El Congreso local aprobó la licencia de la alcaldesa priísta del municipio de Cutzamala de Pinzón, Rosa Jaimes López, y en esta misma sesión se le tomó protesta su hija, Mayté Lucero Arce Jaimes, para que la releve en el cargo.
Jaimes López asumió el cargo de alcaldesa el pasado 1 de octubre del 2021. El Ayuntamiento le fue entregado por su esposo, Timoteo Arce Solís, quien fue alcalde de dicho municipio durante el periodo 2018-2021. Hoy asumió ese mismo puesto la hija de ambos.
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la licencia indefinida de Jaimes López al cargo de alcaldesa.
De acuerdo al dictamen presentado, la ahora presidenta con licencia manifestó «motivos personales» para separarse del cargo.
Se intentó entrevistar a Arce Jaimes luego de tomar protesta, pero se negó a responder las preguntas de reporteros relacionadas con los cambios en la alcaldía, la situación de seguridad del municipio y su parentesco con la alcaldesa con licencia. Arce Jaimes se negó a exponer los motivos del cambio en la alcaldía y tampoco habló de la situación de seguridad en el municipio.
«Todo está bien, no tienen nada de que preocuparse», dijo a los reporteros mientras caminó apresuradamente.
En las pasadas elecciones de 2021, la priísta compitió contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Marilú Martínez Núñez, quien durante la campaña fue privada de su libertad junto con su esposo, dos hijas, su mamá, un candidato a regidor y dos de sus operadores políticos. Ocurrió el 1 de junio del 2021, es decir, cuando faltaban cinco días para las elecciones en las urnas.
La versión de esa ocasión el líder estatal del MC, Adrián Wences Carrasco, fue que los individuos armados se llevaron a Martínez Núñez y acompañantes para que declinara su candidatura.
El 3 de junio de ese año, es decir, 72 horas antes de los comicios constitucionales, Marilú Martínez y el resto de las personas fueron liberadas, pero la candidata suspendió sus actos de campaña. La priísta Rosa Jaimes ganó la elección.
Durante ese proceso electoral, Wences Carrasco y el entonces secretario de Organización del Comité estatal de Morena, Ignacio Vázquez Memije, denunciaron que un grupo del crimen organizado de Tierra Caliente avaló las candidaturas a las alcaldías en los nueve municipios de la región y a los candidatos a diputados locales en los dos distritos electorales.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal tienen identificado que la organización criminal con presencia en la Tierra Caliente es la Familia Michoacana.
La alcaldesa suplente de Cutzamala de Pinzón, Mayté Arce Jaimes, rinde protesta ante el pleno del Congreso local durante la sesión de hoy. Foto: Oscar Guerrero.
Llamaron a López Obrador a «evitar más muertes en la zona»
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
20 de febrero del 2023
Chilpancingo
Habitantes de la zona serrana de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, emitieron un comunicado donde piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda la salida de la Policía Estatal y la entrada del Ejército a sus comunidades a realizar labores de seguridad.
«Por medio de este comunicado presidente López Obrador, le solicitamos la presencia si es posible permanente del Ejército Mexicano, de La Guardia Nacional o Marina Armada de México, como sustitución de la Policía Estatal de Guerrero, que dan mal uso de los cuarteles, sabemos que existen policías falsos y filtrados para atacar sus objetivos, que dichos cuarteles sean utilizados para una seguridad de verdad», se lee en el comunicado difundido está tarde.
Al hecho que hace referencia el comunicado ocurrió el pasado 29 de enero, donde pobladores de El Parotal, municipio de Petatlán, se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal, lo que dejó un saldo de cinco policías abatidos y 32 retenidos por la población.
El enfrentamiento ocurrió porque, de acuerdo con la versión de los pobladores, en las patrullas de la Policía Estatal iban sujetos que identificaron como integrantes de la Familia Michoacana, grupo criminal que opera en la región, también vestidos de policías.
También mencionaron los hechos ocurridos en El Durazno, donde el sábado hubo un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la Familia Michoacana que dejó dejó como saldo un adulto mayor asesinado y un jóven desaparecido.
Debido a esos hechos de violencia, los tres municipios que firman el comunicado aseguran que muchas familias son desplazadas por la inseguridad y no tienen garantía de regresar.
Fuerzas estateles dando un recorrido por las calles San Miguel Totolapan, Guerrero el 6 de octubrel del 2022.
«Nosotros conocemos los hechos de dichos grupos criminales que se están disputando la Sierra como si fuera un botín, están sacando a las familias y amenazando a quien se oponen a ellos».
Exponen también que los pobladores que deciden quedarse son amenazados y extorsionados para que abandonen la zona.
«Es frustrante y desesperante, pero aquí nacimos, aquí vivimos y aquí pensamos permanecer y morir», se lee en el comunicado.
En el documento culpan a la gobernadora de ser «complice» la Familia Michoacana y de «traicionar» a sus votantes.
En una especie de advertencia mencionaron también que «sería lamentable que nuestra Sierra se armara y ocurrieran cosas desastrosas, porque somos pueblos que siempre nos hemos defendido».
Llamaron al presidente de la República López Obrador a «evitar más muertes en la zona».
