ERPI: Informe de Ayotzinapa, manejo político del gobierno para cerrar el caso

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señaló que el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa indica un manejo político del gobierno federal para cerrar estos crímenes de lesa humanidad.

En su edición 2019 del órgano de difusión El Insurgente que publica periódicamente este grupo armado, dice que dicho informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la misma lógica discursiva que presentó como la verdad histórica del ahora desechable, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Murillo Karam actualmente está preso por delitos federales derivados de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala en donde fueron desaparecidos 43 normalistas y seis personas más se les asesinó a balazos.

“Lo sucedido el 26 y 27 de septiembre son múltiples crímenes de Estado perpetrados bajo la lógica contrainsurgente, ejecutados por el aparato policiaco militar y cuya responsabilidad cae en toda la cadena de mando del Estado mexicano”, afirma el ERPI.

“La investigación que se realiza desde la administración actual se centra en la desaparición y homicidio de los normalistas, bajo el argumento de que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, se busca cerrar el caso así como la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos”, detalla este grupo subversivo.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente que es una escisión del EPR, se dio a conocer públicamente en 1997 después de la masacre de El Charco, del municipio de Ayutla de los libres que, según los milicianos de esta organización clandestina, perpetró el Ejército mexicano contra la población civil cuando estaba reunida en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez.

En su página editorial de la revista El Insurgente, el ERPI, indica que el fenómeno acaecido los días 26 y 27 de septiembre del 2014 fue ante todo un hecho represivo con profundas motivaciones políticas, producto de la esencia contrainsurgente de la política del Estado burgués mexicano.

“No es un suceso colateral del conflicto por el trasiego de drogas, conducirnos por esa ruta es diluir el sentido político y empantanarnos en la lógica de la indenpendencia del narcotráfico con relación al Estado”, y opina el grupo guerrillero sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

 

 

 

 

 

¿Cómo se enredó así el Caso Ayotzinapa? Te lo explicamos en 15 pasos

Este mes el Caso Ayotzinapa se convirtió en un terreno de choque entre distintos grupos de poder: un sector está representado por la Comisión de la Verdad de Segob que trabajaba de la mano con la UEILCA, una unidad de la FGR creada para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y la propia FGR que ha mostrado un repentino arrepentimiento sobre las órdenes de captura que había pedido y beneficiado a quienes son señalados por participar en la “Noche de Iguala”, entre ellos a miembros del Ejército. En reacción, vemos filtraciones de información reservada, descalificaciones, órdenes de aprehensión que son canceladas, comunicados y conferencias urgentes y pleitos que han derivado en amenazas, renuncias y denuncias penales.

Mientras esto ocurre, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, siguen en busca de sus hijos.

Estos son 15 momentos necesarios para entender cómo llegamos a este enredo.

Por el Equipo de A dónde van los desaparecidos*

1. La Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa presenta su informe al Presidente, gabinete y algunas familias

El 18 de agosto, después de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo el gabinete reunido en Palacio Nacional, algunos padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014 y sus abogados de los Centro Prodh y Tlachinollan, escuchó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentar los resultados de la Comisión de la Verdad que encabeza sobre el caso.

Aunque pidieron a los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que se subieran a su lado, el grupo no aceptó porque no sabía qué iba a anunciarse.

Apoyado por un power point, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, según relataron tres personas presentes, informó de lo hecho por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que él encabeza. Habló de 3 grupos que habrían tenido a los estudiantes, y de los lugares donde habría que buscar. Presentó unas capturas de pantalla inéditas, que apoyaban su relato; información que era inédita.

El titular de la Fiscalía General de la República, en su turno, anunció que en las próximas horas habría acciones legales relevantes. Cuando mencionaron las cifras de militares involucrados, ambos dieron números distintos.

El presidente, cálido con las familias, compungido, en voz baja les dijo que su lucha no fue en vano, les entregó el informe. Las familias lloraban. Al final, a las familias y a sus abogados les entregaron los libros del informe testado (una barra negra ocultaba la nueva información) con sus ocho anexos.

Todo parecía como si fuera el cierre de la investigación, según los asistentes.

(Una fuente consultada dijo que una semana antes el presidente había pedido que le presentaran los resultados finales, tanto a FGR como a la Comisión Presidencial. Y esa prisa por cumplir la orden podría ser una de las causas de los enredos que seguirían.)

2. El “Crimen de Estado” y el anuncio de próximas detenciones

Alejandro Encinas durante la conferencia matutina hablando de la llamada Verdad Histórica. Crédito: Presidencia

 

Al salir del encuentro con el Presidente y las familias, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio una conferencia de prensa en la que que dijo por primera vez que no hay indicios de que estén vivos los estudiantes y que su desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron miembros de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano que estuvieron al tanto de los hechos, participaron en el crimen, fabricaron evidencias, torturaron personas, encubrieron o fabricaron hechos.

En la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que él preside, anunció que 33 personas serían llevadas a la justicia por su participación en el crimen como perpetradoras o encubridoras.

Mencionó que en el asesinato, además de criminales del grupo Guerreros Unidos, están involucrados policías municipales y estatales, así como personal del ejército, la marina y la PGR que estuvieron al tanto de los hechos desde el inicio y no lo previnieron, sino que participaron encubriendo y montando una verdad distinta.

La conferencia parecía no traer revelaciones, pues la mayoría de lo dicho había sido presentado antes en los tres informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Pero el informe saltó a medios de comunicación porque tenía información sobre cómo fueron asesinando a los estudiantes y la lista de funcionarios que habrían participado en la cadena de mando donde se inventó la “Verdad Histórica”; en esta aparecían los nombres del general Saavedra, quien había estado al frente de la 35 Zona Militar de la IX Región Militar con sede en Chilpancingo y de Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, que en 2014 era comisario de la Gendarmería de la Policía Federal (aunque negó su participación, el diario El País mostró documentos del ejército donde se le menciona).

(Encinas entregó un informe que tenía una tercera parte de la información testada, supuestamente para no entorpecer procesos penales. Se había guardado información clave, que sería una bomba hasta el lunes siguiente) 

3 La captura de Murillo Karam y el “descuidado” desempeño de la FGR

 

El 19 de agosto, un día después del informe de la CoVAJ, en una maniobra inesperada la FGR detuvo al exprocurador general Jesús Murillo Karam –a cargo de la PGR al momento de la desaparición de los 43 estudiantes y de la primera investigación llamada “verdad histórica”– acusándolo de los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

Sin embargo, en la audiencia inicial saltó a la vista que no estaba presente la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, que dirige Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI.

La UEILCA fue creada este sexenio presidencial para investigar el caso y que debía presentar la acusación ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia. En su lugar había agentes de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos que no conocían la carpeta de investigación completa y no estaban preparados para llevar la audiencia, como lo recriminó el mismo juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia.

Después se sabrían las razones de este “descuido”.

Actualmente, el ex procurador se encuentra en el Reclusorio Norte, pero una jueza federal admitió una demanda de amparo presentada por Murillo para que se declare ilegal su detención y determinó que el juez Fuerte Tapia deberá esperar a que emita su sentencia definitiva para iniciar el juicio contra Murillo Karam. Es decir, se podrá realizar la investigación complementaria e incluso la audiencia intermedia.

El subsecretario Encinas aseguró que la FGR impugnará la determinación de la jueza federal.

(Quienes desde la FGR conocen el caso señalan que por los delitos señalados a Murillo Karam, no serían de penas máximas y que la UEILCA estaba fundamentando otros que conllevaban penas más graves, pero, por urgencias políticas, la captura se adelantó; quien coordina la Unidad de Asuntos Internos es Adriana Campos, quien en 2016 había relevado al interior de la PGR, en el sexenio de Peña, al visitador que se había atrevido a documentar ilícitos en la actuación de la procuraduría y que fue removido del cargo)

4. Se anuncian 83 órdenes de aprehensión; cuatro militares son capturados

Cartel de Ayotzinapa con la foto del General Alejandro Saavedra, quien estaba al frente de la 35 Zona Militar de la IX Región Militar con sede en Chilpancingo, 2014 y a la que reportaban el 41 y 27 Batallón. Foto: Especial

El 19 de agosto estuvo movido: la fiscalía de Gertz Manero anunció que se giraron 83 órdenes de aprehensión, 20 de estas contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, Guerrero.

Entre estos se ordenó la aprehensión del general José Rodríguez Pérez, quien en 2014 había sido comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, acusado de delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos, no por desaparición forzada; él se entregó a la justicia y señala que es inocente.

