La fiscal general del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, ordenó que el personal administrativo que labora en las agencias del Ministerio Público de Arcelia, San Miguel Totolapan y la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán suspendan actividades por la situación de violencia que se vive en esa zona.
«Con motivo de la situación de riesgo que prevalece en esa jurisdicción de Tierra Caliente y para no poner en riesgo su integridad física, le agradeceré a usted comunicar al personal administrativo que a partir del 21 de octubre y hasta nueva orden, se suspenden las actividades, debiendo para tal efecto comunicar al referido personal que permanezca comunicado con su respectivo jefe», dice el documento de la FGE firmado por el vice fiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Ricardo Ferrer Martínez.
Esta decisión es después de que integrantes del grupo del crimen organizado La Familia Michoacana ha enfocado sus ataques contra funcionarios de la FGE de esa región.
El pasado 22 de agosto, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del MP de Coyuca de Catalán y se llevó por la fuerza a la titular de esta representación social, Patricia Jaqueline Salgado González, a quien tuvieron secuestrada durante 31 horas.
La agente del MP denunció que la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, se niega dar la orden para que le den medidas de seguridad. Señaló que sus captores, a quienes nunca les vio la cara, la mantuvieron vendada y esposada.
La noche del 10 de septiembre, el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadra cumplía su primer día como fiscal regional en Coyuca de Catalán cuando fue interceptado por varios individuos armados, quienes lo asesinaron a balazos y su cadáver lo tiraron en las afueras de la comunidad de Jaripo.
El 23 de mayo, el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, al frente de medio centenar de personas tomó las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, ubicada en esta cabecera municipal, para exigir la liberación de un grupo de campesinos que fueron detenidos por robo de vehículos.
La FGE le integró una carpeta de investigación al edil perredista por delitos de obstrucción a la justicia, daños y privación de la libertad en agravio de nueve trabajadores que laboran en el MP.
«El alcalde realizó actos de vandalismo como pintas, golpes, ponchadura de llantas, daño al circuito cerrado de televisión y corte de suministro de energía eléctrica», acusó la FGE a través de un comunicado.
El pasado 20 de septiembre, habitantes de Arcelia, utilizaron maquinaria pesada para destruir las instalaciones del MP en protesta porque una patrulla militar atropelló a un joven que murió posteriormente en una clínica particular de Ciudad Altamirano.
Previa a la destrucción de las oficinas del MP, los ciudadanos retuvieron en las calles de Arcelia a un grupo de militares quienes, con balazos al aire, ahuyentaron a los manifestantes.
De acuerdo con la versión de las autoridades, el joven que murió después de haber sido atropellado por la patrulla militar, en el municipio de Tlachapa, llevaba entre sus ropas una bolsa de hierba verde, presuntamente marihuana.
En abril de este 2023, alcaldes y alcaldesas de siete municipios y dos diputados locales de la Tierra Caliente encabezaron a cientos de personas en un bloqueo de la carretera federal en esta región para exigir la renuncia de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La protesta de los ediles y diputados fue después que personal de la FGE, Guardia Nacional y Policía Estatal aseguraron 13 vehículos con reporte de robo resguardados en una bodega que es propiedad de familiares cercanos de los líderes de la FM, en Ciudad Altamirano.
La FGE integró una carpeta de investigación contra los alcaldes, alcaldesas y diputados locales por diversos delitos.
Agentes del MP, peritos, comandantes y agentes de la Policía Ministerial de Tierra Caliente exigieron que también a ellos se les diga que suspendan sus actividades en esa zona.
«¿Qué acaso nosotros somos de hierro y vamos a resistir un balazo?, dijo uno de los agentes que pidió guardar su nombre para evitar represalias.
Los trabajadores de la FGE han denunciado que en estos dos años de gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no se les ha reintegrado su seguro de vida y el bono de riesgo se los entregan con retraso.
Al cumplirse un año de la masacre de más 20 personas por parte de el grupo del crimen organizado La Familia Michoacana, habitantes y familiares de las víctimas del municipio de San Miguel Totolapan se pronunciaron por la paz y la unidad.
El 5 de octubre del 2022, de acuerdo con versiones de los pobladores y autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), unos 50 hombres armados a bordo de varias camionetas ingresaron a San Miguel Totolapan y asesinaron a 20 personas reunidas en un domicilio particular.
El alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta, quien fue presidente municipal en dos ocasiones de este municipio. Varios policías y civiles murieron en esa masacre.
Hoy jueves se cumplió un año de esos hechos y desde la mañana familiares, autoridades municipales encabezados por el alcalde sustituto Fredy Vázquez Palacios así como familiares de algunos de los 20 asesinados se concentraron en el zócalo de esta cabecera municipal donde se izó la bandera a media asta y se colocó una corona floral.
Posteriormente, el obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta, ofició una misa en la iglesia de San Miguel Arcángel.
En la homilía, el obispo Joel Ocampo llamó a la paz y la unidad.
«Debemos de ser constructores de la paz y sanar las heridas del corazón», dijo el prelado Joel Ocampo.
Fotografías de las personas asesinadas el 5 de octubre del 2022 fueron colocadas en la iglesia mientras se desarrollaba la misa.
Momentos del homenaje a las víctimas de la masacre de San Miguel Totolapan.
A un año de la matanza de las 20 personas, aunque versiones de los lugareños aseguran que fueron 23 las víctimas, el grupo criminal de la Familia Michoacana, al que las autoridades de los gobiernos federal y estatal lo señalan como el responsable, el caso sigue en la impunidad.
Han transcurrido 12 meses de esa matanza y el poder de la FM en esa zona de Guerrero sigue intacto.
Durante este lapso, la FGE ha documentado al menos cinco casos de violencia de esta organización criminal.
