Pleito entre diputado Jacinto González y su suplente por recursos económicos gestionados en nombre de poblaciones LGBTI+

Colectivos desconocen el destino de esas gestiones. El legislador y dirigente de Morena de Guerrero fue señalado desde un principio de usurpar un espacio que no le correspondía. Su suplente, que sólo estuvo cerca de mes y medio en funciones, recibía 100,000 pesos por concepto de gestión y apoyo para actividades de las poblaciones LGBTI+


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El presidente estatal de Morena y diputado plurinominal, Jacinto González Varona, llegó al Congreso local acusado de usurpar un espacio que estaba destinado para un integrante de las poblaciones LGBTI+, y para justificar esa acción designó como su suplente a Fernando Agüero García, con quien en la actualidad tiene una diferencia por un recurso de por medio.

En declaraciones para Amapola, periodismo transgresor, Agüero García denunció que González Varona porque dejó de otorgarle 100,000 pesos por concepto de gestión y apoyo para actividades de las poblaciones LGBTI+. También expuso que le incumplió con el acuerdo de ya no regresar al Congreso local tras ser electo como presidente estatal de Morena.

A su vez, algunos activistas señalaron a Agüero García de no tener intenciones de apoyar las las poblaciones LGBTI+.

“Se supone que Morena es el cambio de todo lo que hacía el PRI, el PAN y el PRD y desafortunadamente el lema no mentir, no robar y no traicionar, pues, está violando los tres el actual presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, sobre todo porque está en una diputación que no le pertenece”, mencionó Agüero García

En las elecciones del 2018 se supo que González Varona ocuparía el segundo puesto en la lista de diputados locales plurinominales, puesto que, de acuerdo con acciones afirmativas dictaminadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le correspondía a un integrante de las poblaciones LGBT.

“A mí sí me usaron, a mi él (González Varona) sí me usó, porque yo sí pertenezco a las poblaciones LGBT y él no y está usurpando una diputación que no le corresponde”, mencionó.

Su caso no fue el único, el primer nombre en la lista de plurinominales lo encabezaba el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, quien acaparó el espacio que pertenecía a un representante de poblaciones indígenas.

González Varona y Agüero García trabajaron un año y medio juntos, pero un pleito interno por el manejo de los recursos económicos generó su distanciamiento.

El 6 de septiembre del 2022, González Varona solicitó licencia al Congreso local para desempeñarse como presidente de Morena. Mes y medio después regresó y desde entonces, mantiene sus dos puestos.

Agüero García, suplente del diputado Jacinto González Varona, en una entrevista con Amapola periodismo.

Durante el tiempo que González Varona se ausentó, su curul estuvo a cargo de su suplente, Agüero García, quien denunció que el diputado y presidente de Morena no apoya a las poblaciones LGBTI+, aun cuando llegó abanderado por dicho movimiento.

Durante su mes y medio como diputado suplente, Agüero García presentó dos iniciativas, una para legalizar el matrimonio igualitario, que fue desechada por no cumplir con datos suficientes para su dictaminación, y una para crear en el Congreso una Comisión de la Diversidad Sexual, la cual continúa en la Comisión de Procesos Legislativos.

Agüero García expuso que tenía un acuerdo con González Varona que él segundo incumplió. El acuerdo consistía en que este último dejaría el cargo de diputado local para dedicarse de tiempo completo a la presidencia estatal de Morena.

Después de mes y medio de permiso, González Varona regresó a su curul el 2 de noviembre del 2022 para aprobar la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028.

En ese momento declaró a medios de comunicación que no regresaba a quedarse, sólo sería por tres días en lo que aprobaba el dictamen de la permanencia del Ejército.

Desde ese 2 de noviembre González Varona permanece en su curul, y Agüero García lo acusó de incumplir acuerdos que tenían.

“Que se quede, yo no digo nada, pero que trabajé por la comunidad LGBT, que trabaje la diputación como yo la trabajé en el tiempo que estuve, que trabaje para lo que fue creada, para las poblaciones LGBT”, mencionó Agüero García.

Agüero García detalló que un diputado local, entre salario, prerrogativas y apoyos para gestión y personal gana más de 200,000 pesos mensuales, aun cuando por ley está prohibido ganar más que el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado, quien debe de percibir 94,000 al mes.

Una parte de ese dinero era administrado por Agüero García y el objetivo era destinarlo a apoyos para las poblaciones LGBTI+.

Para González Varona las acusaciones de Agüero García tienen que ver con que le canceló el apoyo.

“No hay relaciones rotas, lo que pasó fue que a él le daba el dinero para los apoyos, pero ahora que vienen las marchas por el mes del orgullo se acercan los colectivos y me dicen que nunca les llegó el apoyo”, mencionó González Varona en entrevista.

El diputado local y presidente de Morena dijo que sólo le retiró el apoyo correspondiente a junio y que a partir de julio tendría que comprobar “cada centavo”.

Un representante del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, que prefirió se omitiera su nombre, mencionó que de parte de Agüero García nunca existió un acercamiento y menos apoyo económico para sus actividades.

“Con Fernando (Agüero) nunca hemos tenido acercamiento, de él no hemos recibido ningún apoyo. Ni siquiera el saludo”, mencionó.

Un integrante del Colectivo Orgullo Guerrero, también que pidió anonimato , mencionó que el principal acercamiento con González Varona fue durante las mesas de trabajo sobre el matrimonio igualitario, “él sí ha apoyado con algún recurso al Colectivo para la Marcha principalmente”.

“A Fernando no lo respaldamos porque no es activista, ni sabemos cuáles fueron sus méritos para llegar como suplente. A Jacinto le reconocemos su apoyo, pero siempre le hemos reiterado que exigimos que siga impulsando la agenda LGBTI en Guerrero”.

A González Varona lo acusaron desde un principio de usurpar un espacio que no le correspondía.

El activista por los derechos de las personas LGBTI+, Alberto Serna Mogollón, desde las campañas electorales del 2021 ha denunciado de manera pública que González Varona usurpa una curul el Congreso local.

Serna Mogollón, en ese entonces simpatizante de Morena, fue el promotor de los juicios electorales que permitieron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) admitiera las postulaciones de integrantes de la comunidad LGBTI+ a los cargos de diputados locales.

En un primer momento, en la lista de diputados plurinominales, en lugar de González Varona estaba el ex alcalde de Zirándaro de los Chávez, Gregorio Portillo Mendoza, pero al conocer la resolución del TEPJF declinó.

“De manera arbitraria ese espacio lo ocupó Jacinto González”, dijo Serna Mogollón en aquella ocasión.

Para lograr acceder a dicho espacio, González Varona se definió como una persona bisexual, y aunque que el Iepcgro no pide documentación probatoria, nadie más dentro de su partido se opuso.

El diputado Jacinto González Varona en su participación en tribuna en la sesión del Congreso local este 23 de mayo.

El Congreso Constituyente de Guerrero fue conformado por 11 diputados en 1850

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Con la creación del estado de Guerrero en 1847, la naciente entidad necesitaba constituir y establecer los tres poderes, fue así que enero de 1850 se realizó la primera elección de los primeros 11 diputados del estado. Desde entonces han pasado 63 legislaturas por el Congreso local.

La historia oficial del Congreso local, que esta plasmada en su sito oficial menciona que después del decreto de creación del estado de Guerrero, para elegir a los integrantes del Poder Legislativo se realizó una elección «indirecta y por etapas».

Las designaciones se realizaron a través de asambleas en las que seleccionaban a personas destacadas por poseer experiencia militar, preparación política y académica, liderazgo, ascendencia y presencia en ciertos territorios, cualidades que los hacían merecedores de ocupar el cargo de diputados.

El historiador guerrerense Guillermo de la Cruz, cuenta que en la conformación de los integrantes de la primer legislatura, Juan Álvarez buscó un equilibrio en las fuerzas políticas del sur.

