Pobladores de la Sierra liberan a los 32 policías después de un enfrentamiento a balazos

En el enfrentamiento murieron dos agentes y tres presuntos miembros de la FM. Una mujer policía retenida contó en una reunión entre habitantes y autoridades estatales que los miembros de la FM iban infiltrados en la corporación policíaca


Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Oficial

29 de enero del 2023

 

Habitantes de la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, dejaron en libertad a los 32 policías estatales luego de que este sábado en la tarde se enfrentaron a balazos con elementos de esta corporación que dejó un saldo de cinco muertos.

Dos agentes y tres presuntos integrantes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana que supuestamente iban con los uniformados murieron en la confrontación a tiros con los pobladores.

El secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, llegaron a El Parotal. En la reunión con el segundo comisario de la comunidad, los pobladores expusieron cómo fue la irrupción de los agentes estatales y tres miembros de la organización criminal de la Familia Michoacana.

Relataron que este sábado alrededor de las dos de la tarde cinco patrullas con más de 30 policías estatales entraron por la comunidad de Santa Rosa, hacia El Parotal, a una distancia de máximo 30 minutos en vehículo.

Los policías estatales iban encapuchados. Llegaron a la comunidad, catearon viviendas y robaron pertenencias a los moradores.

Una persona del pueblo contó en la reunión que después de las agresiones de los policías contra las mujeres y niños, el pueblo se organizó y tapó las salidas.

La población retuvo a los agentes y exigió sus identificaciones.

Los policías, contó, se negaron a identificarse. El comandante que iba con ellos los protegió y fue entonces que empezó el enfrentamiento a balazos entre policías y pobladores.

Una mujer policía de los 32 retenidos dijo ante los secretarios de Gobierno y de Seguridad que los tres fallecidos en el enfrentamiento, presuntamente pertenecen al grupo de la Familia Michoacana. La mujer policía contó, de acuerdo con la versión de los pobladores, que pasaron por ellos este mismo sábado al hotel Fiesta Americana de Acapulco, antes de trasladarse a El Parotal.

La mujer policía confesó ante Reynoso Núñez y Méndez Gómez que a estas tres personas hospedadas en ese hotel se les proporcionó uniformes de agente de la corporación para infiltrarse con ellos.

Tras escuchar el relato de la agente, el titular de la Secretaría de Seguridad prometió a las autoridades y habitantes del pueblo ordenar una investigación contra los agentes.

Los funcionarios estatales llegaron a El Parotal acompañados por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal.

Méndez Gómez y Reynoso Núñez se comprometieron a que a partir de este lunes 30 de enero instalarán bases de seguridad de operaciones mixtas en las comunidades de Pata de Gallo, Ejido Crucero y en San Antonio de las Texas.

Los habitantes de la comunidad entregaron las armas de los agentes retenidos, a quienes también dejaron en libertad.

Los tres presuntos delincuentes que murieron en el enfrentamiento junto con un comandante y un policía portaban fusiles AK-47.

Un habitante de esa comunidad afirmó que si el gobierno estatal no instala las bases de seguridad en los tres puntos acordados como lo prometieron los secretarios de Seguridad y de Gobierno seguramente registrarán más enfrentamientos.

«Nos dijeron que ayer sábado en la comunidad de Pata de Gallo, muy cerca de El Parotal, ya estaba listo un grupo de integrantes de la Familia Michoacana para bajar», afirmó la misma fuente.

 

Autodefensas de El Ocotito cumplen nueve años como única opción de seguridad en la zona

Texto: Amapola periodismo

Fotos: Oscar Guerrero

23 de enero del 2023 

El Ocotito

La Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) asentada en esta comunidad que pertenece a Chilpancingo cumplió nueve años de que fue creada, lapso en el que sus integrantes han enfrentado divisiones y muerte.

Esta conmemoración llega con nueve de sus integrantes asesinados en enfrentamientos con delincuentes.

En enero del 2014, pobladores se concentraron frente a una de las bodegas ubicadas a las afueras de la comunidad y ante la presencia del líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, se sumaron a su iniciativa de crear la Policía Comunitaria, que en realidad funciona como un grupo de autodefensas.

Este dirigente creó la organización después de separarse de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y crear migas con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la extendió por algunos lugares de Guerrero.

La gente se sumó porque en ese tiempo la inseguridad ya era un asunto desmedido en la zona rural de Chilpancingo.

En ese acto estaba el entonces dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato y el alcalde de esta capital, Mario Moreno Arcos.

Durante el acto, Damián Huato acusó al priísta Moreno Arcos de estar coludido con un grupo criminal.

 

Ese mismo día en la noche, de regreso a Chilpancingo a bordo de su camioneta, el empresario fue atacado a balazos por un grupo armado en el puente de la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués. Un hijo y una nuera de Damián Huato viajaban en el mismo vehículo; ella fue asesinada, él salió herido.

En medio de estos hechos de violencia de aquel día arrancaron las autodefensas de El Ocotito.

Durante estos nueve años, estas autodefensas tuvieron varias diferencias con las del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) de la comunidad vecina de Mohoneras, que en aquel entonces dirigía Salvador Alanís Trujillo, quien salió de la comunidad y se refugió en la Sierra Tlacotepec, donde fundó otro grupo.

El Fusdeg es un grupo también de autodefensas que surge de las mismas entrañas de la UPOEG, porque se dividieron.

Alanís Trujillo también con sus autodefensas se extendió a otros lugares, por ejemplo a Apaxtla de Castrejón, donde fueron expulsadas este fin de semana por las fuerzas federales y estatales.

Al cumplirse este lunes lo nueve años de haberse fundado la Policía Comunitaria de la UPOEG en El Ocotito, sus integrantes y la población realizaron una marcha de festejo por un tramo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.

La marcha en que participaron mujeres y niños, empezó en la comisaría y terminó en la gasolinera, ubicada en esta misma comunidad, cerca del poblado vecino de Mohoneras.

“Aquí es el pueblo el que solventa a la Policía Comunitaria”, dijo uno de los líderes de las autodefensas.

En el recorrido los niños y mujeres llevaba globos blancos y los policías comunitarios cadenas de papel en el cuello.

