Elementos de la Policía Ministerial irrumpieron en Campo del Cielo, pueblo serrano del municipio de Petatlán, catearon viviendas «sin alguna orden judicial» y dispararon contra pobladores, denunciaron los propios habitantes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) justificó que los agentes sólo iban de paso por la población cuando fueron agredidos.
Los pobladores de Campo del Cielo, comunidad ubicada en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, exhibieron a través de un video a Policías Ministeriales que realizan disparos e insultan a la población.
«¡Órale a chingar a su madre!», se escucha gritar a un agente ministerial encapuchado a un grupo de pobladores que están sobre una calle del poblado.
Inmediatamente se escuchan varios disparos de arma de fuego y gritos de mujeres.
Para defenderse de las agresiones los pobladores, entre hombres y mujeres, portan palos con los que tratan de hacerle frente a los agentes ministeriales armados.
«¿Por qué se van?», les pregunta una mujer a los policías ministeriales que portan rifles AR-15.
En el video se ve que una mujer le lanza un garrotazo a un agente e inmediatamente se escucha como los agentes cortan cartucho.
«No, no hagan eso», les gritan de nuevo los pobladores.
Entonces los policías disparan al aire y al suelo y gritan insultos contra los pobladores.
«¡Órale a chingar a su madre pendejo!», grita un agente luego de accionar su arma.
En el video se aprecia que patrullas de la FGE, Guardia Nacional y Ejército circulan por una calle de la comunidad y ante las agresiones por parte de los elementos ministeriales, las otras corporaciones no hacen nada para impedirlas.
En un escrito redactado en una hoja de cuaderno, los habitantes de esa zona de la Sierra de Guerrero denunciaron que en la irrupción que realizaron este jueves los agentes de la FGE golpearon a niños y a mujeres de las comunidades de La Morena y La Barranca del Bálsamo, del municipio de Petatlán.
En su escritorio los pobladores agregan que algunas mujeres lesionadas por los policías están embarazadas.
Narraron en esas líneas que los ministeriales saquearon sus viviendas a las que se metieron sin una orden judicial de cateo.
Por los hechos exigieron la presencia de personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG) para que recaben las denuncias de las agresiones que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad.
Los agentes fueron los agredidos, respondió la FGE
En un comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) está tarde informó que un grupo de 25 personas de la comunidad Campo del Cielo comenzaron las agresiones contra los agentes ministeriales luego de que éstos, en compañía de elementos del Ejército, realizaron una diligencia judicial en el pueblo La Morena.
Además, de cuerdo con la FGE los pobladores colocaron obstáculos en el camino, lo que provocó la huida de dos personas identificadas como «jefes de plaza y de sicarios del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana», se lee en e comunicado de la Fiscalía.
La FGE difundió que a las 17:15 horas de este jueves 2 de marzo, los agentes y militares arribaron a La Morena y en el camino se hallaron «estrellas poncha llantas que averiaron ocho vehículos, además de personas que bloquearon la vía con vehículos abandonados tipo tortón cargados de madera».
La FGE asegura que estos obstáculos tenían el objetivo de impedir que las fuerzas de seguridad arribaran al lugar y completar unas órdenes de aprehensión, lo que ocasionó que esas personas (supuestamente integrantes de la FM) huyeran del lugar.
En los cateos que realizaron los elementos de seguridad en La Morena, aseguraron, de acuerdo con el mismo comunicado, una cabaña con acabados de lujo, diseñada en madera, de dos plantas, con ocho cuartos y estancia principal.
También aseguraron una camioneta Camper Pinnacle de aproximadamente 12 metros de largo y 3 metros de ancho, acondicionada con 2 recámaras cocineta, refrigerador y lavadora.
«Cuatro camionetas tipo Pick-Up con reporte de robo, uniforme tipo militar pixelado, artefacto explosivo artesanal tipo granada, envoltorios con marihuana y diversos cartuchos útiles, además de un plantío de marihuana de 600 metros cuadrados».
La FGE informó que durante el retiro del convoy de los agentes y militares hacia Petatlán fueron interceptados por unas 25 personas, en su mayoría mujeres, en el poblado de Campo del Cielo.
«Trataron (las personas) con palos y piedras de impedirles el paso (a agentes y militares) al poblado, siendo golpeado un elemento de la policía investigadora ministerial y otro más resultó golpeado por una piedra», es un párrafo del comunicado de la FGE.