Un mando más es el capitán José Martínez Crespo, del mismo batallón de infantería, quien supo de los ataques e incluso estuvo presente en algunos escenarios del crimen aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Crespo se encuentra en prisión desde noviembre del año pasado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, su nueva orden de aprehensión es por el delito de desaparición forzada.

Bajo este mismo delito están vinculados el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, a quien también se le acusó de delincuencia organizada.

(A partir de ese momento comienza una extraña danza de cifras pues había comenzado una operación al interior de la FGR para retractarse de los números que anunció y de varios nombres para quienes pidió captura. Es de notar que las cifras de la FGR no coinciden con los nombres y cifras que había presentado antes Encinas desde la CoVAJ)

 

5. El GIEI pide las pruebas a la CoVAJ; las desconocía

El 22 de agosto, tras cuatro días de silencio, el GIEI -el grupo de expertos internacionales promovido por la CIDH que desde 2015, y en intervalos, ha investigado de manera independiente el caso- informó en un comunicado que aunque ha trabajado de la mano de la Comisión Presidencial (la CoVAJ) no tuvo acceso directo a los materiales de donde surgen “las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”, ni a los peritajes.

Por ello solicitó acceso a las pruebas que sustenten el informe y a los dispositivos de donde se obtuvieron las capturas “y que esos elementos sean presentados a la fiscalía de inmediato”, porque al poder judicial y a los jueces les corresponde evaluarlas.

(Aparentemente las capturas de pantalla existen desde abril pero la Comisión Presidencial no informó a la UEILCA y el GIEI aunque desde 2020, cuando el GIEI volvió a México, por invitación del presidente, compartían todas las diligencias e investigaciones. El ocultamiento de esa información causó sorpresa.)

6. Nueva revelación: El “Coronel” mandó matar a 6 normalistas

El subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas en la conferencia de prensa matutina presentando parte del Informe del caso Ayotzinapa. Captura de pantalla.

El 26 de agosto, durante la conferencia matutina del Presidente conocida como mañanera, el subsecretario Encinas presentó por segunda vez el Informe y soltó una bomba al implicar por primera vez al ejército con participación activa en la desaparición y homicidio de los estudiantes.

Reveló que el hoy general José Rodríguez Pérez dio la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes, quienes habían sido trasladados a un lugar conocido como “la bodega vieja”, donde cuatro días después de la noche del 26 de septiembre en que fueron desaparecidos, permanecían con vida.

«Hay la información, corroborada también, con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al Coronel, como viene en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos», reveló.

«Fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del ‘Coronel’, presuntamente el coronel José Rodríguez», dijo en referencia al militar que en septiembre de 2014 era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

Según el Informe, el general estuvo en contacto con «El Chino», integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, quien presuntamente reportaba al coronel acerca del ataque contra los normalistas. Y anunció diversas órdenes de aprehensión.

En el informe se mencionaba también que algunos estudiantes pudieron haber sido enterrados en el 27 Batallón y que sufrieron muertes terribles.

(La información de el “Coronel” se menciona en el cuerpo del informe de la CoVAJ y en el anexo 8, donde se encuentra la información de las capturas de pantalla. En este exhibe un convenio con el Centro Geo de Conacyt que habría dado validez técnica a la información de este tomo sobre las llamadas telefónicas y geolocalizaciones de los implicados en la noche de Iguala; sin embargo, en la información no viene incluído un análisis de las capturas de pantalla, sólo se menciona su existencia)

7. Absuelven a Abarca y denuncia contra los jueces de parte de Encinas

Capturas de pantalla tomadas de notas publicadas por El Universal y Proceso

El 23 de septiembre, por “acuerdo del Gabinete de Seguridad”, las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ingresaron en la FGR una denuncia contra Samuel Ventura Ramos, juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, quien lleva el caso Ayotzinapa.

Se le acusó de la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”. Aunque no en pocas ocasiones desde la conferencia mañanera las resoluciones del juez habían sido criticadas, la absolución de 24 personas a las que la FGR acusa de intento de homicidio contra uno de los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 (como parte de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa), fue el detonante de la denuncia. Además, por haber absuelto, el 14 de septiembre de 2022, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca del delito de secuestro. Desde 2014 se difundió que la esposa de Abarca es hermana de los líderes de Guerreros Unidos en Iguala.

En total, este juez ha dictado 120 absoluciones por este caso.

El enojo ya se había venido rumiando en la conferencia mañanera al grado de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha señalado su desacuerdo con las críticas de López Obrador y defendido la actuación de los jueces del caso debido a que las primeras investigaciones, que se iniciaron durante el sexenio de Peña Nieto, tienen vicios desde el inicio y se usó la tortura para obtener declaraciones.

 

8. Filtración de capturas de pantalla, hija de Abarca niega el contenido, comienza una guerra en redes sociales

Captura de pantalla

El 24 de septiembre, la periodista Peniley Ramírez publicó en Grupo Reforma una columna titulada “Ayotzinapa, el encubrimiento”, acompañado de un hilo de Twitter con capturas originales y sin testar, del informe preliminar de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.

En el hilo de Twitter, la periodista menciona que una fuente, que tenía acceso al informe, la buscó; y recuerda que el informe reconstruye los hechos a partir de lo que integrantes de grupos criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familias y militares, hablaron por mensajes de texto y Whatsapp la noche del 26 y 27 de septiembre, y días más tarde.

En la versión testada del informe, tres son los apartados que permanecían prácticamente ocultos de la narrativa de los hechos: 1) Órdenes de ejecución de los estudiantes; 2) Desaparición de los estudiantes (quemados y metidos en bolsas; arrojados al Río Balsas, al pozo de Pueblo Viejo, disueltos en ácidos, aventados a una mina -supuestamente en Carrizalillo); y 3) Limpieza de gobierno.

Sus publicaciones causaron polémica. Aunque la mayor parte de los hechos estaban contenidos en el informe, y ya había notas periodísticas dando cuenta de lo ocurrido, el público se dividió entre quienes la acusaron de revelar una investigación en curso y hacer daño a las familias, y entre quienes consideraron que ella reveló la verdad que supuestamente el gobierno actual quería ocultar.

Entre las revelaciones se señala que el 29 de septiembre, una persona a la que identifican como “A1” (presuntamente José Luis Abarca, alcalde de Iguala, aunque la familia Abarca señala que es el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre) dice que Enrique Peña Nieto mandó a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a “dar una solución” al caso.

Y se reitera que el 30 de septiembre, cuatro días después de los hechos, “El Chino” le informa a “El Negro” que seis estudiantes aún están vivos y se encuentran en la Bodega Vieja (una bodega ubicada en Pueblo Viejo, en la colonia Guadalupe, a las afueras de Iguala). “El Negro” quedó de arreglar esa situación, pero más tarde, “el Coronel” le dice a “el Chino” que ellos se encargarán de “limpiar todo”.

Esta información ya había sido parcialmente descrita en el cuadro comparativo de la “verdad histórica” y la información actual, del informe, pero en la narrativa de los hechos aparecía testada. También la denuncia anónima al 089 que el 30 de septiembre, a las 21:11 horas, registró la Sedena; en ella se menciona que a los estudiantes los tienen en una bodega y se dan indicaciones de cómo llegar al lugar.

En otro momento, “El Tilo” menciona que cuando la “gente de México” va a limpiar “el cagadero”, se está pensando en sacar los restos de los estudiantes de los lugares en donde los habían depositado para llevarlos al batallón.

La periodista terminó el hilo de Twitter con dos capturas de pantalla sobre las órdenes de ejecución de los estudiantes:

“Mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo: recuperen la mercancía y me chingan a todos a discreción”, le dijo Yaza (presuntamente la hija de José Luis Abarca) a su amiga Karen.

Mientras tanto, la hija de Abarca (Yazareth) recriminó con un tuit al subsecretario Encinas, en donde desconoció esos diálogos y lamentó “haber confiado” en él. Poco después dio de baja su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla

(En su columna, el periodista y escritor John Gibler se pregunta sobre la veracidad de las capturas de pantalla presentadas por la CoVAJ y si estas no se convertirán en el nuevo basurero de Cocula)

 

9. Familias y estudiantes protestan ante el Campo Militar #1: los 43 “pueden estar ahí”

Normalistas durante la protesta en el Campo Militar No. 1. Crédito: Axel Hernández/Obturador MX

Durante 3 días, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y familiares de los 43 normalistas desaparecidos realizaron protestas en la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración de los 8 años de la desaparición del 26 de septiembre de 2014.

