violento; ella le contó a un familiar que en una ocasión Moisés la amenazó con un cuchillo, por eso lo dejó.

Después de su separación, Karla Mariel comenzó a salir con otro joven llamado Eduardo Daniel.

Esa situación puso causó celos en su ex esposo, quien aun cuando estaban separados, acosaba a Karla, la esperaba a fuera de su trabajo.

Amapola, periodismo transgresor documentó el caso de Karla Mariel, y aquí hay más detalles del caso.

Moisés, quien ahora sólo era el padre de sus hijos, pasaría por ella a la tienda Coppel donde trabajaba, para que juntos fueran por los niños, de seis y dos años, a la casa de la madre de él, donde se quedaron.

Esa noche, Karla Mariel nunca llegó a la casa de María Josefina, madre de Karla. Al otro día, el ex esposo dijo que ya no pudo pasar por ella y que desconocía por qué no había regresado de trabajar. Sus hijos seguían en la casa de la mamá de él.

Los días siguientes, Moisés evadió todas las llamadas de la madre de Karla.

El 9 de julio, María Josefina acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar la desaparición de su hija.

Buscó a su hija por todos los medios que le fueron posibles, pero 11 meses después, María Josefina cayó en una depresión, lo que le causó algunas enfermedades y murió.

María del Carmen continuó con los trámites hasta que en 2021, tres años después de la desaparición de Karla Mariel, las autoridades comenzaron su búsqueda.

“Hasta la fecha se han realizado dos búsquedas, en las cuales lamentablemente se han encontrado restos de mi hermana. No hay día que no la recuerde”.

Los restos de Karla Mariel los hallaron por el viejo Libramiento a Tixtla.

De acuerdo con María del Carmen, en 2021 giraron una orden de aprehensión en contra de Moisés por el feminicidio de Karla Mariel.

María del Carmen no dio detalles sobre cómo las autoridades determinaron que Moisés tenía responsabilidad en el feminicidio de Karla Mariel.

El ex esposo de Karla Mariel está en prisión preventiva. Como aun no hay una sentencia, María de Carmen teme que quien es el presunto feminicida de su hermana quede libre.

“No nos han entregado los restos aún, lo poco que se pudo rescatar de mi hermana, encontramos sólo fragmentos que aún tienen las autoridades”.

María del Carmen continúa con la búsqueda de justicia para Karla Mariel y en la lucha para que el presunto feminicida no quede en libertad.

Una iniciativa para visibilizar y eliminar violencia

Los casos de Sendy y Karla Mariel son parte de los 16 casos que se abordan en el libro Sobrevivientes y Víctimas Indirectas de Feminicidio en Guerrero (Memorias).

El libro fue presentado ayer en la tarde por la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM), en el lobby del Palacio de Cultura del Ayuntamiento de Chilpancingo.

Este libro es una iniciativa de la presidenta de la AGVIM, Marina Reyna Aguilar, junto a la iniciativa internacional Spotlight, una alianza global puesta en marcha por la Unión Europea y las Organización de las Naciones Unidas (ONU), orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También ONU mujeres participó en la iniciativa.

En el libro se comparten los testimonios de 16 víctimas indirectas y directas de feminicidio en el estado.

Los testimonios son de víctimas a la cuales la AGVIM da acompañamiento y fueron las víctimas quienes decidieron contar sus historias.

Uno de los objetivos de este libro es entregarlo a las diferentes dependencias, como la FGE, para que conozcan el sentir de los familiares de mujeres que sufrieron feminicidio y tengan un trato mejor hacia ellas.

“Esto es una muestra de lo que viven las mujeres, es algo muy fuerte pero es la realidad. Creo que esto hacia falta, que se visibilizaran algunos casos”, mencionó Reyna Aguilar.

Es importante, agregó, que se conozcan estos casos y haya apoyos para las víctimas indirectas de feminicidios, que en la mayoría de los casos no saben cómo lidiar con el dolor emocional de la pérdida de su ser querido.

Para Reyna Aguilar, además del sufrimiento de perder a su familiar, los familiares se enfrentan a instituciones que ejercen violencia institucional.

“A través de este material se hace un llamado a las autoridades, se apela a que redireccionen sus políticas, sus formas de actuar con su equipo que tienen al frente atendiendo a las víctimas”.

La AGVIM ha documentado tan sólo en lo que va de este año 54 casos de muertes dolosas de mujeres. La organización documenta desde hace años el conteo de mujeres asesinadas en Guerrero a partir de las noticas en los medios de comunicación.

El Secretariado Ejecutivo sólo contabilizan cuatro feminicidios. Aguilar Reyna expuso que esto se debe a la falta de perspectiva de género y de un protocolo de feminicidio para investigar la muertes violentas de mujeres.

 

La Montaña de Guerrero: el lugar donde los servicios y los programas para el campo son casi inaccesibles

La ausencia del Estado en La Montaña guerrerense va desde el abandono en materia de salud, educación, seguridad y empleo hasta la desaparición de programas sociales específicos para la población trabajadora agrícola. En comunidades donde las personas no tienen nada, mucho menos cuentan con terrenos suficientes para cumplir los requisitos del programa Sembrando Vida.

Texto y fotografía: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.

Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.

De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.

En Tlapa, el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas es de 83.4% —con un crecimiento gradual desde el 2000, cuando era de 69.8%—, según estadísticas del Inegi. El promedio de escolaridad es de secundaria inconclusa (8.2 años). El 64% de la población de más de tres años no asiste a la escuela, frente a 36% que sí.

La migración de los habitantes de la región a otros estados comenzó a volverse sistemática en la década de los 70, cuando se evidenció la insuficiencia de las condiciones de las comunidades. En México, las personas que trabajan en el campo sobreviven al margen de todo, incluso de las estadísticas oficiales, pero estimaciones del Inegi señalan que alrededor de 2.5 millones laboran como empleadas en centros de producción agrícola.

Sin embargo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que contemplaba apoyos directos y acciones sociales para el desarrollo de esta población, y que había disminuido en 84% sus beneficiarios entre 2008 y 2016 a pesar de haber recibido 91% más de presupuesto en ese periodo, hoy ya no existe. En 2015, alcanzaba a 103 mil 140 personas.

Destinado específicamente a reclutar, seleccionar y enviar población migrante internacional a Canadá, sobrevive el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que en los últimos seis años, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado anualmente a 24 mil 800 personas en promedio. De ellas, solo 3% son mujeres. Las variaciones por año son mínimas; mientras el registro no crece, la migración sí.

Si antes se limitaba a la temporada más alta, entre septiembre y mayo, hoy es permanente, según lo documentado por Tlachinollan. Aunado a ello, las remesas recibidas en Tlapa, uno de los municipios guerrerenses con más envíos de dinero por parte de migrantes internacionales a sus familias, pasaron de más de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019 a 106 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, un incremento del 116%, de acuerdo con datos del Banco de México.

Para el campo mexicano, a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo se enfocó en el programa Sembrando Vida, que según el gobierno federal tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores. A cargo de la Secretaría de Bienestar, desde 2018 presumió el objetivo de revertir el abandono al sector por parte de gobiernos anteriores.

Según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.

Si en La Montaña guerrerense no hay acceso a servicios o empleo, mucho menos a terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, al que se llega solo por caminos de terracería, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras entre 70% y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados, temporal o definitivamente, para poder trabajar en el campo, según lo refirieron autoridades comunitarias.

En su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados, 30.7% de ellas mujeres. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas. Por otro lado, no hubo mecanismos de control, en general, para probar documentalmente que los beneficiarios del programa cumplían los criterios y requisitos de elegibilidad.

Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Las reglas de operación establecen que al menos 20% deben ser mujeres. Tomando en cuenta la estimación del Inegi, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México. En contraste, entre quienes no tienen propiedad y no les queda más que trabajar para un empleador, solamente del 3% al 7% cuenta con contrato escrito.

“Queda el programa de fertilizante (Fertilizantes para el Bienestar), pero es un programa para asegurar clientela política, y obviamente también en el cambio al uso de agroquímicos es cuando llega el fertilizante, y es utilizado primero y después los demás; entonces, la gente se vuelve dependiente de todos los insumos químicos de fuera. Tanto ya no recibe apoyos como le llegan las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas agrícolas, que los vuelven dependientes, y viene la privatización. Todo eso hizo que la gente prefiriera salir”, explica Barrera.

“Primero los pobres”: negativas y ausencias en el último sexenio

Abel Barrera recuerda que, desde el principio de esta administración, Tlachinollan intentó y logró reunirse con Ariadna Montiel, entonces subsecretaria de Bienestar, “con esa ilusión de que obviamente tienen una perspectiva en favor de los pobres, como lo ha dicho AMLO”. Le explicaron el trabajo del centro y le externaron su preocupación por la población jornalera en La Montaña, para plantear la posibilidad de que se implementara un programa específico.

En la reunión, supieron que la administración no tenía intención de implementar programas sociales sectoriales, sino únicamente universales para el supuesto beneficio de toda la población pobre. Sin embargo, hay una población jornalera —explica Barrera— que no se está beneficiando porque no está en la comunidad por su frecuente movilidad. Los Servidores de la Nación ni siquiera los ubican. “Quedó ahí; está muy difícil que hagan un programa para jornaleros”, lamenta.