«En ese contexto y a fin de evitar mayores agresiones físicas, un agente ministerial realizó diversos disparos con su arma de cargo hacia el piso, con el objetivo de disuadir a dichas personas, acción que se permitió que lograran pasar (los agentes y soldados)», es la explicación de la Fiscalía sobre los disparos.
Fotograma del momento en que elementos de la Policía Investigadora Ministerial discuten con Pobladores de Campo del Cielo.
Las empresas de gas LP de Zihuatanejo y Petatlán amenazadas por un grupo del crimen organizado reabrieron sus instalaciones bajo el resguardo de elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Las tres gaseras ubicadas en Zihuatanejo y otra en Petatlán cerraron sus operaciones el pasado sábado 4 de febrero luego de que hombres armados amenazaron a trabajadores y directivos con incendiar sus instalaciones en caso de que siguieran vendiendo el producto.
La vocería del gobierno estatal envío un comunicado para informar que tras dialogar con los representantes de las empresas gaseras se acordó brindarles atención y seguridad por parte de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
«Las empresas gaseras se encontraban cerradas, por lo que ya están siendo abastecidas para brindar el servicio al público, iniciando primeramente con el reabastecimiento de los tanques estacionarios de los hoteles de esta ciudad turística», dijo el gobierno estatal en ese comunicado.
A partir de este domingo, personal de la Policía Estatal en coordinación con Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército y policía municipal implementaron operativos de seguridad y vigilancia de manera permanente en las instalaciones (gaseras), detalló el comunicado.
Un empresario hotelero de Zihuatanejo que pidió se omitiera su nombre por razones de seguridad, informó que los carros repartidores de gas LP realizan el servicio en las calles resguardados por elementos de seguridad federal y estatal.
Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal en una operación de vigilancia en las gaseras de Zihuatanejo, este domingo 12 de febrero.
Según los directivos y trabajadores de las gaseras, miembros de un grupo criminal, del que no saben su nombre, los amenazó con asesinarlos en caso de que vendieran el gas.
El cierre de los establecimientos de venta de gas LP el sábado4 de febrero provocó que el jueves 9 del mismo mes, muchos de los restaurantes y fonda de Zihuartanejo dejaran de vender alimentos porque sus cilindros del combustible se quedaron vacíos.
Según informes del gobierno estatal, en Zihuatanejo y Petatlán, operan los grupos criminales Los Viagras, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sangre Nueva (SN) aunque en las últimas semanas integrantes de la Familia Michoacana (FM) comenzaron a incursionar en esa zona.
Durante el 2022, miembros de esos grupos criminales, con conexiones con los sectores políticos y económicos de esa región de la Costa Grande, obligaron a que los industriales de la masa y la tortilla cerraran sus establecimientos y que los transportistas de servicio público local y foráneo suspendieran el servicio. Esos grupos exigieron el pago de una cuota.
El gobierno del estado informó que acordaron con los directivos de las gaseras instalar mesas de trabajo en los próximos días.
Habitantes de los municipios de Zihuatanejo de Azueta y Petatlán, ubicados en la Costa Grande de Guerrero, cumplieron seis días con el desabasto de gas LP, debido a que las empresas gaseras cerraron sus instalaciones por amenazas de un grupo del crimen organizado involucrado en las varias de las actividades económicas.
Los camiones repartidores de gas dejaron de salir a las calles de Zihuatanejo y Petatlán.
De las cuatro gaseras instaladas en estos municipios sólo una de ellas, Gas Express Nieto, reabrió y empezó a vender el gas desde el martes pasado, esto ha provocado que afuera de sus instalaciones haya largas filas de personas en sus vehículos que quieren el servicio.
En Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, los trabajadores de la empresa de Gas Mundial contaron que el pasado sábado 4 de febrero unos hombres armados llegaron a las instalaciones y les dijeron que dejaran de vender el producto.
Los individuos que forman parte de un grupo del crimen organizado les advirtieron a los empleados de la empresa que si vendían el gas les incendiarían las instalaciones.
Versiones extraoficiales informaron que son los integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), de quienes se ha documentado relaciones con grupos económicos y políticos, de manera particular en Tierra Caliente, aun cuando ahora se hable de su presencia en Costa Grande, son los que extorsionan a estas gaseras.
“Están cobrando (los de la FM) a todos, a empresarios y hasta a comerciantes de los mercados”, dijo una fuente.
