Guerrero ocupa el cuarto lugar en agresiones hacia mujeres periodistas

Los principales agresores de las periodistas son el funcionariado municipal, estatal y federal, equipo de Comunicación Social del gobierno, civiles armados, elementos de Seguridad Pública estatal y federal.


Texto: Itzel Urieta
Fotografía: José Miguel Sánchez 
17 de agosto del 2023

Chilpancingo

 

Guerrero ocupa el cuarto lugar en agresiones hacia periodistas mujeres con 73 casos, de acuerdo a la documentación que ha hecho la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) y que dieron a conocer sus integrantes en el informe Palabras impunes: estigmatización contra las mujeres periodistas en México 2019-2022 esta mañana en Chilpancingo.

Estos datos correaponden del 2019 al 2023. Chilpancingo, Iguala y Acapulco son los municipios que más denuncias acumulan agresiones hacia las mujeres periodistas.

La coordinadora de comunicación de la CIMAC, Cirenia Celestino Ortega, mencionó que este informe visibiliza el aumento de violencia hacia mujeres periodistas durante el sexenio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

En el informe compararon los primeros tres años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el de Andrés Manuel López Obrador, y concluyeron que hubo un aumento de agresiones contra mujeres periodistas a nivel nacional.

De 2013 a 2016 registraron 248 agresiones y de 2019 a 2022, durante la administración de López Obrador, 767 casos.

En el informe señalan a los servidores públicos como los principales agresores y que los ataques son multiplican en espacios digitales.

La responsable del programa de libertad de expresión y género de CIMAC, Adriana Ramírez Venegas, agregó que las direcciones de Comunicación Social, grupos armados, policías y simpatizantes de Morena son los que más violentan a las mujeres periodistas en el estado.

«Los ataques contra mujeres periodistas en Guerrero son perpetrados en su mayoría por personas civiles (19.04 por ciento), seguidos de integrantes de integrantes de las estructuras criminales (14.28 por ciento). Los particulares -o civiles- muchas veces son afines al gobierno en turno, como el actual de la morenista Evelyn Salgado Pineda», se lee en el aparato de Guerrero del informe.

Uno de los origenes de la violencia hacia las mujeres periodistas, considera el informe, es el «prejuicio basado en el discurso institucional estigmatizante que ha proliferado en los últimos años de que los medios obedecen a intereses ajenos a los de la ciudadanía».

En la presentación del informe estuvieron presentes mujeres periodistas de diferentes partes del estado, quienes compartieron sus experiencias.

Antonia Ramírez Marcelino, originaria de Tlapa de Comonfort, directora de el portal El Jale Noticias y corresponsal de el periódico El Sur, recordó la agresión que sufrió en el 2017, cuando guardaespaldas del ex gobernador Héctor Astudillo Flores le impidieron acercarse a él para entrevistarlo.

«Cuando yo estaba delante del gobernador, el guardia me levanta y me saca. Levanté mi queja y me dijeron que no hubo elementos suficientes y que no pude comprobar que esas personas eran trabajadores del gobierno del estado», contó Antonia.

La falta de sensibilización y de conocimiento del Programa de Atención a Periodistas son obstáculos que permiten el desarrollo del ejercicio periodístico.

Una constante detectada entre las periodistas, es que en el caso de Salgado Pineda, su equipo de seguridad y de Comunicación Social impiden que las reporteras se acerquen a realizar entrevistas. Táctica también la aplican para los periodistas.

En algunos eventos de la gobernadora han ocurrido agresiones hacia mujeres periodistas.

Las principales agresiones, de acuerdo con el informe, son hostigamiento, actos de intimidación, campañas de desprestigio hacia las reporteras, insultos, amenazas y bloqueos informativos.

Y los agresores son el funcionariado municipal, estatal y federal, equipo de Comunicación Social del gobierno, civiles armados, elementos de Seguridad Pública estatal y federal.

Simpatizantes de los partidos políticos también aparecen como agresores en el informe.

Con este informe la CIMAC busca que se deje de obstaculizar el trabajo periodístico de las mujeres, también que reconozcan su labor periodística y garantías para la libertad de expresión.

El informe se presentó en el hotel Holliday Inn, ubicado en Chilpacingo. Participaron las periodistas Antonia Ramírez Marcelino, Alina Navarrete Fernández y Natividad Ambrosio con sus experiencias, casos y reflexiones sobre los contextos en que hacen periodismo.

La organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) presentó su el informe Palabras Impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022, en un hotel del sur de Chilpancingo

Llama ONU a investigar asesinatos de Ulises Nava y Nelson Matus por sus labores sociales

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Alexis Rojas / Pie de página 

Chilpancingo

La oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades a que en las investigaciones por los homicidios de dos guerrerenses, el periodista Nelson Matus Peña, ocurrido en Acapulco y del activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+, Ulises Nava Juárez, en Aguascalientes, consideren sus actividades y labores.

«La ONU-DH hace un llamado a las instituciones de procuración de justicia a llevar a cabo una investigación diligente y eficaz en ambos casos, considerando como una línea de investigación prioritaria la relacionada con los intereses que podrían haberse visto afectados por las labores de periodismo y defensa de derechos humanos que desarrollaban las dos víctimas», se lee en un comunicado emitido este mediodía.

Los asesinatos de ambos ocurrieron el sábado 15 de julio.

El periodista Nelson Matus, quien era director del portal de noticias especializado en nota roja, Lo Real de Guerrero, fue atacado por civiles armados la tarde del 15 de julio dentro de su vehículo en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco.

Antes, de acuerdo con el comunicado de la ONU-DH, Matus Peña sufrió, en 2019, un intento de asesinato que denunció ante las autoridades locales, pero nunca fue beneficiario de algún programa para su protección.

