San Miguel, las fiestas para “espantar el hambre” de La Montaña de Guerrero

Entre rituales, bailes, danzas y jaripeo tres pueblos indígenas de la región Montaña en Guerrero festejan a San Miguel y al maíz, el verdadero protagonista de las fiestas de septiembre, donde se pide alejar el mal y conseguir la prosperidad.


Texto y fotos: Isabel Briseño / Pie de Página

La Montaña, Guerrero

 

El día de San Miguel, 28 de septiembre, es el día en que se solicita al santo que termine con las lluvias para que la mazorca madure y la gente tenga buena cosecha. Tres pueblos que habitan en La Montaña de Guerrero -nahuas, tu’un savi y me phaa- realizan diferentes festejos que van desde el ritual hasta el baile y el jaripeo.

En la región nahua de La Montaña alta de Guerrero – cerca del municipio de Tlapa de Comonfort –, septiembre es un mes de celebración. Esta parte del año representa el último mes de la temporada húmeda, que además coincide con el periodo de las primeras cosechas de los cultivos agrícolas. Por fin, después de trabajar de sol a sol en los campos, las milpas y los otros cultivos están maduros. Lo que significa que pronto serán cosechados y utilizados por los habitantes para alimentarse.

El día 27 de septiembre, los habitantes del pueblo nahua recogen de sus parcelas un par de milpas con las que al día siguiente bailarán las mujeres, niñas y niños de cada hogar de Chiepetepec. Fotos: Isabel Briseño.

La fiesta de san Miguel, o mejor dicho, las celebraciones para “el agradecimiento a la lluvia” representan un rito de fertilidad. Rito que, al mismo tiempo, es “de propiciación y aseguramiento de la cosecha de maíz”.

A las 10 de la mañana del 28 de septiembre, la gente comienza a ingresar a la iglesia de Chiepetepec en donde se congrega todo el pueblo para iniciar con la celebración. Foto: Isabel Briseño.

Al interior de la iglesia, los hombres atavían a San Miguel con collares de flores, listones, globos y dinero, lo que representa una ofrenda para la deidad, quien forma parte de los santos católicos, impuestos por la Colonia. Foto: Isabel Briseño.

Estas fiestas representan la última etapa del ciclo agrícola anual. Se caracterizan por diversos ritos alrededor de la planta del maíz.

Para los habitantes, el santo es considerado un aliado de los campesinos y el principal trabajador del temporal. Gracias a sus poderes como guerrero y del rayo que se desprende de su espada, protege los cultivos y lucha contra los seres malignos que los afectan: El granizo, los malos aires, las tormentas y cualquier cosa que el cristianismo asocia con la imagen de Lucifer, el diablo.

Afuera de las casas por donde pasará la procesión, la gente decora con milpas pero también con globos. Fotos: Isabel Briseño.
Una mujer en la calle, espera el paso de la procesión que sale de la iglesia. Foto: Isabel Briseño.

Los habitantes comienzan su recorrido hacia la capilla del cerro, la procesión está encabezada por los músicos, las mujeres encargadas de los pendones, seguidas de los hombres que cargan a San Miguel que es seguido por el pueblo. Foto: Isabel Briseño.

Mijtotilistli, el ritual de los nahuas en Chiepetepec.

La banda de viento encabeza la procesión que sale de la iglesia. Mientras, avanza por las diversas casas de Chiepetepec. Este pueblo, como muchos otros de La Montaña, es un pueblo de migrantes. La mayoría de sus habitantes se van a los campos de Sinaloa y Chihuahua. La migración se observa en las casas que se ven al paso. Son pocas las que quedan tradicionales de adobe. La mayoría construye casas nuevas de material.

Mujeres nahuas cargando la milpa en la comunidad de San Miguel Chiepetepec, Guerrero. Foto: Isabel Briseño

Mujeres, niñas y niños abrazan y arrullan las milpas. La banda de viento suena. Las mujeres se hacen una con la milpa adornada con flor de cempasúchil, flor de pericón, pan rosquete de color rosa, ejotes, chiles, papálo y quelite que fueron cortadas una noche anterior.

Mijtotilistli, (Baile de la Milpa en Náhuatl) comienza. Una mujer con sahumerio lo mueve de arriba hacia abajo mientras las demás, incluidos los más pequeños, bailan alrededor de la capilla con las ofrendas que cargan en sus rebozos como muestra de agradecimiento por la buena cosecha que será su alimento. Foto: Isabel Briseño.

