Ambas comunidades del municipio de Chilapa se culpan mutuamente de las hostilidades
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Especial
Viernes 24 de mayo de 2024
Chilpancingo
Unas cien personas, entre mujeres, hombres, ancianos y niños se desplazaron de su comunidad, San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, después de los enfrentamientos a balazos entre dos grupos armados que dejó un saldo de tres casas, tres vehículos y una comisaría incendiados, además de un hombre muerto y otro herido.
Las familias de San Jerónimo Palantla que llegaron la tarde del jueves 23 a las instalaciones de la Casa del Campesino en Chilapa, recibieron el acompañamiento de policías municipales y estatales.
La confrontación armada empezó la noche del miércoles 22 de mayo, entre civiles armados de San Jerónimo Palantla y la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
De acuerdo con Jesús Plácido Galindo, líder del Cipog-EZ, el enfrentamiento empezó cuando un grupo armado de San Jerónimo Palantla atacó a balazos a los habitantes de la localidad vecina Nuevo Amanecer.
«Nuestra policía comunitaria entró a defender a los habitantes de Nuevo Amanecer; y durante la confrontación murió el compañero Pedro Vázquez Matías», aseguró en entrevista telefónica.
Jesús Plácido envió una fotografía de un velorio de un difunto que según su versión se llama Pedro Vázquez.
Por su parte, Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) y asesora a los habitantes de San Jerónimo Palantla, aseguró que los policías comunitarios de la CRAC-PF y Cipog-EZ fueron los que irrumpieron a balazos en esta comunidad e hirieron a Aurelio Hernández Díaz, además de que incendiaron la comisaría, dos viviendas y tres vehículos, entre ellos una camioneta del excomisario Constantino Calvario Merino.
«Es mentira lo que dice Jesús Plácido, ya que no hubo ninguna persona muerta por parte de ellos, porque la gente de San Jerónimo nunca disparó», desmintió Clemencia Guevara.
Clemencia Guevara aseguró que después de la irrupción a balazos por parte de las autodefensas que dirige Jesús Plácido, la mayoría de los habitantes de San Jerónimo acordaron desplazarse de su pueblo.
«En San Jerónimo solo se quedaron unas 40 personas, porque ellos están del lado de la CRAC», aseguró Clemencia Guevara.
La líder del FDP responsabilizó a Jesús Plácido y al gobierno de la morenista Evelyn Salgado de lo que le pueda suceder a ella y a los otros dos líderes de su organización, Efraín Torres Fierro, Juan Colorado y al excomisario Constantino Calvario.
Este viernes 24 de mayo, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Cisneros Rodríguez, se reunió en Chilapa con las familias desplazadas de San Jerónimo Palantla, para darles garantías para su regreso a su comunidad.
«No tiene caso que la gente regrese a San Jerónimo, porque eso implicaría que en cualquier momento alguno de ellos sean asesinados por la policía comunitaria que ya tiene tomado el pueblo desde este jueves, porque ése era su objetivo; y es obvio que recibieron el apoyo del gobierno», expresó Clemencia Guevara.
Recordó que el conflicto en esa zona empezó en 2014 cuando un grupo armado de la localidad vecina de Xochitempa asesinó a cinco personas, entre ellas a una mujer embarazada.
Después, un grupo de personas de San Jerónimo Palantla se desplazó a otra zona y fundaron la localidad de Nuevo Amanecer, que en los últimos años, al igual que habitantes de Xochitempa, se han aliado con la policía comunitaria de la CRAC-PF.
Clemencia Guevara afirmó que por parte de San Jerónimo Palantla había disposición de llegar a un acuerdo con las localidades que tiene bajo su control la CRAC-PF y Cipog-EZ, para establecer la paz en la zona.
Uno de los acuerdos que ya estaban establecidos es que la Fiscalía General del Estado (FGE) cancele las órdenes de aprehensión contra 60 personas de estas autodefensas que han cometido presuntos delitos, como robos, secuestros y homicidios en agravio de pobladores de San Jerónimo Palantla, refirió Guevara Tejedor.
«Pero con los hechos que ocurrieron en estos dos últimos días, no creemos que haya otros acuerdos», advirtió.
Jesús Plácido aseguró que el grupo armado que está en San Jerónimo Palantla, tiene vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
Mencionó que uno de los acuerdos que aprobó la asamblea a la que según él, asistieron autoridades de 60 comunidades indígenas de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, es no permitir que el domingo 2 de junio se realicen elecciones constitucionales.
«Todos los partidos, cuando llegan al poder, son iguales; y Morena es lo mismo que el PRI, PRD y el PAN», criticó.
Según él, la policía comunitaria de la CRAC-PF está en San Jerónimo Palantla, para proteger a sus habitantes.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que sigue la presencia de la Guardia Nacional y la policía estatal en San Jerónimo Palantla para brindar seguridad a la ciudadanía y evitar nuevas confrontaciones.
En San Jerónimo Palantla fueron incendiados la comisaría, tres casas y tres vehículos
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Cortesía del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata
Jueves 23 de mayo de 2024
Chilpancingo
Un muerto, además de tres casas, una comisaría y tres autos incendiados dejó el enfrentamiento a balazos de grupos armados de San Jerónimo Palantla y Nuevo Amanecer, ambas comunidades del municipio de Chilapa.