Los datos de la ONU-DH arrojan que Nelson Matus Peña es «el tercer periodista asesinado por posible vínculo con su labor durante 2023».

Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) catalogan a Guerrero como el tercer estado del país con más asesinatos de periodistas.

El último informe de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la FGR, expuso ue en Guerrero 13 periodistas fueron asesinados desde el 2000 hasta junio pasado.

Por arriba están Chihuahua con 15 asesinatos y Veracruz con 16, en el mismo periodo.

El Índice Global de la Impunidad de 2021, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) indica que México ocupa el sexto lugar mundial de impunidad en asesinatos de periodistas, de acuerdo con lo difundido por la organización.

Reporteros sin fronteras, otra organización que vigila y protege el derecho de los periodistas, coloca al país en tercer lugar de periodistas asesinados, sólo después de Irak y Siria que están en conflictos bélicos.

Activistas, otro sector víctima de la violencia

Ulises Nava Juárez, era activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+ y se desempeñaba como jefe del Departamento de la Diversidad Sexual en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

La tarde del 15 de julio Ulises fue asesinado al salir del Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de las Cuotas Arcoíris, organizado en el museo Descubre de la ciudad de Aguascalientes.

El reporte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes indica que un hombre le disparó en al menos seis ocasiones y después huyó en motocicleta con otra persona.

El asesinato de Ulises Nava es el séptimo documentado por la ONU-DH con una probable asociación a sus actividades de defensa de derechos humanos en lo que va del 2023.

En su comunicado la ONU-DH insta al Estado mexicano a adoptar medidas de prevención eficaces «que permitan poner fin a la violencia contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión a través del periodismo».

Finalmente la ONU-DH expresó y envió sus condolencias a las familias y amistades del periodista Nelson Matus Peña y del defensor de los derechos humanos Ulises Nava Juárez.

 

 Como en los tiempos del PRI, la gobernadora Evelyn agasaja en hotel de lujo en Acapulco a 500 periodistas

Texto: Arturo de Dios y Jesús Guerrero

Fotografía: Especial 

15 de junio del 2023

Chilpancingo 

 

Como en los viejos tiempos del PRI, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda agasajó con comida, pantallas de televisor y hasta con motonetas a más de 400 periodistas de Guerrero con motivo del Día de la Libertad de Expresión, una fecha que se instituyó el 7 de junio de 1951 para formalizar la relación perversa entre el poder y los dueños de las empresas de los medios de comunicación.

Desde este lunes, el director de Comunicación Social del gobierno estatal, René Posselt Aguirre, invitó a los periodistas a este festejo para ayer miércoles. La cita: 8 de la mañana en el salón Diamante del lujoso hotel Princess, en la zona Diamante en Acapulco.

Algunos de los invitados sobre todo de las zonas alejadas del puerto como Iguala, Montaña, Costa Grande y Tierra Caliente arribaron hotel desde este martes en la tarde para instalarse en una habitación.

El costo de una habitación varía entre 2,000 y 4,000 pesos por noche.

«Algunos periodistas llevaron hasta sus jefes, a quienes se les apartó su habitación, obvio todo lo pagó el gobierno», dijo uno de los reporteros que fue al festejo.

Chilaquiles con pollo sobre mole rojo, café, jugo, pan y fruta, fue el desayuno que se sirvió a los 400 periodistas invitados por la gobernadora.

Varios reporteros que estuvieron en el festejo contaron que antes de que llegaran al salón se percataron de que trabajadores del gobierno del estado llegaron con los regalos que colocaron cerca de un templete donde estuvo Salgado Pineda y René Posselt.

Computadoras, motonetas, cámaras fotográficas, teléfonos celulares marca Iphone, pantallas, licuadoras, cafeteras y computadoras fueron parte de los 300 regalos que se rifaron.

La gobernadora permaneció en el salón desde las nueve de la mañana hasta que terminó la rifa de regalos.

En videos y fotografías que compartieron muchos de los periodistas en las redes sociales se les ve saludando a la gobernadora e incluso, el director de un semanario, Raúl Arriaga, le echa porras a la mandataria estatal.

Se ve en los videos que algunos de los comunicadores y comunicadoras aplauden cuando termina las arengas Arriaga.

Gran parte del miércoles la agenda de trabajo de Salgado Pineda fue convivir con los periodistas.

Por versiones de algunos de los asistentes, desde este lunes, se les dijo que vía electrónica enviaran una copia de su credencial de elector para que les dieran un dinero en efectivo.

Así, ayer miércoles, Salgado Pineda, quien fue funcionaria de los gobiernos de Ángel Aguirre (2011-2014) y de su antecesor el priísta, Héctor Astudillo Flores reeditó las viejas prácticas de los mandatarios estatales emanados del PRI, Rubén Figueroa Figueroa, Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros que agasaban a los periodistas con regalos, dinero y comida.

Incluso durante los gobiernos priistas se instituyó un premio oficial (le decían chayo) estatal de periodismo Ignacio Manuel Altamirano que consistía en dinero en efectivo que se le entregaba a los beneficiados en las fiestas del 7 de junio en donde hasta había bebidas alcohólicas y baile.

Durante la administración del perredista Zeferino Torreblanca se canceló ese «premio» y las «fiestas» por el llamado Día de la Libertad de Expresión, pero la relación perversa entre el poder y los medios de comunicación y muchos reporteros adictos a las prebendas oficiales, no fueron desterradas.

¿Y la estrategia del silencio?

El gobierno de Salgado Pineda echó andar una estrategia de silenciamiento de la misma forma que lo hicieron los gobiernos del PRI y el PRD: la adjudicación de convenios publicitarios con la condición de no criticar y, en muchos casos, hasta de elevar su imagen.

El silencio y el halago son lo predominante en la relación entre los medios de comunicación, algunos periodistas y el gobierno de Salgado Pineda.

