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Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.

Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.

De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.

Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”

A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.

“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.

“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.

“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.

“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.

En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.

Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.

Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.

Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.

Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.

En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.

Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas

Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.

A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.

En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.

En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.

“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.

Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.

“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.

Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.

“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.

El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.

“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.

Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.

“El pequeño Sinaloa”

Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.

María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.

“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.

Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.

Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.

La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.

La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.

Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.

De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.

“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.

Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.

A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.