La capilla del cerro llamado Sacamatlapa –que un día antes estaba vacía y cerrada–, comienza a vestirse de verde. El sol no tiene piedad. Cae como plomo sobre los negros cabellos de los nahuas. A la pequeña explanada entran quienes “bailarán la milpa”, mientras el santo es colocado dentro de la capilla. Los cantores del pueblo entonan rezos que suenan a melodías. En tanto, los pies de los asistentes comienzan a fusionarse con las notas musicales que la banda entona una tras otra afuera del centro del ritual. Al igual que los hombres, los músicos deben permanecer en el exterior.

En el cerrito a un lado de la capilla, mientras la gente baila con sus milpas, se ofrenda pan, maíz, flores, velas. En La Montaña se siembra la milpa, o sea el maíz, la calabaza, el ejote y el frijol, en los meses de abril y mayo para cosechar entre octubre y noviembre. Foto Isabel Briseño
El ritual de la vida. El triunfo de la vida sobre la muerte pues la muerte es la hambruna y el maíz la esperanza de que habrá vida gracias al sustento. Foto: Isabel Briseño

Mujeres, niños y niñas, le agradecen a San Miguel Arcángel las cosechas. Con esta ceremonia se “espanta el hambre”, dicen algunos habitantes. Representa el triunfo del maíz sobre el hambre del pueblo.

Dos pequeñitas caminan tomadas de la mano mientras regresan hacia la parroquia después de haber bailado con sus milpas que cargaban en sus coloridos rebozos. Foto: Isabel Briseño.

Después de “bailar la milpa” durante unas dos horas la procesión se encamina de nuevo hacia la iglesia. Regresan a su santo a la parroquia. Posteriormente en casa ofrendan con mole y tamales nejos a la milpa que fue elegida para llevarla a bailar. Este ritual es único en la región de la Montaña de Guerrero, pues aunque en otros pueblos también se celebra a San Miguel, son distintos los festejos.

Los santos católicos son considerados en toda la montaña indígena de Guerrero potencias de la naturaleza. Foto: Isabel Briseño.
Los habitantes de Chiepetepec, aunque migran, todavía viven según los antiguos “usos y costumbres” del pueblo. Después del ritual en el cerro, en la comisaría de pueblo se prepara el chivo para seguir con la fiesta de san Miguelito, como cariñosamente le dicen los habitantes al santo. Foto: Isabel Briseño.

La danza de los chareros en Moyotepec

La temporada de secas, o de calor, como se le llama en la región, suele ser severa, si no es que extrema. Con temperaturas que alcanzan los 40 grados y vientos calientes que transforman el paisaje: la tierra se vuelve dura, hay polvo por todas partes y muy pocas plantas sobreviven todo el año. Ninguna que ofrezca alimento a las personas.

En esta región está la comunidad de Chilixtlahuaca, que tiene mil 500 hablantes del Tu’un Savi (mixteco). Son espléndidos. “Todos los hombres tienen cargo desde que se casan”, dice don Anastacio, quien come junto a otros hombres en un largo tablón de madera.

Los chareos es una variante de la danza de Moros y Cristianos, conocida prácticamente en toda la República Mexicana entre las poblaciones indígenas. Foto: Isabel Briseño

Más hombres llegan al festín con un cartón de cervezas al hombro, y sus familias sujetadas con la otra mano. Entregan el cartón y se sientan a disfrutar del manjar que desfila por las mesas: Mixiote de borrego, salsita verde y frijoles. Todo esto acompañado con tortillas, una pepsi y una cerveza que es sustituida en cuanto se termine la que está sobre el tablón.

Los cargos de mando en Moyotepec se reúnen a comer y beber, mientras los chareos bailan a un lado de ellos. En Moyo, como le dicen los habitantes, no solo se festeja con danza y baile en la cancha a San Miguel, también hay cambio de autoridades. Es por eso que hay bastante comida, banda de viento y la danza continua de los chareos.

La fiesta de los me phaa en Tototepec

Puede decirse que septiembre es el punto central del ciclo agrícola. De él depende el futuro y la supervivencia de la comunidad que se reúne y agradece a sus santos protectores más relevantes para el ciclo agrícola: San Marcos, santo de las semillas; y san Miguel, santo de la cosecha.

La fiesta de San Miguel se puede definir como una práctica religiosa, pero los Me phaa son fiesteros, dicen ellos mismos. Es por eso que a San Miguel los habitantes lo celebran con monta de toros y un baile al que nadie falta. Incluso asisten quienes radican en Tlapa.

“La tradición nunca se pierde. Año con año se festeja a nuestro Santo Patrón San Miguel Arcángel. Todos los vecinos y pueblos de diferentes lugares están invitados”, dice un anuncio en la página de facebook que lleva por nombre: Fiesta San Miguel Arcángel.