La mañana del miércoles, Salgado Pineda se tomó fotografías con muchos reporteros, los atendió, los apapachó pero después no hará nada por ellos, aunque estén en una dificultad.

El gobierno de Salgado Pineda se ha caracterizado por ignorar las agresiones que sufren casi cotidianamente los reporteros en Guerrero. Incluso ha habido agresiones que han ocurrido frente a sus ojos y ella ni se ha inmutado.

Ahora mismo está desaparecido el creador de la página de Facebook Escenario Calentano, Alán García Aguilar.

A García Aguilar se los llevaron hombres armados, presuntamente integrantes de la organización criminal la Familia Michoacana, el 25 de diciembre de 2022. La razón: sus críticas a esa organización y a muchos integrantes de la clase política de la región.

Han pasado casi seis meses y de García Aguilar nada se sabe. Nada.

En estos dos años, fueron asesinados cuatro comunicadores en Guerrero. El primero ocurrió en noviembre del 2021, en Acapulco: hombres armados dispararon contra el fotorreportero Alfredo Cardoso. El segundo fue contra el columnista Fredid Román Román, en Chilpancingo. El tercero otra vez en Acapulco: hombres armados ingresaron a su domicilio del camarógrafo de distintos medios de comunicación, Gerardo Torres Rentería y el último caso el del locutor de radio, Pablo Salgado, en Iguala.

Ninguno de los cuatro casos está esclarecido, incluso, se desconoce si están siendo investigados.

En Guerrero el silencio va ganando regiones completas. La Tierra Caliente es una de ellas. Ahí es imposible informar, criticar a los personajes públicos porque no hay certeza si el político es criminal o el criminal es político. Compañeros han optado por la autocensura.

En Iguala ocurre lo mismo. En 2021 siete reporteros y reporteras fueron desplazados porque fueron amenazados de muerte por criminales, aunque no se sabe si fue por cuenta propia o por órdenes de la clase política. Salieron sin dudarlo porque nadie les garantiza su seguridad. Algunos regresaron. Lo cierto es que ahora el silencio impera. ¿A quién conviene ese silencio?

Guerrero desde hace años ocupa un lugar preferente en la violencia contra la prensa. En las dos últimas décadas han asesinado por lo menos 20 reporteros y dos más están desaparecidos.

Pero aun así, ayer la gobernadora “festejó” la Libertad de Expresión.

 

Roban equipo de trabajo a periodista en Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El reportero de Quadratín Guerrero, Eduardo Yener de los Santos, denunció que entraron a su casa y le robaron su equipo de trabajo después de escribir sobre sobre dos temas: irregularidades en el programa de fertilizante gratuito y dar seguimiento al proceso electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

El robo ocurrió en el departamento del reportero alrededor de las diez de la noche de ayer martes. Cuando llegó a su domicilio se percató de que no estaba su computadora, tres cámaras fotográficas y una de video.

En conferencia de prensa, el reportero de Quadratín mencionó que aunque tenía más cosas de valor en su domicilio “y llama la atención sólo se llevaron mi equipo de trabajo”, mencionó.

“Había más cosas, la tele, una cafetera, una sinfonola, pero sólo llevaron el equipo de trabajo”, dijo.

En la conferencia de prensa, Yener de los Santos estuvo acompañado por el secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Luis Blancas, quien agregó que con este último hecho ya suman tres trabajadores de los medios de comunicación que sufren un robo en situaciones similares.

“No sólo me han robado el equipo, me han robado la tranquilidad, por todo el contexto y donde pasó, y que lleven mi equipo de trabajo; me llama la atención que un ladrón común se llevaría más cosas”, agregó el reportero.

“No quiero señalar a nadie, pero el día de ayer en mi trabajo periodístico lanzo un cuestionamiento en radio a los universitarios de cómo era posible que dicen defender la democracia pero tenga un solo candidato a rector”.

Además de esta denuncia, Yener de los Santos mencionó que también ayer emitió un cuestionamiento sobre la disparidad en los datos del programa federal de fertilizante gratuito.

“Ayer el secretario de Agricultura mencionó que a Guerrero le van comprar 40 toneladas de maíz y Segalmex dice que serán 50, y lance el cuestionamiento de ¿a quién le creemos? Pero son cosas que hacemos todos los días por nuestra labor “.

El reportero aún analiza la posibilidad de interponer una denuncia ante el Ministerio Público.

 

 

Grupo armado libera a otro retenido por caso de página Escenario Calentano

Lo liberaron esta madrugada; estuvo retenido casi un mes


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Redes 

22 de enero del 2023

Chilpancingo

En la Tierra Caliente de Guerrero había más personas privadas de su libertad por el caso de la página de Facebook Escenario Calentano. Como José Alberto Benítez Santos, quien fue liberaron la madrugada de este domingo, después de casi un mes de cautiverio.

En un video difundido en las redes sociales, el propio Benítez Santos narró que a él lo privaron de su libertad el 25 de diciembre del 2022; unos hombres se lo llevaron de Arcelia, uno de los municipios de la Tierra Caliente.

Al igual que el caso de los tres comunicadores desaparecidos (dos de ellos ya fueron liberados), a Benítez Santos sus captores lo acusaron de administrar la página de Facebook Escenario Calentano.

“Me agarraron, me vendaron los ojos, no sé en qué lugar me tuvieron, y el motivo porque me agarraron porque yo era integrante de la página de Escenario Calentano; se hicieron las investigaciones y resultó que no tenía que ver en esa página”, expuso.

Además dejó claro que él no tiene nada que ver con el periodismo. “Quiero aclarar que yo no soy reportero, no soy periodista”, mencionó.

Sólo trabajó en el área de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Arcelia, municipio de Tierra Caliente. Ahí, dijo, fue compañero con Fernando Moreno Villegas, uno de los tres comunicadores privados de su libertad, y uno de los dos liberados el 11 de enero pasado.

