Margarita Leyva, madre de Francisco Fonseca Leyva, desaparecido el 18 de mayo de 2019, no descarta la posibilidad de interponer una denuncia contra la Fiscalía General del Estado (FGE) por el extravió del expediente del caso de su hijo.
Este lunes 6 de mayo, Margarita Leyva acudió a la Fiscalía para preguntar cómo va el caso de su hijo, y se llevó “una sorpresa mayúscula” cuando un Agente del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) le mostró el expediente en blanco, denunció la propia Margarita, en entrevista el 10 de mayo poco antes de participar en una protesta con otras madres de desaparecidos.
Francisco Fonseca trabajaba como ayudante de albañil, y la última vez que se le vio fue el 18 de mayo de 2019, cuando terminó su jornada laboral en una obra de la colonia Eduardo Neri, ubicada en la zona poniente de Chilpancingo.
«El 18 de mayo de hace cinco años estaba esperando a mi hijo para darle de comer, pero pasaban las horas y no llegaba. No pude dormir toda la noche”, recuerda Margarita Leyva, sin poder evitar las lágrimas.
Mencionó que después de preguntarles a sus compañeros de trabajo si lo habían visto y que le dijeron que no, se dio a la tarea de buscarlo por los cerros de la colonia Eduardo Neri.
«Uno como madre tiene que buscar a sus hijos; y lo sigo buscando», remarcó Margarita Leyva.
Comentó que una vez que tuvo una plática con un funcionario de la FGE, éste le inventó que su hijo Francisco se había ido a Estados Unidos a trabajar.
«Yo le exigí a ese funcionario que me mostrara videos o fotografías donde se ve a mi hijo subiendo a un autobús, pero nunca me dio pruebas; y es evidente que me mintió para que ya deje de exigir en las protestas la aparición de mi hijo», denunció.
Margarita Leyva no descartó interponer una denuncia contra la FGE por el extravió del expediente del caso de su hijo.
«¿Cómo es posible que después de cinco años (de) que interpuse la denuncia de la desaparición de mi hijo, la Fiscalía haya dejado en blanco su expediente?», cuestionó.
De acuerdo con los datos del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, desde hace casi 12 años, en Guerrero hay cuatro mil personas desaparecidas.
En zonas de Guerrero dominadas por las organizaciones criminales, presidentes municipales y diputados locales impusieron, en el proceso electoral en curso, a familiares en candidaturas para sucederlos en el cargo.
Se trata de cacicazgos que se han establecido, sobre todo en municipios rurales de la entidad, que llevan décadas en que familias se heredan los cargos cada tres años.
Y, al parecer, este 2 de junio no será la excepción.
El caso más emblemático es Tlalchapa, región Tierra Caliente, donde desde hace más de dos décadas, la familia Mora Eguiluz ha mantenido en su poder la presidencia municipal, al relevarse en el cargo solo entre este clan.
Para el actual proceso electoral, en este municipio está apuntada en la boleta electoral para reelegirse, la alcaldesa morenista Tania Mora Eguiluz, y lleva como suplente a su hermana Lucía Mora Eguiluz.
Desde el año 2002, la familia Mora Eguiluz no ha soltado el poder municipal, ya que desde ese entonces el padre Martín Mora Aguirre, ha sido dos veces alcalde; su esposa, Guadalupe Eguiluz, ocupó una vez la presidencia; luego, dos de las hijas de ambos, primero Amalia y actualmente Tania, quien pretende reelegirse para un periodo más.
Pero a lo largo de más de 20 años, la familia Mora ha tenido otros cargos en esa región. Martín Mora fue diputado local en una ocasión y en otra, diputado federal; Guadalupe Eguiluz Bautista fue presidenta municipal y legisladora local.
Celeste Mora, otra de las hijas del matrimonio Mora-Eguiluz, fue diputada local por el distrito 17, de 2018 a 2021, y en este proceso electoral es candidata a diputada federal por el distrito 01 con cabecera en Coyuca de Catalán.
De 2021 a 2022, Celeste Mora fungió como titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Migrantes, en el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
En estas más de dos décadas en que la familia Mora Eguiluz se ha alternado los cargos públicos también se han cambiado de partido político.
Antes de 2018, los Mora Eguiluz militaban en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero por su cercanía con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, dieron la voltereta a Morena.
Félix Salgado, que también militó en el PRD hasta antes de 2017, tiene proximidad con los Mora porque también es originario de Tierra Caliente, que es una región controlada por el grupo criminal La Familia Michoacana.
Pero los Mora Eguiluz no son los únicos en esa región que heredan el cargo a sus hijos o hijas.
También está el caso del perredista Eusebio Echeverría Tabares, presidente del municipio de Coyuca de Catalán, que entró en funciones en 2018, luego se reeligió en 2021 y en este 2024, su hija Esbeydi Núñez Peralta es la candidata para sucederlo en el cargo.
Reynel Rodríguez Muñoz, diputado federal priista por el distrito 01 de esta misma región, impuso a su esposa Brenda Janet Núñez Peñaloza en la candidatura de la alianza PRI-PRD-PAN a la presidencia municipal de Pungarabato (Ciudad Altamirano).
Rodríguez Muñoz fue alcalde de este mismo municipio de Tierra Caliente de 2018 a 2021.
En Cutzamala de Pinzón, donde el Movimiento Ciudadano (MC) no registró planilla para competir por el ayuntamiento, por las presiones de la delincuencia organizada, la priista Mayte Lucero Arce Jaimes se registró como candidata para reelegirse en el cargo.
