Etiqueta: seguridad
Cierran escuelas y comercios en Ocotito luego de que pobladores impidieran a Ejército detener a dos autodefensas
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
Ocotito
Autoridades y pobladores de la comunidad de Ocotito, municipio de Chilpancingo, ordenaron el cierre de comercios y escuelas, luego de que impidieron que el Ejército y Guardia Nacional detuviera a dos autodefensas durante esta madrugada.
«A las 4 de la mañana nos informan que se querían llevar a dos compañeros de la policía comunitaria, pero nos organizamos y afortunadamente logramos rescatarlos», dijo Julio César Almazán Castro, comisario municipal de Ocotito, quien junto con líderes de las autodefensas dieron una conferencia de prensa.
Mencionó que ignora las razones de las fuerzas armadas para llevarse a los dos autodefensas.
Contó que desde ayer jueves tenían planeado organizarse para trasladarse en marcha a la salida de la comunidad y dialogar con los soldados del Ejército y Guardia Nacional, pero no realizarían ninguna protesta.
Pero luego de percatarse que el Ejército querían llevarse a dos policías comunitarios acordaron el cierre de escuelas y comercios.
«Estamos viviendo un clima de hostigamiento e intimidación por parte del Ejército y Guardia Nacional», denunció Almazán Castro.
Comentó que su intención era avisarles a los militares que por mandato de los pobladores reactivarán lo que ellos nombran la policía comunitaria.
«No pedimos que se vaya el Ejército, que haga su trabajo, pero de la mejor manera, sin hostigar a nuestra gente», expresó el comisario.
Mencionó que estas intimidaciones y hostigamiento que, según él, están sufriendo los habitantes de Ocotito por parte de las fuerzas armadas federales es por la reactivación de la policía comunitaria.
«La policía comunitaria no va a utilizar armamento de uso exclusivo del Ejército, eso le dijimos al mando militar que está al frente del retén de seguridad», aseguró Almazán Castro.
En las redes sociales de este viernes, transportistas de la ruta Chilpancingo-Ocotito dieron a conocer la suspensión del servicio al público porque, supuestamente, estaría cerrada la carretera federal.
«Nosotros nunca planeamos cerrar la carretera, lo que sí pedimos a los dueños de los negocios que cerraran y a los directores de las escuelas suspendieran las actividades académicas», dijo el comisario.
En un recorrido por las calles de la comunidad, ubicada a 30 minutos de Chilpancingo, se observaron decenas de comercios cerrados al igual que varias escuelas de educación primaria, preescolar y secundaria.
El desmantelamiento de la policía comunitaria vinculada a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ocotito se aceleró en febrero pasado a raíz de la detención de su líder, Deivy Barrientos, en Puebla, acusado de delitos del fuero federal. En Guerrero también tiene una carpeta de investigación por la autoría intelectual del homicidio del periodista Fredi Román Román, ocurrida en agosto del 2022 en Chilpancingo.
Al menos dos ocasiones, habitantes de Ocotito y seguidores de Barrientos han realizado protestas en Chilpancingo para exigir a las autoridades su liberación.
Otra policía comunitaria que estaba en el corredor de El Valle de Ocotito y que desapareció es la de Buenavista de la Salud, luego de que en enero del 2022, en un enfrentamiento contra presuntos integrantes del grupo criminal Los Ardillos, asesinaron a su líder, Mario Zamora, y otros cuatro integrantes de estas autodefensas.
Gobierno de Chilpancingo tiene policías para 20 por ciento de la población, y la mayoría están fuera de funciones
Hay 120 policías en total, pero en las calles operan de 25 a 30 elementos diarios. De las 52 cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad sólo funcionan 28, y la alcaldesa se niega a informar al Cabildo las acciones contra la inseguridad
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo
Chilpancingo
En los últimos meses, en Chilpancingo, la violencia aumentó de manera considerable, en marzo 12 personas fueron asesinadas en la capital, por lo que ocupó el tercer lugar en homicidios a nivel estatal, detrás de Acapulco e Iguala, de acuerdo con el conteo de asesinatos que realiza Amapola, periodismo transgresor.
Con esta cifras hay unas serie de hechos que incluyen quema de locales, extorsiones y robos, que también son consideradas acciones de inseguridad a los que están expuesta la ciudadanía de Chilpancingo.
Al indagar sobre cuáles son las herramientas institucionales para contrarrestar la inseguridad, se halló que el equipo de seguridad está descuidado y que los policías municipales no reciben el equipo necesario para enfrentar los hechos violentos.
En 2020, el entonces alcalde capitalino, Antonio Gaspar Beltrán, puso en marcha el uso de cámaras de videovigilancia que serían monitoreadas por la Secretaría de Seguridad del municipio; este programa formaría “parte de la nueva estrategia de seguridad en la capital”, así lo anunció.
Instalarían 52 cámaras de videovigilancia, según dijeron, en puntos estratégicos de la ciudad. Además colocarían botones de pánico que, supuestamente, comunicaban directamente al Centro de Control de Videovigilancia (C2) para atender emergencias. Informaron del funcionamiento de dos drones para patrullaje aéreo.
A los puntos de videovigilancia les denominaron Punto de Monitoreo Inteligente (PMI). Estos espacios constan de un poste que en la punta tiene la cámara y en medio el botón de pánico; construyeron las bases para colocarlos.
Los PMI los instalaron en los puntos más transitados de Chilpancingo: avenida Insurgentes, las laterales del bulevar Vicente Guerrero, algunos puntos del encauzamiento del río Huacapa, y otros más en la avenida Lázaro Cárdenas.
Estas cámaras serían monitoreadas a través C2, instalado en la Secretaría de Seguridad Pública; en ellas invirtieron siete millones de pesos, según los números de la pasada administración.
Pero el monto total de inversión, de acuerdo con la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chilpancingo, Martha Isela Vázquez Adame, fue de 15 millones de pesos.
El C2, dijeron las autoridades locales de entonces, permitiría monitorear la ciudad y a los servidores públicos en alerta para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
A tres años de eso sólo funcionan 28 cámaras y ningún botón de pánico, de acuerdo con la regidora de Seguridad Pública, Guadalupe Aguilar Alcocer.
El resto de cámaras, 26, están descompuestas debido a que la empresa a las que fueron concesionadas nunca cumplió con el mantenimiento.