Más tarde, fueron contactados por la misma secretaría para plantearles un programa piloto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Le pidieron apoyo a Tlachinollan para identificar comunidades específicas; sin embargo, al final no se concretó, presuntamente porque se necesitaban recursos para la campaña en Zacatecas, según confiaron a Barrera. “Nosotros fuimos a dar la cara y a decir que iba a haber programas para jornaleros… no se hizo y ni siquiera hubo forma de reclamarle a nadie”, agrega.

Por otro lado, lograron tener una reunión —a través de la Alianza Campo Justo— con la STPS. A partir de ella, el resultado fue que la población jornalera fuera incorporada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El monto considerado sigue siendo bajo —aclara Barrera—, pero al menos ya está contemplado. Las personas trabajadoras agrícolas han pedido que se fije en al menos 300 pesos diarios.

Se refiere a la reforma que se dio finalmente en 2019 —después de años de solicitarla— al artículo 280 de Ley Federal del Trabajo, que indica que la Conasami fijará los salarios mínimos de las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta su naturaleza y cantidad, el desgaste físico y los salarios en establecimientos y empresas dedicadas a producción agrícola. En 2020, lo fijó por primera vez en 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y 160.19 en el resto del país. Este año asciende a 312.41 y 234.52, respectivamente.

En el caso de la STPS, también lograron que accediera a una única inspección en campos agrícolas. “Pero ya nos dimos cuenta que hay una burocracia en medio que dice ‘A ver, dime dónde está ese campo agrícola, cuáles son las coordenadas, quién es el dueño, cuál es su registro federal de causantes’. Eso lo tuvimos que hacer nosotros y todavía decían ‘Es que esta dirección no existe porque está sobre la carretera’. Nosotros teníamos que hacer su trabajo”, dice Barrera.

“No podían hacerlo ellos, alguien tiene que solicitarlo, y también ahí nos dimos cuenta que una cosa es la empresa que contrata a los trabajadores, otra la dueña de los terrenos, otra la de los camiones; entonces, hay cinco o seis”, agrega. Eso genera el problema de que lleguen a presentarse en una empresa cuya dirección no corresponde necesariamente con los terrenos agrícolas. En su opinión, el trámite burocrático de las inspecciones está hecho para los empresarios, no para los trabajadores.

Por ejemplo, la empresa Divemex, que se dedica a cultivo, cosecha, distribución y comercialización de granos, frutas, hortalizas y verduras, se ubica en Guadalajara, Jalisco. En su acta constitutiva, como única dirección oficial registra la Zona Metropolitana de esa ciudad. En su página oficial en internet puede conocerse de manera más específica que su sede está en Ostia 2756-6, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara. Ninguna otra ubicación se publica ahí.

Sin embargo, sus campos de cultivo están en un punto distinto: la carretera El Dorado-El Salado número 12510, a media hora de Culiacán, aunque en una búsqueda general en internet, en primera instancia solo aparece como 80300 Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información sobre las inspecciones que ha realizado en centros agrícolas, la oficina de representación federal del trabajo en Sinaloa solo enlistó direcciones, muchas únicamente con el nombre de la carretera sin número, por lo que es imposible saber de qué empresas se trata.

De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Tlachinollan solo obtuvo el compromiso de que se garantizara que algunos programas generales de producción ya existentes llegaran a la población minoritaria que es candidata, y del Inegi, que en los censos agropecuarios se incorporen rubros relacionados de manera más específica a las características de la población jornalera. Con el IMSS, hasta ahora no ha habido avances en alguna estrategia para hacer efectiva la afiliación.

Sobre los campos agrícolas en los estados de destino de la migración interna —Sonora, Sinaloa y Baja California, principalmente— y las inspecciones mencionadas, la STPS tampoco puede dar muchas certezas. A la petición del censo específico de centros de trabajo agrícolas vía transparencia, la STPS respondió con un padrón extenso de empresas registradas en todo tipo de sectores, sin especificar cuáles corresponden al agrícola.

En respuesta a otra solicitud de información, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo contestó que de 2017 a la fecha localizó únicamente 57 actas de visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, la mayoría por comprobación de seguridad e higiene.

A estas se suman las realizadas por las delegaciones estatales de la dependencia. Tan solo en Sinaloa pasaron de 17 en 2015 —y un máximo de 34 en 2018— a seis en 2022; en Baja California Sur, de 18 en 2016 a una en 2022, mientras que en Jalisco, uno de los principales estados productores, han sido únicamente entre cero y siete anuales en los últimos ocho años.

Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”

A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.

“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.

“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.

“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.

“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.

En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.

Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.

Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.

Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.

Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.

En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.

Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas

Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.

A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.

En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.

En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.

“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.

Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.

“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.

Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.

“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.

El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.

“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.

Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.

“El pequeño Sinaloa”

Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.

María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.

“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.

Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.

Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.

La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.

La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.

Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.

De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.

“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.

Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.

A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.

Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

El saldañismo, un imperio en la Uagro construido mediante la cooptación

En esta tercera elección, Saldaña necesita un número cualquiera de votos para su tercer rectorado, pero su propósito es mayor al de completar 12 años en la administración de la Uagro, es probar a nivel político su consolidación o debacle. El abogado Román Ibarra, su única oposición pública, reflexiona y opina sobre sus funciones al frente de la institución

Texto: Arturo de Dios Palma

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La tarde de hoy, Javier Saldaña Almazán será declarado el ganador de la elección a rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). Será rector por tercera vez de forma consecutiva.

En eso no habrá polémica, pero sí en la cifra. En el número final de la elección, la Uagro –aunque no parezca– se jugará su futuro: se consolida el saldañismo o inicia su debacle.

En los últimos 10 años, Saldaña estableció una hegemonía al grado que en las tres ocasiones que ha competido por la rectoría lo ha hecho como candidato único. Sin contrincantes, sólo una oposición insuficiente. Se apoderó de su presupuesto, (3 mil 145 millones 359 mil 562 pesos para 2023), de la vida pública e interna de la universidad.

El arribo de Saldaña a la Uagro fue en los años 90, como intendente en el comedor universitario en Acapulco y, después, como profesor en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales. Eran tiempos del rectorado de su primo, Marcial Rodríguez Saldaña, el actual secretario de Educación en Guerrero.

“De intendente a rector”, es la historia que Saldaña ha explotado hasta la saciedad.

Ascendió rápido, en 2006, el rector Arturo Contreras Gómez lo nombró director de Planeación de la Uagro. Ahí comenzó su carrera hacia la rectoría.

Román Ibarra Flores, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Uagro, es uno de los principales opositores y críticos de Saldaña. Lo ha observado de cerca en los últimos 10 años.

“En Planeación fue generando sus condiciones para ser rector. Cómo le fue haciendo: la dirección manejaba programas que significaban dinero para las escuelas y lo ofreció con la idea de que le correspondieran”, dice Ibarra Flores.

Ibarra Flores tiene algunas explicación de cómo Saldaña logró el control absoluto de la universidad. La cooptación, dice, es su método y ahora es muy complicado quitarle el control: construyó, con recursos de la Uagro, un ejército de 2,000 personas que le operan política y electoralmente.

“¡Así es imposible ganarle!”, resume el abogado.

El método: la cooptación

Saldaña, para hacerse del poder de la universidad, ha empleado su método infalible. Un universitario que lo apoya puede lograr lo que quiere, la basificación, una recategorización, que entre el hijo, la nuera, la esposa, el esposo, más salario, tiempo completo o privilegios. Si lo apoyan todo se puede.

Ibarra Flores lo confirma. Dice que en 2017, el propio Saldaña le ofreció convertirlo en maestro emérito.

“En las condiciones en las que está la Uagro no me interesa. Javier directamente me lo ofreció, claro no me dijo que era a cambio de que me pase con ellos pero eso se sobreentiende. No se lo acepté. Todo aquel que piense diferente lo quiere cooptar”.

Ibarra Flores explica que Saldaña ha optado por este método porque no quiere correr el mínimo riesgo.

“Hablé con él hace seis años, en la oficina del director de Derecho. Le pedí que diera chance de que hubiera elecciones, incluso, le dije: te conviene porque te legítimas, pero no quiere correr el mínimo riesgo. Apenas en marzo nos reunimos, en este hotel nuevo el Holiday Inn, ahí le dijimos que la universidad no va aguantar otra elección con candidato único”.

–¿Por qué no aguantaría otra elección con candidato único?

–Porque va a generar una crisis. Se podría venir un problema político dentro y fuera de la universidad y ya están apareciendo. Ahorita hay un movimiento donde somos universitarios y gente del pueblo. Eso no ocurrió hace seis años, cuando los únicos opositores fuimos nosotros, Insurgencia Universitaria. Saldaña y su equipo ya están muy cuestionados por la sociedad.

–¿Qué pasó con los universitarios de alto perfil, los guerrilleros, los investigadores?