De acuerdo con la versión del líder del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Valerio, la confrontación armada de policías comunitarios de su organización contra 50 hombres armados de la comunidad de San Jerónimo Palantla, empezó este miércoles 22 a las 10 de la noche y terminó este jueves 23 de mayo alrededor de las dos de la tarde.
En entrevista telefónica, el dirigente informó que durante el enfrentamiento murió Pedro Vázquez Matías, habitante de Nuevo Amanecer.
«La agresión armada por parte de un grupo de pobladores de San Jerónimo Palantla, que tienen vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos, empezó este miércoles contra los habitantes de Nuevo Amanecer, y nuestra policía comunitaria tuvo que ir en el auxilio de los compañeros de Nuevo Amanecer», comentó Jesús Plácido.
«De nuestro lado, participaron 300 policías comunitarios y de parte de ellos 50, pero que estaban armados con armas de grueso calibre», aseguró.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional llegó a la localidad de San Jerónimo Palantla, para atender la situación.
«Los elementos de seguridad localizaron en el lugar, tres vehículos, tres viviendas y una comisaría incendiada. En estos hechos no hay personas lesionadas ni fallecidas», establece el comunicado de la SSP.
Asegura que las autoridades de seguridad permanecen en el lugar y realizan recorridos en las colindancias del área en conflicto para evitar que se genere una nueva agresión.
Jesús Plácido Valerio dijo que tras una serie de confrontaciones armadas que se han dado entre pobladores de San Jerónimo Palantla y Nuevo Amanecer, el 30 de abril de este año, se firmó una minuta de acuerdos con las autoridades estatales para evitar que escale más el conflicto.
Uno de los puntos que se acordó es que habría presencia permanente de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la zona, pero no se cumplió.
Según Jesús Plácido, en la zona donde tiene su base la Cipog-EZ, que abarca 60 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, han sido asesinados 60 y hay 20 desaparecidos.
Jesús Plácido acusó a los líderes del Frente de Defensa Popular (FDP) y asesores de los habitantes de San Jerónimo Palantla, Juan Colorado, Clementina Guevara y Efraín Torres Fierro, de ser los promotores de la violencia en esa zona, porque, según él, tienen nexos con Los Ardillos.
Refirió que las familias de Nuevo Amanecer fundaron esta comunidad luego de que fueron expulsados con violencia por autoridades y habitantes de San Jerónimo Palantla.
A su vez, Juan Colorado, Clementina Guevara y Efraín Torres señalan a los líderes del Cipog-EZ, de tener nexos con un grupo criminal y de ser los generadores de la violencia contra los habitantes de San Jerónimo Palantla.
Después del enfrentamiento entre los dos grupos armados, hay un clima de tensión en esta zona indígena, pese a la presencia de la Guardia Nacional y la policía estatal.
Texto y foto: Marlén Castro 28 de enero del 2024 Ayahualtempa
El día que desaparecieron Cecilia, José Teodoro y sus dos hijos Gaudencio y Roberto salieron de Ayahualtempa para cuidar a sus chivos.
Getulio, el hijo que los espera en casa, lo único que puede hacer es encomendarlos a Dios. “Sólo dios sabe… hoy ya son ocho días”, dice el hijo en entrevista el viernes 26 de enero.
Salieron el jueves, la madre, el padre y el hijo menor. Al día siguiente, los alcanzó el hijo mayor de todos. Les llevó alimentos.
Como a las once de la mañana del viernes 19 de enero, Getulio, quien es el hijo de en medio, tuvo una sensación extraña y comenzó a marcar a sus hermanos. Nadie contestó. Sabía que en Zacatepec la recepción es difícil, sólo subiendo a una lomita el aparato recibe la señal, optó por tranquilizarse.
Llegó la tarde, volvió a marcar. Ninguna respuesta. “Ahora sí me empecé a preocupar”. Getulio fue a reportar a las autoridades del pueblo, a la comisaría y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que no tenía noticias de su mamá, papa y hermanos desde esa mañana.
Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Pueblo Náhuatl, la instancia a la que está adherida la Policía Comunitaria, indicó que el sábado por la mañana fueron a Zacatepec dos comandantes regionales de la CRAC-PC a buscar a la familia y lo que hallaron fueron evidencias de que se los habían llevado.
¿Quiénes? Para ellos, en ningún momento hay duda. En Ayahualtempa, un pueblo nahua de 600 habitantes que se resiste al control del crimen organizado, saben que los culpables de la desaparición forzada de la familia Domingo Gaspar son Los Ardillos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) coloca la etiqueta No localizado a personas de las que se desconoce su paradero. No localizado es para omitir nombrar un delito evidente y grave. A la familia Domingo Gaspar la desaparecieron y si la desaparecieron personas integradas a un grupo con características paramilitares es desaparición forzada.
Getulio también lo asume con claridad. “Fueron Los Ardillos”.
Getulio es policía comunitario. Sus hermanos Roberto y Gaudencio son policías comunitarios. Su padre José Teodoro es policía comunitario.
Getulio se hizo policía comunitario por necesidad. Porque su trabajo como él de sus hermanos, madre y padre es estar en descampado.