“Porque cada uno de estos valientes guerreros tendrán la oportunidad de demostrar su valentía y destreza montando los lomos de estos torazos” dice un hombre que anuncia a los jinetes. Foto: Isabel Briseño.

En la iglesia hay castillo, por lo que algunas familias lo esperan emocionados. Pero la mayoría de la gente está dividida entre la feria y la jineteada que anuncia que, en cuanto termine el espectáculo en donde los valientes jinetes suben al toro bronco, dará inicio lo verdaderamente bueno de la celebración al santo patrón: El baile.

Las tradiciones – o “la costumbre”–, persisten a pesar de los difíciles problemas que enfrenta cada comunidad de las diferentes zonas indígenas: pobreza, migración masiva al norte, violencia estructurada, narcotráfico, etcétera.

Así, entre rituales, bailes, danzas y jaripeo tres pueblos diversos de la región Montaña festejan la relación que existe entre San Miguel y el maíz; quien es el verdadero protagonista de las fiestas de septiembre con la intención de alejar el mal y conseguir la prosperidad.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

Piden activistas evaluar estrategia para frenar matrimonios forzados en la Montaña

Desde noviembre de 2021 hasta lo que va de 2022 se registraron varios casos de matrimonios forzados de niñas.


Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 

Chilpancingo

 

Activistas feministas de Guerrero exigieron que se evalúe la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y matrimonios forzados en la Montaña que en noviembre del 2021 el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda puso en marcha.

«Debe de haber una evaluación de esta estrategia en un sentido crítico para saber si funcionó, está funcionando o que más falta por hacer porque de nada sirve que se esté trabajando si no se está atendiendo a esta problemática que son los matrimonios forzados o venta de niñas», afirmó la abogada y activista Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

El 10 de noviembre del 2021, después de varias semanas de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumió el cargo de gobernadora, arrancó la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la Montaña.

De esa fecha hasta en lo que va de este 2022 se registraron varios casos de matrimonios forzados de niñas.

El caso más reciente es de Ema, de 13 años, después de que fue obligada a casarse, fue explotada por sus suegros en los campos agrícolas en el estado de Jalisco, regresó a Cochoapa El Grande, se escapó y el pasado 28 de abril la suegra la encarceló para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella a su tío y abuelo.

De la Rosa Palafox señaló que aun de que su organización no fue tomada en cuenta para integrar el Comité Técnico Interinstitucional, ellas como activistas feministas independientes exigen que se garanticen los derechos de las niñas y de las adolescentes a vivir libres de violencia.

«Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado», afirmó la abogada y activista feminista.

De la Rosa Palafox dijo que no es solo el hecho del matrimonio forzado sino que la violación de los derechos de las niñas va mucho más allá con su compra venta.

«O sea a los padres, familiares se les otorga una cierta cantidad de dinero o algunos objetos e incluso animales a cambio de esta unión forzada por parte de una menor de edad», expresó.

En entrevista telefónica, la activista reconoció que esta práctica sigue vigente en comunidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica no se va a erradicar en seis meses porque esto es una práctica de usos y costumbres pero que vulnera los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Cree que uno de los posibles obstáculos de esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del gobierno estatal.

«Es difícil llegar a las comunidades más recónditos de la Montaña porque aquí ni siquiera están garantizados los servicios más esenciales para las mujeres».

Planteó que una de las medidas preventivas que debe impulsar este gobierno para erradicar estas prácticas discriminatorias hacia la mujer es la prevención y sensibilización.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que ojalá y esta estrategia que puso en marcha esta administración estatal para prevenir y frenar los matrimonios forzados de las mujeres, niñas y adolescentes no sea solo en este gobierno.

«Tenemos la experiencia que muchos programas son sexenales y no hay una continuidad».

Mencionó que es necesario cambiar esas tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas.

Reyna Aguilar también consideró necesario que se evalué la estrategia de las instituciones gubernamentales, entre ellas, la que implementa la Secretaría de la Mujer.

Reconoció que extirpar de raíz estas prácticas no será tan fácil y que será un proceso difícil pero ella confía en la voluntad de las autoridades.

Violencia y pobreza viven las mujeres de la Montaña, dice Tlachinollan

Pobreza, violencia intrafamiliar, secuestro, aumento de feminicidio y falta de justicia son los problemas que enfrentan las mujeres en la región de la Montaña, señala en un informe que presentó este viernes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El evento convocado en Tlapa por la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, fue para analizar los avances y retos para la erradicación de las uniones tempranas forzadas.

Tlachinollan señala en su informe que en los municipios de esta región hay un incremento de asesinatos de niñas; secuestros a mujeres y niñas; violaciones sexuales; víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Se denunció que las agencias del Ministerio Público de la Montaña son centros de negociaciones de los matrimonios forzados de niñas.