Hasta a principios de diciembre había un pacto de no agresión entre la FM, que estaba en Tierra Caliente de Guerrero, y otros grupos del crimen organizado que están asentados en los municipios de la Costa Grande. Ambas regiones colindan en lo alto de la Sierra, donde ha habido enfrentamientos a balazos en días recientes.
Pero esta tregua se rompió luego de que el 11 de diciembre del 2022 un grupo armado, al parecer de la FM, asesinó a siete personas de la comunidad serrana de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.
El 28 de enero en la comunidad de El Parotal, del municipio de Tecpan de Galeana, Costa Grande, donde se sabe hay otro grupo criminal, ocurrió un enfrentamiento entre los pobladores y policías estatales que iban acompañados por tres individuos, a quienes después la gente los identificó como miembros de la FM.
En la refriega hubo cinco muertos, un comandante de la Policía Estatal que iba al frente de la operación policiaca y un policía, además de los tres sujetos que presuntamente forman parte de la FM.
Esta acción puso de manifiesto las estrechas relaciones institucionales y criminales. Entonces, cuando acá se habla de crimen organizado se expresan las relaciones que criminales tienen con actores políticos y económicos.
“Todos estos hechos han desencadenando en daños colaterales que los está pagando la ciudadanía, porque no hay gas en Zihuatanejo y Petatlán”, dijo una fuente.
Desde este martes 7 de febrero, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal patrullan las calles de Zihuatanejo.
Aun con este reforzamiento de seguridad, el martes pasado, en la calle Vicente Guerrero, en el centro de Zihuatanejo, un sujeto armado hirió de bala a tres mujeres, una de ellas falleció en el Hospital General.
Un enfrentamiento a balazos ocurrió esta tarde en la comunidad de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, con un saldo de un individuo muerto, cuatro lesionados y cuatro detenidos.
Según los informes extraoficiales, la confrontación armada ocurrió entre policías estatales con un grupo de delincuentes, quienes agredieron a los agentes en las inmediaciones de una escuela secundaria del pueblo.
La otra versión es que el enfrentamiento en realidad fue entre integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana y pobladores.
Según una fuente consultada, de la que se guardará la identidad por su seguridad, los miembros de la FM llegaron a la comunidad y cuando la gente se percató de su presencia fueron perseguidos desatándose un enfrentamiento.
Después de estos hechos llegó el Ejército y Guardia Nacional y detuvieron a cuatro individuos y aseguraron dos armas largas.
Desde hace seis días en el municipio de Petatlán han ocurrido diversos hechos de violencia.
El pasado sábado 28 de enero habitantes de la comunidad de El Parotal, también municipio de Petatlán, pero hacia la Sierra, desarmaron y retuvieron por casi 24 horas a 28 policías estatales después de que se enfrentaron con ellos a balazos.
La balacera dejó un saldo de cinco muertos, un comandante de la corporación y un policía, además de tres presuntos delincuentes que acompañaron a los agentes a esa comunidad de la Sierra a realizar una presunta operación.
De acuerdo con la versión de los lugareños, la confrontación armada empezó luego de que un comandante de la corporación policiaca protegió a los tres individuos que iban con ellos.
Estos tres sujetos, según los pobladores, eran miembros de la FM; son los murieron en el enfrentamiento al igual que el comandante y un policía.
Estampa de la comunidad de Tepochica, Iguala, un día después del supuesto enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército, donde murieron un militar y 14 de los civiles.
Después de ese sábado han ocurrido balaceras en varios pueblos de Petatlán y del municipio vecino, Tecpan de Galeana.
El martes 31 de enero se instaló una Base de Operaciones Mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, porque también ahí hubo un ingreso armado de presuntos delincuentes.
Los comisarios municipales y comisarios ejidales de comunidades de Tecpan de Galeana, Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que estas bases de seguridad se extiendan a las comunidades de San Antonio las Texas y Las Mesas.
En lo alto de la Sierra colindan las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente. Los municipios de Tecpan y Petatlán pertenecen a la primera, y Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso a la segunda.
Los comisarios plantearon su petición a Salgado Pineda durante una reunión que tuvieron ese martes en la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde el lunes 30 ocurrió un enfrentamiento a balazos entre dos grupos de civiles armados.
La confesión de una agente de la Policía Estatal es tétrica y reveladora. Ilustra perfectamente el punto en el que está este gobierno de Guerrero.
El sábado 28 de enero, esta agente junto con 27 de sus compañeros fueron desarmados y retenidos casi 24 horas por pobladores de El Parotal, en el municipio de Petatlán, luego de un enfrentamiento a tiros con habitantes de esta comunidad.