Uno de los líderes de las autodefensas informó que en los nueve años que lleva esta organización, nueve de sus compañeros fueron asesinados en enfrentamientos con delincuentes. Además de que muchos policías comunitarios han salido heridos.

Denunció que otros otros pueblos con Policía Comunitaria fueron infiltrados por las organizaciones criminales, lo que, aseguró, no ha ocurrido con ellos, porque la crearon para defenderse. “Ya nadie podía salir a las calles porque te asaltaban o te secuestraban”, dijo.

Lo cierto es que en Guerrero existen diferentes autodefensas o grupos armados amparados en el nombre de policías comunitarios, una función legítima para las comunidades indígenas.

El Ocotito es una localidad ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Chilpancingo.

Después de la marcha, los habitantes del pueblo y los policías comunitarios comieron juntos.


Te podría interesar:

Se deslinda Policía Comunitaria de El Ocotito, adherida a UPOEG, del asesinato de Fredid Román

Grupo armado desarma a custodios, ingresa a penal de Coyuca de Catalán y se lleva a un reo

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: El Despertar del Sur 

7 de diciembre del 2022

 

La mañana de este miércoles, individuos armados vestidos con ropa tipo militar desarmaron a los custodios que cuidan el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Coyuca de Catalán, ingresaron a las instalaciones y sacaron a un reo de una de las celdas para llevárselo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SPP).

El preso que este grupo armado se llevó es Samuel “N”, quien enfrenta un proceso por el delito de secuestro, de acuerdo con la información oficial.

Después de la sustracción del reo, la SPP activó la alerta de código rojo con la movilización de corporaciones policiacas y efectivos del Ejército para la búsqueda y localización del reo.

En el lugar de los hechos, la Policía Estatal y las fuerzas federales mantienen un despliegue policiaco.

Samuel “N”, de acuerdo con el reporte de las autoridades, estaba internado en la cárcel de Acapulco, pero apenas ayer martes, fuerzas de seguridad federal y estatal lo trasladaron al penal de Coyuca de Catalán.

Esta municipio está ubicado en la región de Tierra Caliente, donde desde el 8 de octubre pasado existe un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales por lo ocurrido en San Miguel Totolapan, un grupo de hombres armados, que las autoridades identificaron como parte del grupo criminal de la Familia Michoacana, asesinaron a cuando menos 20 personas, entre ellas el alcalde perredista de este municipio, Conrado Mendoza Almeda y a su padre, Juan Mendoza Acosta.

La operación especial policiaca en Tierra Caliente, informaron las autoridades en su momento, es para lograr la detención de los líderes regionales de la Familia Michoacana, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Oloscuaga.

En la imagen se observan las patrullas de policías y militares fuera del penal de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. Foto: El Despertar del Sur

 

Aumenta delito de extorsión en Guerrero, reconoce Secretario de Seguridad ante diputados

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Congreso del estado 
25 de noviembre del 2022

 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Gómez Méndez compareció a puerta cerrada en el Congreso en donde reconoció que el delito de extorsión en Guerrero ha venido en aumento en este gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
En su resumen, Méndez Gómez informó ante las comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso, que en la entidad aumentó el delito de extorsión en un 93 por ciento.

Durante su comparecencia ante los diputados locales, la única a puerta cerrada de la semana de comparecencias, Méndez Gómez reconoció que hacen falta policías para la seguridad de los guerrerenses.

El funcionario explicó que de los 4,445 elementos en nómina de esa dependencia, 523 realizan funciones de custodia penitenciaria; 617 atienden medidas cautelares o de protección, 343 están incapacitados o adultos mayores y hay mil 288 ausentes por franquicia vacaciones, incapacidad y permisos.

Méndez Gómez informó a los legisladores que de acuerdo a los estándares que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el tema de seguridad, se señala que por cada mil habitantes debe haber 2.8 policías.

En ese sentido, la entidad cuenta con 3 millones 540 mil 685 habitantes, y se requieren de 9,913 policías, de tal manera que se necesitan 3,234 policías más para cumplir con ese indicativo internacional.

Durante su resumen explicó que los policías estatales con los que cuenta el estado para realizar actividades de seguridad ciudadana sólo son 1,674, quienes atienden las llamadas del servicio de emergencia 911, brindan seguridad a programas sociales, atienden conflictos agrarios, realizan recorridos de proximidad social, seguridad a comunidades por desplazamiento, dan seguridad a eventos deportivos y culturales, y atienden manifestaciones sociales.

El funcionario estatal acudió al Congreso Local, para ampliar la información sobre la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del Primer Informe de Evelyn Salgado Pineda.

Explicó que como parte de las estrategias que se delinean en la Mesa para la Construcción de la Paz,  se logró la detención de 33 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 13 armas de fuego y la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo.

Respecto a los salarios de los elementos policiacos, el secretario de Seguridad Pública, dijo que los elementos de esa corporación tienen un sueldo mensual de 11,554 pesos, y reciben por concepto de viáticos por 7 mil 500 pesos, por lo que se requiere de un incremento de mil 728 pesos para alcanzar el estándar nacional, dado que los viáticos no son considerados parte del sueldo.

Finalmente, expuso a los legisladores que del mes de enero a septiembre del 2022 se contabilizaron en Guerrero 1,035 homicidios dolosos, con lo que Guerrero se ubicó en el octavo lugar.

Asesinan a líder transportista en Acapulco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia (Archivo)

Chilpancingo

 

Un individuo armado asesinó a balazos al presidente de la Confederación Regional de Transportistas del Estado de Guerrero (CRTEG), Raúl Portillo Andraca, cuando estaba en sus oficinas en la colonia Unidos por Guerrero en Acapulco, la tarde de este miércoles.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 04:20 de la tarde, un hombre irrumpió en las oficinas del líder transportista, ubicadas entre la avenida El Quemado y la calle Aristóteles.

En ese momento ahí estaba Portillo Andraca y el delincuente le disparó varias veces. Momentos después el líder transportista murió.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Ejército y La Marina llegaron al lugar.

El cadáver del líder transportista fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Portillo Andraca participó en diversas campañas y con distintos candidatos de partidos políticos.

Para las elecciones a la gubernatura en el 2015, participó en la campaña de la candidata a gobernadora de la coalición PRD-PT, Beatriz Mojica Morga.