“En el caso de Nicolás Bravo, lo incluyen como diputado a pesar de ser su rival político (de Juan Álvarez). Hay otra versión no confirmada de que invitó a un hijo de Agustín de Iturbide para que fuera legislador, pero no existieron las condiciones”, detalló.

La elección formal de los primeros diputados de Guerrero fue el 5 de enero de 1850; fueron electos 11 diputados propietarios y 11 suplentes, que fueron citados para finales del mes, para realizar la instalación del Congreso.

El 30 de enero de 1850 rindieron protesta como los primeros diputados de Guerrero: Diego Álvarez, Nicolás Bravo, Juan José Calleja, José María Añorve de Salas, Félix María Leyva, Ignacio Castañón, Miguel Ibarra, Ignacio Cid del Prado, Eugenio Vargas, Tomás Gómez y José María Cervantes, y como suplentes Manuel Gómez Daza, Antonio Cano, Carlos Bravo, Miguel Quiñónez, Mariano Herrera, Agustín M. Patiño, Juan Bautista Solís, Isidro Román, Luis Guillemaud, José Sierra e Ignacio Zamora.

Disputaron la presidencia del órgano legislativo Diego Álvarez y Nicolás Bravo. Finalmente fue designado este último. Diego Álvarez era hijo de Juan Álvarez, de acuerdo con la hipótesis de historiadores locales, esa fue la razón por la que no se quedó con la presidencia.

La primer tarea del Congreso Constituyente fue crear los marcos legales por los cuales se regiría el estado de Guerrero y darle institucional de la entidad.

El sitio oficial del Congreso local menciona que entre los primeros decretos aprobados por el Congreso esta el que declara de solemnidad nacional en el estado el 2 de marzo, el 14 de febrero y el 30 de enero. La primera fecha, para conmemorar la consumación de la independencia de México en 1821; la segunda, por el fallecimiento de Vicente Guerrero, en 1831, y la tercera por la instalación del Congreso constituyente de Guerrero, en 1850.

El primer Congreso se instaló y sesionó los primeros meses en la ciudad de Iguala, desde de se expidió la Ley Orgánica Provisional, dicha Ley tenía la finalidad de dotar de bases legales al estado de Guerrero.

El 16 de marzo de 1850 fue aprobada dicha Ley Orgánica, y su contenido formula las bases y organización del gobierno y de la administración pública, aunque solo fue un ordenamiento temporal, en tanto se perfeccionaba la primera Constitución del Estado de Guerrero.

Iguala no fue la capital del estado de manera permanente. El 21 de marzo de 1850, por decreto del propio Congreso Constituyente trasladaron los poderes a la ciudad de Tixtla, conocida en ese entonces como Ciudad Guerrero, pensada en ser la capital definitiva de la entidad, por ser la cuna del General Vicente Guerrero.

En Tixtla, el proceso de creación de la primera Carta Magna significó álgidos debates entre los constituyentes, pero la epidemia de colera de 1850 y su alto grado de propagación detuvo las actividades del Congreso Constituyente.

Fue hasta el 26 de junio de 1851 cuando se expidió la primera Constitución Política del Estado de Guerrero.

«El documento estableció también que el Poder Legislativo tendría entre sus facultades importantes la de presentar iniciativas de leyes federales, aprobar el presupuesto, las contribuciones, revisar la cuenta pública y ser jurado para formar causa contra el gobernador. Su renovación sería por mitad cada 2 años, y los requisitos para ser diputado eran ser mayor de 25 años y tener una renta anual de 500 pesos», se lee en el sitio oficial del Congreso de Guerrero.


Este texto es patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero 

Suspenden la sesión del Congreso local para festejar el cumpleaños de una legisladora

Suspenden la sesión del Congreso local para festejar el cumpleaños de una legisladora


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Las diputadas y diputados suspendieron la sesión para festejar el cumpleaños de la diputada morenista Jessica Ivette Alejo Rayo en el Congreso local.

“Esta presidencia informa al pleno que se van a declarar 30 minutos de receso”, dijo la presidenta de la mesa directiva, Yanelly Hernádez Martínez.

Algunos legisladores desconocían por qué el receso, después se enteraron que habrían de partir pastel por el cumpleaños de la diputada, quien cumplió años ayer.

La sesión transcurría con normalidad, en el punto tres del orden del día. Después de la participación del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien presentó un dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del estado, la presidenta de la mesa directiva declaró el receso.

Los legisladores se trasladaron a la sala de juntas José Francisco Ruiz Massieu, donde partieron un pastel a la diputada y convivieron. El receso en realidad se prolongó hasta los 50 minutos.

Al reanudar la sesión, los diputados culminaron con sus participaciones del punto tres.

En el punto cuatro estaban previstas cinco participaciones de las cuales sólo se realizaron dos, de la diputada Claudia Sierra Pérez, en relación al 15 de mayo, Día del Maestro, y la del diputado Andrés Guevara Cárdenas, quien habló sobre el reparto de utilidades, derecho constitucional de los trabajadores, y después la sesión terminó.

Resulta que al reactivar la sesión, de los 33 diputados y diputadas que estaban al inicio, al final sólo quedaron 16. “En virtud de no contar con el quorum se declara concluida esta sesión”, mencionó Hernández Martínez.

Proponen parlamento para poblaciones LGBTI+

La diputada perredista Jennyfer García Lucena presentó durante la sesión un punto de acuerdo para crear el Parlamento incluyente de personas de la diversidad sexual del estado de Guerrero.

De ser aprobado, este parlamento lo organizará el Congreso del estado junto a otras instituciones como el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro).

Durante su participación García Lucena explicó que es importante darle voz a los integrantes de las poblaciones LGBTI+ para conocer sus inquietudes, problemáticas, preocupaciones y propuestas.

“Es urgente llevar a cabo reformas legales y políticas para garantizar justicia y protección a las personas de estas comunidades y con ello procurar un estado de Guerrero respetuoso de derechos y garantías para todos y todas, donde la vida y formas de amar no sea motivo de discriminación u odio”, mencionó.

Este parlamento contaría con la participación de 46 integrantes de las poblaciones LGBTI+ de todo el estado, quienes serán elegidos mediante una convocatoria.

“Espero contar con el apoyo de quienes ostentan estos espacios”, agregó.

Colectivos de las poblaciones LGBTI+ estuvieron presentes durante la participación de García Lucena.

Llegaron con pancartas en las que se leían: “Exigimos el primer parlamento LGBT en el Congreso del estado”, “Mi voz tiene que ser escuchada”.

El punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). De aprobarse, Guerrero se convertiría en el quinto estado en organizar un parlamento para personas de las poblaciones LGBTI+, después de Ciudad de México, Oaxaca, Monterrey y Jalisco.

Biblioteca y tablero electrónico, gastos millonarios sin aclarar de legislaturas morenistas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca del Congreso local, y la instalación de un tablero electrónico en el pleno son dos de las obras realizadas por la administración del Poder Legilslativo en los últimos años que están rodeadas de irregularidades porque, aun con el gasto millonario, en el caso del tablero, por ejemplo, no es usado por los diputados.

En noviembre del 2018, tiempos de la pasada legislatura, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que, en teoría, facilitarían las labores legislativas.

«El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos», se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.

Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo en el Congreso local fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón se sesiones.

Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones, nunca más los volvieron a utilizar.

Helguera Jiménez justificó la compra millonaria y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.

“Todo esto tiene el propósito de eficientar y mejorar la labor parlamentaria, y es también una herramienta que fortalece la transparencia respecto al sentido de las votaciones que se desarrollen”, dijo Helguera Jiménez durante un inauguración de la pantalla.

Las tabletas las instalaron en la curul de cada diputado.