El lunes 9 de enero se supo de la privación ilegal de la libertad de dos supuestos administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, y del periodista asentado desde hace años en la Tierra Caliente de Guerrero, Jesús Pintor Alegre.

Desde el 7 de enero estaba colgado un video en la misma página de Escenario Calentano donde aparecen Fernando y Alan en cautiverio: estaban encadenados. El primero de ellos dijo que su privación ilegal tenía que ver con los contenidos que habrá en la página.

En hechos distintos detuvieron a los administradores y al periodista en diciembre pasado. A Moreno Villegas el 25 y a Pintor Alegre el 27, precisaron después que los liberaron el 11 de enero por la noche.

De Aguilar García, quien en el video difundido en cautiverio asume que él creó la página, todavía se desconoce su paradero.

En la página de Facebook abunda contenido sin rigor periodístico donde señalan de manera recurrente a la Familia Michoacana, grupo criminal que presuntamente estaría detrás de estas privaciones ilegales.

“Hoy 22 de enero me dejaron en libertad aquí en la curva de Changata (municipio de Ajuchitlán del Progreso). Una persona de Arcelia me dio un raid”, narró Benítez Santos al ser liberado, después de 28 días de cautiverio, y de quien se desconocía su privación de libertad.

Cuando fue público la desaparición de los administradores y el periodista, las autoridades intervinieron. Es decir, varios, días después de su desaparición. Autoridades del gobierno estatal informaron que emplearon una operación de búsqueda y localización con Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Después difundieron su liberación, pero el periodista y el comunicador informaron que en realidad fueron liberados por el grupo armado, y que los elementos policiacos sólo llegaron a tomarse foto cuando acudieron a las instituciones a rendir su declaración ministerial.

Así como nunca mencionaron de las desapariciones previas, las autoridades tampoco informaron del caso de Benítez Santos, quien también salió a denunciarlo por su cuenta.

Hasta el momento, el gobierno estatal tampoco ha informado si continúa con la búsqueda de Alan.


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http://t8b.d8e.mwp.accessdomain.com/2023/01/12/liberan-a-dos-de-los-tres-comunicadores-desaparecidos-en-la-tierra-caliente/?amp

 

“Pensé que me iban a matar”, dice el periodista Jesús Pintor después de ser liberado

Texto: Amapola periodismo

Forografía: Especial 

Chilpancingo

 

Lo aventaron de una patada de la camioneta al suelo. No sabía qué hora era, el día, ni a dónde llegaron. Lo que sí sabía es que lo iban a asesinar, porque eso le dijeron antes de este viaje.

Jesús Pintor Alegre, uno de los tres comunicadores desaparecidos, estuvo cautivo 15 días. Eran alrededor de las once y media de la noche del miércoles 11 de enero cuando lo liberaron. Fue privado de su libertad la mañana del 27 de diciembre, cerca de las diez de la mañana. Caminaba por el zócalo de Ciudad Altamirano, había gente en las calles. Varias personas vieron el secuestro. Nadie reportó nada.

Cuando la camioneta paró, Pintor creyó que todo había acabado para él. Tan pronto como cayó al suelo, escuchó de nuevo el motor de la camioneta y que ésta se alejaba, hasta que dejó de oír el ruido del motor, se quitó la venda.

Cada día de su cautiverio lo hacían creer que lo iban a matar. Ahora que estaba sin vendas y en apariencia libre, todavía seguía el temor, más cuando volvió a escuchar ruidos.

–¿Hay alguien aquí?, –preguntó con miedo.

–Sí, soy yo, –escuchó y en medio de la oscuridad supo de inmediato que se trataba de Fernando Moreno Villegas, otro de los comunicadores en cautiverio. Entonces Pintor pensó que había librado la muerte.

-¿Y Alan? Se preguntaron con angustia. Alan García Aguilar es el tercer comunicador desaparecido.

-¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! Gritaron para ubicarlo.

Hicieron una pequeña búsqueda a pesar de la debilidad de sus cuerpos y el aturdimiento que sentían después de tantos días cautivos.

Después llegaron tres de sus compañeros periodistas hasta el lugar donde fueron liberados. Los periodistas supieron que los liberaron porque les avisaron.

Los dejaron cerca del río Cuirio, de la comunidad de San Pedro, a unos cinco minutos de la cabecera municipal de Coyuca de Catalán. Los periodistas llevaron a sus compañeros a sus casas.

El jueves 12 de enero por la mañana circuló un video de la primera entrevista al periodista y el comunicador una vez liberados, hecha por los periodistas que fueron por ellos.

–Gracias a Dios se les sensibilizó el corazón y nos dejaron libres, gracias en verdad, –dice en esa primera entrevista Pintor.

Moreno aprovecha para aclarar que no es periodista. Es químico biólogo de profesión. También dice que él no hacia publicaciones en la página de Facebook Escenario Calentano. Reitera que Alan García fue el creador de la página, el administrador y quien alimentaba los contenidos, como lo dicen en el video. Se refiere al que apareció en la misma página Escenario Calentano, el lunes 9 de enero, en el que aparecen Moreno y Alan. Los muestran encadenados de pies y manos. Fue así como se supo de la desaparición de los tres comunicadores. Antes no se había hecho público en medios y tampoco por dichos.

A Moreno lo secuestraron desde el 25 de diciembre. “Unas personas me llegaron por atrás, me ataron a los ojos, no alcancé a ver quién, no vi nada, solamente me dijeron subes aquí, yo con los ojos vendados iba haciendo mi lucha para caminar. Nos llevaron a un lugar, desconozco a dónde”, dice en esa primera entrevista.

