El plan contra la venta de niñas en Guerrero sigue atorado y sin presupuesto, a cinco meses de su presentación

Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Fotografía: Amílcar Juárez

5 de abril de 2022

El 10 de noviembre pasado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, presentó un plan para erradicar la venta de niñas en comunidades indígenas del estado, así como los matrimonios forzados. Sin embargo, a casi cinco meses de ello, no se ha implementado ninguna medida para enfrentar el fenómeno.

De acuerdo con un documento obtenido por Animal Político a través de una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Mujer de Guerrero, a la fecha la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción”. Según el Presupuesto de Egresos del Estado, se contempló un monto de 5 millones 161 mil pesos para implementarla en 2022, pero hasta ahora los recursos “no se han autorizado”.

Este medio también consultó directamente a la Secretaría de la Mujer de Guerrero para conocer detalles de la planeación de la estrategia para erradicar la venta de niñas, así como su postura acerca de las críticas que se han planteado contra ella, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

Mientras tanto, continúa la práctica de vender a las niñas mediante una “dote” que paga la familia del novio que busca casarse con ellas. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha documentado al menos 300 casos en los últimos cinco años.

Los retos de una estrategia que no contempla a las víctimas

Neil Arias, abogada de Tlachinollan, explica en entrevista que, hasta ahora, el gobierno de Guerrero se ha concentrado en realizar reuniones con organizaciones no gubernamentales para discutir el diseño del plan, centrado principalmente en la capacitación y sensibilización de funcionarios estatales y municipales, así como en programas sociales que apoyen a las comunidades.

Sin embargo, considera que esta estrategia es insuficiente, ya que no contempla medidas para que las niñas y adolescentes que denuncian ser víctimas de matrimonios forzados y otras violencias puedan reintegrarse a sus comunidades, donde son rechazadas después de acudir ante las autoridades por cuestionar prácticas que a nivel local están normalizadas.

Además, afirma que las autoridades comunitarias, que rigen en estas zonas por usos y costumbres, amedrentan a las jóvenes para que no denuncien, o bien, para que “regresen el dinero” que pagaron por ellas las familias de sus esposos, bajo la amenaza de que serán encarceladas si no lo hacen. En algunos casos, incluso las detienen junto con sus agresores hasta que aceptan reconciliarse con ellos.

“Nosotros conocimos las propuestas en reuniones a las que fuimos invitados. Sabemos que lo que están intentando las autoridades es la capacitación y sensibilización, pero no hay seguimiento para comprobar que realmente tomen en serio las medidas, para saber lo que realmente ocurre en las comunidades. Y a las mujeres no se les escucha, son encuentros de hombres decidiendo sobre sus vidas”, advierte Arias.

A las resistencias de cambiar la “tradición”, se suma el hecho de que, aunque las autoridades les han prometido acceso a programas sociales a las familias a cambio de que dejen de forzar a las niñas a casarse, en los hechos no han podido inscribirse para ser beneficiarias, pues la falta de servicios y la lejanía de las comunidades dificulta que cumplan con los tiempos y requisitos necesarios. Tampoco hay bancos para que cobren los apoyos, y los más cercanos están a horas de distancia, igual que las oficinas de gobierno.

Hasta ahora, en las reuniones a las que Tlachinollan ha asistido, ha presenciado que las autoridades comunitarias cuestionan la intención de erradicar los matrimonios forzados de niñas. “Dicen que nos preocupa mucho que no vendan a las menores de edad, pero no les dan soluciones a sus problemas para conseguir dinero por falta de trabajo, que no hay servicios de salud y los caminos para llegar a los pueblos están fracturados o abandonados”.

La práctica de vender a niñas para matrimonios forzados ha sido documentada en al menos 19 comunidades de una decena de municipios de Guerrero: Cochoapa el Grande (Joya Real, Dos Ríos, San Pedro el Viejo y Cochoapa el Grande), Metlatónoc (Chilixtlahuaca, Zitlaltepec, Yuvinani y Mini Numa), Alcozauca (Zoyatlan y Alcozauca), Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort (Santa María Tonaya), Atlamajalcingo del Monte, Buenavista, San Luis Acatlán, Igualapa (Acalmani y Chimalapa) y Tlacoachistlahuaca (Jicayan del Tovar, Santa Cruz Tucucaní y Yoloxochitl).