Uno de los municipios firmantes es el de San Miguel Totolapan, donde en el mes de octubre un grupo de civiles armados atacó a balazos el Ayuntamiento y asesinó al alcalde, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, Juan Mendoza Acosta y a otras 21 personas, entre policías y funcionarios públicos.
Integrantes de la autollamada Policía Comunitaria de la Tecampanera tomaron la alcaldía de Teloloapan en protesta porque este viernes a mediodía elementos de la Guardia Nacional (GN) les quitaron dos radios de banda civil y ocho teléfonos celulares.
El aseguramiento de los radios móviles lo hicieron las fuerzas de seguridad federal a las autodefensas en un retén que ellos tenían instalado en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de Teloloapan.
Eso detonó en que los civiles armados tomaran el ayuntamiento, ubicado en el zócalo de esta cabecera municipal.
Los autodefensas retuvieron a un grupo de policías municipales, a quienes después los dejaron en libertad a petición del alcalde perredista de este municipio, Homero Hurtado Flores.
Según los reportes, los agentes municipales fueron trasladados al 41 Batallón de Infantería.
El pasado 11 de febrero, cuando elementos de la Policía Estatal del grupo Jaguar y de la Guardia Nacional les quitaron 50 radios de banda civil y decenas de teléfonos celulares, los civiles armados bloqueaban la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de Teloloapan.
Ese día los miembros de la Tecampanera atravesaron un camión de carga en la vía federal Los agentes desalojaron la vía.
Raúl Bahena, quien es comerciante y forma parte de las autodefensas, dijo que en esa operación policiaca falleció un empresario ferretero a consecuencia de los golpes que recibió.
Expuso que desean un diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para plantearle, entre otras cosas, que apoyen a las 1,500 personas desplazadas por la violencia de los municipios vecinos de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso.
Una fuente del gobierno estatal informó la tarde de este viernes que fueron 60 policías comunitarios armados los que tomaron la alcaldía, pero que se retiraron luego de que acordaron una mesa de diálogo con servidores públicos estatales para el próximo lunes 20 de febrero, en Teloloapan.
Los líderes del grupo de civiles armados aseguran que sigue con la toma de la alcaldía.
Durante la tarde de este viernes, dirigentes de la Tecampanera filtraron un video de la presunta operación que realizaron agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional en Teloloapan el sábado 11 de febrero, cuando fueron desalojados.
En el video se ve a varios elementos de la GN afuera de la barda de una vivienda y uno de ellos lanza hacia adentro un objeto.
En otra toma se ve a las elementos federales y estales entrar a un taller mecánico.
Según los miembros de la Tecampanera en esta irrupción los agentes robaron joyas, dinero en efectivo, zapatos y otros artículos.
En noviembre del 2022, policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo irrumpieron en Apaxtla de Castrejón para hacer una alianza con las autodefensas del Movimiento Apaxtlense y, después, hacerle frente a la Tecampanera de Teloaloapan.
Las autodefensas de Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón acusaron a los integrantes de La Tecampanera de realizar extorsiones y establecer los precios de la tortilla, carne, refresco, cerveza, materiales para la construcción y el del servicio del transporte.
Los líderes de la Tecampanera les reviraron esos mismos señalamientos a las autodefensas de Apaxtla y de Heliodoro Castillo.
El pasado 21 de enero, policías estatales, Guardia Nacional y Ejército desalojaron a los policías comunitarios de Heliodoro Castillo y del Movimiento Apaxtlense que tenían un retén en la entrada de Apaxtla de Castrejón, cabecera de este mismo municipio.
Durante el desalojo las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho integrantes de las autodefensas pero fueron liberados por un Ministerio Público del Fuero Común de Coyuca de Catalán el 23 de enero.
Ese mismo día de la liberación de los ocho detenidos, éstos fueron custodiados por policías estatales, Ejército y Guardia Nacional a la comunidad de San Lucas, municipio de Huetamo, Michoacán.
Los ocho comunitarios están desaparecidos, y los dirigentes de las autodefensas de Heliodoro Castillo y de Apaxtla denunciaron que las fuerzas de seguridad federal y estatal entregaron a sus compañeros al grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.
Todos estos grupos de autodefensas son señalados, incluso entre ellos, de cometer acciones ilícitas y tener relaciones criminales.
El 4 de febrero, se vivió algo inverosímil en Zihuatanejo y Petatlán. Gerentes y trabajadores de las empresas de venta de gas LP contaron que integrantes de La Familia Michoacana les lanzaron una advertencia: o compraban solo a ellos el combustible o asumían las consecuencias. Las gaseras cerraron y durante una semana hubo escasez de gas en las casas y negocios.
Esta medida no es nueva, en otras regiones del estado, las organizaciones criminales controlan desde la venta de carne de pollo, de res, puerco, el huevo, harina, la tortilla, el pan, así como la venta de materiales de construcción y muchos servicios, pero aquí le paramos, porque no acabaríamos con la lista.
En el caso del gas LP, surge una duda: ¿Una organización criminal, como la Familia Michoacana, puede vender el combustible sin la autorización, permiso de alguna autoridad? Para amenazar de esa forma, se cree, que esta organización criminal ya cuenta con una red de distribución y, por supuesto, con los permisos. ¿Desde la clandestinidad lo pueden lograr? O más bien: ¿Hay alguna autoridad que les ayude con esas gestiones?