Un adolescente de Ayahualtempa conduce su caballo por el centro de la comunidad.
Getulio dice que su familia siempre hizo caso de la advertencia de no salir de Ayahualtempa.
“La advertencia” es una información que les dio la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera, la priísta Orquídea Hernández Mendoza. En 2019, cuando comenzaron los asesinatos de gente de Ayahualtempa y la fueron a ver cómo autoridad, Orquídea Hernández les dijo que por seguridad de la población mejor no salieran de Ayahualtempa, refirió Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl.
Donde la familia Domingo Gaspar tiene sus chivos forma parte de los bienes comunales de Ayahualtempa, nunca salieron del perímetro de su territorio, lo que quiere decir, que integrantes de ese grupo incursionaron en territorio comunitario.
Getulio comparte que su familia siempre ha tenido chivos y algunas reses y en el poblado no hay zonas ni espacio para el pastoreo, por eso los tienen en Zacatepec.
Ayahualtempa está rodeado de montañas escarpadas por las que es imposible que los chivos y reses se alimenten.
En el poblado, dice otro integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, “desde que te haces ciudadano formas parte de la Policía Comunitaria y desde que eres menor ya eres parte porque tienes que aprender a defenderte”.
Policías comunitarios vigilan las calles de Ayahualtempa.
Este policía comunitario explica que él es policía comunitario y sus hijos, es padre de una niña y un niño, ya forman parte de la estructura, no es opcional, porque son habitantes de Ayahualtempa, donde desde hace años se resisten a que el crimen organizado los controle.
Asegura que antes se resistieron al grupo criminal conocido como Los Rojos y ahora a Los Ardillos.
Si se mira alrededor de Ayahualtempa no hay riquezas que pudieran ser la causa del asedio, tienen bosque medio, que se caracteriza por árboles cortos y de poco follaje.
Luis Morales asegura que Los Ardillos quieren controlar el territorio para que sus hijos –una parte de estos menores de 15 años los presentaron el miércoles 24 de enero como integrantes de la Policía Comunitaria– sean parte de sus filas y realicen las actividades del crimen organizado, cobro de cuotas a la población o asesinar a quienes se resistan.
La lucha, dice Luis Morales, es por sus hijos. Por sus hijos resisten.
Es viernes 26 de enero, las niñas y los niños de Ayahualtempa hacen lo que cualquier niñez en cualquier comunidad. Unos pequeños en edad preescolar se comparten un triciclo para recorrer la calle contigua a la comisaría, unos adolescentes juegan en sus celulares en la cancha techada y unas niñas con cubetas de nixtamal caminan rumbo al molino.
Lo diferente es que en esta plaza con niñas, niños y adolescentes que juegan despreocupados hay por lo menos una docena de policías comunitarios que vigilan el primer cuadro de la población y otros más apostados en los accesos.
Apenas hace dos días, en esta misma cancha, 20 menores de 11 a 15 años, entre ellos cinco niñas, fueron presentados con los rostros cubiertos, ropa tipo militar y armas, algunas de palo, como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La imagen de los menores armados, por tercera ocasión, de nuevo dio la vuelta al mundo.
Menores caminan por la calle principal de Ayahualtempa dos días después de la presentación de niños y niñas como policías comunitarios.
La presentación de las niñas y los niños en labores de defensa del territorio se debió a la desaparición forzada de la familia integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, José Teodoro Domingo Ortiz, de 58; los hijos Gaudencio Domingo Gaspar, de 22, y Roberto Domingo Gaspar, de 31, el pasado 21 de enero.
Los cuatro hombres de la familia Domingo Gaspar son policías comunitarios.
La Policía Comunitaria buscó a la familia dentro de su territorio, pero no se aventuraron a hacer ninguna incursión fuera de su comunidad. Hicieron la denuncia a las autoridades, sin embargo, consideran que no han hecho nada para dar con su paradero.
La impotencia de no poder ir más allá de su propio territorio originó la nueva presentación de menores como soldados.
La primera vez que la CRAC-PF presentó a menores vestidos como militares fue el 22 de enero del 2020, en Alcozacán, municipio de Chilapa. En esa ocasión, supuestamente 19 menores se integraban a la Policía Comunitaria e hicieron una demostración de su entrenamiento.
Cinco días antes, 10 hombres de la comunidad de Alcozacán, adherida también a la organización, fueron asesinados.
Los dolientes querían los restos de sus familiares para velarlos y sepultarlos, y la Fiscalía General del Estado (FGE) no se apuraba en las diligencias.
La presentación de los menores fue un golpe mediático al gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores. Los medios de comunicación nacionales e internacionales mostraron a los niños soldados y las comunidades adheridas a la CRAC-PF consiguieron que se les cumplieran varias peticiones.
Después del impacto mediático nada se volvió a saber de los menores autodefensas, hasta que se hizo una segunda presentación de más menores, ahora en Ayahualtempa.
El sábado 10 de abril del 2021 presentaron de nuevo a 15 menores que se integraban a la Policía Comunitaria, entre ellos una niña. Los habitantes de Ayahualtempa y de Alcozacán llevaban meses con la petición de que enviaran médicos, medicinas y abrieran escuelas en las comunidades para no tener que ir a Chilapa o a Hueycatengo, cabecera de José Joaquín de Herrera, población pegada a Ayahualtempa. La respuesta fue casi inmediata. Unas semanas después llegó el DIF con enfermeras, médicos y medicinas para equipar las unidades de salud.