Si denuncian, las niñas y sus familias salen perdiendo

En los últimos meses de 2021, Tlachinollan acompañó dos casos que evidencian las problemáticas que enfrentan las niñas que deciden denunciar a sus familias por venderlas, o a sus esposos y sus familiares por la violencia que ejercen contra ellas, y que las autoridades de Guerrero no han tomado en cuenta en el diseño de la estrategia para erradicar esta venta.

Angélica y Anayeli no se conocen entre sí, pero ambas nacieron en Cochoapa el Grande y antes de ser mayores de edad —y de terminar la primaria— fueron obligadas por sus familias a casarse con hombres que pagaron miles de pesos por ellas.

Con 11 años, Angélica fue forzada a contraer matrimonio con un adolescente de 12 años, cuya familia pagó 120 mil pesos como “dote”.

A lo largo del tiempo que estuvo casada, Angélica fue maltratada por la madre de su marido, quien la obligaba a realizar todas las labores domésticas y le decía que para eso habían pagado por ella. Además, su suegro abusó sexualmente de ella, todo mientras su esposo se encontraba en Estados Unidos, a donde migró para buscar empleo.

Atreverse a denunciar le costó haber sido detenida. La familia de su esposo la denunció con la policía comunitaria. Tuvo que pagar para ser liberada y solo ante la presión de activistas encarcelaron a su suegro.

Sin embargo, Angélica y su abuela —quien la ayudó a denunciar— no pudieron volver a sus comunidades. Las juzgan por haber denunciado y encarcelado al hombre que abusó sexualmente de la menor, y exigen que, si las mujeres regresan a sus domicilios, lo haga también el agresor.

En el caso de Anayeli, al no contar con familia que la recibiera después de huir para no ser forzada a casarse, fue llevada a una casa hogar del DIF Guerrero, donde actualmente se encuentra sin recibir más apoyo que el alojamiento, pues no hay intérpretes que permitan tomar su declaración para proceder contra sus agresores, ni para conocer cuáles son sus necesidades y brindarle atención psicológica.

Anayeli logró huir de Joya Real, Cochoapa el Grande, antes de que la familia del joven con el que pensaban casarla llegara para que se consumara la unión. Por esta decisión, quienes pagaron por ella la denunciaron ante policías comunitarios, y ambos menores fueron encerrados en una cárcel para llegar a un acuerdo.

La joven se negó al matrimonio, y por ello perdió comunicación con su familia y con la única comunidad y vida que conocía. Antes de terminar en una casa hogar en Chilpancingo, capital del estado, Anayeli solo había vivido en Joya Real, con las mismas personas, que hablan su misma lengua.

Tomando como ejemplo ambos casos, Neil Arias concluye que las acciones que ha presentado el gobierno de Guerrero como parte de su plan para erradicar los matrimonios forzados “no están a la altura de resolver estos problemas”.

“El tema no solo es sensibilizar para prevenir casos, sino saber qué hacer cuando ocurren los casos, o cómo apoyar a las niñas que consiguen huir antes de que se formalicen los acuerdos entre las familias. Porque desafortunadamente la vulnerabilidad de las jóvenes se mantiene aunque se evite el matrimonio”, alerta.

Exigen a fiscal localización de comunitarios desaparecidos en Alcozacán

Se trata del comandante regional de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez quienes presuntamente privados de su libertad por policías municipales de Atlixtac


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

1 de febrero de 2022

Chilpancingo

La Fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón acudió a la comunidad de Alcozacán del municipio de Chilapa en donde se reunió con sus habitantes y dirigentes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) quienes le reclamaron su inacción para localizar a varios de sus compañeros desaparecidos.

«No nos trajo información sobre la localización de nuestros compañeros», señaló el ex coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna.