El 7 de diciembre del 2022, irrumpieron en la cárcel de Coyuca de Catalán, de donde sacaron por la fuerza al preso Samuel Ávila Marín, alías El Vago, presunto integrante del grupo criminal Los Tequileros.
El 10 diciembre, Samuel Ávila fue hallado asesinado en la localidad de Tlapehuala.
El 10 de diciembre del 2022, gente armada de la FM irrumpió en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán y asesinó a balazos a siete habitantes.
El 22 de agosto de este 2023, miembros de la FM, informó la FGE, irrumpió en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán y se llevó por la fuerza a la agente titular, Jacqueline Salgado González, a quien dos días después dejaron en libertad.
El pasado 10 de septiembre, integrantes de esta misma organización criminal asesinaron a balazos en Coyuca de Catalán al fiscal regional en Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras.
Los únicos golpes que las autoridades han dado a esta agrupación delictiva es el aseguramiento de varios ranchos, más de 20 vehículos y otros bienes a sus principales líderes.
Hace 49 años, el Ejército se lo llevó como guía para buscar un campamento de guerrilleros, después lo mató. Es la octava víctima que será exhumada y probará el terrorismo de Estado
Texto y fotografía: José Miguel Sánchez
17 de septiembre del 2023
Chilpancingo
La mañana del 19 de noviembre de 1974 un grupo de militares tocaron la puerta de José Santos González Rojas, de 26 años, quien se dedicaba junto con sus hermanos a la agricultura y la ganadería en la comunidad serrana de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan.
Los militares buscaban un guía para, supuestamente, llevarlos a recorrer la zona a buscar un campamento de guerrilleros.
Para ese entonces, ya había caído en combate el líder guerrillero Lucio Cabañas y el Ejército quería exterminar todas las células del Partido de los Pobres.
Era la década de 1970, la llamada guerra sucia estaba en su punto máximo de ebullición, la Sierra guerrerenses fue el campo de batalla entre el Ejército y la guerrilla.
Por ese motivo cientos de elementos del Ejército se desplegaron en Guerrero para enfrentar la guerrilla; dichas operaciones militares dejaron el saldo de cientos de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas y pueblos saqueados y miles de desplazados.
Por la violencia ejercida por parte del Ejército, académicos y víctimas piden que este hecho histórico que va de 1960 a 1980 sea conocido como terrorismo de Estado.
Uno de esos pueblos asediados por el Ejército fue Palos Altos, donde una de las víctimas fue Santos González.
«En aquel tiempo no podías decirle que no al Ejército y por eso fue él (Santos González), que con miedo los acompañó para supuestamente ser su guía, pero ya nunca regresó», contó en entrevista Evaristo Tamaquio González, sobrino de Santos, quien se define como hijo de crianza y una de las personas que emprendió la lucha por la justicia.
Familiares de José Santos González exigen justicia, la imagen este 17 de septiembre en Chilpancingo.
Santos González Rojas era habitante de Palos Altos, comunidad serrana de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, se dedicaba a la agricultura y la ganadería, por lo que conocía muy bien los alrededores de Palos Altos.
En la Sierra de Guerrero, por las distintas irrupciones ilegales del Ejército la población vivió en constante miedo, «por eso, hasta que vimos que los militares se fueron, salimos a buscar a mi tío», recuerda Tamaquio González.
«Lo cargaban como guía y ya después lo desaparecieron, nosotros como a los ocho días lo fuimos a buscar y lo encontramos muerto y ya en descomposición», agregó.
Por las condiciones en las que hallaron el cadáver de Santos González, a su familia le fue imposible regresar con él, por lo que decidieron enterrarlo en el mismo punto donde lo hallaron.
Fue en el punto conocido como el Cerrito del Águila, a una hora y media de camino de Palos Altos donde hallaron el cadáver y lo enterraron.
Carlos González Marques también sobrino de Santos González emprendió una lucha de 49 años para recuperar los restos de su tío, hacerle justicia y darle un entierro digno.
Una lucha colectiva
Carlos y Evaristo se unieron al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato de su tío.
Desde dicho colectivo, decenas de familias piden justicia para las víctimas, por lo que junto con la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) formaron La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia.
Desde La Unión de Colectivos se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por desaparición forzada.
Resultado de dicha denuncia, la FGR determinó exhumar ocho cadáveres de fosas clandestinas en Los Espadines y Palos Altos, las ubicaciones las obtuvieron a través de las declaraciones de las familias de las ocho personas que vieron cómo el Ejército los asesinó.
Fue así que del 4 al 8 de septiembre, la Unión de Colectivos junto con la FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizaron la búsqueda de las fosas clandestinas.
Durante las labores de búsqueda hallaron los restos de Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz, Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, de 13 años.
La justicia quedó cerca, a tres horas de distancia
De Los Espadines a Palos Altos son tres horas de distancia, y aunque estaba incluido en las labores llegar, el clima y el tiempo impidieron a las autoridades completar los trabajos, por lo que quedaron pendientes de exhumación, los restos de José Santos González Rojas, enterrado cerca del poblado de Palos Altos.
«Estamos en eso, exigiendo justicia y ojalá pronto llegue, estamos un poco tristes y preocupados por no tener todavía a nuestro familiar y darle cristiana sepultura, pero esperemos que ya pronto.
Los otros siete restos fueron hallados en tres fosas clandestinas, dos en Los Espadines, una con tres y la segunda con dos víctimas y una tercera fosa en el lugar conocido como Las Desdichas, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero.
Este mediodía, en conferencia de prensa en las instalaciones de la CDHEG, familiares de estas ocho víctimas, entre hijos, hermanos y sobrinos pidieron a la FGE y al Servicio Médico Forense (Semefo) agilizar las labores de identificación para que lo más pronto posible accedan a los restos de sus familiares y puedan darles sepultura.