Mayte Lucero es hija de Timoteo Arce Solís y Rosa Jaimes López, quienes ya encabezaron este ayuntamiento también perteneciente a Tierra Caliente.
Timoteo Arce fue alcalde en 2015 y en las elecciones de 2018 se reeligió.
En el proceso electoral de 2021, Rosa Jaime López, esposa de Timoteo Arce, ganó el ayuntamiento en unas elecciones manchadas por el secuestro de la abanderada del MC, Marilú Martínez, su esposo e integrantes de su campaña.
En marzo de 2023, Rosa Jaimes renunció al cargo y su hija Mayté Lucero Arce, que era su suplente, asumió la presidencia municipal.
En este proceso electoral, Mayte Arce va en la papeleta electoral para reelegirse.
Otro de los casos donde el poder político se ha convertido en patrimonio familiar y en esta elección se conservará como tal, es La Unión de Isidoro Montes de Oca, con los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, quienes desde el año 2002 no sueltan el ayuntamiento de este municipio de la Costa Grande dominado por La Familia Michoacana que, según un mapa de riesgo del gobierno estatal, se disputa este territorio con Los Viagras.
Carlos y Crescencio se han alternado la presidencia municipal de ese municipio y la diputación local por el distrito 12, por la vía plurinominal.
En este proceso electoral, Crescencio Reyes va por su reelección como alcalde, con lo cual, en caso de ganar en las urnas el 2 de junio, será la cuarta vez que gobernará este municipio.
Jorge Sánchez Alec, que lleva dos periodos en la alcaldía del Zihuatanejo de Azueta, impuso a su esposa Lizet Tapia Castro como candidata para sucederlo en el cargo.
Victoriano Wences Real, quien lleva casi una década en la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) y dos periodos como diputado federal, una de ellas por reelección en alianza con Morena, ahora va como candidato a la presidencia municipal de Tlapa, cargo que ya ocupó de 2002 a 2005.
En este proceso electoral, Victoriano Wences, aparte de que se autodesignó como candidato a la alcaldía de Tlapa, también impuso a su esposa Leticia Mosso para su reelección como diputada local por la vía plurinominal. Leticia Mosso va en el número 1 en la lista que registró el PT ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).
En la Montaña baja de Guerrero, donde domina el grupo criminal Los Ardillos, un político que mantiene su hegemonía es el perredista Raymundo García Gutiérrez, quien inició su carrera política como presidente municipal de Acatepec de 2005 a 2008, y desde entonces ha saltado de un cargo a otro.
Con actitudes de cacique regional, Raymundo García ha impuesto en la presidencia municipal a sus amigos, mientras a su hija Jennifer García la colocó como diputada local por la vía plurinominal en 2021, y en el actual proceso electoral, el PRD la postuló para la reelección.
Raymundo García fue diputado al Congreso de la Unión de 2018 a 2021 por la vía plurinomial y actualmente ocupa un escaño en el congreso local, al que llegó también por la vía de la representación proporcional.
Ahora anda en campaña para reelegirse en el cargo como candidato de mayoría relativa, pero en esta ocasión por el distrito 14 con cabecera en Ayutla de los Libres, región Costa Chica.
El perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo criminal Los Ardillos, Iván y Celso Ortega, se ha mantenido en cargos de representación popular desde el año 2002, cuando fue alcalde del municipio de Qechultenango.
De 2005 a la fecha, Bernardo Ortega ha sido diputado local en cuatro ocasiones y durante el periodo de gobierno de Ángel Aguirre Rivero, fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.
En estas elecciones, Bernardo Ortega anunció que dejará el poder Legislativo, para dirigir el PRD en Guerrero, pero pretende heredar a su hijo Jorge Iván Ortega la diputación local por el distrito 24.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias, quien ha militado en el PRI y el PRD, movió sus influencias sobre la dirigencia estatal del Morena, para que sus hijos Pavel Raymundo y Cristian Raymundo Casarrubias Sánchez figuren en la planilla del candidato a la presidencia municipal de Chilpancingo, Jorge Salgado Parra, para una regiduría, uno como propietario y el otro como suplente.
Tenso inicio de campañas
Este fin de semana, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana aprobó las planillas para los 83 ayuntamientos de Guerrero, por lo que autorizó el inicio de las campañas de los candidatos; sin embargo, las actividades políticas de los abanderados han iniciado con poca difusión en los medios tradicionales y las redes sociales.
La aprobación del registro de las candidaturas fue a las dos de la madrugada del sábado 20 de abril. El retraso se debió a que las dirigencias del Morena y el PT no se ponían de acuerdo si iban en alianza en los municipios de Zumpango de Neri y Tlapa.
Finalmente, Morena, aceptó que la planilla en Tlapa la encabezara el líder estatal del PT, Victoriano Wences Real, y en Zumpango de Neri, la petista Sara Salinas, quien va por la reelección.
Los arranques de las campañas que tuvieron más resonancia fueron las de los candidatos de los municipios más importantes de Guerrero: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Tixtla.
En Chilapa, donde en este proceso electoral, grupos armados asesinaron a un aspirante de Morena a la alcaldía y a un regidor de este partido, la candidata priista, Mercedes Carballo Chino, arrancó su campaña el lunes 22.
En este munincipio de la montaña baja, la candidata del Morena, Paula Angélica Miranda Silva, y otros abanderados no han iniciado sus actividades de proselitismo.
La dirigencia del Morena y la de MC solicitaron al gobierno estatal medidas de seguridad en Chilapa, para que sus abanderados realicen sus campañas.
