Despiden a sus muertos entre música, cantos, cohetes, incienso y flores

Texto y fotos: Marlén Castro

Ocotequila / Copanatoyac

4 de noviembre del 2023

 

Después de pasar cerca de dos días con sus muertos, a las cinco de la tarde del 3 de noviembre, es hora de ir a dejarlos al panteón de nuevo.

En un arroyo, a la entrada del panteón, ocurre la despedida.

A las cinco de la tarde, las familias salen de sus casas para congregarse afuera de la iglesia.

Para cada muerto de la familia preparan un tanate con comida para que éste la lleve consigo.

Con el paso del tiempo, la tradición se ha modificado un poco, pero mantiene la esencia.

En Ocotequila, una comunidad nahua del municipio de Copanatoyac, a las cinco de la mañana del 3 de noviembre, es hora del chocolate y pan con los muertos.

Los tanates, una especie de morrales circulares hechos de palma, los sustituyeron por morrales de plástico. Cada tanates cuesta alrededor de 80 pesos y los morrales alrededor de 20. Los tanates ahora son caros porque la mayoría de la gente que los tejía ya murió y porque la palma ya no abunda.

Los habitantes de Ocotequila dejan a sus muertos en una procesión colectiva.

En otros pueblos nahuas esto pasó a ser una acción individual, cada familia, de acuerdo con sus tiempos, lleva de regreso a sus muertos.

En Ocotequila se convoca a todos a reunirse a las cinco en punto. Las familias salen de sus casas de forma apresurada, porque a algunas se les hace tarde con los tamales que llevarán sus muertos a su regreso.

Una habitante de Copanatoyac apegada a la tradición lleva la comida para sus muertos en tanates que por la escasez ahora son un artículo muy caro.

Los días 2 y 3 de noviembre que conviven vivos y muertos. Los habitantes vivos y los muertos van y vienen del panteón a la casa familiar para compartir alimentos y convivir.

A las seis de la tarde del 2 de noviembre, llevan alimentos para cenar en el panteón. Después de un tiempo, la gente retorna a sus hogares.

A las cinco de la mañana del 3 de noviembre regresan al panteón para tomar chocolate con los muertos. Con el paso del tiempo esto pasó a ser simbólico. Ya no llevan el chocolate humeante a las tumbas. Sólo unas barras de cacao hechas en casa que colocan en canastas para que los muertos degusten.

Regresan a sus casas, se supone que los vivos y los muertos, después les dan de almorzar los tamales del día anterior recalentados. Los vivos también los comen así.

Para la despedida, hacen de nueva cuenta tamales. Ahora son de masa y de frijol, o nejos, solo de masa con ceniza. Algunas familias, las de mayor posibilidad, agregan mole. La mayoría hacen el bastimento para los muertos solo con tamales.

Esos tanates de palma los han sustituido por morrales de plástico.

 

Así inician la procesión para llevar de regreso a los muertos al panteón.

 

Aquí se despiden de sus muertos. Depositan las flores que durante estos dos días animaron el reencuentro.

Protestan en el Congreso local en reclamo de aprobación del Cabildo instituyente de Santa Cruz del Rincón

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Pobladores del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón, ubicado en la Montaña de Guerrero, marcharon en Chilpancingo y bloquearon el edificio del Congreso local para exigir una explicación sobre la decisión en pleno de rechazar a su Cabildo instituyente.

Durante la sesión extraordinaria del jueves pasado, el pleno del Congreso local votó los cuatro cabildos instituyentes para los municipios de Las Vigas, desprendido de San Marcos; San Nicolas, que se desprenden de Cuajinicuilapa; Ñuu Savi, de Ayutla de Los Libres y Santa Cruz del Rincón, que pertenecía a Malinaltepec.

Pero sólo aprobó el Cabildo de Ñuu Savi y los tres restantes los regresó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para un nuevo análisis.

De acuerdo con la presidenta de la Jucopo, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, lo hicieron así porque había desacuerdos en las asambleas municipales de Las Vigas, San Nicolás y San Cruz del Rincón.

Este mediodía, durante la protesta afuera del Congreso local, el presidente del Comité Gestor de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, dijo que ellos cumplieron con todos los requisitos y negó un desacuerdo en las asambleas.

“Como municipio hemos estado cumpliendo, se nos hace injusto que jueguen con nuestra dignidad como pueblos originarios, que nos pisoteen y nos traten como a ellos se les de la gana”, comentó.

Expuso que las 19 comunidades que integran Santa Cruz del Rincón avalaron la propuesta enviada al Congreso local.

Esta integrada de la siguiente manera: como alcalde a Godofredo Avilés Mendoza, como síndica a Fabiola Oropeza Calderón, y en las regidurías a Lázaro Rea Basurto, Angelina Jesús García, Nabor Jinete Piza, María Manzanares Castro, Carmen Castro Rojas y Felícita Medel Agustín.

Con la votación en contra de las tres planillas, el Congreso local alarga más el proceso de institucionalización de estos cuatro nuevos municipios, donde sus pobladores desde hace dos años buscan reconocimiento legal.

“Son dos años desde que el Congreso aprobó la creación de los municipios, pero detrás hay una lucha de más de 25 años y hoy por simples intereses políticos el Congreso nos niega nuestro derecho como pueblos originarios”, dijo Rodríguez Flores.