«Encontramos los resultados que nosotros queríamos, donde el Ejército mexicano asesinó sin dar ni una explicación, llegaban a los pueblos a masacrar y echar los cuerpos a una fosa clandestina», mencionó Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh).
Durante las labores de exhumación, el personal de la FGE negó a los familiares observar los trabajos y solo al final, antes que los restos fueran trasladados en helicóptero a Chilpancingo les permitieron verlos durante unos minutos.
A 49 años de los hechos, la familia de Santos Gónzalez pide que se agilicen los trabajos para que las autoridades les entreguen a su familiar.
Los restos de la víctima que faltó podrían ser exhumados después de octubre, terminada la temporada de lluvias.
En la conferencia de prensa, los familiares de las siete víctimas de la guerra sucia desaparecidas y asesinadas presuntamente por elementos del Ejército, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la identificación inmediata de los restos hallados en la comunidad de Los Espadines, en la Sierra de la Tierra Caliente.
La protesta fue encabezada por el alcalde perredista interino de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios.
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Especial
23 de mayo del 2023
Chilpancingo
Un grupo de personas cerraron este martes durante dos horas las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en San Miguel Totolapan, Tierra Caliente de Guerrero, para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el desistimiento de la acción penal en contra de tres campesinos que fueron detenidos el pasado sábado por posesión de vehículos con reporte de robo.
La protesta fue encabezada por el alcalde perredista interino del municipio, Fredy Vázquez Palacios. Él y ella resto de los inconformes cerraron con cadenas y candados la puerta principal de las instalaciones de la FGE, con el personal de la institución adentro.
“Efectivamente los campesinos tenían carros chocolates y con reporte de robo, pero son unidades chatarra, además ellos son gente buena y se están muriendo de hambre”, dijo el alcalde durante una entrevista con reporteros de la Tierra Caliente que transmitieron en vivo por las redes sociales.
Vázquez Palacios mencionó que el pasado sábado 20 encabezó un evento donde entregó semilla mejorada a los campesinos que bajaron de sus comunidades.
Es día personal de la FGE detuvo a varios campesinos que bajaron de las comunidades de Santo Tomás y El Macharro. “Se los llevaron al Ministerio Público de Coyuca de Catalán en donde estuvieron desde el sábado y este lunes fueron liberados a las 12 de la noche”, dijo.
“Cuando nos enteramos de que habían sido liberados nuestros compañeros lo vimos bien, pero cuando nos dijo un abogado que la autoridad los había dejado en libertad bajo caución y que su proceso judicial en su contra iba a seguir, decidimos protestar”, afirmó el alcalde perredista.
En la fachada de las instalaciones del Ministerio Público había escritas varias leyendas: “Fuera FGE”, “Fuera rateros”.
El alcalde dijo que la demanda principal es que la FGE cancele las carpetas de investigación abiertas contra los campesinos.
“Ya estamos cansados de los abusos que comete la Fiscalía aquí en la Tierra Caliente, ya no queremos que esté aquí”, expresó Fredy Vázquez.
La protesta empezó alrededor de las cuatro de la tarde y concluyó dos horas después, porque, según el alcalde de San Miguel Totolapan, había llegado a una serie de acuerdos vía telefónica con el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.
Fredy Vázquez asumió el cargo en noviembre del 2022 luego de que en octubre de ese mismo año, un grupo numero de hombres armados, según la FGE, del grupo criminal de la Familia Michoacana, asesinaron a balazos al alcalde Conrado Mendoza Almeda y al menos a otras 19 personas más en la cabecera de San Miguel Totolapan.
Del 28 de abril al 2 de mayo pasado, Fredy Vázquez junto con alcaldesas y alcaldes de otros siete municipios de la Tierra Caliente del estado y tres diputados locales y un legislador federal, encabezaron un bloqueo en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para exigir la salida de la personal operativo de la FGE de la Terra Caliente. Acusaron a sus elementos de cometer abusos en la región.
Ese día personal de la FGE, acompañado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, aseguraron en una bodega de Ciudad Altamirano 12 vehículos de lujo a allegados de los líderes de la Familia Michoacana (FM), José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga.
En la protesta los alcaldes y diputados exigían a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les brindara medidas de seguridad porque, según ellos, son amenazados por el grupo del crimen organizado de Los Tlacos, organización rival de la FM.
Después de una serie de acuerdos, los alcaldes desbloquearon la vía federal, pero los vehículos asegurados a la FM, varios de ellos de lujo, fueron trasladados a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo.
Pobladores protestan en el Ministerio Público de San Miguel Totolapan para exigir la salida de la Fiscalía General del Estado (FGE). Foto: Especial.
Llamaron a López Obrador a «evitar más muertes en la zona»
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
20 de febrero del 2023
Chilpancingo
Habitantes de la zona serrana de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, emitieron un comunicado donde piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda la salida de la Policía Estatal y la entrada del Ejército a sus comunidades a realizar labores de seguridad.
«Por medio de este comunicado presidente López Obrador, le solicitamos la presencia si es posible permanente del Ejército Mexicano, de La Guardia Nacional o Marina Armada de México, como sustitución de la Policía Estatal de Guerrero, que dan mal uso de los cuarteles, sabemos que existen policías falsos y filtrados para atacar sus objetivos, que dichos cuarteles sean utilizados para una seguridad de verdad», se lee en el comunicado difundido está tarde.
Al hecho que hace referencia el comunicado ocurrió el pasado 29 de enero, donde pobladores de El Parotal, municipio de Petatlán, se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal, lo que dejó un saldo de cinco policías abatidos y 32 retenidos por la población.