También en las agencias de delitos sexuales, no se les da credibilidad a los dichos de las víctimas y alientan en acuerdo en favor del esposo.

En las decisiones que toman los jueces de control no toman en cuenta el contexto regional de violencia que padecen las mujeres y juzgan sin perspectiva de género, dice el informe de Tlachinollan.

Al evento llegaron Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; no llegaron la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda ni la representante en México de la ONU-Mujeres, Belen Sanz Luque.

En entrevista, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organización civil, aseguró que a ocho meses que arrancó la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, los matrimonios forzados a edad temprana no han bajado.

«Se siguen registrando muchos casos (de matrimonios forzados) no solamente en las comunidades de Cochoapa El Grande sino en otros municipios de la Montaña y la inacción del gobierno es insólita», agregó.

En entrevista telefónica, el activista dijo que una prueba de que esta estrategia que puso en marcha el gobierno de Salgado Pineda, es el diagnóstico que ellos presentaron este viernes en Tlapa.

«No solamente los matrimonios no han bajado, también los feminicidios, violaciones sexuales contra las mujeres y la justicia e impunidad siguen vigentes», aseguró.

En los próximos días esta organización dará a conocer más casos de uniones forzadas de niñas de localidades de la Montaña.

 

Con un bloqueo en carretera pobladores obligan que AMLO los escuche

Habitantes de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, lograron que López Obrador ordenara que se detuviera el vehículo y los escuchara.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

25 de junio de 2022

 

Pobladores de comunidades del municipio de Malinaltepec tuvieron que cerrar un tramo de la paupérrima carretera Tlapa-Marquelia para que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atendiera, aunque se negó a bajarse de la camioneta en la que viajaba.

En el segundo día de gira de López Obrador, habitantes de esta zona le salieron al paso a la comitiva que él y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezaban.

Habitantes de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, lograron que López Obrador ordenara que se detuviera el vehículo y los escuchara.

Le pidieron al mandatario la construcción de dos kilómetros de un camino artesanal y servicios básicos para su comunidad.

El comisario de este pueblo, Omar Rivas denunció que el alcalde de este municipio de Malinaltepec, Acacio Flores Guerrero solo ordena la realización de obras para las comunidades en las que el ganó en las elecciones del 2021.

Mencionó que desde el pasado 13 de diciembre firmaron una minuta de acuerdos con el ayuntamiento para iniciar los trabajos de la construcción de dos kilómetros de caminos artesanales y dotar de los servicios básicos a la comunidad como es el agua potable, drenaje y una cancha de usos múltiples.

“Queremos con la gobernadora hacer el enlace de manera directa para que a través de ella solucionemos dichas dificultades”, dijo Omar Rivas.

Los pobladores bloquearon la carretera por donde circulaba el presidente y le solicitaron que se bajara de su automóvil para dar un recorrido por la comunidad, el presidente se negó y dijo que le faltaba recorrer otras comunidades.

El presidente iba acompañado de la gobernadora y ambos recibieron regalos y solicitudes de la población.

“Vamos a seguir trabajando en los caminos artesanales y en donde falta ya estamos revisando lo de mano de obra”, mencionó el presidente cuando los reporteros le  preguntaron sobre los caminos que faltan.

Unión de las Peras fue una comunidad afectada por los huracanes Ingrid y Manuel en el año 2013, de acuerdo con el comisario. 125 familias fueron reubicadas por los daños causados por las lluvias y esas familias son las que solicitan los servicios de agua potable y drenaje.

Derivado de la reubicación el poblado se dividió en parte alta y baja y desde hace nueve años solicitaron los servicios básicos con distintos presidentes municipales y aunque reconocen que si los apoyaron la población todavía necesita los servicios básicos.

“Somos una población reubicada, nos hace falta casi todo y por eso el planteamiento de que nos resuelven los problemas”, agregó el comisario.

Desde este viernes, el presidente López Obrador realiza una gira por la Montaña de Guerrero para supervisar los caminos artesanales y en la ciudad de Tlapa colocó la primera piedra de lo que será un Centro Teletón para personas con discapacidad.

Durante su visita en la región pobladores de distintas comunidades han protestado y solicitado al presidente más caminos y terminar algunos que están abandonados.

En febrero de este año, López Obrador puso en marcha este programa de construcción de 66 caminos artesanales para comunidades de 23 municipios de las regiones de la Montaña y Costa Chica con una inversión de mil 18 millones de pesos para este 2022.

Estas obras iniciaron en abril y muchas de estas llevan un avance del 50 0 70 por ciento.

Sin embargo algunos caminos artesanales como el de San Nicolás Zoyatlán, del municipio de Xalpatláhuac están tirados.

