Texto: Alfredo Maza / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
29 de septiembre del 2022
La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.
Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).
David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló al respecto que el verdadero problema no está solo en el hecho de que sean militares quienes encabecen la seguridad pública estatal, sino en que “incluso los mandos administrativos, operativos y la tropa sean militares”, pues no tienen la preparación para desempeñar tareas civiles.
“Son vertientes distintas, los militares están capacitados en tareas de seguridad nacional pero no de seguridad pública. De manera muy coloquial, podríamos decir que ambos son médicos, pero uno podría ser un médico dermatólogo y otro un médico cardiólogo (…) Quizá los dos tienen preparación en Medicina, pero con especialidades distintas”, dijo en entrevista.
Acerca del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal, el Inegi dio cuenta de que durante en el Censo de 2021 se tenía registro de mil 53 elementos de la Sedena, 162 de la Policía Federal/Guardia Nacional y 87 de la Marina. Para 2022, se reportaron mil 79 de la Sedena, 118 de la Marina y 244 de la Policía Federal/Guardia Nacional, un aumento del 10.7%.
Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
Desde antes de que iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e incluso del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, la corrupción en las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales provocó que gobernadores, alcaldes e incluso presidentes solicitaran la intervención de las Fuerzas Armadas.
La Sedena creó desde los 90 un protocolo para poder proveer de mandos policiacos a las instituciones de seguridad civiles.
Tal fue el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien fue conocido como “el zar antidrogas” en México.
A este se sumó el caso del general Enrique Tomás Salgado Cordero quien, por decisión de Zedillo y en ausencia del regente Oscar Espinosa Villarreal, asumió como secretario de Seguridad Pública capitalino en 1996, luego de que al secretario David Garay se le relacionara con el secuestro de una joven por parte de dos policías preventivos.
Años después, el general Rafael Macedo de la Concha fue nombrado procurador general de la República durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Como titular de la PGR, Macedo de la Concha fue quien en esa administración encabezó el proceso legal que llevó al desafuero de López Obrador, entonces jefe de gobierno capitalino.
“Tenemos muchos casos donde militares ya habían ocupado cargos de alta responsabilidad en seguridad pública”, sin llegar a la militarización, dijo Saucedo.
No obstante, recordó también que precisamente Gutiérrez Rebollo fue llevado a juicio por colaborar con el Cártel de Juárez, entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, ‘el Señor de los Cielos’, mientras Salgado Cordero fue despedido luego de la participación de algunos de sus elementos en casos de brutalidad policiaca y Macedo de la Concha fue relevado tras la polémica por el desafuero.
“No recuerdo yo un solo caso de algún secretario de Seguridad Pública, estatal o municipal, en donde hayan entregado buenas cuentas. Hay algunas excepciones evidentemente (…) Pero más bien son la excepción y no la regla. La mayoría de los militares que han tenido una responsabilidad en materia de seguridad pública no terminaron su encomienda, tuvieron que salir por escándalos, por participación de sus elementos en multihomicidios o por casos de corrupción muy conocidos”, dijo Saucedo.
La impresión de “depurar” las corporaciones
Entonces, ¿por qué tener a militares en tareas de seguridad pública no se ha traducido en una disminución de la violencia?
“El Ejército está tratando de combatir a los cárteles de la droga con despliegues masivos de elementos ocupando territorialmente las zonas que son dominadas por el narco y construyendo cuarteles militares, reclutando elementos, armándolos y haciendo rondines y patrullaje. Esta es la manera de combatir a otro ejército, pero los ejércitos del narco no son ejércitos regulares, son ejércitos guerrilleros: salen, golpean, se ocultan, se mueven, se trasladan de zona, y para combatir a un ejército guerrillero un ejército regular no sirve”, consideró Saucedo.
Para el especialista, “lo que sí hacen los militares al momento de ocupar cargos de alta responsabilidad en materia de seguridad pública es (que) generan una impresión, desde el punto de vista mediático, de depuración de las corporaciones que no necesariamente ocurre”.
Los datos del INEGI también arrojan, por ejemplo, que a pesar de que las Fuerzas Armadas tienen la titularidad de más del 25% de las instituciones de seguridad pública estatal y de que sus elementos han ganado espacios dentro de las dependencias, las sanciones y denuncias en su contra igualmente van en aumento.
Tan solo en 2021 se reportaron 14 mil 810 sanciones contra servidores públicos de estas dependencias y 451 denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en ejercicio de sus funciones, lo que en comparación con 2020 significó un aumento de 29.7% y 23.9%, respectivamente.
Una estrategia contraria a la Constitución
Respecto del deber ser y la legalidad de que un militar asuma tareas de seguridad pública y a su vez dé órdenes a mandos civiles, Saucedo dijo que esta acción resulta inconstitucional e incluso puede atentar contra tratados internacionales firmados por México.
“Su propia normatividad interna pone límites y contención a las tareas de seguridad pública”, enfatizó.
Precisamente en los últimos meses se desarrolló un debate en torno a la propuesta de López Obrador de llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, aunque el artículo 21 constitucional establece que esta debe ser “de carácter civil, disciplinado y profesional”. Al final, el presidente concretó el traspaso, pero no por medio de una reforma a la Constitución, sino legal, por lo que una parte de la oposición afirma que impugnará la medida ante la Corte.
La carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene criterios en este sentido y excluye de su organización a aquellas naciones que tienen algún tipo de estructura político-militar.
Los militares, dijo Saucedo, no tendrían por qué desempeñar tareas de seguridad pública ni tampoco dar órdenes a mandos civiles, pues, en un régimen democrático, los militares realizan solamente tareas de seguridad nacional.