El 31 de agosto, el último día de la 62 legislatura, los diputados aprobaron la creación de estos cuatro municipios, y dejaron a esta legislatura la tarea de aprobarlos.

En enero del 2022, la 63 legislatura ratificó la creación de estos municipios y sus nombres fueron agregados a la Constitución Política del Estado de Guerrero.

Lo que faltaba era una autoridad que manejara la gobernabilidad de los municipios, lo cual también es competencia del Congreso local; lo que lleva casi dos años de retraso.

Para el diputado morenista, Alfredo Sánchez Esquivel, quien durante la 62 legislatura fue el principal promotor de estos municipios, la decisión de sus compañeros de bancada de no aprobar tres de las cuatro planillas fue una “conjugación de intereses políticos”.

Explicó que hubo quejas e inconformidades de los pobladores que no estaban de acuerdo con los nombres que aparecieron en las planillas.

“Pero eso es normal en cualquier proceso político, en el que definitivamente algunos salen beneficiados y otros se sientes perjudicados, pero nosotros seremos respetuoso de lo que se dé”, dijo Sánchez Esquivel.

En el caso de Ñuu Savi, la planilla única aprobada por unanimidad está conformada por Donaciano Morales Porfirio, como alcalde; Eusebia de los Santos Hermelinda, quien sería síndica procuradora y Víctor Bernabé Porfirio, Hermelinda Campos Leyva, Inocente Morales Álvarez, Maribel García Maximino, Rodrigo Silverio Guadalupe y Divina Oropeza de la Luz, como regidores.

En la sesión del 23 de agosto próximo, la Comisión Permanente tomará protesta de ley a los integrantes del Ayuntamiento instituyente Ñuu Savi, quienes fungirán en el cargo a partí de esa fecha hasta el 29 de septiembre del 2024.

Hasta las tres de la tarde, los 100 manifestantes de Santa Cruz del Rincón mantenían bloqueados los accesos al Congreso local en espera de una reunión con los integrantes de la Jucopo.

“Ya nos dijeron que van a ver la posibilidad de reunir a los diputados, y si es necesario nosotros aquí estaremos porque viajamos seis horas, ya gastamos y no podemos regresar sin una respuesta”, agregó Rodríguez Flores.

Tres días después, la FGE acude a zona nahua a levantar la denuncia sobre integrantes del Cipog-EZ desaparecidos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Tres días después de la desaparición de los jornaleros que son integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió Alcozacán a levantar la denuncia por desaparición, confirmó el representante de la organización, Jesús Plácido Galindo.

La desaparición de Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral ocurrió la mañana del jueves 17 de agosto, después de llegar a Chilpancingo provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa. El personal de la FGE acudió hoy a la comunidad.

“Lo último que nos avisaron ya estaban en la Urvan que viene a Chilapa y de ahí ya nadie supo nada”, dijo Plácido Galindo en entrevista telefónica.

De acuerdo con Placido Galindo, a las once de la mañana de hoy acudió personal de la FGE para levantar las denuncias de los tres desaparecidos.

El día de ayer, el Cipog-EZ comenzó un bloqueo carretero por la desaparición de sus tres integrantes y para exigir un acercamiento con el gobierno estatal, y solicitar a la FGE la búsqueda inmediata de los desaparecidos y justicia para dos personas de su organización asesinadas el domingo pasado.

El bloqueo continúa hasta esta tarde en la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de Alcozacán. Los habitantes de la zona nahua de la Monataña baja, a la que también pertenece Zacapexco, de donde son originarios los jornaleros desaparecidos, exigen la búsqueda de sus paisanos y compañeros, además de un alto a la violencia en la zona y el desmantelamiento del grupo criminal Los Ardillos, a quienes señalan como culpables y principales generadores de violencia.

“Si sienten que el tema es de competencia del gobierno federal de alto nivel, pues, con ellos queremos mesa de diálogo; sólo así desbloquearemos la carretera”, mencionó Plácido Galindo.

Antes que incitaran el bloqueo ayer, los integrantes del Cipog-EZ marcharon por la comunidad de Alcozacán, donde pidieron justicia por sus tres desaparecidos del 17 de agosto y los dos asesinados la mañana del domingo 13, en la cabecera municipal de Chilapa, mientras compraban combustible en una gasolinera.

“Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo Juan (…) se encontraban trabajando y regresaban de la cabecera municipal a su localidad de origen cuando fueron sorprendidos por civiles armados; (las víctimas) estaban desarmadas y no tuvieron la oportunidad de defenderse”, mencionó uno de los oradores del mitin.

Por los hechos, el Cipog-EZ señaló al grupo criminal Los Ardillos.

En la protesta, el Concejo hizo un llamado a las familias de víctimas de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas a sumarse para que de manera conjunta reclamen justicia.

“Es por esta falta de justicia y legalidad que marcharemos e iniciaremos un bloqueo indefinido en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera para exigir la seguridad y justicia a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solicitamos una mesa de diálogo con un representante que en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero. Basta de simulaciones, estamos cansados de hacer denuncias que no sirven de nada; no permitiremos más asesinatos, no daremos tregua al gobierno, nos resuelven o nos quedamos plantados en la carretera”, se lee en un comunicado emitido después de iniciar el bloqueo.