En la gira que López Obrador realizó por esta zona precisamente para supervisar el avance de los caminos artesanales no pasó por esta obra tirada de San Nicolás.

Gira de AMLO en Guerrero: Dejan tirada obra en la Montaña

Habitantes de San Nicolás Zoyatlán denunciaron que la construcción del camino empezó en abril pero en mayo se detuvo la obra sin que se les de alguna explicación.


Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Cortesía 

24 de junio de 2022

 

Un camino artesanal que forma parte de un programa que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está abandonado en el municipio de Xalpatláhuac, denunciaron los pobladores de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, en la región de la Montaña.

Los habitantes de esta comunidad indígena que pertenece al municipio de Xalpatláhuac, dijeron que desde hace un mes la obra está detenida.

Este camino de San Nicolás conectará a la carretera Tlapa-Marquelia y a uno de los accesos de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.

Los vecinos del pueblo dijeron que uno de sus temores es de que las toneladas de cemento que se va a utilizar para la construcción del camino se eche a perder.

Los bultos de este material están apilados a unos metros del camino en un techado improvisado.

En febrero de este año, López Obrador estuvo en Chilpancingo en donde anunció el arranque de 66 caminos artesanales para 22 municipios de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

La inversión para este 2022 es de mil 85 millones de pesos para construir 221. 3 kilómetros de caminos.

Según los habitantes de San Nicolás Zoyatlán, la construcción del camino empezó en abril pero en mayo se detuvo la obra sin que se les de alguna explicación.

La queja de los pobladores de esta comunidad se registra a unas horas de que López Obrador realice una gira de trabajo por la región de la Montaña para supervisar los caminos artesanales.

Obrador estará este viernes en Tlapa y el sábado en los municipios de Malinaltepec y Tlacoapa.

Por su parte, el alcalde del municipio de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, aseguró que los cuatro caminos artesanales que ellos están construyendo llevan más de un 50 por ciento de avance.

«Estos cuatro caminos artesanales va a beneficiar a muchos pueblos que conectan con la cabecera del municipio», señaló el edil entrevistado vía telefónica.

Para estas cuatro obras el gobierno federal entregó 47 millones de pesos al municipio de Cochoapa el Grande.

«Al presidente le voy a entregar un documento en donde le pido que nos den más recursos para la construcción de otros cuatro caminos que va a beneficiar a 80 comunidades», expresó.

El edil que milita en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que ya que quedó restablecida la vialidad en el camino de terracería que conduce a Arroyo Prieto y otras comunidades después que maquinaria pesada retiró las toneladas de tierra y piedra que cayeron al desgajarse un cerro como consecuencia de las lluvias.

El plan contra la venta de niñas en Guerrero sigue atorado y sin presupuesto, a cinco meses de su presentación

Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Fotografía: Amílcar Juárez

5 de abril de 2022

El 10 de noviembre pasado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, presentó un plan para erradicar la venta de niñas en comunidades indígenas del estado, así como los matrimonios forzados. Sin embargo, a casi cinco meses de ello, no se ha implementado ninguna medida para enfrentar el fenómeno.

De acuerdo con un documento obtenido por Animal Político a través de una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Mujer de Guerrero, a la fecha la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción”. Según el Presupuesto de Egresos del Estado, se contempló un monto de 5 millones 161 mil pesos para implementarla en 2022, pero hasta ahora los recursos “no se han autorizado”.

Este medio también consultó directamente a la Secretaría de la Mujer de Guerrero para conocer detalles de la planeación de la estrategia para erradicar la venta de niñas, así como su postura acerca de las críticas que se han planteado contra ella, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

Mientras tanto, continúa la práctica de vender a las niñas mediante una “dote” que paga la familia del novio que busca casarse con ellas. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha documentado al menos 300 casos en los últimos cinco años.

Los retos de una estrategia que no contempla a las víctimas

Neil Arias, abogada de Tlachinollan, explica en entrevista que, hasta ahora, el gobierno de Guerrero se ha concentrado en realizar reuniones con organizaciones no gubernamentales para discutir el diseño del plan, centrado principalmente en la capacitación y sensibilización de funcionarios estatales y municipales, así como en programas sociales que apoyen a las comunidades.

Sin embargo, considera que esta estrategia es insuficiente, ya que no contempla medidas para que las niñas y adolescentes que denuncian ser víctimas de matrimonios forzados y otras violencias puedan reintegrarse a sus comunidades, donde son rechazadas después de acudir ante las autoridades por cuestionar prácticas que a nivel local están normalizadas.

