Servidor de la nación de Taxco lleva 92 días desaparecido; familiares reclaman a AMLO ordenar su búsqueda

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Cortesía

Chilpancingo

 

Amigos del servidor de la nación Miguel Huerta Torres privado de su libertad en una comunidad Taxco de Alarcón, municipio de donde es originario, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador ordene su búsqueda y presentación con vida.

Este lunes, López Obrador aseguró que los grupos del crimen organizado respetan a los Servidores de la Nación, pero los familiares de Huerta Torres discrepan.

“Llevamos tres meses esperando que nuestro amigo Miguel sea rescatado, pero no hemos tenido respuesta del gobierno de López Obrador ni tampoco del gobierno estatal”, comentó una amiga de Huerta Torres, quien el pasado 28 de mayo cumplió 90 días de desaparecido.

El 28 de febrero pasado, Huerta Torres asistió a una reunión en la Comisaría Municipal de Temaxcalapa, municipio de Taxco de Alarcón.

Llegó un taxi con varios hombres y una mujer armados, quienes ingresaron a la comisaría y sacaron con violencia a Huerta Torres, a una señora de nombre Lucía y a su hijo Edgar; a los tres los subieron a un vehículo.

Ese mismo día en la noche la mujer y su hijo regresaron a su casa, pero hasta la fecha no se sabe del paradero de Huerta Torres.

En esa zona donde fue secuestrado el servidor de la nación operan integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

Versiones oficiales plantean que este grupo acosa a las comunidades de Huixtac, Ojo de Agua, Paintla, Zapoapa, San Juan Unión y Huahuaxtla; les exige cuotas. Además, varias personas de estas comunidades, en su mayoría nahuas, fueron secuestradas.

Habitantes han señalado al alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, de estar vinculado con el grupo del crimen organizado.

“Lo que dijo el presidente López Obrador de que los delincuentes respetan a los servidores de la nación es mentira, y ahí está la prueba con el caso de nuestro amigo Miguel Huerta, pero además aquí en Taxco un hombre y una mujer que también eran servidores de la nación renunciaron y se desplazaron a otro lugar porque fueron amenazados por los delincuentes que tienen tomado este municipio”, contó la amiga de Huerta Torres, de quien por seguridad se omite el nombre.

Contó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado que ya hay varias personas detenidas por la privación ilegal de Huerta Torres, entre ellas una mujer, pero a él no lo han localizado.

Desde principios de este 2023, la violencia en Taxco ha aumentado, al perecer por la presencia de la Familia Michoacana (FM) que está involucrada en la actividades económicas del municipio.

Versiones oficiales indican que en este municipio de la zona Norte las actividades delictivas están a cargo es Carlos Zagal, hijo de José Ranulfo Zagal, alías El Rani, preso desde el 2019.

En un mensaje que familiares de Miguel Huerta escribieron en las redes sociales señalan que lo seguirán buscando.

“Cuando tienes un familiar desaparecido, te cae la maldición de la desaparición; desaparece tu salud, economía, familiares, amigos, tu mismo porque te dedicas todo tu tiempo a buscar”.

“Si mínimo supiéramos dónde estás, nos desistiríamos de todo para acabar con esto, porque nosotros lo único que pedimos es encontrarte”, escribió en su cuenta de Facebook uno de sus familiares.

Pidió a su captores piedad y que lo liberen. «Tú no le has hecho a nadie, por el contrario, siempre luchaste por llevar el bienestar de los demás”, agregó en el mismo posteo el familiar.

Los amigos Huerta Torres acordaron ya no realizar protestas en las calles porque tienen miedo de sufrir represalias.

La última movilización que realizaron fue en Iguala frente a las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.

 

Desalojan a estudiantes de una primaria durante una balacera donde asesinaron a un hombre

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Profesores de la Escuela Primaria José Martí, ubicada en la colonia Caminos, desalojaron a sus alumnos por una puerta trasera luego de una balacera frente al edificio, donde fue asesinado un hombre.

La versión de algunos comerciantes que tienen sus negocios en la calle 28 de Octubre, es que poco después de las doce, un automóvil Nissan tipo Versa se paró frente a la escuela y descendió un individuo vestido con pantalón de mezclilla azul y armado.

Este individuo se dirigió a un hombre que estaba parado y le disparó en varis ocasiones.

Las detonaciones provocaron que los comerciantes bajaran las cortinas de sus establecimientos y se encerraran en ellos.

Poco después, cuando el agresor, acompañado de más personas, se había marchado en el vehículo, los comerciantes empezaron a salir de sus negocios y otras personas de sus viviendas.

Todavía ninguna corporación policiaca llegaba cuando una persona del lugar cubrió con un lienzo el cadáver de la víctima.

Los profesores de la primaria José Martí, cuyo edificio está a unos nueve metros de donde ocurrió el asesinato, sacaron por una puerta trasera a las niñas y niños del turno matutino que para entonces casi termimaba.

Después de las 12:30 horas llegó la Policía Estatal, una patrulla del Ejército, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Dos trabajadores de la unidad forense levantaron el cadáver, lo colocaron en una bolsa blanca y lo subieron en la batea de la camioneta.

«Fue horrible la balacera», dijo una señora que hasta después que se llevaron el cadáver de la víctima se asomó por la puerta de su casa.

Poco después de la una de la tarde empezaron a llegar las niñas y los niños que estudian en esta escuela en el turno vespertino.

En esta vía que también se le conoce como el Viejo Libramiento a Tixtla no existe ninguna cámara de videovigilancia de las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal.

Esta zona es cercana a las instalaciones del mercado central Baltasar R Leyva Mancilla, lugar que es sede de actos violentos desde hace casi una década.

Un grupo del crimen organizado realiza el cobro de piso y extorsiones a los comerciantes y pequeños empresarios que tienen sus negocios ahí.

El 27 de marzo pasado, el secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Gómez Méndez, se reunió con empresarios y comerciantes en el salón de un hotel ubicado cerca.

Los enoresarios y comerciantes le expusieron al funcionario las extorsiones, cobro de piso y secuestros que enfrentan.

En esa ocasión Gómez Méndez, y más recientemente la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, se comprometieron a reforzar la seguridad en puntos álgidos de la ciudad, como donde hoy ocurrieron los hechos.

El titular de la SPP y Hernández Martínez prometieron instalar más videocámaras de seguridad, pero en la escena del crimen de hace un rato no había ninguna.

Leyes locales de desaparición de personas, el pendiente que les niegan a colectivos los diputados locales

Familiares de personas desaparecidas se reunieron a convivir por los días de las Madres y del Niño, en una dinámica de saberse juntos y, a la vez, para mantener sus exigencias, una de ellas al Congreso local, sobre leyes que los ampararían pero que obvian


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

 

Durante una conmemoración por el Día de las Madres y el Día del Niño, integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, Lupita Rodríguez Narciso recordaron a su familiares y exigieron al Congreso local la “urgente” aprobación de la Ley de Desaparición de Personas y la Ley de Declaración de Ausencia.