Las circunstancias en Ayahualtempa y Alcozacán no han cambiado mucho, salvo porque las comunidades ahora tienen calles pavimentadas. En abril del 2021, la columna de comunitarios levantó una nube de humo al marchar por las calles polvorientas de Ayahualtempa. Ahora no hay polvo y las calles tienen detalles de flores dibujadas en el pavimento en cada esquina.
El pasado 19 de enero se reportó la desaparición de la familia Domingo Gaspar y cinco días después, como las autoridades no mostraban resultados en la búsqueda y en Ayahualtempa ni siquiera saben si hay búsqueda, convocaron a una tercera presentación de menores armados. Otra vez la foto generó escándalo.
Los medios nacionales y extranjeros difundieron la noticia, pero en esta ocasión, como respuesta, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, a través de la FGE inició una investigación por corrupción de menores contra la policía comunitaria.
El abogado Rubén Cayetano García, ex diputado federal por Morena, calificó esta acción del gobierno de Salgado Pineda como “un acto ridículo”. Aseguró que la FGE “no tiene un solo elemento para integrar una carpeta de investigación seria, eficiente y fundada” porque no hay “exhibicionismo corporal o sexual, prostitución, prácticas sexuales, consumo de algún narcótico o bebida embriagante”. Estas características se establecen en el artículo 171 del Código Penal de Guerrero para el delito de corrupción de menores.
Nacer y crecer en Ayahualtempa
Eliezer Bolaños y Román Vázquez son dos niños de cuarto año de primaria de la comunidad de Ayahualtempa. Son parte de los menores de edad, algunos en edad preescolar, que juegan en la calle contigua a la cancha techada.
Se divierten con algunos de los juguetes que los Reyes Magos les trajeron el pasado 6 de enero; no son los que querían exactamente, pidieron carros con control remoto, pero se ven felices, recargados en los carritos que deslizan sobre el pavimento. Otros niños más pequeños, entre cuatro y seis años, se prestan un triciclo para ir y venir por la cuadra.
Eliezer Bolaños y Román Vázquez quieren ser maestros y dar clases aquí mismo. Dicen que “aquí mismo” para no salir de Ayahualtempa porque escuchan a las personas adultas decir que es peligroso. Son muy chicos aún, no saben que para estudiar como maestros tienen que salir de aquí, porque dentro del pueblo solo hay telesecundaria. Tampoco saben por qué es peligroso y por qué hay hombres armados en la cancha techada. Sólo saben que los cuidan.
–¿Saben de qué los cuidan o por qué tienen que cuidarlos? Los niños se ven entre ellos, a ver si alguno sabe la respuesta y terminan levantando los hombros en señal de que no lo saben.
Menores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, juegan en una de las calles de la comunidad vigilados por integrantes de la CRAC-PF. Ilustración: Saúl Estrada
Tampoco saben quiénes fueron los menores, algunos incluso de sus mismas edades, presentados como policías comunitarios para la defensa de la gente y del territorio.
En una esquina de la cancha techada, un grupo de adolescentes se entretiene con sus celulares. Es la misma imagen que se repite en otras comunidades, los adolescentes se reúnen en el espacio en el que hay señal del celular. Frente a la cancha venden las tarjetas para abonar crédito a los aparatos. Por tres horas, 10 pesos, una tarjeta de 24 horas cuesta 24 pesos.
Los adolescentes no platican mucho entre ellos. No están reunidos para convivir, sino para agarrar señal. En este grupo hay un adolescente que sí estudia el bachillerato. Sólo dos menores de todo Ayahualtempa estudian este nivel escolar. Para hacerlo, salen todos los días a la cabecera de José Joaquín de Herrera, Hueycatenango, un lugar en el que han asesinado a algunos habitantes de Ayahualtempa.
El adolescente dice que en su caso va y viene sin problema.
Adolescentes se reúnen en Ayahualtempa a jugar en el sitio con mejor cobertura de Internet.
“Yo puedo ir y venir porque no soy comunitario”, dice sin despegar su vista del celular.
Una zona en conflicto
Ayahualtempa es una comunidad nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, asediada por un grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos. Este grupo criminal es liderado por una familia originaria de Tlanicuilulco, una comunidad del municipio de Quechultenango, municipio de la zona Centro. Los hermanos Ortega Jiménez son los líderes de este grupo “generador de violencia”, así los llama ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) en sus comunicados oficiales.
Bernardo Ortega Jiménez, diputado local del PRD por tercera vez, es parte de esta familia. Ortega Jiménez fue coordinador del Congreso local y dos veces fue presidente municipal de Quechultenango. Bernardo Ortega se deslindó muchas veces de forma pública de su familia, pero las veces que ganó la alcaldía y como diputado local obtuvo urnas llenas en todos los municipios controlados por el grupo criminal.
