Sí hay responsabilidad de ex alcalde Iguala en la desaparición de los 43, revira madre de estudiante desaparecido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de la absolución de José Luis Abarca Velázquez del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos, aseguró que el ex alcalde sí es culpable y reprobó la determinación del juez.

Ascencio Bautista señaló a la ex Procuraduría General de la República (PGR) y a su ex titular, Jesús Murillo Karam, de construir un expediente poco sólido, situación que generó que Abarca Velázquez fuera absuelto por los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.

La falta de un buen expediente, expuso, también generó que otros tantos implicados obtuvieron su libertad.

“Decimos como madres y padres ¿cómo no va a ser responsable? Claro que es responsable de la desaparición forzada de nuestros hijos, porque en ese momento estaba como presidente (municipal), así como ya hemos dicho como madres y padres todas las instituciones tenían conocimiento de que estaban atacando a nuestros hijos, desde el presidente de la República de ese tiempo, pasando por el ex gobernado Ángel Aguirre y José Luis Abarca, todos son responsables”, dijo Ascencio Bautista en entrevista al termino del aniversario número 41 de Radio Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), realizado en rectoría.

Con esta absolución emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, Abarca Velázquez fue considerado inocente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,

Tal como la documentó el día de ayer Amapola, periodismo transgresor, el Tribunal absolvió al ex alcalde de Iguala después de considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran que participó y tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca Velázquez ya fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

La madre de Benjamín aclaró que el abogado de ellos aún no tienen la notificación de la absolución del ex alcalde de Iguala.

Lo que preocupa a las madres y padres de los 43 desaparecidos, dijo, es que por el deficiente proceso más personas implicadas en el caso puedan salir de prisión.

“Como madres y padres nos preocupa que ya va a terminar su mandato (de Andrés Manuel López Obrador) y él se comprometió, cuando lo fuimos a verlo a Iguala, durante su campaña, a que va a esclarecer los hechos antes de que termine su mandato y nosotros no queremos llegar a otro año más sin resultados, no podemos dejar en el olvido el caso”, mencionó.

También reprochó que aún no da resultados el actual fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, nombrado por el presidente López Obrador, en sustitución de Omar Gómez Trejo.

“Como madres y padres si vemos obstáculos en la Marina, en el Ejército, el Batallón 27 de Iguala, todos ellos no quieren entregar los expedientes a los expertos y expertas y nuestra exigencia es que entreguen todos los archivos para llegar a la verdad”.

Otra exigencia que hacen las madres y padres es la reactivación de 18 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso, “como fiscal especial es fácil, pero no lo quieren hacer”.

 

Absuelven a José Luis Abarca por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Archivo

Chilpancingo

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue absuelto de tener alguna responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, de acuerdo con la sentencia de un juez de control dada a conocer hoy.

Fue el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, quien absolvió al ex alcalde de Iguala, después de considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditarán la acusación de que Abarca Velázquez participó y tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca Velázquez aún tiene un proceso judicial en su contra por el que ya fue sentenciado a 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y los activistas Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en hechos ocurridos en junio del 2013.

La sentencia, dada a conocer este martes por el magistrado Juan Manuel Rodríguez Gámez, es definitiva, por lo que no podrá ser apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), de tal manera que a partir de hoy el exalcalde es considerado inocente por la justicia mexicana en la desaparición de los 43 normalistas.

La sentencia también absolvió a 18 personas, entre ellas el ex director la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, del delito de delincuencia organizada por su presunta relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

Está determinación fue para ratificar una primer sentencia, dictada por el juez federal Samuel Ventura Ramos, en septiembre pasado, la cual aseguró que no existen evidencias de responsabilidad de Abarca en la desaparición de los 43 estudiantes.

El mismo juez Ventura Ramos lo declaró inocente por la desaparición de los 43 estudiantes, y también dictó la única sentencia condenatoria porque se le halló responsable, el secuestro del activista y Arturo Hernández Cardona y cinco integrantes más de la Unidad Popular, un bloque de organizaciones sociales de la cual forma parte la UCEZ.

Abarca Velázquez también es investigado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones de las cuales aún no se emite alguna sentencia.

AMLO le queda a deber al caso Ayotzinapa, dicen organizaciones sociales en mitin para exigir justicia

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

26 de mayo del 2023

Chilpancingo 

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Brugos, de Ayotzinapa, reprocharon que el presidente Andrés Manuel López Obrador quedó a deber sobre las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala hace más de ocho años.

«A casi nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, no se ve un compromiso claro del actual gobierno para resolverlo», mencionó un estudiante de Ayotzinapa durante un mitin.