Se trata de la empresa de seguridad Blackshield Armoring SA de CV, con domicilio en calle Saltillo número 37, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Blackshield Armoring, de acuerdo con su sitio oficial, es una empresa de seguridad privada que entre sus servicios instalan sistemas de alarma, guardias de seguridad, seguridad a transportes de carga y monitoreos de videovigilancia.
Aun cuando la administración municipal es otra desde 2021, tampoco hay indicios de que las estrategias mejoraran.
De acuerdo con Aguilar Alcocer, desde el inicio de esta administración solicitaron a la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, un informe mensual, o en cada sesión de Cabildo, sobre el tema de la seguridad para conocer por qué las cámaras no funcionan, pero denunció que se niega.
“Sólo pedimos lo que establece el Artículo 73 de Ley Orgánica del Municipio, en su fracción tercera, donde dice que el presidente está obligado a dar un informe al Cabildo en conjunto con su jefe seguridad, en este caso Martha Isela, para conocer la situación, pero es algo que no ha ocurrido y a lo que siempre se niega”, mencionó.
En a menos tres hechos violentos que ocurrieron en el centro de la ciudad ninguna cámara grabó lo que ocurrió.
La tarde del 29 de diciembre del 2022, la menor Paola Michelle Jiménez Valadez fue asesinada al salir del Billar Guerrero, sobre en la avenida Benito Juárez, donde entró a vender pasteles.
Justo en esa cuadra, que está a pocos metros del centro de la ciudad, no existe ninguna cámara videovigilancia.
En otro hecho, el de la mañana del 31 de marzo, en la avenida Benito Juárez, un ex policía municipal de Chilpancingo, acompañado de su esposa y tres hijos, que viajaba en un automóvil Chevrolet Cavalier color gris, fue asesinado a balazos ante muchos testigos que caminaban por la avenida, una de las más transitadas de la ciudad.
De nueva cuenta ninguna cámara captó el momento del asesinato.
Policía Municipal sin equipo para proteger a los habitantes
Además del tema de las cámaras inservibles, la Policía Municipal trabaja sin las condiciones para desempeñar su labor, de acuerdo con una consulta entre miembros de la corporación de los que se reservarán nombres.
Desde hace un año lo elementos de seguridad municipales platearon un pliego petitorio a la alcaldesa, el cual siguen sin responderles.
Los policías pidieron uniformes de calidad, porque los que recibieron de la alcaldesa “son de mala calidad; se despintan a cada lavada”, dijo uno de ellos.
Otro de los temas que preocupa a los elementos es que no los dejan descansar ni cinco minutos por las noches, primero, porque sus dormitorios son ocupados de tiempo completo por la Policía Estatal y, segundo, porque lo tienen prohibido, su horario es 24 por 24.
El seguro de vida de los policías municipales venció en marzo y la alcaldesa no tiene fecha para renovarlo, “por lo que estamos en la indefensión total si nos llega a pasar algo”, dijo la misma fuente.
Debido a que el pleno petitorio sigue pendiente, desde noviembre está instalada una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento, la Regiduría de Seguridad Pública y los policías municipales.
Para atender una población de 280,000 personas, Chilpancingo tiene 120 policías activos para brindar seguridad y nueve patrullas en operaciones.
De acuerdo con la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas se debería tener en promedio 300 agentes de policía por cada 100,000 habitantes.
Para que Chilpancingo cumpla esta recomendación necesitaría 600 elementos de seguridad municipales. Si funcionaran los que hay en óptimas condiciones sólo cubrirían un 20 por ciento.
Pero la situación es más complicado que eso. Durante una reunión con empresarios del sector hotelero de Chilpancingo y una exigencia de seguridad para sus negocios, la secretaria de Seguridad Pública Municipal reconoció que aun cuando son oficialmente 120 policías, en realidad, en las calles operan de 25 a 30 elementos diarios.
Esos elementos tienen que cubrir a toda la población de Chilpancingo.
«De 120 muchos están de permanente, otros por sus funciones están asignados al lugar donde permanecen siempre y al final para recorrer las calles sólo quedan en 25 y 30 elementos al día», dijo y dejó en evidencia la vulnerabilidad de la población.
Marchan en Chilpancingo por la liberación de líder de las autodefensas del Ocotito
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
11 de abril del 2023
Chilpancingo
«¡Ni un voto más para Morena!», «¡Justicia para el Ocotito!» y «¡Justicia para nuestro amigo Deiby Barrientos!», fueron parte de las consignas de pobladores del Ocotito durante la marcha que realizaron esta tarde al sur de la ciudad de Chilpancingo para exigir la liberación de David Barrientos Salazar, ex líder del grupo de autodefensa de esa parte rural del municipio, que fue detenido en Puebla por portación de arma de fuego y con paquetes presuntamente de droga.
La marcha comenzó al sur de la ciudad, en el punto conocido como Parador del Marqués, donde el contigente de pobladores del Ocotito, conformado por unos 200 personas, ya eran esperados por un grupo de Policías Estatales y Guardia Nacional con equipo antimotin.
Ante las amenazas de los elementos de seguridad de desalojarlos y detenerlos si bloqueaban la Autopista del Sol, los manifestantes marcharon sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero con dirección al norte de Chilpancingo.
Los manifestantes dijeron que no harían declaraciones públicas sobre la exigencia de la liberación de Barrientos Salazar, «todas nuestras exigencias están en las lonas y cartulinas», dijeron.
En las cartulinas se leía: «Justicia para el compañero Deiby Barrientos», «Exigimos a los tres niveles de gobierno justicia para el Ocotito» y «FGE fabrica culpables».
La marcha hizo una parada en Palacio de Gobierno donde los manifestantes denunciaron que les fueron retenidas de manera arbitraria dos camionetas en las que llegaron.
«Ellos piden respeto, pero no son respetuosos, a punta de pistola se llevaron dos de nuestras camionetas y no nos las quieren devolver», mencionó uno de los manifestantes que no quiso dar su nombre.
El manifestante agregó que las camionetas no obstruyeron la vía pública ya que estaba estacionados en un estacionamiento privado de una tienda departamental cercana.
La marcha continuó sobre el encauzamiento del río Huacapa con dirección a Ciudad Judicial.
Barrientos Salazar fue detenido el pasado 13 de febrero junto con una mujer de nombre Betzaira Montserrat, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo de lujo marca Mercedes Benz C350.
De acuerdo con el gobierno federal, Barrientos Salazar era objetivo prioritario; le atribuyen delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de suministro, portación de arma de fuego y cartuchos sin licencia.