Este domingo, en Zihuatanejo se restableció la distribución del gas LP, quedaron muchas dudas. ¿Por qué el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda negó problema en los primeros días? ¿Por qué tardó tanto en reaccionar? ¿Esperaba que los empresarios se las arreglaran por sí solos? ¿O se reanudó por qué los empresarios aceptaron el pacto con esta organización criminal?
Nos llama mucho la atención que desde los últimos ocho meses la Familia Michoacana ha cobrado relevancia. Si no nos creen, acá está un recuento, no tan breve desgraciadamente, de los hechos en los que se les relaciona.
El 26 de julio del 2022, la Marina, Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal desplegaron una amplia operación hacia Tierra Caliente. Cuando el convoy casi llegaba a Arcelia, en el crucero de Palos Altos, transportistas a bordo de sus unidades y ciudadanos les cerraron el paso.
Una de las versiones es que los presuntos líderes de la Familia Michoacana, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, se enteraron de la operación y de inmediato ordenaron cerrar la vía federal.
¿Quién les dio el pitazo?
Esta operación, entre policías y soldados y de la Fiscalía General del Estado (FGE), tenía como objetivo catear ranchos en Arcelia y San Miguel Totolapan, presuntamente propiedad de esos líderes criminales y que, según las autoridades, los utilizaban como casas de seguridad para tener cautivas a sus víctimas.
Pero qué creen, resulta que la jueza de control del Poder Judicial de Guerrero, Isis Peralta, negó la orden de cateo que solicitó la FGE el 26 de julio contra las presuntas propiedades de los dirigentes de la FM.
Esto lo contó el entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien precisó que la jueza ordenó el cateo hasta el 28 de julio, y ese retraso provocó que se frustrara la detención de los miembros de esa organización criminal.
Aún no se sabe si la jueza negó en forma inmediata la orden de cateo solicitada por la FGE por haber recibido amenazas del grupo de crimen organizado o ella recibió alguna orden de un alto nivel.
Con la fama de corrupción que tiene el Poder Judicial en Guerrero da mucho qué pensar. En este TSJ, el mero mero, Raymundo Casarrubias, actual aliado de los Salgado, tiene pleito con un grupo de caciques de este Tribunal que encabeza el magistrado Jesús Martínez Garnelo.
Volviendo al tema de la FM, hay que recordar que después de esa frustrada operación policiaco-militar de julio del 2022, tres meses después, el 10 de octubre, un grupo armado de al menos 50 hombres a bordo de varias camionetas cruzaron el entronque de Poliutla, municipio de Tlapehuala, y en menos de 30 minutos llegaron a San Miguel Totolapan, cabecera de este municipio.
En forma impune, los hombres armados asesinaron a tiros a 23 personas (la versión oficial es de que fueron 20) entre ellos el alcalde perredista Conrado Mendoza y a su padre, Juan Mendoza, quien fue edil de este mismo municipio en dos períodos seguidos, una por la vía de la reelección.
Para distraer la atención mediática, José Alfredo Olaoscoaga, acusó, a través de un video, que el grupo enemigo de la FM, Los Tequileros habrían realizado esa masacre.
El gobierno federal estableció que fue la FM la que llevo a cabo esa matanza.
El 8 de diciembre del 2022, un grupo de 80 hombres armados irrumpió a la cárcel de Coyuca de Catalán y obligó al director y al jefe de custodios entregarles al reo Samuel Ávila Marín.
Dos días después, el 10 de diciembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán y con engaños piden a los lugareños que se concentren en la comisaría para darles un mensaje importante.
Solo acuden al llamado menos de diez hombres, el grupo armado asesinó a balazos a siete y a uno lo dejan herido.
El 12 de diciembre, aparece el cadáver de Samuel Ávila, alías El Vago, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en el crucero que conduce a San Miguel Totolapan. La Familia Michoacana se atribuye el asesinato de El Vago, al que consideró su enemigo porque pertenecía al grupo Los Tequileros.
En esas mismas fechas se difunden audios de presuntos miembros de la FM que se atribuyen la masacre de los siete hombres en El Durazno, una comunidad que se conecta con pueblos de la Costa Grande y, donde, desde hace años, es reducto de otros grupos del crimen organizado.
La pregunta es por qué después de la masacre de San Miguel Totolapan, su irrupción en la cárcel de Coyuca de Catalán y posteriormente la matanza de El Durazno, tres hechos realizados en menos de seis meses ¿los gobiernos federal y estatal no han actuado contra la FM?
Pero eso no es todo. Un caso que se considera sumamente grave y que hasta el momento el gobierno del estado sigue sin aclarar, es lo que ocurrió en la comunidad de El Parotal, municipio de Tecpan de Galeana, el pasado 28 de enero.
Las versiones de los lugareños de El Parotal es que un grupo de policías estatales irrumpieron en su pueblo en donde se metieron a sus casas y se robaron sus pertenencias. Ya cuando los agentes se retiraban en sus patrullas los pobladores les cerraron el paso.
La gente exigió la credencial de identificación a los uniformados, pero como tres de ellos se negaron a obedecer la orden, se armó una discusión.
Fue entonces que se armó un enfrentamiento a balazos, recalcamos que según la versión de los pobladores, que al pasar de los días sigue siendo la única dada a conocer, porque como hemos contado, este gobierno está atrincherado y es muy hermético en cuanto a informar.