La primera protesta fue en la Embajada de Israel donde exigieron la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nietofue jefe de la Agencia Criminal de Investigación -al que el informe señala que fue “el asesor venido de México”-. El ex funcionario se esconde en Tel Aviv y es acusado por la FGR de tortura y desaparición forzada, métodos con los que se obtuvieron las confesiones que sustentaron la “verdad histórica”.

La protesta se trasladó a las instalaciones de la FGR donde fueron recibidos por policías con escudos que resguardaban el ingreso al edificio.

“Levantamos la voz en esta Fiscalía, para que informen a los padres y madres qué ha pasado con las investigaciones y con las órdenes de aprehensión que hay. ¿Por qué no se han ejecutado esas órdenes de aprehensión?”, gritó uno de los estudiantes que encabezaba la manifestación, documentó El País.

Al final un grupo de jóvenes lanzó piedras y petardos contra los policías, que les causó heridas, rompió vidrios e hizo pintas con graffiti en los muros.

En el Campo Militar No. 1, en el tercer día de manifestaciones consecutivas, y después de que el Presidente pidió desde su conferencia matutina que no hubiera violencia, los padres, las madres, los estudiantes de Ayotzinapa y sus acompañantes realizaron un acto de protesta que subió de tono al término de los discursos.

La exigencia de abrir las instalaciones y entregar información que lleve a esclarecer los hechos, fue la constante.

“Sabemos que en este Campo Militar hay muchas cosas que aclarar, hay mucha información que no quieren dar. ¿Qué esconden? ¿A quién defienden?”, señaló la señora Joaquina García, madre del estudiante desaparecido Getsemany Sánchez García.

Exigieron dejar de encubrir al 27 Batallón de Infantería de Iguala. “La desaparición de los 43 normalistas, los 43 hijos, siempre lo habíamos dicho que fueron los militares del 47 Batallón de Infantería. Ahora la investigación nos dio la razón. No sé por qué encubren a esos elementos del 27 Batallón, porque ellos sabían el momento exacto en que estaban desapareciendo a nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de César González, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Tras los discursos de los familiares, los normalistas intentaron ingresar al Campo Militar y derribaron una de las puertas de entrada a las instalaciones. En reacción la Policía Militar protegida con escudos y cascos se acercó a la puerta para enfrentar a los normalistas. Con cohetones y piedras los estudiantes trataron de mantener al margen a los elementos, que finalmente no se enfrentaron con los estudiantes.

10. Revelación del retiro de la FGR de 21 órdenes de captura

Captura de pantalla de nota publicada por el diario El País

El 25 de septiembre se reveló la causa de la furia de los normalistas de Ayotzinapa y de las familias de los desaparecidos: funcionarios de la FGR pidieron al juez cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la UEILCA había solicitado un mes antes.

De esas 21 órdenes -según revelaron el diario El País y la revista Proceso- 16 son contra militares. Del total de las 83 órdenes de aprehensión, solo se han ejecutado cuatro.

La UEILCA no fue avisada ni por la FGR ni por el titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el juez que aceptó en un principio las órdenes de aprehensión y que hizo efectiva la cancelación. La petición de cancelación fue presentada -según Proceso- por agentes de la FGR, “adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados”.

Las órdenes de aprehensión canceladas eran por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia”.

Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, actualmente es general.

“Además de los militares, el juez a cargo del caso, con sede en Toluca, ha aceptado cancelar igualmente las órdenes de detención contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia”, publicó El País.

Tras enterarse de la cancelación, el fiscal Omar Gómez Trejo y el director general adjunto de la Unidad, José Miguel Rivera Esquivel, adviertieron en un oficio de respuesta que, al ser notificado únicamente el agente adscrito al juzgado, “se entiende que hemos sido relevados del seguimiento de la causa” por decisión del juez Beltrán Santes.

(Es de llamar la atención que se quedaron las órdenes de aprehensión de los militares cuyos nombres ya habían sido ventilados en la conferencia de Encinas o en comunicados, y que se exculpó a otros -como el coronel Hernández Nieto o dos agentes de inteligencia militar, aunque compartían los mismos delitos. Otro dato revelador es que el “Coronel” Rodríguez Pérez, que habría mandado matar a los estudiantes, no estaba acusado de la desaparición sino de crimen organizado, esto es porque la CoVAJ sorprendió a todos con la revelación y no había compartido los datos al momento en que la UEILCA de Gómez Trejo pidió las órdenes de captura.) 

11. El ejército defiende a los suyos y descalifica a la CoVAJ; Encinas se defiende

Captura de pantalla

El 24 se septiembre vimos en televisión una sorprendente entrevista: El general Rodríguez, quien Encinas aseguró que era “el Coronel”, defendiendo su inocencia desde la prisión militar de Campo Marte ante el periodista Jorge Ferández Menéndez, cercano a los aparatos de seguridad y quien siempre ha defendido la “verdad histórica” de Peña.

El hecho fue inédito porque la SEDENA se caracteriza por no permitir que periodistas metan cámaras o grabadoras a sus instalaciones, mucho menos a su cárcel.

En redes sociales comenzaron a publicarse mensajes culpando a Encinas de querer ensuciar al ejército y desacreditando el informe de la CoVAJ, mencionando que el funcionario había inventado las conversaciones contenidas en las capturas de pantalla y que las acusaciones se basan en la declaración de un sicario, un testigo protegido llamado “Juan”.

Se dió a conocer que un grupo de abogados, del que forma parte el ex subsecretario de seguridad de este gobierno, Alejandro Robledo Carretero, defenderán a los cuatro militares detenidos (Pirita, Mota, Crespo y el general Rodrígez). Como primer hecho anunció una denuncia penal contra el subsecretario Encinas.

Los defensores de Murillo Karam prendieron fuego en redes sociales. El diario Excélsior publicó que, una fuente anónima de la FGR informó que investigará a los integrantes de la Comisión de la Verdad que encabeza Encinas por la filtración de las capturas de pantalla, y los integrantes de la UEILCA, la unidad desautorizada y arrinconada por la misma institución.

Captura de pantalla

Ante los ataques recibidos, el subsecretario Encinas publicó una columna en la que señaló que los defensores de la “verdad histórica” a los que llamó “vestigios del Estado del viejo régimen, el mismo que cometió este crimen”, están buscando descalificar y desinformar acerca del informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

A la crítica de que las acusaciones contra el ejército se basan solo en el testigo “Juan”, aseguró que la información se sustentó en “al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas” incluyendo cruces de llamadas entre “el grupo delictivo y funcionarios públicos”.

Sobre la denuncia contra el juez Samuel Ventura Ramos tras la absolución de 77 personas (víctimas de tortura por la entonces PGR, “lo cual es absolutamente inadmisible”), Encinas criticó que: “lejos de ordenar restablecer el proceso, y señalar y castigar a los torturadores, el juez dictó la libertad absolutoria a algunos de los principales perpetradores de la desaparición”.

12. El 8vo aniversario de la desaparición: papás y mamás piden pruebas científicas de la muerte de sus hijos y culpan al ejército de los hechos

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos durante la marcha a 8 años de los sucesos ocurridos. Crédito: Lucía Flores/Obturador MX

En la marcha conmemorativa en la Ciudad de México del octavo aniversario de la desaparición, los familiares de los estudiantes desaparecidos y los estudiantes repetían que el caso no había concluido, y culpaban al ejército de la obstrucción de la verdad.

Iban molestos: por la mañana el Presidente López Obrador mencionó que era día de luto nacional, pero padres y madres de los desaparecidos decían que no existen pruebas de la muerte.

El señor Mario González, padre de César Manuel González dijo al micrófono: “no hemos tenido científica ni técnicamente lo que dicen esos pantallazos, y que vamos a estar aquí”.

El señor Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete, expresó: “Si había un pequeño avance con este gobierno, un mínimo avance, pero cuando se llegó al punto de tocar al ejército ahí todo se vino para abajo, todos se echaron la bola (…). ¿Qué está haciendo el Presidente cuando ve que el Fiscal General de la República se desiste de las órdenes de detención? Le echan la culpa a los jueces, le echan la culpa al fiscal pero entre ellos no hacen nada”.

“Queremos decirle al Fiscal General de la República que vamos a ir y tiene que dar resultados y sino vamos a pedir su destitución”.

La señora Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, leyó el comunicado de los padres y madres de Ayotzinapa en el que refirió que “sólo existen hipótesis sin solidez probatoria” sobre la muerte de sus hijos, y que jueces y ministerios públicos han sucumbido al poder militar, cancelando 17 órdenes de aprehensión que se habían obtenido en agosto pasado. “

El actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones”, reclamó.