Hoy 26 de mayo se cumplieron ocho años y ochos meses de que elementos de seguridad de Iguala, del Ejército, policías estatales y grupos del crimen organizado desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

Como cada mes, un grupo de estudiantes realizaron un mitin en el antimonumento a los 43, ubicado en el monumento a Las Banderas, al sur de Chilpancingo.

Los estudiantes mencionaron que están muy lejos de acceder a la justicia. «Aún faltan que muchos implicados sean juzgados, empezando por los militares y el que ordenó todo eso, que fue el alcalde José Luis Abarca, que ya fue sentenciado pero no por la desaparición de nuestros compañeros», mencionó el estudiante.

Los estudiantes fueron acompañados por otras organizaciones sociales y sindicales, quienes coincidieron en que el actual gobierno tiene temas pendientes en el acceso a la justicia.

El representante del Sindicato Único de Trabajadores del Cobach (Sutcobah), Adao Toribio Ortega, dijo que el presidente López Obrador «le está fallando al pueblo y le queda a deber mucho en este caso».

Otro de los oradores, representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Mario Alberto Urióstegui, dijo que la cuarta transformación «es igual de represor que los anteriores y que no le interesa el respeto a los derechos humanos».

Los oradores llamaron a las organizaciones sociales de izquierda a cerrar filas y articular el movimiento social ante política de represión que tomo actual gobierno estatal.

«No sólo hacen falta los 43 jóvenes normalistas, sino los más de 100,000 desaparecidos en el país», mencionó un representante del Colectivo de familiares de desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.

El mitin comenzó a la 11:40 de la mañana y culminó a las 12:30, después de realizar el conteo de los 43 los manifestantes se retiraron y liberaron la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas que mantuvieron cerrada durante el mitin.

A la una de la tarde la circulación quedó libre en su totalidad.

 

Obvian en sentencia por secuestro contra Abarca que tres dirigentes de Iguala fueron asesinados

Lo sentencian por secuestro de Hernández Cardona y otros dirigentes de la UP y aún no es juzgado por desaparición de los 43


Texto: Margena de la O

Chilpancingo

 

En un lapso de ocho meses, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quedó absuelto por un mismo juez de los delitos de participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de delincuencia organizada.

A casi nueve años de su captura, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, la única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrido hace 10 años, el 30 de mayo del 2013.

De acuerdo con la cédula de notificación, de la cual se tiene copia, la condena es por 92 años y seis meses, y una multa judicial equivalente a 920,700 pesos, pero podría ser apelada por la defensa del ex edil.

Tres de los líderes de la UP fueron asesinados en el contexto del secuestro, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Balderas Román, pero este crimen colectivo que evidencia las relaciones políticas y criminales del ex alcalde en Iguala no figuran en la sentencia que emitió el juez Samuel Ventura Ramos el 12 de mayo pasado.

En la cédula de notificación de la sentencia aparecen siete personas por el caso de secuestro. Además de los ya mencionados, están Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Maldonado. Pero en lo registros de la prensa local de hace 10 años figura también Jimmy Castrejón; al parecer, se supo ahora, pudo escapar en el momento de la privación.

La ex regidora de Iguala, Sofía Lorena Mendoza Martínez, ex pareja sentimental de Hernández Cardona, informó que desconoce los motivos en los que versó el juez la sentencia por secuestro –el caso se dirime en Tamaulipas–, porque no la ha recibido, pero le da cierta esperanza de justicia.

Aun con esto cree que existen elementos suficientes para acreditar sanciones más profundas. “Creo que los hechos que acontecieron muestran claramente que pudo haber sido una desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los tres líderes, bueno, de los siete líderes que integraban el bloque de Unidad Popular de Iguala”, comentó por teléfono.

Para ella lo que vivieron los líderes sociales son delitos de lesa humanidad, porque son cometidos en contra de las personas que se organizan y que organizan a los demás. Planteó la necesidad de que en México haya una reforma a Código Penal parea que estos delitos sean considerados y en realidad nadie sea juzgado por sus ideas.

Antecedentes de las diferencias entre Abarca y la UP

El escenario sin frontera entre lo lícito y lo ilícito que se manejaba el ex alcalde de Iguala quedó expuesto con la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en que desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, donde sus servidores públicos, y de otros niveles de gobierno, y delincuentes en su definición explícita jugaron del mismo lado.

Pero esa no fue la primera vez que lo demostraba. Desde un año atrás, con la desaparición de los dirigentes sociales de la UP, dejaba el mensaje claro sobre cuál sería el destino para quienes se metieran con él.

Horas de su desaparición, el 29 de mayo del 2013, Hernández Cardona denunció penalmente al alcalde y a su esposa, y al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, porque consideró una amenaza directa de edil contra los dirigentes sociales. Tuvieron una discusión en el Ayuntamiento de Iguala, que habría encendido sus alertas, después de que le reclamaron su actuación como autoridad.