A 39 días de los comicios para la presidencia de la República, senadores, diputados federales, alcaldes en los 83 municipios y los 28 distritos locales, seis aspirantes y precandidatos a un cargo de representación popular han sido asesinados en Guerrero.
El director de la Policía Vial de Acapulco, Eduardo Chávez Manzanarez, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves, en su domicilio ubicado en la colonia Infonavit Alta Progreso, en la zona suburbana en este puerto.
Las autoridades del ayuntamiento de Acapulco condenaron, a través de un comunicado, el asesinato del jefe policiaco.
«Ante esto, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, coadyuva con las autoridades correspondientes en las labores necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado que abrió la carpeta de investigación para avanzar en las pesquisas», dice el comunicado oficial del ayuntamiento acapulqueño.
El 10 de enero de 2023, hombres armados asesinaron a balazos al entonces jefe operativo de la policía auxiliar de Acapulco, Samuel Buenfil Espinoza, cuando caminaba cerca de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en la calle Vicente Guerrero, colonia Progreso, de este puerto.
A cinco meses de que la morenista Abelina López Rodríguez concluya su mandato como presidenta municipal de Acapulco, dos jefes policiacos han sido asesinados por miembros de la delincuencia organizada.
Ayer miércoles, en la sesión del Congreso local, los diputados aprobaron la solicitud de licencia de la edil Abelina López, que competirá en este proceso electoral para reelegirse en el cargo por un periodo más.
Abelina López ya tiene preparado su equipo de colaboradores para arrancar su campaña electoral este 20 de abril.
En una carta dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el exdelegado en la Zona Centro del estado, Raúl Suárez Martínez, acusó al subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, Francisco Rodríguez Cisneros, de manejo discrecional de recursos públicos en la Secretaría General de Gobierno cuando estaba al frente Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
La acusación de Suárez Martínez se suma a la denuncia que la semana pasada hizo Óscar Chávez Rendón contra el senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, de haberle exigido su renuncia de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Sociales a cambio de nombrarlo director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyteg), ofrecimiento que rechazó Chávez Rendón.
Carta de renuncia del ex subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales. Foto: Cortesía de redes
Este lunes, los normalistas de Ayotzinapa atacaron con petardos la sede del gobierno estatal, provocando el incendio del edificio La Montaña y de al menos 13 vehículos, para exigir la renuncia de Francisco Rodríguez y una investigación al ex secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, al exsecretario y de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera y la exfiscal Sandra Luz Valdovinos, por omisión en la investigación del asesinato de Yanqui Khotan Gómez a manos de policías estatales.
Cuando estalló la crisis por el caso Yanqui Khotan, Francisco Rodríguez fungía como director de Gobernación, pero este miércoles 3 de abril, la gobernadora Evelyn Salgado lo ascendió a la Subsecretaría de Asuntos Políticos, en sustitución de Óscar Chávez Rendón.
En la conferencia de prensa que la madrugada del 8 de marzo ofrecieron Ludwig Marcial Reynoso y el general brigadier Rolando Solano para cambiar la versión del ataque a tiros a los normalistas de Ayotzinapa, estuvo presente Francisco Rodríguez y el director de Comunicación Social, René Pouselt Aguirre.
Raúl Suárez calificó de ser un gobierno «cobarde» el de Evelyn Salgado por no haberles dicho a él y a Óscar Chávez que fueron destituidos del cargo por «no hacer nada».
«La gobernadora debería de hacer caso de su slogan e investigar en territorio si es verdad que los funcionarios destituidos cumplieron o no las encomiendas y que aclare a qué se refiere cuando asegura que no hacían nada o tal vez no conoce el funcionamiento de las áreas de su gobierno», escribió Raúl Suárez.
Menciona que él se enteró por redes sociales que sería destituido y que incluso la secretaria general de Gobierno, Anacleta López Vega, le dijo que a ella no le habían pedido o propuesto ningún cambio.
Del recién ascendido a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Sociales, Francisco Rodríguez, aseguró que desde su posición como director de Gobernación se creía más que el titular de la Secretaría General de Gobierno (Ludwig Marcial Reynoso).
«En ese puesto (Francisco Rodríguez) manejaba prácticamente todo el movimiento de personal, material, manejo discrecional de los millones de la instancia, amo y señor de horca y cuchillo», asegura Suárez Martínez.
Menciona que tanto Francisco Rodríguez como el ex secretario general de Gobierno (Ludwig Marcial Reynoso) manejaron los recursos económicos de la institución para beneficio personal de «sus allegados y sobre todo allegadas».
Raúl Suárez dijo que las prácticas de los gobiernos del PRI siguen vigentes en la administración de Evelyn, como es la utilización de vehículos blindados, guardaespaldas con armas largas, choferes y despilfarro de recursos para comprar voluntades.
«A los delegados no nos pagaron los dos o tres primeros meses de este gobierno. No recibimos aguinaldo ni prestaciones además de que nos tenían en la lista de raya que alguna vez su papá (Félix Salgado) dijo que no iba a existir porque eso servía para robarse el dinero», dijo el ex delegado de Gobierno.
«Señora gobernadora decir que no se cumplió con el cargo es temerario e irresponsable de su parte, es creer en esas
Un ataque con petardos a la sede del gobierno estatal esta mañana, por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, provocó un incendio en el segundo piso del edificio y de una decena de automóviles en el estacionamiento.
Los normalistas, que exigen el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato de su compañero Yanqui Khotan Gómez ocurrido hace un mes, irrumpieron en el edificio del gobierno alrededor de las ocho quince de la mañana de hoy lunes.