13. Arrinconado, renuncia el fiscal del Caso Ayotzinapa a la UEILCA

Captura de pantalla:Renuncia el fiscal del ‘caso Ayotzinapa’

El 27 de septiembre surgió una nueva revelación: desde el 15 de septiembre el fiscal de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo por desacuerdos con su jefe, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la marginación de su labor.

Los problemas habrían empezado el 15 de agosto cuando el fiscal general pidió a Gómez la judicialización a Murillo, a lo que Gómez habría dicho que necesitaba un mes para llevarla a cabo y robustecerla, tiempo de espera que Gertz no aceptó.

Gómez continuó con sus actividades: solicitó a un juez federal órdenes de captura contra 83 personas relacionadas con el caso, y después hizo un viaje a Israel para hablar con fiscales de ese país y convencerles de la extradición de Tomás Zerón, el orquestador de la “verdad histórica”. Allá se enteró de la noticia de la detención de Murillo.

En redes sociales y columnas políticas comenzaron a circular versiones tendientes a culpar a Gómez de no dar resultados y del pésimo desempeño en las audiencias contra Murillo.

Cuando Gómez Trejo volvió a México encontró la oficina tomada por funcionarios de Asuntos Internos y de “personas ligadas a la ex SEIDO, que habían trabajado con Gualberto Ramírez”, otro de los implicados en el caso, como confió una fuente anónima. Esas personas estaban a cargo de las carpetas de investigación y el 7 de septiembre pidieron cancelar 21 de las 83 órdenes -16 eran contra militares. Una semana después el juez “les hizo el favor” y las canceló. Como semanas después difundió la prensa.

Entre las órdenes que presentó por desaparición forzada no estaba incluido el ex coronel, hoy general, Rodríguez Pérez porque al momento de la judicilización su participación en los hechos no había sido compartido por Encinas.

El fiscal Gómez no pudo hacer nuevas diligencias para investigar: la unidad fue despojada de 13 policías ministeriales que se encargaban del trabajo de campo los cuales –según El País– estaban divididos en «dos núcleos, uno centrado en el ataque contra los normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y otro en la construcción de la ‘verdad histórica’”.

El fin del plazo de entrega-recepción de la oficina fue el 30 de agosto. Al momento en que presentó la renuncia se reunió con representantes de las familias para explicarles lo ocurrido.

Según el recuento de El País, los avances de Gómez Trejo al frente de la UEILCA fueron los hallazgos, en 2020 y 2021, de dos fragmentos de hueso de dos de los estudiantes: Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, en Cocula.

Desde que presentó su renuncia el fiscal informó a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos y a sus abogados de todo lo ocurrido en la FGR.

En un comunicado de prensa, el Centro Prodh, representante de las familias de los estudiantes, señaló que la evidencia una “injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR” ante la labor independiente de esa Unidad, lo que pone en riesgo el proceso de justicia y pide “que no se adopten represalias en su contra”. Al día de hoy se han manifestado distintos colectivos pidiendo protección para Gómez y reconocimiento a su trabajo.

Por su parte, en un comunicado, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), reconoció los avances de este gobierno para buscar a los estudiantes y de instalar la CoVAJ y la UEILCA, pero expuso su preocupación por información que señala el desplazamiento de la UEILCA en sus funciones ministeriales y del desistimiento de las órdenes de aprehensión.

  1. ”Se ha tomado conocimiento sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de otras unidades fiscales de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios”
  2. “Se tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA .”
  3. “Desde agosto de 2022, la UEILCA no contaría con personal policial de investigación, lo que impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite.”

Recalcó la importancia de la independencia e imparcialidad de las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia, así como los impactos negativos cuando “hay cambios de operadores de justicia en una investigación penal” o “falta de coordinación y colaboración efectivas”. Amonestó las filtraciones de información y llamó a que las familias de las víctimas, el GIEI y la UEILCA sean informadas antes de que CoVAJ haga pública cualquier información o pronunciamiento.

Diversas voces, todos las organizaciones del colectivo IMPUDEMIA, han solicitado la renuncia del fiscal Gertz Manero. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de víctimas han manifestado muestras de solidaridad con el fiscal Gómez Trejo, y funcionarios como Encinas y Karla Quintana, han manifestado su respaldo al trabajo del ahora ex fiscal.

 

14. Se publica información de la DEA sobre nexos entre militares y Guerreros Unidos

Captura de pantalla de nota publicada por Reforma

Información de Reforma dio cuenta de que la DEA le entregó a la FGR, copias de conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos y elementos del ejército, la marina y las policías de Cocula e Iguala. Información que surgió a partir de la intervención de los celulares Blackberry de al menos 8 miembros de Guerreros Unidos entre el 22 de marzo y el 8 de junio de 2014.

A partir de esta información, la UEILCA consiguió 20 órdenes de aprehensión en contra de miembros del ejército. Pero 16 de éstas órdenes han sido canceladas.

“(La FGR) presentó ante un juez las transcripciones de estas comunicaciones para acreditar el delito de delincuencia organizada y consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero, aunque tres semanas después se desistió de 16 de esos mandamientos de captura”, publicó.

La intervención de estas comunicaciones, forman parte de un proceso abierto “que se instruye en la Corte Federal del Distrito Este de Illinois, en Chicago, contra miembros de Guerreros Unidos por tráfico de heroína.”

Por otro lado, reveló que la FGR “rechazó citar a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para que declare en una de las investigaciones que tiene abiertas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

En un comunicado, el Centro Prodh comentó al respecto: “(esta información) confirma la necesidad de que integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas” y es una muestra de “los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al ejército”.

 

15. ¿Y qué ha dicho AMLO? La postura aún no se entiende.

El presidente López Obrador durante la conferencia matutina del 26 de septiembre. Crédito: Presidencia

El lunes 26 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese día era de “luto nacional” y que el gobierno trabajaba para terminar con la impunidad.

Ante los cuestionamientos de la cancelación de órdenes de aprehensión, dijo que “se ha avanzado mucho” y argumentó que hay muchos intereses de por medio. Cuando la reportera de Proceso le preguntó si había fricciones entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) respondió que había diferencias dentro del gobierno, sin detallar o dar mayor importancia.

Y respecto a la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión dijo que se actuó a partir de las personas que aparecían en el informe de la CoVAJ, como responsables, y que hasta ahora no se hará algo al respecto porque “Yo creo que no, no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros.”

A la par, al ser cuestionado respecto a la posible omisión del ejército para dar información y que las 21 órdenes de aprehensión son de personas relacionadas con esta instancia, López Obrador salió en defensa de la Sedena.

“Sí, se está actuando, pero el ejército es una institución, quiénes fueron los que participaron de manera directa e indirecta, quiénes deben ser castigados, eso es lo que estamos investigando, pero no (fue) todo el ejército. ¿Qué quieren?, ¿que se debilite el ejército, en beneficio de quién?, ¿qué quieren?, ¿un ejército desprestigiado para que entonces vengan las agencias del extranjero y sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa interior, o de la defensa nacional, como en otros países? ¡Tenemos que defender las instituciones!», dijo.

El 27 de septiembre tampoco fue clara su postura: “el fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión”.

***

¿El GIEI será el árbitro?

 

Este 29 de septiembre las y los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) darán un informe, que podría ser su informe final.

Existe expectativa sobre lo que dirán acerca de la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien fue el secretario técnico del grupo, sobre la validez de las capturas de pantalla aportadas por la COVAJ y presentadas por Encinas, que involucran al coronel en el asesinato de seis estudiantes y sobre el ejército, que en cada informe han señalado por no negarse a ser investigado.

El Centro Prodh, en un comunicado, destacó que corresponde al grupo realizar una evaluación del cúmulo de información de los últimos días, en el balance que próximamente presentará ya que, como instancia internacional, “se encuentra en la posición más adecuada de fungir como fiel de la balanza”.

El 30 de agosto se termina el periodo del grupo en México. Dependerá del presidente de la República renovar la invitación al grupo de expertos independientes y de sus integrantes si permanecen o no en el país.

Mientras tanto, seguimos sin conocer el paradero de 40 estudiantes y sin saber qué les hicieron, quiénes lo hicieron y dónde están.