Además, afirma que las autoridades comunitarias, que rigen en estas zonas por usos y costumbres, amedrentan a las jóvenes para que no denuncien, o bien, para que “regresen el dinero” que pagaron por ellas las familias de sus esposos, bajo la amenaza de que serán encarceladas si no lo hacen. En algunos casos, incluso las detienen junto con sus agresores hasta que aceptan reconciliarse con ellos.

“Nosotros conocimos las propuestas en reuniones a las que fuimos invitados. Sabemos que lo que están intentando las autoridades es la capacitación y sensibilización, pero no hay seguimiento para comprobar que realmente tomen en serio las medidas, para saber lo que realmente ocurre en las comunidades. Y a las mujeres no se les escucha, son encuentros de hombres decidiendo sobre sus vidas”, advierte Arias.

A las resistencias de cambiar la “tradición”, se suma el hecho de que, aunque las autoridades les han prometido acceso a programas sociales a las familias a cambio de que dejen de forzar a las niñas a casarse, en los hechos no han podido inscribirse para ser beneficiarias, pues la falta de servicios y la lejanía de las comunidades dificulta que cumplan con los tiempos y requisitos necesarios. Tampoco hay bancos para que cobren los apoyos, y los más cercanos están a horas de distancia, igual que las oficinas de gobierno.

Hasta ahora, en las reuniones a las que Tlachinollan ha asistido, ha presenciado que las autoridades comunitarias cuestionan la intención de erradicar los matrimonios forzados de niñas. “Dicen que nos preocupa mucho que no vendan a las menores de edad, pero no les dan soluciones a sus problemas para conseguir dinero por falta de trabajo, que no hay servicios de salud y los caminos para llegar a los pueblos están fracturados o abandonados”.

La práctica de vender a niñas para matrimonios forzados ha sido documentada en al menos 19 comunidades de una decena de municipios de Guerrero: Cochoapa el Grande (Joya Real, Dos Ríos, San Pedro el Viejo y Cochoapa el Grande), Metlatónoc (Chilixtlahuaca, Zitlaltepec, Yuvinani y Mini Numa), Alcozauca (Zoyatlan y Alcozauca), Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort (Santa María Tonaya), Atlamajalcingo del Monte, Buenavista, San Luis Acatlán, Igualapa (Acalmani y Chimalapa) y Tlacoachistlahuaca (Jicayan del Tovar, Santa Cruz Tucucaní y Yoloxochitl).

Si denuncian, las niñas y sus familias salen perdiendo

En los últimos meses de 2021, Tlachinollan acompañó dos casos que evidencian las problemáticas que enfrentan las niñas que deciden denunciar a sus familias por venderlas, o a sus esposos y sus familiares por la violencia que ejercen contra ellas, y que las autoridades de Guerrero no han tomado en cuenta en el diseño de la estrategia para erradicar esta venta.

Angélica y Anayeli no se conocen entre sí, pero ambas nacieron en Cochoapa el Grande y antes de ser mayores de edad —y de terminar la primaria— fueron obligadas por sus familias a casarse con hombres que pagaron miles de pesos por ellas.

Con 11 años, Angélica fue forzada a contraer matrimonio con un adolescente de 12 años, cuya familia pagó 120 mil pesos como “dote”.

A lo largo del tiempo que estuvo casada, Angélica fue maltratada por la madre de su marido, quien la obligaba a realizar todas las labores domésticas y le decía que para eso habían pagado por ella. Además, su suegro abusó sexualmente de ella, todo mientras su esposo se encontraba en Estados Unidos, a donde migró para buscar empleo.

Atreverse a denunciar le costó haber sido detenida. La familia de su esposo la denunció con la policía comunitaria. Tuvo que pagar para ser liberada y solo ante la presión de activistas encarcelaron a su suegro.

Sin embargo, Angélica y su abuela —quien la ayudó a denunciar— no pudieron volver a sus comunidades. Las juzgan por haber denunciado y encarcelado al hombre que abusó sexualmente de la menor, y exigen que, si las mujeres regresan a sus domicilios, lo haga también el agresor.

En el caso de Anayeli, al no contar con familia que la recibiera después de huir para no ser forzada a casarse, fue llevada a una casa hogar del DIF Guerrero, donde actualmente se encuentra sin recibir más apoyo que el alojamiento, pues no hay intérpretes que permitan tomar su declaración para proceder contra sus agresores, ni para conocer cuáles son sus necesidades y brindarle atención psicológica.

Anayeli logró huir de Joya Real, Cochoapa el Grande, antes de que la familia del joven con el que pensaban casarla llegara para que se consumara la unión. Por esta decisión, quienes pagaron por ella la denunciaron ante policías comunitarios, y ambos menores fueron encerrados en una cárcel para llegar a un acuerdo.