Estas iniciativas son dos pendientes de los diputados locales que integrantes de al menos siete colectivos de búsquedas exigen al Congreso de Guerrero desde hace seis años.

“Hasta el momento sólo con la presión social se avanza en las búsquedas, de otra forma no, y mientras no halla una ley menos se va avanzar”, mencionó el vocero del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez.

Desde febrero pasado, integrantes de siete colectivos protestaron en el Congreso de Guerrero para exigir a los diputados la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada, ahora, tres meses después, los legisladores aún se niegan a aprobarla.

“Después de varias reuniones quedamos que analizaríamos las propuestas y nos llevamos la sorpresa de que varios diputados dijeron que no era necesaria la Ley, porque ya había un marco normativo federal, que es la Ley General de Víctimas y que no es necesario hacer una ley”, dijo Molina Rodríguez.

Es por eso que hoy, durante una convivencia que realizó el Colectivo Lupita Rodríguez con las 100 familias de personas desaparecidas que lo integran, aprovecharon el espacio para denunciar la omisión de las autoridades en la búsqueda de personas.

“Son unos simuladores, si el gobierno de verdad hiciera todo lo que dice no existirían las más de 100,000 personas desaparecidas que hay en el país”, mencionó Ivonne Álvarez Gil, hermana de Juan Álvarez Gil, policía ministerial desaparecido el 5 de julio del 2013.

Ivonne Álvarez contó que desde hace ocho años que fundaron el Colectivo Lupita Rodríguez ellos son los que realizan las búsquedas con sus propios recursos y medios, sin algún apoyo institucional.

“Mi hermano dejó tres hijos que ya son adolescentes, pero no tenemos la Ley Especial de Declaración de Ausencia, esa ley hubiera servido para proteger a mis sobrinos, porque podrían acceder a salud, apoyo y prestaciones, pero no, al contrario, las instituciones les entregan un documento donde notifican que ya nadie puede cobrar porque el desaparecido ya no se presenta a laborar”, dijo Ivonne Álvarez.

Estas denuncias las realizaron algunos integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez durante un convivio por el Día de las Madres y el Día del Niño.

El convivio lo realizaron para agruparse y, por un momento, “tratar de distraernos como familiares de una persona desaparecida”, dijo Molina Rodríguez.

A la convivencia que realizaron en un centro social en la colonia 20 de Noviembre, ubicado al sur de Chilpancingo, asistieron hijos, sobrinos y nietos de personas desaparecidas, en la que hubo show de payasos, regalos, pastel, comida y premios.

Para las madres, hermanas o abuelas de una persona desaparecida también hubo premios y un poco de baile.

Nunca olvidan s sus familiares desprecios, pues, en las paredes colocaron un lona con las fotos de algunos de ellos.

“Mi hijo es como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido, a veces la esperanza me tumba porque hay casos donde están todas las piezas para dar con los responsables y con el cuerpo y, en mi caso, no tengo nada”, mencionó Margarita Leyva Cruz, madre de Alberto Fonseca Leyva, desaparecido el 18 de mayo del 2019, en Chilpancingo.

“Son cosas que no se le desea a nadie como mamá, son cosas muy dolorosas y más cuando es un hijo casi único, el que yo dije que iba a estar conmigo en mi vejez”, agregó.

Asesinan a balazos a ex reportero en Acapulco

Texto: Amapola Periodismo

Chilpancingo

 

Esta noche el ex reportero y ex camarógrafo de varios medios de comunicación, Gerardo Torres Rentería, fue asesinado a balazos por unos individuos armados en su domicilio, en la colonia Icacos, en Acapulco.

Torres Rentería que laboró en Tv Azteca y Telemundo, así como en medios locales, tenía 59 años.

Versiones de las autoridades es que Torres Rentería descansaba en su casa cuando varios hombres irrumpieron y le dispararon.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó esta noche el asesinato de Torres Rentería, también que su personal acudió al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley y para encargrse del traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.

Reporteros de Acapulco informaron que desde que empezó la pandemia por la Covid-19, Torres Rentería dejó de trabajar en los medios.

Hace unos  años, la esposa de Gerardo Torres fue asesinada a balazos en su negocio ubicado cerca del mercado central del puerto.

Matan a tres en Acapulco e incendian una camioneta; suman 11 asesinados en tres días

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Javier Verdín / CROMÁTICA La imagen relatora de la realidad 

Chilpancingo

 

En el tercer día consecutivo de violencia en Acapulco, esta mañana hombres armados irrumpieron en una vivienda en la colonia Niños Héroes y asesinaron a balazos a una mujer y a un hombre.

Según los vecinos de esa colonia, ubicada en la zona conurbada de este puerto, los delincuentes, primero dispararon contra la fachada de la casa y después entraron y asesinaron a las dos víctimas.

En otro hecho delictivo ocurrió en este mismo puerto, un hombre, al parecer taxista, fue asesinado y decapitado en la colonia La Cima.

Según los reportes oficiales, el cadáver de la víctima lo dejaron en el toldo del taxi color azul, número económico 3813.

A su vez, en la comunidad Plan de los Amates, en la zona rural de Acapulco, hombres armados incendiaron una camioneta y dejaron a tres individuos con las manos amarradas y golpeados.

Se presume que los delincuentes persiguieron la camioneta y luego de alcanzarla bajaron a los tres ocupantes, a quienes golpearon y maniataron.

Después el grupo armado se llevó el vehículo y le prendieron fuego. La camioneta incendiada fue localizada en la carretera que va rumbo a Barra Vieja, esquina con la calle Lerdo de Tejada, cerca del panteón.

En las últimas 72 horas, en Acapulco han asesinado a 11 personas en distintos puntos.

El pasado 19 de abril, la alcaldesa morenista de este municipio, Abelina López Rodríguez, acompañada por el canciller Marcelo Ebrard, puso en marcha el programa de seguridad Fuerza Acapulco, con más de 400 elementos de la policía, 100 patrullas equipadas con avanzada tecnología, además de cuatro ambulancias.

Este sábado 6, en la colonia La Laja, hombres armados dejaron tirados los cadáveres de tres hombres y a uno más lo colgaron en un puente peatonal en la avenida Ruiz Cortines, en la colonia La Laja.

Por los últimos hechos de violencia registrados en este municipio, usuarios en las redes sociales han criticado a la edil morenista, dijeron, por su inacción en prevenir los delitos, aun cuando puso en marcha una nueva operación policiaca de seguridad.

“El crimen organizado haciendo de las suyas en Guerrero”, escribió el usuario David Maya. “¿Y dónde están las mentadas 100 patrullas y la Fuerza Acapulco”, cuestionó otro usuario.

 

Tlacolol – El poderío de la Familia Michoacana y la complicidad de alcaldes y el gobierno de Evelyn

¿A quién protegen los alcaldes de la Tierra Caliente?

Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero.

La reunión del 27 de abril en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano entre la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, con alcaldes y diputados de las regiones de Tierra Caliente y Norte, fue todo un desencuentro. Se dieron con todo.