Todo este equipo de tecnología fue presentado por Helguera Jiménez el 25 de marzo del 2019; dijo además que ahorrarían millones de pesos en papelería.

Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa.

Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.

Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas.

Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso local.

Con la llegada de la 63 legislatura, en septiembre del 2021, las cosas no cambiaron, nunca volvieron a ocupar el tablero.

«Las tablets deben estar en algún rincón del Congreso, seguramente», mencionó una fuente del Congreso local, quien aseguró que dicho tablero sólo fue un capricho de los entonces diputados Helguera Jiménez y Sandoval Ballesteros, porque en un congreso pequeño como el de Guerrero no hace falta contar votos o pasar lista de manera electrónica.

«Es funcional en el Congreso federal que son 500 diputados, ahí si no puedes contarlos de uno por uno, aquí son 46 y siempre viene la mitad, no hay ningún problema en eso», mencionó la fuente.

El diputado que compró el tablero finalmente fue reeligido y nadie, ni sus compañeros y ni la oposición, le cuestionaron la compra.

La biblioteca sin terminar

Después de pasar por la compra innecesaria de un tablero electrónico llegamos a inicios del 2022, el entonces presidente de la Jucopo, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, ordenó demoler la Biblioteca Siervo de la Nación, ubicada en la fachada principal del Congreso .
La biblioteca fue demolida sin sustento técnico y sin el consenso de los diputados.

De acuerdo con declaraciones públicas que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios hicieron en diversos medios de comunicación, Sánchez Esquivel jamás les informó que demolerían la biblioteca.
En su cuenta de facebook la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz cuestionó la demolición de la biblioteca.
«¿Quién autorizó la destrucción de la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del estado de Guerrero? ¿Cuánto costará? ¿Qué empresa está realizando la obra? ¿Cuál es el proyecto que se tiene para este espacio?», escribió Bernal Reséndiz el 11 de enero del 2022.

De acuerdo con lo documentado por Amapola, periodismo transgresor, los dictámenes de Protección Civil establecían que el edificio que albergaba la Biblioteca Siervo de la Nación sólo presentaba fisuras y que requerían una remodelación, no una demolición.

Aun así el edificio fue demolido y después de cuatro meses de trabajos, la obra fue detenida por otros siete meses.

Sánchez Esquivel argumentó que se acabó el recurso presupuestado para continuar.

En septiembre del 2022, a Sánchez Esquivel lo removieron de la Jucopo y su lugar lo asumió la también morenista Yoloczin Domínguez Serna, quien junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el 22 de diciembre siguiente dieron un segundo banderazo a la obra.

Ahí explicó la secretaria de Obras Públicas del gobierno estatal, Irene Jimémez Montiel, que en la primera etapa de demolición invirtieron 10 millones de pesos y en esta segunda de reconstrucción se invertirían otros 20 millones.

En declaraciones posteriores, Irene Montiel dijo que aun con esta segunda etapa, no terminarían la obra; necesitaría una tercera etapa para los acabados y el equipamiento del edificio. Para esa tercera etapa aún no hay un presupuesto asignado.

En entrevista, Domínguez Serna dijo que en los próximos días se reunirán con Jiménez Montiel para hablar sobre la tercera etapa «y por fin concluir la Biblioteca».

La demolición de la Biblioteca llegó hasta la Auditoria Superior de la Federación (ASE), en donde está un expediente por daño patrimonial contra el Congreso de Guerrero.

Domínguez Serna explicó que la irregularidad radica en que los diputados aprobaron un presupuesto para remodelación, «mas no para demolición», por lo que la ASE investiga quién ordenó y ejecutó dicho recurso.

«Ellos (la ASE) están haciendo su trabajo, ellos son el ente fiscalizador y en su momento dictaminarán el tema de la demolición y tendrá que recaer la responsabilidad en quien tenga que caer», agregó la diputada.

Con los 7 millones de la pantalla y los otros 30 de la demolición y reconstrucción de la Biblioteca, el Congreso de Guerrero ya gastó 37 millones de pesos en dos cosas que no se ocupan y que no eran necesarias.

 

Plantean erradicar la violencia de género y el acceso al aborto, los planteamientos Parlamento de Mujeres 2023

Texto y fotografía: Itzel Urieta

Chilpancingo

Violencia contra las mujeres, violencia política de género, mujeres indígenas, acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso al aborto fueron los temas principales que se abordaron en el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2023 realzado por el Congreso local.

Participaron 46 mujeres de colectivas, académicas, investigadoras y de la sociedad civil de los 81 municipios del estado de Guerrero, quienes fueron electas mediante una convocatoria que consistió en presentar una propuesta de iniciativa de ley, investigación o propuesta de reforma que pudieran ser integradas a la agenda legislativa.

Algunas de las propuestas fueron, reformar la Ley 553 de acceso a una vida libre de violencia.

“Falta una ley de salud mental para atender a mujeres víctimas de violencia, en Guerrero no se cuenta con una ley de salud mental. Se solicita que las mujeres víctimas tengan acceso gratuito en las instituciones de salud mental”, mencionó la parlamentarista Evelin Morales Silvestre.

Las parlamentaristas de las siete regiones coincidieron y propusieron en varias ocasiones temas como el de otorgar más ayuda a las mujeres con discapacidad, la conclusión de reformas pendientes sobre paridad de género, presupuesto con perspectiva de género, derechos de las mujeres y espacios libres de violencia.

En lo que coincidieron la mayoría de las parlamentaristas fue en la solicitud al Congreso local de reformas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “para cuidar el derecho a la vida y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes que diariamente sufren agresiones en los espacios públicos y en el mismo seno familiar”, dijo en tribuna la parlamentarista Zitlali Guadalupe Nava Rivera.

La parlamentarista María Estrella Leal Ortuño pidió se apruebe “lo antes posible” la Ley 3 de 3 para que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que  cometió violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno.

Otro propuesta realizada por la parlamentarista Diana Cecilia Jiménez Carrasco fue que se revisen los logros y pendientes respecto a la Agenda 20-30 sobre igualdad de las mujeres en la vida política, pública, económica y social.

Plantearon la necesidad de reformar la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Salud, todas del estado de Guerrero, para que las mujeres que sufren dismenorrea (afección menstrual que produce calambres y dolor frecuentes) se les otorgue suspensión de dos días con goce de sueldo.

Otra propuesta fue que se adicione la fracción I del artículo 1 de la Ley 817 de Personas con Discapacidad, “a efecto de garantizar la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad y que en el Consejo Consultivo y el Consejo Estatal de Discapacidad sean integradas mujeres”, mencionó la parlamentarista Sara García Valladares

Uno de los grandes temas que abordaron por varias parlamentaristas fue el de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, por lo que Alondra Iturbide Ortiz se pronunció por reformar la Constitución Política del Estado “para que a partir de los 18 años las mujeres puedan participar en los procesos de elección popular, y que el Congreso, en coordinación con la Secretaría de Salud, generen acciones para que los hospitales y centros de salud cuenten con intérpretes, además de incorporar a médicos que dominen las lenguas originarias, y dotarlos de equipamiento y medicinas para un mejor servicio”, mencionó en tribuna.

En materia educativa plantearon reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Secretaría de Educación incluya en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas una vida libre de violencia, que coadyuve a generar un sistema educativo de calidad e incluyente.

También una propuesta para sancionar a los medios de comunicación que aborden los temas de feminicidio “con fines amarillistas y muestren los cuerpos de las mujeres y niñas que han sido violentadas o asesinadas”, además de impartir cursos de sensibilización a ministerios públicos y periodistas que trabajen con familiares de las víctimas, propuso Brianda Cruz Segura.

Tlacolol – Jacinto, defensor de oficio de los Salgado

Jacinto González Varona ¿Qué es, diputado, dirigente de Morena, el golpeador del clan de los Salgado o el defensor de oficio de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda?