El enfrentamiento ocurrió porque, de acuerdo con la versión de los pobladores, en las patrullas de la Policía Estatal iban sujetos que identificaron como integrantes de la Familia Michoacana, grupo criminal que opera en la región, también vestidos de policías.
También mencionaron los hechos ocurridos en El Durazno, donde el sábado hubo un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la Familia Michoacana que dejó dejó como saldo un adulto mayor asesinado y un jóven desaparecido.
Debido a esos hechos de violencia, los tres municipios que firman el comunicado aseguran que muchas familias son desplazadas por la inseguridad y no tienen garantía de regresar.
Fuerzas estateles dando un recorrido por las calles San Miguel Totolapan, Guerrero el 6 de octubrel del 2022.
«Nosotros conocemos los hechos de dichos grupos criminales que se están disputando la Sierra como si fuera un botín, están sacando a las familias y amenazando a quien se oponen a ellos».
Exponen también que los pobladores que deciden quedarse son amenazados y extorsionados para que abandonen la zona.
«Es frustrante y desesperante, pero aquí nacimos, aquí vivimos y aquí pensamos permanecer y morir», se lee en el comunicado.
En el documento culpan a la gobernadora de ser «complice» la Familia Michoacana y de «traicionar» a sus votantes.
En una especie de advertencia mencionaron también que «sería lamentable que nuestra Sierra se armara y ocurrieran cosas desastrosas, porque somos pueblos que siempre nos hemos defendido».
Llamaron al presidente de la República López Obrador a «evitar más muertes en la zona».
Uno de los municipios firmantes es el de San Miguel Totolapan, donde en el mes de octubre un grupo de civiles armados atacó a balazos el Ayuntamiento y asesinó al alcalde, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, Juan Mendoza Acosta y a otras 21 personas, entre policías y funcionarios públicos.
Fredy Vázquez Palacios rindió protesta ante el pleno del Congreso local como alcalde de San Miguel Totolapan, municipio de la Tierra Caliente, donde el pasado 5 de octubre asesinaron a 23 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda.
Entrevistado después de su toma de protesta, Vázquez Palacios mencionó que en San Miguel Totolapan sí hay condiciones de seguridad y “por eso asumimos este reto importante”.
Vázquez Palacios se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento
Sobre la inseguridad mencionó que solo tomará precauciones y que solicitará a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda medidas de seguridad para desempeñarse como alcalde.
“No tenemos miedo, solo tomaremos precaución”, mencionó en breves declaraciones después de rendir protesta.
Después del ataque armado al Ayuntamiento y dos domicilios particulares en San Miguel Totolapan, que dejó un saldo de 23 personas asesinadas, el municipio quedó sin presidente municipal.
Después del asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan y de que su suplente no quiso asumir el cargo, esta mañana el Congreso local recibió la terna de propuestas para elegir al nuevo alcalde.
La terna, enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, está conformada por Maria Elena Barragán Uriostegui, sindica procuradora y actualmente encargada de despacho de la presidencia; Fredy Vázquez Palacios, actual secretario general del Ayuntamiento y Julio César Colima Gómez, presidente del Comité Municipal del PRD en San Miguel Totolapan.
En la sesión del pasado 15 de noviembre, el Congreso aprobó la renuncia de José Alberto Nava Palacios, alcalde suplente de San Miguel Totolapan.
En su carta de renuncia, Nava Palacios expuso sus motivos y dijo que por “salud física y mental” no asumirá el cargo de alcalde de San Miguel Totolapan, municipio ubicado en la Tierra Caliente de la entidad.
Finalmente, en una segunda sesión, fue que los diputados tomaron protesta como alcalde a Vázquez Palacios.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Oscar Guerrero 10 de noviembre del 2022 Chilpancingo
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso local, Raymundo García Gutiérrez, dijo que la dirigencia de su partido propondrá a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la terna para elegir al alcalde de San Miguel Totolapan.
«El tema de la terna será analizado por el partido, nosotros hoy (en el Congreso) recibimos la notificación del suplente de que no ocupará el cargo y le notificaremos a la gobernadora, pero las propuestas será algo que resolverá la dirigencia estatal», mencionó García Gutiérrez.
El día de hoy se presentó al pleno del Congreso local la carta mediante la cual el alcalde suplente de San Miguel Totolapan, José Alberto Nava Palacios, renuncia a asumir el cargo por motivos de salud.
Nava Palacios es uno de los heridos del ataque armado al Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, el pasado no 4 de octubre, en el que fueron asesinadas 23 personas, entre ellas, el alcalde Conrado Mendoza Almeda, su padre, ex alcalde, Juan Mendoza Acosta y 21 personas más entre funcionarios municipales, policías y civiles.
Por el asesinato del alcalde y la condición de salud de su suplente, la síndica procuradora, Elena Barragán Urióstegui, es actualmente la encargada de despacho de la presidencia municipal.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, después de la notificación que el Congreso realice a la gobernadora, esta enviará una terna de la cual los diputados definirán quien será el nuevo alcalde.
El mismo subsecretario que inmediato a los hechos atribuyó la masacre a otro grupo criminal informó que durante las investigaciones fueron cateados cinco inmuebles donde hallaron animales “exóticos”, pero nada de los presuntos responsables
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Carlos Navarrete
27 de octubre del 2022
Esta mañana, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que el ataque armado en San Miguel Totolapan fue perpetrado por el grupo criminal denominado como la Familia Michoacana y no por Los Tequileros, otro grupo criminal de la zona, a quien en un principio se le adjudico el ataque.
“Según una línea sólida de investigación, los hermanos Hurtado Olascoaga, serían quiénes habrían perpetrado la multiejecución y trataron de simular que se trataba de otro grupo delictivo”, dijo Mejía Berdeja en la conferencia presidencial matutina.