El único asunto a tratar en la reunión fue la seguridad, pero para los ediles y legisladores y no para la ciudadanía de estas regiones que han vivido azotados por la violencia e inseguridad desde hace por lo menos 10 años. La organización criminal la Familia Michoacana es la ley en esa región con la complicidad del poder político y económico. 

¿A caso una organización criminal se puede empoderar tanto sin el apoyo institucional? ¿Sin la protección de un gobierno o del mismo Ejército? No, sin la ayuda institucional serían imposible. 

Es de dominio público que la organización criminal que dirigen los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga tienen de aliados a ocho de los nueve municipios. Zirándaro, es la excepción porque está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien la FM mantiene una tregua.

Es decir, la FM lleva mano en los pactos con los alcaldes y diputados locales en ocho municipios. Eso le permite controlar los precios de los productos básicos, hidrocarburos, transporte, medicinas, ferreterías. Controlan, pues, la economía de la región.

La reunión con Salgado Pineda se originó por un escrito con fecha 8 de abril que le enviaron 11 ediles (ocho de Tierra Caliente y tres de la Zona Norte), dos diputadas y un diputado local, así como un legislador federal, en el que aseguraron recibir amenazas de muerte de la organización criminal de Los Tlacos, rival de la FM.

«Fue una reunión áspera y caótica», contó una fuente consultada.

Fue la diputada del distrito 17 de Coyuca de Catalán, la perredista Elzy Camacho Pineda, la que encaró con más rudeza a la mandataria estatal.

«Yo no llegué con el apoyo de un grupo, yo llegué con el apoyo del pueblo», le reviró en tono enojado la gobernadora a Camacho Pineda, quien es hija de Eli Camacho Goicochea, un ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex legislador local del PRD, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

Camacho Goicochea fue asesinado a balazos por un grupo armado de la FM en mayo de 2017 cuando era asesor del gobierno de Héctor Astudillo Flores, sin que hasta el momento se sepa el motivo.

Pues, bien, el jueves 27 fueron casi tres horas de intensó diálogo que terminó sin acuerdos, aunque la mandataria estatal propuso un nuevo encuentro, pero no les dijo a sus interlocutores la fecha ni el lugar. 

Salgado Pineda junto con los secretarios de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez; el de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez y la fiscal de hierro, la coronel del Ejército Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se salieron y abordaron un helicóptero militar que los condujo de retorno a Chilpancingo.

Obvio ese desplante que les hizo la gobernadora molestó a los ediles y legisladores, así como a la cúpula de la FM.

Un día después, el viernes 28, un grupo de ediles que estuvieron con la gobernadora se reunieron en Ciudad Altamirano.

Y ese mismo día, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañado por elementos del Ejército y Guardia Nacional realizaron un cateo en una bodega en la colonia Tierra Blanca, en Ciudad Altamirano. 

En esa bodega y en otros inmuebles decomisaron al menos diez vehículos, entre ellas una camioneta Hummer y un automóvil Lamborghini con reporte de robo, que tienen un costo de más de un millón de pesos. Los lugares donde fueron aseguradas las unidades son personas cercanas a uno de los Hurtado Olascoaga.

Los vehículos asegurados ya fueron trasladados a un corralón de la FGE, ubicado en la comunidad de Petaquillas, a 20 minutos de Chilpancingo. 

Resulta más extraño que días antes, el 22 de abril, en esa misma bodega de la colonia Tierra Blanca la FGE, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional realizaron un cateo en el que hallaron 30 vehículos, pero ninguna unidad fue asegurada. «Nos retiramos sin ninguna novedad», fue el parte policiaco que dio a conocer ese día la SSP.

Durante la operación coordinada por la FGE, transportistas cerraron la carretera federal durante hora y media en dos puntos, en Poliutla y en Ciudad Altamirano.

Pero el viernes 28 de abril, las cosas fueron diferentes. Los alcaldes y diputados tenían doble enojo: la falta de respuesta por parte de la gobernadora y las supuestas arbitrariedades que, según ellos, estaba cometiendo la FGE, realizando detenciones y cateos en casas.

Los mismos ediles operaron en forma inmediata el estrangulamiento de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala, desde Arcelia hasta Riva Palacio, en la frontera de Michoacán.

También cerraron las carreteras que conducen a Tlalchapa y Ajuchitlán del Progreso.

La historia de estos bloqueos ya se sabe. Los transportistas y ciudadanos son obligados a participar en las protestas. Detrás de estas acciones está la FM.

No obstante, en el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, hay otra historia rara y dos hechos que generan sospechosismo de los alcances de este grupo delictivo en el gobierno estatal.

El 21 de enero de este año, policías estatales, Guardia Nacional y Ejército desalojaron a autodefensas identificados con Los Tlacos en el municipio de Apaxtla de Castrejón, donde llegaron en noviembre del 2022 para frenar a otros autodefensas de la Tecampanera de Teloloapan, vinculadas a la organización criminal de La Bandera.

En ese desalojo del 21 de enero, fueron detenidos ocho autodefensas en Apaxtla y en lugar de que las fuerzas de seguridad los llevaran a rendir su declaración ministerial al distrito judicial de Teloloapan, los llevaron a Coyuca de Catalán.

Tras negociaciones con el gobierno, los ocho detenidos fueron liberados, pero en vez de regresarlos a Apaxtla, los policías estatales los llevaron al poblado Riva Palacio, municipio de San Lucas, en Michoacán, que está bajo control de la FM.

Desde entonces los ocho autodefensas siguen desaparecidos y su líder, Salvador Alanís, aseguró que la Policía Estatal los entregó a la Familia Michoacana.

El 28 de marzo, en otra operación de la Policía Estatal en la comunidad de El Parotal del municipio de Petatlán, supuestamente se enfrentaron a balazos con pobladores. El saldo de estos hechos fue de cinco personas muertas, entre ellas el director de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz, dos policías y dos civiles.

Videos difundidos por habitantes de El Parotal, se ve cómo los agentes que tienen sometidos confiesan que los individuos que murieron en el supuesto enfrentamiento pertenecían a la Familia Michoacana.

Es decir, estos dos hombres de la FM, se unieron al convoy de los agentes estatales. Hasta el momento, el gobierno de Salgado Pineda no ha aclarado este grave hecho y el jefe que ordenó este despliegue en esa comunidad serrana, Irving Jiménez Sánchez, sigue en el cargo.

Esto no es nuevo, con el priísta Héctor Astudillo Flores también había la sospecha de que a la FM se le protegía institucionalmente.

En mayo de 2017, una magna operación efectuada por la Policía Estatal desalojó a supuestos policías comunitarios identificados con el grupo del crimen organizado de Los Tequileros, que dirigía Raybel Jacobo de Almonte, y que tenía bajo su control San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, donde realizaba secuestros masivos de personas y efectuaba cobros de piso. O sea era la competencia delictiva a los líderes de la FM,  José Alfredo y Jhonny Hurtado.

Los gobiernos federal y estatal desmantelaron a la organización de Los Tequileros. En julio del 2018, se dio a conocer que Raybel Jacobo había muerto en un enfrentamiento a balazos en una comunidad del municipio de Heliodoro Castillo.