O todo lo anterior. Qué se defina.

En los últimos días, Jacinto ha andado de lengua suelta. Con todo mundo anda peleando, sobre todo, cuando alguien lanza una crítica, por pequeña que sea, contra la gobernadora.

¿Ese es el papel que le asignaron los Salgado a cambio de que fuera el dirigente de Morena?

Como es sabido por todos —y el que no sepa acá se lo decimos—, González Varona llegó a la dirigencia de Morena por un acuerdo con la gobernadora y su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, la jefa legal y el jefe de facto del clan de los Salgado.

Pero parece que el acuerdo quedó a favor de los Salgado, como era de esperarse, porque González Varona se muestra como un empleado más del clan y no como un dirigente político independiente del gobierno en turno.

Hace unos meses este papel lo comenzó a desempeñar con mayor ímpetu, sin importarle que puede estar defendiendo la parte más sórdida de un gobierno.

El primer round se lo echó cuando en medios de comunicación de la Ciudad de México publicaron en primera plana cómo la organización criminal la Familia Michoacana se expande por todos lados sin que el gobierno de los Salgado haga lo mínimo para impedirlo, por no decir que hace lo contrario.

Esa vez, González Varona salió virulento a rechazar lo planteado por medios de comunicación, eso sí, sin ninguna prueba para demostrar lo contrario. Además se llevó entre las patas a los partidos de oposición, al PRI, PAN y PRD al acusarlos de tener vínculos con las organizaciones criminales.

Eso no lo dudamos. Las organizaciones criminales no podrían operar en ningún punto del estado sin el aval, el permiso e, incluso, el apoyo de una autoridad.

Pero el asunto, es que en esta nueva configuración de la geografía política de Guerrero, está incluido Morena. Y allí, como dice el dicho, también se cuecen habas.

Hay que hacerle dos pequeños recordatorios a González Varona. Y otros cuestionamientos.

El primero, en septiembre del año pasado en Zirándaro, en la Tierra Caliente, hombres armados, algunos a pie y otros a bordo de camionetas, participaron en el desfile en los festejos del santo patrono San Nicolás Tolentino.

En redes sociales se difundieron videos y fotografías donde se ve a hombres portando fusiles que caminan entre las personas que participan en el desfile.

También circularon fotografías donde se ven decenas de camionetas que trasladan a hombres armados que pasan por las calles donde pasó el desfile.

Los armados estaban hasta el final del desfile, iban vestidos con ropa camuflada y con chalecos que tenían las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El desfile lo encabezó la alcaldesa, la morenista Tania Pacheco Duarte.

González Varona debe dar una explicación. ¿Por qué en un municipio que gobierna Morena, hombres armados pueden andar libremente, sin que nadie los moleste, en la principal celebración del pueblo? ¿La alcaldesa les dio permiso? ¿No supo de la presencia de los armados? En cualquiera de los casos es grave.

La repuesta oficial fue que ese día la alcaldesa morenista no estaba en el municipio. ¿Le creeremos?

El diputado que es dirigente de Morena debe dar una explicación a los guerrerenses, de cómo es posible que a Pacheco Duarte, el CJNG le permite trabajar sin estorbo pero, al anterior alcalde, el también morenista Gregorio Portillo Mendoza, no lo dejaron ni terminar su gestión.

El propio Portillo Mendoza denunció que integrantes del CJNG lo privaron de su libertad para advertirle que no podría reelegirse y para que abandonara el municipio.

González Varona ha dicho que a Portillo Mendoza el CJNG lo sacó de su municipio porque no pactó, pero también dice que la alcaldesa tampoco pactó. Entonces, si ninguno de los dos pactaron ¿por qué a uno lo corren y a la otra no?

El segundo, ocurrió apenas hace unos días, y es algo similar. La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, acudió al pendón en el municipio de Heliodoro Castillo, en la Sierra.

En el pendón, igual hasta el final del desfile, hubo la participación de hombres armados que cuidaban al presunto líder de la organización criminal Los Tlacos, Onésimo Marquina Chapa.

¿La alcaldesa no sabía que iba al bastión de Los Tlacos, como es sabido por todos? ¿No se pudo negar? ¿O no le importó montarse en un acto como ese?

González Varona debe dar esas explicaciones.

Cuando acusó al PRI y PRD, González Varona afirmó que estos partidos ganan elecciones donde tiene pactos con las organizaciones criminales (también pensamos que es cierto), pero sería bueno que nos explique el caso de Tlalchapa, un municipio gobernado desde hace una década por la familia Mora Eguiluz.

En la elección pasada, ahí ganó Morena, pero ahí el partido no es tan importante como el personaje. La elección la ganó Tania Mora Eguiluz.

Tania recibió la alcaldía de manos de su padre, Martín Mora Aguirre, quien en 2018 ganó la elección por el PRD.

Pero tres años más atrás, Martín Mora recibió la alcaldía por parte de su hija, Amalia. Pero tres años más atrás, Amalia recibió la alcaldía de manos de su madre, Guadalupe Eguiluz Bautista.

Según la lógica de González Varona: ¿la familia Mora Eguiluz ha gobernado tanto tiempo Tlalchapa por qué tiene pacto con las organizaciones criminales?

Pero ya que estamos hablando de Tlalchapa, sería bueno que la familia Mora Eguiluz nos contara cuál es su secreto para mantenerse tanto tiempo en el poder. Cómo le hace para que ninguna organización criminal los acose, los intimide, les impida seguir gobernando

Debe ser su carisma o, tal vez, porque ya convirtieron a Tlalchapa en un lugar de primer mundo, una isla de desarrollo y prosperidad y todos los pobladores no hallaron otra mejor forma de darles las gracias: votando por ellos en todas las elecciones.

Curiosamente, Tlalchapa es de los municipios de la Tierra Caliente, junto con Zirándaro, donde no se sabe del acoso de las organizaciones criminales. Casi no se sabe de homicidios, ahí los comerciantes no denuncian extorsiones. ¿Por qué será? ¿Los Mora Eguiluz los protegen? ¿Por qué en Tlalchapa ni la Familia Michoacana se atreve a molestarlos?

Sugerimos que a Tlalchapa lleguen todos los investigadores posibles para que indaguen ese fenómeno, ese islote de paz y bienestar. Nada más no se vayan a asustar por el resultado.

Pero lo que sí le molesta mucho a González Varona es que critique al clan de los Salgado.

Escucha una crítica y se pone como gallito de pelea. Bien sacalepunta. Pero lo que debería de hacer es explicarnos porque desde que llegaron los Salgado, la Familia Michoacana crece y no deja de crecer.

Antes de los Salgado el territorio de operación de esa organización criminal se limitaba a la región de la Tierra Caliente y parte de la zona Norte. Ahora, se sabe que están en Iguala, en Chilpancingo, en gran parte de la Sierra, en la Costa Grande y hasta en Acapulco. Y al parecer no hay nadie, desde el gobierno, que intente detener ese avance.

Ya que anda de defensor de oficio de la gobernadora, debería a hacer algo de verdad productivo: explicar porque en El Parotal, en Petatlán, en el convoy la Policía Estatal ingresó a esa comunidad con tres civiles que acusaron de ser integrantes de la Familia Michoacana.

¿Quién los subió? ¿Quién ordenó esa operación? ¿Por qué guardan silencio desde el gobierno?

Pero quién sacó de sus casillas a González Varona fue el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, cuando declaró que ante la falta de operación de los Salgado tuvo que pactar con la Familia Michoacana una tregua para que se desarrollara en paz la Semana Santa.
El obispo emérito dijo que pactó la tregua porque esa organización criminal intentó extorsionar a los penitentes que participaron en la Semana Santa. El religioso no mintió: a los penitentes le exigían que les compraran sus cruces y los rollos de varas de zarzamora a precios que ellos querían.