“No vamos a liberar hasta que lleguen los que le competen resolver nuestras demandas, porque aquí la exigencia es detener un genocidio que el gobierno está permitiendo”, agregó Plácido Galindo.

Hasta el momento la FGE no ha emitido las fichas de búsqueda de los tres desaparecidos del Cipog-EZ.

 

Cumple centro de salud en Metlatónoc 15 días con la atención en estacionamiento por daños a edificio

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Centro de salud de Metlatónoc

Chilpancingo

Personal médico del centro de salud de Metlátonoc, en la Montaña, cumplió 15 días con la atención a los pacientes en el estacionamiento del edificio, por las malas condiciones físcicas del inmueble.

Azucena Ortiz, enfermera del mencionado centro de salud, contó que desde hace un años comenzó el deterioro del edificio, pero se agravó durante esta temporada por lluvias; por su seguridad y la de los pacientes decidieron cancelar todos los servicios.

Ahora atienden urgencias en el estacionamiento y dentro de una ambulancia.

«Primero (el edificio) comenzó con problemas de humedad, luego goteras, después unas cuarteaduras; de repente hace como seis meses una parte del techo se cayó y con las lluvias, pues, nos inundamos; el desprendimiento del techo fue más evidente», contó Azucena.

El problema ahora no es sólo el personal médico. De acuerdo con la enfermera hay pacientes que atienden en sillas de plástico, en el piso y a quienes llegan muy graves, en una ambulancia.

«Ahorita tenemos una paciente de diabetes que llegó con la azúcar muy alta y ya lleva dos días con diarrea y vómito, y por el momento se atiende dentro de la ambulancia ya que la sala de atención médico esta completamente inundada», agregó la enfermera.

Además de las malas condiciones del inmueble, uno de los problemas a los que ya se enfrentaba el centro de salud es que no tiene el equipo necesario para atender a los pacientes.

Victoria León es originaria de Metlatónoc, tiene ocho meses de embarazo; le faltan pocos días para su parto, pero por falta de equipo médico desconoce el sexo de su hijo o si viene con alguna mala formación.

Todos sus ultrasonidos se los mandaron a realizar a Tlapa de Comonfort, pero es complicado para ella, por el gasto y la lejanía.

«Es muy riesgoso por los caminos y por la lluvia», mencionó Victoria en uno de los videos que constantemente difunden los trabajadores del centro de salud para denunciar las condiciones del lugar.

Desde el 1 de agosto pasado, el personal médico, de enfermería y administrativo del centro de salud anunció que cerró sus instalaciones y suspendió el servicio a la población por daños graves en el edificio.

Desde entonces sólo atiende urgencias y mujeres embarazadas en el estacionamiento del lugar.

Esta decisión, explicó en su momento el personal, fue para «no poner en riesgo a las personas que requieran algún servicio de salud».

Por las fuertes lluvias en Metlatónoc de hace 15 días, el edificio del centro del centro de salud sufrió la caída del plafón del techo, y con esto inundaciones en varias áreas del inmueble.

La titular de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG), Aidé Ibarez Castro, informó que el próximo jueves instalarán un hospital móvil en Metlatónoc e iniciarán la construcción de un hospital con apoyo del gobierno federal.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el centro de salud de Metlatónoc es un ejemplo del abandono y la indolencia de las autoridades.

Mediante un comunicado mencionaron que «es inadmisible que se siga dando consulta sobre charcos de agua y que una sala de operaciones tenga el techo dañado, por donde se filtra el agua».

Tlachinollan recordó que en octubre del 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Metlatónoc y se comprometió a construir un hospital.

Aun con esas promesas «nada ha cambiado, más bien, está a punto de colapsar la única institución médica que atiende a más de 60 comunidades na savi de la cabecera municipal», se lee en otra parte del comunicado.

 

Grupo armado asesina en emboscada a dos funcionarios y dos taxistas

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: En Primer Plano

Chilpancingo

Dos taxistas y dos funcionarios del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán murieron luego de ser atacados a balazos por un grupo armado cuando viajaban en distintos vehículos sobre la carretera federal Tlapa-Chilapa, la noche de este miércoles.

En la agresión armada ocurrida en esta vía federal en las inmediaciones del crucero hacia la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, dos personas resultaron heridas.

Los reportes oficiales dieron a conocer que hombres armados se instalaron en un cerro desde donde dispararon contra dos taxis, una camioneta Urvan de transporte público y un vehículo oficial del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán que circulaban en esta vía.

En la emboscada murieron el chofer de la camioneta Urvan de transporte público, un taxista que iba en su unidad, así como Luigi Arath Pociano Juárez, director de Seguridad Pública y José Luis Báez Vázquez, director de Catastro del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán quienes viajaban en un vehículo oficial.

Debido a este ataque armado donde murieron dos trabajadores del volante, a partir de este jueves fue suspendido el servicio de transporte de la ruta Tlapa-Chilapa.