Por esta razón, Los Ardillos no son un grupo de delincuentes comunes “generadores de violencia”. Los grupos del crimen organizado se articulan para conseguir metas políticas y económicas y lo conforman actores económicos y políticos de la región. La periodista canadiense Dawn Marie Paley llama a organizaciones criminales como Los Ardillos, los nuevos grupos paramilitares, porque son los operadores del Estado o de los grupos fácticos, definidos estos segundos como sectores poderosos de la sociedad al margen de las instituciones políticas, entre los que figuran los grupos empresariales.
Ayahualtempa antes fue asediada por otro grupo del crimen organizado conocido como Los Rojos. En la región de la Montaña baja en la que se ubica Ayahualtempa, se asociaba a Los Rojos con grupos de políticos priístas.
Los Rojos y Los Ardillos –en su versión política el PRI y el PRD– se enfrentaron durante varios años y en estas comunidades varias personas fueron asesinadas de formas salvajes.
Ayahualtempa y Los Pinos son dos comunidades que se blindaron de la incursión de estos grupos criminales con la creación de la CRAR-PF, en agosto del 2014. En total 16 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera se adhirieron a este sistema de justicia.
Al interior de la CRAC-PF también hay división. Los de Ayahualtempa se separaron del grupo de comunitarios de Alcozacán, el grupo dirigido por Jesús Plácido, sobrino de Bruno Plácido Valerio, el máximo líder de las autodefensas en Guerrero, asesinado el 17 de octubre del 2023, en Chilpancingo.
Policías comunitarios por necesidad
Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, de la que forma parte la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), afirma que son policías comunitarios por necesidad, incluidos los menores que fueron presentados como parte de la organización.
Los menores y adultos que se dedican a trabajar en el campo no tienen opciones, dice. Tienen que aprender a disparar para defenderse porque andan en el campo y deben cuidarse solos. Entre los cerros, los acechan integrantes del grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos.
En las familias en las que el papá es pintor, albañil o tienen cualquier otra actividad que no implica salir al descampado, los menores no tienen que aprender a disparar.
En estos días posteriores a la desaparición de la familia Domingo Gaspar en Ayahualtempa, patrullas de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal recorren el perímetro entre Chilapa y José Joaquín de Herrera. Pasan todas estas comunidades en conflicto, algunas abandonadas, sin detenerse. A lo largo de esta carretera hay mucha seguridad por los retenes del Ejército y Policía Estatal. Toda esta seguridad, como es evidente, no abona a la tranquilidad de los habitantes de Ayahualtempa.
La gente de esta comunidad nahua se tiene que hacer cargo de su propia tranquilidad y como estrategia mediática presentar a menores en labores de defensa del territorio, lo que funcionó a medias en las dos ocasiones anteriores.
Un policía comunitario vigila en la comunidad de Ayahualtempa.
La presentación de menores como autodefensas es más que una estrategia para llamar la atención de las autoridades. Las niñas y los niños presentados como policías comunitarios, aunque nunca disparen un arma, firman una sentencia. El grupo paramilitar de Los Ardillos ya eliminó a varios habitantes de Ayahualtempa que figuran como policías comunitarios.
Los policías comunitarios de la familia Domingo Gaspar son las víctimas recientes.
El 21 de enero de 2013, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero llamó a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) a una supuesta reconciliación, porque ya eran públicas las diferencias entre sus fundadores, uno de ellos, Bruno Plácido Valerio, asesinado este martes 17 de octubre en Chilpancingo a la entrada de una dependencia de gobierno.
El ex gobernador hizo el llamado en un acto en la bodega La Luz de la Montaña, donde entregó a la CRAC 1.5 millones de pesos, 1,200 uniformes y cuatro camionetas, como parte del supuesto reconocimiento que su gobierno hacía este sistema de seguridad y justicia de pueblos indígenas.
Se plantea el apoyo institucional como una supuesta voluntad porque está documentado en la prensa que durante el gobierno de Aguirre Rivero, la CRAC-PC vivió una de sus mayores crisis en los 28 años que recién cumplió. Nunca antes la organización había recibido presupuesto público mensual; eso acrecentó las diferencias.
En ese acto, el ex gobernador estaba junto a Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC en ese entonces. También estaba presente el extinto Cirino Plácido Valerio–murió a causa de una enfermedad–, otro de los fundadores y hermano de Bruno.
“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al verlo atravesar el perímetro de la bodega. Él rió sonrojado.
Cuando Bruno Plácido Valerio llegó hasta el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida.
“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Guzmán Hernández cuando susurró a Aguirre Rivero en referencia a Bruno, con un gesto conciliatorio.
Aun cuando el gobernador hizo parecer esto una casualidad, como una muestra de su interés porque los grupos internos de la CRAC-PC dirimieran sus diferencias, dejaba en evidencia otras cosas: un interés inusual por la organización de seguridad y justicia comunitaria más importante de Guerrero, y la cercanía que ya tenía con Plácido Valerio.
Los Plácido Valerio formaban parte de uno de los grupos en ese entonces al interior de la CRAC-PC, el de los fundadores. En ese momento, sus miembros atravesaban una de las diferencias más fuertes, asociada con las directrices de la organización, según lo que fue documentado por los medios de comunicación.