González Varona salió de volada a decir que Rangel Mendoza declaró lo que declaró para desestabilizar al gobierno de los Salgado.

Parece que al abogado de oficio le duele más que critiquen a la gobernadora que el yugo de las extorsiones que viven día a día los guerrerenses.

Bueno, al final como González Varona no pudo ganarle al obispo emérito, declaró que va a pedirle al obispo de mayor jerarquía de Rangel Mendoza que ya lo calle.

¿A poco cree que silenciando a los críticos la violencia y las extorsiones se van a terminar? Pues, no. Aunque ni siquiera la comodidad del silencio, de no dar explicaciones, no sean juzgados, como lo intenta la gobernadora al comprar, un día sí y el otro también, casi todas las portadas de los periódicos.

Los Salgado quisieran el silencio cómodo, para que Félix Salgado siga utilizando a Guerrero como su parque de diversiones, e irónicamente parece que gobernar Guerrero para él es Disneylandia.

Bonus track: “Ella es mujer pero está equivocada, le pusieron un huipil y la colocaron ahí por su cara bonita en los espectaculares para engendrar a un hombrecillo”, la última de González Varona.

¿A quién se refería? No, no es a quién usted está pensando. Se refería a una diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, quien ya lo denunció por violencia política de género, será que si se decía lo mismo que dijo pero para su protegida se hubiera escondido como lo hizo o habría saltado a exigir respeto.

Chirrionazo. Vaya espectáculo montaron los priistas hace unos días en Chilpancingo y Acapulco, durante la visita de una de las candidatas más fuertes del desmoronado PRI rumbo al 2024, Beatriz Paredes Rangel, quien no podía caminar, la trasladaban en silla de ruedas. No dudamos que tiene las tablas políticas, pero nos confirma que de nuevo PRI no hay nada, y están tratando de resurgir de sus cenizas con muy viejas y desgastadas figuras.

Además, se vio la hipocre… perdón, digo la unidad, entre el ex gobernador Héctor Astudillo Flores y el senador Manuel Añorve Baños, quienes se saludaron por puro compromiso; por cierto, el diputado local Jesús Parra García defendió e intentó resaltar al gris alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román; parecía cuando un padre busca dejar bien parado al hijo ante los jefes de la empresa.

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


 

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Falta de agua en Guerrero, un problema que enfrentan autoridades, dice Congreso

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Congreso del Estado

Chilpancingo

La diputada y presidenta de la Comisión de Agua en el Congreso local, Nora Yanek Velázquez Martínez, calificó la situación del desabasto de agua en la capital como una situación «crítica y terrible» que deben atender todas las dependencias gubernamentales.

Ante la falta de agua en la capital de Guerrero, agudizada en esta temporada de estiaje, constantes protestas por parte de colonos para exigir el suministro y una dependencia endeudada e incapaz de garantizar el agua a la población, la diputada compartió lo que hacen desde el Congreso local y lo que cree deben hacer las autoridades en este rubro. Aquí el desarrollo de la entrevista.

–¿Cuál es el origen del problema del agua en la capital?, –se le preguntó.

–Es un asunto de fondo, vemos en su mañanera a la alcaldesa (de Chilpancingo), Norma Otilia (Hernández Martínez), que habla sobre todos los problemas que hay entorno a los pobladores que piden agua y dice que esos son los que no pagan, pero no es un asunto nada más de pagar, porque pagas pero no solamente pagas por el servicio del agua, se paga por drenaje y saneamiento y en realidad debería estar prohibido cobrar.

Sobre el tema de cobrar por el suministro de agua, Velázquez Martínez mencionó que se debe poner sobre la mesa y discutir un servicio de agua gratuito.
El artículo cuarto constitucional establece como un derecho que se tiene que garantizar para todos los mexicanos.
“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos», se lee en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantea que el derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar.

–¿De quién es la responsabilidad de resolver el tema del agua en la ciudad?

–No es un tema de ni de Norma (Otilia Hernández Martínez) ni de Abelina (Rodríguez, alcaldesa de Acapulco) es un tema muy de fondo que tiene que ver con infraestructura, infraestructura humana y un sistema corrupto, porque el sistema está tan corrupto que se mete donde sea y es un tema que afecta hasta el agua. Todos los ingresos económicos que genera tener y no tener agua, y hasta quienes juegan con el tema de la escasez de agua.

–¿A quién benefician estos problemas?

–¿A quién beneficia? Hasta ahorita a los privados que tienen pipa y pozos concesionados, además se tiene que ver la calidad de esa agua, porque muchos nisiquiera tienen el privilegio de saber de dónde viene el agua que compran.

–¿Desde el Congreso que se hace para enfrentar este problema?

–Ya trabajamos en una nueva Ley de Agua para el estado, pero es muy complicado, porque no sólo es eso, hay que entender la complejidad del problema y saber de dónde viene el agua. En Chilpancingo sus cerros se están deforestando, lo que genera que haya menos agua y, aparte, el crecimiento acelerado de la población.

Ante la gravedad de la situación se tenía prevista una visita del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, para finales de abril, pero por temas de agenda se tuvo que reprogramar.

–¿Desde la sociedad qué se puede hacer?

–Es un problema muy grande y desde la sociedad debemos replantearnos cómo convivimos con nuestros desechos, hablando del tema del drenaje, por ejemplo, tiene que ver mucho con que como sociedad todo lo que desechamos y generamos ya no es mío, pero sigue siendo una responsabilidad nuestra, pero también es del Estado de garantizar servicios.

–¿Cuál es el problema, entonces, del agua y el drenaje?

–Es un asunto que rebasa a los ayuntamientos y que es cultural e histórico, nada más de como eran los sistemas de agua y drenaje en Francia durante la edad media nos damos una idea.

Mientras no tengamos una visión completa de Estado poco se podrá hacer, aquí, por ejemplo, intentamos reformar algo y se empantana todo aquí.

–¿Hay complicaciones para la Comisión de Agua en el Congreso?

–Primero es todo un proceso, primero llegan los turnos, hay que dictaminarlos, son procesos lentos, en la Comisión tenemos un turno atorado pero no nos hemos podido reunir, lo hemos intentado en varias veces y no, ya tenemos todo listo y nomás no y no es por falta de voluntad, simplemente no da la vida para que coincidan los tiempos.

 

Este texto es patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero 

José María Cos, cronista, periodista y editor de la prensa insurgente

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Pagina Historia de México

Chilpancingo

 

José María Cos fue un teólogo originario de Zacatecas que participó activamente en la Guerra de Independencia, su labor se destacó por ser el impulsor y editor de dos periódicos liberales, además de representar, como diputado, a su estado en el Primer Congreso de Anáhuac.

De acuerdo con la Real Academia de la Historia, Cos nació en la entonces provincia de Zacatecas en 1770, donde estudió gramática y retórica para después trasladarse a la ciudad de Guadalajara, donde obtuvo el título de doctor en Teología.

Su primer acercamiento con el movimiento independentista fue en 1810, cuando se desempeñaba como cura de la comunidad de Burgo de San Cosme, cercana a la ciudad de Zacatecas.

Ante la inminente llegada de las tropas insurgentes a la ciudad de Zacatecas, el Ayuntamiento encomendó a José María Cos a dialogar con los líderes independentistas para evitar una toma violenta de la ciudad.

La Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara le atribuye a José María Cos “haber impedido que Zacatecas fuera arrasada por la violencia de la guerra y facilitar su incorporación como plaza simpatizante de los insurgentes con el mínimo de sangre derramada”.

En 1845 la comunidad de Burgo de San Cosme fue nombrada Villa de Cos, en honor a José María Cos; en la actualidad es un municipio del estado de Zacatecas.