–Fueron cooptados. Arturo Miranda, Berenice Illades Aguiar fueron cooptados. En el caso de Berenice hay negocios. Ella y su esposo están participando en actividades que les genera dinero extraordinario a su salario por manejar recursos públicos. Ella es directora de Investigación y en ese cargo tiene acceso a recursos. Sé que han mejorado mucho económicamente en estos 10 años de Saldaña. Pero no creo que Berenice esté convencida de las cualidades que le atribuyen a Saldaña, lo que los hace estar ahí es la conveniencia. Yo conozco a Berenice desde los 70. A Berenice e igual que Arturo Miranda, estar con Saldaña les ha representado una mejoría económica. Arturo Miranda le dieron el grado de maestro emérito y eso representa una cantidad importante de ingreso extra a su salario y que también le puede impactar en su jubilación.

El ejército de Saldaña

La cooptación es el método, pero Saldaña necesitó una estructura para ponerlo en práctica. Construyó un ejército que le operara política y electoralmente, que abarcara toda la universidad. ¿Cómo lo logró? Con los recursos de la propia universidad.

De acuerdo al Convenio Marco de colaboración que firmó la Secretaría de Educación Pública, la gobernadora Evelyn Sáldalo Pineda y el actual rector, José Alfredo Romero Olea en 2 de enero de este año en la Ciudad de México, la Uagro para 2023 recibirá una subsidio gubernamental del 3 mil 145 millones 359 mil 562 pesos.

De esos, 2 mil 295 millones 359 mil 560 pesos, los transfiere la SEP, el resto, 850 millones, el gobierno del estado.

Del monto total, 2 mil 21 millones 441 mil 986 pesos son para sueldos, prestaciones de los universitarios; mil 27 millones 984 mil 542 pesos son para Gastos de Operación. El resto lo gasta la universidad en el pago de estímulos al personal docente y gasto de operación peso a peso.

Con el rubro de Gastos de Operación, dice Ibarra Flores, Saldaña construyó su ejército de operadores.

“Saldaña sometió al Consejo Universitario para que le aprobara disponer de esos recursos y los utilice para pagar esos espacios que la SEP no se lo está autorizando. Incluso, la SEP desde el 2019 le pidió que los despidiera. En 2019 eran 600, ahora 2,000”.

–Esos 2,000 trabajadores, ¿quiénes son?

–Son personas contratadas por el equipo de Saldaña, muchos directamente por él.  Muchos deben estar por contrato, los tiene agarrados de estómago. Son 2,000 que son operadores políticos. Son 2,000 incondicionales que tiene distribuidos en toda la universidad y además parte de ese dinero lo utiliza para el control político. Así cuando le vamos a ganar. Muchos no cumplen ni funciones académicas ni administrativas, son jóvenes que están en las escuelas operando lo que les dicen. Es la estructura política-electoral de Saldaña.

“Por eso ahora para esta candidatura le firmaron 196 de 204 consejeros, los únicos que no lo firmaron son los integrantes de la Comisión Electoral. Eso rompe con principios básicos de cualquier sistema electoral, que el órgano que organiza la elección sea independiente e imparcial. El Consejo Universitario no es ni independiente ni imparcial. No había forma de que un opositor pudiera sacar adelante sus impugnaciones. Estamos como en los viejos tiempos; Saldaña tiene carro completo”.

–¿Qué impacto tiene que estos gastos de operación se estén utilizando para mantener su estructura?

–Que las escuelas no tengan dinero para cubrir sus necesidades. Por eso las escuelas cobran la cuota. Las escuelas cobran cuotas, además de aranceles, sin dar recibo. Por ejemplo en la Preparatoria 9, cobran 350 pesos por alumno de nuevo ingreso sin dar recibo. Eso cobra el director. Y lo peor: que no es la única, así casi están todas porque la rectoría no les da dinero para comprar sus insumos que utilizan.

–No veo a los directores de las escuelas quejándose por la falta de dinero, ¿esto está acordado?

-Sí, claro. Esto es un mar de corrupción. El Grupo Universidad por Guerrero, que encabeza Saldaña, ha promovido la corrupción de manera escandalosa. Por ejemplo, el acarreo del 5 de mayo: ¿Quién pagó los camiones? Ahora en la elección de consejeros la indicación fue vayan y compren lo que necesiten y que lo facturen a nombre de la universidad. Eso pasa porque no hay contrapesos en la universidad y eso da lugar a un gobierno autoritario

Sin democracia y se enseñoreó la corrupción

–¿Cuál ha sido la mayor afectación de la hegemonía de Saldaña?

–La principal afectación es a la democracia. Se acabó la democracia. Y la otra es la corrupción. Se enseñoreó la corrupción con Saldaña. Sobre todo en el asunto de las obras, es sabido que se derrumbaron edificio que no debieron tumbarse para tener obras.

“Las implicaciones a mediano y largo plazo pueden ser dos. Una que siga así. Ahorita te lo puedo decir así: en la Uagro gobierna el PRI. Lo digo de otra manera, la Uagro es el único bastión que le queda al PRI. No tiene otro bastión, perdió el gobierno de Guerrero, le quedan unos ayuntamientos, algunos diputados, pero el verdadero bastión es la Uagro, y no es poca cosa maneja más de 3 mil millones de pesos, es un dineral”.

“La otra es que surja un movimiento emergente, que se amplié el cuestionamiento social, porque lo que vemos es que a Saldaña y a su grupo lo ven como una usurpación. De hecho el que está es un usurpador. Romero Olea tenía cobertura legal por seis meses con la condición convocará a elecciones extraordinarias y no lo hizo. Está en la total ilegalidad y está avalado por la gobernadora, el Congreso y la SEG”.

“El Consejo Universitario decidió prologarle a dos años sin ninguna base jurídica. El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Uagro dice lo que se tiene qué hacer cuando no hay rector: nombrarse a un interino y este a través del Consejo Universitario debe convocar en menos de 30 días a una elección extraordinaria. No lo hizo con el pretexto de la pandemia, pero hubo elecciones constitucionales. Está bien que se preocupen por nosotros pero no al nivel de romper las reglas de la democracia e institucionalidad”.

Saldaña, ¿es rico?

A Saldaña lo ha perseguido un cuestionamiento: su riqueza.

El ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, se refirió a Saldaña como “el rector más rico del país”.

En 2018, otro ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, escribió en sus redes sociales: “¿Cómo un rector de una Universidad tan pobre como la nuestra puede comprar caballos de dos o tres millones de pesos? La Universidad Autónoma de Guerrero debe ser sometida a una minuciosa auditoría, que se investiguen las propiedades del Rector Javier Saldaña y se conocerán muchas cosas”.

Cuando recibió su constancia como senador electo, Félix Salgado Macedonio, dijo: “No puede ser que haya un pueblo pobre con un gobernante rico, ni puede ser que haya una Universidad pobre, donde se rechazan a los jóvenes estudiantes, con un rector rico, tampoco se puede”.

–¿Qué tanto es cierto esto?

–Sí, hay la percepción de que se ha hecho rico de manera ilícita, a Saldaña lo sigue un cuestionamiento público de enriquecimiento ilícito al amparo del cargo de rector. El cargo lo ha utilizado para hacer negocios ilícitos o lícitos como su universidad privada en Acapulco Indesag (Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens), la compra de bienes, se dice que tiene bienes en todo el estado. Las obras de la universidad las maneja él, hay que echarle cuentas a los porcentajes de utilidad que dan las obras, 30 por ciento por el monto total de la obra, si es un millón, son 300,000 pesos, pero son varios millones en obras.

–¿La universidad está facultada para hacer obra pública?

–El estado y la Federación le dan recursos especiales para que la universidad los ejecute. Estos recursos deberían ser licitados pero no se licitan. La obra pública es el negocio de todo el grupo de Saldaña, no sólo de él. En la sociedad hay esa percepción, se sabe que tiene un rancho con caballos pura sangre, se sabe que tiene una casa en el conjunto residencial Las Brisas en Acapulco. Acá en Chilpancingo tiene varios inmuebles, acá por el hotel Jacarandas, dicen que ahí tiene una construcción grande. Pero casi nada está a su nombre, se le señala de corrupto, no de tonto. Por eso él dice: ‘compruebenme la corrupción’. En la corrupción no sólo se investiga los bienes que están a su nombre sino también su entorno. Es decir, esa casa no está a tu nombre pero ahí llegas como dueño.

–¿Por qué no lo están investigando?

–Sí está denunciado, pero ha tenido la intuición de que para estar bien necesita estar bien con la gente del poder. Por eso se acercó con la gobernadora, por eso se está acercando a Claudia Sheinbaum, porque piensa que ella va a ser la próxima presidenta. Quien no lo pasa y tiene bien clarito quién es Saldaña, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas que se pueden resolver con una instrucción.

–¿Por qué no se ha dado esa instrucción?

–No sé, sería bueno preguntarle a López Obrador.

–En 2021, cambió el mapa político en Guerrero, parecía que Saldaña quedaba desprotegido al salir del PRI, pero no pasó nada. ¿Qué le ofreció Saldaña a la familia Salgado? ¿Por qué lo arroparon?