El caso es que hubo cinco muertos, uno de ellos, el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE), el capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, otro agente y los tres individuos que iban “infiltrados” en la operación.
Los lugareños aseguran que Téllez Ruiz fue el que protegió a los tres presuntos miembros de la FM.
En videos que circularon en las redes sociales, que habrían sido filtrados por los lugareños de El Parotal, se ve a una mujer policía que el sábado 28 de enero acepta que los tres hombres se sumaron al convoy, al menos uno, desde el hotel Fiesta Americana de Acapulco.
Esos tres presuntos infiltrados y que murieron en el enfrentamiento, según la versión de los pobladores, son miembros de la FM.
En otro video se ve como al grupo de policías estatales desarmados y sometidos contestan a la pregunta que les hace un individuo del que solo se escucha su voz.
¿Con qué grupo venían? Pregunta.
«Con la Familia Michoacana», contestan casi al unísono los agentes estatales, quienes están hincados y sometidos, horas antes de que fueran rescatados por los secretarios de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez y el general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
A dos semanas de estos hechos el gobierno de Evelyn Salgado Pineda no ha informado varias situaciones: ¿En verdad hay orden oficial de esa operación policiaca y realmente fue un enfrentamiento entre los pobladores y los agentes? ¿O fue otra masacre?
También el gobierno no ha dicho nada sobre las confesiones que hicieron los policías estatales que acompañaban esa operación con miembros de la FM.
En el 2020, el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores difundió un mapa de riesgo en el que se establecía los municipios y regiones donde había presencia de 17 grupos del crimen organizado.
La Familia Michoacana aparece en ese mapa con un dominio en la región de la Tierra Caliente.
Sin embargo, el dominio de este grupo ya domina ocho de los nueve municipios de esa región y solo cohabita con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zirándaro de los Chávez.
El dominio de la FM llega hasta municipios colindantes de los estados de Michoacán y Estado de México.
Pero con los hechos que han ocurrido en la Costa Grande, pareciera que la FM quiere extender su territorio en donde, según el último informe de Seguridad del 2020, dominan las organizaciones de Los Granados, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Sangre Nueva.
Obviamente estas organizaciones operan sus actividades delictivas con base a las relaciones que tienen con los sectores económicos y políticos de esa región.
Así también lo hace la FM en Tierra Caliente y otros que operan en distintas regiones de Guerrero.
Lo que ocurrió recientemente en Zihuatanejo y Petatlán, en donde las empresas de gas LP cerraron porque un grupo del crimen organizado exige que les compren a ellos el combustible, es un ejemplo de la fragilidad de este gobierno de los Salgado, y que solo se quedará en discurso el deshacerse de toda la podredumbre heredada por los partidos anteriores.
Chirrionazo. Sin decir agua va, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, adelantó a la ciudadanía de Guerrero su «día del amor y la amistad» autorizando al pulpo del transporte público un aumento al servicio. El anuncio oficial de ese incremento fue el 5 de febrero, en el cumpleaños número 41 de la gobernatora, perdón de la torita, sobrenombre que recibió durante la campaña electoral.
No fue casual que ese día, los lambiscones, perdón, los concesionarios del transporte ordenaran a los choferes de las unidades que en los parabrisas de las vehículos llevaran leyendas de felicitaciones a la gobernadora por su cumple.
Ese favor del gobierno de los Salgado ya estaba cantado desde hace meses, luego de que los transportistas sirvieron como grupo de choque para desalojar manifestaciones sociales.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
Presuntos integrantes de la Familia Michoacán atacaron este sábado a habitantes de la comunidad de Las Mesas del municipio de Petatlán. Un adulto mayor resultó asesinato y este domingo lo sepultaron.
Habitantes y transportistas de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, expulsaron a un grupo de soldados del Ejército que presuntamente torturaron físicamente a dos jóvenes.
Los transportistas y habitantes gritaron insultos y amenazas a los militares. Fueron hasta donde estaban los militares, su campamento en Ajuchitlán, armados con palos.
Después de eso los elementos soldados salieron de su campamento a bordo de dos camionetas.
En videos difundidos en las redes sociales se ve cuando decenas de personas llegan al campamento. «Hay que desarmarlos», gritan.
Un soldado le pide a los habitantes que le presenten las pruebas.
«Que más pruebas quieren si aquí están los muchachos», le replica alguien militar.
Durante el ríspido diálogo, llegan dos jóvenes que se quitan la playera y muestran sus espaldas con heridas recientes.
Uno de los manifestantes dice que los dos jóvenes fueron golpeados por los militares cuando estaban en el campo. «Hagan su trabajo y a nosotros déjennos trabajar», dice uno de los lugareños.
Las imágenes corresponden al momento en que los habitantes de Ajuchitlán del Progreso encaran a los militares por las agresiones contra dos jóvenes.
El militar que se aprecia en el video sólo que no a casa acusación de los lugareños.
Después la exigieron a los soldados que se retiraran de inmediato.
Un individuo advirtió que interpondrían una denuncia por las torturas que le hicieron a los dos jóvenes.
–¿Qué tiempo le damos a los militares para que se vayan?, –pregunta
–¡Ya, que se vayan!, –grita el resto.