En el 2021, Portillo Andraca apoyó al priísta Ricardo Taja Ramírez, quien iba como candidato a la alcaldía de Acapulco.

En la imagen, cintas de seguridad rodean el cadáver de una persona en la colonia Progreso, a una cuadra del cuartel de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Fiscalía Regional del puerto de Acapulco, el pasado 18 de noviembre. Foto: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia.

 

Los videos de Los Tequileros y El Fresa, piezas de la construcción de una “narcorrativa” en la Tierra Caliente

Texto: Margena de la O

Fotografía: Carlos Navarrete y Arturo de Dios

Chilpancingo

 

En el momento que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, salió a dar la información oficial sobre los ataques armados en San Miguel Totolapan, impuso la manera en que debían de explicarse los hechos en que se asesinaron a 23 personas –de las que el gobierno estatal sólo reconoce 20–, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta: “El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”.

Con esto, de alguna manera, indujo a poner la mirada en que el origen de la masacre tenía la misma explicación que desde hace años manejan las instituciones para imponer cuál es el origen de la violencia, que no ha cambiado desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa justificó la llamada “guerra contra el narco”, asociada a que la violencia, que creció con la estrategia militar que empleó, tenía que ver con las acciones de traficantes de drogas.

El funcionario federal citó en el contexto la presencia de Los Tequileros en Tierra Caliente, “un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región”.

La disputa entre grupos criminales que mencionó al principio la clarificó unos minutos más adelante. “Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana a cuyas cabezas, apodadas El Pez y El Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo Tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos”.

La supuesta reciente aparición de Los Tequileros en la escena criminal de la Tierra Caliente, el funcionario la sostuvo en un video que circuló en redes de unos hombres armados que simplemente dijeron que pertenecían a ese grupo criminal y que se adjudicaban el asesinato reciente de un hombre llamado Nazario.

“El líder de ese grupo criminal, Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto, decir que, este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autenficando y reivindican entre otros el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre, en un principio accidente, en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidios sobre este evento”.

Mejía Berdeja sí dijo que el video estaba en proceso de autenficación, pero también mencionó que una nueva línea de investigación sobre el caso de Nazario Domínguez fue abierta después de que circuló ese material.

Cuando el subsecretario salió a dar la información oficial –fue en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 6 de octubre– habían transcurrido menos de 24 horas de los hechos en San Miguel Totolapan. De acuerdo con la información que proporcionaron habitantes de la Tierra Caliente, región a la que pertenece este municipio, los hechos ocurrieron entre una y dos de la tarde.

Él nunca habló de investigaciones puntuales hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) o por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero que sostuvieran estos dichos, pero sí concedió desde su investidura de autoridad federal una especie de anuencia para considerar este tipo de videos como una fuente no sólo informativa.

La académica Cecilia Farfán, coordinadora de los programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, publicó el 30 de agosto pasado en la revista Gatopardo un artículo titulado “Ya no me diga que fue el narco peleándose la plaza”, donde reflexionaba sobre los hechos violentos que ocurrieron semanas antes en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, y a la vez hace un cuestionamiento sobre cómo el debate público está atorado en los “cárteles” y la “plaza”, y que las primeras reacciones de las autoridades ante ellos sólo “se supone pero no se explica”.

“El problema no es sólo que existan distintas versiones de los hechos, emitidas desde el gobierno federal –con el presidente atribuyendo la violencia a una captura que la Sedena dice que nunca ocurrió–, sino que estos lugares comunes de “narcolandia” ofuscan la rendición de cuentas. Me explico. Cuando aceptamos versiones sobre las causas de la violencia del tipo “los criminales se matan entre ellos”, tácitamente aceptamos también que esas son personas que no gozan o incluso que no merecen la protección del Estado. Por ende, cuando ocurren actos de violencia y el Estado nos dice que fueron entre criminales, también abandona su obligación de garantizar derechos. Con esto no quiero decir que no existan las confrontaciones entre grupos criminales –por supuesto que las hay–, pero la responsabilidad de las autoridades no se termina en el acto de decirnos cuántas personas murieron o resultaron heridas. Tiene que investigar y probar la culpabilidad”, se lee en el texto.

Los hechos sobre los que reflexiona la académica son otros y fuera de Guerrero, pero tienen mucha relación con la reacción institucional ante lo que ocurre en San Miguel Totolapan.

Cuando el subsecretario usó un video sin confirmar su autenticidad –sólo dijo que estaban en el proceso de cerciorarse– abrió la puerta a legitimar el uso de esos videos o materiales que hasta ahora, ocho días después de los hechos, son las únicas fuentes más expuestas en la prensa local y nacional para explicar la masacre en Tierra Caliente.

En la imagen, patrullas de la Policía Estatal en las calles de San Miguel Totolapan un día después del ataque donde asesinaron a 20 personas, según los datos oficiales, porque en el municipio cuentan a 23. Foto: Carlos Navarrete

Más videos como única evidencia del origen de la masacre

 

Al día siguiente de la masacre circuló otro video relacionado al caso. En un en vivo desde el perfil de Facebook de Julián Alvarado apareció un hombre que los habitantes de Tierra Caliente identificaron –se lo comentaron a un grupo de reporteros que viajó de Chilpancingo a San Miguel Totolapan– como José Alfredo Hurtado Oloscuaga, apodado El Fresa o La Fresa, uno de los presuntos líderes del grupo criminal de La Familia Michoacana en la Tierra Caliente.

Este hombre que viste una playera de diseñador y que, quienes saben de marcas prestigiosas, usa un reloj de más de medio millón de pesos –al parecer, por las características que se alcanzan a apreciar en el video, es una pieza Franck Muller, que oscila, según una búsqueda rápida en internet, en 605,000 pesos–, como evidencia de su ostentación y poder económico, dijo que el ataque del miércoles 5 de octubre en San Miguel Totolapan era contra él y los Mendoza, quienes fueron asesinados ese día en el domicilio de los Domínguez, a quienes también las autoridades cuentan entre las víctimas. “(…) Primero que nada el atentado era contra mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá”, es de las primeras frases que menciona.