En la liberación y el apoyo a los comunicadores no figura la presencia de ninguna autoridad. De hecho, oficialmente, nunca dieron información sobre cómo ocurrió la desaparición de los tres, sin embargo, durante el jueves circularon fotos de policías y elementos de la Guardia Nacional con los dos comunicadores, como si hubieran participado en su liberación.

Del tercer comunicador desaparecido aún no se sabe nada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberan a dos de los tres comunicadores desaparecidos en la Tierra Caliente

Texto: Amapola periodismo

Forografía: Redes 

Chilpancingo

 

Dos de los tres comunicadores que desde hace más de dos semanas fueron privados de su libertad, al parecer, por un grupo criminal en la Tierra Caliente de Guerrero, aparecieron con vida la madrugada de hoy. Se trata de Jesús Pintor Alegre y de Fernando Moreno Villegas, quienes, en un video difundido en redes donde ellos mismos hablan de su liberación, dijeron ignorar quiénes los tenían cautivos.

Alan García Aguilar, uno de los dos administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, sigue desaparecido o retenido.

“No sé en qué ubicación (estaba retenido), tenía vendas y las manos esposadas y ahí había gente encapuchada que francamente no pude distinguir”, dijo Pintor Alegre en el video difundido en las redes sociales donde le hacen una entrevista junto a Moreno Villegas.

Pintor Alegre, quien ha laborado en varios medios de comunicación de Guerrero, dijo que las personas que lo tenían retenido se dieron cuenta que él no era administrador de Escenario Calentano. “Gracias a Dios se les sensibilizó el corazón y nos dejaron libres, gracias en verdad”, dijo.

Moreno Villegas dijo en su turno de la entrevista fue privado de su libertad el pasado 25 de diciembre y que él es químico parasitólogo de profesión, no periodista.

«El 25 de diciembre unas personas me llegaron por atrás, me ataron a los ojos, no alcancé a ver quién, no vi nada, solamente me dijeron subes aquí, yo con los ojos vendados iba haciendo mi lucha para caminar. Nos llevaron a un lugar, desconozco a dónde”, agregó.

Lo liberaron 17 días después.

Comentó que desconoce dónde está Alan García, a quien identificó como abogado de profesión.

“Desconocemos a dónde lo liberaron (García Aguilar)…esa vez que hicimos el video para la página Escenario Calentano con Alan, donde él menciona que él es el creador de la página, del contenido y donde yo también hago mención que soy parte de la página. Yo, hasta donde tengo entendido, nunca hice una publicación en la página de Escenario Calentano, él (García Aguilar) fue el creador, él lo dijo”, mencionó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Pintor Alegre y Moreno Villegas fueron liberados cerca del río Cuirio, en Coyuca de Catalán, y que se sigue con la búsqueda de García Aguilar.

En un video anterior colgado en Escenario Calentano, donde aparecen Fernando y Alan, el segundo fue quien dijo ser el creador de esta página de Facebook hace cinco años y es quien sigue desaparecido.


El miedo paraliza a periodistas guerrerenses por la desaparición de tres comunicadores

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Oscar Guerrero 

10 de enero del 2023 

Chilpancingo 

 

Tres comunicadores están desaparecidos en Guerrero desde finales de diciembre del 2022. Se trata del periodista Jesús Pintor Alegre y de los administradores de una página de Facebook, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, desaparecidos en la región de Tierra Caliente.

Aunque la información está confirmada, el miedo a las reacciones de los líderes del grupo del crimen organizado que probablemente los privó de su libertad, la Familia Michoacana (FM), impidió mayores reacciones del gremio para exigir su búsqueda.

Información incierta, porque no se tiene una fuente que diga cuándo y cómo desaparecieron, da cuenta de que probablemente estén desaparecidos desde el 26 o 27 de diciembre. Se desconoce si los tres comunicadores desaparecieron el mismo día o en momentos y lugares diferentes.

Esta mañana, un grupo de periodistas en la capital leyeron un documento con un posicionamiento del gremio de Guerrero. Pero pidieron cautela de parte de los medios de información que hicieron la cobertura para que la actividad no resultara contraproducente ante la incertidumbre del destino de los comunicadores.  Las familias y amigos de los comunicadores permanecen en silencio porque temen que cualquier cosa que digan afecte la integridad de los tres desaparecidos.

En este contexto, la única institución que se pronunció fue la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), organismo que mediante un comunicado exigió a las autoridades la aparición con vida de los periodistas.

La noticia de la desaparición se hizo pública hasta el lunes 9 de enero, porque Fernando Moreno y Alan García, administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, fueron exhibidos en un video en el que aparecen encadenados.

En ese video no aparece ni se menciona nada del tercer periodista desaparecido, Jesús Pintor Alegre, quien fue uno de los reporteros fundadores del medio La Jornada Guerrero, medio que lo contrató y envió a esa región de Guerrero como su corresponsal, quien se quedó allá desde el año 2007.

Pintor es escritor y trabajaba para otros medios locales y nacionales. Realizaba su labor periodística básicamente en el municipio de Coyuca de Catalán, desde donde se movilizaba a otros municipios de la región calentana.

En la página Escenario Calentano, que cuenta con 48,000 seguidores, se publicó el video en el que aparecen encadenados los administradores Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, quien subió la información es ajeno al medio, pues advierte de manera sórdida el hecho de publicar el material desde la misma página.

«Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video”, se lee en descripción del video.

En el video, Fernando Moreno Villegas dice que está “pagando las consecuencias” por sus publicaciones “en contra de estas personas y de diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero”, sin precisar a quienes se refiere.

Por su parte, Alan García Aguilar indica que abrió la página hace cinco años y que él fue su creador.

El paradero de Pintor Alegre sigue sin conocerse.

Escenario Calentano es una página de Facebook en la que, desde su creación, habla sobre los nexos entre los políticos de Tierra Caliente y los grupos del crimen organizado que operan en la región. Es una fanpage cuyo centro de operación es el municipio de Ciudad Altamirano, la ciudad principal de esa región.