Poco antes de que los militares salieran de su campamento, un ciudadano le pregunta a uno de ellos que cómo le harían para pagar los daños (los gastos médicos) que le hicieron a los dos jóvenes golpeados.
Uno de los militares contestó: «amigo, pongan su denuncia».
Después, los militares salieron en las dos camionetas entre gritos de los ciudadanos. «¡Ratas!», les dijeron.
El 12 septiembre del 2022, transportistas y ciudadanos del municipio de Arcelia, también de la región de Tierra Caliente, sacaron por la fuerza a un grupo de 30 soldados del Ejército y Guardia Nacional que tenían su campamento en las inmediaciones de esta localidad porque, presuntamente, habrían cometido abusos.
En julio del 2022, el gobierno federal dispuso de una operación con Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para entrar al municipio de Arcelia y otros lugares de Tierra Caliente para catear casas y ranchos.
La acción fue frenada por transportistas y ciudadanos de esa zona que bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de Arcelia, donde retuvieron a los militares.
Arcelia es donde tiene su centro de operaciones Jhonny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, hermano de José Alfredo Hurtado, El Fresa, ambos identificados por las autoridades como líderes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, de quienes se ha expuesto una relación autoridades municipales, estatales y corporaciones de fuerzas de seguridad.
La comisaria de la comunidad de El Durazno, Azucena Rosas García, se escucha por teléfono con miedo, y a la vez con coraje: “estamos analizando si nos vamos del pueblo porque aquí el gobierno no puede con los delincuentes que nos siguen amenazando de muerte”.
A cuatro días de que integrantes de un grupo del crimen organizado, identificado como la Familia Michoacana, irrumpieran en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán y asesinaran a balazos a siete personas, entre ellas un menor de 11 años, el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal sólo se pasea por las calles del pueblo.
Los habitantes en vilo esperan que hagan algo más.
“Los hombres armados están a cinco kilómetros de nuestro pueblo y los soldados y policías no van por ellos para detenerlos”, dice Rosas García.
Contó que este martes alrededor de las dos de la tarde, una persona del pueblo recibió una llamada telefónica de uno de los líderes del grupo armado, quien le advirtió que ahora sí entrarán al pueblo y acabarán con todos.
La comisaria aseguró que los integrantes de este grupo criminal están escondidos en los lugares vecinos de El Pescado y San Antonio de las Texas.
En El Pescado, una comunidad que pertenece al ejido Guajes de Ayala, expuso la comisaria, los miembros de este grupo de crimen organizado –entendido como una amalgama de relaciones criminales, económicas y políticas– están protegidos por los habitantes y autoridades porque tienen una complicidad.
Pero en San Antonio de las Texas, otro ejido de la Sierra por medio de la cual conectan las regiones Tierra Caliente y Costa Grande, la gente comienza a salirse de su comunidad por la presencia del grupo armado.
Este lunes, los habitantes de El Durazno recibieron la visita del director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
El domingo pasado, más de 24 horas después de la masacre, llegó al pueblo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez junto con elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
“De qué sirve que haya llegado mucha seguridad si no van a buscar a los delincuentes y detenerlos”, dice.
Hasta el momento, aclaró, las fuerzas armadas siguen sin poder localizar al ganadero Cecilio Chávez González, a quien el sábado pasado los delincuentes se lo llevaron, después de la masacre de las siete personas.
“Ese grupo armado ya nos mandó decir que a don Cecilio ya no lo busquemos y eso nos da entender que ya lo asesinaron”, cuenta la comisaria.
La familia de Chávez González está en el pueblo en espera de que los mandos de las fuerzas armadas les informen sobre el paradero del ganadero.
La comisaria dijo que en la visita que realizó la fiscal a El Durazno dejó a un agente del Ministerio Público para encargarse de recibir las denuncias de los familiares de las siete personas asesinadas.
“Nosotros le dijimos a la fiscal que de qué sirve que se reciban las denuncias si nunca hacen nada, porque llevamos cuatro años haciendo muchas acusaciones contra esos delincuentes que han asesinado y secuestrado a muchos de nuestra gente y nunca han hecho nada”, comenta Rosas García.
Este miércoles los habitantes de El Durazno tuvieron una primera reunión para analizar la situación que viven.
“La gente tiene mucho miedo y hay voces a favor de que nos salgamos del pueblo pero otros dicen que hay que quedarse y seguir exigiendo al gobierno que nos defienda y nos garantice que no nos hará daño la delincuencia”.
A cuatro días de la masacre, la gente prácticamente sigue encerrada en sus casas y solo de vez en cuando sale a las calles para realizar sus compras.
“Los hombres no pueden ir al campo a trabajar porque corren peligro de que el grupo armado los asesine”, agrega Rosas García.
Este martes, narró, le contaron a un mando de las fuerzas de seguridad las amenazas que recibieron de los hombres armados que irrumpieron y le contestó que no había veracidad en esa información, y que ellos solamente actuarían cuando vieran los hechos.
“Estamos viendo que el gobierno no nos está garantizando nuestra seguridad y si algo nos llega a pasar en estos días las autoridades serán las responsables”, advierte.
Por su parte, un miembro de la dirigencia de la Policía Comunitaria de comunidades de la Sierra dijo que hasta el momento cuatro familias del pueblo de San Antonio de las Texas se salieron de sus pueblos y se refugiaron en lugares de Tecpan de Galeana.
