La Montaña de Guerrero: el lugar donde los servicios y los programas para el campo son casi inaccesibles

La ausencia del Estado en La Montaña guerrerense va desde el abandono en materia de salud, educación, seguridad y empleo hasta la desaparición de programas sociales específicos para la población trabajadora agrícola. En comunidades donde las personas no tienen nada, mucho menos cuentan con terrenos suficientes para cumplir los requisitos del programa Sembrando Vida.


Texto y fotografía: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.

Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.

De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.

En Tlapa, el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas es de 83.4% —con un crecimiento gradual desde el 2000, cuando era de 69.8%—, según estadísticas del Inegi. El promedio de escolaridad es de secundaria inconclusa (8.2 años). El 64% de la población de más de tres años no asiste a la escuela, frente a 36% que sí.

La migración de los habitantes de la región a otros estados comenzó a volverse sistemática en la década de los 70, cuando se evidenció la insuficiencia de las condiciones de las comunidades. En México, las personas que trabajan en el campo sobreviven al margen de todo, incluso de las estadísticas oficiales, pero estimaciones del Inegi señalan que alrededor de 2.5 millones laboran como empleadas en centros de producción agrícola.

Sin embargo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que contemplaba apoyos directos y acciones sociales para el desarrollo de esta población, y que había disminuido en 84% sus beneficiarios entre 2008 y 2016 a pesar de haber recibido 91% más de presupuesto en ese periodo, hoy ya no existe. En 2015, alcanzaba a 103 mil 140 personas.

Destinado específicamente a reclutar, seleccionar y enviar población migrante internacional a Canadá, sobrevive el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que en los últimos seis años, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado anualmente a 24 mil 800 personas en promedio. De ellas, solo 3% son mujeres. Las variaciones por año son mínimas; mientras el registro no crece, la migración sí.

Si antes se limitaba a la temporada más alta, entre septiembre y mayo, hoy es permanente, según lo documentado por Tlachinollan. Aunado a ello, las remesas recibidas en Tlapa, uno de los municipios guerrerenses con más envíos de dinero por parte de migrantes internacionales a sus familias, pasaron de más de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019 a 106 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, un incremento del 116%, de acuerdo con datos del Banco de México.

Para el campo mexicano, a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo se enfocó en el programa Sembrando Vida, que según el gobierno federal tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores. A cargo de la Secretaría de Bienestar, desde 2018 presumió el objetivo de revertir el abandono al sector por parte de gobiernos anteriores.

Según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.

Si en La Montaña guerrerense no hay acceso a servicios o empleo, mucho menos a terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, al que se llega solo por caminos de terracería, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras entre 70% y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados, temporal o definitivamente, para poder trabajar en el campo, según lo refirieron autoridades comunitarias.

En su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados, 30.7% de ellas mujeres. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas. Por otro lado, no hubo mecanismos de control, en general, para probar documentalmente que los beneficiarios del programa cumplían los criterios y requisitos de elegibilidad.

Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Las reglas de operación establecen que al menos 20% deben ser mujeres. Tomando en cuenta la estimación del Inegi, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México. En contraste, entre quienes no tienen propiedad y no les queda más que trabajar para un empleador, solamente del 3% al 7% cuenta con contrato escrito.

“Queda el programa de fertilizante (Fertilizantes para el Bienestar), pero es un programa para asegurar clientela política, y obviamente también en el cambio al uso de agroquímicos es cuando llega el fertilizante, y es utilizado primero y después los demás; entonces, la gente se vuelve dependiente de todos los insumos químicos de fuera. Tanto ya no recibe apoyos como le llegan las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas agrícolas, que los vuelven dependientes, y viene la privatización. Todo eso hizo que la gente prefiriera salir”, explica Barrera.

“Primero los pobres”: negativas y ausencias en el último sexenio

Abel Barrera recuerda que, desde el principio de esta administración, Tlachinollan intentó y logró reunirse con Ariadna Montiel, entonces subsecretaria de Bienestar, “con esa ilusión de que obviamente tienen una perspectiva en favor de los pobres, como lo ha dicho AMLO”. Le explicaron el trabajo del centro y le externaron su preocupación por la población jornalera en La Montaña, para plantear la posibilidad de que se implementara un programa específico.

En la reunión, supieron que la administración no tenía intención de implementar programas sociales sectoriales, sino únicamente universales para el supuesto beneficio de toda la población pobre. Sin embargo, hay una población jornalera —explica Barrera— que no se está beneficiando porque no está en la comunidad por su frecuente movilidad. Los Servidores de la Nación ni siquiera los ubican. “Quedó ahí; está muy difícil que hagan un programa para jornaleros”, lamenta.

Más tarde, fueron contactados por la misma secretaría para plantearles un programa piloto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Le pidieron apoyo a Tlachinollan para identificar comunidades específicas; sin embargo, al final no se concretó, presuntamente porque se necesitaban recursos para la campaña en Zacatecas, según confiaron a Barrera. “Nosotros fuimos a dar la cara y a decir que iba a haber programas para jornaleros… no se hizo y ni siquiera hubo forma de reclamarle a nadie”, agrega.

Por otro lado, lograron tener una reunión —a través de la Alianza Campo Justo— con la STPS. A partir de ella, el resultado fue que la población jornalera fuera incorporada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El monto considerado sigue siendo bajo —aclara Barrera—, pero al menos ya está contemplado. Las personas trabajadoras agrícolas han pedido que se fije en al menos 300 pesos diarios.

Se refiere a la reforma que se dio finalmente en 2019 —después de años de solicitarla— al artículo 280 de Ley Federal del Trabajo, que indica que la Conasami fijará los salarios mínimos de las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta su naturaleza y cantidad, el desgaste físico y los salarios en establecimientos y empresas dedicadas a producción agrícola. En 2020, lo fijó por primera vez en 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y 160.19 en el resto del país. Este año asciende a 312.41 y 234.52, respectivamente.