Los pocos trabajadores que iban llegando al edificio se retiraron corriendo al ver que los jóvenes empezaron a lanzar petardos.
El edificio Montaña, ubicado en la parte izquierda del palacio, empezó a incendiarse generando más caos.
Texto: Andrea Mendoza.
Posteriormente, los estudiantes lanzaron petardos a vehículos que estaban en el estacionamiento.
«Nos salimos corriendo cuando se empezaron a escuchar los estruendos de los petardos o creo eran bombas molotov», dijo un burócrata.
A las nueve de la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tenía agendado el homenaje mensual a la bandera en la explanada del palacio.
Cuando los normalistas llegaron a la sede del Poder Ejecutivo, un grupo de guardias de seguridad colocaban las vallas en la explanada. Los guardias se replegaron.
Evelyn Salgado ya no llegó al evento.
Un total de 13 vehículos fueron incendiados, 12 en el estacionamiento y otro en el acceso principal del palacio.
Foto: Andrea Mendoza.
Después de realizar los destrozos en palacio, los normalistas de retiraron a bordo de cuatro autobuses hacia su escuela en Tixtla.
Ayer domingo, 7 de abril, se cumplió un mes de que el normalista Yanqui Khotan Gómez fue asesinado a balazos por tres policías estatales, de los cuales uno sigue prófugo y los otros dos fueron vinculados a proceso.
Esta camioneta y 12 automóviles más fueron incendiados en el estacionamiento de las oficinas del gobierno estatal, este lunes 8 de abril en Chilpancingo. Foto: Jesús Guerrero.
Los normalistas condenaron los nombramientos de dos militares, uno en la Fiscalía General del Estado y otro en la Secretaría de Seguridad Pública.
También criticaron que la gobernadora Evelyn Salgado haya ascendido al director de Gobernación estatal Francisco Rodríguez Cisneros a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social.
Elementos del cuerpo de bomberos y de protección civil sofocaron el incendio.
El hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera cargo de la investigación del ataque de policías estatales a los normalistas de Ayotzinapa ocurrido el jueves pasado, al oriente de la ciudad, donde asesinaron al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, puso en jaque al gobierno estatal al quedar exhibido con su falseada versión de los hechos.
En este momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene una confrontación mediática al responsabilizarse mutuamente de lo que no hicieron con los policías estatales que participaron en la agresión a los normalistas, en particular porque este martes por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el elemento que asesinó al estudiante, huyó.
“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa, se fugó, el policía. Se está haciendo la investigación, la búsqueda, se van a fincar responsabilidades”.
Eso generó reacciones de parte de los estudiantes, que esa misma mañana irrumpieron en la FGE, donde lanzaron explosivos y quemaron algunos vehículos que estaban estacionados adentro del edificio.
Así quedaron las instalaciones de la FGE tras el paso de los normalistas, esta mañana del 12 de marzo, en Chilpancingo.
También acarreó que la FGE y la SSP se señalaran públicamente, mediante comunicados, sobre el caso de los policías.
El primer comunicado salió de la FGE para aclarar que “ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía a los policías estatales involucrados”, menos pudieron estar en calidad de detenidos por la dependencia, porque no realizan “arrestos administrativos”.
Enseguida a estos apuntes, en el comunicado está planteada la necesidad de que aclaren “qué autoridad mantiene bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.
El comunicado de la FGE lo difunden cuando todavía en las instalaciones personal oficial hacían trabajos para componer parte de los desastres, producto de la irrupción de los estudiantes al inmueble.
Más tarde, la SSP difundió un comunicado donde expuso que los policías estatales involucrados dieron su declaración ministerial ante el Ministerio Público de la Agencia Especializada de Delitos Graves de la FGE a las 7:30 horas de la mañana del viernes 8 de marzo, es decir horas después de los hechos.
Hay dos elementos que expone la SSP: es competencia de la FGE “la retención de los elementos por al menos 48 horas” o solicitar una ampliación del término o una orden de aprehensión. Señaló “dilaciones” de parte de la Fiscalía al negarse a “recepcionar la puesta a disposición”.
“Asimismo, durante todo el evento, la enlace del Jurídico Región Centro intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente, sin obtener resultados”, es una parte del comunicado.
Dos de los tres elementos que participaron en el ataque a los normalistas el jueves pasado, de acuerdo con el comunicado de la SSP, están resguardados de manera voluntaria, sólo en carácter administrativo, pero el otro, al parecer el que reportó el presidente, sin ser localizado.
La condición actual de este agente, aclaró la secretaría, es “por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, en clara alusión a la Fiscalía.
Con esto, la SSP refutó la versión de la Fiscalía y, al mismo tiempo, expuso cómo dos dependencias de una mismo administración estatal, la que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, no están coordinadas. Las posiciones públicas de la FGE y la SSP las distancia de tal manera que pareciera son de estructuras gubernamentales diferentes.
Tampoco es que los funcionarios de la administración estatal hayan actuado mejor antes. La gobernadora habló públicamente del hecho hasta el cuarto día de que ocurrió, y lo hizo mediante un mensaje por redes sociales, como acostumbra, porque desde el inicio de su gobierno evita los cuestionamientos de los reporteros, así sea en actos públicos.
Vidulfo Rosales Sierra reveló que en la detención también participaron elementos del Ejército. Pide que la FGR finque responsabilidades a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública por falsear y ocultar información
Texto y foto: Margena de la O
Martes 12 de marzo del 2024
Chilpancingo
Elementos policiacos y del Ejército detuvieron a tres normalistas de Ayotzinapa después del ataque de agentes estatales donde asesinaron a su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, en el punto conocido como el viejo libramiento a Tixtla, al oriente de Chilpancingo, y no sólo a uno, como lo dieron a conocer autoridades locales, denunció el abogado de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra.