–Es muy sencillo, Saldaña da la impresión de que mueve a la universidad. Les vendió la idea de que en la universidad tiene 100,000 votos. Pero no es así, yo calculo que mueve a unos 10,000, no creo que más. Para Félix Salgado significan 10,000 votos para Claudia. Y fue Félix el que acercó a Saldaña a la gobernadora y ahora ya son camaradas. Es una cuestión de intereses políticos.

–¿No hay intereses económicos?

–Por supuesto, en esos niveles los intereses políticos siempre tienen su expresión económica.

Inelegible

El 8 de marzo de 2016, el Congreso del estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Uagro. La enmienda tenía un artículo en especial: el que le abrió la puerta a Saldaña para la reelección.

A la reforma la llamaron Ley Saldaña, porque él mismo la operó, pero, sobre todo, porque le dio ventaja sobre cualquier otro oponente.

En el artículo 10, fracción II inciso C del Reglamento Electoral de la universidad está el mayor candado para cualquiera que, en ese momento y ahora, quiera competir contra Saldaña: “Acreditar el reconocimiento y aval de 25 consejeros universitarios o los consejeros académicos de al menos 12 unidades académicas o 93 consejeros académicos”.

“El requisito de las 25 firmas es inconstitucional, viola el principio de jerarquía de leyes, pero lo están aplicando. El requisito de las 25 firmas de consejeros no está en la Ley Orgánica de la Uagro, está en el Reglamento electoral y, según el derecho, ninguna norma menor puede tener más requisitos que la ley superior. Saldaña es inelegible. Él fue electo por primera vez con una ley que prohíbe la reelección, luego promulgó una nueva ley orgánica que incluye la reelección por una vez. Él ya ejerció la reelección, aunque ellos dicen que no, que ese derecho es válido en su elección del 2017”.

–¿Cuántos votos necesita Saldaña para declararse rector?

–La legislación dice que necesita mayoría de votos, no dice que necesita la mayoría absoluta que sería el 50 más uno, sólo con la mayoría simple, así que cualquier cifra la haría rector. Nada más que si les preocupa que vayan a votar. Si logra, por ejemplo, unos 10,000 votos se vendría una crisis y marcaría el fin de saldañismo. Hace seis años logró 60,000 votos pero dijo que iba a sacar 90,000. Nosotros como oposición logramos convencer a 15,206 que votaron en abstención. No sacó ni 70,000.

“En esta elección, calculamos un patrón de 90,000. Esta vez no sabemos en cuántos vamos a influir, hace seis años éramos más poquitos. Pero vemos que hay mucha gente que no tiene que ver en los negocios, pensamos que va a votar en abstención o no va a votar.

“Ahora Saldaña dice que espera que 80 por ciento de los universitarios salgan a votar, eso representaría unos 75,000 votos, pero lo que yo he visto, sobre todo, en alumnos que no los están influyendo. Pero en los profesores sí tiene el control porque no está basificándolos, porque si lo hace pierde el control sobre ellos. Negocian las direcciones de las escuelas. Al grupo Transformación Guerrerense que encabeza su primo, Roberto Rodríguez Saldaña, le ofreció la Secretaría General. Cuando tomé el control se verá si es cierto o no”.

–¿Quién pagó la campaña de Saldaña?

–¡Tienen mil millones de pesos! Así te lo digo: tienen mil millones para gastarlos como quieran. Por no ocuparlos para lo que es, gasto de operación. No se acordó tope de gastos, el Consejo Universitario no lo tocó ni como tema. Se sabe que formalmente la Uagro no le dio dinero para hacer campaña. Entonces no habrá revisión, no habrá fiscalización. En el proceso electoral de la universidad no hay apego ni a los principios electorales constitucionales.

La Uagro en el fondo del ranking 

–¿Hay los logros en la era de Saldaña?

–Ellos dicen que han elevado a la universidad a los primeros lugares en el país. Es falso. Presumen la certificación en las licenciaturas y posgrados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), esos son logros pero no de Saldaña, son de los profesores que decidieron prepararse. Sí habido logros pero hay que decirlo, para eso se le paga para que hagan las cosas y bien. A los funcionarios se les paga para que hagan su trabajo.

“No hay y ojalá hubiera una superación cualitativa en la universidad, yo no lo veo. Hay cosas donde hubo mejoras pero no en el nivel que ellos lo presumen. Por ejemplo, la Uagro no está colocada en los mejores ranking, es la 32 de 38 universidades públicas.

“Y uno de los problemas de este periodo de Saldaña es que no se formó una élite de esté preocupada y atendiendo lo académico, está metida en lo político, en el control. Los académicos de alto nivel están metidos en lo político y no en lo académico. Eso es un mensaje equivocado, ¿para qué un doctorado? No hubo una evolución política, ni en el aspecto ético. Y eso en un estado como Guerrero es grave”.

 

El mito del conejo de Omiltemi que fue real; especie endémica de Guerrero

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía Inmacob (Instituto para el Manejo, Conservación y Preservación de la Biodiversidad)

Chilpancingo

 

En la Sierra de Guerrero existió un mito sobre una especie de conejo color rojizo, con una pequeña cola que por más de 100 años generó curiosidad a la comunidad científica, es el denominado conejo de Omiltemi, una especie que, ahora se sabe, es endémica de este estado.

El primer registro de esta especia data de 1904, un investigador llegó a Omiltemi, comunidad serrana de Chilpancingo, y los habitantes le obsequiaron algunas pieles de conejo, entre ella una muy particular, no coincidía con la de otros conejos.

El investigador trabajó con esa piel, registró algunos datos generales, altitud y características, pero nunca vio al conejo.

En 1980, en Omiltemi circuló una piel con características similares a la del hecho de 1904.

Posteriormente se vieron otras dos pieles una en el lugar, y otra en Acahuizotla, también municipio de Chilpancingo, “pero esas ya no se parecían en nada”.

La organización internacional no gubernamental Global Wildlife Conservation contactó en 2019 a un grupo de biólogos guerrerenses para retomar la investigación y constatarse de la existencia del conejo.

A través del Instituto para el Manejo Conservación y Preservación de la Biodiversidad (Imacob), José Alberto Almazán Catalán, es el responsable de la investigación sobre el conejo de Omiltemi.

Viajó a Omiltemi en 2019 para buscar al conejo, no logró verlo ni en cámaras trampa ni de manera física.

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Un poblador de Omiltemi le comentó que él sí lo había visto, pero fuera del pueblo. Entonces ampliaron el rango de búsqueda.
Almazán Catalán contó que accedieron a otras pieles y a un ejemplar que fue trasladado a una menor altitud y falleció. Este tipo de hallazgos permitieron sentar las bases de la investigación del conejo de Omiltemi.

Ahora se puede decir que el conejo de Omiltemi es endémico de Guerrero y habitan en la parte central de la Sierra Madre del Sur que cruza por el estado.

“En la actualidad tenemos imágenes desde Tecpan de Galeana (en la Costa Grande), Jaleaca de Catalán, Carrizal de Bravo, Yextla, Puerto del Gallo, (en la Sierra de la zona Centro de Guerrero)”, mencionó Almazán Catalán.

Este conejo es más pequeño que un conejo común, su “coloración es más rojiza y la cola es muy pequeña, de cinco centímetros y completamente negra”.

Fue a mediados del 2020, 120 años después del primer indicio, que Almazán Catalán tuvo en las manos uno de estos ejemplares.

“De hecho es muy común verlo en las carreteras, como se alimentan del pasto que crece en las orillas de los caminos, ahí andan brincado de un lado a otro, pero como nunca les ponemos atención no nos damos cuenta que es el conejo de Omiltemi”, dijo Almazán Catalán.

Hasta el momento no existen datos o estimaciones sobre la población del conejo de Omiltemi, aún faltan estudios para ello, pero Almazán Catalán es optimista y espera que las ONG otorguen el recurso este 2023 para continuar las investigaciones.

La importancia de este ejemplar es que funciona como base de la cadena alimenticia, sus depredadores naturales son el lince, jaguares y pumas.

“El conejo de Omiltemi es la especie de lepórido más desconocida en México, además de ser una especie endémica de México que se encuentra en la parte central del estado de Guerrero, en la Sierra Madre del Sur, no se habían tenido registros de la especie desde 1904, por lo que se le considera extremadamente rara”, se lee en Naturalisa, un espacio digital que recupera la información de flora y fauna a nivel mundial.

Aun cuando se llama conejo de Omiltemi, en dicha población serrana de Chilpancingo no existe algún registro de avistamientos, por lo que conforme avancen las investigaciones el nombre puede cambiar.

Almazán Catalán, a través del Instituto para el Manejo, Conservación y Preservación de la Biodiversidad (Inmacob), pretende, con el apoyo de organizaciones sociales internacionales, crear un área natural protegida que abarque el corredor del Jaguar, en la Sierra de Tecpan y Atoyac, habitad del colibrí coqueta, donde pretenden sumar al conejo de Omiltemi.

 

La gobernadora evade a los reporteros que querían preguntar sobre caso Tierra Caliente

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

30 de abril del 2023

Chilpancingo

 

Este domingo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó dos actos con motivo Día del Niño en Chilpancingo y la pregunta obligada de los reporteros sería su opinión sobre los bloqueos que desde el viernes 28 pasado encabezan alcaldes y diputados en Tierra Caliente, pero evitó acercamiento con los representantes de los medios de comunicación.