En el caso de la STPS, también lograron que accediera a una única inspección en campos agrícolas. “Pero ya nos dimos cuenta que hay una burocracia en medio que dice ‘A ver, dime dónde está ese campo agrícola, cuáles son las coordenadas, quién es el dueño, cuál es su registro federal de causantes’. Eso lo tuvimos que hacer nosotros y todavía decían ‘Es que esta dirección no existe porque está sobre la carretera’. Nosotros teníamos que hacer su trabajo”, dice Barrera.

“No podían hacerlo ellos, alguien tiene que solicitarlo, y también ahí nos dimos cuenta que una cosa es la empresa que contrata a los trabajadores, otra la dueña de los terrenos, otra la de los camiones; entonces, hay cinco o seis”, agrega. Eso genera el problema de que lleguen a presentarse en una empresa cuya dirección no corresponde necesariamente con los terrenos agrícolas. En su opinión, el trámite burocrático de las inspecciones está hecho para los empresarios, no para los trabajadores.

Por ejemplo, la empresa Divemex, que se dedica a cultivo, cosecha, distribución y comercialización de granos, frutas, hortalizas y verduras, se ubica en Guadalajara, Jalisco. En su acta constitutiva, como única dirección oficial registra la Zona Metropolitana de esa ciudad. En su página oficial en internet puede conocerse de manera más específica que su sede está en Ostia 2756-6, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara. Ninguna otra ubicación se publica ahí.

Sin embargo, sus campos de cultivo están en un punto distinto: la carretera El Dorado-El Salado número 12510, a media hora de Culiacán, aunque en una búsqueda general en internet, en primera instancia solo aparece como 80300 Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información sobre las inspecciones que ha realizado en centros agrícolas, la oficina de representación federal del trabajo en Sinaloa solo enlistó direcciones, muchas únicamente con el nombre de la carretera sin número, por lo que es imposible saber de qué empresas se trata.

De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Tlachinollan solo obtuvo el compromiso de que se garantizara que algunos programas generales de producción ya existentes llegaran a la población minoritaria que es candidata, y del Inegi, que en los censos agropecuarios se incorporen rubros relacionados de manera más específica a las características de la población jornalera. Con el IMSS, hasta ahora no ha habido avances en alguna estrategia para hacer efectiva la afiliación.

Sobre los campos agrícolas en los estados de destino de la migración interna —Sonora, Sinaloa y Baja California, principalmente— y las inspecciones mencionadas, la STPS tampoco puede dar muchas certezas. A la petición del censo específico de centros de trabajo agrícolas vía transparencia, la STPS respondió con un padrón extenso de empresas registradas en todo tipo de sectores, sin especificar cuáles corresponden al agrícola.

En respuesta a otra solicitud de información, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo contestó que de 2017 a la fecha localizó únicamente 57 actas de visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, la mayoría por comprobación de seguridad e higiene.

A estas se suman las realizadas por las delegaciones estatales de la dependencia. Tan solo en Sinaloa pasaron de 17 en 2015 —y un máximo de 34 en 2018— a seis en 2022; en Baja California Sur, de 18 en 2016 a una en 2022, mientras que en Jalisco, uno de los principales estados productores, han sido únicamente entre cero y siete anuales en los últimos ocho años.

Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”

A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.

“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.

“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.

“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.

“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.

En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.

Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.

Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.

Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.

Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.

En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.

Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas

Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.

A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.

En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.

En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.

“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.

Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.

“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.

Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.

“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.

El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.

“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.

Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.

“El pequeño Sinaloa”

Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.

María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.

“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.

Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.

Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.

La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.

La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.

Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.

De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.

“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.

Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.

A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.

Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Con compromisos a medias de la gobernadora, habitantes de Cochoapa el Grande levantan plantón

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

A puerta cerrada en un salón de la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atendió este lunes a un grupo de habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande, quienes, según sus dirigentes, les dio soluciones “a medias” a sus demandas de maestros y servicios de salud.

“Nos dieron de almorzar frijoles con huevo y un vaso de agua en Casa Guerrero», dijo Elvira García Rodríguez, quien formó parte del grupo que atendió la mandataria estatal junto con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

Las respuestas a sus demandas, según García Rodríguez, no fueron del todo satisfactorias, pero acordaron levantar el plantón que mantenían desde el miércoles 24 de mayo pasado afuera del Palacio de Gobierno y volver a sus comunidades. Los inconformes pedían maestros, una ambulancia y la reapertura de centros de salud.

“Ya no queremos exponer a los niños a alguna enfermedad grave”, dijo la activista entrevistada al salir de la residencia oficial.

García Rodríguez comentó que el único punto que la gobernadora resolvió fue el envío de dos maestros y una maestra de educación preescolar; a la maestra de la primaria a la comunidad de Dos Ríos le renovarán su contrato laboral. Es la profesora Lizeth Pacheco Alonso, a quien desde abril le dejaron de pagar su salario.

“Frente a la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, reconoció que la suspensión del pago del salario a la maestra Pacheco Alonso fue una confusión y ni siquiera sufrió un regaño por ese error”, mencionó Elvira García.

En la reunión, Salgado Pineda y Rodríguez Saldaña les dijeron a los manifestantes que la reapertura de ocho escuelas que están cerradas por falta de ocho maestros es un punto que analizarán hasta que inicie el nuevo ciclo escolar del 2023-2024; sería un grupo de egresados normalistas.

Sobre el caso del equipamiento del centro de salud de la comunidad de Dos Ríos y el envió de una ambulancia para el traslado de enfermos y enfermas, la gobernadora y un funcionario de la Secretaría de Salud contestaron que lo analizarán.

Elvira García afirmó que en casi todas las comunidades del municipio de Cochoapa hacen falta ambulancias y los pocos centros de salud que hay, unos están cerrados y donde sí hay servicio carecen de medicamentos y personal.

“Nos dijeron que estas demandas en materia de salud las van analizar y nos entregarán una respuesta posteriormente”, comentó la dirigente.