Después narra, y de eso ya hay mucho contenido en los medios de comunicación locales y nacionales, incluida la información documentada aquí, que él asistiría a la reunión, porque lo acordaron, donde estaba el alcalde, su padre y varias personas cercanas a quien era la autoridad, entre ellos sus asesores, es decir, los servidores públicos del primer círculo en la región.

Expuso que a él no lo balearon porque los agresores se apresuraron. Atacaron a los servidores públicos antes de que él bajará de su camioneta que, además, era blindada.

Aquí no se intenta repetir lo que ya está documentado, pero sí hacer énfasis en algunos datos o elementos que narró quien fue identificado como Hurtado Oloscuaga, entre ellos, que él mismo se encargó de las personas que cometieron el ataque.

“Salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, yo tengo mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba, no creíamos que alguien se atrevería a hacer eso. Me voy a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, nada más iba yo y el comandante Colima, me siguen, estaban muchachos de nosotros ahí, llego con ellos, llegan ellos. Dicen ser Tequileros, no sé de qué grupo sean”.

“(…) Nos llegan allá donde estábamos y, bueno, ahí, yo andaba muy molesto por lo que pasó, y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, por qué, porque se volaron la barda ahora sí al meterse a ese pueblo”.

Las autoridades hasta el momento no han confirmado que este hecho ocurriera, menos si hubo más muertos adicionales a la masacre de San Miguel Totolapan. De hecho, derivado del recuento que hace Amapola, periodismo transgresor sobre los homicidios, basados en las notas periodísticas, no hay reportados muertos en la Tierra Caliente ese día.

Lo que es importante hacer notar es la reacción de las autoridades a este material. La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, dijo en una entrevista en Radio Fórmula, de acuerdo con lo que documentaron otros medios de comunicación, que en la dependencia hacían un análisis técnico del video de ese hombre, pero que con el material abrirían una nueva línea de investigación.

“‘Una información muy relevante que nos está generando una nueva línea de investigación es la publicación de un video en fuentes abiertas… Se está analizando su contenido, viendo coincidencias y tomando líneas de investigación que permitan tomar de manera fehaciente ese dato de prueba’», dijo en entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

Otra vez, una autoridad considera un material de esta naturaleza como una posible prueba para la investigación, pero no acepta que el presunto delincuente se mueve con impunidad por la Tierra Caliente, es decir, sin que las autoridades lo impidan.

Entre los comentarios que hace ese hombre del video es que vive en la cabecera municipal de San Miguel y que tiene su casa a una cuadra de la presidencia; “yo creo que todo mundo la conoce (…)”, comenta en el video.

Sobre eso, la fiscal rechazó en la misma entrevista de radio, según la misma nota periodística, que tuvieran reportes al respecto. Algunas personas de la Tierra Caliente consultadas a la distancia comentaron que sí se sabe en la zona que Hurtado Oloscuaga pueda tener un casa en el centro de la cabecera municipal.

Por cierto, en julio pasado, el vicefiscal de Investigación de la FGE, Ramón Ayala Gamboa, informó en el contexto de unos bloqueos que hicieron transportistas en la Tierra Caliente, que realizaban una operación policiaca junto a fuerzas federales para detener a los hermanos Hurtado Oloscuaga, y esa protesta fue planeada para impedir su actuación.

“Es un operativo que hace la Federación en coordinación con el estado para detener a los dos principales criminales que operan en el sur del Estado de México y en la Tierra Caliente, específicamente en Arcelia, El Fresa y el Pez”, dijo el vicefiscal de acuerdo con una nota documentada en Amapola, periodismo transgresor.

En los pocos más de 10 minutos que dura ese video, el hombre, el presunto Hurtado Oloscuaga, narra los hechos que se supone cometió, y las actividades que hace, con una tranquilidad, como si fueran acciones comunes de una organización social.

En el ejercicio de continuar con el análisis de los videos que han surgido alrededor del caso, presuntos integrantes de Los Tequileros respondieron a El Fresa, y negaron, de principio, que ellos sean los autores del primer video que les atribuyeron y que el subsecretario de Seguridad Pública federal retoma como una presunta evidencia.

También negaron que ellos sean los responsables de la masacre de San Miguel Totolapan, al contrario, acusaron a Hurtado Oloscuaga, al decir que fue él quien convocó a los servidores públicos municipales a la reunión y que nunca hubo evidencia de las muertes de presuntos tequileros en la zona rural en respuesta a los ataques.

Como aditamento de los videos, en la prensa circula el contenido de una ficha informativa que fue filtrada, se indagó, desde la Mesa de Seguridad Regional, donde señalan a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, come el autor de la masacre de San Miguel Totolapan

“Al llegar al lugar (La Fresa ) de la cita, él y sus sicarios desarmaron a la gente del presidente y los ejecutaron, después salieron disparando por las calles y los domicilios, mientras otro grupo de sicarios dispara a la fachada del Palacio municipal”, dice el reporte con fecha 5 de octubre y hora de envío 18:30 horas.

En la imagen, los casquillos percutidos después del ataque armado en San Miguel Totolapan. Foto: Arturo de Dios

Lo que queda en evidencia en la dinámica de los videos de miembros entre grupos criminales es la falta de autenticidad de estos materiales, y que antes de confirmarlos, son evidencia para  la autoridades como aristas de la investigación formal, con lo que obvian elementos sustanciales del caso, como quiénes son los grupos políticos y económicos detrás de esta violencia, cuando han saltado actores políticos y económicos alrededor de la presencia de grupos, como el ex alcalde  y exdiputado local, el priísta Saúl Beltrán Orozco ligado a Los Tequileros.

Con esto nunca se niega la existencia y confrontación de grupos criminales, como dice la académica Farfán, menos la violencia expuesta, porque “(…) la violencia es real, pero la explicación dominante es un ardid político (…)”, apunta el académico Oswaldo Zavala en su libro La guerra en las palabras.


Te puede interesar:

En la calle del ataque en San Miguel Totolapan, nulas evidencias de una refriega

Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados

En 2019, la Sedena compró un sistema de monitoreo a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del software Pegasus. En este sexenio, al menos tres personas han tenido infecciones espía, según lo documenta una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.

Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.

En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.

Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación Gobierno Espía hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.