El único detenido que reconocen las autoridades es Osiel Faustino Jimón Dircio, el joven de 22 años que iba de copiloto en la camioneta que manejaba Yanqui, a quien, denunció el Centro de Derechos Humanos de Personas Víctimas de la Violencia Minerva Bello, presentaron hasta la mañana siguiente de los hechos ante el Ministerio Público.
En las imágenes, normalistas de Ayotzinapa bloquean de manera parcial la Autopista del Sol la tarde de ayer 11 de marzo como parte de su plan de acción en exigencia del esclarecimiento del ataque a sus compañeros.
También detuvieron, contó el abogado, al otro estudiante que viajaba con Yanqui y Osiel, quien bajó a comprar un cigarro en el punto del ataque, al que sólo identificó como Arenita, y a uno de los dos estudiantes que minutos más tarde llegaron al lugar a auxiliarlos.
Por estos y otros detalles ocultados por los secretarios estatales de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, quienes salieron a ofrecer la versión oficial de los hechos, el abogado plantea que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el ataque a los normalistas incluya a estos servidores públicos.
El abogado que forma parte del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien también es asesor de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años, sostiene que estos servidores públicos manipularon y crearon pruebas de los hechos para responsabilizar a los estudiantes de Ayotzinapa de su propia agresión y avalaron las detenciones ilegales de los tres normalistas.
La versión que tiene el abogado sobre cómo pasaron los hechos es la siguiente: tres estudiantes, Yanqui, Osiel y Arenita, vinieron de Tixtla a Chilpancingo y se detuvieron en la entrada oriente de la ciudad; Arenita bajó a comprar un cigarro y a lo lejos vio cuando los policías estatales les dispararon a sus compañeros. En esa agresión mataron a Yanqui; Osiel se salvó porque se agachó dentro de la cabina.
“Arenita estuvo detenido. Arenita huye después de los hechos que se da la balacera; sale corriendo calles hacia abajo, entre la Viguri y la Indeco. En la barranca se esconde. Pide auxilio a dos de sus compañeros, van por él; cuando le hablan sus compañeros ya estamos aquí, sale de su escondite, al salir es detenido por elementos del Ejército mexicano y su compañero, uno de ellos, el que llevaba la moto”, compartió el abogado en entrevista.
En realidad, insistió, fueron tres los estudiantes detenidos, pero los llevaron en direcciones distintas, y los cargaron “dando vueltas en la ciudad alrededor de tres, cuatro horas. Después los sueltan”.
Los secretarios estatales citados dieron una conferencia de prensa para informar de lo ocurrido con los normalistas alrededor de las dos de la mañana del día siguiente en la calle, muy cerca de Palacio de Gobierno. Ahí dijeron que no habría impunidad en el caso, pero que el hecho se desprendía de la persecución de un delito porque la camioneta tenía reporte de robo y, además, que dentro del vehículo hallaron alcohol, una arma y una sustancia granulada, lo que se sugería como un tipo de droga. En ese momento mencionaron que sólo había un normalista detenido, sin más detalles.
Hasta la mañana siguiente los defensores de derechos humanos que acompañan a los normalistas informaron que se trataba de Osiel Faustino, a quien las autoridades presentaron varias horas después.
“Cuando está dando la conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública y el secretario General de Gobierno están detenidos los (otros) dos. En ese momento las policías andaban cargando a los chavos”, detalló el abogado.
Para el abogado esto indica que la Policía Estatal ocultó las dos detenciones ilegales y los dos secretarios nunca lo aclararon. Además, insistió, a Osiel Faustino lo presentaron hasta la siete de la mañana en el Ministerio Público.
Todas las versiones del presidente
El primer día que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el ataque de policías hacia los estudiantes asumió la versión de la Policía Estatal, pero ayer su versión fue diametralmente opuesta, al reconocer que en el caso hubo un abuso de autoridad de los policías estatales en el ataque contra los normalistas.
Lo expuso en su conferencia de prensa de la mañana donde, además, mencionó que el estudiante asesinado nunca disparó un arma. El caso estén manos de la FGR y “no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, expuso.
Ayer por la noche, al cuarto día de los hechos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda salió a hablar por primera vez del caso. Sólo expuso que el asesinato de Yanqui Kothan no quedará en la impunidad y que se reunió con el Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, a quien le refrendó que los seguirá escuchando.
“Este gobierno no defenderá a nada ni a nadie que haya actuado fuera de la ley”, dijo la gobernadora.
Pero fue su gobierno, a través de los secretarios de despacho, el General de Gobierno y de Seguridad Pública, que sin una investigación de por medio, sugirió que los normalistas eran responsables de su propia agresión.
La gobernadora nunca se retractó, aun cuando el presidente dio una versión distinta a la de sus funcionarios, que siempre hablaron de un hecho plasmado en la persecución de un delito, de la versión que su gobierno ofreció.
El abogado de Tlachinollan expuso que esta nueva agresión contra los normalistas no puede quedar una vez más sólo en la responsabilidad de servidores públicos de bajo perfil, sino en aquellos que maquinaron la versión de los hechos, como los secretarios.
Es el cuarto feminicidio que ocurre en Guerrero en menos de ocho días
Texto: José Miguel Sánchez Foto: Especial Lunes 26 de febrero del 2024 Chilpancingo
Una mujer identificada como Claudia de la Luz García, de 54 años, fue hallada asesinada en la localidad de Axaxacualco, municipio de Eduardo Neri, en la zona Centro del estado.