 

*

Participaron en este recuento: Efraín Tzuc, Maco Nucamendi, Gabriela de la Rosa, Analy Nuño, Lucía Flores, Aranzazú Ayala y Marcela Turati, integrantes del proyecto www.adondevanlosdesaparecidos.org

El GIEI denuncia intromisión en la FGR para no esclarecer el caso Ayotzinapa

El GIEI también indicó que continuará en el caso Ayotzinapa


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Victor Galindo 

Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció, en conferencia de prensa, que hay un intento por frenar las investigaciones del caso Ayotzinapa y que de parte de ellos pidieron una prórroga de 30 días al gobierno federal para examinar los nuevos elementos y continuar en las investigaciones

En la presentación del Tercer Informe del Caso Ayotzinapa los integrantes del GIEI mencionaron que hay intentos por frenar las investigaciones y omisiones de parte del Ejército para entregar todos los archivos y expedientes del del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI, explicó que hay registro de llamadas telefónicas realizadas por el Ejército que exponen conversaciones sobre el destino de los jóvenes, pero que están incompletas y necesitan todos los datos para dar una conclusión del paradero de los estudiantes.

“Obtuvimos esa información porque así lo ordeno el comandante supremo de la fuerzas armadas, o sea el presidente, pero está incompleta y cuando pedimos lo demás nos dicen que no existe, que no saben dónde está, pero eso es una omisión porque no pueden estar incompleta una información tan importante”, mencionó

De acuerdo con el Tercer Informe del GIEI los mandos militares tenían órdenes de seguir a los estudiantes desde el 20 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2014, como parte de un protocolo de cara a las marchas en conmemoración de la matanza de Tlatelolco.

Por lo mismo, al GIEI le parece ilógico que no haya registros después del 26 de septiembre sobre el seguimiento de los estudiantes desaparecidos.

También confirmaron la versión del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) de que un grupo de seis normalistas estuvieron con vida hasta el 4 de octubre posterior y eran custodiados por el Ejército.

Denunciaron también una intromisión en la Fiscalía General de la República (FGR) de alguien que no quiere que se esclarezca el caso y acusaron al fiscal, Alejandro Gertz Manero, de no cumplir su promesa de trabajar hacia ese objetivo.

“La FGR no cumplió con apoyar en las investigaciones, desde colocar en el Ministerio Público (MP) a una licenciada que no tiene conocimiento del caso, de los procedimientos y por no sustentar de manera adecuada la orden de aprehensión contra Murillo Karam se esté en riesgo de dejarlo en libertad cuando claramente está implicado”, mencionó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.

Otro de los puntos que hace pensar al GIEI de que existe una intromisión es la manera en que fueron canceladas las 81 órdenes de aprehensión contra elementos militares, judiciales y de seguridad implicados.

Entre las 81 órdenes de aprehensión había elementos del Ejército adscritos al Centro de Inteligencia Militar, en el 27 Batallón de Infantería, que en todo momento siguieron las acciones de los normalistas la noche del 26 de septiembre.

“Cuando se empezaron a judicializar los casos de los trabajadores del Centro de Inteligencia es cuando comienzan las trabas y los problemas en la FGR y en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UILCA), la llegada de personal que no sabe sobre el tema, la destitución de las unidades ministeriales son algunos de los elementos que nos hacen dudar”, mencionó Cox Vial.

Por la cancelación de las 81 órdenes de aprehensión fue que el titular de la UILCA, Omar Gómez Trejo, renunció al cargo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya informó que nombrará a otro en sustitución.

Claudia Paz y Paz otra de las integrantes del GIEI, mencionó la importancia en continuar la línea de investigación del quinto autobús con placas 3278, del que poco se sabe “y existe una clara intención de seguir ocultando ese autobús”.

“El quinto autobús con número 3278 sale por la parte de atrás de la central y evade la operación candado, que había en ese momento en Iguala, sale sin ser tocado por un disparo y escoltado por policías municipales, de eso hay muchas pruebas pero se necesita seguir investigando”, sentenció Paz y Paz.

El GIEI también informó que existen conversaciones entre mandos del Ejército e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en clave que todavía, reconocieron, no descifran.

Durante la presentación del Tercer Informe estuvo una representación de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos quienes pidieron a la prensa no realizarles preguntas.

Buscaban “reventar” la indagatoria, dice AMLO

Este jueves en la mañana, en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que detrás de las acusaciones en contra de militares vinculados al caso Ayotzinapa, hay intereses de quienes buscaban “reventar” la indagatoria y una rebelión contra el Ejército.

“Como en todo esto, hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco, claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me inmagino que son soldados”, aseguró.

“Pero ¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie”. No, no, cero impunidad, cero corrupción”, dijo el presidente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El GIEI podría dejar caso Ayotzinapa por falta de condiciones: Tlachinollan 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Ante las presiones que hay en los más altos niveles del gobierno federal que originó la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, hay el riesgo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone las investigaciones, advirtió el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas», dijo Barrera Hernández.

El 6 de mayo del 2020, la CIDH firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones y determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula como lo estableció en su verdad histórica el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por diversos delitos derivados de este caso.

«Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta», dijo Barrera.

Este jueves 29, integrantes del GIEI ofrecerán una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que darán a conocer un informe del caso Ayotzinapa.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más», afirmó Barrera.

Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reinvidicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.

«Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México», dijo Barrera.

El activista y director de Tlachinollan estuvo aquí en Chilpancingo en donde participó en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico en donde habló acerca del riesgo de que se desmantele la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

«Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creo en México a través del mecanismo de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa», dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su intervención, Barrera Hernández contó que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.

Entrevistado al concluir su participación en el foro, Barrera consideró que la salida del GIEI y la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad, Omar Gómez, forma parte del desmantelamiento de este mecanismo de justicia transicional que se puso en marcha en diciembre del 2018 en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a petición de los padres y madres de los 43.

«Además desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay el interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso», dijo Barrera.

Mencionó que ya había ese acuerdo para que se firmara pero este se estancó luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio el informe del caso en agosto pasado, donde señala al Ejército como responsable de los sucesos de Iguala.

«Se van a ir (los expertos internacionales) porque ven que no hay las condiciones políticas no son las mismas y además el curso que está tomando esta embestida es lo que no les va a permitir asegurar un trabajo dentro de la Fiscalía o el Ejército», dijo Barrera.

El activista señaló que una de los motivos de que podría originar el desmantelamiento de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es el apoyo que el gobierno da al Ejército en las investigaciones para buscar la justicia.

La semana pasada, la FGR dio a conocer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y cinco autoridades civiles, entre ellos, el ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín.

«También hay una descalificación en las redes sociales hacia Vidulfo Rosales Sierra (asesor de los familiares de los 43) y eso preocupa mucho porque se está criminalizando a los defensores por el hecho de que están denunciando los abusos de los militares», afirmó Barrera Hernández.

Los ataques que hay en contra de Rosales Sierra a través de las redes sociales se originaron a raíz de que el presidente López Obrador arremetió contra éste en las conferencias mañaneras.

«Ya perdimos la confianza en este gobierno: madres y padres de los 43

En el cierre de la jornada de lucha por la presentación de sus hijos exigen a López Obrador cumplí la promesa de «tope hasta donde tope»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Iguala

 

El tope hasta donde tope, como prometió en campaña en esta ciudad Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres para hacerles justicia castigando a los responsables de la desaparición de sus hijos, sólo quedó en promesas.

Así se escuchó durante la protesta que realizaron durante la tarde de ayer martes los padres y madres acompañados por cientos de estudiantes de al menos ocho normales rurales del país durante el cierre de la jornada de lucha al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos en las calles de esta ciudad.

«Ya le perdimos confianza a este gobierno», dijo una madre de uno de los normalistas desaparecido durante los homenajes a los normalistas asesinados Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, quienes en esta avenida del Periférico Norte fueron asesinados en una acción concertada entre policías de diferentes niveles e integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, la noche del viernes 26 de septiembre.

Mondragón Fontes fue hallado desollado la mañana del sábado 27 en un lote baldío contiguo a la avenida del Periférico.

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, al igual que las demás madres y padres se subieron a un templete.

«Nosotros no nos vamos a regresar a nuestras comunidades para llorar por las mentiras que nos han dicho durante estos ocho años», dijo con voz fuerte doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Son casi las cuatro de la tarde y entre el grupo de los padres y madres se habla de las declaraciones de este mismo martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dio a conocer la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

«Nos enteramos apenas ayer de que había renunciado (Omar Gómez Trejo) porque había recibido amenazas de gente de la propia Fiscalía General de la República», contó un padre.

Los padres y madres, así como su asesor Vidulfo Rosales Sierra, hablaban entre ellos sobre la renuncia pero ninguno de ellos quiso tocar el tema en el mitin, por precaución.

El único que lo hizo, sin profundizar, fue Clemente Rodríguez, quien aseguró que la renuncia de Gómez Trejo fue una decisión personal.