John Scott, experto de Citizen Lab, advierte que actualmente “existe al menos un operador de Pegasus en México, y podría haber otros, pero la pregunta es ¿quién es este cliente?”. Explica, además, que el sistema es mucho más sofisticado porque ya no requiere que el usuario interactúe con un link, sino que puede usarse de forma remota y aprovechando las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería —como ocurrió con WhatsApp— o del sistema Apple para realizar la infección.

Shalev Hulio, director de NSO Group, ha hecho declaraciones bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en las que ha asegurado que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo.

Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.

Sobre este caso, este lunes 3 de octubre las víctimas del espionaje presentarán ante la FGR una denuncia penal contra quien resulte responsable, con el apoyo legal de las organizaciones R3D y Artículo 19.

El grupo de medios que hizo esta investigación envió cuestionarios para solicitar posturas respecto del tema a la Presidencia, la Sedena, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua, pero en ningún caso hubo respuesta.

Las pruebas

Los periodistas y defensores de derechos humanos espiados durante el sexenio pasado interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2017, y aunque la investigación prácticamente no avanzó durante dos años, Artículo 19 presentó en 2019 una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que dio pie a nuevas diligencias.

Entre ellas, el cateo a KBH Tracken, la empresa que encabeza la red de compañías que vendieron el software Pegasus a instancias del gobierno mexicano. Ahí se localizaron computadoras, dispositivos y documentación con logos de la Sedena, como se aprecia en el registro fotográfico del cateo.

Entre la documentación estaba la carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018. En ella, informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año. Ya lo sería Comercializadora Antsua.

En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría realizar la compra con dicha empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

La información de ambos documentos fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que la entregaron para esta investigación a condición de reservar sus nombres.

Ahora también se sabe que la Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.

El oficio —clasificado como “secreto”— se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en esta investigación.

La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, pues estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, SA, otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretar la contratación.

Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 6 de noviembre de 2019 que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje: “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”.

En reiteradas ocasiones también ha declarado que ya no había espionaje: “En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”.

La Sedena mantuvo oculto este contrato pese a peticiones por distintos medios.

Los periodistas participantes en esta investigación solicitaron vía transparencia los contratos que hubiesen hecho con Comercializadora Antsua la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Federal y la PGR (hoy FGR), pero en todos los casos respondieron que no habían realizado ninguno.

Incluso, la Sedena también negó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como da cuenta un correo enviado por la institución —localizado también en la información del grupo Guacamaya—, en la que reitera la solicitud para que la dependencia le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020, y que le había hecho previamente como parte del proceso de auditoría aplicada a la secretaría.

“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal de la se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.

El caso Animal Político

El periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad, realizaba una investigación periodística sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares en una zona conflictiva del país en 2021, cuando su teléfono fue infectado.

Daniel Moreno, director de Animal Político, advierte que, con la infección en el teléfono de uno de sus periodistas, quien realizó el espionaje tuvo acceso no solo a esa información, sino a todo el medio, porque durante la pandemia la comunicación entre todo el equipo se concentró a través del teléfono. Además, en las reuniones entre periodistas todos hablan de los reportajes que estén trabajando: “Esto hace que espiar un solo teléfono vulnere a toda la redacción”.

“Primero: no hay ninguna razón legal para que este periodista hubiera sido espiado. Segundo: el trabajo periodístico implica establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. Y además, siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, de limitar derecho a la información y libertad de prensa por los riesgos que conlleva investigar. Se trata de un atentado a muchas cosas”.

El espionaje es aún más preocupante en un país considerado mortífero para la prensa, pues, solo en los primeros ocho meses de este año, 15 periodistas han sido asesinados, y que suman a los 150 contabilizados desde el 2000. También se tiene evidencia de que Cecilio Pineda, reportero de Guerrero asesinado en 2017, había sido espiado con Pegasus.

Por eso, Moreno insiste: “Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores (…) Los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Porque al atentar contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, no se afecta al periodista y al medio, nos afecta a todos”.

Tras la denuncia penal que interpondrán las víctimas, la FGR tiene de nuevo en su responsabilidad encontrar a los responsables. “Ellos son quienes nos deben de decir quién fue. Lo que al menos tenemos que exigir es que la investigación se concluya y nos digan quién espió, qué dependencia lo hizo, bajo qué criterio, cuánto costó, por qué lo hizo de manera ilegal, a quiénes más está espiando”, asegura Moreno.

Culpan al Ejército

Raymundo Ramos ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años y víctima de espionaje desde el sexenio pasado. De acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.

Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.

El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En esas fechas, también realizaba actividades relacionadas con otros casos de violaciones a derechos humanos ocurridas previamente: la desaparición de 47 personasdurante un operativo especial realizado entre enero y junio de 2018 por parte de la Marina y la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el grupo de inteligencia y el Ejército, en 2019.

Por eso, dice, “no me queda ninguna duda de que no solamente la inteligencia militar y la inteligencia naval están atentas a mi trabajo y a la defensa que hacemos de las víctimas”. Incluso, también ha sido víctima de campañas de desprestigio en publicaciones que lo acusan de vínculos con grupos criminales.

Si bien ha “aprendido” a vivir con los riesgos, en este momento dice tener elementos para sospechar de la existencia de una relación entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, que podrían aprovechar para hacerle daño. “Puedo ser víctima de un atentado por parte del crimen organizado, pero actuando bajo órdenes del Ejército o la Marina para ellos quedar libres de toda sospecha”.

Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.

El periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab. Sus columnas publicadas en 2020 incluyeron la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.

La fecha de infección del 7 de noviembre de 2019 coincide casi exactamente con el inicio de la ronda de entrevistas por su libro Hijo de la guerra, en el que aborda el origen de Los Zetas, un grupo conformado por desertores del Ejército y que nació prácticamente como fuerza paramilitar. Ahí incluye la entrevista que hizo a Galdino Mellado Cruz, quien se presenta como uno de los fundadores de la organización.

“El libro es una crítica a las decisiones que se han tomado a posterior, donde el Ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio Ejército echó a andar”, explica el escritor.

Por eso, “sí alcanzo a entender por qué se me habría espiado con este malware. Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene en su poder Pegasus es el Ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares (…) Ubico y señalo directamente como responsables de este espionaje a esas autoridades y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que no se le ha informado de que nos están espiando”.