El gobierno de Astudillo y el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, dejaron intacto el poderío de la Familia Michoacana, ahora con los morenistas Andrés Manuel López Obrador y Evelyn Salgado Pineda aún no hay quien frene a esta organización.

«Los bloqueos que hubo en Tierra Caliente es una demostración de fuerza de la Familia Michoacana para darle un mensaje al gobierno que aquí con ellos nadie se mete», dijo un ex funcionario originario de Tierra Caliente.

La tarde del lunes, terminaron los bloqueos carreteros en Tierra Caliente. Y como si no hubiera pasado nada, la gobernadora y los ediles y diputados hicieron las paces. ¿Será verdad?

Esta situación no sólo evidenció los nexos políticos de la FM, si aún hay dudas, pregúntese: ¿Por qué estos alcaldes y diputados sólo denunciaron a Los Tlacos, rivales de la FM? ¿Por qué no denunciaron también a la FM para liberar a su población de la carestía impuesta, del cobro de piso y de los secuestros? ¿Por qué la Fiscalía parece actuar muy diferente al gobierno del estado? ¿Por qué la gobernadora no ordenó desalojar estos bloqueos de inmediato como lo hace en la Autopista del Sol, en Chilpancingo? ¿Por qué la alcaldesa morenista de Zirándaro, Tania Pecheco Duarte, no firmó el documento?

Al gobierno del estado nos debe más explicaciones, luego de que sólo en un boletín de la Vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz, sostuvo que “grupos ligados a la delincuencia organizada gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”.

Tras eso, quién deberá también dar explicaciones es el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, porque en esos bloqueos en los que el propio gobierno señala que son impulsados por el crimen organizado participa la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.

Documento con fecha ocho de abril firmado por alcaldes y diputados que le hicieron llegar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los representantes populares piden apoyo ante las amenazas que reciben del grupo del crimen organizado de Los Tlacos.

CHIRRIONAZO.- Ya se cumplieron más de cuatro meses de que reiniciaron los trabajos de la construcción de la biblioteca del Congreso local y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, no informa del resultado de las transas, perdón, irregularidades que detectó la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y es que la legisladora morenista está más entretenida en promocionarse en Acapulco para suceder a Abelina López Rodríguez que dedicarse realmente a su trabajo. 

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


 

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Llama al diálogo gobernadora a alcaldes y legisladores que tienen tomadas las carreteras en Tierra Caliente

Es la primera vez, al cuarto día de bloqueos, que se expresa sobre el tema, y lo hace desde sus redes sociales


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Al cuarto día de bloqueos en la Tierra Caliente, donde las actividades económicas y cotidianas de la población comienzan a salir afectadas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llamó a dialogar a los nueve alcaldes y legisladores que participan en la acción que mantienen cercada la región, para que liberen las carreteras tomadas.

El mecanismo que ocupó la gobernadora fue un comunicado difundido en su perfil personal e institucional de Facebook, porque ayer, en los eventos que encabezó por el Día del Niño en Chilpancingo esquivó a reporteros para evitar hablar del tema.

Los bloqueos de los alcaldes y legisladores llevan la consigna de la salida de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la zona, por supuestos abusos y cateos sin órdenes judiciales que los servidores públicos cometieron en la región.

La gobernadora en su respuesta en redes sociales al problema de la Tierra Caliente escribió que las acciones de los elementos de seguridad son para ayudar a la estabilidad y seguridad de la región.

“Me dirijo en este momento a ustedes, las y los alcaldes que han manifestado su rechazo a las acciones emprendidas desde la estrategia conjunta de seguridad, que tiene como espíritu ayudarles en su responsabilidad de brindar paz y desarrollo en cada uno de sus municipios”, se lee en su comunicado.

Los alcaldes que mantienen tomadas las carreteras son los perredistas de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, y el priista de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario.

También el de Arcelia, Balmaro Torres Berrum; el de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; la de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes y el diputado local, Adolfo Torales Catalán. Todos ellos priistas.

En un comunicado en redes sociales también mostró su apoyo a los bloqueos la perredista y diputada local Elzy Camacho Pineda.

La gobernadora mencionó que ya instruyó al secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, para convocar nuevamente a una reunión a los alcaldes para “generar los acuerdos necesarios, para que sus peticiones encuentren bajo el amparo de nuestro marco jurídico una solución conveniente para todos”.

Citó que debían “privilegiar la palabra y la razón, a priorizar el entendimiento institucional por encima de todo, y reitero nuevamente la apertura para escuchar y atender cualquier necesidad que exista en sus municipios, siempre que sea asistida por la legalidad y la legitimidad social”.

El pasado 28 de abril, un día antes de comenzar los bloqueos, estos alcaldes y legisladores se reunieron con la gobernadora para exponer las amenazas de muerte que, dijeron, reciben del grupo delictivo de Los Tlacos, rivales a la Familia Michoacana, otro grupo criminal que han expuesto las autoridades federales están asentados en esa parte del estado.

En dicha reunión, de acuerdo con lo documentado por Amapola periodismo, fue un diálogo ríspido en el que se acusaron mutuamente, alcaldes y funcionaros del gobierno del estado de tener vínculos con grupos criminales.

Después de la reunión hubo un cateo a una bodega en Tierra Calente, donde la FGE decomisó autos clásicos y de lujo, presuntamente propiedad de la Familia Michoacana. A raíz de eso comenzaron los bloqueos.

“Este es un llamado de la gobernadora para atender de manera institucional, inmediata y como corresponde esta situación, y que se retiren los bloqueos que están afectando severamente a niñas, niños, a nuestros adultos mayores, a gente con necesidad de ser atendida por un médico y en general a todas las mujeres y todos los hombres nobles y trabajadores que ven interrumpida su vida cotidiana por este lamentable proceder”.

 

Imágenes que corresponden a Tlapehuala, Ajuchitlán y Ciudad Altamirano y que muestran los efectos económicos derivados de los bloqueos encabezados por alcaldes y legisladores de Tierra Caliente

Bloqueo en Tierra Caliente colapsa los servicios de transporte; se escasean los víveres y la gasolina

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Al cumplirse cuatro días de los bloqueos en los nueve municipios de Tierra Caliente, encabezados por alcaldes, diputados y funcionarios estatales, la economía en la zona ha colapsado.

Ciudadanos de esa región denunciaron que debido a las protestas hay compras de pánico en las tiendas departamentales y en los mercados. En las gasolineras se agota el combustible; esta mañana había largas filas en estos establecimientos en espera comprar algunos litros. Muchos negocios, como los de comida, han cerrado.

Desde el sábado 29 de abril, las dos principales empresas de autobuses que circulan en Guerrero, Estrella de Oro y Estrella Blanca, suspendieron su servicio al público a la región de Tierra Caliente por los bloqueos y, además, por la falta de condiciones de seguridad.

“La gente ya está desesperada porque los productos de primera necesidad ya se están escaseando porque los camiones surten toda clase de productos a esta región no pueden ingresar”, dijo en entrevista telefónica un ciudadano de Ciudad Altamirano.