 

Periodistas en Chilpancingo durante la lectura del documento afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Palacio de Gobierno estatal.

La CDHEG, la única institución oficial que se pronunció al respecto de la desaparición de los tres comunicadores, lo hizo con mucha cautela. Menciona solamente que dará seguimiento al caso, «a fin de que se garantice la seguridad de los comunicadores Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar y se logre su pronta localización».

También periodistas de Chilpancingo leyeron un documento afuera de las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que exigen al gobierno la búsqueda de los tres periodistas.

Los periodistas, en grupos, entregaron de manera física el documento en la delegación estatal de la Fiscalía General del Estado (FGR), la sede del Ejecutivo estatal (Palacio de Gobierno) y la CDHEG para exigir a las autoridades estatales respuestas y acciones para dar con el paradero de sus compañeros.

“Exigimos a las autoridades correspondientes que inicien los trabajos encaminados a establecer la localización de Jesús Pintor, Fernando y Alan, en atención a las responsabilidades que les imponen la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado”, se lee en el texto que también algunos reporteros leyeron de manera pública afuera de los edificios institucionales.

En el documento, los periodistas guerrerenses mencional la publicación del video, reconocen la labor y trayectoria de Jesús Pintor Alegre como periodista, y hacen evidente también el silencio de la familia de quienes están retenidos por el temor de que algo les ocurra.

En el escrito, los manifestantes aseguran que en los últimos 20 años han sido asesinados al menos 21 periodistas en Guerrero, además actualmente hay comunicadores con desplazamiento forzado en las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Norte y la Montaña baja.

El documento que va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


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Hay que ser valiente para ser periodista, coinciden reporteros en el 84 aniversario del SNRP

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

En un conversatorio realizado en las instalaciones de la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) periodistas del estado expusieron la falta de seguridad para ejercer el periodismo y las malas condiciones laborales en que se desempeña esta labor.

El conversatorio se realizó como parte del 84 aniversario del SNRP y participaron los periodistas Jesús Guerrero, Zacarías Cervantes, Sergio Ocampo, Ricardo Infante Padilla y Karina Tejada, ésta última apadrinó la exposición fotográficas Mirada colectiva.

“Hay que ser valiente para ser periodista y criticar a este gobierno”, mencionó durante su participación Infante Padilla, periodista que fue corresponsal de guerra en Nicaragua durante la revolución sandinista en los años ochenta.

Infante Padilla mencionó el riesgo que hay en la prensa por criticar al actual gobierno federal y estatal debido a que “se crearon fanáticos que no aceptan lo que está mal”.

También hablaron de su experiencia en el periodismo y los retos que hay en la actualidad en la labor.

Situaciones como ser críticos al gobierno en turno divide las opiniones y la sociedad cataloga a los medios y periodistas como reaccionarios, “cuando la realidad es que desde siempre hemos caminado en la izquierda, mucho más que aquellos que nos critican”, dijo Infante Padilla.

Por su parte, Jesús Guerrero, fundador de Amapola. Periodismo transgresor y corresponsal del diario Reforma habló sobre la situación actual de los periodistas y el control que hay desde el gobierno del estado para impedir que la gobernadora sea entrevistada.

“Nos meten a un corral, incluso en espacios públicos limitando nuestro trabajo como reporteros”, mencionó.

Sergio Ocampo, fundador de Radio Universidad y corresponsal de La Jornada, habló sobre la importancia de legislar una ley de comunicación social para garantizar que el dinero oficial que ingresa a los medios de comunicación sea transparente y utilizado en mejorar las condiciones laborales de los periodistas; darles seguridad social, vivienda y mejores salarios.

El secretario general del SNRP, Luis Blancas, declaró que dicha conmemoración es para reflexionar sobre la situación de la prensa en Guerrero.

Destacó el llamado a las autoridades a garantizar el trabajo y la seguridad de los periodistas, a las organizaciones sociales les pidió respetar a los periodistas en su expresión y que ayuden en su protección.

Además del conversatorio se realizó una exposición fotográfica titulada Mirada colectiva, donde exhibieron más de 20 fotografías sobre temas de pobreza, violencia, manifestaciones y agresiones a periodistas en Guerrero. En esa exposición participaron fotoperiodistas de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados

En 2019, la Sedena compró un sistema de monitoreo a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del software Pegasus. En este sexenio, al menos tres personas han tenido infecciones espía, según lo documenta una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.

Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.

En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.

Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación Gobierno Espía hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.

John Scott, experto de Citizen Lab, advierte que actualmente “existe al menos un operador de Pegasus en México, y podría haber otros, pero la pregunta es ¿quién es este cliente?”. Explica, además, que el sistema es mucho más sofisticado porque ya no requiere que el usuario interactúe con un link, sino que puede usarse de forma remota y aprovechando las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería —como ocurrió con WhatsApp— o del sistema Apple para realizar la infección.

Shalev Hulio, director de NSO Group, ha hecho declaraciones bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en las que ha asegurado que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo.

Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.

Sobre este caso, este lunes 3 de octubre las víctimas del espionaje presentarán ante la FGR una denuncia penal contra quien resulte responsable, con el apoyo legal de las organizaciones R3D y Artículo 19.

El grupo de medios que hizo esta investigación envió cuestionarios para solicitar posturas respecto del tema a la Presidencia, la Sedena, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua, pero en ningún caso hubo respuesta.

Las pruebas

Los periodistas y defensores de derechos humanos espiados durante el sexenio pasado interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2017, y aunque la investigación prácticamente no avanzó durante dos años, Artículo 19 presentó en 2019 una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que dio pie a nuevas diligencias.