 

Marchan en Tlapa para exigir justiciar por Gaspar, niño que murió por una bala pérdida

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Tlachinollan 

Chilpancingo

Familiares, amigos, maestros y compañeros del niño Gaspar «N, de siete años, originario de Tlapa de Comonfort, realizaron esta mañana una marcha para exigir justicia y castigo a los responsables de su muerte.

El niño fue herido en la cabeza por una bala pérdida durante un ataque armado el lunes pasado, a la altura del río Jale, también un adulto identicado como Luis «N», de 60 años, quien era chofer de una unidad de la ruta Cochoapa el Grande-Tlapa.

Luis y Gaspar fueron trasladados al hospital de Tlapa, donde el primero falleció. El menor fue llevado en helicóptero al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo.

Gaspar permaneció en el hospital hasta el día de ayer; antes de ser intervenido perdió la vida.

El niño era conocido como Gasparcito, cursaba el primer año en la escuela primaria Galileo, turno matutino.

Existen dos versiones sobre su asesinato. Una es que acompañó a su madre a vender comida cerca del lugar donde ocurrió el ataque armado.

La madre de Gaspar tiene tres hijos más, por lo que en redes sociales algunas personas de la ciudad se solidarizaron para brindarle apoyo económico.

Otra versión indica que Gaspar hacía la tarea en su casa, ubicada cerca del lugar cuando la bala lo alcanzó.

La muerte de Gaspar causó indignación entre los habitantes de la ciudad.

«Era un pequeño de siete años que sólo estaba en el lugar y la hora equivocada», escribió una usuaria en redes sociales.

Fue iniciativa de maestros e integrantes del Comité de Padres de Familia de la escuela realizar la marcha para exigir justicia por el menor.

La marcha partió de la primaria Galileo y llegó al Ayuntamiento de Tlapa.

Durante la marcha las niñas, niños, maestros y maestras vistieron ropa color blanca, y llevababan pancartas y globos blancos; durante el recorrido el contingente se mantuvo en silencio.

«Los niños también tenemos derechos», «Justicia para Gaspar», «Sr. Presidente (Gilberto Solano Arreaga) urge la seguridad», fueron las consignas que se leían en las pancartas que después colocarons en la entrada del Ayuntamiento.

«Es una marcha pacífica. Exigimos justicia para nuestro alumno Gaspar, quien estaba en el lugar y la hora equivocados. Queremos que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes», mencionó el director de la primaria Galielo, Julián García Narciso.

Al término de la marcha los alumnos soltaron globos blancos y aplaudieron de manera en memoria de Gaspar.

 

Protestan habitantes de Ñusavi, nuevo municipio de Costa Chica, para que diputados cierren proceso legislativo de su conformación

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Pobladores del municipio Ñusavi, creado en agosto del 2021 y ubicado en la Costa Chica del estado, protestaron afuera del Congreso local para exigir que los diputados nombren al Ayuntamiento constituyente que debió rendir protesta ante el pleno desde hace dos años.

Como sigue pendiente esa formalidad, el municipio sigue sin presupuesto. “Todo eso de los ayuntamientos constituyentes nos afecta porque en nuestro caso, el municipio de Ayutla de los Libres (de donde se desprende Ñusavi), ya no nos apoya, por lo que no tenemos acceso a obras, presupuesto o rehabilitación, nos dicen que ya somos municipios y nos dejan solos y sin ayuntamientos no podemos gestionar nada”, dijo el representante del Comité Gestor de Ñusavi, Melquiades Gregorio Porfirio.

De acuerdo con Gregorio Porfirio no existe impedimento legal para instalar los ayuntamientos constituyentes de Ñusavi, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y San Nicolás, creados en 2021 por el Congreso local.

Los pobladores de estos cuatro municipios, ubicados en la Costa Chica y Montaña de Guerrero, exigen al Congreso local continuar con el proceso legislativo que dé certeza y legalidad jurídica a sus municipios recién creados. El Congreso local debe aprobar las actas de asamblea donde los pobladores votaron por su Cabildo constituyente

Ñusavi lo integran 35 comunidades que antes eran de Ayutla de Los Libres.

“El último temor que había era un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de algunos pobladores que no querían la creación del municipio, pero la Corte ya falló a favor de los municipios y no hay motivos para evitar los nombramientos”, dijo Gregorio Porfirio.

Los integrantes del Comité Gestor de Ñusavi señalaron durante el mitin en la entrada principal del Congreso local a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la morenista Yoloczin Domínguez Serna, de detener los trabajos desde septiembre del 2022, fecha en que asumió la administración del Congreso del Estado.

El motivo de la protesta fue por que después de dicho falló de la SCJN, el Congreso local les informó a los gestores de la creación del municipio Ñusavi que realizarían una consulta y una asamblea para elegir a los integrantes del Cabildo constituyente.

“Estamos rechazando totalmente una consulta que pretenden hacer sin razón, porque ya se hizo anteriormente, ellos (los diputados) avalaron nuestra asamblea y propuesta y por eso la exigencia inmediata es la instalación de los ayuntamientos constituyentes, no queremos otra consulta”, dijo Gregorio Porfirio.

Los alrededor de 100 manifestantes que participaron pidieron una reunión con los integrantes de la Jucopo y dijeron que únicamente dialogarán con ellos y no con los asesores o secretarios técnicos.