Después de dialogar con los insurgentes y tras un año de mediar entre ellos y el gobierno virreinal un cese al fuego, Cos decide incorporarse al movimiento insurgente en 1811.

La decís la tomó porque al tratar de establecer un diálogo con el virrey Félix María Calleja, este desconfió de él, lo tomó por espía y lo apresó.

Al ser liberado se adhiere a la entonces Suprema Junta de Zitácuaro, liderada por Ignacio López Rayón, la cual fue el órgano político y administrativo de los insurgentes y el antecedente directo del Primer Congreso de Anáhuac, celebrado en Chilpancingo.

«En Zitácuaro José María Cos conoció a fondo la causa insurgente y se unió a ella. Era un hombre hábil y persuasivo, por lo que en muy poco tiempo logró vencer el recelo y resistencia de aquellos con los que se encontró cuando arribó a la sede de la Suprema Junta», se lee en el artículo histórico José María Cos y los inicios de la prensa insurgente, escrito por las historiadoras Minerva Ordoñez Arizmendi y Fatima Martínez Mejía.

A inicios de 1812 las tropas españolas tomaron Zitácuaro, la Suprema Junta es disuelta y sus líderes se dividen en distintas zonas del país para continuar el movimiento armado, con el compromiso de reagruparse en Sultepec, en el hoy Estado de México.

Inmediatamente después que se disuelve la Junta de Zitácuaro, López Rayón y Cos se trasladaron a Sultepec para instalar el cuartel insurgente.

El conocimiento en gramática y retórica del teólogo lo llevó a crear y editar los periódicos El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano.

«En tres meses y con grandes esfuerzos logró imprimir y hacer circular quince periódicos que tenían como objetivo informar a la gente la otra cara de la guerra, aquella que los medios oficiales no daban a conocer, tergiversando los hechos para generar una opinión favorable a la causa realista», se lee en otro párrafo del artículo.

Ante la dificultad de conseguir una imprenta e insumos para editar e imprimir los periódicos, Cos construyó una imprenta rústica, pero funcional.

La tinta tampoco era fácil de hallar, así que para la impresión del primer número utilizó añil, un material que se usaba en la región para teñir rebozos.

En la primera edición del Ilustrador Americano, Cos escribió el siguiente texto en el que escribe sobre el proceso de improvisar su imprenta.

«Una imprenta fabricada por nuestras propias manos entre la agitación y estruendo de la guerra y en un estado de movilidad, sin artífices, sin instrumentos, y sin otras luces que las que nos han dado la reflexión y la necesidad, es un comprobante incontestable del ingenio americano siempre fecundísimo en recursos e incansable en sus extraordinarios esfuerzos por sacudir el yugo degradante y opresor».

Ante la necesidad de una imprenta verdadera, López Rayón solicitó a Los Guadalupes –organización secreta de hacendados y funcionarios virreinales que simpatizaban con la causa independentista– una imprenta funcional que permitiera facilitar la labor de Cos.

En abril de 1812, Los Guadalupes enviaron a sus esposas en una misión secreta a entregar la imprenta. Al ser mujeres de la alta sociedad y esposas de funcionarios pasarían desapercibidas en los retenes realistas.

La historia relata que las mujeres como pudieron escondieron los utensilios de la imprenta en su carreta y en las faldas de sus esponjosos vestidos.

A la mitad del camino fueron detenidas por un reten realistas, pero «las damas hicieron broma con ellos y después de declarar con naturalidad que se dirigían a San Ángel para asistir a una jamaica (desayuno), y de invitarlos para que los acompañasen, cosa que contribuyó a desvanecer cualquier duda, los realistas dieron permiso al coche para continuar su ruta».

Después de que los insurgentes obtuvieron su imprenta, Cos editó ocho ejemplares de El Ilustrador Americano en Sultepec.

El constante seguimiento de los realistas a los tropas insurgentes los obligaron a abandonar Sultepec, por lo que Cos siguió a López Rayón a Tlalpujahua, Michoacán, y llevó consigo la imprenta.

En Tlalpujahua, José María Cos publicó hasta el número 20 de El Ilustrador Americano, y poco después partió hacia Guanajuato para reunirse con José María Liceaga, situación que lo alejó de los medios impresos.

«Aunque la información contenida en estos periódicos es bélica, Cos no olvidó la importancia de difundir la ideología, ganar simpatizantes, fomentar la libertad de expresión y generar una percepción de triunfo y de opinión favorable hacia el movimiento», se lee en al artículo.

En septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón al ver que estaba disuelta la Suprema Junta de Zitácuaro organizó el Primer Congreso de Anáhuac, el cual sería el primer órgano de gobierno de America.

El 13 de Septiembre de 1813 sesiona por primera vez el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, y José María Cos asistió como representante de su natal Zacatecas y firmó los Sentimientos de la Nación, el primer marco jurídico de America.

“Los periódicos rebeldes difundieron el pensamiento liberal de la nación. Su ejemplo inspiró y convenció a los insurgentes de la importancia de contar con un medio que hiciera las veces de vocero de la causa”, se lee en el artículo José María Cos y los inicios de la prensa insurgente.

En 1815 Cos participa en a redacción de la Constitución de Apatzingán, primera ley que rigió el gobierno de la naciente República mexicana.

Finalmente, en 1817, después de varios desencuentros con los líderes independentistas, José María Cos decide recibir el indulto que ofreció el entonces virrey Carlos María de Bustamante a otros insurgentes como Andrés Quintana Roo y Leona Vicario.

La Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara da cuenta que tras el indulto, Cos regresa a las labores de la iglesia y es enviado a Pátzcuaro, Michoacán, donde es “dedicado a la dirección espiritual de monjas y al confesionario”.

El 17 de noviembre de 1819, José María Cos falleció víctima de una grave infección en la garganta.

 

Este contenido está patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

 

De irresponsables, mentirosos y simuladores se tachan los diputados locales en debate por la seguridad pública

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante la sesión de hoy los diputados del PRI, PRD y PAN se lanzaron contra Morena y su presidente estatal de partido y su compañero de legislatura, Jacinto González Varona, por sus señalamientos de que todos los partidos políticos, menos Morena, tienen pacto con el crimen organizado.

Estás declaraciones las dijo durante una conferencia de prensa el pasado martes, luego de que el periódico Reforma publicara una nota donde informaba que «bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda el grupo criminal de la Familia Michoacan expande su territorio en Guerrero».

González Varona dijo que Salgado Pineda es la gobernadora que más ha enfrentado la seguridad y que los generadores de violencia son los municipios gobernados por el PRD, el PRI y el PAN «que tienen pacto con el crimen organizado».

Las declaraciones de González Varona parecieron no gustarle a los diputados, quienes el día de hoy mostraron su molestia con él y catalogaron de incitador, y a la gobernadora de simuladora y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de mentiroso.

Todo comenzó con un posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, leído en tribuna por la diputada del distrito 17, con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, Elzy Camacho Pineda.

La diputada le pidió a Gonzalez Varona presentar las pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes.

«Como sabemos que no las tiene y son infundadas (sus declaraciones), le exigimos que en un acto de responsabilidad presente las evidencias que dan sustento a sus señalamientos, de no hacerlo debe disculparse públicamente ante los guerrerenses, a quienes pretende confundir».

Dijo que las declaraciones de González Varona son «irresponables» y que sólo son una «cortina de humo».

«Está tan desgastada esa estrategia de echar la culpa a los de al lado o a los que se fueron, que nadie les cree».

En el posicionamiento de PRD citaron el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Corado Mendoza Almeda, el pasado 5 de octubre, donde, aseguraron, hubo una «estrategia implementada desde la parte oficial, para responsabilizar a los gobiernos municipales, especialmente a los de oposición, del clima de violencia que vive Guerrero».