En particular eran dos señalamientos que los dirigentes le hacían al alcalde: nepostismo, porque Abarca Velázquez tenía familiares directos en cargos del ayuntamiento, y por sus supuestas relaciones criminales.

Hernández Cardona también dirigía la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), una de las organizaciones sociales de UP, desde donde apoyaba a los campesinos para la liberación del fertilizante subsidiado.

En el contexto de esa discusión, el dirigente social señaló al alcalde del asesinato del síndico Justino Carvajal Salgado, ocurrido meses antes, el 8 de marzo de ese año.

Carvajal Salgado y Hernández Cardona militaban en el PRD. El ex síndico era sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, conocido líder de ese partido de izquierda desde sus inicios, ahora padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Hernández Cardona al igual que Salgado Mecedonio son de grupo del fundadores del PRD.

“Estamos sufriendo hostigamientos que sabemos proceden de este gobierno municipal, poniendo incluso llegar a privarnos hasta de la vida, como sucedió en el caso más reciente del compañero primer síndico municipal, Justino Carvajal Salgado”, es un fragmento de lo que denunció Hernández Cardona en el contexto de la denuncia penal.

El jueves 30 de mayo, los miembros de la UP tomaron desde la mañana la caseta de peaje de la carreta de cuota Iguala-Cuernavaca para exigir obra pública, fertilizante y, otra vez, la cancelación de familiares del alcalde de la nómina del gobierno municipal.

Después de la protesta, de regreso a la ciudad, alrededor de 16:30 horas, la camioneta de Hernández Cardona, una marca Honda tipo Pilot, donde viajaban los otros siete dirigentes, fue interceptada por personas armadas; a todos se los llevaron.

Los cadáveres de Hernández Cardona, Román Ramírez y Balderas Román fueron hallados por las autoridades el 3 de junio siguiente cerca de la colonia Valerio Trujano, un lugar que queda sobre la carretera Chilpancingo-Iguala.

Corría la noticia del hallazgo de los cadáveres y también circulaba que cuatro dirigentes habían escapado del cautiverio. Del único que no se sabían noticias fue de Castrejón.

Arroyo Delgado, el dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos, minutos después de escapar, llamó al teléfono al ya fallecido Bertoldo Martínez Cruz, compañero de procesos de la izquierda de Hernández Cardona, mientras protestaban en Acapulco por su liberación y presentación con vida.

“Al ingeniero (como se referían a Hernández Cardona) lo chingaron el día viernes; luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Balderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos y me voy de Iguala porque me van a matar”, alcanzó a decirle por teléfono.

En noviembre de 2013, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hizo público el documento de una declaración notarial de Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes de los dirigentes de la UP, donde narra momentos de su cautiverio y el de sus compañeros y señala como responsable al ex alcalde quien, aseguró, asesinó de manera directa a Hernández Cardona.

“El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen y luego el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole ‘¡Que tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte!’… se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y el presidente municipal Abarca Velázquez le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa…”.

Hasta ahora Abarca Velázquez se ha librado de estos señalamientos.

Las relaciones que llevaron a Abarca a robustecerse

Iguala, sobre todo en décadas pasadas, fue la referencia, primero, de la creación, y después de la venta de piezas de oro; familias completas y por generaciones, desde los años 50, se dedicaron a este oficio.

La familia Abarca Pineda, proveniente de la región vecina de Terra Caliente, hasta antes de que asumiera la alcaldía (2012), de manera pública estuvo dedicada a la vente de estas piezas, con el tiempo su nivel subió al de empresarios locales, estatus que aún mantienen.

Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de Abarca Velázquez, sobre todo por todas las facilidades que le concedieron sus amigos políticos.

Mazón Alonso apoyó el proyecto de la plaza desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), y como senador (2006-2011, porque dejó el cargo un año antes) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra para “vías de acceso y áreas recreativas” del conjunto comercial.

Abarca Velázquez también logró ser alcalde de Iguala con el respaldo de Mazón Alonso, en principio, después por otros dirigentes del PRD estatal.

Otro político que le ayudó a Abarca a conseguir la donación de la Sedena fue el priista Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). El ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, padre de este ex diputado, es señalado en la actual investigación del caso Ayotzinapa como el personaje de El Patrón, por presunta relación en los hechos donde desparecieron los 43 normalistas, pero desde la posición autor intelectual.

Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, de acuerdo a lo que documentaron los medios de comunicación, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena.

La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega tienda de autoservicio que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza en 2015, después de la captura de la pareja Abarca Pineda, era administrada por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.

Es decir, aun con todos los señalamientos, la familia siguió con sus bienes, incluidos los negocios de joyería y la escuela privada, intactos. Todos, de acuerdo con habitantes de la ciudad de Iguala, funcionan en la actualidad y siguen a cargo de los familiares de la pareja Abarca Pineda.