“Es que la Familia Michoacana ya está en San Antonio y otros pueblos intimidando a la gente y, seguramente, en las próximas horas vendrán bajando de la Sierra varias caravanas con personas desplazadas”, comenta.
Denunció que la inacción del gobierno para detener a los responsables de la masacre en El Durazno es el reflejo de la colusión con delincuentes.
En la imagen, desplazados de la Sierra de Guerrero en el 2020.
Entre reclamos de justicia y la denuncia de un ganadero desaparecido, familiares y vecinos de la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, sepultaron ayer lunes a cuatro de las siete personas que este sábado fueron asesinadas por un grupo de hombres armados que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), pertenecen a la organización criminal de la Familia Michoacana (FM).
Alrededor de las 13:30 horas de la tarde de este lunes, la gente despidió a José Chávez, Bonifacio Torres, Daniel Villanueva y el menor de 11 años, Elder Salgado Hernández.
Los cadáveres de los hermanos Isidro y Bladimir Gómez Chávez y Fernando Martínez, fueron trasladados a Tecpan de Galeana.
«Exigimos que se haga justicia porque esto no se puede quedar así y también pedimos que se quede aquí el Ejército, Guardia Nacional y la Policía porque si se van es seguro que ese grupo va a regresar y ahora si nos van a matar a todos como lo han dicho», dijo la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García.
A dos días de la irrupción del grupo de individuos armados la gente pudo caminar tranquilamente por las calles porque por el momento están las fuerzas de seguridad.
A las dos de la tarde llegó a la comunidad la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
«Nos prometió (la fiscal) que se hará justicia y que las fuerzas de seguridad estarán aquí en forma permanente», dijo la comisaria.
Los pobladores dieron a conocer que desde el sábado está desaparecido el señor Cecilio Chávez González quien tiene su rancho afuera del pueblo.
«Hasta el momento sigue desaparecido y no descartamos que los delincuentes se lo hayan llevado», expresó Rosas García.
La fiscal llevó a un agente del Ministerio Público del Fuero Común quien se quedó en El Durazno para que los familiares de las personas asesinadas interpongan sus denuncias.
Durante la reunión con Valdovinos Salmerón, la gente denunció que desde hace cuatro años este grupo armado que los atacó el sábado ha cometido otros crímenes, incendios de ranchos, robo de ganado.
Del 2018 a la fecha, este grupo armado asesinó a los señores Simón Cortés, Salvador Chávez Cortés y Napoleón Torres, entre otros.
Napoleón es hermano de Bonifacio Torres asesinado a tiros este sábado.
La comisaria del pueblo contó que realmente el sábado cuando irrumpió el comando armado no había mucha gente porque la mayoría de los hombres estaban en el campo y otras familias se habían trasladado a la comunidad vecina de El Parotal, a una boda.
«Si el sábado hubiera estado toda la gente en sus casas mucha gente estaría muerta porque los delincuentes después que asesinaron a los siete en la escuela recorrieron las calles y atacaron a balazos las casas pero estaban vacías», contó Rosas García.
En un primer recorrido que este lunes realizó el personal de la FGE y los habitantes del pueblo hicieron un primer recuento de ocho casas con huellas de bala.
También la escuela primaria Ignacio Zaragoza tenía impactos de bala.
Rosas García dijo que Bonifacio Torres andaba en su cuatrimoto por la calle donde está la escuela cuando los delincuentes se dieron cuenta de su presencia lo atacaron a balazos, después le prendieron fuego al igual que a su cuatrimoto.
«La gente que ya estaba refugiada en el monte estaba aterrorizada y solo escuchaba de lejos los balazos», afirmó.
Un maestro y una maestra que estaban en el edificio del kínder se percataron de la presencia de los hombres armados en la escuela y se refugiaron y desde ese lugar escucharon la balacera.
«Los dos docentes se salieron del pueblo e iban con mucho miedo», dijo.
La comisaria del pueblo afirmó que el planteamiento que le hicieron a la fiscal es de que en esta zona se instale una base militar.
«No vamos a bajar la guardia porque solamente con la presión es como el gobierno nos hará caso», señaló Rosas García.
La comisaria dice que la ambición que tiene este grupo armado es apoderarse de El Durazno para ampliar su territorio de dominio.
«Somos un ejido donde hay muchos recursos maderables y aquí somos un bastión de la resistencia porque no nos hemos doblegado a ese grupo (criminal)», expresó la comisaria.
Quieren las minas
Un dirigente de una organización social de esa zona de la Sierra, que pidió confidencialidad sobre su nombre, dijo que los líderes de la Familia Michoacana (los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga) pretenden tomar este territorio por la ambición de los recursos forestales, la siembra de droga y algunas concesiones de minas que a lo mejor en el futuro serán explotadas por alguna empresa.
Mencionó que la gente de los pueblos de los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Zihuatanejo de Azueta, apoyarán a la gente de El Durazno en su lucha para que las fuerzas de seguridad federal se queden en forma permanente en esa zona.
Dijo que después de los hechos del sábado muchas familias de El Durazno y otros pueblos vecinos abandonan sus casas ante el temor de que haya más violencia.
«Habrá más gente desplazada de este lado de la Sierra, pero es este el momento para apretar al gobierno para obligarlo que detenga todo esto porque de no ser así habrá más personas asesinadas que ninguna culpa tienen», sostuvo la fuente.