Desde el pasado viernes 28, seis alcaldes y dos alcaldesas, así como una diputada y un diputado local y un legislador federal encabezan bloqueos en cuando menos seis puntos de la región, lo que la mantiene cercada la Tierra Caliente.

Un primer bloqueo está en el punto conocido como Palos Altos, cerca de Arcelia; otro más en Poliutla, uno en Tlapehuala; los siguientes en Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y en el puente de Rivapalacio, en los límites entre Guerrero y Michoacán.

Otro bloqueo lo encabeza la alcaldesa morenista de Tlachapa, Tania Mora Equiluz, en la carretera que conduce a este mismo municipio que gobierna.

La principal demanda de los ediles, legisladores y funcionarios del gobierno estatal es la destitución de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, porque, según ellos, ha ordenado detenciones de personas y cateos arbitrarios en viviendas.

Imágenes corresponden a Tlapehuala, Ajuchitlán y Ciudad Altamirano, donde es posible observar parte de los efectos sociales y económicos derivados de los bloqueos que encabezan alcaldes y legisladores de Tierra Caliente.

El viernes 29 pasado, personal de la FGE, acompañado por el Ejército y Guardia Nacional, aseguraron una camioneta Hummer y un automóvil Lamborghini con reporte de robo.

Ambos vehículos estaban en una bodega en Ciudad Altamirano y, presuntamente, los tenían en su poder familiares cercanos de unos de los líderes de la Familia Michoacana (FM), Jhonny Hurtado Olascoaga, apodado El Pez.

El otro líder de este grupo del crimen organizado, es decir, un grupo criminal con relaciones claras con grupos económicos y políticos regionales, es José Alfredo Hurtad, La Fresa. Desde hace una década las autoridades han reportado operaciones de este grupo en Tierra Caliente, y en los últimos meses en más puntos del estado.

Los problemas recientes en la región, evidenciados en los bloqueos, se desencadenan de la operación reciente de la FGE, que incluyó el aseguramiento de vehículos.

El secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, aseguró que les ha ofrecido diálogo a los alcaldes y a los diputados, pero estos han rechazado el ofrecimiento.

Este grupo de ediles y legisladores que dirigen el cierre de las vías de comunicación son los que se reunieron el jueves 27 de abril con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones militares del 34 Batallón, en Ciudad Altamirano, a quien le pidieron medidas de seguridad porque, aseguraron, son amenazados de muerte por el grupo del crimen organizado de Los Tlacos, contrarios a la FM.

De manera oficial el gobierno estatal no informó detalles puntuales de la reunión con estos servidores públicos, pero Amapola periodismo logró documentar que esta reunión fue complicada porque hubo reclamos de ambos lados.

Los alcaldes y legisladores se quejaron de que son amenazados por Los Tlacos, y la gobernadora reviró que en la Tierra Caliente hay otro grupo que impone hasta los precios de los productos que venden en la región, al parecer en alusión al grupo criminal de la Familia Michoacana.

Ahora, a los bloqueos se han sumado hasta miembros del gobierno de Salgado Pineda con funciones en la región.

En un video que circuló este lunes en las redes sociales, la delegada en Tierra Caliente del gobierno del estado, María Asunción Santamaría Jiménez, dijo que ella acudió a los bloqueos y ayudó a habitantes con el traslado de víveres.

“En estos bloqueos me he encontrado a comerciantes, ganaderos y profesionistas y me han manifestado la inconformidad por los hechos cometidos por la Fiscalía y me han pedido que yo le pida a la gobernadora que tenga el acercamiento para un diálogo y resolver esta situación que afecta a todo el territorio calentano”, comentó la funcionaria estatal.

“Pronto se terminarán los víveres, combustibles, las purificadoras dejarán de dar su servicio; el hospital general pronto dejará de atender por falta de personal, insumos, alimentos para los enfermos, no se pueden hacer traslados (de enfermos), y esto no puede seguir así”, mencionó Santamaría Jiménez al leer un comunicado este lunes a través de su cuenta personal de Facebook.

La gobernadora también ocupó este lunes sus redes sociales para dar un mensaje, donde expuso que la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz acordó reforzar las acciones en la región de la Tierra Caliente con el objetivo de cuidar la integridad y el bienestar de los habitantes.

“No daremos un paso atrás en los trabajos encaminados a la pacificación del estado”, comentó. Después agregó:“Nuestro pacto es y será siempre con el pueblo”.

En los bloqueos participan transportistas, funcionarios, trabajadores municipales de los ocho ayuntamientos de los alcaldes involucrados, personal de la Secretaría de Salud y maestros.

Por versiones de habitantes de la región, la mayoría de la gente que desde el pasado viernes está en las protestas, fueron obligados por los alcaldes, diputados y funcionarios estatales de la región a participar.

“Acudan a su bloqueo más cercano y manden evidencia”, decía un mensaje enviado a algunos de los trabajadores a través del WhatsApp.

Los alcaldes que dirigen las protestas son el perredista de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, y el priista de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario.

También el de Arcelia, Bulmaro Torres Berrúm; el de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; los priistas de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes y el diputado local, Adolfo Torales.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que el delegado de Servicios Educativos en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez, también participa en los bloqueos.

Otro funcionario que fue denunciado por obligar a sus trabajadores a acudir a los bloqueos es el director del Hospital General de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez.

Este funcionario estatal tiene como superior a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, 01 de la Secretaría de Salud, Amalia Mora Equiluz, hermana de la alcaldesa morenista de Tlachapa, Tania Mora, quien encabeza un contingente en el cierre de una de las vías en esa región.

Imágenes que corresponden a Tlapehuala, Ajuchitlán y Ciudad Altamirano y que muestran los efectos económicos derivados de los bloqueos encabezados por alcaldes y legisladores de Tierra Caliente

En la Sierra el problema nunca fue la Covid-19, siempre es la violencia

Hay pueblos donde los maestros dejaron de ir desde hace tres; también la infraestructura escolar es deficiente. La Sierra, además de insegura, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos; muchas comunidades continúan así, hasta con caminos de difícil acceso


Texto: Margena de la O

Fotografía: José Luis de la Cruz 

Chilpancingo

 

Los alumnos de la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal, una comunidad de la Sierra de Petatlán, llevan casi tres años de clases virtuales y a distancia. Para ellos las restricciones comenzaron desde el cierre de 2019, cuando la pandemia por la Covid-19 todavía no comenzaba, porque la epidemia real en esta zona de Guerrero es la violencia y la inseguridad.

En esta secundaria hay nueve alumnos. Nunca antes fueron tan pocos. En 2019 había más de 60, pero en la Sierra de Guerrero, cuando un hecho violento ocurre, las familias se escurren de los pueblos, es lo que se conoce como el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Una de las maestras de esta secundaria no sabe exactamente qué provocó la salida de los habitantes, incluidos sus alumnos, pero recuerda que todo lo cambió el asesinato de un líder comunitario y una emboscada a policías comunitarios, hechos registrados entre el 2018 y el 2019.