El grupo de habitantes de localidades de Cochoapa llegaron a las ocho de la mañana a Casa Guerrero y una hora después fueron atendidos por Salgado Pineda, los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Educación, Marcial Rodríguez, y un funcionario de la Secretaría de Salud.

Otro grupo de inconformes permaneció en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

Elvira García contó que durante el encuentro, Ludwig Marcial Reynoso los regañó por haber traído a niños a su protesta y que, incluso, los acusó de cometer un delito por ese hecho.

“Yo le contesté al secretario General de Gobierno que allá en nuestros pueblos todos luchamos”, comentó García Rodríguez.

Durante los cinco días que duró el plantón del grupo de pobladores de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno llovió y como consecuencia, informaron, cinco niños se enfermaron de gripa y tos, pero ya están bien de salud.

La reunión con la mandataria estatal fue concertada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, quien este domingo a mediodía atendió al grupo de inconformes en sus oficinas en Chilpancingo.

El grupo de habitantes interpuso una denuncia contra autoridades del gobierno estatal por el desalojo que sufrieron el pasado jueves 24 cuando tenían cerrada una de las laterales del Palacio de Gobierno, con lo que impidieron la entrada y la salida de funcionarios y trabajadores del edificio.

Elvira García dijo que las demandas que le plantearon a la mandataria estatal este lunes son las mismas que están plasmadas en una minuta de acuerdos que firmó el 22 de septiembre del 2022, luego de que también se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

“En esa fecha del 22 de septiembre la gobernadora dio instrucciones a los funcionarios que recorrieran las comunidades y atendieran las demandas, y en la reunión de este lunes 29 de mayo les dio las mismas indicaciones”, comentó.

Uno de los nuevos compromisos que estableció Salgado Pineda con los habitantes de Cochoapa es realizar una visita a las localidades para supervisar los trabajos de una carretera.

Después de la reunión en Casa Guerrero, el grupo de habitantes encabezados por Elvira García y el profesor Paulino Hernández se dirigieron al Palacio de Gobierno para informar al resto de los inconformes el resultado de estas pláticas. Después de eso se trasladarían a sus comunidades.

 

Normalistas bloquean por tres horas entradas a Palacio de Gobierno; piden plazas y material didáctico

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), que aglutina a siete normales del estado, marcharon y cerraron los accesos al Recinto Oficial del Poder Ejecutivo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumpla la promesa de otorgarles plazas para egresados y material didáctico.

El grupo de alrededor de 300 normalistas en una primera actividad marchó por la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la entrada principal de la sede el Poder Ejecutivo.

Durante la marcha, la dirigencia del FUNPEG mencionó que la SEG incumplió con la entrega de material didáctico para todos los grados académicos y la entrega plazas para los recién egresados.

Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes cerraron todos los accesos para presionar a las autoridades y pedir una reunión con la titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Los estudiantes se colocaron en todas las entradas e impidieron el ingreso y la salida de los trabajadores, por lo que llegaron policía antimotines para intentar desalojar a los manifestantes.

El desalojo no ocurrió y los estudiantes permanecieron otra hora en las entradas de palacio hasta que una comisión entró para reunirse con Rodríguez Saldaña y el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván.

Los estudiantes negaron que la manifestación sea para solicitar recursos económicos para clausuras, «tal y como se ha manejado por parte de algunos funcionarios en Guerrero que sólo pretenden desarticular el movimiento», mencionó uno de ellos.

Si solicitan recurso económico, pero «es un apoyo que dan las autoridades año con año para titulación y aranceles, no para eventos de clausura», comentó uno de los representantes del FUNPEG quien pidió omitieron su nombre.

A la una de la tarde instalaron una mesa de negociación entre las autoridades y los estudiantes. Fue entonces que los normalistas se retiraron de las entradas y permitieron el acceso a los trabajadores.

Durante el bloqueo, en el auditorio José Joaquín de Herrera, ubicado dentro de la sede de Palacio de Gobierno, se realizó una clausura de fin de de cursos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), por lo que muchos de los invitados y hasta el mariachi no entraron a la ceremonia.

Algunas personas con globos y ramos de flores permanecieron en la manifestación en espera de que liberaran el edificio.

 

Levantan el plantón de afuera de Palacio de Gobierno por lluvias

Los habitantes de Cochoapa que piden maestros y médicos volverán mañana que les agendaron una reunión con la gobernadora por intervención de la Comisión de Derechos Humanos. De esta reunión dependerá si se retiran de manera definitiva o continúan


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: David Juárez

Chilpancingo

 

Habitantes de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña de Guerrero, que mantenían un plantón desde el miércoles 24 de mayo en la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo, en Chilpancingo, se retiraron por las fuertes lluvias de esta madrugada y para resguardar a las niñas y niños que dormían a la intemperie desde hace tres días.

Durante su movilización para exigir maestros, médicos y medicinas, los manifestantes sufrieron intentos de desalojo por parte de la Policía Estatal con equipo antimotín y el día de ayer, denunciaron, uno de los manifestantes sufrió un intento de secuestro por una persona desconocida.

Hasta la noche de ayer, el plantón se mantenía, pero por las fuertes lluvias que hubo en la capital decidieron retirarse temporalmente para bañarse y resguardar a los niños y niñas y evitarles alguna enfermedad, informó Elvira García Rodríguez, represente de los manifestantes.

De acuerdo con ella, el plantón no se ha levantado y regresarán a instalarse mañana para continuar su protesta por la exigencia de médicos y maestros para 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

Este receso lo aprovecharon para acudir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) e interponer una queja contra el gobierno del estado por desalojarlos con violencia el miércoles 25 de las entradas laterales de la Sede del Poder Ejecutivo.

Ese día, policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó un jaloneo por parte de los antimotines.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

«El estado nos mandan a reprimir y agredir a nuestros hijos, madres y padres de familia, sin importarles nuestra vida y sin importarles que nuestros hijos estaban con nosotros, lo cual solo evidencia la violencia tan fuerte que sufrimos los pueblos indigenas», mencionó García Rodríguez.