Hubo un momento en que Abarca Velázquez congregó los beneficios de grupos políticos, económicos y criminales en esta parte de la zona Norte de Guerrero.

 

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Abarca es absuelto por delincuencia organizada y sentenciado por secuestro

El juez Samuel Ventura Ramos absolvió a Abarca y a Sidronio Casarrubias por el delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de secuestro. Sólo sentenció a Abarca por el secuestro agravado de tres activistas. El juez no reconoció que fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial


Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página

Foto: Archivo Cuartoscuro

Ciudad de México

 

Tras casi 10 años desde que el entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca privara de la libertad, torturara y asesinara al activista Arturo Hernández Cardona y otros seis más activistas, un tribunal lo sentenció únicamente por secuestro agravado. Recibió 92 años y seis meses de prisión; sin embargo, la defensa de Abarca todavía puede impugnar.

La sentencia firmada el pasado 12 de mayo por el juez primero de distrito de procesos penales federales, Samuel Ventura Ramos, absolvió a Abarca por el delito de delincuencia organizada.

Ventura Ramos sí emitió sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado, cometido  en agravio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Balderas Román. Cabe recordar que estas tres personas fueron halladas maniatadas, con huellas de tortura y asesinadas el 1 de junio de 2013. Un testigo que logró escapar señaló directamente a Abarca de haber asesinado a Cardona.

El exalcalde también recibió una sentencia condenatoria por el  secuestro en contra de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado.

De este modo, legalmente Abarca no fue juzgado por ser responsable de ni de la desaparición forzada, la tortura de cuatro activistas y la ejecución extrajudicial de tres de ellos.

En las misma sentencia emitida el pasado 15 de mayo de 2023, Ventura Ramos absolvió a Sidronio Casarrubias (quien fue señalado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala) de haber participado en estas desapariciones forzadas.

Cabe recordar que el pasado septiembre de 2022, el mismo juez, Samuel Ventura Ramos,  absolvió a José Luis Abarca por el delito de  participar de forma intelectual en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Además, previamente Ventura Ramos ya había dejado en libertad a 77 personas vinculadas a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Estas personas fueron exoneradas debido a que habrían sido objeto de torturas. Sin embargo, aunque el juez alegó esto para liberarlos, no inició ningún procedimiento en contra de las autoridades que habrían cometido estas violaciones de derechos humanos.

Actualmente la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Carmona se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocerse a fondo. Fue admitido precisamente debido a que la asesoría legal de la familia Hernández Cardona acusó de dilaciones y negligencia.

El caso

En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían  cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).

Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a Abarca de vínculos criminales. En medio de ese estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.

Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron  frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona.  Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el alcalde fue quien acusó a Hernández.

Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas; Guerreros Unidos.

Para el 29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ. Quienes estuvieron ahí refieren que las cosas se pusieron muy tensas. Abarca al final gritoneó:

–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.

Hernández Cardona le reviró:

–¿Para qué tienes gente, presidente? ¿Para qué trabajo?¿Nos vas a matar?

Ese mismo día,  varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el presidente municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal.

Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado , J. Carlos Dorantes García , Rafael Ochoa , Justino Amos Osores Narcizo, Ángel Román Ramírez, Daniel Jardon López, Francisco Abarca Perales, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado y Bernardo Cruz Manjarrez.

Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron. Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón.

Se alejaron en una camioneta particular. En el trayecto los desaparecieron.

El hallazgo de los cuerpos

El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar de sus captores.

Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.

Pero en Iguala no se supo nada sino hasta el 3 de junio. El activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba Iguala, pues temía por su vida.

Ayotzinapa y Hernández, destinos unidos

Hernández Cardona era un hombre reconocido en todo Guerrero. El 3 de junio, cuando la gente todavía no sabía del desenlace, las organizaciones sociales marcharon para exigir que aparecieran con vida en el centro de Iguala. Vinieron activistas de varias partes del estado, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa. Cuando la noticia llegó  a los manifestantes reunidos, las cosas se salieron de control. Normalistas rompieron  los vidrios de la presidencia municipal.

Se dice en Guerrero que Abarca nunca perdonó a los jóvenes de Ayotzinapa por ello. Que desde entonces fueron amenazados de morir si regresaban a la ciudad. Para noviembre, cuando algunos estudiantes regresaron a esa ciudad, los recibieron a balazos. Por suerte, aquella vez no pasó a mayores.

La impunidad en Guerrero

El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa declaró muchas veces: ante la Procuraduría estatal de Guerrero, ante un notario particular en 2013, y ante la prensa. En todas acusó directamente a Abarca. Pero nadie lo detuvo, no hubo investigación. Abarca y su esposa siguieron reinando en Iguala.