Esta información oficial es revelada más de 20 días después del ataque armado al Ayuntamiento de San Miguel Totolapan y otros dos domicilios particulares donde fueron asesinadas 20 personas –según la cifra oficial, porque en la cabecera los habitantes informaron de 23–, entre ellas el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta.
En un principio, es decir, al día siguiente de los hechos, el propio Mejia Berdeja atribuyó la masacre, en una misma conferencia mañanera al grupo de Los Tequileros, al que se identifica como rivales de la Familia Michoacana, sólo porque días antes circuló en redes sociales un video de unos hombres que dijeron ser miembros de ese grupo criminal y atribuyéndose el asesinato de un funcionario del gobierno municipal.
Habló de que autentificarían el video, pero dejó en el ambiente público esa lectura sin antes investigar.
Un día después del ataque, también José Alfredo Hurtado Oloscoaga, alias El Fresa, quien es identificado de manera pública como uno de los líderes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente, subió un video a redes sociales donde dice que la masacre fue perpetrada por Los Tequileros.
Pero después fue filtrada la prensa una ficha de la Mesa de Seguridad de la Tierra Caliente, donde la versión cambiaba, pues, las autoridades regionales señalaban a la Familia Michoacana de la masacre.
La confusión también fue abonada por las autoridades, en este caso Mejía Berdeja, quien inmediatamente salió a dar declaraciones sin un investigación hecha
Ahora él, hoy, dijo que el ataque fue perpetrado por la Familia Michoacana.
Informó que durante las investigaciones fueron cateados cinco domicilios propiedad de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, principales líderes de la Familia Michoacana.
“Lo relevante aquí es el tamaño, la dimensión y características de los inmuebles donde se aseguraron 25 animales exóticos, cinco animales de granja y cinco vehículos”.
Una de las propiedades cateadas está ubicada en el municipio de Arcelia, donde hallaran antílopes y un tigre de bengala, los cuales fueron decomisados.
En un segundo domicilio en Arcelia comentó que hallaron una cebra, mentanfetaminas y animales disecados. En el municipio de Tlalchapa fueron asegurados otros dos inmuebles y otro más en la comunidad de Villa Hidalgo, municipio de San Miguel Totolapan.
Mejía Berdeja nunca dio información del paradero de los hermanos, sólo mencionó que las investigaciones y los cateos se realizaron en una operación conjunta entre varias dependencias de seguridad.
«Hay un despliegue de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se está llevando a cabo un trabajo interinstitucional y en tal virtud se solicitaron cinco órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana”
El subsecretario aseguró que continuarán con las investigaciones y trabajarán de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, dijo que a dos semanas de la masacre en San Miguel Totolapan la ciudadanía vive en la zozobra e incertidumbre porque tienen miedo de que se registren nuevos hechos de violencia.
Mencionó que el alcalde suplente de este municipio, José Alberto Nava Palacios, quien está convaleciente de las heridas de bala recibidas les comentó que si no hay garantías de seguridad no va a asumir el cargo.
En entrevista, el líder perredista cercano al grupo político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, criticó que hasta el momento la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no los atienda en una audiencia para que les explique en que consiste el programa de pacificación en San Miguel y que también les informe el avance de las investigaciones.
En la matanza del pasado 5 de octubre en San Miguel Totolapan un grupo armado asesinó a balazos a 23 personas -según la Fiscalía General del Estado fueron 20- entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda y su padre Juan Mendoza Acosta.
Nava Palacios, suplente de Mendoza Almeda, resultó herido de bala. El día de los hechos, junto con otra persona lesionada fue trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, a un hospital de Chilpancingo.
«El estado de salud del alcalde suplente es estable pero él nos ha dicho que mientras no haya garantías de seguridad no asumirá el cargo», dijo el líder estatal del Sol Azteca Catalán Bastida.
Añadió que hace unos días enviaron un escrito a Salgado Pineda para pedir una reunión y les diga la situación que prevalece en San Miguel Totolapan y ponerse de acuerdo para una posible propuesta de terna de aspirantes a la alcaldía interina del Ayuntamiento de San Miguel al Congreso local.
Alberto Catalán Bastida, dirigente estatal del PRD, en entrevista con reporteros, este 18 de octubre del 2022. Fotografía tomada por Oscar Guerrero.
«El jefe de Oficina de la gobernadora nos dijo que ella nos va a recibir después que rinda su primer informe de labores y estamos en la espera», comentó el líder del PRD, entrevistado cuando acompañó al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas de Chilpancingo.
Desde el pasado 6 de octubre, un día después del asesinato del edil Conrado Mendoza, la síndica procuradora Elena Barragán Urióstegui es la encargada de despacho del Ayuntamiento por un tiempo de 30 días, como lo establece la ley.
«En caso de que no haya una respuesta de la reunión con la gobernadora nosotros enviaremos una propuesta de terna de aspirantes al Congreso a través de nuestra fracción parlamentaria».
Ya transcurrieron dos semanas de que ocurrió la masacre en San Miguel Totolapan y el gobierno implementó un reforzamiento de seguridad con casi dos mil elementos, entre efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía estatal.
Este martes, la FGE anunció la apertura de una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en San Miguel Totolapan.
«En San Miguel Totolapan la ciudadanía todavía vive en aparente calma pero está en la zozobra porque tiene el temor de que viva una circunstancia similar a la del pasado 5 de octubre», dijo Catalán Bastida.
Lamentó que ellos como partido y la sociedad de Guerrero no conozcan los avances de la investigación de esa masacre y prueba de ello es de que no existe ningún detenido por esos hechos.
«Por eso estamos pidiendo una reunión con la gobernadora para que nos explique su plan de pacificación en Tierra Caliente y que también nos diga el avance de las investigaciones».