Advirtieron que en caso de obtener una respuesta negativa ampliarían sus protestas.

La única promesa fue una mesa de trabajo pero no les dieron fecha u hora.

La manifestación comenzó antes del mediodía, a la altura del cruce de las avenidas Ruffo Figueroa y Lázaro Cárdenas, y partieron en marcha hacía el inmueble del Congreso local.

Las manifestantes marcharon con pancartas de protesta en donde exigieron nombrar el Ayuntamiento Ñusavi.

Los otros tres municipios están en misma situación: Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y San Nicolás.

La protesta se retiró a las cuatro de la tarde con la promesa de una mesa trabajo.

La Montaña de Guerrero: el lugar donde los servicios y los programas para el campo son casi inaccesibles

La ausencia del Estado en La Montaña guerrerense va desde el abandono en materia de salud, educación, seguridad y empleo hasta la desaparición de programas sociales específicos para la población trabajadora agrícola. En comunidades donde las personas no tienen nada, mucho menos cuentan con terrenos suficientes para cumplir los requisitos del programa Sembrando Vida.


Texto y fotografía: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.

Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.

De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.

En Tlapa, el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas es de 83.4% —con un crecimiento gradual desde el 2000, cuando era de 69.8%—, según estadísticas del Inegi. El promedio de escolaridad es de secundaria inconclusa (8.2 años). El 64% de la población de más de tres años no asiste a la escuela, frente a 36% que sí.

La migración de los habitantes de la región a otros estados comenzó a volverse sistemática en la década de los 70, cuando se evidenció la insuficiencia de las condiciones de las comunidades. En México, las personas que trabajan en el campo sobreviven al margen de todo, incluso de las estadísticas oficiales, pero estimaciones del Inegi señalan que alrededor de 2.5 millones laboran como empleadas en centros de producción agrícola.

Sin embargo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que contemplaba apoyos directos y acciones sociales para el desarrollo de esta población, y que había disminuido en 84% sus beneficiarios entre 2008 y 2016 a pesar de haber recibido 91% más de presupuesto en ese periodo, hoy ya no existe. En 2015, alcanzaba a 103 mil 140 personas.

Destinado específicamente a reclutar, seleccionar y enviar población migrante internacional a Canadá, sobrevive el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que en los últimos seis años, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado anualmente a 24 mil 800 personas en promedio. De ellas, solo 3% son mujeres. Las variaciones por año son mínimas; mientras el registro no crece, la migración sí.

Si antes se limitaba a la temporada más alta, entre septiembre y mayo, hoy es permanente, según lo documentado por Tlachinollan. Aunado a ello, las remesas recibidas en Tlapa, uno de los municipios guerrerenses con más envíos de dinero por parte de migrantes internacionales a sus familias, pasaron de más de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019 a 106 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, un incremento del 116%, de acuerdo con datos del Banco de México.

Para el campo mexicano, a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo se enfocó en el programa Sembrando Vida, que según el gobierno federal tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores. A cargo de la Secretaría de Bienestar, desde 2018 presumió el objetivo de revertir el abandono al sector por parte de gobiernos anteriores.

Según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.

Si en La Montaña guerrerense no hay acceso a servicios o empleo, mucho menos a terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, al que se llega solo por caminos de terracería, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras entre 70% y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados, temporal o definitivamente, para poder trabajar en el campo, según lo refirieron autoridades comunitarias.

En su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados, 30.7% de ellas mujeres. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas. Por otro lado, no hubo mecanismos de control, en general, para probar documentalmente que los beneficiarios del programa cumplían los criterios y requisitos de elegibilidad.

Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Las reglas de operación establecen que al menos 20% deben ser mujeres. Tomando en cuenta la estimación del Inegi, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México. En contraste, entre quienes no tienen propiedad y no les queda más que trabajar para un empleador, solamente del 3% al 7% cuenta con contrato escrito.

“Queda el programa de fertilizante (Fertilizantes para el Bienestar), pero es un programa para asegurar clientela política, y obviamente también en el cambio al uso de agroquímicos es cuando llega el fertilizante, y es utilizado primero y después los demás; entonces, la gente se vuelve dependiente de todos los insumos químicos de fuera. Tanto ya no recibe apoyos como le llegan las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas agrícolas, que los vuelven dependientes, y viene la privatización. Todo eso hizo que la gente prefiriera salir”, explica Barrera.

“Primero los pobres”: negativas y ausencias en el último sexenio

Abel Barrera recuerda que, desde el principio de esta administración, Tlachinollan intentó y logró reunirse con Ariadna Montiel, entonces subsecretaria de Bienestar, “con esa ilusión de que obviamente tienen una perspectiva en favor de los pobres, como lo ha dicho AMLO”. Le explicaron el trabajo del centro y le externaron su preocupación por la población jornalera en La Montaña, para plantear la posibilidad de que se implementara un programa específico.

En la reunión, supieron que la administración no tenía intención de implementar programas sociales sectoriales, sino únicamente universales para el supuesto beneficio de toda la población pobre. Sin embargo, hay una población jornalera —explica Barrera— que no se está beneficiando porque no está en la comunidad por su frecuente movilidad. Los Servidores de la Nación ni siquiera los ubican. “Quedó ahí; está muy difícil que hagan un programa para jornaleros”, lamenta.