Poco después de esa infección, su hijo menor de edad recibió un mensaje en teléfono preguntando por su padre y por su abuelo. Luego se publicó en Twitter un audio manipulado derivado de una llamada telefónica que había tenido con Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la que hablaron de los casos de Israel Vallarta Cisneros y de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Dicho audio fue utilizado por Isabel Miranda de Wallace para demandar a Ricardo Raphael, acusándolo de pertenecer a una organización criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Esto, dice Raphael, demuestra que Miranda de Wallace “utilizó contactos dentro del Ejército, le facilitaron esta grabación (…) Y si se la entregan a esta señora, ¿a quién más no se lo habrán entregado? ¿En manos de quién más estarán mis cuentas bancarias, mis operaciones, mis hábitos de consumo, los datos de mis redes familiares y amistosas, los datos de mis fuentes? ¿Quiénes son los verdaderos clientes de la agenda militar que ordenó estas intercepciones y luego las repartió?”.

Con todas estas pruebas, Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.

En casos previos se ha confirmado que la Sedena es una de las instituciones que han utilizado Pegasus.

Apenas este 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que la Sedena operaba el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería —pese a que la institución había negado su existencia— y donde utilizaba el software Pegasus para seguimiento e interceptación telefónica.

Mientras tanto, la investigación periodística Pegasus Proyect documentó que gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En México, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) y la extinta Agencia de Investigación Criminal usaron el software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre 2016 y 2017—, y las primeras dos lo hicieron sin orden judicial de por medio.

En dicha investigación se hizo el análisis de miles de datos de potenciales víctimas a espiar en cada país. En el caso de México, estaban personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres, y el entonces fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz.

También estaban opositores como Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche y ahora dirigente del PRI, cuyas conversaciones presuntamente obtenidas por espionaje han sido publicadas por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena. Igualmente, otros gobernadores de aquel momento, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad, de Hidalgo, entre otros.

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

Fuerzas Armadas elevan presencia en la seguridad pública estatal: 1 de cada 4 instituciones tiene a un militar como titular

Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

29 de septiembre del 2022

 

La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.

Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).

David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló al respecto que el verdadero problema no está solo en el hecho de que sean militares quienes encabecen la seguridad pública estatal, sino en que “incluso los mandos administrativos, operativos y la tropa sean militares”, pues no tienen la preparación para desempeñar tareas civiles.

“Son vertientes distintas, los militares están capacitados en tareas de seguridad nacional pero no de seguridad pública. De manera muy coloquial, podríamos decir que ambos son médicos, pero uno podría ser un médico dermatólogo y otro un médico cardiólogo (…) Quizá los dos tienen preparación en Medicina, pero con especialidades distintas”, dijo en entrevista.

Acerca del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal, el Inegi dio cuenta de que durante en el Censo de 2021 se tenía registro de mil 53 elementos de la Sedena, 162 de la Policía Federal/Guardia Nacional y 87 de la Marina. Para 2022, se reportaron mil 79 de la Sedena, 118 de la Marina y 244 de la Policía Federal/Guardia Nacional, un aumento del 10.7%.

Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

Desde antes de que iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e incluso del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, la corrupción en las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales provocó que gobernadores, alcaldes e incluso presidentes solicitaran la intervención de las Fuerzas Armadas.

La Sedena creó desde los 90 un protocolo para poder proveer de mandos policiacos a las instituciones de seguridad civiles.

Tal fue el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien fue conocido como “el zar antidrogas” en México.

A este se sumó el caso del general Enrique Tomás Salgado Cordero quien, por decisión de Zedillo y en ausencia del regente Oscar Espinosa Villarreal, asumió como secretario de Seguridad Pública capitalino en 1996, luego de que al secretario David Garay se le relacionara con el secuestro de una joven por parte de dos policías preventivos.

Años después, el general Rafael Macedo de la Concha fue nombrado procurador general de la República durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Como titular de la PGR, Macedo de la Concha fue quien en esa administración encabezó el proceso legal que llevó al desafuero de López Obrador, entonces jefe de gobierno capitalino.

“Tenemos muchos casos donde militares ya habían ocupado cargos de alta responsabilidad en seguridad pública”, sin llegar a la militarización, dijo Saucedo.

No obstante, recordó también que precisamente Gutiérrez Rebollo fue llevado a juicio por colaborar con el Cártel de Juárez, entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, ‘el Señor de los Cielos’, mientras Salgado Cordero fue despedido luego de la participación de algunos de sus elementos en casos de brutalidad policiaca y Macedo de la Concha fue relevado tras la polémica por el desafuero.

“No recuerdo yo un solo caso de algún secretario de Seguridad Pública, estatal o municipal, en donde hayan entregado buenas cuentas. Hay algunas excepciones evidentemente (…) Pero más bien son la excepción y no la regla. La mayoría de los militares que han tenido una responsabilidad en materia de seguridad pública no terminaron su encomienda, tuvieron que salir por escándalos, por participación de sus elementos en multihomicidios o por casos de corrupción muy conocidos”, dijo Saucedo.

La impresión de “depurar” las corporaciones

Entonces, ¿por qué tener a militares en tareas de seguridad pública no se ha traducido en una disminución de la violencia?

“El Ejército está tratando de combatir a los cárteles de la droga con despliegues masivos de elementos ocupando territorialmente las zonas que son dominadas por el narco y construyendo cuarteles militares, reclutando elementos, armándolos y haciendo rondines y patrullaje. Esta es la manera de combatir a otro ejército, pero los ejércitos del narco no son ejércitos regulares, son ejércitos guerrilleros: salen, golpean, se ocultan, se mueven, se trasladan de zona, y para combatir a un ejército guerrillero un ejército regular no sirve”, consideró Saucedo.

Para el especialista, “lo que sí hacen los militares al momento de ocupar cargos de alta responsabilidad en materia de seguridad pública es (que) generan una impresión, desde el punto de vista mediático, de depuración de las corporaciones que no necesariamente ocurre”.

Los datos del INEGI también arrojan, por ejemplo, que a pesar de que las Fuerzas Armadas tienen la titularidad de más del 25% de las instituciones de seguridad pública estatal y de que sus elementos han ganado espacios dentro de las dependencias, las sanciones y denuncias en su contra igualmente van en aumento.