La agente contó que ese día pasaron al hotel Fiesta Americana, en Acapulco, por tres civiles que murieron después en el enfrentamiento. Confesó que a los tres civiles les dieron uniformes oficiales de la Policía Estatal y los integraron al convoy que arribó a El Parotal.
Lo dijo frente al secretario de Seguridad Pública estatal, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez; del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez y habitantes de El Parotal.
Armados y encapuchados, los agentes y los tres civiles vestidos de policías allanaron viviendas, las saquearon y luego golpearon a mujeres y niños, según versiones de la gente agraviada.
La gente se organizó y logró detener a los policías a quienes les exigieron su identificación personal. Un comandante protegió a los tres civiles y se desencadenó el enfrentamiento armado. Murió el comandante, un policía y los tres infiltrados a quienes después la gente del pueblo los identificó como miembros de la organización criminal la Familia Michoacana.
También hay la versión de que la agente tenía varios mensajes de WhatsApp en su teléfono celular en donde el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Irving Jiménez Sánchez, les ordenaba ir a recoger a los tres individuos a dicho hotel en Acapulco.
Otra historia de la Policía Estatal: La mañana del sábado 21 de enero, agentes estatales y soldados de la Guardia Nacional irrumpieron en Apaxtla de Castrejón y desalojaron a supuestos autodefensas de Heliodoro Castillo y del Movimiento Apaxtlense, y lograron la detención de ocho de sus integrantes.
Los líderes de ambas organizaciones que, según se sabe, tienen relación con grupos del crimen organizado, incluidos políticos y funcionarios de esa región, denunciaron que gracias a “una gestión” (se supone que con el gobierno de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda) lograron la libertad de los ocho detenidos.
Pero los ocho supuestos comunitarios que después dejaron en libertad, fueron custodiados por policías estatales y agentes de la Guardia Nacional hacia la localidad de Riva Palacio, del municipio de San Lucas, Michoacán, y desde entonces están desaparecidos.
Las organizaciones que cobijan a estos dos grupos armados, acusan que las fuerzas de seguridad prácticamente entregaron a sus ocho compañeros a la Familia Michoacana, porque a ese lugar donde los llevaron es territorio que las autoridades han cedido a esta grupo criminal.
Con estos dos hechos, la gente con seguridad se preguntará: ¿en manos de quién está la Policía Estatal? ¿Qué intereses controlan a esa corporación?
Hay que recordar que estos dos sucesos se registran en Tierra Caliente y Costa Grande, donde la Familia Michoacana y otro grupo criminal mantiene rivalidad, aun cuando hace más de un año pactaron una tregua que mediaron políticos y funcionarios.
Parece que esa tregua se rompió con la masacre de San Miguel Totolapan, ocurrida el 5 de octubre del 2022, donde asesinaron al alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda y a su papá, Juan Mendoza Acosta y otras 21 personas más –las autoridades sólo reconocen a 20. Después, en diciembre, en El Durazno, comunidad del municipio de Coyuca de Catalán, un grupo de hombres armados asesinó a otras siete personas. Ambos casos son atribuidos a la Familia Michoacana.
¿Hasta qué grado está involucrado el gobierno estatal en todo esto?
Pero también este gobierno que se dice de izquierda utiliza un doble rasero; con los delincuentes poco o nada hace para combatirles o contenerles, pero, contra las protestas sociales, en vez de resolver sus demandas les manda a policías para garrotearlos.
El ejemplo más reciente: estudiantes de la Normal Rafael Ramírez durante varios días protestaron en las calles de Chilpancingo para pedir una audiencia con la gobernadora.
Los normalistas pedían material didáctico y una plaza docente. En lugar de eso, el viernes 27 de enero, el gobierno de Salgado Pineda les mandó a la Policía Estatal con equipo antimotín a la Autopista del Sol para apalearlos.
Ese viernes el grupo de policías ejecutaron lo que les ordenaron y para lo que están entrenados, desalojar con violencia.
Esto constituyó otro acto de represión de este gobierno. Pero ojalá podamos ver su magnitud, cuando este gobierno morenista perjuró que no reprimiría.
En pocas palabras, el clan de los Salgado ha mostrado que no hay ningún cambio por más que con retórica y demagogia emulen un discurso que al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha desgastado con sus decisiones y políticas públicas, es decir, que vivimos en un país con gobiernos que no son de izquierda.