Más tarde, fueron contactados por la misma secretaría para plantearles un programa piloto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Le pidieron apoyo a Tlachinollan para identificar comunidades específicas; sin embargo, al final no se concretó, presuntamente porque se necesitaban recursos para la campaña en Zacatecas, según confiaron a Barrera. “Nosotros fuimos a dar la cara y a decir que iba a haber programas para jornaleros… no se hizo y ni siquiera hubo forma de reclamarle a nadie”, agrega.

Por otro lado, lograron tener una reunión —a través de la Alianza Campo Justo— con la STPS. A partir de ella, el resultado fue que la población jornalera fuera incorporada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El monto considerado sigue siendo bajo —aclara Barrera—, pero al menos ya está contemplado. Las personas trabajadoras agrícolas han pedido que se fije en al menos 300 pesos diarios.

Se refiere a la reforma que se dio finalmente en 2019 —después de años de solicitarla— al artículo 280 de Ley Federal del Trabajo, que indica que la Conasami fijará los salarios mínimos de las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta su naturaleza y cantidad, el desgaste físico y los salarios en establecimientos y empresas dedicadas a producción agrícola. En 2020, lo fijó por primera vez en 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y 160.19 en el resto del país. Este año asciende a 312.41 y 234.52, respectivamente.

En el caso de la STPS, también lograron que accediera a una única inspección en campos agrícolas. “Pero ya nos dimos cuenta que hay una burocracia en medio que dice ‘A ver, dime dónde está ese campo agrícola, cuáles son las coordenadas, quién es el dueño, cuál es su registro federal de causantes’. Eso lo tuvimos que hacer nosotros y todavía decían ‘Es que esta dirección no existe porque está sobre la carretera’. Nosotros teníamos que hacer su trabajo”, dice Barrera.

“No podían hacerlo ellos, alguien tiene que solicitarlo, y también ahí nos dimos cuenta que una cosa es la empresa que contrata a los trabajadores, otra la dueña de los terrenos, otra la de los camiones; entonces, hay cinco o seis”, agrega. Eso genera el problema de que lleguen a presentarse en una empresa cuya dirección no corresponde necesariamente con los terrenos agrícolas. En su opinión, el trámite burocrático de las inspecciones está hecho para los empresarios, no para los trabajadores.

Por ejemplo, la empresa Divemex, que se dedica a cultivo, cosecha, distribución y comercialización de granos, frutas, hortalizas y verduras, se ubica en Guadalajara, Jalisco. En su acta constitutiva, como única dirección oficial registra la Zona Metropolitana de esa ciudad. En su página oficial en internet puede conocerse de manera más específica que su sede está en Ostia 2756-6, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara. Ninguna otra ubicación se publica ahí.

Sin embargo, sus campos de cultivo están en un punto distinto: la carretera El Dorado-El Salado número 12510, a media hora de Culiacán, aunque en una búsqueda general en internet, en primera instancia solo aparece como 80300 Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información sobre las inspecciones que ha realizado en centros agrícolas, la oficina de representación federal del trabajo en Sinaloa solo enlistó direcciones, muchas únicamente con el nombre de la carretera sin número, por lo que es imposible saber de qué empresas se trata.

De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Tlachinollan solo obtuvo el compromiso de que se garantizara que algunos programas generales de producción ya existentes llegaran a la población minoritaria que es candidata, y del Inegi, que en los censos agropecuarios se incorporen rubros relacionados de manera más específica a las características de la población jornalera. Con el IMSS, hasta ahora no ha habido avances en alguna estrategia para hacer efectiva la afiliación.

Sobre los campos agrícolas en los estados de destino de la migración interna —Sonora, Sinaloa y Baja California, principalmente— y las inspecciones mencionadas, la STPS tampoco puede dar muchas certezas. A la petición del censo específico de centros de trabajo agrícolas vía transparencia, la STPS respondió con un padrón extenso de empresas registradas en todo tipo de sectores, sin especificar cuáles corresponden al agrícola.

En respuesta a otra solicitud de información, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo contestó que de 2017 a la fecha localizó únicamente 57 actas de visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, la mayoría por comprobación de seguridad e higiene.

A estas se suman las realizadas por las delegaciones estatales de la dependencia. Tan solo en Sinaloa pasaron de 17 en 2015 —y un máximo de 34 en 2018— a seis en 2022; en Baja California Sur, de 18 en 2016 a una en 2022, mientras que en Jalisco, uno de los principales estados productores, han sido únicamente entre cero y siete anuales en los últimos ocho años.

Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”

A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.

“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.

“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.

“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.

“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.

En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.

Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.

Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.

Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.

Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.

En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.

Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas

Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.

A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.

En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.

En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.

“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.

Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.

“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.

Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.

“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.

El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.

“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.

Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.

“El pequeño Sinaloa”

Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.

María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.

“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.

Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.

Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.

La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.

La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.

Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.

De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.

“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.

Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.

A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.

Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Con compromisos a medias de la gobernadora, habitantes de Cochoapa el Grande levantan plantón

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

A puerta cerrada en un salón de la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atendió este lunes a un grupo de habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande, quienes, según sus dirigentes, les dio soluciones “a medias” a sus demandas de maestros y servicios de salud.