La documentación de los medios de comunicación del estado en ese periodo dan cuenta del asesinato Felipe Torres Cruz, uno de los hermanos Torres Cruz de La Morena, municipio de Petatlán, que también son cuestionados.

Lo asesinaron en una emboscada el domingo 9 de diciembre del 2018, al siguiente día de expresar su respaldo a las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a Santa Rosa de Lima, un pueblo de Tecpan, ubicado a la orilla de la carrera Acapulco-Zihuatanejo, que es la puerta a la Sierra del lado de Costa Grande.

La emboscada a los policías comunitarios o los autodefensas de la UPOEG, donde murieron seis, ocurrió el lunes 24 de junio del 2019, cerca de la comunidad de El Camarón, muy cerca de El Mameyal, un punto medio de la Sierra de Petatlán.

Estos autodefensas eran integrantes del grupo que comenzó a operar en Santa Rosa de Lima en 2018 y que se extendía hacia la Sierra, el corredor que llega hasta El Durazno, Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

El filo boscoso de Costa Grande conecta con la Tierra Caliente, colindancia que, al parecer, es su gran problema, porque en cada región están asentados grupos criminales distintos que socavan a las comunidades por diferentes intereses económicos y políticos, entre ellos, los recursos naturales y los productos que se dan en región, denunciaron en diciembre pasado los habitantes de esta zona, al exponer que la explotación de madera podría ser la razón.

Aquí no se busca hacer una radiografía del grupos criminales, pueden ser cualquiera, se plantean las consecuencias de un contexto complicado por falta de seguridad institucional.

La falta de maestros en las escuelas de la Sierra es una de esas consecuencias. En la secundaria técnica de El Mameyal hay seis trabajadores, incluidos las maestras y los maestros: uno de matemáticas, uno de español, uno de ciencias naturales, uno de ciencias sociales, uno de inglés, y un prefecto.

Atienden a los nueve alumnos de manera virtual. Uno de primer grado, dos de segundo, y seis de tercero.

Las maestras y los maestros intentaron regresar a clases en septiembre pasado, pero sólo fueron alguna veces y volvieron a las sesiones virtuales porque, de acuerdo con la maestra consultada, no había condiciones: cancelaron el transporte, de las últimas veces que subió caminó más de una hora para llegar a El Mameyal, y las nuevas balaceras terminaron por deshabitar los pueblos.

En El Limón, por ejemplo, dijo, ya no vive nadie. En Las Mesas, informó un habitante de la zona, más de la mitad del pueblo se salió con los hechos violentos en escalada que comenzaron en diciembre pasado. Hasta ahora comienzan a volver.

El sábado 10 de diciembre del 2022, pasado el mediodía, ingresaron a El Durazno, un pueblo del ejido que lleva el mismo nombre, hombres armados en camionetas rotuladas con las letras FM –al parecer siglas del grupo criminal La Familia Michoacana que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), tienen presencia en Tierra Caliente y busca extenderse–, y asesinaron a siete hombres de la comunidad, entre ellos, un menor de edad.

El 28 de enero, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores retuvieron a policías después de enfrentarse a ellos a balazos. En esos hechos fueron asesinados un comandante, un policía y tres civiles.

Estos tres civiles subieron en el mismo convoy de policías estatales y, según los pobladores de El Parotal, eran miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana. Policías subieron entre sus agentes a integrantes de un grupo criminal.

Esta situación que fue exhibida por una policía de la operación policial en un video filtrado sigue sin ser por completo esclarecida por las autoridades, pero desencadenó más hechos violentos.

En esos contextos vive la gente de la Sierra y a ellos se enfrenta el personal que ofrece servicios profesionales en las zonas, como las maestras y los maestros o el personal médico, que muchos de ellos dejaron de ir.

Los habitantes presionaron a las autoridades para que les asignaran seguridad. Insistieron en la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Un habitante de la Sierra, de quien también se guarda su nombre por seguridad, dijo que hasta ahora hay nueve puntos con seguridad en el corredor Santa Rosa de Lima-El Durzano, no todos como los pidieron, en algunos sólo hay ministeriales, como en Las Mesas. “Había militares, pero se fueron. Falta reforzar la bases”, comentó.

Las Mesas es otro punto donde tampoco hay maestros presenciales. Los maestros de la secundaria de la comunidad, por ejemplo, no han vuelto desde enero por los hechos violentos que ocurrieron en diciembre.

La dinámica que mantiene es asignar trabajos vía mensajería de WhatsApp. “Pero estamos en pláticas con los compañeros, el supervisor y los padres para lo del regreso a clases de manera presencial”, comentó otra maestra de Las Mesas que, aclaró, no podía hablar con muchos detalles porque la situación de la Sierra es complicada.

Dos versiones, dos contextos

Los maestros consultados para este texto no son originarios de la Sierra, todos son foráneos y suben algunos días de la semana o por algunas semanas al mes a las escuelas de las comunidades asignadas.

La evaluación de los habitantes es diferente al temor que narran los maestros de acudir a la Sierra. Algunos de los habitantes vía telefónica consideraron que ya hay condiciones para que los maestros y los médicos suban, porque ya tienen seguridad, no como quisieran, pero ya la tienen. También reportaron que parte del transporte público público ha reiniciado actividades.

La comisaria muncipal de El Durazno, Azucena Rosas García, informó que una combi sube desde Santa Rosa de Lima a El Mameyal, pero no llega a El Durazno. Ellos, las madres y los padres de familia, tienen que bajar por las maestras y los maestros a Santa Rosa de Lima.

A El Durazno sí regresaron los maestros después del periodo vacacional de Semana Santa, pero porque los habitantes se quejaron ante las autoridades. La comisaria detalló que los maestros intentaron irse de vacaciones dos semanas antes del periodo vacacional pasado.

Las madres y los padres de El Durazno tienen mucho involucramiento en que las clases para sus hijos sean posibles, porque ellos se encargan de trasladar a los maestros, de darles de comer y de su alojamiento, según la comisaria.

La autoridad del pueblo consideró que esas responsabilidades las deben de asumir las autoridades. “Es muy desgargante para los padres estar subiéndolos y bajándolos (a los maestros)”, comentó.

Además, el habitante consultado que coincide con la comisaria cree que “el problema no es para los maestros, es para los campesinos” cuando salen de sus comunidades a ver sus parcelas o su ganado.

También dijo que, de ser necesario, ellos mismos y los policías escoltarían a los maestros en su trayecto a las comunidades para que suban y reinicien las clases presenciales. La comisaria agregó que los policías que están en El Durazno subieron a los maestros después de las vacaciones pasadas.

Él mismo habitante planteó que la falta de maestros en las comunidades de la Sierra tampoco es un tema nuevo, tiene años, desde que él estudiaba. Este hombre es una persona de más de cuatro décadas. La Sierra, además de la violencia, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos, muchas comunidades continúan así, además de que muchos de sus caminos son de difícil acceso.

Su percepción es que el paso de los maestros, como de los médicos por la Sierra, es temporal, porque buscan que las instituciones los bajen pronto a las cabeceras municipales o ciudades.