«El (Gómez Trejo) renunció porque quiere cuidar a su familia y nosotros vamos a reunirnos para ver si proponemos a otro fiscal», afirmó Clemente Rodríguez.

Durante el mitin, evocó que su hijo al igual que otros normalistas fueron perseguidos a balazos la noche del 26 de septiembre, hace ocho años.

«Esta calle me recuerda que aquí andaba mi hijo y nadie lo ayudó», dijo con voz entrecortada.

Clemente Rodríguez refutó la versión de la FGR de que uno de los huesos hallados en un sitio llamado barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, pertenece a su hijo Cristian Alfonso.

«La FGR canceló las órdenes de aprehensión contra militares del 41 Batallón y 27 Batallón, eso quiere decir que este gobierno no los quiere culpar cuando existen pruebas de que el Ejército fue el responsable», acusó.

Al grupo de unos 20 madres y padres se les nota cansancio. En esta jornada de lucha que duró un mes encabezaron marchas y plantones. Muchos de ellos y ellas tienen más de 50 años y están enfermos. En este camino de ocho años para encontrar la verdad y la justicia, cinco de ellos han fallecido una madre y cuatro padres:

Minervina Bello, Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos, Tomás Ramírez y Ezequiel Mora, murieron sin que el gobierno les hiciera justicia.

Un anuncio publicado en las redes sociales el lunes 26 en donde se daba a conocer que la población civil de Iguala no iba a permitir «actos vandálicos» generó tensión en Iguala previo a las protestas del contingente que llegó alrededor de las tres de la tarde a bordo de 28 autobuses.

Decenas de agentes de gobernación federal y estatal así como elementos de inteligencia militar, algunos camuflados como reporteros, seguían de cerca los movimientos de las madres y padres de los 43 así como de los estudiantes.

También se notó el ir y venir de individuos a bordo de motocicletas y en motonetas con teléfono celular para grabar las protestas e incluso de los movimientos de los periodistas que realizaban la cobertura.

Durante la marcha uno de los reporteros de Iguala decía que en una colonia de esta ciudad un grupo de hombres armados había asesinado a balazos a un individuo.

Y que esta ciudad, de donde es originaria la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es famosa por el trasiego de la droga que se transporta a Estados Unidos.

Esta región también es bastión político de los Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa, padre que ya falleció y Rubén Figueroa Alcocer, ambos gobernaron el estado, el primero fue acusado de desaparición de guerrilleros y activistas universitarios en la década de los setentas, el segundo de la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas y fue obligado a pedir licencia al Congreso local en marzo de 1996. Solo duró tres años en el cargo.

En el día, Iguala, luce normal, por la noche, la gente no sale de sus casas, es lo que dicen algunos ciudadanos.

Cerca de las dos de la tarde empezó la marcha cerca de donde inicia la avenida Periférico Norte. El contingente descendió de 28 autobuses. Ningún vehículo se detuvo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

«No, hoy no será aquí la fiesta (en el cuartel militar) iremos a Ciudad Judicial», dijeron entre los normalistas.

Durante el mitin que se desarrolló en el sitio donde fueron asesinados a balazos Julio César Ramírez y Daniel Solís, un grupo de normalistas llenaron sus mochilas de piedras.

Otros grupo de jóvenes encapuchados detuvieron a los conductores de un camión de la empresa refresquera Pepsicola y al de una camioneta repartidora de Marinela. A los dos choferes los bajaron y se apoderaron de los dos vehículos.

Durante el mitin Vidulfo Rosales recordó que en el 2018 en las campañas para la presidencia López Obrador estuvo aquí en Iguala en un mitin y ante las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se comprometió públicamente a esclarecer el caso y castigar a los responsables.

«Aquí dijo (López Obrador) que tope hasta donde tope habrá castigo a los responsables, pero vemos que eso no ha sido verdad», afirmó Rosales Sierra.

«Este gobierno que prometió ser progresista está cobijado por la oligarquía y es conservador», acusó Rosales Sierra.

En las dos últimas conferencias matutinas, López Obrador acusó a los asesores de las madres y padres de los 43 de convenirles que este conflicto se alargue.

Rosales Sierra aseguró que el Ejército, al que hoy protege el gobierno federal, ha sido partícipe de graves violaciones de los derechos humanos.

Es más el abogado activista y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comparó a este gobierno con los del PRI y el PAN.

Rosales Sierra recordó que el Ejército tiene una larga historia de atrocidades cometidas contra la población civil de Guerrero.

Citó el caso de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuyo caso él lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al Ejército de esos hechos.

En el mitin y la marcha tres viudas de la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1997, estuvieron presentes. Una de ellas habló.

«Nosotros llevamos más de dos décadas exigiendo justicia porque lo que hizo el Ejército fue una masacre», acusó una de las viudas.

La jornada de lucha por los ocho años sin castigo a los responsables de lo que ocurrió aquí en Iguala, terminó cuando un grupo de normalistas encapuchados estrellaron los dos camiones repartidores de productos chatarra contra los accesos de la Ciudad Judicial, ubicada al norte de esta ciudad, ya para salir a Chilpancingo.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, es en repuesta a que la FGR se desistió de la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por ser presuntamente responsable de haber ordenado la destrucción del video en el que se capta cuando un grupo armado y policías de Huitzuco bajan por la fuerza de un autobús a 17 normalistas, los suben a sus patrullas y se los llevan.

El nombre de Galeana Marín, magistrada en retiro quien recibe un salario como si estuviera en activo en el Poder Judicial, aparece en la página 17 del informe que rindió en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.

Ahí en ese documento oficial, a Galeana se le acusa de haber ordenado la destrucción de los videos. Pero la FGR pidió la cancelación de esa orden.

Para justificar la acción, López Obrador dijo que se cancelaron las «órdenes porque no venían en el informe».

 

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Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero 

Iguala

 

Al término del mitin en esta ciudad, normalistas atacaron con bombas molotov, piedras y petardos las instalaciones del Poder Judicial, ubicado en la carretera federal, rumbo a Chilpancingo.

Posterior al mitin, los normalistas se trasladaron a las instalaciones del Poder Judicial en donde estrellaron los camiones en las dos puertas de acceso.

Los jóvenes encapuchados atacaron con piedras, petardos y bombas molotov el edificio y les prendieron fuego a los dos camiones.

Este ataque, dijeron los estudiantes, fue en repuesta a que la FGR canceló la orden de aprehensión contra la expresidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana, por ser presuntamente responsable de haber destruido los videos donde se graba cuando  grupo de hombres armados y policías bajan de un auotobús a 17 normalistas de Ayotzinapa y se los llevaron esa misma noche del 26 de septiembre.

El nombre de Galeana Marín aparece en el informe de la Comisión de la Verdad que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en agosto de este año.

Después de casi una hora de estos hechos, en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el puente Mezcala, se registró un accidente.

Un camión de carga embistió un autobús en el que viajaban las estudiantes de la normal de Amilcingo, Morelos.

En el percance, no hubo lesionados. Esto ocurrió alrededor de las 19:30 horas.

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Texto:Jesús Guerrero 

Fotografía:

27 de septiembre

 

Acompañados por cientos de normalistas, padres y madres de los 43 desaparecidos hace ocho años marcharon en esta ciudad para exigir justicia.

Con consignas de «vivos se los llevaron vivos los queremos», los manifestantes colocaron una ofrenda floral en la cruz donde hace ocho años hallaron el cadáver del normalista Julio César Mondragón Fontes, torturado y sin el rostro.

La movilización de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se da en el contexto de la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad del caso Omar Gómez Trejo.

«El (el fiscal) recibió amenazas y renunció de manera personal», afirmó en entrevista Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

El padre de Cristian no cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador resuelva el caso y les haga justicia.

*No vemos que este gobierno resuelva esto», dijo Clemente Rodríguez entrevistado durante la marcha.

En el acto, una madre condenó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cancelado las órdenes de aprehensión contra militares del 27 Batallón, con sede en esta ciudad.

«Los militares son los responsables pero el gobierno los protege», dijo una de las madres.

Renuncia fiscal especial del caso Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Internet 

Chilpancingo

 

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, presentó su renuncia al cargo para ser efectiva a partir del próximo 1 de octubre, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La renuncia de Gómez Trejo al cargo se rumoraba desde el pasado 15 de septiembre, y en la conferencia matutina de este martes, en Palacio Nacional, López Obrador confirmó la renuncia.

El presidente dijo que el fiscal Gómez Trejo renunció al cargo porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión, hubo diferencias en eso y yo apoyo que se hayan liberado”, mencionó el presidente durante se conferencia en Palacio Nacional.