“Nos dieron de almorzar frijoles con huevo y un vaso de agua en Casa Guerrero», dijo Elvira García Rodríguez, quien formó parte del grupo que atendió la mandataria estatal junto con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

Las respuestas a sus demandas, según García Rodríguez, no fueron del todo satisfactorias, pero acordaron levantar el plantón que mantenían desde el miércoles 24 de mayo pasado afuera del Palacio de Gobierno y volver a sus comunidades. Los inconformes pedían maestros, una ambulancia y la reapertura de centros de salud.

“Ya no queremos exponer a los niños a alguna enfermedad grave”, dijo la activista entrevistada al salir de la residencia oficial.

García Rodríguez comentó que el único punto que la gobernadora resolvió fue el envío de dos maestros y una maestra de educación preescolar; a la maestra de la primaria a la comunidad de Dos Ríos le renovarán su contrato laboral. Es la profesora Lizeth Pacheco Alonso, a quien desde abril le dejaron de pagar su salario.

“Frente a la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, reconoció que la suspensión del pago del salario a la maestra Pacheco Alonso fue una confusión y ni siquiera sufrió un regaño por ese error”, mencionó Elvira García.

En la reunión, Salgado Pineda y Rodríguez Saldaña les dijeron a los manifestantes que la reapertura de ocho escuelas que están cerradas por falta de ocho maestros es un punto que analizarán hasta que inicie el nuevo ciclo escolar del 2023-2024; sería un grupo de egresados normalistas.

Sobre el caso del equipamiento del centro de salud de la comunidad de Dos Ríos y el envió de una ambulancia para el traslado de enfermos y enfermas, la gobernadora y un funcionario de la Secretaría de Salud contestaron que lo analizarán.

Elvira García afirmó que en casi todas las comunidades del municipio de Cochoapa hacen falta ambulancias y los pocos centros de salud que hay, unos están cerrados y donde sí hay servicio carecen de medicamentos y personal.

“Nos dijeron que estas demandas en materia de salud las van analizar y nos entregarán una respuesta posteriormente”, comentó la dirigente.

El grupo de habitantes de localidades de Cochoapa llegaron a las ocho de la mañana a Casa Guerrero y una hora después fueron atendidos por Salgado Pineda, los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Educación, Marcial Rodríguez, y un funcionario de la Secretaría de Salud.

Otro grupo de inconformes permaneció en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

Elvira García contó que durante el encuentro, Ludwig Marcial Reynoso los regañó por haber traído a niños a su protesta y que, incluso, los acusó de cometer un delito por ese hecho.

“Yo le contesté al secretario General de Gobierno que allá en nuestros pueblos todos luchamos”, comentó García Rodríguez.

Durante los cinco días que duró el plantón del grupo de pobladores de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno llovió y como consecuencia, informaron, cinco niños se enfermaron de gripa y tos, pero ya están bien de salud.

La reunión con la mandataria estatal fue concertada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, quien este domingo a mediodía atendió al grupo de inconformes en sus oficinas en Chilpancingo.

El grupo de habitantes interpuso una denuncia contra autoridades del gobierno estatal por el desalojo que sufrieron el pasado jueves 24 cuando tenían cerrada una de las laterales del Palacio de Gobierno, con lo que impidieron la entrada y la salida de funcionarios y trabajadores del edificio.

Elvira García dijo que las demandas que le plantearon a la mandataria estatal este lunes son las mismas que están plasmadas en una minuta de acuerdos que firmó el 22 de septiembre del 2022, luego de que también se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

“En esa fecha del 22 de septiembre la gobernadora dio instrucciones a los funcionarios que recorrieran las comunidades y atendieran las demandas, y en la reunión de este lunes 29 de mayo les dio las mismas indicaciones”, comentó.

Uno de los nuevos compromisos que estableció Salgado Pineda con los habitantes de Cochoapa es realizar una visita a las localidades para supervisar los trabajos de una carretera.

Después de la reunión en Casa Guerrero, el grupo de habitantes encabezados por Elvira García y el profesor Paulino Hernández se dirigieron al Palacio de Gobierno para informar al resto de los inconformes el resultado de estas pláticas. Después de eso se trasladarían a sus comunidades.

 

Normalistas bloquean por tres horas entradas a Palacio de Gobierno; piden plazas y material didáctico

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), que aglutina a siete normales del estado, marcharon y cerraron los accesos al Recinto Oficial del Poder Ejecutivo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumpla la promesa de otorgarles plazas para egresados y material didáctico.

El grupo de alrededor de 300 normalistas en una primera actividad marchó por la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la entrada principal de la sede el Poder Ejecutivo.

Durante la marcha, la dirigencia del FUNPEG mencionó que la SEG incumplió con la entrega de material didáctico para todos los grados académicos y la entrega plazas para los recién egresados.

Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes cerraron todos los accesos para presionar a las autoridades y pedir una reunión con la titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Los estudiantes se colocaron en todas las entradas e impidieron el ingreso y la salida de los trabajadores, por lo que llegaron policía antimotines para intentar desalojar a los manifestantes.

El desalojo no ocurrió y los estudiantes permanecieron otra hora en las entradas de palacio hasta que una comisión entró para reunirse con Rodríguez Saldaña y el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván.