La joven se negó al matrimonio, y por ello perdió comunicación con su familia y con la única comunidad y vida que conocía. Antes de terminar en una casa hogar en Chilpancingo, capital del estado, Anayeli solo había vivido en Joya Real, con las mismas personas, que hablan su misma lengua.

Tomando como ejemplo ambos casos, Neil Arias concluye que las acciones que ha presentado el gobierno de Guerrero como parte de su plan para erradicar los matrimonios forzados “no están a la altura de resolver estos problemas”.

“El tema no solo es sensibilizar para prevenir casos, sino saber qué hacer cuando ocurren los casos, o cómo apoyar a las niñas que consiguen huir antes de que se formalicen los acuerdos entre las familias. Porque desafortunadamente la vulnerabilidad de las jóvenes se mantiene aunque se evite el matrimonio”, alerta.

Exigen a fiscal localización de comunitarios desaparecidos en Alcozacán

Se trata del comandante regional de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez quienes presuntamente privados de su libertad por policías municipales de Atlixtac


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

1 de febrero de 2022

Chilpancingo

La Fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón acudió a la comunidad de Alcozacán del municipio de Chilapa en donde se reunió con sus habitantes y dirigentes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) quienes le reclamaron su inacción para localizar a varios de sus compañeros desaparecidos.

«No nos trajo información sobre la localización de nuestros compañeros», señaló el ex coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna.

La Fiscal Sandra Luz visitó esta comunidad como compromiso que hizo con la gente y líderes de esta agrupación armada después de que durante dos días de la semana pasada cerraron la carretera federal Chilapa-Tlapa a la altura de la comunidad de Zacapexco para exigir la presentación con vida de dos de sus compañeros.

Se trata del comandante regional de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez quienes presuntamente fueron privados de su libertad por policías municipales de Atlixtac cuando ambos circulaban en una motocicleta por la carretera federal Chilapa-Tlapa, el pasado 26 de enero.

La gente responsabiliza al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía de la desaparición de los dos guardias civiles.

Sandra Luz Valdovinos llegó a Alcozacán a las 9 de la mañana de este miércoles y platicó dos horas con los habitantes y líderes de la CRAC-PF.

«Nosotros no estamos contentos con lo que nos vino a decir porque no nos trajo nada de información y solo se comprometió a regresar con nosotros el próximo ocho de febrero», dijo David Sánchez Luna entrevistado vía telefónica.

Durante el mes de diciembre del 2021, la CRAC-PF, denunció la desaparición de otros tres policías comunitarios.

Se trata de Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la localidad de Ayahuatempa, del municipio de José Joaquín Herrera y el tercero de Alcozacán.

Los tres siguen desaparecidos pese a que fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas en esa zona donde supuestamente fueron privados de la libertad por un grupo armado.

El pasado 17 de enero, Rocelia Morales Guerrero, de la comunidad de Ayahualtempa, denunció que su hija de 26 años Delfina Ramírez Morales fue hallada muerta a balazos en un paraje del pueblo vecino de Temixco.

Denunció que su hija fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales de José Joaquín Herrera cuando caminaba por el zócalo de la localidad de Hueycantenango.

Todas estas demandas de justicia le fueron planteadas a la Fiscal, Sandra Luz Valdovinos durante su visita que hizo en Alcozacán en donde desde el 2020 arreció la violencia después del asesinato de diez músicos que fue perpetrado por integrantes de la organización delictiva de Los Ardillos como consta en la investigación que realizó la Fiscalía.

Viudas de los músicos asesinados en enero del 2020, estuvieron en la reunión de este miércoles con la Fiscal.
Durante la plática con la Fiscal, los dirigentes de la CRAC-PF le pidieron que investigue la procedencia de un video donde aparecen sometidos los policías comunitarios Pablo Hilario Hernández y Samuel Hernández Sánchez quienes son interrogados y señalan a los dirigentes de la CRAC-PF y del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-Emiliano Zapata) de pertenecer al grupo (delictivo) de los Rojos.

«La CRAC y todo el pueblo de Alcozacán están involucrado y otros pueblos de El Rincón, Ayahuatelpan, Zacapexco, Tula, Xochitempa y Nuevo Amanecer, todos ellos pertenecen a los Rojos que se involucraron», dice uno de los policías comunitarios que tiene las manos amarradas hacia atrás.

Otro de los policías comunitarios que tiene el dorso desnudo señala que a la gente de estos pueblos el grupo de Los Rojos los ha apoyado con armas, municiones y vehículos.

En el video, uno de los detenidos, señala al ex coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna y a su hermano Bernardino Sánchez de estar involucrados en el asesinato del director de la policía del municipio de José Joaquín Herrera, Miguel Ángel Morales Meneses, el 9 de julio del 2019.