Samuel Ávila Marín, alias El Vago, un presunto secuestrador que pertenecía al grupo criminal Los Tequileros y que el pasado 7 de diciembre un grupo armado sacó por la fuerza del penal de Coyuca de Catalán, fue hallado asesinado en la comunidad de Poliutla, municipio de Tlapehuala, en la región de Tierra Caliente.
El cadáver lo localizaron ayer domingo en la noche; tenía una cartulina con el siguiente texto: “pueblo de San Miguel Totolapan y comunidades de Tierra Caliente quien es su pesadilla, este es el famoso Vago a quien saqué de la cárcel de Coyuca de Catalán”. Al final está escrito “El Borrego FM”.
El pasado 7 de diciembre, unos 80 hombres armados vestidos con ropa tipo militar, con la cara tapada y a bordo de varios vehículos llegaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Coyuca de Catalán y después de someter al director de la cárcel y a varios agentes de seguridad sacaron al reo Ávila Marín.
Después Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal iniciaron una operación de búsqueda sin que lograran localizarlos.
Ayer en la noche, los delincuentes tiraron el cadáver de El Vago en un lugar donde se supone hay varios retenes de revisión del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Desde el pasado 5 de octubre, cuando un grupo de hombres armados entraron a San Miguel Totolapan y asesinaron a cuando menos 20 personas, entre ellas al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda y a su padre, Juan Mendoza Acosta, la violencia en la región de Tierra Caliente continúa aun con el despliegue de fuerzas de seguridad.
En la imagen se observan las patrullas de policías y militares fuera del penal de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. Foto: El Despertar del Sur
Los individuos que asesinaron este sábado en la comunidad de El Durazno a seis adultos y a un menor, gritaron vivas al “Pez”, a quien las autoridades identifican como líder del grupo criminal Familia Michoacana, Jhonny Hurtado Olascuaga.
Después de 30 horas de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que este grupo de hombres armados llegó a las doce al pueblo y asesinó a balazos a siete personas, seis en el interior de la escuela primaria Ignacio Zaragoza y uno fuera del edificio.
Según la FGE, los sujetos armados llegaron en 10 camionetas Pick-Up de diversos colores rotuladas con las siglas FM.
“Dichas personas convocaron a una reunión en la escuela primaria Ignacio Zaragoza y una vez que las personas llegaron, dichos individuos les comenzaron a disparar adentro de la escuela, privando de la vida a seis en el interior”, se lee en el comunicado.
“En la calle incendiaron una cuatrimoto, propiedad de una persona de nombre Bonifacio ‘N’”, es otro párrafo del comunicado.
La FGE reportó que los delincuentes que irrumpieron en El Durazno gritaban los apodos de “El Gordo” y “El Borrego”, quienes también pertenecen al grupo criminal.
En los reportes identificaron a las siete personas asesinadas: Bonifacio “N”, Bladimir “N”, José “N”, Isidro “N”, Fernando “N”, Daniel “N”, y un menor de edad, Elder “N”.
Por versiones de la gente del pueblo hay un lesionado de nombre Martín “N”.
Este mediodía, habitantes del pueblo bajaron y bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo para pedir seguridad en su comumidad, porque hasta ese momento, aun cuando ya habían transcurrido varias horas de la masacre, ninguna autoridad había subido.
El Durazno pertenece Coyuca de Catalán, municipio de la Tierra, y en la parte alta colinda con Costa Grande, es por esa razón que la protesta fue del lado de esta región.
La dependencia reportó que en la comunidad ya están cinco elementos de la Policía Ministerial, tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y otros 11 policías estatales, así como dos vehículos oficiales de La Marina y 16 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Informó también que los familiares de las víctimas se negaron a que los cadáveres fueran trasladados a la práctica de la necropsia y no levantaron denuncia por temor a represalias.
El bloqueo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo fue a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Exigieron garantías de seguridad y la instalación de un retén militar en esa zona.
Después de la protesta la gente encabezados por la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García, regresaron a su pueblo para velar a las siete personas asesinadas.
Habitantes de la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, bloquean la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en protesta por la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda para detener a los integrantes de un grupo armado que asesinó a balazos a siete personas e hirió a otra ayer sábado pasado el mediodía.
La comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García, quien encabeza el cierre de la vía federal, informó que unos 100 hombres armados irrumpieron en su comunidad ayer.
Contó que alrededor de las 13:30 horas de ayer llegaron al pueblo los hombres armados en camionetas y fueron casa por casa a pedirle a la gente que se trasladaran a la escuela primaria para una reunión.
«Los primeros siete que llegaron fueron asesinados y a uno de ellos después de matarlo lo quemaron junto con su cuatrimoto».
La comisaria mencionó que ya no hubo más gente asesinada porque cuando escucharon los balazos se regresaron corriendo hacia el monte, donde muchos todavía siguen escondidos.
Entre las siete víctimas están tres integrantes de una familia, José Luis Gómez, Isidro Gómez y Bladimir Gómez.
También fueron asesinados Daniel Villanueva, Bonifacio Torres, a quien le prendieron fuego después de matarlo y el menor de 11 años, Elder Hernández.
El bloqueo en en esta vía federal en protesta por lo ocurrudo lo iniciaron a las once de la mañana de este domingo, a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Tecpan de Galeana.