También es investigado por estar implicado en el asesinato del periodista Fredid Román Román, asesinado en las calles del centro de Chilpancingo el pasado 22 de agosto del 2022.
Ya en la Ciudad Judicial, una de las manifestantes, que tampoco quiso dar su nombre mencionó que Barrientos Salazar es inocente y no tiene nada que ver en los hechos que se le acusa.
«Nosotros lo conocemos y es una buena persona, lo están incriminando injustamente», mencionó la manifestante.
Agregó que además de la exigencia de liberación de Barrientos Salazar, la manifestación es para pedir a la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, obra pública para el Ocotito.
Además exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer el crimen en contra de Bertín N, asesinado el 22 de julio del 2022, quien se desempeñaba como secretario de la Comisaría del Ocotito y que hasta la fecha, de acuerdo con los manifestantes, no se esclarece el caso.
Los manifestantes permanecieron fuera de la Ciudad Judicial, mientras dentro se llevaba a cabo la segunda audiencia de Barrientos Salazar por sus implicaciones en el asesinato del periodista Román Román.
Sobre dicho caso los manifestantes dijeron no que comentarían sobre el tema.
Además de los manifestantes un fuerte dispositivo de seguridad, conformado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Ministerial, resguardaba el edificio de Ciudad Judicial.
Irrumpen policías ministeriales a comunidad de la Sierra; la FGE aduce boicot para impedir detenciones
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Fotograma
3 de marzo del 2023
Chilpancingo
Elementos de la Policía Ministerial irrumpieron en Campo del Cielo, pueblo serrano del municipio de Petatlán, catearon viviendas «sin alguna orden judicial» y dispararon contra pobladores, denunciaron los propios habitantes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) justificó que los agentes sólo iban de paso por la población cuando fueron agredidos.
Los pobladores de Campo del Cielo, comunidad ubicada en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, exhibieron a través de un video a Policías Ministeriales que realizan disparos e insultan a la población.
«¡Órale a chingar a su madre!», se escucha gritar a un agente ministerial encapuchado a un grupo de pobladores que están sobre una calle del poblado.
Inmediatamente se escuchan varios disparos de arma de fuego y gritos de mujeres.
Para defenderse de las agresiones los pobladores, entre hombres y mujeres, portan palos con los que tratan de hacerle frente a los agentes ministeriales armados.
«¿Por qué se van?», les pregunta una mujer a los policías ministeriales que portan rifles AR-15.
En el video se ve que una mujer le lanza un garrotazo a un agente e inmediatamente se escucha como los agentes cortan cartucho.
«No, no hagan eso», les gritan de nuevo los pobladores.
Entonces los policías disparan al aire y al suelo y gritan insultos contra los pobladores.
«¡Órale a chingar a su madre pendejo!», grita un agente luego de accionar su arma.
En el video se aprecia que patrullas de la FGE, Guardia Nacional y Ejército circulan por una calle de la comunidad y ante las agresiones por parte de los elementos ministeriales, las otras corporaciones no hacen nada para impedirlas.
En un escrito redactado en una hoja de cuaderno, los habitantes de esa zona de la Sierra de Guerrero denunciaron que en la irrupción que realizaron este jueves los agentes de la FGE golpearon a niños y a mujeres de las comunidades de La Morena y La Barranca del Bálsamo, del municipio de Petatlán.
En su escritorio los pobladores agregan que algunas mujeres lesionadas por los policías están embarazadas.
Narraron en esas líneas que los ministeriales saquearon sus viviendas a las que se metieron sin una orden judicial de cateo.
Por los hechos exigieron la presencia de personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG) para que recaben las denuncias de las agresiones que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad.
Los agentes fueron los agredidos, respondió la FGE
En un comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) está tarde informó que un grupo de 25 personas de la comunidad Campo del Cielo comenzaron las agresiones contra los agentes ministeriales luego de que éstos, en compañía de elementos del Ejército, realizaron una diligencia judicial en el pueblo La Morena.
Además, de cuerdo con la FGE los pobladores colocaron obstáculos en el camino, lo que provocó la huida de dos personas identificadas como «jefes de plaza y de sicarios del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana», se lee en e comunicado de la Fiscalía.
La FGE difundió que a las 17:15 horas de este jueves 2 de marzo, los agentes y militares arribaron a La Morena y en el camino se hallaron «estrellas poncha llantas que averiaron ocho vehículos, además de personas que bloquearon la vía con vehículos abandonados tipo tortón cargados de madera».
La FGE asegura que estos obstáculos tenían el objetivo de impedir que las fuerzas de seguridad arribaran al lugar y completar unas órdenes de aprehensión, lo que ocasionó que esas personas (supuestamente integrantes de la FM) huyeran del lugar.
En los cateos que realizaron los elementos de seguridad en La Morena, aseguraron, de acuerdo con el mismo comunicado, una cabaña con acabados de lujo, diseñada en madera, de dos plantas, con ocho cuartos y estancia principal.
También aseguraron una camioneta Camper Pinnacle de aproximadamente 12 metros de largo y 3 metros de ancho, acondicionada con 2 recámaras cocineta, refrigerador y lavadora.
«Cuatro camionetas tipo Pick-Up con reporte de robo, uniforme tipo militar pixelado, artefacto explosivo artesanal tipo granada, envoltorios con marihuana y diversos cartuchos útiles, además de un plantío de marihuana de 600 metros cuadrados».
La FGE informó que durante el retiro del convoy de los agentes y militares hacia Petatlán fueron interceptados por unas 25 personas, en su mayoría mujeres, en el poblado de Campo del Cielo.
«Trataron (las personas) con palos y piedras de impedirles el paso (a agentes y militares) al poblado, siendo golpeado un elemento de la policía investigadora ministerial y otro más resultó golpeado por una piedra», es un párrafo del comunicado de la FGE.
«En ese contexto y a fin de evitar mayores agresiones físicas, un agente ministerial realizó diversos disparos con su arma de cargo hacia el piso, con el objetivo de disuadir a dichas personas, acción que se permitió que lograran pasar (los agentes y soldados)», es la explicación de la Fiscalía sobre los disparos.