El presiente dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) nombrará a otro fiscal y pidió a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tener confianza en los procedimientos e investigaciones.

“Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia”.

La renuncia de Gómez Trejo se dio a conocer a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, en 2014, y después de las filtraciones del informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión a mandos militares y autoridades de seguridad y judiciales de Guerrero.

La infiltración en Ayotzinapa puede esclarecer la desaparición de los 43 y dar con su paradero

Es una práctica con la que históricamente poderes dentro o al margen del Estado, pero siempre cohesionados, han intervenido la institución con el propósito de desaparecerla


 

Texto: Margena de la O

Fotografía: Víctor Galindo 

Chilpancingo

 

En cada embestida sorteada por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, está presente la infiltración de poderes dentro o al margen del Estado, como la que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a otros 43, de quienes, a ocho años de distancia de los hechos se desconoce su paradero.

En agosto pasado, la familia de Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio –el normalista que fue desollado, uno de los tres que también asesinaron la noche de Iguala– pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) considerar elementos que han obviado en todos estos años, como la infiltración en la Normal Rural de personajes que pudieron crear las condiciones para que ocurriera el ataque contra los estudiantes.

En realidad, la petición es un reproche. En el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de acuerdo con lo que exponen, no hay nada de dos de los tres apartados que el gobierno federal de López Obrador prometió cumplir en la investigación: el asesinato de los tres estudiantes durante la noche de Iguala y el caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma a causa de recibir una bala en la cabeza durante el ataque, ni de las otras víctimas de esa noche. Según la familia Mondragón sólo hubo información sobre los 43, pero sus padres y madres tampoco estuvieron satisfechos, según expusieron públicamente.

Cuestiona, a través de interrogantes puntuales, la infiltración de personas en Ayotzinapa. “¿Por qué el informe presentado por Alejandro Encinas señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante, cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados?”.

López Patolzin es uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Poco tiempo después de la desaparición, el Ejército confirmó que el joven originario de Tixtla estaba enlistado en el Ejército como miembro activo, lo que puso en evidencia, más allá de la función del muchacho, el interés de mandos militares, que representan uno de los grandes poderes institucionales, por saber o controlar lo que pasaba en Ayotzinapa.

Para abundar en esto es necesario acudir al repositorio de testimonios que Amapola. Periodismo transgresor tiene contenido en la serie Ayotzinapa. Vivir infiltrado, una secuencia de textos que condensan la oralidad de estudiantes de la Normal de diferentes generaciones que van desde 1955 hasta 2019, donde narran cómo vivieron la infiltración en sus tiempos.

En estos testimonios se hacen evidentes los intereses del Estado y de otros poderes al margen de la institucionalidad, nunca indiferentes uno de otro, como el Ejército, el crimen organizado –entendido en un dimensión amplia que incluye a agentes legales o ilegales– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los partidos políticos, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por una razón predominante: dividir, desestabilizar o generar crisis internas para el cierre de la Normal Rural, considerada como un espacio de formación social, política e ideológica de jóvenes.

“La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960”, se lee en el testimonio de Félix Bautista Matías, integrante de la generación 1956-1962, a la cual también perteneció el profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Lo que les tocó sortear a ellos, de acuerdo con Bautista Matías, fue la persecución policiaca y política, y la de los caciques, que se configuraban como poderes al margen del Estado, pero estrechamente relacionados. Una de las familias de caciques conocida en Guerrero es la de los Figueroa, de donde han salido dos gobernadores en épocas distintas, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999, pero sólo gobernó tres años), padre e hijo. “Para nosotros era peligroso hasta repartir volantes contra el gobierno”, comentó.

En periodos más recientes, es decir, previo a la desaparición de los 43 normalistas, los personajes infiltrados estaban asociados a las instituciones.

Los estudiantes por separado coincidieron que en el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) hubo una intervención, a través de la infiltración, de ex funcionarios de la SEG, como Silvia Ojeda, coordinadora de Asesores de la SEG en el gobierno de Torreblanca, donde la dependencia estuvo encabezada por José Luis González de la Vega. También de Héctor Vicario Castrejón, en ese entonces diputado local del PRI, quien incluso apadrinó la generación 2010 de Ayotzinapa, donde la funcionaria acudió como invitada especial.

Vicario Castrejón es un personaje muy cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que abandonar su cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, y fue relevado por Ángel Aguirre Rivero, en condición de gobernador interino.

Todo ese trabajo de intervención fue previo a los hechos del 11 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde asesinaron en una protesta, a la que acudieron armados policías federales y ministeriales, a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Estos hechos ocurrieron durante el periodo de Aguirre Rivero, ya como gobernador institucional, quien, al igual que Figueroa Alcocer, no concluiría su periodo por un episodio funesto, como lo fue la noche de Iguala.

“En mi generación (2010-2014), el Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien era diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, es un fragmento del testimonio titulado Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: Vicario y a otros.

El ejercicio para este texto fue ubicar en los testimonios de los normalistas a personajes claves dentro de la Normal Rural en el contexto previo y durante la desaparición de los 43, y en al menos cinco testimonios (11, 12, 14, 17 y 18, según el orden del listado) es cuestionada la actuación de un personaje clave dentro de la Normal Rural: el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, a quien apodaban La Parka.

En los testimonios 12, 14 y 18 hay cabos que se atan solos: la hazaña de que la Normal Rural de Ayotzinapa reuniera tantos camiones –los estudiantes mencionan entre 15 y 25– para trasladar a la Ciudad de México a normalistas de todas las normales rurales en el país que se concentrarían en Ayotzinapa para participar en la marcha del 2 de octubre, fue una operación que decidió Flores Maldonado, porque, según dijeron, así era él, tomaba determinaciones sin informales a sus compañeros de la dirigencia.

Lo que narran es que él lo ofreció en una asamblea de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM), el órgano que congrega a todas las normales rurales del país, como Ayotzinapa, reunir todos los camiones que se necesitaran para el traslado de los normalistas rurales a la capital del país, aun cuando la encomienda le tocaba a otra escuela.

“Él hacía las cosas a su manera, tomaba decisiones muy personales, sin consultar al resto del Comité Ejecutivo Estudiantil. Recuerdo una reunión muy importante de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) en Amilcingo, Morelos, donde ofreció que la Normal de Ayotzinapa se encargaría de conseguir los autobuses para mover a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Ahí se decidió que esa tarea la tendría la Normal de Tenería, la que está en el Estado de México, pero La Parka ofreció que lo haríamos nosotros, y cuando llegó a Ayotzinapa informó que era una comisión que nos encomendaba la FECSM”, este párrafo es parte del testimonio de un estudiante de la generación 2013-2017.

Otro elemento que pesa en esos testimonios es la manera en que Flores Maldonado llega a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa. En el número 11 hay más detalles, y en los otros datos complementarios, acerca de que las funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil las asumió después de maniobrar la expulsión del dirigente en funciones, Ángel Cegueda, quien estaba ausente recuperándose de una golpiza que le dieron policías federales durante una actividad en Casa Verde, un punto sobre la carretera que lleva a Iguala, donde fueron a pedir cooperación a los automovilistas.

La manera en que actuaron los policías también es cuestionada en ese testimonio: “Teníamos muchas actividades de ese tipo y las policías antes de reprimirnos negociaban con nosotros. Esa vez llegaron y se nos fueron con todo. En esa ocasión quien resultó más golpeado fue precisamente Ángel Cegueda, el secretario general, pareciera que lo tenían ubicado. Fue a quien más golpearon”.

En su ausencia, Cegueda fue acusado de infiltrado o una especie de informante a familiares, y sin acuerdo de la base estudiantil lo expulsaron de la dirigencia, y Flores Maldonado subió a ese cargo, de acuerdo con que se lee en los textos.

Los normalistas de las generaciones alrededor de la desaparición de los 43, que con claridad hablan de la infiltración en Ayotzinapa como una práctica conocida y asumida en la Normal Rural (como también la conocen la de otras generaciones), también cuestionan las decisiones que se tomaron al interior de la Normal Rural ese 26 de septiembre del 2014.

La primera, fue por qué la dirigencia estudiantil decidió llevar a estudiantes de primer año a una actividad de retención de autobuses, cuando eran los que menos experiencia tenían, la segunda, y la hace en particular el maestro Eduardo Moreno Peralta, parte de la generación 2012-2016, quien exponen que él como muchos estudiantes nunca estuvieron de acuerdo en reunir todos esos autobuses y viajar a Iguala, si lo tenían prohibido desde el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013.