Sobre la versión que el supuesto dirigente del grupo del crimen organizado, la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alías La Fresa dijo -a través de un video- que era amigo del alcalde Conrado Mendoza, Catalán aseguró que él no tenía conocimiento de eso.
«La FGE ha podido establecer si lo que se comenta, si lo que se dice en ese video es real, no sabemos de este tema y lo que si hemos dicho es de que se realicen las investigaciones y que se haga justicia no solo por el alcalde y su papá sino por toda la gente asesinada».
El líder del Sol Azteca afirmó que se conoce que en Tierra Caliente hay autoridades obligadas a dialogar con representantes de los grupos criminales.
«Nosotros no sabemos nada y lo que hacemos es darle un cauce político a lo que se está viviendo en San Miguel Totolapan y si las instituciones encargadas de la investigación si tienen elementos deberían de proceder; nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie y no tenemos elementos para juzgar si alguien o no está vinculado (con los grupos delictivos) y nosotros seguimos un proceso que marca la ley en el registro de candidaturas», sostuvo.
En San Miguel Totolapan, donde la ciudadanía aún no recobra su tranquilidad por la masacre de 23 personas -el gobierno habla de 20 víctimas- el gobierno federal envió mil 750 efectivos del Ejército Mexicano para reforzar las tareas de seguridad, a nueve días del ataque.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), son mil oficiales, 500 del segundo y sexto batallón de la Guardia Nacional. Así como 350 oficiales del 26 Batallón de Infantería, 200 soldados del 5 Batallón de Fuerzas Especiales y 200 pertenecientes al primer Batallón de Fusileros y Paracaidistas.
Estos elementos del Ejército se suman a los 90 integrantes de la Marina y decenas de policías estatales y agentes de la policía investigadora ministerial desplegados desde el jueves 6 de octubre, al día siguiente de los ataques de un grupo de hombres armados que dejó un saldo de 23 personas asesinadas, entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza y su padre, Juan Mendoza.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, señaló que el alcalde suplente de San Miguel Totolapan, José Alberto Nava Palacios, herido de bala en esos ataques del 5 de octubre, está estable.
«El (Nava Palacios) tendrá que decirle al Congreso si desea asumir el cargo y si no es así el mismo Congreso tendrá que designar a un alcalde o a una alcaldesa interina mediante una terna que envíe la gobernadora», dijo Reynoso Núñez, entrevistado poco después de entregar un paquete que contiene el primer informe de labores de la mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda.
En este momento, la síndica procuradora Elena Barragán Urióstegui es la encargada de despacho del Ayuntamiento.
Reynoso Núñez dijo que seguirá dialogando con las autoridades de los municipios de Tierra Caliente para que se adquieran terrenos que sirvan para la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.
Recordó que en San Miguel Totolapan no se instaló hace dos años un cuartel de la GN porque no hubo un terreno donde construirlo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, dijo que el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, puso en riesgo a una jueza de control que presuntamente retrasó órdenes de cateo en cinco ranchos del municipio de San Miguel Totolapan.
«La puso en riesgo el subsecretario (Mejía Berdeja) y eso es muy delicado», afirmó en entrevista el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Agregó que el caso de la jueza que supuestamente retrasó las órdenes de cateo que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE) podría ser turnado al Consejo de la Judicatura que es el órgano que ejerce labores de vigilancia y disciplina de todos los servidores públicos del Poder Judicial.
En la conferencia mañanera de este jueves que se desarrolló en Palacio Nacional, Mejía Berdeja reveló que la FGE habría solicitado a la jueza de control, Isis Peralta Salvador, una orden de cateo en cinco ranchos en San Miguel Totolapan en donde había evidencias de personas privadas de su libertad.
Mencionó que esta solicitud se le presentó a la jueza el 26 de julio, pero las liberó (las órdenes de cateo) el 28 de julio, dos días después.
«Cuando se realizaron los cateos ya fueron inoportunos y ya los criminales presuntos no habían dejado ninguna evidencia, esto es importante porque la oportunidad en algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados, no actuar a tiempo puede abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos», dijo Mejía quien en la 61 Legislatura local de Guerrero (2015-2018) fue diputado local por el partido del Movimiento Ciudadano (MC).
Esas órdenes de cateo en San Miguel Totolapan eran en contra de presuntos integrantes del grupo del crimen organizado denominado la Familia Michoacana.
Mejía Berdeja recordó que el 28 de julio se realizaron cinco bloqueos con mil 100 personas que se distribuyeron en la región de la Tierra Caliente.
La FGE dijo que esas protestas fueron inducidas por los líderes de la FM, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, para impedirles el paso al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal.
Según la FGE, el objetivo era detener a los dos líderes de esta organización.
A su vez, en San Miguel Totolapan en donde se cumplen 10 días de los ataques que perpetraron hombres armados y que dejó un saldo de 23 personas asesinadas -la Fiscalía dice que 20- permanece una operación de seguridad con más de 400 elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Estas fuerzas de seguridad no solamente están desplegadas en San Miguel sino en los municipios vecinos de Tlapehuala y Ajuchitlán del Progreso.
El novenario de rezos de las personas asesinadas concluyen hoy jueves.
Por su parte, el Congreso local aún no determina la fecha en que será designado o designada el nuevo alcalde que sustituya al perredista Conrado Mendoza Almeda quien junto con su padre Juan Mendoza y otras 21 personas fueron asesinadas a balazos en una reunión.
En este momento es la síndica procuradora, Elena Barragán Uriostegui, la que por mandato de ley es la encargada de despacho del ayuntamiento.
José Alberto Nava Palacios que es el alcalde suplente de ese municipio y que resultó herido en esos ataques, no se ha informado sobre su estado de salud y si va a aceptar en asumir el cargo o va a declinar.