«Ya llevamos varias días en sufrimiento y estamos aquí por un derecho justo que nos corresponde de acuerdo a la ley, a la Constitución y otras leyes como tratados internacionales que dice que la educación es primordial para nuestros hijos», agregó.

Mencionó que además de la queja por el desalojo interpusieron otra por falta de seguridad en el plantón que tenían instalado en las afueras de la sede del Ejecutivo.

Contó que ayer, aproximadamente a las dos de las tarde, un integrante de su movilización sufrió un intento de secuestro por parte de una persona desconocida.

«Afortunadamente nos dimos cuenta y lo evitamos, pero en ese momento no había ninguna patrulla a la cual solicitar ayuda, pero para desalojarnos ahí si había como 100», dijo García Rodríguez.

No abundó más sobre el casa porque, aseguraron, es un asunto de seguridad y serán las autoridades las que investiguen los hechos.

El motivo de la manifestación es porque el gobierno del estado incumplió con una minuta de acuerdos que firmaron el 22 de septiembre del 2022.

En dicha minuta establecieron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) enviaría 11 maestros bilingües de educación primaria y de preescolar, pero sólo llegaron tres profesores.

Además solicitaron personal médico para el Centro de Salud de Dos Ríos, en el cual laboran sólo dos enfermeras y no hay medicamento, «no tienen ni suero para alacrán», dijo uno de los manifestantes.

Una de las solicitudes de los manifestantes es tener una reunión directa con Salgado Pineda para preguntarle porque sus funcionarios incumplieron los acuerdos firmados.

De acuerdo con García Rodríguez, fue a través de la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaitán, que lograron una reunión con la gobernadora para mañana lunes a las ocho de la mañana

El plantón se instalará mañana y dependerá de los resultados de la reunión con la gobernadora si deciden levantarlo o continuar.

Elvira García Rodríguez en conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) después de interponer una queja por el desalojo que sufrieron por parte de la Policía Estatal el pasado 24 de mayo en las afueras de Palacio de Gobierno. Fotografía: David Juárez.

 

Desalojan policías estatales de puerta de Palacio de Gobierno a mujeres y menores que piden maestros y médicos

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.

Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.

Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.

“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.

Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.

Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.

“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.

Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.

En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.

Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).

 

«Que vaya la gobernadora a la Montaña para que le dé el sol», gritan manifestantes de Cochoapa afuera de Palacio

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

«La gobernadora que vaya a la Montaña para que le dé un poco el sol», gritó en un mitin afuera del Palacio de Gobierno Elvira García Rodríguez, quien encabezó un grupo de padres de familia y niños en una marcha de protesta para exigir maestros y clínicas de salud en sus comunidades, pertenecientes a Cochoapa el Grande, en la región Montaña de Guerrero.

El grupo de más de 50 personas, entre menores de edad y adultos, caminó más de dos kilómetros. Después de la marcha a los niños se les pintron los cachetes de rojo por el sol.

«Aquí nos vamos a quedar, no importa que llueva o pegue más el sol», dijo García Rodríguez, quien se identificó como representante de los manifestantes.

Los pobladores de seis comunidades llegaron al Palacio de Gobierno, donde la puerta de acero estaba cerrada y tapizada con pancartas que colocó un grupo de militantes de la organización del Frente de Defensa Popular (FDP), quienes desde hace dos días duermen ahí en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Los miembroa del FDP esperan una respuesta de la búsqueda de José Abundio Bolaños Calvario, habitante nahua del municipio de Chilapa, quien desde mayo del 2022 fue privado de su libertad por el grupo del crimen organizado de Los Ardillos.

«Llegamos aquí porque dice la gobernadora que es la casa del pueblo pero está cerrada», dijo García Rodríguez al arribar junto con mujeres, niñas y niños a la puerta del edificio de la sede del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo de las protestas de afuera del Palacio, funcionarios estatales compartían en su cuenta personal de Facebook una fotografía.donde aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con gobernadoras de varios estados del país, entre ellas la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Uno de los servidores públicos que compartió profusamente las imágenes de Salgado Pineda fue el delegado en la región Centro de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Suárez Martínez, un ex militante del desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y ahora de Morena.

«Siempre unidas», decía el encabezado de la fotografía con Sheimbaun Pardo tomada este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México, luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Aquí vamos a esperar a la gobernadora para ver si se le antoja recibirnos porque ya estamos cansados de las órdenes que da a sus funcionarios y no las cumplen», dijo García Rodríguez en el mitin.

Durante el trayecto de la marcha, un servidor público de nombre Rafael los conminó a no llegar a Palacio de Gobierno a cambio de ser atendidos por su jefe, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.

Pero los manifestantes rechazaron esa oferta y siguieron en la marcha que partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de Chilpancingo.

«Ya hemos tenido muchas reuniones con funcionarios como con el secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña) y no resuelven nada», dijo García Rodríguez.

Contó que en septiembre del 2022 Rodríguez Saldaña acudió a la comunidad de Dos Ríos y firmó una minuta de acuerdos que incluía la contratación de dos maestros y una maestra bilingües para escuelas de primaria y de preescolar.

Pero a la profesora, dojo, ya no le renovaron su contrato, lleva dos meses sin cobrar su salario.

Las personas que se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno provienen de las comunidades de Barranca Ocotera, Peña de Venado, Agua Azul, Dos Ríos, Guadalupe de la Joya, San Pedro y Río Encantador Chiquito.

En el 2022 habitantes de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande protestaron en Palacio de Gobierno para exigir maestros, construcción de escuelas y centros de salud.

«En aquella ocasión aquí estuvimos dos días en plantón y nos recibió la gobernadora, quien les dio instrucciones a los funcionarios que resolvieran nuestras demandas, pero todo sigue igual», recordó García Rodríguez.

En la minuta de acuerdos, dijo, fijaron el compromiso de la construcción de 20 escuelas en la región y el funcionamiento de los centros de salud con médicos y medicinas.

«Sabemos que la construcción de las 20 escuelas es un proceso lento, pero el asunto de los profesores si se puede resolver de manera inmediata pero no lo hacen», insistió García Rodríguez.