Pero cuando se expone que en la Sierra se carece de muchas cosas, incluye la infraestructura escolar y otras condiciones para educar. “Las escuelas las hemos hecho nosotros”, dijo por teléfono este mismo habitante de la Sierra.

Muchas de las escuelas levantadas en la región carecen de todo y si acaso son como la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal: tres salones de concreto, pero sin mesa ni silla para el maestro; una dirección, y una aula de medios con algunas mesas, pero sin computadoras, porque tampoco hay luz eléctrica; un área de comida de madera y con tres baños básicos al margen de la zona escolar, pero fuera de servicio. Todo esto encerrado con malla ciclónica en mal estado.

Estas las características las describió la maestra de la escuela.

Las condiciones se reproducen en gran parte de la Sierra. En el Durazo, por ejemplo, la sede del telebachillerato son dos galerones de madera a orilla del pueblo, de acuerdo con la descripción de la comisara municipal, quien, además, compartió una fotografía.

Esto discrepa con la imagen que compartió el 17 de marzo pasado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en sus redes sociales, donde escribió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad “El Durazno”, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.

En la fotografía se ven dos alumnas sentadas en una borde de concreto y se asoma lo que parece un aula con techo de lámina, y parte de una cancha.

Lo que nunca escribió la gobernadora es que esas no son las instalaciones reales de las estudiantes, es la Primaria Ignacio Zaragoza.

Rosas García informó que los docentes del telebachillerato ocupaban la primaria porque las instalaciones de madera están a orilla del pueblo, y les daba temor estar ahí. En la actualidad, con la seguridad de militares, policías estatales y policías ministeriales que asignaron a El Durazno, dijo la comisaria, ya están en sus aulas de madera.

Una alternativa sin posibilidades

Una posible solución ante la falta de maestros en las escuelas de la Sierra que reflexionó este habitante es que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) contrate a docentes que sean originarios de la región.

Esta persona es originaria del ejido de San Antonio de las Texas y vive en un punto de esta Sierra entre Costa Grande y Tierra Caliente, y aseguró que hay maestros titulados de la región que podrían asumir esas tareas sin intentar irse.

Comentó que algunas familias han contratado a algunos de ellos para que les den clases a sus hijas e hijos por su cuenta.

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, mencionó que la SEG no podría contratar a más maestros para la Sierra, porque significa duplicar docentes en un misma región y el presupuesto federal no alcanzaría para cubrirlos. “No podemos contratar dobles plazas en un mismo lugar”, agregó.

La evaluación escolar del secretario es que en la mayoría de las partes bajas de la Sierra de San Miguel Totolapan y del corredor Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y Petatlán y Tecpan (Costa Grande) ya hay clases presenciales, el problema es en las zonas más altas, donde sólo son asesorías virtuales. “Nosotros tenemos que proteger a los maestros y a los niños”, comentó.

 

En ríspida reunión, alcaldes y diputados le exigen a la gobernadora medidas de seguridad ante amenazas de los Tlacos

Texto: Margena de la O y Jesús Guerrero

Fotografía: Prensa del gobierno estatal

Chilpancingo

 

Un un tono ríspido, un grupo de alcaldes y legisladores de las regiones Tierra Caliente y Norte mantuvo una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde discutieron la inseguridad que existe en sus zonas y que les impide cruzar por la carretera federal que va de Iguala a Teloloapan, es decir, la vía que comunica a ambas regiones de Guerrero.

Este impedimento que tienen estos funcionarios para transitar por la carreteras, al parecer, viene del grupo del crimen organizado de Los Tlacos, que está en zona Centro pero que se expande entre los límites de las regiones Norte y Tierra Caliente.

En la edición de ayer del periódico estatal El Sur salió publicada una nota donde informaron que alcaldes y legisladores denunciaron, a través de un documento que enviaron a la gobernadora el 8 de abril pasado, que eran amenazados por Los Tlacos, quienes hasta les impedían moverse por las carreteras.

También que ayer tendrían una reunión en el 34 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Ciudad Altamirano. Y sí, la reunión ocurrió en ese lugar, y  la gobernadora y sus funcionarios llegaron en helicóptero, informaron algunos de los asistentes.

En Guerrero es público, porque así lo han difundido las autoridades federales, que en la región tiene operaciones también otro grupo criminal, la Familia Michoacana. Después del 5 de octubre del 2022, cuando ocurrió la masacre en San Miguel Totolapan de 20 personas, entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, el gobierno federal señaló a ese grupo del crimen organizado de los hechos.

Pero en el supuesto texto de los alcaldes y diputados difundido por el medio local nunca exponen que los servidores públicos se refieran a este otro grupo criminal.

Cuando se expone al principio que la reunión fue ríspida, es porque salieron a colación los dos grupos criminales.

Los presidentes municipales se quejaron con la gobernadora que no pueden cruzar por la carretera federal que va de Iguala, zona Norte, a la Tierra Caliente– la principal vía para que lleguen, por ejemplo, a Chilpancingo, la capital del estado–, por la presencia de Los Tlacos.

Entonces la gobernadora les reviró que en Tierra Caliente también hay otro grupo que impone los precios de los productos básicos, al parecer en referencia en la Familia Michoacana. Nunca mencionó nombres.

Enseguida uno de los alcaldes de Tierra Caliente le atajó que ella había pactado con algunos grupos.

La gobernadora le reviró: “Yo no pacté con ningún grupo, yo llegué con el apoyo del pueblo”.

Esta información fue proporcionada por alguien presente en esa reunión, quien pidió guardaran su identidad, porque estos detalles no forman parte de la información oficial. Hubo mucho hermetismo alrededor de la reunión.

En el comunicado de prensa del gobierno estatal sólo reportaron que fue “una reunión de trabajo con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública”.

Los participantes mostraron el mismo hermetismo. El alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares, por teléfono sólo dijo que fue “una reunión de la Mesa de Coordinación; se habló de la seguridad, pero nada más”. Después de preguntarle del documento publicado en el medio dijo que lo desconocía, y agregó que estaba ocupad, al parecer, para terminar la conversación.

Lo que expuso la fuente consultada es que “fue una reunión no muy cordial” de unas tres horas.

Lo que sí exponen en el comunicado del gobierno estatal son los participantes en la reunión.

De lado del Ejecutivo, además de la gobernadora estuvo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; la fiscalía general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez

De los mandos militares el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González, y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López.

Los alcaldes asistentes de zona Norte el de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; el de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo; el de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; el de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; el de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda.

De la Tierra Calente estuvieron los de los nueve municipios: las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayte Lucero Arce; la de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte; la de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.

También los alcaldes de Arcelia, Bulmaro Torres Berrum; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Gocochea y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.

También los legisladores locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez y Flor Añorve Ocampo, y el legislador federal, Reynel Rodríguez Muñoz.

De acuerdo con los reportes institucionales, Los Tlacos son un grupo criminal que dirige Onésimo Marquina, con presencia en las zonas Centro y Norte, y la Familia Michoacana es dirigida por los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olaoscoaga, con presencia en Tierra Caliente y parte de la Sierra y otros puntos del estado.