La Fiscal Sandra Luz visitó esta comunidad como compromiso que hizo con la gente y líderes de esta agrupación armada después de que durante dos días de la semana pasada cerraron la carretera federal Chilapa-Tlapa a la altura de la comunidad de Zacapexco para exigir la presentación con vida de dos de sus compañeros.

Se trata del comandante regional de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez quienes presuntamente fueron privados de su libertad por policías municipales de Atlixtac cuando ambos circulaban en una motocicleta por la carretera federal Chilapa-Tlapa, el pasado 26 de enero.

La gente responsabiliza al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía de la desaparición de los dos guardias civiles.

Sandra Luz Valdovinos llegó a Alcozacán a las 9 de la mañana de este miércoles y platicó dos horas con los habitantes y líderes de la CRAC-PF.

«Nosotros no estamos contentos con lo que nos vino a decir porque no nos trajo nada de información y solo se comprometió a regresar con nosotros el próximo ocho de febrero», dijo David Sánchez Luna entrevistado vía telefónica.

Durante el mes de diciembre del 2021, la CRAC-PF, denunció la desaparición de otros tres policías comunitarios.

Se trata de Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la localidad de Ayahuatempa, del municipio de José Joaquín Herrera y el tercero de Alcozacán.

Los tres siguen desaparecidos pese a que fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas en esa zona donde supuestamente fueron privados de la libertad por un grupo armado.

El pasado 17 de enero, Rocelia Morales Guerrero, de la comunidad de Ayahualtempa, denunció que su hija de 26 años Delfina Ramírez Morales fue hallada muerta a balazos en un paraje del pueblo vecino de Temixco.

Denunció que su hija fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales de José Joaquín Herrera cuando caminaba por el zócalo de la localidad de Hueycantenango.

Todas estas demandas de justicia le fueron planteadas a la Fiscal, Sandra Luz Valdovinos durante su visita que hizo en Alcozacán en donde desde el 2020 arreció la violencia después del asesinato de diez músicos que fue perpetrado por integrantes de la organización delictiva de Los Ardillos como consta en la investigación que realizó la Fiscalía.

Viudas de los músicos asesinados en enero del 2020, estuvieron en la reunión de este miércoles con la Fiscal.
Durante la plática con la Fiscal, los dirigentes de la CRAC-PF le pidieron que investigue la procedencia de un video donde aparecen sometidos los policías comunitarios Pablo Hilario Hernández y Samuel Hernández Sánchez quienes son interrogados y señalan a los dirigentes de la CRAC-PF y del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-Emiliano Zapata) de pertenecer al grupo (delictivo) de los Rojos.

«La CRAC y todo el pueblo de Alcozacán están involucrado y otros pueblos de El Rincón, Ayahuatelpan, Zacapexco, Tula, Xochitempa y Nuevo Amanecer, todos ellos pertenecen a los Rojos que se involucraron», dice uno de los policías comunitarios que tiene las manos amarradas hacia atrás.

Otro de los policías comunitarios que tiene el dorso desnudo señala que a la gente de estos pueblos el grupo de Los Rojos los ha apoyado con armas, municiones y vehículos.

En el video, uno de los detenidos, señala al ex coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna y a su hermano Bernardino Sánchez de estar involucrados en el asesinato del director de la policía del municipio de José Joaquín Herrera, Miguel Ángel Morales Meneses, el 9 de julio del 2019.

También señalan al ex líder de las autodefensas del municipio de Tixtla, Gonzalo Molina González de apoyar el movimiento de los pueblos de está zona de la Montaña baja donde opera la policía comunitaria de la CRAC-PF.

David Sánchez Luna rechazó que la CRAC-PF esté involucrada con el grupo de Los Rojos y el líder de esta organización Zenén Nava quien está preso en el penal de Acapulco desde el 2019.
Confirmó que los dos hombres que aparecen en el video y que son aparentemente interrogados son los policías comunitarios Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez que están desaparecidos desde el pasado 25 de enero.