Entre ellas, el cateo a KBH Tracken, la empresa que encabeza la red de compañías que vendieron el software Pegasus a instancias del gobierno mexicano. Ahí se localizaron computadoras, dispositivos y documentación con logos de la Sedena, como se aprecia en el registro fotográfico del cateo.

Entre la documentación estaba la carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018. En ella, informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año. Ya lo sería Comercializadora Antsua.

En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría realizar la compra con dicha empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

La información de ambos documentos fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que la entregaron para esta investigación a condición de reservar sus nombres.

Ahora también se sabe que la Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.

El oficio —clasificado como “secreto”— se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en esta investigación.

La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, pues estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, SA, otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretar la contratación.

Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 6 de noviembre de 2019 que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje: “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”.

En reiteradas ocasiones también ha declarado que ya no había espionaje: “En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”.

La Sedena mantuvo oculto este contrato pese a peticiones por distintos medios.

Los periodistas participantes en esta investigación solicitaron vía transparencia los contratos que hubiesen hecho con Comercializadora Antsua la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Federal y la PGR (hoy FGR), pero en todos los casos respondieron que no habían realizado ninguno.

Incluso, la Sedena también negó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como da cuenta un correo enviado por la institución —localizado también en la información del grupo Guacamaya—, en la que reitera la solicitud para que la dependencia le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020, y que le había hecho previamente como parte del proceso de auditoría aplicada a la secretaría.

“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal de la se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.

El caso Animal Político

El periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad, realizaba una investigación periodística sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares en una zona conflictiva del país en 2021, cuando su teléfono fue infectado.

Daniel Moreno, director de Animal Político, advierte que, con la infección en el teléfono de uno de sus periodistas, quien realizó el espionaje tuvo acceso no solo a esa información, sino a todo el medio, porque durante la pandemia la comunicación entre todo el equipo se concentró a través del teléfono. Además, en las reuniones entre periodistas todos hablan de los reportajes que estén trabajando: “Esto hace que espiar un solo teléfono vulnere a toda la redacción”.

“Primero: no hay ninguna razón legal para que este periodista hubiera sido espiado. Segundo: el trabajo periodístico implica establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. Y además, siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, de limitar derecho a la información y libertad de prensa por los riesgos que conlleva investigar. Se trata de un atentado a muchas cosas”.

El espionaje es aún más preocupante en un país considerado mortífero para la prensa, pues, solo en los primeros ocho meses de este año, 15 periodistas han sido asesinados, y que suman a los 150 contabilizados desde el 2000. También se tiene evidencia de que Cecilio Pineda, reportero de Guerrero asesinado en 2017, había sido espiado con Pegasus.

Por eso, Moreno insiste: “Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores (…) Los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Porque al atentar contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, no se afecta al periodista y al medio, nos afecta a todos”.

Tras la denuncia penal que interpondrán las víctimas, la FGR tiene de nuevo en su responsabilidad encontrar a los responsables. “Ellos son quienes nos deben de decir quién fue. Lo que al menos tenemos que exigir es que la investigación se concluya y nos digan quién espió, qué dependencia lo hizo, bajo qué criterio, cuánto costó, por qué lo hizo de manera ilegal, a quiénes más está espiando”, asegura Moreno.

Culpan al Ejército

Raymundo Ramos ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años y víctima de espionaje desde el sexenio pasado. De acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.

Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.

El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En esas fechas, también realizaba actividades relacionadas con otros casos de violaciones a derechos humanos ocurridas previamente: la desaparición de 47 personasdurante un operativo especial realizado entre enero y junio de 2018 por parte de la Marina y la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el grupo de inteligencia y el Ejército, en 2019.

Por eso, dice, “no me queda ninguna duda de que no solamente la inteligencia militar y la inteligencia naval están atentas a mi trabajo y a la defensa que hacemos de las víctimas”. Incluso, también ha sido víctima de campañas de desprestigio en publicaciones que lo acusan de vínculos con grupos criminales.

Si bien ha “aprendido” a vivir con los riesgos, en este momento dice tener elementos para sospechar de la existencia de una relación entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, que podrían aprovechar para hacerle daño. “Puedo ser víctima de un atentado por parte del crimen organizado, pero actuando bajo órdenes del Ejército o la Marina para ellos quedar libres de toda sospecha”.

Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.

El periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab. Sus columnas publicadas en 2020 incluyeron la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.

La fecha de infección del 7 de noviembre de 2019 coincide casi exactamente con el inicio de la ronda de entrevistas por su libro Hijo de la guerra, en el que aborda el origen de Los Zetas, un grupo conformado por desertores del Ejército y que nació prácticamente como fuerza paramilitar. Ahí incluye la entrevista que hizo a Galdino Mellado Cruz, quien se presenta como uno de los fundadores de la organización.

“El libro es una crítica a las decisiones que se han tomado a posterior, donde el Ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio Ejército echó a andar”, explica el escritor.

Por eso, “sí alcanzo a entender por qué se me habría espiado con este malware. Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene en su poder Pegasus es el Ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares (…) Ubico y señalo directamente como responsables de este espionaje a esas autoridades y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que no se le ha informado de que nos están espiando”.

Poco después de esa infección, su hijo menor de edad recibió un mensaje en teléfono preguntando por su padre y por su abuelo. Luego se publicó en Twitter un audio manipulado derivado de una llamada telefónica que había tenido con Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la que hablaron de los casos de Israel Vallarta Cisneros y de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Dicho audio fue utilizado por Isabel Miranda de Wallace para demandar a Ricardo Raphael, acusándolo de pertenecer a una organización criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Esto, dice Raphael, demuestra que Miranda de Wallace “utilizó contactos dentro del Ejército, le facilitaron esta grabación (…) Y si se la entregan a esta señora, ¿a quién más no se lo habrán entregado? ¿En manos de quién más estarán mis cuentas bancarias, mis operaciones, mis hábitos de consumo, los datos de mis redes familiares y amistosas, los datos de mis fuentes? ¿Quiénes son los verdaderos clientes de la agenda militar que ordenó estas intercepciones y luego las repartió?”.