Pobladores de la Sierra liberan a los 32 policías después de un enfrentamiento a balazos
En el enfrentamiento murieron dos agentes y tres presuntos miembros de la FM. Una mujer policía retenida contó en una reunión entre habitantes y autoridades estatales que los miembros de la FM iban infiltrados en la corporación policíaca
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Oficial
29 de enero del 2023
Habitantes de la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, dejaron en libertad a los 32 policías estatales luego de que este sábado en la tarde se enfrentaron a balazos con elementos de esta corporación que dejó un saldo de cinco muertos.
Dos agentes y tres presuntos integrantes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana que supuestamente iban con los uniformados murieron en la confrontación a tiros con los pobladores.
El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, llegaron a El Parotal. En la reunión con el segundo comisario de la comunidad, los pobladores expusieron cómo fue la irrupción de los agentes estatales y tres miembros de la organización criminal de la Familia Michoacana.
Relataron que este sábado alrededor de las dos de la tarde cinco patrullas con más de 30 policías estatales entraron por la comunidad de Santa Rosa, hacia El Parotal, a una distancia de máximo 30 minutos en vehículo.
Los policías estatales iban encapuchados. Llegaron a la comunidad, catearon viviendas y robaron pertenencias a los moradores.
Una persona del pueblo contó en la reunión que después de las agresiones de los policías contra las mujeres y niños, el pueblo se organizó y tapó las salidas.
La población retuvo a los agentes y exigió sus identificaciones.
Los policías, contó, se negaron a identificarse. El comandante que iba con ellos los protegió y fue entonces que empezó el enfrentamiento a balazos entre policías y pobladores.
Una mujer policía de los 32 retenidos dijo ante los secretarios de Gobierno y de Seguridad que los tres fallecidos en el enfrentamiento, presuntamente pertenecen al grupo de la Familia Michoacana. La mujer policía contó, de acuerdo con la versión de los pobladores, que pasaron por ellos este mismo sábado al hotel Fiesta Americana de Acapulco, antes de trasladarse a El Parotal.
La mujer policía confesó ante Reynoso Núñez y Méndez Gómez que a estas tres personas hospedadas en ese hotel se les proporcionó uniformes de agente de la corporación para infiltrarse con ellos.
Tras escuchar el relato de la agente, el titular de la Secretaría de Seguridad prometió a las autoridades y habitantes del pueblo ordenar una investigación contra los agentes.
Los funcionarios estatales llegaron a El Parotal acompañados por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal.
Méndez Gómez y Reynoso Núñez se comprometieron a que a partir de este lunes 30 de enero instalarán bases de seguridad de operaciones mixtas en las comunidades de Pata de Gallo, Ejido Crucero y en San Antonio de las Texas.
Los habitantes de la comunidad entregaron las armas de los agentes retenidos, a quienes también dejaron en libertad.
Los tres presuntos delincuentes que murieron en el enfrentamiento junto con un comandante y un policía portaban fusiles AK-47.
Un habitante de esa comunidad afirmó que si el gobierno estatal no instala las bases de seguridad en los tres puntos acordados como lo prometieron los secretarios de Seguridad y de Gobierno seguramente registrarán más enfrentamientos.
«Nos dijeron que ayer sábado en la comunidad de Pata de Gallo, muy cerca de El Parotal, ya estaba listo un grupo de integrantes de la Familia Michoacana para bajar», afirmó la misma fuente.
Autodefensas de El Ocotito cumplen nueve años como única opción de seguridad en la zona
Texto: Amapola periodismo
Fotos: Oscar Guerrero
23 de enero del 2023
El Ocotito
La Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) asentada en esta comunidad que pertenece a Chilpancingo cumplió nueve años de que fue creada, lapso en el que sus integrantes han enfrentado divisiones y muerte.
Esta conmemoración llega con nueve de sus integrantes asesinados en enfrentamientos con delincuentes.
En enero del 2014, pobladores se concentraron frente a una de las bodegas ubicadas a las afueras de la comunidad y ante la presencia del líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, se sumaron a su iniciativa de crear la Policía Comunitaria, que en realidad funciona como un grupo de autodefensas.
Este dirigente creó la organización después de separarse de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y crear migas con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la extendió por algunos lugares de Guerrero.
La gente se sumó porque en ese tiempo la inseguridad ya era un asunto desmedido en la zona rural de Chilpancingo.
En ese acto estaba el entonces dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato y el alcalde de esta capital, Mario Moreno Arcos.
Durante el acto, Damián Huato acusó al priísta Moreno Arcos de estar coludido con un grupo criminal.
Ese mismo día en la noche, de regreso a Chilpancingo a bordo de su camioneta, el empresario fue atacado a balazos por un grupo armado en el puente de la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués. Un hijo y una nuera de Damián Huato viajaban en el mismo vehículo; ella fue asesinada, él salió herido.
En medio de estos hechos de violencia de aquel día arrancaron las autodefensas de El Ocotito.
Durante estos nueve años, estas autodefensas tuvieron varias diferencias con las del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) de la comunidad vecina de Mohoneras, que en aquel entonces dirigía Salvador Alanís Trujillo, quien salió de la comunidad y se refugió en la Sierra Tlacotepec, donde fundó otro grupo.
El Fusdeg es un grupo también de autodefensas que surge de las mismas entrañas de la UPOEG, porque se dividieron.
Alanís Trujillo también con sus autodefensas se extendió a otros lugares, por ejemplo a Apaxtla de Castrejón, donde fueron expulsadas este fin de semana por las fuerzas federales y estatales.
Al cumplirse este lunes lo nueve años de haberse fundado la Policía Comunitaria de la UPOEG en El Ocotito, sus integrantes y la población realizaron una marcha de festejo por un tramo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
La marcha en que participaron mujeres y niños, empezó en la comisaría y terminó en la gasolinera, ubicada en esta misma comunidad, cerca del poblado vecino de Mohoneras.
“Aquí es el pueblo el que solventa a la Policía Comunitaria”, dijo uno de los líderes de las autodefensas.
En el recorrido los niños y mujeres llevaba globos blancos y los policías comunitarios cadenas de papel en el cuello.
Uno de los líderes de las autodefensas informó que en los nueve años que lleva esta organización, nueve de sus compañeros fueron asesinados en enfrentamientos con delincuentes. Además de que muchos policías comunitarios han salido heridos.
Denunció que otros otros pueblos con Policía Comunitaria fueron infiltrados por las organizaciones criminales, lo que, aseguró, no ha ocurrido con ellos, porque la crearon para defenderse. “Ya nadie podía salir a las calles porque te asaltaban o te secuestraban”, dijo.