Era arriesgado ir hasta esa ciudad porque los estudiantes de Ayotzinapa participaron en las actividades de protesta del 3 de junio por la muerte de tres de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez. En realidad la protesta fue convocada para exigir su aparición, pero en los preparativos se supo del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales desparecidos días antes, y en respuesta, las organizaciones sociales, entre ellas Ayotzinapa, respondieron causando destrozos en la alcaldía, en ese entonces encabezada por el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.

El ex alcalde ahora está preso por el asesinato de los dirigentes sociales, además de vínculos con grupos criminales, y es señalado por el caso de los 43.

El maestro cuestiona además la información proporcionada por Flores Maldonado en una entrevista para este medio, donde relata su versión de la noche de Iguala. Por ejemplo, dice que él no estuvo desde el mediodía en Chilpancingo con su novia ese 26 de septiembre del 2014 como contó, porque el maestro lo vio en la Normal Rural dando la indicación de que todos los estudiantes de segundo a cuarto año se retiraran de la escuela, al parecer para ahorrar las raciones de comida para tener que ofrecerles a los miembros de la FECSM, porque Ayotzinapa sería la sede para partir a Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.

“A ustedes les dijo en la entrevista –que Amapola publica el 25 de septiembre del 2019– que desde el mediodía hasta el anochecer de ese 26 de septiembre él estuvo en Chilpancingo con su novia. La hora de la comida establecida en la Normal es entre la una cuarenta y dos cuarenta de la tarde, y fue en ese lapso que lo vi y escuché”, es parte del fragmento del texto.

La familia Mondragón exigió el 22 de agosto pasado que el gobierno federal también investigue al ex alumno de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, y a sus allegados durante su periodo como dirigente estudiantil, a quienes los define como infiltrados.

Después que egresó (2016), Flores Maldonado mantuvo una relación cercana a las instituciones, durante el gobierno federal anterior, es decir, en el del presidente Enrique Peña Nieto, formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apareció en el organigrama como subdirector de Atención a Docentes. Se supo que todavía se mantiene un espacio en la dependencia.

Los Mondragón también exigen que las autoridades investiguen a Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien se asumió como el 44 al difundir que fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Ahora es diputado federal plurinominal por Morena.

“Ellos dos representaban el poder político y estudiantil de la normal en esa época”, es una línea del comunicado de la familia de Julio César Mondragón Fontes.

Con este texto no se intenta descargar la responsabilidad o señalar a uno, dos o un puñado de estudiantes de la responsabilidad de la noche de Iguala, sólo se pone el dedo en el renglón de que la infiltración es una estrategia de distintos poderes que ha funcionado por años para mermar el funcionamiento de Ayotzinapa.

Cuando se expone que hay poderes detrás de la infiltración, es una referencia a poderes dentro del Estado y fuera de él, y como evidencia se deja una de las exigencias públicas que hizo la familia Mondragón para que el gobierno federal de López Obrador que se comprometió a aclarar el caso, la incluya en la investigación: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo?”.

 

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Exigen justicia para David Josué García Evangelista, joven de los Avispones asesinado el 26 de septiembre en Iguala

 

Exigen justicia para David Josué García Evangelista, joven de los Avispones asesinado el 26 de septiembre en Iguala

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Familiares y compañeros del joven futbolista David Josué García Evangelista, jugador del equipo local Avispones de Chilpancingo, asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, exigieron justicia por su asesinato y el esclarecimiento de los hechos donde también falleció Victor Manuel Lugo, chofer del autobús donde viajaba el equipo.

David Josué, mejor conocido como El Zurdito, tenía 14 años cuando fue asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014, fecha en que también fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

Aquella noche, los Avispones regresaban a Chilpancingo después de jugar un partido amistoso en la ciudad de Iguala, cuando el autobús en el que viajaban fue atacado a balazos por hombres armados.

Uno de los disparos lo recibió David Josué y el otro el chofer del autobús, Victor Manuel Lugo; ambos fallecieron.

La versión oficial afirma que el autobús donde viajaban los Avispones fue confundido con el de los normalista de Ayotzinapa.

En el octavo aniversario del asesinato de David Josué García, su madre, Roberta Evangelista Hernández, clamó justicia por su hijo y pidió se esclarezcan los hechos.

“Aún no se si realmente fue confusión o si el ataque fue directamente a ellos, ya que el camión que los transportaba era muy diferente a un autobús y a nosotros no nos han dicho realmente que sucedió aquella noche”.

“Por esa razón yo sigo pidiendo justicia por mi hijo y por todos los caídos de esa noche y sobre todo el esclarecimiento de los hechos”, dijo Roberta Evangelista durante su participación en el homenaje.

También reprochó la inasistencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, a quienes invitaron al homenaje.

“Agradecemos las facilidades que nos dio la gobernadora para realizar este homenaje, pero más allá de ese apoyo para nosotros era más importante su presencia”.

De parte del gobierno estatal asistieron al evento la directora general del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), Alma Rocío López Bello y el subsecretario de Educación, Ricardo Castillo Peña.

Roberta Evangelista mencionó que de parte de la Comisión de la Verdad para el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) nunca fueron llamados para ser integrados en las investigaciones.

Además dijo que no hay un acercamiento ni del presidente de la República, Andre Manuel López Obrador, ni del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Covaj.

El Zurdito jugaba como defensa lateral derecha en el equipo y en el homenaje luctuoso realizado este mediodía en la cancha que lleva su nombre, el director deportivo del equipo, Gabriel Morlett, entregó a Roberta Evangelista el uniforme oficial de los Avispones que llevaría su hijo en esta temporada.

El cuerpo técnico y los jugadores de los Avispones colocaron una ofrenda floral en la placa que lleva el nombre de David Josue, quien en este momento tendría 23 años.

Protestan normalistas por los 43 en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Estudiantes de ocho normales públicas de Guerrero marcharon por las calles de esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años en Iguala.

Con el conteo del uno al 43 y con gritos de justicia, los jóvenes iniciaron su recorrido en el monumento de Las Banderas ubicado al sur de esta capital.

En este lugar, los normalistas colocaron flores en el antimonumento de los 43.

Posteriormente iniciaron su marcha por la avenida Lázaro Cárdenas, pasaron por la Juan N. Álvarez y al llegar al centro doblaron por la calle Galo Soberón y Parra.

El más de medio millar de jóvenes tomaron la avenida Benito Juárez y llegaron al zócalo en donde realizaron un mitin.

Un manta de más de cinco metros de largo en la que se leía el nombre de Ayotzinapa la llevaba un grupo de normalistas al frente de la marcha.

Se prevé que en el transcurso de este lunes haya otras protestas de organizaciones sociales y del magisterio para exigir al gobierno federal que esclarezca el caso.

 

 

 

 

Las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra implicados en el caso Ayotzinapa fue porque no estaban en el informe: AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Victor Galindo 

Chilpancingo 

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las 21 órdenes de aprehensión canceladas contra mandos militares y de seguridad en Guerrero se debió a que no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Entre las órdenes de aprehensión canceladas figuran la del secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, ambos funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Y de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Lambertina Galeana Marín, además de otros mandos militares.

Durante su conferencia de prensa matutina en palacio nacional, López Obrador afirmó que los nombres de esos presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, “no estaban en el informe”.

“Se actuó a partir de las personas que aparecen en como responsables en el informe, y esto no significa que se cierra la investigación”, mencionó el presidente.

López Obrador negó que ello implique impunidad en el caso, esto tras ser cuestionado por las madres y padres de los normalistas quienes exigen una investigación a profundidad respecto al papel de las fuerzas armadas en los hechos.

Defendió las acciones que su gobierno realiza para esclarecer el caso, que fue una de sus promesas de campaña.

“¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general de un batallón de la Secretaría de la Defensa? Se actuó así porque viene en la investigación y esto no significa querer manchar al Ejército”.

Sobre la filtración en la investigación del caso Ayotzinapa, López Obrador calificó el acto como de “mala fe”, pero dijo que tal hecho no tumbará la investigación.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas, A lo mejor quienes filtraron el documento sin testar lo hicieron pensando que de esa manera ya no va a tener validez legal, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo”, dijo sobre la filtración sin testar del informe del Covaj, que se realizó el pasado fin de semana y se publicó en el semanario Proceso.

Partes del informe del Covaj contienen transcripciones de mensajes telefónicos entre los implicados, la mayoría no pueden leerse. La filtración a Proceso fue una versión con los contenidos legibles y los nombres de los implicados.

Por último López Obrador declaró este lunes 26 de septiembre como “día de luto nacional” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años.

“Hoy es día de luto nacional porque se conmemoran los ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación que se ha avanzando, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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