En medio de esas diferencias, sin estar apartado por completo de CRAC-PC, Bruno fundó su propia autodefensa. En este medio se hace una diferencia entre un sistema de seguridad y justicia comunitaria, y una autodefensa; la primera surge en un territorio indígena, a quienes en tratados internacionales le reconocen esa facultad, y la segunda desde diversos procesos organizativos que no precisamente tiene que ver con la seguridad de un territorio, sino con su control.
En la imagen un grupos de policías comunitarios resguardan el acceso a Ayutla, municipio de la región de la Costa Chica.
El 5 de enero de 2013, es decir, apenas unos días antes de la escena con el ex gobernador en San Luis Acatlán, Bruno empujó un levantamiento popular en Ayutla, con el que, dijo, instauró un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La UPOEG nació como un supuesto movimiento contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los altos cobros de luz eléctrica a habitantes de La Montaña, pero pronto se convirtió en un grupo armado que, en el discurso, se amparaba en un sistema de seguridad y justicia comunitaria por su origen indígena.
Plácido Valerio inició su proyecto muy cerca de Aguirre Rivero quien, a su vez, debilitaba la CRAC-PC desde adentro. Eliseo Villar Castillo, uno de los coordinadores de la organización en sus tiempos, fue de manera pública muy cercano al mandatario estatal.
Meses después este hombre fue aprehendido hasta hace poco por los delitos de homicidio y privación de la libertad , y el gobierno de Aguirre Rivero es ubicado como el periodo donde más detenidos miembros de la CRAC hubo, entre ellos Nestora Salgado García, quien ahora es senadora de la República.
Plácido Valerio acudió a varios de los actos públicos de Aguirre Rivero como invitado especial, a la par que “policías ciudadanos” de la UPOEG se extendía a pueblos o zonas de las regiones Costa Chica, Acapulco y Centro, no propiamente comunidades indígenas: Tecoanapa, San Marcos (Costa Chica), Xaltianguis (Acapulco), Tierra Colorada (Juan R. Escudero) y Valle de El Ocotito (Centro).
Servidores públicos del gobierno de Aguirre Rivero en su momento informaron que Plácido Valerio solía llegar a ciertas áreas de gobierno a pedir vehículos e insumos, como gasolina, y se los facilitaban.
Al inicio de esta administración estatal, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le retiraron la seguridad y una camioneta que usaba por las medidas cautelares que le fueron dictadas todavía en el periodo de Aguirre Rivero, con quien después tuvo diferencias, de acuerdo con lo que él mismo informó a Amapola, periodismo transgresor.
A la UPOEG–y a políticos, empresarios y un magistrado–también les fueron retirados vehículos oficiales que después la administración estatal puso a la venta .
Con el tiempo la UPOEG vivió sus propias fracturas y divisiones sin el cobijo institucional.
La descomposición de la UPOEG
La UPOEG también fue objeto de sus propios procesos. La primera y más grande división ocurrió cuando un grupo grande, coordinado por Crescenciano Ramírez Rodríguez, se separó y fundó el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), por diferencias con Plácido Valerio.
Al año de que fundó la UPOEG, además de Plácido Valerio, Ramírez Rodríguez y Ernesto Gallardo Grande eran los líderes de la autodefensa más visibles. El 23 de enero de 2014, cuando ingresaron al Valle del Ocotito, estaban juntos y coordinados. Para entonces llevaban sumados Ayutla, Tecoanapa, Tierra Colorada y Xaltianguis.
Tres meses después, abril de 2014, ya había conflictos internos: existían dos grupos en el valle, uno que despachaba en Mojoneras, donde inicialmente se instaló la base de operaciones, y la otro en Buena Vista de la Salud.
Al siguiente año, es decir, durante el primer aniversario de la llegada de la UPOEG al valle, y el segundo de la organización, salieron dos grupos de autodefensas a celebrar.
El primero, encabezado por Bruno Plácido Valerio, marchó de Mohoneras hasta la sede de la comandancia en Buena Vista de la Salud, y el segundo, el grupo de Ramírez Rodríguez, montó una caravana de camionetas que recorrieron el tramo desde Mazatlán hasta Ocotito, de acuerdo con lo que fue documentado por la prensa.
Con estas divisiones de la UPOEG comenzó la proliferación de grupos armados en Guerrero amparados en la figura de autodefensas sin ningún tipo de regulación y claridad de su origen, al grado de que en carreteras de diferentes puntos del estado, como la libre que conecta a Chilpancingo con Acapulco, era común ver hombres armados vestidos con playera verde olivo, como si eso les concediera legitimación.
Un ejemplo claro está en el perímetro que rodea esta ciudad. El 31 de enero de 2015 , el FUSDEG llegó hasta Petaquillas, ubicado a una distancia de unos 10 minutos del centro de la capital, como una alternativa de seguridad a las estrategias de las instituciones oficiales. En la actualidad prevalece un grupo armado en este pueblo que es la entrada al corredor que conecta hasta Quechultenango, asentamiento de la organización criminal de Los Ardillos, sin que quede claro a qué intereses obedece.
Desde su llegada a Xaltianguis, zona rural de Acapulco, la UPOEG mantuvo a sus guardias en ese territorio, pero confrontados con grupo que germinó de las mismas filas de la organización que generó una serie de hechos violentos en 2019. Los episodios en esta zona están documentados en la prensa como autodefensas ligados a criminales.