En el momento que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, salió a dar la información oficial sobre los ataques armados en San Miguel Totolapan, impuso la manera en que debían de explicarse los hechos en que se asesinaron a 23 personas –de las que el gobierno estatal sólo reconoce 20–, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta: “El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”.
Con esto, de alguna manera, indujo a poner la mirada en que el origen de la masacre tenía la misma explicación que desde hace años manejan las instituciones para imponer cuál es el origen de la violencia, que no ha cambiado desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa justificó la llamada “guerra contra el narco”, asociada a que la violencia, que creció con la estrategia militar que empleó, tenía que ver con las acciones de traficantes de drogas.
El funcionario federal citó en el contexto la presencia de Los Tequileros en Tierra Caliente, “un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región”.
La disputa entre grupos criminales que mencionó al principio la clarificó unos minutos más adelante. “Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana a cuyas cabezas, apodadas El Pez y El Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo Tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos”.
La supuesta reciente aparición de Los Tequileros en la escena criminal de la Tierra Caliente, el funcionario la sostuvo en un video que circuló en redes de unos hombres armados que simplemente dijeron que pertenecían a ese grupo criminal y que se adjudicaban el asesinato reciente de un hombre llamado Nazario.
“El líder de ese grupo criminal, Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto, decir que, este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autenficando y reivindican entre otros el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre, en un principio accidente, en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidios sobre este evento”.
Mejía Berdeja sí dijo que el video estaba en proceso de autenficación, pero también mencionó que una nueva línea de investigación sobre el caso de Nazario Domínguez fue abierta después de que circuló ese material.
Cuando el subsecretario salió a dar la información oficial –fue en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 6 de octubre– habían transcurrido menos de 24 horas de los hechos en San Miguel Totolapan. De acuerdo con la información que proporcionaron habitantes de la Tierra Caliente, región a la que pertenece este municipio, los hechos ocurrieron entre una y dos de la tarde.
Él nunca habló de investigaciones puntuales hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) o por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero que sostuvieran estos dichos, pero sí concedió desde su investidura de autoridad federal una especie de anuencia para considerar este tipo de videos como una fuente no sólo informativa.
La académica Cecilia Farfán, coordinadora de los programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, publicó el 30 de agosto pasado en la revista Gatopardo un artículo titulado “Ya no me diga que fue el narco peleándose la plaza”, donde reflexionaba sobre los hechos violentos que ocurrieron semanas antes en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, y a la vez hace un cuestionamiento sobre cómo el debate público está atorado en los “cárteles” y la “plaza”, y que las primeras reacciones de las autoridades ante ellos sólo “se supone pero no se explica”.
“El problema no es sólo que existan distintas versiones de los hechos, emitidas desde el gobierno federal –con el presidente atribuyendo la violencia a una captura que la Sedena dice que nunca ocurrió–, sino que estos lugares comunes de “narcolandia” ofuscan la rendición de cuentas. Me explico. Cuando aceptamos versiones sobre las causas de la violencia del tipo “los criminales se matan entre ellos”, tácitamente aceptamos también que esas son personas que no gozan o incluso que no merecen la protección del Estado. Por ende, cuando ocurren actos de violencia y el Estado nos dice que fueron entre criminales, también abandona su obligación de garantizar derechos. Con esto no quiero decir que no existan las confrontaciones entre grupos criminales –por supuesto que las hay–, pero la responsabilidad de las autoridades no se termina en el acto de decirnos cuántas personas murieron o resultaron heridas. Tiene que investigar y probar la culpabilidad”, se lee en el texto.
Los hechos sobre los que reflexiona la académica son otros y fuera de Guerrero, pero tienen mucha relación con la reacción institucional ante lo que ocurre en San Miguel Totolapan.
Cuando el subsecretario usó un video sin confirmar su autenticidad –sólo dijo que estaban en el proceso de cerciorarse– abrió la puerta a legitimar el uso de esos videos o materiales que hasta ahora, ocho días después de los hechos, son las únicas fuentes más expuestas en la prensa local y nacional para explicar la masacre en Tierra Caliente.
En la imagen, patrullas de la Policía Estatal en las calles de San Miguel Totolapan un día después del ataque donde asesinaron a 20 personas, según los datos oficiales, porque en el municipio cuentan a 23. Foto: Carlos Navarrete
Más videos como única evidencia del origen de la masacre
Al día siguiente de la masacre circuló otro video relacionado al caso. En un en vivo desde el perfil de Facebook de Julián Alvarado apareció un hombre que los habitantes de Tierra Caliente identificaron –se lo comentaron a un grupo de reporteros que viajó de Chilpancingo a San Miguel Totolapan– como José Alfredo Hurtado Oloscuaga, apodado El Fresa o La Fresa, uno de los presuntos líderes del grupo criminal de La Familia Michoacana en la Tierra Caliente.
Este hombre que viste una playera de diseñador y que, quienes saben de marcas prestigiosas, usa un reloj de más de medio millón de pesos –al parecer, por las características que se alcanzan a apreciar en el video, es una pieza Franck Muller, que oscila, según una búsqueda rápida en internet, en 605,000 pesos–, como evidencia de su ostentación y poder económico, dijo que el ataque del miércoles 5 de octubre en San Miguel Totolapan era contra él y los Mendoza, quienes fueron asesinados ese día en el domicilio de los Domínguez, a quienes también las autoridades cuentan entre las víctimas. “(…) Primero que nada el atentado era contra mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá”, es de las primeras frases que menciona.
Después narra, y de eso ya hay mucho contenido en los medios de comunicación locales y nacionales, incluida la información documentada aquí, que él asistiría a la reunión, porque lo acordaron, donde estaba el alcalde, su padre y varias personas cercanas a quien era la autoridad, entre ellos sus asesores, es decir, los servidores públicos del primer círculo en la región.