Debido a la falta de maestros más de 80 niños de preescolar y de primaria de estas comunidades están sin recibir clases.

No es la primera vez que pobladores de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande se trasladan a Chilpancingo a protestar para presionar a las autoridades a que cumplan con la ejecución de obras y dotación de servicios públicos.

En el 2021, habitantes de esa zona denunciaron que las familias de estas demarcaciones estaban incomunicadas debido a que el gobierno estatal dejó tirada la construcción de un puente llamado Río Víbora.

Por las protestas que realizaron los pobladores lograron que el gobierno estatal construya ese puente con una inversión de más de 14 millones de pesos.

Este puente va a comunicar a pueblos de Cochoapa el Grande con Ometepec, es decir, region Montaña con región Costa Chica.

«Uno tiene que venir aquí a Chilpancingo a protestar para que nos hagan caso y aquí nos vamos a quedar a dormir los días que sean necesarios hasta que la gobernadora nos reciba en audiencia», advirtió la representante.

Cochoapa el Grande es un municipio con los más bajos índices de desarrollo humano, señala el Consejo Nacional de Población (Conapo).

En los casi dos años que lleva en el cargo Salgado Pineda, cuatro veces ha visitado algunos municipios de la Montaña y en dos de ellas acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los trabajos de los caminos artesanales.

En las dos visitas que la gobernadora ha realizado a la Montaña su traslado fue en helicóptero y son giras de «pisa y corre».

Luego del mitin, los manifestantes de Cochoapa cerraron dos horas la avenida Alejandro Cervantes Delgado.

El otro grupo de inconformes, del Frente de Defensa Popular (FDP) y que dirige Clementina Guevara Tejedor y que están en plantón desde el lunes pasado, preparaban sus alimentos en afuera del Palacio de Gobierno.

A estos inconformes los desalojaron el lunes pasado de la Autopista del Sol policías antimotines estatales.

Durante la tarde de este miércoles otro contigente integrado por padres de familia y estudiantes de las preparatorias populares que demandan mayor presupuesto y su reconomiento legal también se instalaron en plantón en Palacio.
Estonia sucedió son que la gobernadora Evelyn Salgado pusiera un pie en sus oficinas.

Migración de jóvenes en pueblos indígenas pone en riesgo pérdida de conocimiento ancestral, especialista

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Chilpancingo

Con la migración de jóvenes de pueblos indígenas hay un riesgo de la pérdida de los conocimientos ancestrales que sus antepasados cuidaron por siglos, advirtió la especialista en biología y antropología Natividad Herrera Castro.

La especialista cree que después de estar fuera de sus comunidades por varios años de frente a otros contextos y formas de vida «se olvidan de sus raíces».

«Para empezar no están aquí y cuando llegan ya están desvinculados totalmente de la forma de pensar de su pueblo originario, que si la conocen, la oyen, pero no la practican», dijo.

Herrera Castro ofreció la ponencia Riqueza Biocultural y Oportunidades para la Conservación, en el ciclo de conferencias Acciones por nuestra naturaleza y cultura, realizado por Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) por el Día Internacional de la Biodiversidad

Ahí abordó que está en riesgo el conocimiento milenario de los pueblos indígenas desde desde aspectos agrícolas, medicinales, culturales hasta alimenticios.

Otro factor que, dijo, contribuye a la pérdida de identidad y el conocimiento es que en los pueblos indígenas las nuevas generaciones ya no se dedican al campo. En Guerrero hay cuatro pueblos indígenas: ñuu savi, me’phaa, ñomndaa y nahua.

«El ser campesino, sembrar tener su milpa vincula al territorio fuertemente, porque viven su comunidad, caminan por la tierra, llegan a su sembradío y trabajan, ahí desarrollan muchos vínculos, no sólo con la plantas, con la tierra, con la lluvia y el entorno físico, entonces cuando los jóvenes ya no hicieron eso se rompe ese vínculo».

«Después de que pierden su identidad, de ya no reconocer su territorio, estos jóvenes ya no lo defenderán como lo hicieron sus antepasados, porque ya no les representa nada», advirtió Herrera Castro.

Es esa cosmovisión la que advierte Herrera Castro está en riesgo de desaparecer por los nuevos procesos sociales que sacan a los jóvenes de sus comunidades ya sea ppr necesidad o por gusto.

«Cada vez hay menos gente que maneja esa información ancestral de para qué sirve una planta, si cura algunas enfermedades o muchos ya no se identifican porque se han desarraigado de su comunidad, de su cultura y aunque la piensan y la llevan un poco, a veces los elementos más profundos de ese conocimiento las abandonan», mencionó.

Herrera Castro es la directora del Herbario Universitario, un espacio de la Uagro para la conservación e investigación científica de las plantas que hay Guerrero.

La colección del Herbario consta de 12,000 plantas secas que son almacenadas para tener un registro histórico de la flora de Guerrero.

Muchas de las plantas fueron recolectadas con ayuda de pobladores de comunidades rurales, «quienes tienen toda una cosmovisión y conocimiento sobre biodiversidad».

El ciclo de conferencias Acciones por nuestra naturaleza y cultura, realizada por el Día Mundial del Medio Ambiente se realizó en vestíbulo del Palacio de la Cultura, en el centro de Chilpancingo y fue organizado por el departamento de Sustentabilidad de la Uagro.

Además de las ponencias que seguirán hasta el miércoles próximo, hay venta de productos artesanales y orgánicos.

 

Una muerte materna detonó el paro de labores en Hospital del Niño y la Madre Indígena en Tlapa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

 

Al cumplirse tres días el paro laboral de médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, los líderes de este movimiento denunciaron que su inconformidad la detonó la muerte de una mujer que no pudo ser trasladada a Chilpancingo por falta de ambulancia, luego de tener un parto.