El reporte policiaco indica que a través del número de emergencias 911, se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer, en un brecha de terracería cerca del panteón de Axaxacualco.
El cadáver de la mujer fue hallado semi desnudo y con un golpe en la cabeza.
Al recibir el reporte, elementos de seguridad se trasladaron a Axaxacualco, un poblado a 30 minutos de Chilpancingo, pero al llegar no hallaron el cadáver.
Versiones de los pobladores indican que la familia de la víctima levantó el cadáver y lo trasladó a su domicilio, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizaron las diligencias de ley.
Foto: Cortesía.
La víctima desapareció la mañana de ayer en el poblado de Axaxacualco y se había alertado a poblados vecinos que si sabían algo de ella lo reportaran con su familia.
El feminicidio de Claudia es el cuarto que ocurre en Guerrero en menos de ocho días; el jueves 22, en Tlapa, fue asesinada Griselda Martínez Morán.
Griselda fue hallada apuñalada dentro de su departamento en Tlapa; familares y conocidos acusan del feminicidio a su pareja.
El 21 de febrero, en Cocula, zona Norte de Guerrero, ocurrieron otros dos feminicidios.
Hernán N asesinó a su madre Teresa, de 60 años y a su hermana Janice, de 40.
El fin de semana la Fiscalía General del Estado (FGR) informó que se detuvo a Hernan N en Iguala, por el doble feminicidio.
«Ya no deseo pertenecer a un partido sin ideales», dijo
Texto y foto: José Miguel Sánchez
30 de enero del 2024
Chilpancingo
El ex gobernador priÍsta de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció esta mañana su renuncia al PRI.
El partido en el que militó por 40 años, llevó a Astudillo tres veces a la alcaldí de Chilpancingo, tres veces a la diputación local y dos veces candidato a gobernador.
La renuncia, dijo, se debe a la exclusión que hay desde la dirigencia nacional del PRI hacía los militantes en Guerrero dentro del proceso electoral 2024.
En una conferencia de prensa realizada en su domicilio, al oriente de Chilpancingo, Astudillo Flores leyó su carta de renuncia en la que explicó sus motivos.
«En el caso del PRI, tal parece que las candidaturas que recientemente se publicaron, están solamente anunciando que se llevarán los restos que quedan del PRI», dijo Astudillo Flores.
El ex gobernador Héctor Astudillo Flores anunció su renuncia al PRI esta mañana en una conferencia de prensa, en su casa en Chilpancingo, este 31 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Remató: «Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate y mucho menos reflexión».
En su carta, el ex gobernador recordó su militancia en el PRI, que de acuerdo con el documento, inició en 1984.
Desde entonces ocupó cargos en el PRI municipal de Chilpancingo, fue síndico procurador de la capital, tres veces alcalde, tres veces diputado local, dos veces candidato a gobernador, la primera en 2006, contienda que perdió ante el perredista Zeferino Torreblanca Galindo.
La segunda candidatura a la gubernatura, en 2015, la ganó y en 2021 entregó el Poder Ejecutivo a la morenista Evelyn Salgado Pineda.
«Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas y me avergüenzo de un PRI en el que, frecuentemente, Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones y en acusaciones internas que han causado bajas importantes de hombres y mujeres».
El ex gobernador Héctor Astudillo Flores anunció su renuncia al PRI esta mañana en una conferencia de prensa, en su casa en Chilpancingo, este 31 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Al término de la lectura de su carta, Astudillo Flores presentó una diapositiva titulada Exclusión y desprecio, análisis comparativo, donde comparó a Guerrero con Campeche en términos de militantes y votos y la cantidad de espacios plurinominales en las bancadas del PRI para el Senado y el Congreso federal.
En dicha lámina colocó datos del padrón electoral de Guerrero y Campeche.
De acuerdo con estos datos, el padrón electoral de Guerrero cuenta con 2 millones 663 mil 134 personas y el de Campeche 695,604 electores.
Otro dato que puso fue el de las últimas elecciones de 2021, donde aseguró que el candidato priista, ahora también ex priista, Mario Moreno Arcos obtuvo 580,971 votos y, en el caso de Campeche, 129,120 votos.
Aún con estos datos, dijo el ex gobernador, al PRI de Guerrero no se le otorgó ninguna senaduria y diputación federal plurinominal por órdenes del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.
En el caso de Campeche la dirigencia nacional otorgó dos senadurias y diputaciones federales plurinominales.
«No quise poner nombres, pero al Senado va Alejandro Moreno Cárdenas», dijo Astudillo Flores.
Agregó: «Por las anteriores razones hoy tomo la decisión de separarme del PRI, en el que me formé y al que le debo mucho».
También reconoció pláticas con Movimiento Ciudadano, desde hace dos años, a través de su coordinador nacional Dante Delgado, aunque aclaró que aún no ha definido su destino político.
Aclaró que seguirá en la vida pública, aunque no estará en la boleta del próximo 2 de junio.
Al anuncio llegó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz, y algunas figuras priístas que dijeron en próximos días también tomarán una decisión.
En las listas de aspirantes a un cargo de elección popular por Morena, hay varios nombres y apellidos conocidos, algunos hijos e hijas de funcionarios, otros que cada tres años aspiran a una candidatura y algunos que ya son funcionarios y buscan otro cargo.
En el caso de la alcaldía de Chilpancingo, 21 personas aspiran a ser el o la abanderada de Morena y buscan aparecer en la boleta el próximo 2 de junio.
La lista la encabeza la actual alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, acusada de reunirse con el líder del grupo criminal de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y de tener a la capital en una ola de violencia.