Su equipo de seguridad la protegió.

Entre vallas metálicas, agentes vestidos de civil, a quienes se les veía entre sus ropas el arma, y camioneta blanca Suburban blindada se movió la gobernadora al presentarse en distintos actos en esta capital.

El primero ocurrió afuera del Auditorio Sentimientos de la Nación, frente al Palacio de Gobierno, al sur de esta capital.

Ahí, junto a su hermana Liz Salgado, presidenta «honoraria» del DIF estatal, su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, la gobernadora dio el banderazo de salida a una rodada de bicicletas.

Previo al evento regalaron 500 bicicletas a las niñas y a los niños que fueron acompañados de sus padres.

Los tres Salgado estaban vestidos con traje de ciclista.

Salgado Macedonio tenía como principal afición a las motocicletas, pero, ahora, dicen quienes lo conocen, que le gusta rodar en bicicleta.

El discurso de la gobernadora fue sólo para felicitar a los niños. No dijo más. Seguro sus asesores le dijeron a la gobernadora que había reporteros y por eso no habló sobre otros temas, como el de la violencia; desde que asumió el cargo casi no habla del asunto, menos cuando le preguntan comunicadores.

En este acto de la rodada de ciclismo el que habló, pero muy poco, fue su papá.

El senador y padre de la gobenadora Evelyn Salgado Pineda en entrevista durante un evento del Día del Niño en Chilpancingo. Foto: Oscar Guerrero.

«La gobernadora hizo un llamado a los alcaldes para que haya un diálogo porque no es con bloqueos como se va a solucionar esto, porque, además, esos bloqueos afectan a la ciudadanía», dijo el senador morenista.

Sobre la reunión que tuvo la mandataria estatal con 11 alcaldes, ocho de Tierra Caliente, tres de la Zona Norte y tres diputados locales y un legislador federal el pasado jueves en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, Salgado Macedonio dijo desconocer de qué temas hablaron.

Personas que estuvieron en esa reunión informaron el mismo jueves en la tarde que la reunión entre la gobernadora y los ediles y legisladores fue áspera y de reclamos mutuos.

Este sábado circuló en las redes sociales un documento firmado por los asistentes de esa reunión en el 34 Batallón en el que le piden a Salgado Pineda medidas de seguridad, porque, según ellos, son amenazados de muerte por el grupo del crimen organizado de Los Tlacos que dirige Onésimo Marquina.

«Para frenar a la delincuencia deben de colaborar el gobierno federal, el estatal y los gobiernos de los municipios», dijo el senador, quien es originario de la comunidad de Las Querendas, del municipio de Pungarabato, en Tierra Caliente.

«¿Pero no es raro que ahora los alcaldes pidan protección de un grupo delictivo cuando en su zona está otra organización?», se le preguntó.

«Pues, sí, eso es muy raro, pero, insisto, en que los alcaldes deben de dialogar», contestó.

El otro acto donde estuvieron la gobernadora, su papá y su hermana, así como la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue en la cancha de futbol de la colonia Galeana, donde entregaron juguetes a los niños, quienes también disfrutaran de diversos juegos y antojitos mexicanos.

La mandataria estatal que vestía un huipil llegó en la camioneta blindada y atrás de su vehículo venían otras dos unidades con agentes de seguridad, además varias patrullas con agentes de la Policía Estatal.

Casi al finalizar el acto llegó el senador Salgado Macedonio.

Al concluir el evento, otra vez la gobernadora salió entre las vallas metálicas hacia su camioneta blindada.

Nuevamente evadió a la prensa.

 

La gobenadora Evelyn Salgado Pineda durante los festejos del Día del Niño en Chilpancingo. Foto: Oscar Guerrero.

 

Bloqueo en Tierra Caliente duró tres días y este domingo comenzó otro en Costa Grande

La FM está detrás de las protestas, acusan

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Especial

30 de abril del 2024

Chilpancingo 

 

A los bloqueos carreteros que hay en toda la región de la Tierra Caliente  y que encabezan alcaldes y diputados del PRI, PRD y Morena, se suma otro que comenzó la tarde este domingo, en el nunicipio de Petatlán, en la Costa Grande, zona en la que también hay presencia del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

A tres días de estas protestas, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda ha guardado hermetismo, aunque su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, planteó un diálogo con los alcaldes, pero rechazó que en esta negociación se acepte la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Fuentes del gobierno aseguraron que la coronel del Ejército (Valdovinos Salmerón) ha dado duros golpes contra los dirigentes de la FM, decomisándoles ranchos, otras propiedades y autos de lujo como dos el viernes 28 de abril pasado, una camioneta Hummer y un Lamborghini con reporte de robo.

Eso originó, dicen fuentes del gobierno, las airadas protestas en Tierra Caliente para denunciar, según los ediles y diputados, abusos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los bloqueos carreteros encabezados por alcaldes y un legislador local, en la Tierra Caliente de Guerrero, cumplieron 72 horas, ya ocasionó compras de pánico por parte la población, el desabasto de gasolina y vívires, además de cientos de personas varadas en distintos puntos de la región.

Desde el viernes 28 de de abril, después del cateo a una bodega y el decomiso de autos clásicos y de lujo, presuntamente propiedad del grupo delictivo de la Familia Michoacana (FM), operación realizada por la FGE, cientos de transportistas bloquearon las carreteras que conectan a los municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Tlapehuala, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Tlalchapa.

Pobladores de Petatlán bloquean la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de Palos Blancos, en la Costa Grande de Guerrero, para denunciar abuso de poder por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Foto: Especial.

A estos bloqueos que, en un primer momento, fueron sólo de transportistas, se sumaron los alcaldes de dichos municipios junto con funcionarios y trabajadores municipales; para el sábado también había trabajadores de los sectores educativos y de salud.

De acuerdo con fuentes de la región, de quienes se omite su nombre por seguridad, comentaron a Amapola, periodismo transgresor que los trabajadores municipales, los maestros y los médicos fueron obligados a acudir a dichos bloqueos, porque de negarse serían despedidos.

«Acudan a su bloqueo más cercano y manden evidencia», decía el mensaje enviado a los trabajadores.

Por transmisiones en vivo de medios locales y ciudadanos, se supo el mismo sábado por la tarde que elementos del Ejército trataron de abrir dichos bloqueos, pero no les fue posible.

En la entrada del puente Miguel Alemán, que conecta Ciudad Altamirano con Coyuca de Catalán colocaron cinco volteos de carga pesada, de los cuales los militares sólo lograron mover unos pocos metros.

Después de ese intento de desalojo los elementos del Ejército, acompañados por la Guardia Nacional, se retiraron.

Los alcaldes que ahora encabezan dicho bloqueo son el perredista de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, y el priista de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario.

También el de Arcelia, Balmaro Torres Berrum; el de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; la de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes y el diputado local, Adolfo Torales Catalán. Todos ellos priistas.

En un comunicado en redes sociales también mostró su apoyo a los bloqueos la perredista y diputada local Elzy Camacho Pineda.

En distintas declaraciones públicas los alcaldes mencionaron que el bloqueo es para pedir a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, la salida de la FGE «por cometer atropellos contra los derechos humanos de la población calentana», dijeron casi en guion todos los alcaldes.

A 72 horas de los bloqueos, ciudadanos de la región ya comienzan a sufrir el desabasto; en Tlapehuala las gasolineras también empiezna a quedarse sin gasolina y en Ciudad Altamirano la población ya abarrotó las tiendas comerciales ante el pánico de quedarse sin víveres.

Unidades Servicios Públicos del municipio de Pungarabato bloquean calles en Ciudad Altamirano. Foto: Especial.

Por el momento las personas sólo pueden cruzar a pie o en moto los bloqueos.

En tanto, los transportistas les bajaron el aire a sus unidades como una medida de protección ante los rumores de desalojo por parte de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

La noche del sábado circuló un video en redes sociales de un cortejo fúnebre que no pudo cruzar de Coyuca de Catalán hacia Ciudad Altamirano, por lo que tuvieron que cargar el féretro y cruzar a pie.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que el delegado de Servicios Educativos en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez, fue removido, pero no informaron los motivos.

De acuerdo con los pobladores, Vázquez Vázquez fue el que obligó a los maestros de la región a acudir a los bloqueos.

Otro funcionario que denuncian obligó a sus trabajadores a acudir a los bloqueos es el director del Hospital General de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez.

Este funcionario estatal tiene como superior a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, 01 de la Secretaría de Salud, Amalia Mora Equiluz, hermana de la alcaldesa morenista de Tlachapa, quien encabeza un contingente en el cierre de una de las vías en esa región.

El cierre de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano provocó que las empresas de autobuses Estrella de Oro y Costa Line cancelaran desde este sábado el servicio a los nueve municipios de Tierra Caliente.