Bruno Plácido Valerio en una entrevista con reporteros, en el centro de Chilpancingo el 27 de julio del 2023.
Casos como este, violentos y, además, que exponían la duda de si eran autodefensas o grupos criminales siguieron reproduciéndose en diferentes puntos donde en su momento llegó la UPOEG, ya sin un líder tan visible, porque Plácido Valerio estuvo desdibujado de la escena pública durante algunos meses. Para entonces, Gallardo Grande, quien era su aliado, fue asesinado en octubre de 2020 con algunos señalamientos delictivos a cuestas.
En medio de todo esto, Plácido Valerio ofreció algunas entrevistas a periodistas en las que mencionó que la UPOEG estaba infiltrada por delincuentes y que necesitaba una depuración .
Hace unos meses, en julio pasado, después de un ataque a unos autodefensas de la UPOEG en Tecoanapa, planteó la necesidad de reaparecer, reorganizarse y reactivar la autodefensa para disminuir la violencia en algunas zonas donde, dijo, estaban asentados algunos grupos criminales específicos.
“Yo creo que nosotros cometimos errores en aflojar porque el gobierno nos ha perseguido y dejamos todo para que las instituciones asumieran la responsabilidad, pero no resolvió la seguridad y eso nos está obligando a reactivarnos”, comentó en esa ocasión.
La reactivación de su grupo de autodefensas fue uno de los últimos planteamientos de Placido Valerio antes de ser asesinado a unos metros de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, donde haría algunas gestiones para los pueblos.
Un juez de control vinculó a proceso al líder de la supuesta policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deibi Barrientos Salazar, por el delito de homicidio en agravio del periodista Fredid Román Román, ocurrido el 22 de agosto del 2022 en Chilpancingo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado que el 6 de abril pasado la Policía Investigadora Ministerial cumplió con una carpeta de investigación en contra de Barrientos Salazar, quien fue puesto a disposición de un juez.
En la audiencia que se desarrolló este martes, un juez declaró un auto de vinculación a proceso.
Durante esta audiencia judicial que se realizó en Ciudad Judicial, ubicada al sur de esta capital, habitantes de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, protestaron para exigir la liberación de Barrientos Salazar.
Los manifestantes procedentes de ese poblado arribaron en camionetas, iniciaron con una marcha y después se plantaron frente a las instalaciones del Poder Judicial.
Deibi Barrientos Salazar y su grupo de autodefensas operaba en El Ocotito y desde hace más de cinco años tenía el control de esa zona rural después que se confrontó con el anterior dirigente del grupo armado, Salvador Alanís.
Actualmente Alanís dirige otra organización de supuestos autodefensas de Tlacotepec, señalada por las autoridades de la FGE de tener relación con una agrupación del crimen organizado de la Sierra.
El 22 de agosto del 2022, el director del semanario Realidades, Fredi Román Román, salió de sus oficinas, ubicadas en la calle Prolongación Valerio Trujano, en la colonia Progreso de Chilpancingo; cuando estaba dentro de su automóvil un individuo armado le disparó a quemarropa.
El cadáver del periodista quedó recargado en el asiento de piloto.
Días después familiares de Román Román acusaron a Barrientos Salazar de ser el autor intelectual de su asesinato.
El pasado 14 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer la detención de Barrientos Salazar, a quien le hallaron una arma y droga.
El jefe de la UPOEG también enfrenta delitos del fuero federal que le integró en una carpeta de investigación la Fiscalía General de la República (FGR).
Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública
26 de enero del 2023
Chilpancingo
Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla de Castrejón informaron que ocho de sus integrantes están desaparecidos después de ser detenidos durante un operación de seguridad organizada por el gobierno estatal y federal el pasado 20 de enero.
La versión de la Policía Estatal, una de las corporaciones que realizó la operación, sobre el caso informó que estas personas, o sea los reportados como desaparecidos, fueron regresadas a Apaxtla escoltados por elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional.
Mediante un comunicado, los grupos de autodefensa que se autodenominan Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo y Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón informaron de la desaparición de sus compañeros.
Seis de los desaparecidos forman parte del grupo de Heliodoro Castillo y los otros dos al de Apaxtla de Castrejón.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de enero. La operación de la Policía Estatal era para desalojar a un grupo de 20 civiles armados que resguardaban las entradas al municipio de Apaxtla.
Los civiles armados de ambos grupos de autodefensas, según sus propias versiones, estaban en las entradas de Apaxtla para impedir la entrada de la Policía Tecampanera a su municipio.
La Policía Tecampanera es otro grupo armado amparado como autodefensa que opera en los límites de las regiones Tierra Caliente y Norte del estado, y son acusados por los pobladores de Apaxtla de, a través de diversos retenes por las carreteras de la zona, cobrar un impuesto de 20 a 25 por ciento adicional sobre los productos de la canasta básica que ingresan a la zona.
Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla difundieron que su movimiento también responde a una cuestión de seguridad, al impedir que el grupo delictivo conocido como La Bandera ingrese a la zona.
En respuesta al desalojo de los grupos de autodefensa de Apaxtla, la mañana del 20 de enero, decenas de transportistas de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo se apostaron a la salida de Chilpancingo, en el carril su-norte de la Autopista del Sol. Ante la presencia de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin los transportistas decidieron retirarse por su cuenta.