Con todas estas pruebas, Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.

En casos previos se ha confirmado que la Sedena es una de las instituciones que han utilizado Pegasus.

Apenas este 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que la Sedena operaba el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería —pese a que la institución había negado su existencia— y donde utilizaba el software Pegasus para seguimiento e interceptación telefónica.

Mientras tanto, la investigación periodística Pegasus Proyect documentó que gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En México, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) y la extinta Agencia de Investigación Criminal usaron el software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre 2016 y 2017—, y las primeras dos lo hicieron sin orden judicial de por medio.

En dicha investigación se hizo el análisis de miles de datos de potenciales víctimas a espiar en cada país. En el caso de México, estaban personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres, y el entonces fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz.

También estaban opositores como Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche y ahora dirigente del PRI, cuyas conversaciones presuntamente obtenidas por espionaje han sido publicadas por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena. Igualmente, otros gobernadores de aquel momento, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad, de Hidalgo, entre otros.

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

Familiares del periodista Fredid Román exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Buenavista de la Salud

 

Familiares del periodista Fredid Román Román, asesinado a balazos el día de ayer en Chilpancingo, exigieron a las autoridades justicia y que les brinde medidas de seguridad.

Un familiar de Román Román, quién pidió se omitiera su nombre, habló de la falta de seguridad en esta comunidad a 30 minutos de Chilpancingo.

«El único mensaje que le puedo dar y le puedo pedir a las autoridades es que se haga justicia, que lo que le pasó a Román Román no quedé impune».

Román Román era originario de Oxtotitlán, municipio de Teloloapan, en la zona Norte del estado, pero vivía en Buenavista de la Salud, en la zona rural de Chilpancingo, una población asediada por la violencia.

Sobre el tema de la seguridad, el familiar de Román Román mencionó que desde enero pasado se vive un situación grave en torno a la inseguridad.

«Toda la población está atemorizada, ya uno no puede salir, aquí la gente no tiene vida porque están en sus casas con el temor de que suceda algún ataque u otra cosa», afirmó.

El familiar también dijo que la estrategia de seguridad en la zona está mal enfocada.

«Todos los policías están en El Ocotito, se planea hacer el cuartel de policías en El Ocotito, pero los ataques y la violencia son aquí en Buenavista», dijo.

El hijo de Román Román fue asesinado el 1 de julio en la localidad de Ocotito y era distribuidor de pollo en la zona.

Durante el mes de julio fueron asesinadas personas dedicadas a esa actividad, derivado de un conflicto entre integrantes de grupos del crimen organizado.

«Vivir en este pueblo no es vivir, vivir con miedo no se le puede llamar vivir», expuso el familiar del fundador del diario La Realidad.

Una de las líneas de investigación acerca del asesinato de Román Román será la de la actividad de su hijo, informó está tarde el vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa.

El cuerpo de Román Román es velado en esta comunidad y el día de mañana será sepultado.

Se observó en los alrededores de la casa donde es velado el cadáver del periodista dos patrullas de la policía estatal.

También elementos del Ejército recorrieron por las calles de la localidad.

«Lo único que pido al gobierno es de que se haga justicia y que esto no quede impune» , dijo el familiar del periodista.

Contó que desde que en esa zona aumentó la violencia, Román Román no manejaba su automóvil por la carretera libre Chilpancingo-Acapulco sino por la Autopista del Sol.

«Viajaba cada semana a Chilpancingo, no sé porque le pasó esto, era una persona buena», externó el familiar.

Al inicio de este 2022, un grupo armado atacó a balazos la comandancia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Buenavista de la Salud, con un saldo de cuatro policías comunitarios asesinados, entre ellos su comandante, el profesor Mario Zamora.

Desde entonces, la violencia en esta zona conocida como el Valle del Ocotito está imparable a pesar de la presencia de las fuerzas federales y estatales.

Román Román vivía precisamente a menos de dos cuadras de la comandancia de la UPOEG.

 

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Marchan por asesinato de periodista, exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez y Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Con una marcha en las calles de Chilpancingo, periodistas exigen a los gobiernos federal y estatal el esclareciniento y castigo a los asesinos del fundador del diario La Realidad, Fredid Román Román.

Los comunicadores se dirigen hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde realizarán un mitin.

En las pancartas que llevan los periodistas se leen las exigencias de alto a los asesinatos contra este gremio en Guerrero y en todo el país.

Román Román fue asesinado a balazos ayer lunes en la tarde cuando salía de las oficinas del diario que el fundó ubicado en la calle Prolongación Valerio Trujano, en la colonia Progreso, a dos cuadras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, a pocas cuadras del centro de esta capital del estado.

Román Román, quien escribía una columna que publicaba en las redes sociales, se subía a un automóvil Mazda color rojo, cuando fue acribillado a tiros por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta en sentido contrario de la calle.

La FGE informó que el pasado 1 de julio en la comunidad de El Ocotito, del municipio de Chilpancingo, el hijo de Román Román fue asesinado a balazos.

El cadáver del periodista fue entregado a sus familiares y es velado en su domicilio en la comunidad de Buenavista de la Salud, del municipio de Chilpancingo y mañana miércoles será sepultado.

En la marcha, los periodistas exigen a la Fiscalía General del Estado realizar su trabajo.

“Ya basta de asesinatos de periodistas, le exigimos al gobierno garantías para ejercer nuestra labor”, dijo en un mitin en la plaza de la Libertad de Expresión, José Luis González, director del semanario No Que No.

El contingente de los manifestantes se dirige a la FGE.

 

 

 

 

 

 

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