Dos autobuses del transporte público de Tierra Caliente bloquean la carretera interestatal Ciudad Altamirano-Riva Palacio. Foto: Especial

 

Sofía, una niña artista plástica que desde de la pintura desarrolló el gusto por la biología y astronomía 

Texto y fotografía: Itzel Urieta

30 de abril del 2023

Chilpancingo

 

Sofía Sarahí Figueroa Salas sostiene en sus manos un plumón de color azul, con el que pinta una botella de mezcal, esta pintura será expuesta en el centro cultural El Zanate Azul, como parte de la muestra colectiva, Guerreros del mezcal.

Sofía mostró gusto por el arte a sus dos años, su tía Olga Figueroa Lujano, quien se dedica a la pintura, la motivó a que desarrollara sus habilidades.

Desde los seis años entró a cursos de dibujo y pintura, ahora, a sus 10 años, para de sus habilidades son la pintura y el dibujos con diferentes técnicas.

Sofía es simpática y un poco tímida, pero al hablar de arte y pintura se muestra con confianza y seguridad.

La idea de su tía de acercarla al arte fue para que no estuviera “en su casa viendo televisión”.

A Sofía le gusta dibujar la naturaleza: paisajes, árboles, plantas, y animales; es lo que más dibuja.

“Me gusta hacer este tipo de dibujos porque me dan paz”, comentó Sofía.

Además de desarrollar sus habilidades, para Sofía asistir a sus clases de pintura es una manera de conocer y convivir con otras niñas y niños.

Su artista plástico favorito es Vincent van Gogh; ha replicado algunas de sus pinturas como la de la Noche Estrellada.

A Sofía le gustaría ser artista plástica de grande– ya lo es–, y ver sus obras expuestas en alguna galería grande. Sus pinturas ya son expuestas en el Zanate Azul.

Las técnicas que domina Sofía son el dibujo con plumones, las acuarelas, óleo y acrílico y experimentó con el grabado.

Pero su técnica favorita es la acuarela, porque “los colores se ven más bonitos, el agua hace que los colores se mezclen mejor”.

Dichas obras representan sus gustos y aficiones; de grande a Sofía también le gustaría ser bióloga o astrónoma.

“Me gusta el sol, la naturaleza, el cielo y por eso los pinto”. Lo importante es que todo eso lo puede expresar e sus obras.Ya hasta perdió la cuenta de cuántas obras tiene hechas.

“Con su trabajo ella ya puede hacer su propia exposición”, cuenta Figueroa Lujano.

El consejo de Sofia para otras niñas y otros niñas que les gusten las artes plásticas es “que usen la imaginación y hagan su mejor esfuerzo para poder dibujar bien”.

El arte como método de enseñanza

Para Figueroa Lujano la pintura es una manera de enseñar a los niños y a las niñas a pensar mejor, a desarrollar su imaginación, mejorar sus habilidades y para la concentración y la disciplina.

Aun cuando en Chilpancingo no existen muchos espacios para enseñar y aprender sobre arte y pintura, en el Zanate Azul, un espacio independiente, hay cursos permanentes para niños, niñas, adolescentes y adultos de pintura y dibujo.

Sofía aprendió en el Zanate Azul. Olga Figueroa Lujano, su tía, es una artista plástica y una de las fundadoras y maestra de este espacio de cultura y arte en la ciudad.

En un estudio sobre educación infantil, publicado en la Guía Infantil 2022, menciona que enseñar distintos tipos de arte a las infancias estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños.

“La pintura es arte y como tal, no debe ser una actividad repetidora ni condicionada a viejos patrones. Los cursos de pintura infantil también son recomendables; en ellos los niños pueden aprender a utilizar diferentes materiales y distintas técnicas”, se lee en la Guía infantil 2022, en el capítulo llamado La importancia del arte en niños pequeños.

 

 

Tonatihu, un niño chilpancinguense que va del dibujo a la animación con un sistema educativo desde casa

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Tonatihu Cabrera Beltrán, de 13 años, realizó su primer cortometraje animado en el que expone su preocupación por el medio ambiente, las energías contaminantes y el futuro del planeta.

Se trata de una animación de cuatro minutos en la que describe un futuro devastado por la contaminación y la radiación producto de la energía nuclear.

Para el corto, Tonatihu realizó 130 dibujos de manera digital. Le invirtió 500 horas, entre dibujos, edición, animación y el guion. Cada movimiento requirió de un fotograma para generar los movimientos. Todo esto lo realizó él.

En el corto, Tonatihu se autoretrata, con la ropa que llevaba puesta el día que lo comenzó y con su característica cabellera larga rojiza.

La primera escena es un plano de detalle, donde Tonatihu abre los ojos; despierta y sólo ve devastación y desolación.

Después observa un entorno de tierra seca y cuarteada, donde yace el cadáver de un perro. El personaje, o sea, Tonatihu, tiene una regresión en sus pensamientos, lo que en cine se conoce como un flashback, y recuerda ve ese mismo entorno de un vivo color verde, con personas habitándolo.

Pero regresa a su realidad y ve una enorme central nuclear de la que sale un líquido verde, donde hay letrero que dice, “Cuidado, radiación”.

El líquido verde que escurre de la planta nuclear llega a los ríos y a los mares. Cierra con una imagen del planeta tierra en el que el agua azul se tiñe del líquido verde.

Después hay se escucha una narración de la importancia de las energías renovables.

Aunque el corto fue para una tarea escolar,muestra la preocupación de un niño por el futuro del planeta en el que vive.

En entrevista para Amapola, periodismo transgresor, Tonatihu cuenta qué lo motivó a hacerlo.

La tarea era explicar en un video el punto siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30.

Los ODS son 17 en total, diseñados como un “plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos”, de acuerdo con el sitio oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estos objetivos globales fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la meta de ser alcanzados para 2030. En el objetivo siete, se trata de la Energía Asequible y no Contaminante.

La tarea consistía en que el alumno explicara en un video este objetivo. La petición era un video grabado, pero Tonatihu decidió ir más allá y poner en práctica sus aptitudes, y realizó una animación digital.

Pero él lo explica simple.“Sólo descargué las aplicaciones de edición de videos, hice los dibujos los fui colocando para formar el video”. No requirió de una gran computadora o grandes editores de vídeo, solo su tablet y mucha imaginación.

“Me preocupa la situación en la que vivimos y ya había investigado mucho y leído sobre lo peligroso que son las plantas nucleares y, por eso, decidí hacer así el video”, contó.

Para realizar la animación, Tonatihu, a sus 13 años, ya domina algunos programas de edición de video y audio.

Además tiene todo un contexto visual y de artes en casa. Su padre, Víctor Cabrera Alonso, se dedica a la fotografía y video y lo que sabe se lo ha enseñado.

Su madre, Tonatzin Beltrán Cortés, es maestra de artes en nivel secundaria, maneja y practica diferentes artes plásticas, además es promotora cultural de los pueblos originarios.

Víctor y Tonatzin tienen un negocio de artesanías guerrerenses en el que toda la familia colabora. Muchas de las piezas en ventas son realizadas por la familia.

Una educación distinta

La materia para la que hizo el video se llama Marco legal, equivalente a Educación Cívica y Ética.

Tonatihu estudia en la Escuela Secundaria Nicola Tesla, ubicada en San Luis Potosí, pero toma sus clases desde Guerrero.

Este modelo educativo fue decisión en familia.

Tonatihu está en un programa escolar con clases pensadas y diseñadas para ser a distancia.

Entre el plan de estudios de esta secundaria privada hay otra materias al plan común del nivel básico, como Lengua Materna, Idioma, y Marco Legal, en las que abordan temas sociales y políticos de la actualidad.

Este método de enseñanza, de acuerdo con Tonatzin Beltrán Cortés, madre de Tonatihu, es porque el niño siempre tuvo una educación en casa.

“Esto porque queríamos alejarlo del sistema educativo tradicional que está ya muy viciado”, dijo.

Tanto la madre y como al abuela de Tonatihu son maestras y recibió la educación básica en casa; los tres últimos años asistió a una secundaria bilingüe, pero por el confinamiento generado por la Covid-19, la mayor parte de sus clases fueron virtuales.

Cuando ingresó a la secundaria, sus padres buscaron una alternativa para su educación y dieron con la Secundaria Nicola Tesla.

Así Tonatihu, a través de clases diseñadas para ser a distancia, y con todo lo que recibe en casa, aprende y desarrolla habilidades como la animación.

“La publicidad televisiva de juguetes en México refuerza y replica estereotipos de género”

En el Marco del Día de la Niñez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó los resultados del “Monitoreo de estereotipos a la publicidad televisiva de juguetes dirigida a niñas y niños”, esto con el objetivo de señalar el uso o desarraigo de estereotipos de género.

De 286 comerciales analizados, el 58% presentaron estereotipos, el 31% manejaron un discurso neutral y sólo un 11% apostaron por desarraigarlos.