«Nosotros le pedimos a la Fiscal que investigue ese video y que se dé con el paradero de nuestros dos compañeros», afirmó David Sánchez Luna quien fue entrevistado después de que la Fiscal se retiró de la comunidad de Alcozacán.

Bloquea Policía Comunitaria carretera Chilapa-Tlapa

Hasta las dos de la tarde de este jueves, el bloqueo llevaba más de 15 horas sin que ninguna autoridad diera respuesta a las demandas de los comunitarios que exigen la presentación con vida de dos desaparecidos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Ciudadanos e integrantes de la Policía Comunitaria bloquean la carretera federal Chilapa-Tlapa para exigir a las autoridades realicen labores de búsqueda de dos autodefensas que desde este martes están desaparecidos en el municipio de Atlixtac, en región Montaña.

El cierre de la vía que empezó desde ayer miércoles en la noche está en las inmediaciones de la comunidad de Papaxtla. Los automovilistas tienen que tomar vías alternas, hasta que las demandas de los policías adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) sean resueltas.

Jesús Plácido Galindo, dirigente de esta agrupación, comentó que la última vez que se les vio al comandante de estas autodefensas, Pablo Hilario Morales y al policía comunitario Samuel Hernández Sánchez, fue el martes pasado en la tarde cuando fueron detenidos por policías municipales de Atlixtac.

Mencionó que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya fueron a recabar información y en el transcurso de hoy jueves acudirá con ellos el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.

Denuncian desaparición de dos policías comunitarios en Atlixtac

Suman dos desapariciones más en territorio comunitario


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que dos policías comunitarios que pertenecen a su organización están desaparecidos desde este martes y la última vez que se les vio fue cuando eran detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac.

En un comunicado, la organización difundió que el comandante de la Policía Comunitaria de Zacapexco, Pablo Hilario Morales, y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez, fueron detenidos alrededor de las tres y media de la tarde en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la bodega de la Coca-Cola, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Atlixtac.

Atlixtac, es la cabecera del municipio que lleva este mismo nombre.

La CIPOG-EZ reportó que los dos policías comunitarios siguen desaparecidos y exigió a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Tanto las autoridades de los municipios de Atlixtac y Tlapa han negado que tengan detenidos a los dos desaparecidos.

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata responsabilizó a los policías municipales de Atlixtac de lo que le pueda ocurrir a los dos indígenas nahuas.

Según esta organización, los agentes municipales de Atlixtac tienen relación con un grupo un grupo criminal que opera en la región de la Montaña baja de Guerrero.

En otro punto de esta misma zona donde se han denunciado desapariciones y asesinatos, es en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Durante el mes de diciembre del 2021 y en enero del 2022, fuerzas de seguridad federal y estatal realizaron dos búsquedas de tres policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que fueron desaparecidos hace más de un mes en esa zona.

Se trata de los guardias civiles Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la comunidad de Ayahualtempa y el tercero de Alcozacán, del municipio de Chilapa.

El pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, vecina de la localidad de Ayahualtempa, fue privada de su libertad presuntamente por varios policías municipales de José Joaquín de Herrera.

Al siguiente día de su desaparición, el lunes 17 de enero, el cadáver de Delfina fue hallado en un paraje de la comunidad de Temixco, José Joaquín Herrera.

Rocelia Morales Guerrero, madre de Delfina, narró que su hija fue vista en el domingo 16 de enero en el zócalo de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, y ahí fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales.

Covid-19: Sin freno éxodo de migrantes y violaciones a sus derechos humanos

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país


Texto: Beatriz García

Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

18 de enero del 2021

Chilpancingo

 

La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.

De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.

En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.

“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de  lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.

En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.

Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y  tres por coronavirus.

Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.

“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las  condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.

Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas  donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.

Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.

En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.

Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.

El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.

Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.

Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.

El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias  dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.

 

Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional

En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.

Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores,  no se atendió el problema de los jornaleros.

La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.

Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo,  se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa  se registraron 14 mil  jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.

Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para  este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.

Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.

La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.