Además, el gobierno de Guerrero se ha blindado, literal y metafóricamente, informativa y operativamente. Es decir, habrá que reflexionar si Evelyn Salgado Pineda se atrincheró o la tienen acorazada, protegida o separada de lo que tanto habla, estar cerca del pueblo.
Hay que desmenuzar varios acontecimientos.
El 7 de junio de 2022, la gobernadora declaró: “Jamás voy a hacer represora, jamás voy a mandar a golpear ni a maestros ni estudiantes ni a campesinos, pero necesitamos saber quiénes están detrás de estos bloqueos, porque los mismos familiares y colectivos nos han dicho que hay personas ajenas de su movimiento que los están provocando”.
En esa ocasión se refería a que un grupo armado estaba detrás de unos bloqueos en la localidad de Petaquillas, en Chilpancingo, pero con el paso de los meses esas palabras se han diluido, y el principal argumento, es que se prioriza la libertad de circulación de los ciudadanos, aunque no seamos ilusos, lo que en realidad se protege son las ganancias económicas de los empresarios y del peaje de la Autopista del Sol.
En Tierra Caliente, también han ocurrido bloqueos de los que, incluso, las mismas autoridades han señalado a grupos delictivos de esos territorios estar detrás, y el gobierno no actúa de la misma forma ni aplica los mismos criterios, la diferencia, es una carretera federal y es otro nivel económico el que se mueve en esa zona. Aunque han sostenido que no hay guerrerenses de primera o de segunda, operativamente sí los hay.
Pero, siendo benévolos con la gobernadora, tal vez ella no envió directamente a los antimotines a desalojar con patadas, piedras, golpes, escudazos y mentadas de madre a los chavos y profesores, sino un subalterno que quería quedar bien, aún así, de buena fuente sabemos que ella tiene un reporte en vivo y observa las transmisiones de las páginas informativas en Facebook, por lo que sí tenía conocimiento de lo que ocurría.
Lo que observamos es que la gobernadora se ha atrincherado, o la han atrincherado, en varios sentidos; desde que no da declaraciones o responde cuestionamientos relevantes a los medios, ni tampoco la mayoría de su gabinete; cuando uno busca un entrevista con algún secretario, la respuesta es que las entrevistas se acuerdan directamente con la dirección de Comunicación Social, o sea no tienen libertad de contestar.
¿Qué esconden, qué ocultan, por qué evitar dar declaraciones? Lo peor del caso, es que si se pide la entrevista con el director de Comunicación Social, René Poseelt Aguirre, el sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no te responde; te lee y te ignora.
Y si nos ponemos más quisquillosos, resulta que tanto en Palacio de Gobierno o Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, como pomposamente le nombró el priísta Héctor Astudillo, y que Evelyn Salgado reitera que es la Casa del Pueblo, los policías encargados de la puerta no te dejan entrar libremente, te hostigan, ni siquiera te dejan llegar a la puerta, porque desde las escaleras se te acercan para cuestionarte a qué vas, parece, que lo que menos quieren es que a este espacio público accedan los ciudadanos.
Chirrionazo. Hablando de que los gobiernos morenistas se han develado como no ser de izquierda, Abelina López Rodríguez, en Acapulco, la semana pasada lo dejó bien claro, pues, demandó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a los líderes de dos organizaciones sindicales porque encabezaron el cierre de la costera Miguel Alemán en demanda de pago de salarios y su reinstalación.
Es cierto que los gobiernos anteriores han dejado un número enorme de burócratas, pero eso no justifica que por protestar y manifestarte el gobierno los denuncie penalmente cuando hay problemas más grandes que resolver en Acapulco, como el de la seguridad.
Nada más para que vean, un dato: En los primeros 29 días de este 2023 hay un registro oficial de 62 homicidios dolosos en las calles de Acapulco y muchos de estos ocurridos en la costera que está super vigilada por Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Pero lo más jocoso es de que López Rodríguez anunció una reunión que tuvo con el defenestrado ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien le pidió que interceda para convencer al millonario empresario Carlos Slim que invierta en la construcción de un Maribús. Ya se sabe que la nacida en Oaxaca y alcaldesa de Acapulco, al igual que Aguirre Rivero y el saltimbanqui (porque ha estado en el PRI, PRD, MC y ahora Morena) Luis Walton Aburto andan con la matraca en apoyo al canciller Marcelo Ebrard y ya crearon un frente contra el clan de los Salgado que impulsan a la Sheinbaum.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