Tan solo en 2021 se reportaron 14 mil 810 sanciones contra servidores públicos de estas dependencias y 451 denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en ejercicio de sus funciones, lo que en comparación con 2020 significó un aumento de 29.7% y 23.9%, respectivamente.

Una estrategia contraria a la Constitución

Respecto del deber ser y la legalidad de que un militar asuma tareas de seguridad pública y a su vez dé órdenes a mandos civiles, Saucedo dijo que esta acción resulta inconstitucional e incluso puede atentar contra tratados internacionales firmados por México.

“Su propia normatividad interna pone límites y contención a las tareas de seguridad pública”, enfatizó.

Precisamente en los últimos meses se desarrolló un debate en torno a la propuesta de López Obrador de llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, aunque el artículo 21 constitucional establece que esta debe ser “de carácter civil, disciplinado y profesional”. Al final, el presidente concretó el traspaso, pero no por medio de una reforma a la Constitución, sino legal, por lo que una parte de la oposición afirma que impugnará la medida ante la Corte.

La carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene criterios en este sentido y excluye de su organización a aquellas naciones que tienen algún tipo de estructura político-militar.

Los militares, dijo Saucedo, no tendrían por qué desempeñar tareas de seguridad pública ni tampoco dar órdenes a mandos civiles, pues, en un régimen democrático, los militares realizan solamente tareas de seguridad nacional.

 

Llegan otros 400 militares y GN a Acapulco que vive una nueva ola de violencia

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo 

 

Desde este jueves a mediodía, 400 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional llegaron a Acapulco para reforzar la seguridad y contener a tres grupos delictivos que según las autoridades de este municipio han provocado la violencia.

Se trata de 200 agentes paracaidistas y 200 de las fuerzas especiales del Ejército y GN que realizaron un recorrido por las calles y avenidas de este destino turístico que desde hace más de una década es azotado por la violencia ante la inacción de los tres niveles de gobierno.

Con la llegada de estos 400 elementos de las fuerzas de seguridad federal ya son mil 250 militares que están en Acapulco y que desde moviembre del 2021 el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda se han implementado tres operativos de seguridad sin que haya resultados.

El arribo de los 400 soldados se da en el contexto de la declaración que hizo este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio, Adrián Olivas Franco quien aseguró que en Acapulco hay tres grupos de la delincuencia que son los principales generadores de la violencia.

Se trata del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se presume que hay intervención de grupos de la delincuencia más grandes”, afirmó el jefe policiaco quien asistió a la sesión del Consejo Consultivo de Turismo.

“Son grupos que tienen tiempo aquí y que pretenden mantener el control con los grupos que están establecidos en distintas colonias de esta ciudad”, detalló Olivas Franco.

Otro destino turístico de Guerrero en el que no ha bajado la violencia es en Zihuatanejo de Azueta en donde desde hace cuatro días 20 tiendas Oxxo están cerrados porque integrantes de un grupo de la delincuencia les está exigiendo el pago de derecho de piso.

Otras tres tiendas de conveniencia del municipio de Petatlán, también cerraron desde hace dos días en protesta al no pago de la cuota a los delincuentes.

Desde este martes, según el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez aseguró que 50 elementos de la Marina ya habían llegado a Zihuatanejo para reforzar la seguridad e incluso aseguró que ocho presuntos extorsionadores vinculados con un grupo delictivo habían sido detenidos con armas largas y cartuchos.

Sin embargo, hasta este jueves, las tiendas Oxxo, seguían cerrados, porque, segùn dijeron los empresarios, el gobierno federal y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no les garantiza la seguridad.

 

Acapulco ocupa el quinto lugar más violento del país a pesar de despliegue de fuerzas de seguridad

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

 

Acapulco está hoy en el quinto lugar de las 50 ciudades más violentas del país, aunque en los últimos diez meses las autoridades implementaron operaciones con fuerzas federales y estatales para vigilar las calles.

En el primer semestre de este 2022, Acapulco sumó 213 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los diez meses que lleva gobernando el municipio de Acapulco la morenista, Abelina López Rodríguez, renunció el capitán de la Marina, Maximiliano Serrano Pérez en la Secretaría de Seguridad Pública.

Dos escándalos fueron parte del motivo de la destitución de Serrano Pérez: el caso de dos marinos incorporados a esta corporación y que desaparecieron cuando al parecer fueron asignados como escoltas del senador morenista José Narro Céspedes.

En un acto público, la alcaldesa López Rodríguez regañó a Serrano Pérez por permitir que agentes viales extorsionaran a la ciudadanía y a funcionarios públicos.

Antes de que López Rodríguez llegara a ocupar la alcaldía, Acapulco estaba en el lugar 10 de las 50 ciudades más violentas de México.

Actualmente, este puerto turístico figura en el quinto.

No solamente asesinatos se registran en las calles de este puerto, también extorsiones a comerciantes y a empresarios, transportistas y a prestadores de servicios en las playas.

En las mismas playas más famosas de Acapulco como Caleta, Caletilla y Manzanillo y frente a turistas, hombres armados han asesinado a prestadores de servicios.

Colectivos de desaparecidos y asesinados de este destino turístico aseguran que desde el 2006, las desapariciones de personas no han parado.

El empresario y ex líder de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel González, dijo que la violencia en este puerto no es nueva sino que viene de años atrás y pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que busquen restaurar la seguridad y justicia reconstruyendo el tejido social.

«Desde hace más de diez meses las extorsiones, cuando menos en el sector hotelero, han disminuido», aseguró el empresario hotelero en entrevista telefónica.

Sin embargo mencionó que existen denuncias de que a otros sectores económicos de Acapulco, son víctimas de la extorsión por parte de la delincuencia.

Dice que a pesar de la violencia y del caso más reciente como fue el asesinato del empresario y presidente de la Asociación de Bares y Discotecas Jesús Rivera Rojas, la afluencia turística en Acapulco ha crecido.

«Lo he dicho, todo tipo de violencia es inadmisible porque nos lastima profundamente como sociedad», expresó.
En este 2022, ya van dos empresarios asesinados en Acapulco.