La Unión Popular se disolvió. Los sobrevivientes huyeron uno por uno de Iguala.

Para marzo de 2014, la entonces  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. Mendoza Villa también declaró ahí. De nuevo no pasó nada. El caso permaneció en punto muerto y Abarca continuó gobernando al lado de su esposa… hasta el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos.

Un mes después, el 24 de octubre, la Siedo por fin emitió una orden de aprehensión por el caso. Todo bajo presión internacional por lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa.

 

Este trabajo fue publicado originalmente en  Pie de Página, Amapola lo reproduce gracias a la Alianza de Medios, de la cual forma parte.

Acusan normalistas de Ayotzinapa al presidente de apropiarse del movimiento de los 43 para no resolver

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, denunciaron, durante un mitin en Chilpancingo, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abanderó el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala para su campaña presidencial y de incumplir su promesa de resolver.

“AMLO se abanderó del movimiento de nuestros hermanos, los 43, se abanderó y dijo que iba a resolver este caso y ni siquiera ha podido resolver nada, nosotros sólo queremos que nos digan la verdad”, mencionó un estudiante de la normal durante el mitin en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.

Este mitin, en el que ocuparon parte de la avenida Lázaro Cádenas, ocurrió en el marco de los ocho años y siete meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

De acuerdo con las nuevas investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los 43 estudiantes fueron desaparecidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, con apoyo de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y el Ejército.

Las últimas investigaciones apuntan al Ejército como uno de los principales responsables de la desaparición de los estudiantes, de ser omisos y encubrir los hechos de esa noche y madrugada en Iguala.

Los estudiantes en el mitin que realizaron se lanzaron contra el Ejército y contra el presidente porque, denunciaron, los encubre.

“Nosotros simplemente queremos que nos digan la verdad. ¿Qué tiene que perder este gobierno? ¿A sus cuerpos policiacos? Ese tipo de personas no tiene nada que perder y si de verdad sus cuerpos policiacos son unos santos, este gobierno no tendría perder nada”, dijo un estudiante.

En ese tipo de eventos los estudiantes omiten dar sus nombres o algunas declaraciones extras a la prensa.

Ayer el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree se debe a que el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.

Rosales Sierra mencionó que hay archivos del Ejército y expedientes donde narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de la cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero necesitan el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.

Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a entregar dichos documentos.

El mitin duró una hora, de las once de la mañana a las doce del día; después los estudiantes se retiraron en el autobús en el que llegaron con rumbo a la Normal Rural, ubicada en Tixtla, y liberó la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas, la cual estaba tomada por los estudiantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno federal detiene investigación sobre los 43 cuando impactó en el Ejército, denuncia abogado

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree, que porque el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.

En entrevista, previó a una reunión de las madres y padres de los 43 con integrantes de organizaciones sociales a puerta cerrada, Rosales Sierra expuso la situación de las investigaciones.

“El caso avanzó hasta 2021, tiempo en que se obtuvo la identificación y paradero de algunos estudiantes y se libró el mayor número órdenes de aprehensión, y entonces el caso estaba perfilando a una investigación importante que terminó en el año 2022; el problema fue que esa investigación contemplaba a elementos del Ejército y derivaba en su responsabilidad en el caso, y es cuando se para la investigación”, dijo Rosales Sierra.

Derivado de esto, de acuerdo con Rosales Sierra, hubo confrontaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las madres y padres de los 43.

Rosales Sierra adelantó que el próximo 27 de abril habrá una reunión de madres y padres de los 43 con que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, donde le plantearán que abran 13 archivos militares donde se narran los hechos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en 2014.

“Estos archivos no sólo probarían que el Ejército no sólo fue omiso, si no que fueron participes en la desaparición de los 43 estudiantes”, mencionó el abogado.

En uno de esos archivos, contó el abogado, narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de barandillas o cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero se necesita el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.

Para Rosales Sierra existe un “compromiso político” entre el presidente López Obrador y el Ejército, razón por la que se niegan a esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Esta hipotecado el caso Ayotzinapa y el presidente no quiere romper su compromiso político con el Ejército para dar con el paradero de los 43”.

El vocero del colectivo de madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega Jiménez, mencionó que no quitarán el dedo del renglón “para saber dar con el paradero de los 43 y que quienes sean responsables sean llevados ante la justicia”.

Melitón Ortega denunció que las madres y los padres de los normalistas, y los activistas de derechos humanos que los acompañan son víctimas de espionaje; “se supone se tendría que espiar a los culpables y no a las víctimas”.

Sobre la reunión que culminó alrededor de las tres de la tarde, Melitón Ortega informó que abordaron temas de organización y peticiones que le llevarán a Encinas Rodríguez en la reunión del próximo 27 de abril.