Días antes de esta reunión en Ciudad Altamirano, los alcaldes habrían advertido a las autoridades estatales que no acudirían a ningún evento oficial en Chilpancingo, porque cruzar por la carretera Teloloapan-Iguala representaba un peligro para ellos.

Al final del ríspido encuentro acordaron una nueva reunión de los alcaldes, diputados y la gobernadora, pero no dijeron la fecha y el lugar.

«Fue una reunión forzada, con mucha rispidez y áspera entre las dos partes», insistió la fuente consultada.

El líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, afirmó que el alcalde de su partido, del municipio de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez, no le ha comentado que reciba amenazas de muerte de algún grupo del crimen organizado.

«Pero no dudo–comentó– que esté amenazado, ya que en esa zona Norte y Tierra Caliente los que mandan ahí son los grupos de la delincuencia y el gobierno no hace nada para frenarlos».

El dirigente en Guerrero de Morena, Jacinto González, declaró que de las alcaldesas morenistas de Tierra Caliente, Tania Mora, de Tlalchapa y Tania Pacheco, de Zirándaro, sólo la última le ha comentado su temor de que retiran las fuerzas de seguridad de la zona, porque aumentaría la violencia.

Existen señalamientos que desde hace años que los alcaldes y diputados llegan al cargo bajo la anuencia de la FM.

Una fuente dijo que la denuncia que hicieron los alcaldes y alcaldesas y diputados a la gobernadora de que los amenazan Los Tlacos, «es porque los está presionando la Familia Michoacana, con quien tienen tratos».

 

Paran servicio transportistas en Taxco por asesinato de su compañero

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Transportistas a bordo de sus unidades realizaron una protesta en las calles de Taxco para condenar el asesinato de uno de sus compañeros ocurrido la mañana de este jueves.

Esta mañana, en una de las calles de la colonia Unidad Infonavit, en Taxco, fue hallado el cadáver de un taxista en el interior de su unidad.

En el parabrisas del taxi Volkswagen estaba una cartulina con un mensaje contra el grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

La firmada «La Federación Guerrerense» que, según fuentes extraoficiales, se trata de la integración de varios grupos del crimen organizado que están asentados en varias regiones de Guerrero que tienen diferencias con la FM.

El transportista asesinado a balazos fue identidicado como Francisco «N», de 50 años.

Cerca de las tres de la tarde de hoy, transportistas de las diferentes rutas locales y foráneas en Taxco suspendieron el servicio y realizaron una marcha por las calles de esta ciudad turística.

«Exigimos justicia y seguridad», «Señora gobernadora exigimos justicia», se leía en los medallones de los vehículos de transporte público.

Desde hace semanas en las redes sociales, usuarios han denunciado que el grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana (FM) ha aumentado su poderío en los municipios de Taxco y Pilcaya manteniendo el control de los precios de los productos básicos y cobrando el derecho de piso a los comerciantes y empresarios.

Esta misma agrupación delictiva fue denunciada de desapariciones y asesinatos de personas en estos dos municipios.

Por ejemplo está el caso del servidor de la nación, Miguel Huerta Torres, quien fue privado de su libertad por un hombre y una mujer armados el 28 de febrero de este año en la comunidad de Temaxcalapa, del municipio de Taxco.

Existe la presunción en este caso, informaron desde ese municipio, que quienes se llevaron a Huerta Torres son los integrantes de la FM.

Otro secuestro que le atribuyen a este grupo criminal es el del taxista Germán García Hernández, a quien se llevaron el 1 de abril en el barrio de La Landa, en Taxco.

 

Asesinan en Chilpancingo a maestra, esposa de funcionario estatal; es la víctima 43 del año

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero 

26 de abril del 2023

Chilpancingo

 

Cuando estaba a punto de entrar al Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en el Fraccionamiento Revolución, al sur de Chilpancingo, fue asesinada a balazos la maestra de preescolar Marlene Enríquez Brito, esposa del director administrativo del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Juan Enrique Cadena Espinoza.

El crimen ocurrió antes de las nueve de la mañana, horario de entrada de los niños estudiantes de este nivel escolar.

La maestra se convirtió en la mujer asesinada número 43 en lo que va del año, de acuerdo con la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, quien hace el monitoreo diario en medios de comunicación locales de los casos de feminicidio.

Al funcionario estatal, también director general del colegio particular Simón Bolívar, donde dan servicio a estudiantes de educación básica y medio superior, y forman a docentes en preescolar, pronto le escribieron condolencias en sus redes sociales.

Circuló información de este asesinato desde muy temprano, pero pasó un tiempo para que se conocieran las relaciones familiares de la víctima.

Hasta esta tarde el gobierno estatal seguía sin difundir información oficial del asesinato, pero circuló una esquela del director general del IGIFE, Benjamín Quinto Nava, donde lamenta el asesinato de la esposa de su compañero.

Los hechos ocurrieron al sur de la ciudad, entre las ocho y media y nueve de la mañana, cuando la maestra estaba afuera del Jardín de Niños Gabriela Mistral, su lugar de trabajo.

Varios de los habitantes de la zona escucharon los balazos del crimen.

El cadáver de la maestra quedó a un lado de un vehículo marca Fiat, color rojo. Al parecer apenas había descendido del auto para ingresar a la escuela y comenzar sus clases.

La versión recabada es que una persona, que estaba acompañada de dos más, se le acercó y le disparó en unas cinco ocasiones. Después las tres personas huyeron juntos.

Después del asesinato, directivos del Jardín de Niños suspendieron las actividades escolares, porque, además personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias del ley. Al lugar también llegaron elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal.

“Nos unimos a la una que embarga a la familia Enríquez Brito y Cadena Espinoza, a todos su afectos, en especial, a su esposo Juan Enrique Cadena Espinoza, su hija e hijo por la sensible partida a morada santa de su amada esposa y madre”, se lee en una esquela que le colgaron al perfil de Facebook del funcionario una persona que agregó en su posteo que sentía mucha rabia e impotencia por el asesinato.

En el mismo posteo de condolencias otros usuarios agregaron comentarios de apoyo y, a la vez, de reproche por los hechos violentos en la ciudad y en el estado contra las mujeres.

Estos números no son privativos de la ciudad, ayer por la noche, por ejemplo, las autoridades reportaron el asesinato de la menor de 16 años Enya Vanesa Pérez Bahena en Acapulco. Su cadáver lo hallaron en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.

La adolescente estaba reportada como desaparecida. La última vez que la vieron fue el lunes pasado en la colonia Morelos. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una Alerta Ámber que desactivó hoy.

Al momento que era redactada esta información fue publicada por la misma Fiscalía, a través de una Alerta Alba, que Martha Gabriela Hernández Nava de 42 años, sigue desaparecida; los hechos ocurrieron el 30 de mayo del 2018.

 

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias en la escena del asesinato a balazos de la maestra, en la entrada del Jardín de Niños Gabriela Mistral, en la colonia Revolución. Foto: Oscar Guerrero

 

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