Expuso que a él no lo balearon porque los agresores se apresuraron. Atacaron a los servidores públicos antes de que él bajará de su camioneta que, además, era blindada.
Aquí no se intenta repetir lo que ya está documentado, pero sí hacer énfasis en algunos datos o elementos que narró quien fue identificado como Hurtado Oloscuaga, entre ellos, que él mismo se encargó de las personas que cometieron el ataque.
“Salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, yo tengo mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba, no creíamos que alguien se atrevería a hacer eso. Me voy a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, nada más iba yo y el comandante Colima, me siguen, estaban muchachos de nosotros ahí, llego con ellos, llegan ellos. Dicen ser Tequileros, no sé de qué grupo sean”.
“(…) Nos llegan allá donde estábamos y, bueno, ahí, yo andaba muy molesto por lo que pasó, y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, por qué, porque se volaron la barda ahora sí al meterse a ese pueblo”.
Las autoridades hasta el momento no han confirmado que este hecho ocurriera, menos si hubo más muertos adicionales a la masacre de San Miguel Totolapan. De hecho, derivado del recuento que hace Amapola, periodismo transgresor sobre los homicidios, basados en las notas periodísticas, no hay reportados muertos en la Tierra Caliente ese día.
Lo que es importante hacer notar es la reacción de las autoridades a este material. La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, dijo en una entrevista en Radio Fórmula, de acuerdo con lo que documentaron otros medios de comunicación, que en la dependencia hacían un análisis técnico del video de ese hombre, pero que con el material abrirían una nueva línea de investigación.
“‘Una información muy relevante que nos está generando una nueva línea de investigación es la publicación de un video en fuentes abiertas… Se está analizando su contenido, viendo coincidencias y tomando líneas de investigación que permitan tomar de manera fehaciente ese dato de prueba’», dijo en entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.
Otra vez, una autoridad considera un material de esta naturaleza como una posible prueba para la investigación, pero no acepta que el presunto delincuente se mueve con impunidad por la Tierra Caliente, es decir, sin que las autoridades lo impidan.
Entre los comentarios que hace ese hombre del video es que vive en la cabecera municipal de San Miguel y que tiene su casa a una cuadra de la presidencia; “yo creo que todo mundo la conoce (…)”, comenta en el video.
Sobre eso, la fiscal rechazó en la misma entrevista de radio, según la misma nota periodística, que tuvieran reportes al respecto. Algunas personas de la Tierra Caliente consultadas a la distancia comentaron que sí se sabe en la zona que Hurtado Oloscuaga pueda tener un casa en el centro de la cabecera municipal.
Por cierto, en julio pasado, el vicefiscal de Investigación de la FGE, Ramón Ayala Gamboa, informó en el contexto de unos bloqueos que hicieron transportistas en la Tierra Caliente, que realizaban una operación policiaca junto a fuerzas federales para detener a los hermanos Hurtado Oloscuaga, y esa protesta fue planeada para impedir su actuación.
“Es un operativo que hace la Federación en coordinación con el estado para detener a los dos principales criminales que operan en el sur del Estado de México y en la Tierra Caliente, específicamente en Arcelia, El Fresa y el Pez”, dijo el vicefiscal de acuerdo con una nota documentada en Amapola, periodismo transgresor.
En los pocos más de 10 minutos que dura ese video, el hombre, el presunto Hurtado Oloscuaga, narra los hechos que se supone cometió, y las actividades que hace, con una tranquilidad, como si fueran acciones comunes de una organización social.
En el ejercicio de continuar con el análisis de los videos que han surgido alrededor del caso, presuntos integrantes de Los Tequileros respondieron a El Fresa, y negaron, de principio, que ellos sean los autores del primer video que les atribuyeron y que el subsecretario de Seguridad Pública federal retoma como una presunta evidencia.
También negaron que ellos sean los responsables de la masacre de San Miguel Totolapan, al contrario, acusaron a Hurtado Oloscuaga, al decir que fue él quien convocó a los servidores públicos municipales a la reunión y que nunca hubo evidencia de las muertes de presuntos tequileros en la zona rural en respuesta a los ataques.
Como aditamento de los videos, en la prensa circula el contenido de una ficha informativa que fue filtrada, se indagó, desde la Mesa de Seguridad Regional, donde señalan a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, come el autor de la masacre de San Miguel Totolapan
“Al llegar al lugar (La Fresa ) de la cita, él y sus sicarios desarmaron a la gente del presidente y los ejecutaron, después salieron disparando por las calles y los domicilios, mientras otro grupo de sicarios dispara a la fachada del Palacio municipal”, dice el reporte con fecha 5 de octubre y hora de envío 18:30 horas.
En la imagen, los casquillos percutidos después del ataque armado en San Miguel Totolapan. Foto: Arturo de Dios
Lo que queda en evidencia en la dinámica de los videos de miembros entre grupos criminales es la falta de autenticidad de estos materiales, y que antes de confirmarlos, son evidencia para la autoridades como aristas de la investigación formal, con lo que obvian elementos sustanciales del caso, como quiénes son los grupos políticos y económicos detrás de esta violencia, cuando han saltado actores políticos y económicos alrededor de la presencia de grupos, como el ex alcalde y exdiputado local, el priísta Saúl Beltrán Orozco ligado a Los Tequileros.
Con esto nunca se niega la existencia y confrontación de grupos criminales, como dice la académica Farfán, menos la violencia expuesta, porque “(…) la violencia es real, pero la explicación dominante es un ardid político (…)”, apunta el académico Oswaldo Zavala en su libro La guerra en las palabras.