Entres las propuestas que harán al subsecretario de Derechos Humanos está el cese al espionaje para activistas y defensores de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa e insistir en que el Ejército abra sus expedientes y se vuelvan a emitir las 16 órdenes de aprehensión contra estos agentes que fueron canceladas en agosto del 2022.

 

Chocan normalistas de Ayotzinapa con policías antimotines en Autopista del Sol

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

19 de abril del 2023

Chilpancingo

 

Policías estatales antimotines desalojaron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, cuando pretendían cerrar la Autopista del Sol para exigir a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) el cumplimiento a una serie de demandas de carácter educativo.

Los normalistas de sexto semestre llegaron a la vía de cuota esta tarde y poco después de cerrarla hicieron su aparición los agentes antimotines, a quienes los normalitas recibieron con petardos.

De inmediato los policías contestaron con bombas lacrimógenas.

Luego los normalistas recogieron piedras para lanzarlas contra los policías.

Peso, al final, los normalistas abordaron los autobuses en que llegaron a la vía de cuota a la altura del kilómetro 269, frente al edificio del Congreso local.

Los estudiantes se trasladaron a su escuela ubicada en Tixtla; en el trayecto fueron perseguidos por las patrullas de la Policía Estatal.

Es el segundo día consecutivo que los normalistas de sexto semestre de Ayotzinapa protestan en Chilpancingo porque el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no les dan respuesta a sus demandas, como la entrega de material didáctico para realizar sus prácticas profesionales.

Otros puntos que según los normalistas el gobierno no les ha cumplido es el mejoramiento de la infraestructura en su escuela.

El lunes pasado, los jóvenes de tercer año de la Normal Rural bloquearon de las trea a las siete de la tarde en la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 2, punto conocido como El Parador del Marqués.

Hoy miércoles llegaron a Chilpancingo los normalistas, pretendían cerrar la vía pero fueron replegados por los policías.

Según los mandos policiacos varios agentes resultaron con lesiones leves por la reacción de los periodistas, pero no ameritaron hospitalización.

Después del enfrentamiento, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a través de una conferencia de prensa virtual, informaron que fueron los policías antimotines quienes comenzaron las agresiones con piedras.

Detallaron que ellos se dirigían a una mesa de trabajo con personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y fueron recibidos de manera hostil por los elementos de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante un comunicado, informó que sólo aplicaron un protocolo de disuasión «a un grupo de manifestantes, quienes impedían el libre tránsito sobre el bulevar Vicente Guerrero».

Expuso que previo al enfrentamiento hubo un diálogo por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHG), pero ante la negativa de los estudiantes fue que la Policía Estatal «procedió al repliegue»

En el comunicado difundieron que tres elementos de seguridad resultaron con heridas leves a causa de los petardos y piedras que les fueron lanzados.

 

 

Acusan a gobierno de estancar investigación de caso Ayotzinapa para proteger a Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de estancar la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala para defender al Ejército y no sean juzgados por sus implicaciones en el caso.

Como cada mes los estudiantes realizaron un mitin en el antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de Chilpancingo, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso.

«El gobierno no ha hecho más que estancar el caso porque saben que si llegan a la verdad se va a venir abajo su cuerpo policial y militar que tanto presume, porque no son más que una bola de asesinos», mencionó uno de los estudiantes de Ayotzinapa y orador del mitin.

Esto porque en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en agosto del 2022, dan cuenta que la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, los normalistas estuvieron vigilados en todo momento por el Ejército, además de tener un elemento infiltrado entre el grupo de estudiantes.

«Seguiremos exigiendo justicia y seguiremos exigiendo la verdad, porque el gobierno no le va a echar la culpa a su queridísimo Ejército, por eso exigimos desde aquí al gobierno que esclarezca el caso, porque no puede ser que a ocho años no sepamos nada de nuestros camaradas», mencionó el estudiante.

Durante el mitin los estudiantes estuvieron acompañados por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso y Colectivo de Solidaridad con las Víctimas de 1960.

Los estudiantes omitieron hablar de la detención de los nueve policías detenidos el pasado 22 de marzo que, presuntamente, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres.

En el acto, los estudiantes reprocharon que el actual  gobierno federal no se diferencia de los anteriores, «aún cuando prometieron ser diferentes y esclarecer el caso, no se ve nada a más de un año de que termine su administración».

En este tipo de actos públicos los estudiantes evitan dar sus nombres, según ellos, por cuestiones de seguridad.

Por su parte, el vocero del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, mencionó que el Ejército se niega a dar información de paradero de los 43 estudiantes.

«Ya se le dijo al Ejército que abra sus archivos y dé la información necesaria para dar con el paradero de los 43, pero siempre se niegan, aunque ya sepamos que es el mismo Ejército que desapareció a cientos de personas en la guerra sucia y es el mismo represor que no se deja investigar porque saben lo que hicieron», mencionó Molina Rodríguez.