Después de la intervención de Camacho Pineda pidió la palabra la única diputada del PAN, la purinominal, Ana Lendiz Reséndiz Javier, quien de igual manera arremetió contra González Varona y contra el presidente López Obrador.

«Las acusaciones vertidas por el dirigente de Morena en Guerrero, y que a la vez cobra como diputado, resultan una falacia y cortina de humo para desviar la atención de la grave y terrible realidad que se vive en nuestro estado y nuestro país», así inició su participación la panista.

Continuó y calificó a González Varona como inexperto y de dar declaraciones sensacionalista en las que busca protagonismo; de igual forma Reséndiz Javier le pidió que presentara sus pruebas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

También salpicó al presidente López Obrador: «La estrategia de seguridad de este gobierno, en lugar de abrazos y no balazos, más bien debería de llamarse fracasos y más balazos, porque fracasos abundan en cualquier materia que revisemos, y los balazos lamentablemente ahí están».

La panista agregó que quien tiene un pacto con el crimen es López Obrador; recordó el saludo que le dio a la mamá del presunto traficante Joaquín Guzmán, y la liberación del hijo de éste, Ovidio Guzmán, en una operación realizada por el Ejército y Guardia Nacional en Sinaloa en 2019.

Al final hizo un llamado a los tres poderes del estado para coadyuvar en acabar con el tema de la inseguridad.

Los morenistas se mantuvieron callados por un rato, hasta que solicitó la palabra el diputado Masedonio Mendoza Basurto, quien abogó por la gobenadora y el presidente López Obrador, pero no por su dirigente estatal.

Dijo que era necesario revisar la historia, «porque si bien es cierto hay responsabilidades que se deben asumir, la oposición debe reconocer los avances en la estrategia de seguridad».

Y después Reconoció que es un autoengaño decir que no hay violencia e inseguridad en Guerrero y llamó a la «clase política» a adquirir posturas serias en torno al tema de seguridad ya que dijo que hay mucha irresponsabilidad en las declaraciones de todos los dirigentes partidistas.

Aunque no mencionó el nombre de González Varona si volteo hacía su cururl, en donde el diputado y presidente de Morena ya estaba flaqueado por las diputadas morenistas Citlali Calixto Jiménez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.

Dichas participaciones se desencadenaron por el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, pero falta el del PRI

Por el Grupo Parlamentario del PRI intervino el diputado Rafael Navarrete Quezada, quien dijo que la inseguridad no es una cuestión de partidos, por el contrario «existen responsabilidades institucionales en el tema de la inseguridad».

En respuesta a las acusaciones de González Varona de que los gobiernos de oposición son responsables del clima de violencia actual, dijo que los municipios de Acapulco y Chilpancingo, gobernados por Morena «son hoy los que tienen altos índices de inseguridad.

Mencionó que «no van a permitir infundios que pongan entredicho su trabajo y cercanía con las causas sociales».

Fue hasta este punto, casi una hora después de iniciado el debate y las acusaciones contra, que González Varona subió a tribuna «por alusiones personales».

«Quién no conoce su historia está condenada a repetirla, no pueden cerrarse los ojos ante la realidad, ni ser cómplices de un pacto de silencio con nadie», mencionó.

Sobre la petición de sus compañeros de presentar pruebas ante las instancias judiciales, González Varona dijo que no es necesario, porque «las evidencias son públicas y visibles».

Además aseguró que por lo delicado del tema sería peligroso denunciar uno por uno los casos.

Durante su participación recordó la implicación de los gobiernos federal y estatal en el caso Ayotzinapa, y la vinculación de alcaldes con el crimen organizado en años anteriores, aunque no dijo nombres.

También mencionó el caso de una candidata de Morena que salió de Ciudad Altamirano en 2021 por amenazas del crimen organizado.

Ante la insistencia de los diputados de seguir el debate que se extendió por hora y media, la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, tuvo que llamar a votación para determinar si «el tema estaba totalmente concluido».

Los diputados votaron que sí y finalizó la sesión.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas protestan para exigir Ley de desaparición forzada

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Colectivos de familiares y víctimas de personas desaparecidas marcharon y bloquearon la Autopista del Sol y avenidas a la altura del Congreso local, para exigir a los diputados la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.

A las diez de la mañana alrededor de 800 personas, todas familiares de desaparecidos integrantes de colectivos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, marcharon desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y continuaron en marcha al norte de Chilpancingo.

Durante la marcha bloquearon el carril norte-sur del bulevar Vicente Guerrero y a la altura del Congreso local, los cuatro carriles y la lateral del Autopista del Sol para exigir a las diputadas y los diputados la aprobación de esta ley.

Después de hora y media de mantener bloqueado los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, el contingente de la manifestación se movió a las entradas del Congreso local.

En tanto los diputados sesionaban dentro del Congreso local, los accesos fueron cerrados por el personal de seguridad.

Durante la movilización representantes de diversos colectivos coincidieron en que ninguna autoridad “los quiere ver ni escuchar ni atender”.

Con la Ley de desaparición de personas que proponen los colectivos intentan que exista un marco jurídico que garantice la coordinación de todas las dependencias encargadas de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas para mejorar e implementar los mecanismos más eficientes.

A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Dichas leyes a pesar de estar aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado estas leyes. Guerrero está pendiente.

Los inconformes también piden el presupuesto suficiente para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y tener acceso a una reparación del daño.

Otra de las demandas que expusieron es la creación e implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de los hechos.

“Parece que sólo así nos voltean a ver, porque en campaña (los diputados) van y nos prometen mil soluciones, pero una vez en el poder ni nos ven ni nos oyen”, mencionó la directora de Los otros desaparecidos de Iguala AC, Aurora Bahena Cruz

Explicó que desde noviembre pasado presentaron la iniciativa ciudadana en materia de personas desaparecidas, y a la fecha sólo les informaron que dicho documento está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“Desde noviembre está ahí y no hacen nada los diputados, si no hacen nada que renuncien, con el sueldo que tienen se podrían resolver muchos problemas”, dijo.

Bahena Cruz informó que del Congreso local, al conocer la manifestación, les informaron a los colectivos que la ley la aprobarían en los próximos días, “pero nosotros queremos saber y verla antes de que se apruebe, y tener la certeza que es una ley acordé a las necesidades de las víctimas”.

Durante la protesta platearon al Congreso local un foro, un parlamento abierto y mesas de trabajo para discutir, proponer y crear en conjunto la Ley de desaparición de Personas.

“Queremos que se garantice el principio de participación conjunta y podamos manifestar nuestras necesidades y opiniones”, dijo Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.

Además de los colectivos de personas desaparecidas, a la marcha asistieron integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, y representantes de colectivos de víctimas de la guerra sucia.

“Desgraciadamente al Estado mexicano y a sus instituciones parece no importarles cumplir con todo lo que ratifican ante las instancias internacionales y aún seguimos luchando para que nos proporcionen una gota de nuestros múltiples derechos”, se lee en un documento que repartieron durante la movilización.

Los colectivos participantes en la movilización fueron la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem); Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero; Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.

José Díaz Navarro, representante de Siempre Vivos, mencionó que desde 1960, época de la llamada guerra sucia, hasta el 2022 tienen un registro de 4,000 personas desaparecidas.

“Desgraciadamente el Congreso ha sido omiso, indiferente, siempre pone excusas y nunca nos atienden. A nivel nacional ya hay 15 estados que tienen una ley de personas desaparecidas lo que nos habla de las prioridades que hay en el estado”, expuso.

Liberaron un carril de la Autopista del Sol en cada sentido.

A las tres de la tarde, después de que entró una comisión de los colectivos al Congreso local para dialogar con algunos diputados, levantaron el bloqueo de la Autopista del Sol y el personal liberó los accesos del Congreso local.

