Las mujeres y los niños se sumaron para insistir en que las autoridades siguen sin garantizarle la seguridad
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Carlos Navarrete
6 de enero del 2022
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de la casa de justicia de Ahuayaltempa, municipio de José Joaquín de Herrera, zona Centro del estado, marcharon junto a habitantes mujeres, hombres y niñas y niños para exigir a las autoridades atención integral a la violencia que viven en su zona, Montaña baja, y que sea la Guardia Nacional quien los resguarde.
Tan sólo en diciembre pasado hubo tres personas desaparecidas en ese territorio nahua que, aseguran los pobladores, está controlado por el grupo criminal local Los Ardillos, que cuentan con el apoyo de la Policía Municipal de Chilapa, un municipio contiguo a esa comunidad, y de la Policía Municipal de José Joaquín de Herrera.
Los pueblos nahuas que forman parte de la CRAC-PC-PF están esparcidos por el territorio que se conoce como Montaña baja: Chilapa, Ahuacuotzingo, José Joaquín de Herrera, y Atlixtac, municipios que en realidad pertenecen a las regiones Centro y Montaña, conocidos en el estado como de mucha violencia. En 2015, sólo en Chilapa ocurrió una escalada de desapariciones ante el ingreso de Los Ardillos a la cabecera municipal, después de replegar a Los Rojos.
Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, y niñas y niños de al menos cuatro comunidades, Ayahualtempa, Amatitlán, Caracol y colonia Los Pinos, exigieron con pancartas resguardo por parte de la Guardia Nacional y el Ejército. La gente no puede salir de sus comunidades a la cabecera municipal ni trabajar como choferes del transporte público y otras actividades productivas. Se sienten acorralados y cada vez tienen que ser más creativos para abastecerse de víveres.
“Estamos pidiendo la seguridad a elementos del Ejército mexicano o de la Guardia Nacional. Necesitamos que coloquen campamentos en los cruceros de las comunidades de Tlachimaltepec y Los Postes que están de camino a la cabecera municipal, Hueycantenango, que es donde tenemos problemas desde hace mínimo 10 años”, dijo Luis Morales Rojas, comandante de la CRAC-PC-PF después de la marcha en Ayahulatempa.
Esta vez, a diferencia del 10 de abril del 2021, cuando la CRAC-PC-PF de Ayahualtempa organizó el desfile de 34 niños comunitarios armados, entre ellos una niña, para llamar la atención del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los niños participaron sin escopetas en la marcha que salió de la cancha del pueblo hacia el módulo de la Policía Estatal, alrededor de las once de la mañana.
Luis Morales Rojas, comandante de la CRAC-PC-PF, oriundo de Ayahualtempa dijo al micrófono: “Dos años que estamos acorralados por el crimen organizado.Ya estamos cansados. Hoy se levantaron las señoras madres de familia, que les duele tanto perder un hijo… ¡Exigimos justicia!”, comentó sobre el acto, él mismo a Amapola. Periodismo transgresor, vía telefónica.
La gente repitió: “¡Fuera la policía municipal!”. A la vez que mujeres y niños se reunieron en torno a la camioneta de donde se observó una manta grande en la que se leía: “Ayahualtempa, municipio José Joaquín Herrera. Consejo tradicional de gobierno náhuatl, CRAC-PC-PF”, seguida de otra donde estaba escrito: “Exigimos la instalación inmediata de la Guardia Nacional en el módulo del municipio porque los policías atemorizan a la ciudadanía de Ayahualtempa”.
Ayahualtempa, es una pequeña comunidad de menos de mil habitantes. Desde el 2020, por un acuerdo entre pobladores que formaban parte de la CRAC-PC-PF, la sede de esta rama del único sistema de seguridad comunitario que tiene una ley que respalda su funcionamiento en el estado, la Ley 701, pasó a esta comunidad. Antes estuvo en Rincón de Chautla, otro pueblo perteneciente a Chilapa, donde comenzaron los entrenamientos de niños y mujeres.
Policías comunitarios desaparecidos en la comunidad
El 7 de diciembre desapareció en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza, de la comunidad de Alcozacán, otro pueblo que pertenece a Chilapa y que en la última división de la CRAC-PC-PF, que ocurrió en 2020, decidieron seguir en el sistema de justicia pero también con el respaldo de la organización Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El 11 de diciembre, desaparecieron dos ex policías comunitarios: Felipe Tlalxintle Tepexco de la comunidad de Xochitempa y José Juan Reyes Román de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. Por este último muchacho de 23 años, pobladores de Ayahualtempa participaron en una búsqueda por varias comunidades aledañas junto a los otros policías comunitarios de Alcozacán, acompañados de la Guardia Nacional y el Ejército, a mediados de diciembre. No tuvieron éxito en encontrarlos.
Morales Rojas hace un recuento: “hace dos años también fueron desaparecidos dos comunitarios, padre e hijo, Fidel Bolaños Rojas y Fidel Bolaños Fernández, de quienes no sabemos nada a la fecha. La familia del muchacho (José Juan) quiere a su muchacho, todos acá pedimos justicia, porque estamos muy abandonados”.
Recuerda que en los diferentes procesos de la CRAC-PC-PF, en esta zona que en 2015 se disputaban, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), las agrupaciones delictivas Los Rojos y Los Ardillos, siempre han sido las mujeres, varias viudas por los diferentes enfrentamientos ocurridos en la zona, y los niños, los que han participado encabezando estos actos que califica de desesperación ante la inacción del Estado.
En mayo del 2019 se hizo viral un video que fue subido a redes sociales en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.
–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.
En ese momento, Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecían CRAC- PC-PF, denunciaban que vivían en medio de una pugna desde hace 13 años, que ahora son 15. En esa última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas.
A la fecha, dice Morales Rojas, ven que la delincuencia pretende vaciar la zona en coordinación con las autoridades, con énfasis en las municipales.
Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a tomar cartas reales sobre el asunto, a atender el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió a favor de estas comunidades, la mayoría indígenas, medidas cautelares para que la atención de los diferentes fenómenos, sobre todo, el de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado interno.
También advirtió que además del sistema de justicia, activaron su Consejo tradicional de gobierno nahua, donde cuentan con la aprobación ciudadana para llevar a cabo estos actos de exigencia de justicia y atención gubernamental.