Agregó que las autoridades judiciales y forenses acumulan mas de 4,000 personas desaparecidas sin que haya una atención pronta y oportuna para su identificación.

El mitin duró de las 11:40 a las 12:30 del día; después los estudiantes se retiraron en el autobús en el que llegaron con rumbo a la Normal Rural, ubicada en Tixtla.

Familiares de policías detenidos por caso Ayotzinapa sostienen que son inocentes 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

23 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Familiares de los policías detenidos presuntamente por participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, aseguraron que los pretenden inculpar de un hecho en el que no intervinieron.

Son siete los policías estatales y dos municipales de Iguala detenidos ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina. Los familiares de algunos de ellos denunciaron que no los han visto desde ese momento de la detención.

Dijeron que los agentes no tienen relación con los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, en la que 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos por el grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, y el Ejército.

Desde la madrugada de este jueves, familiares de Juan Duran Mosso, uno de los policías estatales detenidos, acudieron a la delegación de la FGR para solicitar hablar con él y saber más de su detención.

En la entrada principal de la FGR, las familias de otros agentes en la misma situación coincidieron.

En conjunto denunciaron que los nueve detenidos están incomunicados, y que sólo les informaron que serían trasladados al Centro de Federal de Reinserción Social (Ceferso) del Altiplano, en Toluca, Estado de México.

En el caso de Juan Duran Mosso, de 56 años, y 28 como policía estatal, su hermana Leticia Durán Mosso comentó que es falso que su hermano participara en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

«Tenemos pruebas de que en ese momento mi hermano no estaba en Iguala, estaba comisionado como escolta del dueño del periódico Vértice en Chilpancingo, hace tres años lo mandaron a Iguala y hace tres a Chilapa, por lo que él no sabe nada de lo que pasó», dijo.

También denunciaron que Juan Durán Mosso sufre de la presión arterial y al momento de su detención, debido a una complicación, fue trasladado al Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado (ISSSTE) y después de estabilizarlo, llevado a las instalaciones de la FGR.

Como lo informó ayer Amapola, periodismo transgresor la detención de los siete policías estatales se dio cuando los citaron a tomar un curso en la Universidad Policial (Unipol), ubicada en la parte norte de Chilpancingo; ahí fueron aprehendieron.

Familiares del agente Pablo Jiménez Morales, otro de los detenidos, mencionaron que al momento de los hechos en Iguala él estaba adscrito a Acapulco, «por lo que no existe manera de relacionarlo con la desaparición de los normalistas, sólo quieren inculparlos», mencionó la esposa del agente Pablo Jiménez, quien prefirió omitieran su nombre.

En el caso de Noel Baltazar, uno de los policías municipales de Iguala detenidos, su esposa, Isela Viviano, dijo que no les permitieron verlo para hablar con él y saber qué pasó

Ella acudió sola. Cuando su esposo le marcó que estaba detenido se trasladó a Chilpancingo, donde no le permitieron verlo ni hablar con él.

A las doce horas, un convoy de cinco camionetas tipo pick up blancas, salió del edificio de la FGR escoltada por otras tres patrullas de la Marina. Llevaban a los nueve detenidos para trasladarlos, dijeron a los familiares, al penal federal.

«Ni los dejaron ver, nada más se los llevaron así, esto es un acto de injusticia y de no acoplarse al debido proceso, sabemos que los padres de los 43 quieren justicia, pero nosotros también la queremos para nuestra familia que es inocente», mencionó Leticia Durán Mosso, mientras observaba las camionetas en las que trasladaban a los detenidos, al parecer al Estado de México.

FGR y Marina detiene a siete policías estatales y dos municipales acusados por Caso Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

22 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de La Marina detuvieron este miércoles a siete agentes de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, en Iguala.

Entre los siete agentes estatales detenidos están Juan «N», Noel «N», Pablo «N», Ramiro «N» y Lorenzo «N», a quienes habrían detenido en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado (Unipol), al norte de Chilpancingo.

La información extraoficial menciona que los agentes estatales fueron citados para recibir un taller de capacitación en las instalaciones de la Unipol, donde, en realidad, fueron entregados por su comandante a los agentes de la FGR y de La Marina.

En tanto los dos policías preventivos fueron detenidos en Iguala este mismo miércoles.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), confirmó la detención de los nueve agentes de seguridad.

«La SSP informa que coadyuvó con la FGR y la Secretaría de Marina en el cumplimiento de una orden de aprensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014», se lee en el comunicado de la SSP.

Los agentes Ramiro y Lorenzo, de acuerdo con una investigación del medio de comunicación Corriente Alterna, estarían implicados en la tortura y asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, El Chilango.