En 2018, Hernández Martínez fue diputada local por el distrito uno de Chilpancingo y en 2021 ganó la alcaldía capitalina.
Además de la actual alcaldesa, aparecen otros integrantes del Ayuntamiento como el síndico con licencia, Andrei Marmolejo Valle, criticado el año pasado por celebrar su boda en la terraza del Palacio Municipal y el ex secretario de salud municipal, Cipriano Gutiérrez Castro.
El diputado local Osvaldo Ríos Manrique y la diputada Jessica Iveth Alejo Rayo, ambos de Chilpancingo, también aparecen en la lista.
Varios funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) también están apuntados, tal es el caso del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Marco Antonio Marbán, quien en 2018 buscó la alcaldía por el extinto Partido Nueva Alianza.
Otro funcionario que otra vez busca la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo es el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, y el ex perredista y ahora morenista secretario particular del titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, Alejandro Mendoza Pastrana.
En la lista de los aspirantes de Morena también hay personajes que hasta hace poco militaban en el PRI.
Casos como el del ex secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Armenta Adame y el ex diputado local priista Jorge Salgado Parra, que desde 2015 buscó, primero por el PRD y luego por el PRI, la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
Otros aspirantes menos conocidos pero que sus nombres, desde 2018, aparecen en las listas de aspirantes son el ex diputado local, Servando Salgado de Jesús, el regidor Ricardo Iván Galíndez, Antonio Pérez Díaz y Jessica Gutiérrez Rodríguez.
Para el caso de la diputación por el primer distrito hay 31 nombres registrados, entre los que destacan, regidores y funcionarios estatales.
El regidor morenista Samir Daniel Ávila Bonilla es uno de los aspirantes a diputado local; la hermana del líder transportista y ex diputado local Servando Salgado, María Eugenia Salgado Guzmán; el empresario Renato Mateo Amaya Álvarez; el promotor cultural Gelacio Gatica Sánchez; el subsecretario del Bienestar, Héctor Suárez Basurto y el delegado del gobierno estatal en la región Centro, Raúl Suárez Martínez.
Para el segundo distrito de Chilpancingo figuran 24 nombres, entre los que destaca, el hijo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, Pavel Raymundo Casarrubias Sánchez, quien es el director de Asuntos Políticos y Religiosos del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Raymundo Casarrubias Vazquez y su hijo Pavel Raymundo Casarrubias Sánchez, festejan al senador Félix Salgado Macedonio, el 15 de enero del 2024. Foto: Facebook Raymundo Casarrubias Vázquez
En esta lista aparecen también el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y la sindica de Chilpancingo, Yasmín Arriaga Torres.
Otros nombres que aparecen son el de la académica Silvia Alemán Mundo, quien en 2018 compitió por la alcaldía de Chilpancingo y quedó en segundo lugar y Asunción Martínez Ortiz, que en 2018 se pasó del PRD a Morena y desde entonces busca una diputación local.
En otros municipios como en Tixtla, el actual alcalde Moisés Antonio González Cabañas y su hermana Galia Atziri González Cabañas están registrados como aspirantes a la alcaldía.
En otros casos, como el de la diputación por Tierra Caliente, aparece la hija del director del Colegio de Bachilleres, Jesús Villanueva Vega, Shary Villanueva Flores.
La mañana de este miércoles, individuos armados vestidos con ropa tipo militar desarmaron a los custodios que cuidan el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Coyuca de Catalán, ingresaron a las instalaciones y sacaron a un reo de una de las celdas para llevárselo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SPP).
El preso que este grupo armado se llevó es Samuel “N”, quien enfrenta un proceso por el delito de secuestro, de acuerdo con la información oficial.
Después de la sustracción del reo, la SPP activó la alerta de código rojo con la movilización de corporaciones policiacas y efectivos del Ejército para la búsqueda y localización del reo.
En el lugar de los hechos, la Policía Estatal y las fuerzas federales mantienen un despliegue policiaco.
Samuel “N”, de acuerdo con el reporte de las autoridades, estaba internado en la cárcel de Acapulco, pero apenas ayer martes, fuerzas de seguridad federal y estatal lo trasladaron al penal de Coyuca de Catalán.
Esta municipio está ubicado en la región de Tierra Caliente, donde desde el 8 de octubre pasado existe un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales por lo ocurrido en San Miguel Totolapan, un grupo de hombres armados, que las autoridades identificaron como parte del grupo criminal de la Familia Michoacana, asesinaron a cuando menos 20 personas, entre ellas el alcalde perredista de este municipio, Conrado Mendoza Almeda y a su padre, Juan Mendoza Acosta.
La operación especial policiaca en Tierra Caliente, informaron las autoridades en su momento, es para lograr la detención de los líderes regionales de la Familia Michoacana, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Oloscuaga.
En la imagen se observan las patrullas de policías y militares fuera del penal de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. Foto: El Despertar del Sur
El secretario de Gobierno respondió con datos precisos porque como parte del formato de la comparecencia, los diputados enviaron las preguntas con antelación
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, ante el pleno del Congreso local, los cuestionamientos sobre personas desplazadas, violencia de género y el uso de la fuerza pública contra manifestantes fueron los más comunes.
La comparecencia transcurrió sin algún contratiempo. La mayoría de los diputados de todos los grupos parlamentarios hicieron preguntas sencillas de responder para el secretario y al final, sobre todo los morenistas, reconocieron su labor y mandaron saludos a la gobernadora.
EL orden del día estableció las participaciones. Reynoso Núñez comenzó con un resumen del primer informe de su dependencia, encargada de la política interna del estado.