También señalan al ex líder de las autodefensas del municipio de Tixtla, Gonzalo Molina González de apoyar el movimiento de los pueblos de está zona de la Montaña baja donde opera la policía comunitaria de la CRAC-PF.

David Sánchez Luna rechazó que la CRAC-PF esté involucrada con el grupo de Los Rojos y el líder de esta organización Zenén Nava quien está preso en el penal de Acapulco desde el 2019.
Confirmó que los dos hombres que aparecen en el video y que son aparentemente interrogados son los policías comunitarios Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez que están desaparecidos desde el pasado 25 de enero.

«Nosotros le pedimos a la Fiscal que investigue ese video y que se dé con el paradero de nuestros dos compañeros», afirmó David Sánchez Luna quien fue entrevistado después de que la Fiscal se retiró de la comunidad de Alcozacán.

Bloquea Policía Comunitaria carretera Chilapa-Tlapa

Hasta las dos de la tarde de este jueves, el bloqueo llevaba más de 15 horas sin que ninguna autoridad diera respuesta a las demandas de los comunitarios que exigen la presentación con vida de dos desaparecidos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Ciudadanos e integrantes de la Policía Comunitaria bloquean la carretera federal Chilapa-Tlapa para exigir a las autoridades realicen labores de búsqueda de dos autodefensas que desde este martes están desaparecidos en el municipio de Atlixtac, en región Montaña.

El cierre de la vía que empezó desde ayer miércoles en la noche está en las inmediaciones de la comunidad de Papaxtla. Los automovilistas tienen que tomar vías alternas, hasta que las demandas de los policías adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) sean resueltas.

Jesús Plácido Galindo, dirigente de esta agrupación, comentó que la última vez que se les vio al comandante de estas autodefensas, Pablo Hilario Morales y al policía comunitario Samuel Hernández Sánchez, fue el martes pasado en la tarde cuando fueron detenidos por policías municipales de Atlixtac.

Mencionó que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya fueron a recabar información y en el transcurso de hoy jueves acudirá con ellos el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.

Denuncian desaparición de dos policías comunitarios en Atlixtac

Suman dos desapariciones más en territorio comunitario


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que dos policías comunitarios que pertenecen a su organización están desaparecidos desde este martes y la última vez que se les vio fue cuando eran detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac.

En un comunicado, la organización difundió que el comandante de la Policía Comunitaria de Zacapexco, Pablo Hilario Morales, y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez, fueron detenidos alrededor de las tres y media de la tarde en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la bodega de la Coca-Cola, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Atlixtac.

Atlixtac, es la cabecera del municipio que lleva este mismo nombre.

La CIPOG-EZ reportó que los dos policías comunitarios siguen desaparecidos y exigió a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Tanto las autoridades de los municipios de Atlixtac y Tlapa han negado que tengan detenidos a los dos desaparecidos.

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata responsabilizó a los policías municipales de Atlixtac de lo que le pueda ocurrir a los dos indígenas nahuas.

Según esta organización, los agentes municipales de Atlixtac tienen relación con un grupo un grupo criminal que opera en la región de la Montaña baja de Guerrero.

En otro punto de esta misma zona donde se han denunciado desapariciones y asesinatos, es en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Durante el mes de diciembre del 2021 y en enero del 2022, fuerzas de seguridad federal y estatal realizaron dos búsquedas de tres policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que fueron desaparecidos hace más de un mes en esa zona.

Se trata de los guardias civiles Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la comunidad de Ayahualtempa y el tercero de Alcozacán, del municipio de Chilapa.

El pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, vecina de la localidad de Ayahualtempa, fue privada de su libertad presuntamente por varios policías municipales de José Joaquín de Herrera.

Al siguiente día de su desaparición, el lunes 17 de enero, el cadáver de Delfina fue hallado en un paraje de la comunidad de Temixco, José Joaquín Herrera.

Rocelia Morales Guerrero, madre de Delfina, narró que su hija fue vista en el domingo 16 de enero en el zócalo de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, y ahí fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales.

Covid-19: Sin freno éxodo de migrantes y violaciones a sus derechos humanos

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país


Texto: Beatriz García

Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

18 de enero del 2021

Chilpancingo

 

La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.

De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.

En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.

“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de  lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.

En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.

Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y  tres por coronavirus.

Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.

“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las  condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.

Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas  donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.

Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.

En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.

Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.

El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.

Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.

Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.

El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias  dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.

 

Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional

En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.

Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores,  no se atendió el problema de los jornaleros.

La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.

Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo,  se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa  se registraron 14 mil  jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.

Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para  este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.

Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.

La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.

 

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