Tras amenazas y un diálogo con Félix Salgado, sindicalizados liberan edificio del Congreso

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook Trabajadores del Congreso del Estado Sentimientos de la Nación / Archivo

Chilpancingo

 

Después de que anoche fueron amenazados con armas de fuego por sujetos desconocidos y ayer lograron un diálogo con el senador y padre de la gobenadora, Félix Salgado Macedonio, los integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, liberaron este mediodía el edificio del Poder Legislativo.

De acuerdo por lo relatado por el secretario general del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, entre las once y doce de la noche de ayer, una camioneta negra llegó al plantón que mantienen los sindicalizados, desde donde unas personas les gritaron “ya quiten su chingadera y, posteriormente, se escuchó que cortaron cartucho”.

Es así que hoy los sindicalizados acordaron liberar las instalaciones que cerraron ayer, pero buscan tener una reunión más tarde con autoridades del Congreso local.

“Nos vamos no por las intimidaciones, nos vamos porque el día de ayer el senador Félix Salgado Macedonio se ofreció a ser intermediario entre nuestro movimiento y la Jucopo”, aclaró Martínez Román.

Después de siete días que estuvieron en plantón afuera del Congreso local y uno de que cerraron por completo el inmueble, se retiraron.

El movimiento, impulsado por el Sindicato Sentimientos de la Nación, resurgió el viernes de la semana pasada, cuando se confirmó el despido de dos trabajadores; un chofer y otra trabajadora que participaron en el bloqueo de seis días a las puertas de acceso del Congreso, el pasado 14 de febrero. Lo sindicalizados que calificaron el despido de sus compañeros como una represalia.

El miércoles pasado se supo de la retención del salario de Martínez Román, también por esa razón volvieron a cerrar el edificio, además de las vialidades aledañas.

El jueves 2 de marzo, el área administrativa del Congreso local informó el despido del dirigente sindical, bajo el argumento de que de manera recurrente se ausentaba de su centro de trabajo, sin contar con permisos de la comisión sindical.

Al escuchar el ruido de las supuestas armas y los gritos de los desconocidos, los trabajadores que estaban en el plantón se lanzaron al piso para mantener a salvo sus vidas, contó Martínez Román.

La primera reunión la tendrán la tarde de este viernes y esperan que junto a Salgado Macedonio esté la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.

La petición principal será la recontratación de los trabajadores despedidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprueban diputados espacios para más cuarteles militares en Guerrero, históricamente reprimido por el Ejército

Activistas consideran que es una simulación contra la inseguridad la presencia de más fuerzas castrenses en el estado, cuando la violencia es cotidiana


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz

Chilpancingo

 

Activistas por los derechos humanos catalogaron como una «simulación» la llegada de militares y la construcción de más cuarteles para la Guardia Nacional (GN), pues, consideran que la violencia continúa y aumenta, además de ser un riesgo para los derechos humanos de los guerrerenses.

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el Congreso local aprobó la donación de dos terrenos para cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional en los municipios de Iguala y Pilcaya, respectivamente.

«Para coadyuvar en las tareas de prevención del delito y salvaguarda de la integridad de las y los guerrerenses», se lee en el dictamen aprobado este lunes.

Entrevistada vía telefónica, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».

Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente en sus conferencias matutinas, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.

Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional operan con ayuda del Ejército.

Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, y uno en Pilcaya y otro Iguala, donde los diputados acaban de autorizar los predios.

Hay un acuerdo desde marzo del 2022 entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Sedena para la donación de los predios para la construcción de los cuarteles en el valle del Ocotito, pero fue impedida por los grupos de autodefensa que operaban en la zona.

Para el cuartel de Zumpango, el predio ya fue donado por la alcaldesa petista, Sara Salinas Bravo; es un solar ubicado en el Cerro del Tepetlayo, el cual, de acuerdo con los ejidatarios, está en litigio porque el Consejo Ejidal de Zumpango quería donarlo para crear un Área Natural Protejida.

En Acapulco, de acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se pretenden construir cuatro cuarteles.

«Uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro».

Sobre el tema de la militarización, Díaz Taboada coincidió con Rosales Sierra, al declarar que tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.

«En Guerrero tenemos una larga historia de que las policías han estado dirigidas por mandos militares o navales, en permiso o en retiro, y pensando en la cuestión de derechos humanos deben ser personas con capacitación en el traro a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares», dijo Díaz Toboada.

Esto debido a que, aunque en su decreto de creación, la Guardia Nacional establecía que debía tener un mando civil, a través de un decreto presidencial del 8 de agosto del 2022, se estableció que la corporación pasaría y dependería completamente de la Sedena.

Además, de acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.

La estimación del Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.

En Guerrero operan 2,951 elementos de la Guardia Nacional, más los militares distribuidos en instalaciones por toda la entidad.

Se trata de la IX Región Militar, la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, la XII Región Naval y la Base Área de Pie de de la Cuesta dependiente de la Fuerza Área Mexicana.

Además de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo, el 27 Batallón de infantería en Iguala y el 34 Batallón en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente.

Ante este panorama, Díaz Taboada agregó que aunque los militares tengan capacitaciones en derechos humanos, «ellos están formados para una guerra, con armas de guerra y su lógica siempre será aniquilar y abatir y no de detener en el marco de la aplicación de las leyes ciudadanas».

«Otro hecho de preocupación es que nos dicen que supuestamente la Guardia Nacional es una entidad civil y que sólo es administrada por la Sedena, pero la mayor parte de los que la conforman son militares y no se se le ve el carácter civil, por sus uniformes y su armamento difícilmente se ve como una organización civil», agregó Díaz Taboada.

En el dictamen aprobado el pasado lunes los diputados locales autorizaron a los ayuntamientos de Pilcaya e Iguala donar un bien inmueble «en favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del referido predio para el desarrollo de actividades castrenses», mencionó el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto, secretario de la Mesa Directiva, al leer el dictamen al pleno.

Por esta aprobación es cuestión de tiempo para que comience la construcción de los cuarteles.

«El gobierno construye los cuarteles pero no se enfoca en erradicar el tema de los desplazados, las desapariciones o detener a personas del crimen», mencionó Rosales Sierra.

Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, esto no garantiza la seguridad para la población.

«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.

«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.

Datos del Centro Morelos indican que en Guerrero, desde 2011 a la fecha, hay 32,000 personas en calidad de desplazados.

La morenista Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue quien fundamentó el dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad del predio rústico ubicado en El Llano de la Concepción, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, «en favor de la Sedena para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional».

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del pleno en una sesión extraordinaria.

En Pilcaya e Iguala el tema de la violencia aumentó en los últimos meses.

En agosto del 2021 civiles armados atacaron a balazos el vehículo en el que viajan la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, en dicho enfrentamiento dos policías municipales fueron asesinados.

En Iguala, en las últimas semanas se registraron diversos hechos de violencia en los que fueron asesinados varias personas.

Además, en el pasado reciente Iguala es una muestra nacional de lo que la fuerza militar puedes lograr. Las madres y los padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa ocurrida la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, sostienen como su principal hipótesis que los militares de 27 Batallón mucho tiene que ver la desaparición de sus hijos.

Como antecedente es importante mencionar que en la década de los setentas, en Guerrero, en particular en la Sierra de Atoyac, vivieron una sombría época de represión militar, considerado por muchos sobrevivientes y académicos como un exterminio de Estado.

O la reciente época de supuesta “guerra contra el narcotráfico” que implementó el ex presidente Felipe Calderón (‪2006-2011‬), académicos y periodistas descubrieron que las zonas donde más asesinatos había eran la militarizadas.

Además, “hay infiltración, claro, y no sólo es en la policía, es en la Guardia Nacional y en el Ejército, por eso nos preocupa el tema de la militarización», agregó Rosales Sierra.

 

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