Texto: Alondra Angel Rodriguez / ZonaDocs

Ilustración: ZonaDocs

28 de abril del 2023

 

En la publicidad televisiva mexicana que promociona juguetes para las infancias sigue dominando una narrativa binaria, pues aún prevalecen estereotipos de género que venden la idea de que “tales juguetes son exclusivos para niñas y tales para niños”; así lo demostraron los resultados del “Monitoreo de estereotipos a la publicidad televisiva de juguetes dirigida a niñas y niños” realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Este estudio analizó 286 comerciales de juguetes para niñas y niños que fueron transmitidos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 15 de enero de 2022 por señales de televisión radiodifundida y televisión restringida en México. Dicha temporalidad consideró el contexto de fin de año y la estrategia comercial de “El Buen Fin”, en el que muchas familias adquieren juguetes para las festividades navideñas.

De los 286 mensajes comerciales utilizados para el monitoreo, se identificó que 120 se dirigen a infancias en general y 166 tuvieron como público objetivo a un sexo en específico (60% fueron para niñas y 40% para niños).

Sobre estos comerciales también se estudió el uso de los colores rosa y azul para saber si sobresalían en los mensajes, considerando que estos suelen asociarse de manera estereotipada a niñas y niños; los resultados que se obtuvieron fue que: “el 48% de los comerciales analizados usaron el rosa o azul de manera predominante. De éstos, 71 mensajes priorizaron el color rosa y 68 lo hicieron con el color azul.

Para relacionar el público objetivo con el tipo de juguete de los spots que se observaron también se realizaron diferentes clasificaciones de los juguetes, estos fueron los resultados:

En la categoría “muñecas y accesorios” estaba mayoritariamente dirigida para las niñas con 96% y 4% para ambos sexos.

En la categoría “juegos educativos, de manualidades y arte” se encontró 69% para ambos sexos, 18% para niños y 13% para niñas.

En las categorías “vehículos, pistas de carreras y accesorios” y “figuras de acción y accesorios”, la publicidad se dirigió a niños con el 68% y 82% respectivamente.

Entre los hallazgos más importantes del monitoreo fue que:

“De los 286 comerciales analizados: 58% presentaron estereotipos de género, 31% tuvieron una postura neutral, mientras que el 11% sí elaboraron mensajes que podrían contribuir a desarraigo de dichos estereotipos”.

En lo que respecta al desarraigo de estereotipos se los considero así, ya que de acuerdo al IFT buscan:

“mostrar una participación activa tanto de niñas como de niños, una convivencia igualitaria, diversidad étnica, trabajo en equipo, un uso de adjetivos neutros, así como la libertad de seleccionar juguetes y roles de género”.

Por otro lado, el monitoreo también encontró que 113 mensajes reproducen estereotipos femeninos porque muestran a niñas juegan con muñecas, a niñas que están preocupadas por su aspecto físico y que sólo juegan con otras niñas.

De la misma manera, se contabilizaron 82 mensajes vinculados a lo masculino, donde se presenta al niño como alguien que compite, que juega con vehículos y que, al igual que las niñas, sólo juega con otros niños.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo por niñas y niños en los mensajes comerciales, se detectó que las niñas fueron representadas en demostraciones de afecto, en roles de cuidadoras de bebés y en juegos asociados a la moda, cuidado personal y belleza.

Mientras que la participación de los niños se vinculó con disparar, combatir, simular sonidos de animales o diálogos de figuras de acción con referencias a conflictos armados.

Con respecto a las palabras o frases empleadas en los mensajes fue posible detectar que los anuncios que van dirigidos a las niñas principalmente evocan a los sentidos mencionando colores, texturas, sonidos y sabores; por ejemplo: “ruiditos”, “palmaditas”, “eructito”, “comidita” y “casita”. En tanto que en los que se dirigen a niños se identificaron: “épico”, “extremo”, “súper”, “enorme”, “gran” e “impactante”.

En contraparte, las descripciones de los juguetes para niños estaban enfocadas en los rasgos heroicos y magníficos del producto: “épico”, “extremo”, “súper”, “enorme”, “gran” e “impactante”.

Sobre este tema, el Monitoreo también precisó el tipo de mensaje por género:

En los mensajes en los que se habla de “diversión” para niñas se presentan experiencias creativas (crear, pintar y colorear) y cuidado de bebés o mascotas, mientras que para los niños la “diversión” se relaciona con los juegos de aventura acompañados de dinosaurios, robots y autos.

Para las investigadoras e investigadoras que participaron en el estudio, esto permitió identificar:

“una diferenciación por sexo en los verbos utilizados en spots de juguetes personalizables, es decir, se emplea “decorar” para niñas y “crear”, “armar” o “construir” para niños”.

Tras este análisis, las conclusiones a las que llegaron fueron que la mayoría de los comerciales analizados contribuyen a perpetuar: “la idea de que las niñas deben ser “coquetas”, “bonitas”, “sexys”, “cuidadoras” o “princesas”, mientras que los niños, deben conducirse “como hombres”, “héroes” o “guerreros”.

Se deben de atender las desigualdades de género en la publicidad televisiva

Oscar Diaz Martínez, Titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, consideró que es importante poner atención en lo que se presenta en la publicidad, ya que las niñas, niños y adolescentes están expuestos a esto día con día:

“los conecta de alguna manera con los objetos, situaciones que miran a traes de la pantalla y podrían estar generando una oleada de ideas y emociones que influyen en su comportamiento y en su manera de ver la vida. No es menor la influencia de la publicidad de nuestras infancias a través de los contenidos audiovisuales”.

Por su parte, Ronit Leventhal Greenspun, directora de Monitoreo de Contenidos, señaló:

“en este ejercicio se detectaron avances en los anuncios que presentan un discurso audiovisual neutro o desarraigar estereotipos todavía existen áreas de oportunidad para que la industria siga trabajando con el fin de erradicar algunos”.

Melanie Tobal, fundadora y presidenta de Publicitarias agregó que, desde su experiencia en las agencias de publicidad, se está en un momento de transición, pues las industrias publicitarias tienen buenas intenciones de cambios e inclusión, pero hay una falta de capacitación para tomar en serio estos temas.

“En lo superficial parece que cambió, pero en lo profundo se ve que lo que se modificó fue lo macro y se siguen dando estas reproducciones de estereotipos. Aunque en su totalidad no se reproduzcan cuestiones estereotipadas las narrativas, escenografía, locuciones, entre otros siguen manteniendo los estereotipos”, precisó.

Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet, compartió que la cadena de jugueterías desde 2011 comenzó a cuestionar por qué ciertos juguetes y colores se asociaban a estereotipos de género, esto los llevó a crear la campaña ¡Juguetes para todxs!, una propuesta que busca promover la igualdad de género, mostrando a niñas y niños por igual, independientemente de los colores que se utilizan y del tipo de juguete que se anuncia.

En la campaña se desarrolló un catálogo de juguetes, donde se buscaba que tanto niñas como niños pudieran aparecer en todos los juguetes, dejar de considerarlos juguetes “para niñas o para niños”. Esto tuvo una repercusión internacional, y fue un parteaguas para que empresas internacionales comenzaran a tomar cartas en el asunto”.

Además, enfatizó la importancia de promover y vender productos para niñas y niños con perspectiva de género. No eliminando los colores rosa y azul, sino intercalándolos e integrando otros elementos: “Los juguetes de perce no tienen género, lo que provoca los estereotipos de género son la forma de presentarlos y comunicarlos”.

Melanie Tobal respecto al caso de Toy Planet es un claro ejemplo de lo que se debe de hacer para comenzar a luchar contra las construcciones culturales de género a las que debemos enfrentarnos día con día, las cuales -precisa- debemos entender como lo que son:

“estereotipos muy arraigados que se deben trabajar activamente para desarmarlos, ya que influyen en la vida y oportunidades de las infancias, como se distribuyen los roles y las dinámicas de vida”.

La especialista concluyó que “siempre habrá personas que no estén de acuerdo en estos avances y cambios, pero hay que tener bien presente que es una convicción que tiene que ver con derechos humanos”.

Finalmente, invitó a las audiencias a poner atención en la publicidad televisiva para dialogar con las infancias sobre lo que opinan de lo que ven en los comerciales.

Por su parte, el Comisionado Presidente en suplencia, Javier Juárez Mojica, precisó que este Monitoreo servirá para que:

“los distintos actores que participan en la cadena de valor del quehacer publicitario vislumbren nuevos caminos y elementos en el desarrollo de los mensajes y campañas que difunden, esto para hacer valer el interés superior de la niñez y los derechos de las audiencias infantiles”.

En la Convención de Derechos del Niño se reconoce que todas las infancias del mundo tienen derecho a jugar, no sólo como esparcimiento, sino también como una herramienta fundamental de desarrollo y educación; por ello, se deben de dejar de lado los estereotipos de género en los juguetes para las infancias, esto como una medida para combatir la desigualdad.

***

Los resultados completos de este Monitoreo pueden consultarse aquí:

https://www.ift.org.mx/sites/all/themes/bootstrap/templates/ift-umca/files/pdfs/eramca/monitoreo_estereotipos_publicidad_juguetes.pdf

Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

 

En ríspida reunión, alcaldes y diputados le exigen a la gobernadora medidas de seguridad ante amenazas de los Tlacos

Texto: Margena de la O y Jesús Guerrero

Fotografía: Prensa del gobierno estatal

Chilpancingo

 

Un un tono ríspido, un grupo de alcaldes y legisladores de las regiones Tierra Caliente y Norte mantuvo una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde discutieron la inseguridad que existe en sus zonas y que les impide cruzar por la carretera federal que va de Iguala a Teloloapan, es decir, la vía que comunica a ambas regiones de Guerrero.