Lo cierto es que en Guerrero existen diferentes autodefensas o grupos armados amparados en el nombre de policías comunitarios, una función legítima para las comunidades indígenas.
El Ocotito es una localidad ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Chilpancingo.
Después de la marcha, los habitantes del pueblo y los policías comunitarios comieron juntos.
Te podría interesar:
Grupo armado desarma a custodios, ingresa a penal de Coyuca de Catalán y se lleva a un reo
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: El Despertar del Sur
7 de diciembre del 2022
La mañana de este miércoles, individuos armados vestidos con ropa tipo militar desarmaron a los custodios que cuidan el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Coyuca de Catalán, ingresaron a las instalaciones y sacaron a un reo de una de las celdas para llevárselo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SPP).
El preso que este grupo armado se llevó es Samuel “N”, quien enfrenta un proceso por el delito de secuestro, de acuerdo con la información oficial.
Después de la sustracción del reo, la SPP activó la alerta de código rojo con la movilización de corporaciones policiacas y efectivos del Ejército para la búsqueda y localización del reo.
En el lugar de los hechos, la Policía Estatal y las fuerzas federales mantienen un despliegue policiaco.
Samuel “N”, de acuerdo con el reporte de las autoridades, estaba internado en la cárcel de Acapulco, pero apenas ayer martes, fuerzas de seguridad federal y estatal lo trasladaron al penal de Coyuca de Catalán.
Esta municipio está ubicado en la región de Tierra Caliente, donde desde el 8 de octubre pasado existe un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales por lo ocurrido en San Miguel Totolapan, un grupo de hombres armados, que las autoridades identificaron como parte del grupo criminal de la Familia Michoacana, asesinaron a cuando menos 20 personas, entre ellas el alcalde perredista de este municipio, Conrado Mendoza Almeda y a su padre, Juan Mendoza Acosta.
La operación especial policiaca en Tierra Caliente, informaron las autoridades en su momento, es para lograr la detención de los líderes regionales de la Familia Michoacana, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Oloscuaga.
Aumenta delito de extorsión en Guerrero, reconoce Secretario de Seguridad ante diputados
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Congreso del estado
25 de noviembre del 2022
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Gómez Méndez compareció a puerta cerrada en el Congreso en donde reconoció que el delito de extorsión en Guerrero ha venido en aumento en este gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
En su resumen, Méndez Gómez informó ante las comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso, que en la entidad aumentó el delito de extorsión en un 93 por ciento.
Durante su comparecencia ante los diputados locales, la única a puerta cerrada de la semana de comparecencias, Méndez Gómez reconoció que hacen falta policías para la seguridad de los guerrerenses.
El funcionario explicó que de los 4,445 elementos en nómina de esa dependencia, 523 realizan funciones de custodia penitenciaria; 617 atienden medidas cautelares o de protección, 343 están incapacitados o adultos mayores y hay mil 288 ausentes por franquicia vacaciones, incapacidad y permisos.
Méndez Gómez informó a los legisladores que de acuerdo a los estándares que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el tema de seguridad, se señala que por cada mil habitantes debe haber 2.8 policías.
En ese sentido, la entidad cuenta con 3 millones 540 mil 685 habitantes, y se requieren de 9,913 policías, de tal manera que se necesitan 3,234 policías más para cumplir con ese indicativo internacional.
Durante su resumen explicó que los policías estatales con los que cuenta el estado para realizar actividades de seguridad ciudadana sólo son 1,674, quienes atienden las llamadas del servicio de emergencia 911, brindan seguridad a programas sociales, atienden conflictos agrarios, realizan recorridos de proximidad social, seguridad a comunidades por desplazamiento, dan seguridad a eventos deportivos y culturales, y atienden manifestaciones sociales.
El funcionario estatal acudió al Congreso Local, para ampliar la información sobre la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del Primer Informe de Evelyn Salgado Pineda.
Explicó que como parte de las estrategias que se delinean en la Mesa para la Construcción de la Paz, se logró la detención de 33 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 13 armas de fuego y la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo.
Respecto a los salarios de los elementos policiacos, el secretario de Seguridad Pública, dijo que los elementos de esa corporación tienen un sueldo mensual de 11,554 pesos, y reciben por concepto de viáticos por 7 mil 500 pesos, por lo que se requiere de un incremento de mil 728 pesos para alcanzar el estándar nacional, dado que los viáticos no son considerados parte del sueldo.
Finalmente, expuso a los legisladores que del mes de enero a septiembre del 2022 se contabilizaron en Guerrero 1,035 homicidios dolosos, con lo que Guerrero se ubicó en el octavo lugar.
Asesinan a líder transportista en Acapulco
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia (Archivo)
Chilpancingo
Un individuo armado asesinó a balazos al presidente de la Confederación Regional de Transportistas del Estado de Guerrero (CRTEG), Raúl Portillo Andraca, cuando estaba en sus oficinas en la colonia Unidos por Guerrero en Acapulco, la tarde de este miércoles.
De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 04:20 de la tarde, un hombre irrumpió en las oficinas del líder transportista, ubicadas entre la avenida El Quemado y la calle Aristóteles.
En ese momento ahí estaba Portillo Andraca y el delincuente le disparó varias veces. Momentos después el líder transportista murió.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Ejército y La Marina llegaron al lugar.
El cadáver del líder transportista fue trasladado al Servicio Médico Forense.
Portillo Andraca participó en diversas campañas y con distintos candidatos de partidos políticos.
Para las elecciones a la gubernatura en el 2015, participó en la campaña de la candidata a gobernadora de la coalición PRD-PT, Beatriz Mojica Morga.
En el 2021, Portillo Andraca apoyó al priísta Ricardo Taja Ramírez, quien iba como candidato a la alcaldía de Acapulco.
Los videos de Los Tequileros y El Fresa, piezas de la construcción de una “narcorrativa” en la Tierra Caliente
Texto: Margena de la O
Fotografía: Carlos Navarrete y Arturo de Dios
Chilpancingo
En el momento que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, salió a dar la información oficial sobre los ataques armados en San Miguel Totolapan, impuso la manera en que debían de explicarse los hechos en que se asesinaron a 23 personas –de las que el gobierno estatal sólo reconoce 20–, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta: “El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”.
Con esto, de alguna manera, indujo a poner la mirada en que el origen de la masacre tenía la misma explicación que desde hace años manejan las instituciones para imponer cuál es el origen de la violencia, que no ha cambiado desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa justificó la llamada “guerra contra el narco”, asociada a que la violencia, que creció con la estrategia militar que empleó, tenía que ver con las acciones de traficantes de drogas.