Roberto Morales Silva, un empresario dueño de varias farmacias, fue privado de la libertad por varios hombres armados el 8 de enero, en el patio de su vivienda ubicada en el libramiento que comunica a Bajos del Ejido, en la zona rural de Acapulco, en los límites del municipio de Coyuca de Benítez.

El día 9 de enero, el empresario fue hallado muerto a balazos en el punto conocido como Paso Texca.

Asesinan a dirigente de bares y discotecas

El presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de la avenida costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, habría sido secuestrado hace cuatro años por un grupo de hombres armados y lo dejaron en libertad al convenir los pagos de su rescate en abonos en miles de pesos.

Rivera Rojas, asesinado a balazos por hombres armados este domingo en la madrugada, cuando se subía a su automóvil en la avenida costera Miguel Alemán, era dueño del bar Tóxicas y de otros antros.

Empresarios que conocían a Rivera Rojas cuentan que era un hombre de carácter fuerte y cuando había reuniones con funcionarios para exigir algunas demandas de su sector como de seguridad, eran fuertes sus reclamos.

Apenas la semana pasada, Rivera hizo un reclamo a las autoridades municipales de Acapulco por los altos cobros de licencias a los establecimientos de todos los giros comerciales.

Acusó de «extorsionadores» a los funcionarios del ayuntamiento que se encargan de realizar ese tipo de cobros y de la colocación de espectaculares.

En este año hubo ataques a bares de Acapulco y está el caso del bar Andrómedas, en donde el pasado 28 de mayo, un grupo armado ingresó a este negocio y asesinaron a uno y dos resultaron heridos.

Otro ataque se registró el 25 de abril de este mismo año contra el antro Bar Jager Club en donde hubo dos personas asesinadas a tiros y otro más quedó herido.

La madrugada del 30 de septiembre del 2021, horas antes de que López Rodríguez asumiera el cargo a la alcaldía, varios individuos se introdujeron a la discoteca Baby, O y la incendiaron.

 

Te puede interesar: Se prevee que se anule la elección morenista en el distrito ocho

Hombres armados incendian dos restaurantes y un automóvil en Acapulco

Se trata de los restaurantes La Palapa y Los Buzos que están ubicados en esta zona exclusiva de este destino turístico.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Fotograma

28 de junio de 2022

 

Un grupo de hombres armados incendiaron dos restaurantes y un automóvil en el boulevard de Las Naciones, zona Diamante de Acapulco, la madrugada de este martes.

Se trata de los restaurantes La Palapa y Los Buzos que están ubicados en esta zona exclusiva del destino turístico.

El grupo de delincuentes también quemaron un automóvil que estaba estacionado cerca de los dos negocios de comida.

En el 2016, un grupo armado ingresó al restaurant Los Buzos, ubicado en el fraccionamiento Magallanes, casi en el centro de Acapulco.

Un muerto y tres heridos fue el saldo de este ataque armado contra Los Buzos que tiene una cadena de restaurantes en distintos puntos de este puerto.

Hombres armados se roban un cargamento de pollos vivos en Petaquillas

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Hombres armados se robaron una camioneta con un cargamento de pollos vivos en el puente de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de Petaquillas en donde el sábado 12 de este mes fueron asesinadas a balazos seis personas en una granja.

En estos hechos que ocurrieron alrededor de las diez de la noche de este jueves los delincuentes dejaron en libertad al conductor del vehículo quien les fue a contar su versión a los agentes de la Guardia Nacional que desde hace diez días tienen instalado un retén de revisión debajo del puente de esta vía federal.

La víctima les contó a los agentes que las pérdidas económicas por el robo de los pollos vivos es de 200 mil pesos.

El grupo de hombres armados se llevaron también la camioneta marca Super Duty de 3. 5 toneladas.

En este vehículo se trasladaban los pollos vivos que al parecer se le iba a entregar a un distribuidor de Chilpancingo donde todavía hay escasez de este producto por la violencia.

Un mando de la Guardia Nacional dijo a un grupo de reporteros que el conductor de la camioneta con el cargamento de pollos vivos le comentó que acudiría a la Fiscalía para interponer la denuncia por el robo.

La mañana del pasado 11 de junio un grupo armado ingresó en una granja de pollos ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en Petaquillas, del municipio de Chilpancingo y asesinó al distribuidor de este producto, a su hija de 14 años de edad y a cuatro trabajadores.

Días antes de este hecho, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla ubicado al norte de Chilpancingo hombres armados asesinaron a tiros a dos distribuidores de pollos.

Por la violencia que se desató durante varios días contra los distribuidores, más de 50 establecimientos de este producto los cerraron y los reabrieron este miércoles con medidas de seguridad.

Por los hechos de violencia registrados en Petaquillas, el Vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa, aseguró que las investigaciones avanzan y que de este hecho existen varios videos que son analizados.

Según el funcionario este caso no quedará en la impunidad.

Este viernes en Petaquillas la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez realizó su audiencia pública con los funcionarios de su gabinete y se sintió un tenso ambiente.

Durante una conferencia de prensa dio a los reporteros declaró que buscará tener una reunión con los integrantes de la policía comunitaria de esta comunidad con el propósito de tener una coordinación para brindar seguridad a la comunidad.

La policía comunitaria de Petaquillas enfrenta denuncias ante la Fiscalía General por los presuntos delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.

El pasado siete de junio, un grupo de pobladores encabezados por el comisario municipal de esta comunidad retuvieron nueve horas de cinco patrullas con 30 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal.

Precisamente una de las peticiones del comisario de este pueblo y habitantes fue la reinstalación de un retén de revisión de las autodefensas en la carretera federal Petaquillas-Chilpancingo.

Este viernes, durante las labores de vigilancia por parte de la Guardia Nacional un mando que dirige el retén de vigilancia debajo del puente, en la entrada de Petaquillas, atendió a un señor que le dijo que su hijo está desaparecido.

Esta persona le entregó al agente federal una fotografía de su hijo desaparecido.

«Por si lo llega a ver por aquí, le doy esta fotografía», le dijo el señor al de la Guardia Nacional.

Te puede interesar: Ocho meses de gobierno de Evelyn Salgado y van 742 asesinatos en Guerrero

Salir de la versión móvil