El pasado seis de mayo, Mariana Andrés Toribio, de 16 años, originaria de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, fue atendida de un parto en el hospital de Tlapa y aun cuando el bebé nació bien de salud, tuvo complicaciones graves, y requería ser trasladada de manera urgente al Hospital General de Chilpancingo, pero la ambulancia que tienen está en mal estado.

“Hay una ambulancia que desde hace un año y medio estamos diciéndole a las autoridades estatales que está en malas condiciones, pero no nos hacen ningún caso”, dijo una enfermera de este hospital que pidió mantener su nombre en anonimato.

Mariana Andrés murió dentro de la unidad. Una trabajadora atribuyó esta situación al mal estado de la ambulancia.

También denunció que han enviado oficios a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, haciéndole una reseña de todas las carencias en el Hospital del Niño y la Madre de Tlapa, pero siguen sin recibir respuesta.

“En el quirófano no hay aire acondicionado, además de que se carece de insumos en el hospital”, comentó.

En el paro de labores participan 300 trabajadores del hospital, quienes también exigen la destitución de la directora de este nosocomio, Lorenza Jiménez Villanueva, a quien señalan de ser incapaz de gestionar mejoras en la infraestructura del nosocomio y en la situación laboral de la base trabajadora.

En un anuncio que los trabajadores colocaron en la entrada del hospital piden a la ciudadanía su comprensión por la falta atención médica. Sólo atienden servicios de urgencias médicas.

Este Hospital del Niño y la Madre Indígena da atención a las mujeres embarazadas de los 19 municipios de la región de la Montaña.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la muerte de Mariana Andrés por falta de atención médica no es el único caso del hospital.

“Ahí (en el Hospital) son sumamente negligentes, al grado que han acaecido muchas muertes de mujeres embarazadas que pueden haberse evitado”, planteó Tlachinollan en un artículo difundido hace algunos días.

Reportó que Mariana Andrés era jornalera agrícola, y empezó con los dolores de parto el 5 de mayo y sus familiares la llevaron al centro de salud de su comunidad, Santa María Tonaya.

El médico que la atendió le diagnóstico un grave problema de desnutrición y la envío al Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, donde parió pero, al final, se agravó.

“Una ambulancia que iba a trasladar a Mariana al Hospital de Chilpancingo se quedó parada una hora y, aunque se habló de que estaba en disposición otra ambulancia, Mariana murió”, publicó Tlachinollan.

 

Guerrero: sin protocolos para proteger a víctimas de matrimonios forzados

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

Chilpancingo

 

Anayeli tenía 15 años cuando fue obligada a casarse con un joven de su comunidad.  Anayeli no eligió a su pareja, fue su madre quien decidió con quién uniría su vida.

De eso han pasado dos años.

La historia de Anayeli es una de tantas que suceden en la región de la Montaña de Guerrero, donde cientos de niñas, adolescentes y mujeres son obligadas a casarse con hombres que apenas conocen a cambio de dinero.

La venta de niñas, adolescentes y matrimonios forzados son prácticas que se realizan desde hace muchos años en comunidades de la Montaña.

Anayeli es originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande. Ella no quería casarse y se lo hizo saber a su madre.

Antes de que la familia de quien sería su esposo entregara el dinero para formalizar el matrimonio, Anayeli huyó de su casa. El pago acordado era de 200,000 pesos.

Anayeli es huérfana de padre, lo asesinaron. Su madre se endeudó para los gastos funerarios.

Al ver que no tenía ingresos pensó que la mejor idea para salir de la crisis era vendiendo a Anayeli.

Por resistirse al matrimonio forzado, Anayeli fue detenida por policías de su comunidad. Se refugió en la casa de un vecino donde permaneció por unas horas. Hasta ese lugar llegó la policía para llevársela junto con el joven con el que se casaría. También a un primo quien se encargó de establecer la negociación con la familia y a un tío que supuestamente la aconsejó para que huyera de su casa.

A través de una llamada anónima, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan se enteró y acudió a Joya Real para atender y acompañar a Anayeli.

Después de dialogar con algunas personas de la comunidad, lograron la libertad de Anayeli y del adolescente con el que se casaría. Fue trasladada a la Casa Hogar DIF, en Chilpancingo.

«Hasta este momento no hay ningún tipo de protocolos actuación en el caso de estas niñas que son obligadas a casarse», afirma Neil Arias Vitino, abogada de Tlachinollan.

Anayeli estuvo en la casa hogar un año cinco meses, tiempo en el que se enfrentó a otras situaciones como la pérdida de su identidad.

Su estancia en la casa hogar será hasta que cumplen la mayoría de edad o mientras no haya algún familiar con quien quedarse.

De acuerdo con la abogada, Anayeli estaba en un lugar en el que su contexto era diferente al de las demás niñas.

En la Casa Hogar del DIF la mayoría de las niñas y adolescentes están ahí porque son huérfanas, todas hablan castellano mientras que Anayeli venía de una comunidad monolingüe. Ante la necesidad de comunicarse tuvo que aprender el castellano.

«Ya hasta se me estaba olvidando hablar mi lengua», le expuso Anayeli a Arias Vitino.

Después de cinco meses Anayeli dejó la casa hogar y se reintegró con sus familiares paternos en su comunidad. Lo hizo, de acuerdo con Arias Vitino, sin ningún tipo de protocolo ni acompañamiento institucional.

«Las instituciones al ser una víctima tienen que darle otro tipo de atención. Cuál es el protocolo, cómo van a continuar dándole atención a estos casos. Ella en la casa hogar culminó su primaria, pero qué va a pasar de ahí, ella tiene que continuar con sus estudios».

Anayeli está desempleada, aunque ahora está con familiares, pero «ellos no tienen la obligación de darle el alimento».

El presidente municipal de Cochoapa El Grande le regaló 12 despensas para que se alimente por unos días.

Pero la necesidad va más allá, Anayeli tiene que vestirse y comprarse cosas personales.

Ahora la menor está preocupada, según Arias Vitino, porque no sabe qué hará y cómo obtendrá recursos para ser autosuficiente.