El funcionario federal citó en el contexto la presencia de Los Tequileros en Tierra Caliente, “un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región”.
La disputa entre grupos criminales que mencionó al principio la clarificó unos minutos más adelante. “Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana a cuyas cabezas, apodadas El Pez y El Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo Tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos”.
La supuesta reciente aparición de Los Tequileros en la escena criminal de la Tierra Caliente, el funcionario la sostuvo en un video que circuló en redes de unos hombres armados que simplemente dijeron que pertenecían a ese grupo criminal y que se adjudicaban el asesinato reciente de un hombre llamado Nazario.
“El líder de ese grupo criminal, Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto, decir que, este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autenficando y reivindican entre otros el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre, en un principio accidente, en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidios sobre este evento”.
Mejía Berdeja sí dijo que el video estaba en proceso de autenficación, pero también mencionó que una nueva línea de investigación sobre el caso de Nazario Domínguez fue abierta después de que circuló ese material.
Cuando el subsecretario salió a dar la información oficial –fue en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 6 de octubre– habían transcurrido menos de 24 horas de los hechos en San Miguel Totolapan. De acuerdo con la información que proporcionaron habitantes de la Tierra Caliente, región a la que pertenece este municipio, los hechos ocurrieron entre una y dos de la tarde.
Él nunca habló de investigaciones puntuales hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) o por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero que sostuvieran estos dichos, pero sí concedió desde su investidura de autoridad federal una especie de anuencia para considerar este tipo de videos como una fuente no sólo informativa.
La académica Cecilia Farfán, coordinadora de los programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, publicó el 30 de agosto pasado en la revista Gatopardo un artículo titulado “Ya no me diga que fue el narco peleándose la plaza”, donde reflexionaba sobre los hechos violentos que ocurrieron semanas antes en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, y a la vez hace un cuestionamiento sobre cómo el debate público está atorado en los “cárteles” y la “plaza”, y que las primeras reacciones de las autoridades ante ellos sólo “se supone pero no se explica”.
“El problema no es sólo que existan distintas versiones de los hechos, emitidas desde el gobierno federal –con el presidente atribuyendo la violencia a una captura que la Sedena dice que nunca ocurrió–, sino que estos lugares comunes de “narcolandia” ofuscan la rendición de cuentas. Me explico. Cuando aceptamos versiones sobre las causas de la violencia del tipo “los criminales se matan entre ellos”, tácitamente aceptamos también que esas son personas que no gozan o incluso que no merecen la protección del Estado. Por ende, cuando ocurren actos de violencia y el Estado nos dice que fueron entre criminales, también abandona su obligación de garantizar derechos. Con esto no quiero decir que no existan las confrontaciones entre grupos criminales –por supuesto que las hay–, pero la responsabilidad de las autoridades no se termina en el acto de decirnos cuántas personas murieron o resultaron heridas. Tiene que investigar y probar la culpabilidad”, se lee en el texto.
Los hechos sobre los que reflexiona la académica son otros y fuera de Guerrero, pero tienen mucha relación con la reacción institucional ante lo que ocurre en San Miguel Totolapan.
Cuando el subsecretario usó un video sin confirmar su autenticidad –sólo dijo que estaban en el proceso de cerciorarse– abrió la puerta a legitimar el uso de esos videos o materiales que hasta ahora, ocho días después de los hechos, son las únicas fuentes más expuestas en la prensa local y nacional para explicar la masacre en Tierra Caliente.
Más videos como única evidencia del origen de la masacre
Al día siguiente de la masacre circuló otro video relacionado al caso. En un en vivo desde el perfil de Facebook de Julián Alvarado apareció un hombre que los habitantes de Tierra Caliente identificaron –se lo comentaron a un grupo de reporteros que viajó de Chilpancingo a San Miguel Totolapan– como José Alfredo Hurtado Oloscuaga, apodado El Fresa o La Fresa, uno de los presuntos líderes del grupo criminal de La Familia Michoacana en la Tierra Caliente.
Este hombre que viste una playera de diseñador y que, quienes saben de marcas prestigiosas, usa un reloj de más de medio millón de pesos –al parecer, por las características que se alcanzan a apreciar en el video, es una pieza Franck Muller, que oscila, según una búsqueda rápida en internet, en 605,000 pesos–, como evidencia de su ostentación y poder económico, dijo que el ataque del miércoles 5 de octubre en San Miguel Totolapan era contra él y los Mendoza, quienes fueron asesinados ese día en el domicilio de los Domínguez, a quienes también las autoridades cuentan entre las víctimas. “(…) Primero que nada el atentado era contra mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá”, es de las primeras frases que menciona.
Después narra, y de eso ya hay mucho contenido en los medios de comunicación locales y nacionales, incluida la información documentada aquí, que él asistiría a la reunión, porque lo acordaron, donde estaba el alcalde, su padre y varias personas cercanas a quien era la autoridad, entre ellos sus asesores, es decir, los servidores públicos del primer círculo en la región.
Expuso que a él no lo balearon porque los agresores se apresuraron. Atacaron a los servidores públicos antes de que él bajará de su camioneta que, además, era blindada.
Aquí no se intenta repetir lo que ya está documentado, pero sí hacer énfasis en algunos datos o elementos que narró quien fue identificado como Hurtado Oloscuaga, entre ellos, que él mismo se encargó de las personas que cometieron el ataque.
“Salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, yo tengo mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba, no creíamos que alguien se atrevería a hacer eso. Me voy a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, nada más iba yo y el comandante Colima, me siguen, estaban muchachos de nosotros ahí, llego con ellos, llegan ellos. Dicen ser Tequileros, no sé de qué grupo sean”.
“(…) Nos llegan allá donde estábamos y, bueno, ahí, yo andaba muy molesto por lo que pasó, y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, por qué, porque se volaron la barda ahora sí al meterse a ese pueblo”.
Las autoridades hasta el momento no han confirmado que este hecho ocurriera, menos si hubo más muertos adicionales a la masacre de San Miguel Totolapan. De hecho, derivado del recuento que hace Amapola, periodismo transgresor sobre los homicidios, basados en las notas periodísticas, no hay reportados muertos en la Tierra Caliente ese día.