Durante su intervención Reynoso Núñez habló sobre la violencia, los desplazados, las manifestaciones y la violencia contra la mujer.
“Desde el inicio de la administración, la gobernadora, ha establecido un gobierno de territorio. En ese sentido, a lo largo de este periodo, se atendieron 1,819 movilizaciones del sector educativo, social, laboral, transportista, medios de comunicación, comercio, agrario y turístico”.
Con la comparecencia del secretario general de Gobierno se inician las comparecencias como parte de la glosa del informe del primer año de gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
Otros datos que aportó Reynoso Núñez fueron los de las personas desplazadas; informó que en la entidad hay 775 familias desplazadas, las que suman un total de 2,500 personas entre mujeres, hombres, personas de la tercera edad y menores.
De esas 2,500 personas, dijo que 914 retornaron a sus hogares, un total de 241 familias de las comunidades de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala; San Rafael, municipio de Zirándaro, y Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán”.
Aseguró que hay 472 familias en espera de retornar o, en su caso, ser reubicadas.
El diálogo y los cuestionamientos fluyeron sin sobresaltos. Los diputados del PRI, PRD, PT, PVEM y Morena que preguntaron recibieron respuestas con datos.
Esta dinámica tuvo una lógica. De acuerdo con lo dicho por el diputado del PRD, Carlos Reyes Torres, las preguntas le fueron entregadas previamente a Reynoso Núñez para realizar la comparecencia.
La primera ronda de preguntas la comenzó la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, quien habló sobre la protección de los derechos humanos y especialmente sobre la condición de las personas desplazadas.
“Guerrero sigue con altos índices de desplazamiento interno de personas en condiciones no idóneas, inclusive masivos en por lo menos 30 de los 81 municipios por causa de la inseguridad y conflictos armados, siendo los más afectados las niñas, niños y mujeres. En ese sentido, pregunto sobre la efectividad y resultados logrados por las políticas implementadas por la Secretaría en relación a la problemática”, dijo Domínguez Serna.
En su respuesta, Reynoso Núñez reconoció que el desplazamiento de personas “es una consecuencia de la delincuencia organizada y violencia exacerbada”, e informó que mediante los programas de bienestar se atiende a los grupos de familias desplazadas.
A los y las diputadas les mencionó la importancia de armonizar la legislación federal para permitir una mejor atención de la problemática.
En la réplica, la diputada Domínguez Serna reconoció que hace falta mucho por hacer y esto involucra a los tres poderes del estado, implementando políticas públicas tendentes a mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses.
Continúo La diputada del PRI Gabriela Bernal Reséndiz, quien cuestionó la estrategia para que se levanten las dos alertas de Violencia Género que tiene Guerrero.
“En su calidad de presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, le pregunto si ya existe un mecanismo trasversal para que todas las dependencias se involucren en la atención de la problemática, a cuánto asciende el presupuesto ejercido por dependencia, y cuáles son los resultados”.
Referente a la Alerta de Género, el secretario dijo que el Sistema Estatal ha realizado tres sesiones ordinarias, tres extraordinarias y se han reinstalado los subsistemas en 77 municipios.
Mencionó la implementación de las policías de género, que cuentan con módulos de atención a víctimas y por las que aseguró se redujeron los crímenes contra las mujeres.
En la réplica, Bernal Reséndiz preguntó por qué el gobierno estatal no tiene datos propios sobre la violencia de género, a lo que Reynoso Núñez respondió que eso es competencia del Sistema Ejecutivo de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las participaciones continuaron. El diputado del PRD, Carlos Reyes Torres, cuestionó las políticas públicas en relación a la migración y preguntó cómo se atienden “las constantes protestas, movilizaciones y bloqueos”.
El secretario respondió que al final de la administración pasada se generaron varios conflictos y descontentos por distintos sectores de la población “por compromisos incumplidos, principalmente por falta de presupuesto, derivado de la pandemia” y aseguró que mantienen diálogos constantes con los todos los sectores sociales.
Sobre el tema migratorio afirmó que el gobierno estatal implementa diversas estrategias para que la migración sea una opción y no una necesidad, aunque ya no especifico el tipo de estrategias.
Las participaciones continuaron, los cuestionamientos fueron repetitivos: violencia de género, desplazamiento, desalojos y las respuestas del secretario las mismas.
El diálogo se enfrascó en los mismos temas. La que al parecer se salió del guión fue la priista Alicia Zamora Villalva, quien reprochó a Reynoso Núñez no atender a las víctimas de la violencia y delitos comunes que hay en la entidad.
En otro tema, expuso que en materia de laudos laborales se ha vinculado al Congreso del Estado en más de cien ocasiones, sin que sea de su competencia. Ante esto, solicitó al funcionario una revisión exhaustiva del tema y establecer mesas de trabajo donde queden claro lo relacionado a las facultades.
El funcionario respondió que la depuración del padrón de víctimas sí era necesario porque hay personas que recibían apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas, estatal y nacional, “situación que genera duplicidad de egresos, dejando a otras sin el beneficio”.
Otro de los cuestionamientos de Zamora Villalba fue el de los desalojos a manifestantes con uso de la fuerza pública.
Reynoso Núñez justificó el uso de “la fuerza pública”, al decir que muchas personas bloquean sin antes realizar solicitudes ante las instancias correspondientes y que cuidan mucho que los policías no utilicen gases lacrimógenos y toletes para no causar daño a los manifestantes.
Después de cuatro horas de comparecencia esta culminó y los diputados se despidieron del secretario.