En la casa hogar no le dieron ningún tipo de curso para que aprendiera algún oficio.

«Ella está pensando que se va a ir de jornalera a trabajar a los campos agrícolas”, dice la abogada.

El caso de Anayeli no es el único, también en la misma comunidad ocurrió el caso de Angélica, otra menor que fue obligada a casarse.

Angélica acusó a su suegro de abusar de ella sexualmente mientras su esposo se encontraba en los Estados Unidos.

La privaron de su libertad, la acusaron de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía, quien denunció la violación y acusó a las autoridades de privarla de su libertad.

Angélica no puede regresar a su comunidad debido a que sufre de violencia comunitaria.

«Estas niñas son mal vistas en la comunidad, sufren violencia comunitaria al revelarse por no querer casarse», comenta la abogada.

Ni Angélica ni Anayeli tuvieron acompañamiento ni protección por parte de las autoridades, a pesar de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, visitó en 2022 algunas comunidades de la Montaña y se comprometió a que se frenaría la venta y matrimonio forzado de niñas y adolescentes.

«Muchas de estas niñas sufren depresión e incluso le han dicho a sus mamás que mejor se quieren morir porque ellas no quieren esa vida, y no querían casarse».

Aunque los matrimonios forzados y la venta de niñas y adolescentes ya son considerados delito, Tlachinollan tiene registro de 10 matrimonios forzados en lo que va del año.

Arias Vitino explicó que esta práctica continúa, ahora, de manera clandestina.

El gobierno del estado realiza algunos talleres de sensibilización en la región de la Montaña, pero no todos los comisarios lo ven como algo bueno.

«Tú no le puedes ir a decir a los hombres cuáles son sus deberes y que está prohibida está práctica”, explica.

Los hombres cuestionan que así vivieron sus bisabuelos y abuelos.

Además de que en la mayoría de estos talleres son las mismas mujeres enviadas por sus esposos las que asisten.

«Es importante el apoyo y el respaldo dentro de los mismos municipios, de las autoridades y que tengan voluntad política para terminar con estas prácticas […] En la mayoría de cómo se dieron a conocer estos casos, es porque ya hay un hartazgo y porque las niñas y mujeres están viviendo muchos tipos de violencia, violencia sexual, violencia económica. Esto es lo que ha detonado que se conozcan los casos».

 

A golpes, pobladores nahuas de Acatlán piden por buen temporal

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Acatlán

A golpes y vestidos de tigres, mujeres y hombres nahuas de Acatlán, municipio de Chilapa, en la Montaña baja de Guerrero, piden y ofrendan por una buena temporada de lluvia y abundancia para sus cosechas.

Esta es una tradición milenaria, los pueblos originarios la enseñanza generación tras generación para que no se pierda la costumbre de pedir todos los años a la Santa Cruz un buen temporal de lluvias.

Los primeros días de mayo, desde las cuatro de la mañana, los pobladores de Acatlán emprenden una caminata de cuatro horas de camino.

Esas horas son de subida por un sinuoso camino que lleva hasta la cima del cerro del Cruzco, el punto más alto de la zona.

Una vez arriba comienza un ritual que incluye peleas de tigres, comida, rezos y mucho humo de copal, y es llamado Atlzazilistle. La comida es el resultado del sacrificio de decenas de gallinas que los mismos pobladores ofrendan.

Otro elemento muy característico de este ritual de petición de lluvia son las peleas entre mujeres y entre niñas y niños.

Como una sacrificio donde ofrendan su fuerza, los peleadores se enfrentan a puño limpio. En las peleas, los golpes son una ofrenda para que las lluvias lleguen a tiempo y puedan cosechar buena cantidad de maíz y frijol, los principales cultivos de la región.

Benjamín Calzada Terrero, comandante de la Comisaría de Acatlán, contó que estos rituales son milenarios y siempre tuvieron el objetivo de pedir porque haya buenas lluvias, y como consecuencia abundancia en maíz, frijol, chile y calabaza.

«Aquí la gente viene a dejar pollos, comida, todo como una ofrenda, y aquí los señores de antes y ahora nosotros venimos a ofrendar a las cruces», mencionó.

Las ofrendas de comida van desde tamales, mole, caldo de pollo, que después de ofrecerlo a las cruces, los participantes y visitantes los degustan.

Las tripas y visceras de los pollos se colocan y se cuelgan de las ramas de los árboles como una ofrenda a la naturaleza.

«Las pelas de tigre son para que pedir que la temporadas de lluvias llegue bien y las personas que siembran tengan buenas cosechas», mencionó Benjamín.

Este ritual es uno de tantos que realizan las comunidades nahuas de la zona Centro de Guerrero para pedir por una buena temporada de lluvias.

Acatlán, es un pueblo originario ubicado a 15 minutos de Chilapa, cabecera de este mismo municipio.

El ritual y las peleas en lo alto del cerro iniciaron casi a las tres de la tarde y concluyeron unas dos horas después.

 

Muere niño hijo de jornaleros por falta de atención médica en la Montaña

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que un menor de cinco años falleció en la comunidad de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, por falta de atención médica en la zona.

El menor, de quien se omitió el nombre para proteger su identidad, falleció de parasitosis «por no tener atención médica adecuada, rápida y oportuna» mientras era trasladado a la cabecera municipal de Cochoapa el Grande, uno de los municipios más marginados del estado.

La historia del menor fue contada durante el programa de radio de Tlachinollan, transmitido en la XZV La Voz de la Montaña los jueves de cada semana.

El menor es hijo de un matrimonio que todos los años migra a los campos agrícolas del norte del país, y por la dificultad que representa el traslado para una familia completa los padres decidieron que se quedara en su natal Calpanapa, al cuidado de su abuela, quien también era jornalera pero por la edad ya no continuó en el oficio.

El pasado 10 de abril el menor de cinco años comenzó a presentar vómito, diarrea y temperatura, pero en su comunidad no cuentan con un centro de salud, mucho menos médicos ni medicamentos.