Lo que es importante hacer notar es la reacción de las autoridades a este material. La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, dijo en una entrevista en Radio Fórmula, de acuerdo con lo que documentaron otros medios de comunicación, que en la dependencia hacían un análisis técnico del video de ese hombre, pero que con el material abrirían una nueva línea de investigación.
“‘Una información muy relevante que nos está generando una nueva línea de investigación es la publicación de un video en fuentes abiertas… Se está analizando su contenido, viendo coincidencias y tomando líneas de investigación que permitan tomar de manera fehaciente ese dato de prueba’», dijo en entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.
Otra vez, una autoridad considera un material de esta naturaleza como una posible prueba para la investigación, pero no acepta que el presunto delincuente se mueve con impunidad por la Tierra Caliente, es decir, sin que las autoridades lo impidan.
Entre los comentarios que hace ese hombre del video es que vive en la cabecera municipal de San Miguel y que tiene su casa a una cuadra de la presidencia; “yo creo que todo mundo la conoce (…)”, comenta en el video.
Sobre eso, la fiscal rechazó en la misma entrevista de radio, según la misma nota periodística, que tuvieran reportes al respecto. Algunas personas de la Tierra Caliente consultadas a la distancia comentaron que sí se sabe en la zona que Hurtado Oloscuaga pueda tener un casa en el centro de la cabecera municipal.
Por cierto, en julio pasado, el vicefiscal de Investigación de la FGE, Ramón Ayala Gamboa, informó en el contexto de unos bloqueos que hicieron transportistas en la Tierra Caliente, que realizaban una operación policiaca junto a fuerzas federales para detener a los hermanos Hurtado Oloscuaga, y esa protesta fue planeada para impedir su actuación.
“Es un operativo que hace la Federación en coordinación con el estado para detener a los dos principales criminales que operan en el sur del Estado de México y en la Tierra Caliente, específicamente en Arcelia, El Fresa y el Pez”, dijo el vicefiscal de acuerdo con una nota documentada en Amapola, periodismo transgresor.
En los pocos más de 10 minutos que dura ese video, el hombre, el presunto Hurtado Oloscuaga, narra los hechos que se supone cometió, y las actividades que hace, con una tranquilidad, como si fueran acciones comunes de una organización social.
En el ejercicio de continuar con el análisis de los videos que han surgido alrededor del caso, presuntos integrantes de Los Tequileros respondieron a El Fresa, y negaron, de principio, que ellos sean los autores del primer video que les atribuyeron y que el subsecretario de Seguridad Pública federal retoma como una presunta evidencia.
También negaron que ellos sean los responsables de la masacre de San Miguel Totolapan, al contrario, acusaron a Hurtado Oloscuaga, al decir que fue él quien convocó a los servidores públicos municipales a la reunión y que nunca hubo evidencia de las muertes de presuntos tequileros en la zona rural en respuesta a los ataques.
Como aditamento de los videos, en la prensa circula el contenido de una ficha informativa que fue filtrada, se indagó, desde la Mesa de Seguridad Regional, donde señalan a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, come el autor de la masacre de San Miguel Totolapan
“Al llegar al lugar (La Fresa ) de la cita, él y sus sicarios desarmaron a la gente del presidente y los ejecutaron, después salieron disparando por las calles y los domicilios, mientras otro grupo de sicarios dispara a la fachada del Palacio municipal”, dice el reporte con fecha 5 de octubre y hora de envío 18:30 horas.
Lo que queda en evidencia en la dinámica de los videos de miembros entre grupos criminales es la falta de autenticidad de estos materiales, y que antes de confirmarlos, son evidencia para la autoridades como aristas de la investigación formal, con lo que obvian elementos sustanciales del caso, como quiénes son los grupos políticos y económicos detrás de esta violencia, cuando han saltado actores políticos y económicos alrededor de la presencia de grupos, como el ex alcalde y exdiputado local, el priísta Saúl Beltrán Orozco ligado a Los Tequileros.
Con esto nunca se niega la existencia y confrontación de grupos criminales, como dice la académica Farfán, menos la violencia expuesta, porque “(…) la violencia es real, pero la explicación dominante es un ardid político (…)”, apunta el académico Oswaldo Zavala en su libro La guerra en las palabras.
Te puede interesar:
En la calle del ataque en San Miguel Totolapan, nulas evidencias de una refriega
Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados
En 2019, la Sedena compró un sistema de monitoreo a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del software Pegasus. En este sexenio, al menos tres personas han tenido infecciones espía, según lo documenta una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.
Texto: Nayeli Roldán / Animal Político
Ilustración: Andrea Paredes
El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.
Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.
En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.
Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación Gobierno Espía hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.
John Scott, experto de Citizen Lab, advierte que actualmente “existe al menos un operador de Pegasus en México, y podría haber otros, pero la pregunta es ¿quién es este cliente?”. Explica, además, que el sistema es mucho más sofisticado porque ya no requiere que el usuario interactúe con un link, sino que puede usarse de forma remota y aprovechando las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería —como ocurrió con WhatsApp— o del sistema Apple para realizar la infección.
Shalev Hulio, director de NSO Group, ha hecho declaraciones bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en las que ha asegurado que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo.
Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.
Sobre este caso, este lunes 3 de octubre las víctimas del espionaje presentarán ante la FGR una denuncia penal contra quien resulte responsable, con el apoyo legal de las organizaciones R3D y Artículo 19.
El grupo de medios que hizo esta investigación envió cuestionarios para solicitar posturas respecto del tema a la Presidencia, la Sedena, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua, pero en ningún caso hubo respuesta.
Las pruebas
Los periodistas y defensores de derechos humanos espiados durante el sexenio pasado interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2017, y aunque la investigación prácticamente no avanzó durante dos años, Artículo 19 presentó en 2019 una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que dio pie a nuevas diligencias.
Entre ellas, el cateo a KBH Tracken, la empresa que encabeza la red de compañías que vendieron el software Pegasus a instancias del gobierno mexicano. Ahí se localizaron computadoras, dispositivos y documentación con logos de la Sedena, como se aprecia en el registro fotográfico del cateo.
Entre la documentación estaba la carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018. En ella, informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año. Ya lo sería Comercializadora Antsua.
En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría realizar la compra con dicha empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.
La información de ambos documentos fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que la entregaron para esta investigación a condición de reservar sus nombres.
Ahora también se sabe que la Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.
El oficio —clasificado como “secreto”— se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.
El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en esta investigación.