Los estudiantes negaron que la manifestación sea para solicitar recursos económicos para clausuras, «tal y como se ha manejado por parte de algunos funcionarios en Guerrero que sólo pretenden desarticular el movimiento», mencionó uno de ellos.

Si solicitan recurso económico, pero «es un apoyo que dan las autoridades año con año para titulación y aranceles, no para eventos de clausura», comentó uno de los representantes del FUNPEG quien pidió omitieron su nombre.

A la una de la tarde instalaron una mesa de negociación entre las autoridades y los estudiantes. Fue entonces que los normalistas se retiraron de las entradas y permitieron el acceso a los trabajadores.

Durante el bloqueo, en el auditorio José Joaquín de Herrera, ubicado dentro de la sede de Palacio de Gobierno, se realizó una clausura de fin de de cursos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), por lo que muchos de los invitados y hasta el mariachi no entraron a la ceremonia.

Algunas personas con globos y ramos de flores permanecieron en la manifestación en espera de que liberaran el edificio.

 

Levantan el plantón de afuera de Palacio de Gobierno por lluvias

Los habitantes de Cochoapa que piden maestros y médicos volverán mañana que les agendaron una reunión con la gobernadora por intervención de la Comisión de Derechos Humanos. De esta reunión dependerá si se retiran de manera definitiva o continúan


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: David Juárez

Chilpancingo

 

Habitantes de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña de Guerrero, que mantenían un plantón desde el miércoles 24 de mayo en la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo, en Chilpancingo, se retiraron por las fuertes lluvias de esta madrugada y para resguardar a las niñas y niños que dormían a la intemperie desde hace tres días.

Durante su movilización para exigir maestros, médicos y medicinas, los manifestantes sufrieron intentos de desalojo por parte de la Policía Estatal con equipo antimotín y el día de ayer, denunciaron, uno de los manifestantes sufrió un intento de secuestro por una persona desconocida.

Hasta la noche de ayer, el plantón se mantenía, pero por las fuertes lluvias que hubo en la capital decidieron retirarse temporalmente para bañarse y resguardar a los niños y niñas y evitarles alguna enfermedad, informó Elvira García Rodríguez, represente de los manifestantes.

De acuerdo con ella, el plantón no se ha levantado y regresarán a instalarse mañana para continuar su protesta por la exigencia de médicos y maestros para 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

Este receso lo aprovecharon para acudir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) e interponer una queja contra el gobierno del estado por desalojarlos con violencia el miércoles 25 de las entradas laterales de la Sede del Poder Ejecutivo.

Ese día, policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó un jaloneo por parte de los antimotines.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

«El estado nos mandan a reprimir y agredir a nuestros hijos, madres y padres de familia, sin importarles nuestra vida y sin importarles que nuestros hijos estaban con nosotros, lo cual solo evidencia la violencia tan fuerte que sufrimos los pueblos indigenas», mencionó García Rodríguez.

«Ya llevamos varias días en sufrimiento y estamos aquí por un derecho justo que nos corresponde de acuerdo a la ley, a la Constitución y otras leyes como tratados internacionales que dice que la educación es primordial para nuestros hijos», agregó.

Mencionó que además de la queja por el desalojo interpusieron otra por falta de seguridad en el plantón que tenían instalado en las afueras de la sede del Ejecutivo.

Contó que ayer, aproximadamente a las dos de las tarde, un integrante de su movilización sufrió un intento de secuestro por parte de una persona desconocida.

«Afortunadamente nos dimos cuenta y lo evitamos, pero en ese momento no había ninguna patrulla a la cual solicitar ayuda, pero para desalojarnos ahí si había como 100», dijo García Rodríguez.

No abundó más sobre el casa porque, aseguraron, es un asunto de seguridad y serán las autoridades las que investiguen los hechos.

El motivo de la manifestación es porque el gobierno del estado incumplió con una minuta de acuerdos que firmaron el 22 de septiembre del 2022.

En dicha minuta establecieron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) enviaría 11 maestros bilingües de educación primaria y de preescolar, pero sólo llegaron tres profesores.

Además solicitaron personal médico para el Centro de Salud de Dos Ríos, en el cual laboran sólo dos enfermeras y no hay medicamento, «no tienen ni suero para alacrán», dijo uno de los manifestantes.

Una de las solicitudes de los manifestantes es tener una reunión directa con Salgado Pineda para preguntarle porque sus funcionarios incumplieron los acuerdos firmados.

De acuerdo con García Rodríguez, fue a través de la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaitán, que lograron una reunión con la gobernadora para mañana lunes a las ocho de la mañana

El plantón se instalará mañana y dependerá de los resultados de la reunión con la gobernadora si deciden levantarlo o continuar.

Elvira García Rodríguez en conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) después de interponer una queja por el desalojo que sufrieron por parte de la Policía Estatal el pasado 24 de mayo en las afueras de Palacio de Gobierno. Fotografía: David Juárez.

 

Desalojan policías estatales de puerta de Palacio de Gobierno a mujeres y menores que piden maestros y médicos

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.

Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.

Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.

“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.

Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.

Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.

“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.

Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.

En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.

Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).

 

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