El Durazno forma parte de la Tierra Caliente de Guerrero, pero por la zona de la Sierra colinda con Costa Grande, donde ocurre el bloqueo.
Desde el punto del bloqueo a El Durazno son cinco horas de camino en cuatrimoto o en camioneta.
Aun cuando la masacre ocurrió ayer sábado, hasta este domingo a las diez de la mañana las autoridades no habían llegado a la comunidad para realizar las diligencias, mucho menos para brindar seguridad a sus habitantes.
«Los asesinatos ocurrieron a la una y media de la tarde y los hombres armados permanecieron casi hasta la noche de ayer mismo y nadie llegaba al pueblo», dijo la comisaria de El Durazno.
Sobre estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no ha emitido ninguna información.
«Hasta la mañana de este domingo los cadáveres de los seis adultos y del menor de edad seguían tirados, unos dentro de la escuela primaria Ignacio Zaragoza y otros afuera», agregó Rosas García.
La comisaria aseguró que muchos de los habitantes de su comunidad siguen escondidos en el monte ante el temor de que los hombres armados regresen a cumplir su amenaza de matarlos a todos.
«Estamos exigiendo al gobierno que cumpla con su responsabilidad, porque como es posible que pese a que hasta ayer sábado ocurrió la matanza y no llegaron para ayudarnos y detener a los responsables», dijo vía telefónica.
Mencionó que hasta este domingo a mediodía el grupo armado seguía en un ranchito llamado Parral, donde tiene retenida a una señora con sus dos niños.
Además en otro punto de la Sierra tiene privadas de la libertad a un matrimonio y a su hijo.
La mañana de este miércoles, individuos armados vestidos con ropa tipo militar desarmaron a los custodios que cuidan el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Coyuca de Catalán, ingresaron a las instalaciones y sacaron a un reo de una de las celdas para llevárselo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SPP).
El preso que este grupo armado se llevó es Samuel “N”, quien enfrenta un proceso por el delito de secuestro, de acuerdo con la información oficial.
Después de la sustracción del reo, la SPP activó la alerta de código rojo con la movilización de corporaciones policiacas y efectivos del Ejército para la búsqueda y localización del reo.
En el lugar de los hechos, la Policía Estatal y las fuerzas federales mantienen un despliegue policiaco.
Samuel “N”, de acuerdo con el reporte de las autoridades, estaba internado en la cárcel de Acapulco, pero apenas ayer martes, fuerzas de seguridad federal y estatal lo trasladaron al penal de Coyuca de Catalán.
Esta municipio está ubicado en la región de Tierra Caliente, donde desde el 8 de octubre pasado existe un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales por lo ocurrido en San Miguel Totolapan, un grupo de hombres armados, que las autoridades identificaron como parte del grupo criminal de la Familia Michoacana, asesinaron a cuando menos 20 personas, entre ellas el alcalde perredista de este municipio, Conrado Mendoza Almeda y a su padre, Juan Mendoza Acosta.
La operación especial policiaca en Tierra Caliente, informaron las autoridades en su momento, es para lograr la detención de los líderes regionales de la Familia Michoacana, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Oloscuaga.
En la imagen se observan las patrullas de policías y militares fuera del penal de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. Foto: El Despertar del Sur
La Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de Tierra Caliente informaron este viernes del aumento de precios del kilo de tortilla, masa y nixtamal en esta región conformada por nueve municipios.
De acuerdo con la información de la ficha difundida en redes sociales, el kilo de tortilla costará 27 pesos cuando hasta hace unos días era de 24 pesos.
La tortilla conocida popularmente como tortilla taquera, costará 29 pesos, el kilo de masa 25 pesos y el kilo de nixtamal 23 pesos.
Además, se menciona que la bolsa de plástico y el papel para envolver la tortilla costará un peso. En total por un kilo de tortillas con papel y bolsa, se pagarán 29 pesos.
Este es el segundo aumento en los precios de tortilla en la región. El primero fue hace cuatro meses, cuando subió de 20 a 24 pesos.
La reacción de los ciudadanos de la región es de desconcierto y no comprenden por qué en una región productora de maíz hay estos aumentos.
Campesinos y productores argumentan que este año hubo una buena producción, por lo que el costo del maíz es bajo y no hay justificación para un aumento.
En la Tierra Caliente, el crimen organizado (se llama así a organizaciones conformadas por grupos económicos, políticos, agentes del Estado y bandas de criminales) se apoderó de la distribución de Coca Cola, primero, con amenazas corrieron a los distribuidores locales y, luego, estos grupos se apoderaron de su venta, por lo que en la región las bebidas gaseosas cuestan más que en cualquier otra región de la entidad guerrerense.
Con este aumento de la tortilla, las personas no descartan que detrás esté algún grupo del crimen controlando la venta de este producto de primera necesidad.
El aumento del precio de la tortilla se da a conocer luego de que este jueves la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó San Miguel Totolapan en donde dijo que su gobierno ya no permitirá que haya «una normalidad» refiriéndose al control en esa zona por los grupos criminales.
En San Miguel Totolapan, municipio de la Tierra Caliente, se cumplió más de un mes de que integrantes, presuntamente de La Familia Michoacana, asesinaron a 23 personas entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza y su padre Juan Mendoza.