La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, pues estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15 de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.
Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, SA, otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretar la contratación.
Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 6 de noviembre de 2019 que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje: “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”.
En reiteradas ocasiones también ha declarado que ya no había espionaje: “En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”.
La Sedena mantuvo oculto este contrato pese a peticiones por distintos medios.
Los periodistas participantes en esta investigación solicitaron vía transparencia los contratos que hubiesen hecho con Comercializadora Antsua la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Federal y la PGR (hoy FGR), pero en todos los casos respondieron que no habían realizado ninguno.
Incluso, la Sedena también negó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como da cuenta un correo enviado por la institución —localizado también en la información del grupo Guacamaya—, en la que reitera la solicitud para que la dependencia le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020, y que le había hecho previamente como parte del proceso de auditoría aplicada a la secretaría.
“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal de la se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.
El caso Animal Político
El periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad, realizaba una investigación periodística sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares en una zona conflictiva del país en 2021, cuando su teléfono fue infectado.
Daniel Moreno, director de Animal Político, advierte que, con la infección en el teléfono de uno de sus periodistas, quien realizó el espionaje tuvo acceso no solo a esa información, sino a todo el medio, porque durante la pandemia la comunicación entre todo el equipo se concentró a través del teléfono. Además, en las reuniones entre periodistas todos hablan de los reportajes que estén trabajando: “Esto hace que espiar un solo teléfono vulnere a toda la redacción”.
“Primero: no hay ninguna razón legal para que este periodista hubiera sido espiado. Segundo: el trabajo periodístico implica establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. Y además, siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, de limitar derecho a la información y libertad de prensa por los riesgos que conlleva investigar. Se trata de un atentado a muchas cosas”.
El espionaje es aún más preocupante en un país considerado mortífero para la prensa, pues, solo en los primeros ocho meses de este año, 15 periodistas han sido asesinados, y que suman a los 150 contabilizados desde el 2000. También se tiene evidencia de que Cecilio Pineda, reportero de Guerrero asesinado en 2017, había sido espiado con Pegasus.
Por eso, Moreno insiste: “Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores (…) Los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Porque al atentar contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, no se afecta al periodista y al medio, nos afecta a todos”.
Tras la denuncia penal que interpondrán las víctimas, la FGR tiene de nuevo en su responsabilidad encontrar a los responsables. “Ellos son quienes nos deben de decir quién fue. Lo que al menos tenemos que exigir es que la investigación se concluya y nos digan quién espió, qué dependencia lo hizo, bajo qué criterio, cuánto costó, por qué lo hizo de manera ilegal, a quiénes más está espiando”, asegura Moreno.
Culpan al Ejército
Raymundo Ramos ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años y víctima de espionaje desde el sexenio pasado. De acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.
Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.
El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
En esas fechas, también realizaba actividades relacionadas con otros casos de violaciones a derechos humanos ocurridas previamente: la desaparición de 47 personasdurante un operativo especial realizado entre enero y junio de 2018 por parte de la Marina y la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el grupo de inteligencia y el Ejército, en 2019.
Por eso, dice, “no me queda ninguna duda de que no solamente la inteligencia militar y la inteligencia naval están atentas a mi trabajo y a la defensa que hacemos de las víctimas”. Incluso, también ha sido víctima de campañas de desprestigio en publicaciones que lo acusan de vínculos con grupos criminales.
Si bien ha “aprendido” a vivir con los riesgos, en este momento dice tener elementos para sospechar de la existencia de una relación entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, que podrían aprovechar para hacerle daño. “Puedo ser víctima de un atentado por parte del crimen organizado, pero actuando bajo órdenes del Ejército o la Marina para ellos quedar libres de toda sospecha”.
“Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.
El periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab. Sus columnas publicadas en 2020 incluyeron la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.
La fecha de infección del 7 de noviembre de 2019 coincide casi exactamente con el inicio de la ronda de entrevistas por su libro Hijo de la guerra, en el que aborda el origen de Los Zetas, un grupo conformado por desertores del Ejército y que nació prácticamente como fuerza paramilitar. Ahí incluye la entrevista que hizo a Galdino Mellado Cruz, quien se presenta como uno de los fundadores de la organización.
“El libro es una crítica a las decisiones que se han tomado a posterior, donde el Ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio Ejército echó a andar”, explica el escritor.
Por eso, “sí alcanzo a entender por qué se me habría espiado con este malware. Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene en su poder Pegasus es el Ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares (…) Ubico y señalo directamente como responsables de este espionaje a esas autoridades y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que no se le ha informado de que nos están espiando”.
Poco después de esa infección, su hijo menor de edad recibió un mensaje en teléfono preguntando por su padre y por su abuelo. Luego se publicó en Twitter un audio manipulado derivado de una llamada telefónica que había tenido con Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la que hablaron de los casos de Israel Vallarta Cisneros y de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Dicho audio fue utilizado por Isabel Miranda de Wallace para demandar a Ricardo Raphael, acusándolo de pertenecer a una organización criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Esto, dice Raphael, demuestra que Miranda de Wallace “utilizó contactos dentro del Ejército, le facilitaron esta grabación (…) Y si se la entregan a esta señora, ¿a quién más no se lo habrán entregado? ¿En manos de quién más estarán mis cuentas bancarias, mis operaciones, mis hábitos de consumo, los datos de mis redes familiares y amistosas, los datos de mis fuentes? ¿Quiénes son los verdaderos clientes de la agenda militar que ordenó estas intercepciones y luego las repartió?”.
Con todas estas pruebas, Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.
En casos previos se ha confirmado que la Sedena es una de las instituciones que han utilizado Pegasus.
Apenas este 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que la Sedena operaba el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería —pese a que la institución había negado su existencia— y donde utilizaba el software Pegasus para seguimiento e interceptación telefónica.
Mientras tanto, la investigación periodística Pegasus Proyect documentó que gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En México, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) y la extinta Agencia de Investigación Criminal usaron el software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre 2016 y 2017—, y las primeras dos lo hicieron sin orden judicial de por medio.
En dicha investigación se hizo el análisis de miles de datos de potenciales víctimas a espiar en cada país. En el caso de México, estaban personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres, y el entonces fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz.
También estaban opositores como Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche y ahora dirigente del PRI, cuyas conversaciones presuntamente obtenidas por espionaje han sido publicadas por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena. Igualmente, otros gobernadores de aquel momento, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad, de Hidalgo, entre otros.