Por la falta de transporte, el menor fue trasladado hasta el día siguiente a la clínica más cercana, en Dos Ríos, a 20 minutos de distancia.

Al llegar al hospital básico de Dos Ríos la familia se percató que no había médicos, por lo que las enfermeras decidieron no atenderlo y recomendaron trasladarlo a Cochoapa el Grande para que de ahí lo enviaran al Hospital General de la ciudad de Tlapa.

Por cierto en este nosocomio ubicado en Tlapa sus 200 trabajadores, entre médicos, enfermeras y personal administrativo tienen casi dos meses en paro de labores para exigir la destitución de dos funcionarios, la reparación del quirófano, la lavandería y el envío de medicamentos.

La mayoría de los caminos en la Montaña son de terracería, donde las camionetas no pueden circular a más de 30 kilomentros por hora. El menor falleció durante el traslado a la ciudad de Tlapa; un traslado que hizo la propia familia con sus propios medios y recursos.

Ante esta situación Tlachinollan llamó a las autoridades poner atención a la marginación que se vive en la zona.

«Esta situación pone en evidencia todas las deficiencias que tiene el sector salud en la Montaña, sobre todo las comunidades más alejadas y son las familias pobres las que siguen sufriendo el abandono total de parte de las autoridades estatales y federales donde una simple diarrea los puede llevar a la muerte», dijo el vocero de Tlachinollan durante el programa de radio de la organización, Salvador Cisneros Silva.

Otro tema que denunció Tlachinollan fue el que enfrentan las mujeres embarazadas al dar a luz porque no médicos ni personal capacitado.

En esta situación, a veces en plena labor de parto, las mujeres tienen que viajar hasta cinco horas para ser atendidas por un especialista.

«Estas son las situaciones que prevalecen en las comunidades indígenas».

Sobre los médicos cubanos que prometió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador enviar a las zonas más marginadas del país, Tlachinollan mencionó que hasta la fecha desconocen si la Montaña de Guerrero será beneficiada con la asignación del personal.

Desde el 2021, el Instituto de Salud del Bienestar puso en marcha el Hospital Básico Comunitario en Tlacoapa, luego de permanecer cerrado desde el 2013 por las afectaciones de la tormenta tropical Manuel y el Huracán Ingrid.

El gobierno federal lo puso en funcionamiento pero desde hace casi dos años no han llegado los seis médicos especialistas que solicitan.

Insabi invirtió 70 millones de pesos para la rehabilitación de este hospital.
En los 19 municipios de la Montaña hay 200 centros de salud y ocho hospitales básicos comunitarios, además del Hospital General de Tlapa.

Pero, según los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Secretaría de Salud, en todos los estos centros de salud y hospitales no hay suficientes medicamentos y equipo, y por lo visto, tampoco personal.

Ciudadanos expulsan a pedradas de Xalpatláhuac a Ejército y Guardia Nacional

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desalojados a pedradas por mujeres y hombres de la cabecera municipal de Xalpatláhuac en su intento de recuperar el ayuntamiento que horas antes fue abandonado por un grupo de policías comunitarios.

Durante la trifulca, las mujeres zarandearon al director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y al subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Sánchez quienes encabezaron la operación para desalojar y detener al grupo de autodefensas que desde octubre del 2021 tomaron el ayuntamiento tras expulsar a balazos a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

La estrategia del gobierno para recuperar la alcaldía surgió luego de que este martes los civiles armados golpearon y luego  retuvieron al DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes quien fue liberado este miércoles en la noche tras obligarlo a firmar una minuta de acuerdos en el que exculpa a sus agresores.

Sin embargo cuando este jueves a las ocho de la mañana el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal arribaron a Xalpatláhuac los policías comunitarios se habían retirado del edificio del ayuntamiento.

Según testimonios de personas de esa localidad ubicada en la región de la Montaña, todo estaba desarrollándose de manera normal cuando alrededor de las 14 horas la gente se arremolinó cerca del ayuntamiento cuando se percataron que los militares, Guardia Nacional y los agentes estatales se llevaban dos camionetas del ayuntamiento y que utilizaban los comunitarios para realizar sus redadas.

Fue entonces que la gente, en su mayoría mujeres, empezaron a lanzarle piedras a los uniformados federales y estatales.

Rodríguez Cisneros trataba de calmar los ánimos de las mujeres pero se le fueron encima y le exigieron que se retirara del pueblo.

Rodríguez Cisneros e Irving de Jesús Sánchez, decidieron suspender la operación y junto con los militares, GN y policías estatales abandonaron el pueblo entre insultos de la gente.

El conflicto en este municipio surgió en octubre del 2021 cuando la alcaldesa Maldonado Sotelo encabezó una reunión en el zócalo del pueblo para analizar el trabajo que venía realizando la policía comunitaria.

Después surgió una discusión entre la edil con los líderes de las autodefensas.

Finalmente Maldonado Sotelo y otros funcionarios tuvieron que abandonar la localidad luego de que los policías comunitarios les empezaron a disparar con armas de fuego.

Nadie resultó herido.

Desde octubre del 2021, unos 40 policías comunitarios que se dicen pertenecer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tomaron el ayuntamiento.

«Desde que los policías comunitarios tomaron el ayuntamiento ellos han tomado el control del pueblo realizando extorsiones a los comerciantes y empresas que van a vender sus productos a Xalpatláhuac», asegura la edil quien despacha en una casa particular en la comunidad de Cauatache.

«La población de Xalpatláhuac vive aterrorizada porque los policías recorren las calles armados con rifles Ak-7 y AR-15 y aquel ciudadano o ciudadana que comete una falta es detenido y encerrado en la cárcel municipal en donde es rapado», aseguró Maldonado Sotelo.

Después de que las fuerzas federales y estatales se retiraron de esa localidad se prevé el regreso de los policías comunitarios, aseguraron fuentes del gobierno.

Antes de que los pobladores de Xalpatláhuac expulsaran a pedradas a las fuerzas federales y estatales tuvieron un diálogo con los mandos policiales.
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