Este reportaje expone que la FGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), desde agosto del 2022 emitió una orden de aprensión contra Ramiro Alvarado Sánchez, alias La Minsa y Lorenzo Bello Hernández, conocido como Comandante Pérez, dos de los nueve detenidos este miércoles.

«Basado en declaraciones de un testigo protegido, indica que un presunto miembro de Guerreros Unidos presenció la tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, el Comandante Peréz y La Minsa», se lee en la investigación de Corriente Alterna escrita por los periodistas Iván Ortíz y Fernando González.

El normalista Julio César Mondragón fue torturado y asesinado en los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014.

El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado en agosto del 2022, establece que Julio César fue desollado por un integrante del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos (GU) y un elemento de seguridad apodado La Minsa que, de acuerdo con la versión de Corriente Alterna, se trata de Ramiro Alvarado Sánchez, uno de los detenidos de hoy.

El cadáver de Julio César Mondragón fue hallado la mañana siguiente en la ciudad industrial, cerca de las instalaciones del C-4, en Iguala, la causa de muerte fue dolor por la tortura a la que fue sometido.

La llamada verdad histórica del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, presentada en noviembre del 2014, indica que el desollamiento de Julio César fue producto de la fauna silvestre.

Otra línea de investigación de las autoridades actuales es que el celular de Julio César Mondragón tuvo actividad días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

El informe de la Covaj señala que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) halló información sobre la utilización del dispositivo de este estudiante, después del 30 de septiembre de 2014 l, en instalaciones militares.

De esa línea de investigación la llamada verdad histórica no aportó más datos ni el actual informe de la Covaj.

Elementos de la Marina fuera del edificio de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chilpancingo, después de la detención de nueve policías presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero

 

Con AMLO y con el gobierno de Evelyn, todo sigue igual, aseguran padres y madres de los 43 en Asamblea

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: 

Chilpancingo

 

Mediante un comunicado emitido por el Comité de Madres y Padres de los 43, después de la Asamblea Nacional Popular (ANP), realizada el día de ayer en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a “reorganizarnos, tender los puentes fraternos de dialogo y de entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase”.

Esto, de acuerdo al comunicado, porque consideran que el “movimiento social está disperso, a la derivada y aletargado”.

Además de que las madres y padres externaron su preocupación de que, ante la falta de organización y movilización de sectores y organizaciones sociales de izquierda la “derecha” asuma como propias las exigencias de justicia sobre diversos temas.

“Poco a poco la derecha retoma algunas demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contra pesos institucionales y va tomando las calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda”, se lee en el comunicado.

En dicho documento, las madres y padres de los 43 mencionaron que ante este nuevo gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no hay cambios reales para la sociedad.

“Mientras unos pocos tienen mucho, la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”, sentenciaron.

Otro punto que aborda el comunicado es el acceso a la verdad y a la justicia para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Mencionaron que a nueve años de los sucesos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en el que desaparecieron los 43 normalistas y cinco personas más fueron asesinadas no hay acceso a la justicia.

“A esta distancia (nueve años), pesa el cansancio físico, mengua nuestro caminar por las enfermedades que padecemos y duelen las pérdidas irreparables de Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a nuestros hijos y el espíritu inclaudicable de nuestros compañeros que se quedaron en el camino nos animan a seguir”

Otro punto fue el de la violencia, en el que aseguran nada cambio con la llegada del nuevo gobierno, tanto el federal, en 2018, como el estatal, en el 2021.

“La violencia contra las mujeres sigue creciendo exponencialmente sin que existan acciones y políticas del gobierno contundentes que permitan revertirlas, las desapariciones son un lastre social que han continuado. Hoy suman más de cien mil en el país. Tan solo en este gobierno van más de treinta mil. La violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones de nuestro país, zonas completas se encuentran bajo el imperio de las bandas delictivas, son estas las que imponen su ley a sangre y fuego enlutando los hogares de los más pobres”, mencionaron.

También mencionaron problemas en el sector educativo, y expusieron que no se revirtió la Reforma Educativa como lo prometió en campaña López Obrador.

Además que las normales rurales aún padecen la precarización, persecución política, represión y continúan las políticas para el exterminio y el cierre definitivo de los normales rurales.

El tema de la militarización del país fue un tema que consideraron preocupante y aseguraron que las fuerzas militares en las calles son para contener a los movimientos sociales.

“Se han dado facultades legales y constitucionales a las fuerzas armadas para que contengan la violencia, pero sobre todo para que metan en cintura a los inconformes e insumisos. Un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, se lee.

Por último, las madres y padres de los 43 llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a una asamblea para analizar, discutir y proponer nuevos ejes y planes de lucha ante las inconformidades antes mencionadas.

“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, finaliza el comunicado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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