Este impedimento que tienen estos funcionarios para transitar por la carreteras, al parecer, viene del grupo del crimen organizado de Los Tlacos, que está en zona Centro pero que se expande entre los límites de las regiones Norte y Tierra Caliente.

En la edición de ayer del periódico estatal El Sur salió publicada una nota donde informaron que alcaldes y legisladores denunciaron, a través de un documento que enviaron a la gobernadora el 8 de abril pasado, que eran amenazados por Los Tlacos, quienes hasta les impedían moverse por las carreteras.

También que ayer tendrían una reunión en el 34 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Ciudad Altamirano. Y sí, la reunión ocurrió en ese lugar, y  la gobernadora y sus funcionarios llegaron en helicóptero, informaron algunos de los asistentes.

En Guerrero es público, porque así lo han difundido las autoridades federales, que en la región tiene operaciones también otro grupo criminal, la Familia Michoacana. Después del 5 de octubre del 2022, cuando ocurrió la masacre en San Miguel Totolapan de 20 personas, entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, el gobierno federal señaló a ese grupo del crimen organizado de los hechos.

Pero en el supuesto texto de los alcaldes y diputados difundido por el medio local nunca exponen que los servidores públicos se refieran a este otro grupo criminal.

Cuando se expone al principio que la reunión fue ríspida, es porque salieron a colación los dos grupos criminales.

Los presidentes municipales se quejaron con la gobernadora que no pueden cruzar por la carretera federal que va de Iguala, zona Norte, a la Tierra Caliente– la principal vía para que lleguen, por ejemplo, a Chilpancingo, la capital del estado–, por la presencia de Los Tlacos.

Entonces la gobernadora les reviró que en Tierra Caliente también hay otro grupo que impone los precios de los productos básicos, al parecer en referencia en la Familia Michoacana. Nunca mencionó nombres.

Enseguida uno de los alcaldes de Tierra Caliente le atajó que ella había pactado con algunos grupos.

La gobernadora le reviró: “Yo no pacté con ningún grupo, yo llegué con el apoyo del pueblo”.

Esta información fue proporcionada por alguien presente en esa reunión, quien pidió guardaran su identidad, porque estos detalles no forman parte de la información oficial. Hubo mucho hermetismo alrededor de la reunión.

En el comunicado de prensa del gobierno estatal sólo reportaron que fue “una reunión de trabajo con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública”.

Los participantes mostraron el mismo hermetismo. El alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares, por teléfono sólo dijo que fue “una reunión de la Mesa de Coordinación; se habló de la seguridad, pero nada más”. Después de preguntarle del documento publicado en el medio dijo que lo desconocía, y agregó que estaba ocupad, al parecer, para terminar la conversación.

Lo que expuso la fuente consultada es que “fue una reunión no muy cordial” de unas tres horas.

Lo que sí exponen en el comunicado del gobierno estatal son los participantes en la reunión.

De lado del Ejecutivo, además de la gobernadora estuvo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; la fiscalía general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez

De los mandos militares el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González, y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López.

Los alcaldes asistentes de zona Norte el de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; el de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo; el de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; el de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; el de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda.

De la Tierra Calente estuvieron los de los nueve municipios: las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayte Lucero Arce; la de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte; la de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.

También los alcaldes de Arcelia, Bulmaro Torres Berrum; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Gocochea y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.

También los legisladores locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez y Flor Añorve Ocampo, y el legislador federal, Reynel Rodríguez Muñoz.

De acuerdo con los reportes institucionales, Los Tlacos son un grupo criminal que dirige Onésimo Marquina, con presencia en las zonas Centro y Norte, y la Familia Michoacana es dirigida por los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olaoscoaga, con presencia en Tierra Caliente y parte de la Sierra y otros puntos del estado.

Días antes de esta reunión en Ciudad Altamirano, los alcaldes habrían advertido a las autoridades estatales que no acudirían a ningún evento oficial en Chilpancingo, porque cruzar por la carretera Teloloapan-Iguala representaba un peligro para ellos.

Al final del ríspido encuentro acordaron una nueva reunión de los alcaldes, diputados y la gobernadora, pero no dijeron la fecha y el lugar.

«Fue una reunión forzada, con mucha rispidez y áspera entre las dos partes», insistió la fuente consultada.

El líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, afirmó que el alcalde de su partido, del municipio de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez, no le ha comentado que reciba amenazas de muerte de algún grupo del crimen organizado.

«Pero no dudo–comentó– que esté amenazado, ya que en esa zona Norte y Tierra Caliente los que mandan ahí son los grupos de la delincuencia y el gobierno no hace nada para frenarlos».

El dirigente en Guerrero de Morena, Jacinto González, declaró que de las alcaldesas morenistas de Tierra Caliente, Tania Mora, de Tlalchapa y Tania Pacheco, de Zirándaro, sólo la última le ha comentado su temor de que retiran las fuerzas de seguridad de la zona, porque aumentaría la violencia.

Existen señalamientos que desde hace años que los alcaldes y diputados llegan al cargo bajo la anuencia de la FM.

Una fuente dijo que la denuncia que hicieron los alcaldes y alcaldesas y diputados a la gobernadora de que los amenazan Los Tlacos, «es porque los está presionando la Familia Michoacana, con quien tienen tratos».

 

Mujer es asesinada porque se negó ser novia de su victimario

Texto: Jesús Guerrero e Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía 

26 de abril del 2023

Chilpancingo

 

“Si no eres para mí, no serás para nadie”, le habría dicho Israel Morales Velázquez a Bonifacia Mendoza Ortiz antes de asesinarla a puñaladas el pasado 18 de abril cerca de una laguna en la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, zona nahua de la Montaña Baja.

Israel pretendía que Bonifacia fuera su pareja, pero ella nunca lo aceptó. Quizá algo presintió.

Bonifacia tenía 27 años y una hija de ocho años, quien quedó huérfana. Era originaria de Ayahualtempa. Era novia de Misael Bolañoz Gelacio, tenían planes de casarse.

El 18 de abril sus familiares reportaron su desaparición a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que colaborara con su búsqueda.

La versión reportada por el comandante comunitario CRAC, Antonio Toribio Gaspar, es que la tarde de ese 18, Bonifacia fue a un punto cercano a la laguna del pueblo par reunirse con Israel, éste le insistió que deseaba tener una relación sentimental con ella. “Pero como ella le dijo que no, la asesinó a puñaladas”, contó el líder comunitario.

Cuando la familia reportó a la CRAC desconocía el destino de Bonifacia. La CRAC realizó su propia búsqueda en la localidad nahua de la Montaña baja.

El 19 de abril, un día después de su desaparición, hallaron el cádaver de Bonifacia a un lado de la laguna de Ayahualtempa.

 

“Presentaba golpes, moretones en la cara y el cuello cortado con un arma blanca”, comentó Antonino Toribio Gaspar, coordinador de la CRAC en Ayahualtempa.

La CRAC halló el cadáver de Bonifacia y los reportó a la FGE, instancia que realizó las diligencias correspondientes.

En un primer había sospechas sobre Misael. Toribio Gaspar reportó incluso que Misael fue detenido por la FGE, pero después de varias pruebas periciales se dictaminó que él no era el responsable del feminicidio.

Misael dijo a las autoridades, de acuerdo con el líder comunitario, que Bonifacia le comentó que un hombre llamado Israel Moralez Velázquez la pretendía.

Israel huyó después de la detención de Misael y eso levantó mayores sospechas en su contra. “Él (Israel) la pretendía y le pedía que fuera su novia, pero ella no quería. Lamentablemente cuando Misael dijo eso, el feminicida ya había huido”, contó.

La CRAC busca al presunto feminicida con apoyo el apoyo de habitantes del pueblo.

Toribio Gaspar agregó que es la primera vez que en Ayahualtempa sucede un feminicidio, por eso “la gente está apoyando y está en contra del feminicida”.

La hipótesis de la CRAC es que Israel fue el responsable del feminicidio de Bonifacia y en caso de comprobarlo decidirán en asamblea si lo entregan a la FGE o juzgan en su sistema comunitario.

En Ayahualtempa se vive una situación de violencia, de ahí se han documentado desapariciones y asesinatos.

En enero del 2022, dirigentes de las autodefensas de esta comunidad denunciaron que policías municipales de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, privaron de su libertad a Delfina Ramírez Morales, de 26 años, de quien días después hallaron su cadáver en la localidad vecina de Temixco.

Ramírez Morales, vecina de Ayahualtempa, había acudido a Hueycantenango a realizar unas compras.

La CRAC señaló al grupo criminal de Los Ardillos, asentado en esta zona, del asesinato de Ramírez Morales.

 

Pobladores de Ayahualtempa buscan, Israel Morales Velázquez, presunto feminicida de Bonifacia Mendoza Ortíz en el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña baja de Guerrero. Foto: Cortesía, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

 

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