Durante la operación policiaca del sábado, donde fueron detenidas ocho personas, las autodefensas acusaron a las fuerzas de seguridad de violar derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza; denunciaron que detuvieron a personas que no portaban armas.
Los detenidos durante la operación policiaca y hoy presuntos desaparecidos son: Jorge Torres Ríos, Juan Torres Rojas, Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Hernández Nava, Carlos Hernández Santiago, Carlos Mosso Barragán, Emilio Hurtado Gonzales, Esteban Silva Delgado, además del chofer de la Urvan en que eran trasladados, Julio César Reyna Díaz.
Los ocho detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de Coyuca de Catalán “acusados por desobediencia y resistencia de particulares, donde fueron dejados en libertad con el apoyo de un abogado”.
“El lunes 23 de enero, las ocho personas iban a ser trasladas a Teloloapan, ciudad por la que se ingresa para ir hacia Apaxtla, pero las familias de estos pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se buscará una ruta alterna ante el temor de un grupo criminal”, se lee en el comunicado de las autodefensas.
Desde ese momento, denunciaron las autodefensas, ya no supieron más de los detenidos.
La Policía Estatal emitió un comunicado en el que asegura que las ocho personas fueron regresadas a Apaxtla escoltadas por un convoy con elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Ejército.
“Esperamos un tiempo prudente para que aparezcan nuestros elementos, de lo contrario iniciaremos acciones para encontrarlos y llevar a los responsables ante la justicia comunitaria”, insisten los autodefensas.
Confirman autoridades desaparición de autodefensas y asesor
La vocería de la Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero confirmó la desaparición de las ocho personas retenidas durante una operación policiaca en Apaxtla de Castrejón, además del asesor jurídico y chofer del vehículo en el que las trasladaban de regreso a zona Norte después de ser liberadas.
En total son nueve los desaparecidos.
A través de un comunicado, la vocería de la Coordinación informó que las ocho perosnas fueron puestas a disposición del Ministerio Público con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, se entiende que después de la operación policiaca, pero que el 21 pasado los liberaron y entregaron a un asesor jurídico.
El mencionado asesor jurídico, se lee en el comunicado, «llevaba un medio de transporte para su traslado (de las ocho personas ya liberadas) al municipio de Apaxtla de Castrejón (municipio de zona Norte)».
El vehículo, informaron, sería escoltado hasta la entrada Apaxtla, pero por petición del asesor jurídico y chofer del vehículo, Julio César Reyna Díaz, tomaron otro camino que incluía entrar al municipio de Riva Palacio, Michoacán.
En ese momento los elementos de seguridad que los escoltaban le dijeron que ese camino ya no era su jurisdicción y, por tanto, ya no podrían acompañarlos.
Desde ese momento, informaron las autoridades, las nueve personas están reportadas como desaparecidas.
La Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) asentada en esta comunidad que pertenece a Chilpancingo cumplió nueve años de que fue creada, lapso en el que sus integrantes han enfrentado divisiones y muerte.
Esta conmemoración llega con nueve de sus integrantes asesinados en enfrentamientos con delincuentes.
En enero del 2014, pobladores se concentraron frente a una de las bodegas ubicadas a las afueras de la comunidad y ante la presencia del líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, se sumaron a su iniciativa de crear la Policía Comunitaria, que en realidad funciona como un grupo de autodefensas.
Este dirigente creó la organización después de separarse de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y crear migas con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la extendió por algunos lugares de Guerrero.
La gente se sumó porque en ese tiempo la inseguridad ya era un asunto desmedido en la zona rural de Chilpancingo.
En ese acto estaba el entonces dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato y el alcalde de esta capital, Mario Moreno Arcos.
Durante el acto, Damián Huato acusó al priísta Moreno Arcos de estar coludido con un grupo criminal.
Ese mismo día en la noche, de regreso a Chilpancingo a bordo de su camioneta, el empresario fue atacado a balazos por un grupo armado en el puente de la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués. Un hijo y una nuera de Damián Huato viajaban en el mismo vehículo; ella fue asesinada, él salió herido.
En medio de estos hechos de violencia de aquel día arrancaron las autodefensas de El Ocotito.
Durante estos nueve años, estas autodefensas tuvieron varias diferencias con las del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) de la comunidad vecina de Mohoneras, que en aquel entonces dirigía Salvador Alanís Trujillo, quien salió de la comunidad y se refugió en la Sierra Tlacotepec, donde fundó otro grupo.
El Fusdeg es un grupo también de autodefensas que surge de las mismas entrañas de la UPOEG, porque se dividieron.
Alanís Trujillo también con sus autodefensas se extendió a otros lugares, por ejemplo a Apaxtla de Castrejón, donde fueron expulsadas este fin de semana por las fuerzas federales y estatales.
Al cumplirse este lunes lo nueve años de haberse fundado la Policía Comunitaria de la UPOEG en El Ocotito, sus integrantes y la población realizaron una marcha de festejo por un tramo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
La marcha en que participaron mujeres y niños, empezó en la comisaría y terminó en la gasolinera, ubicada en esta misma comunidad, cerca del poblado vecino de Mohoneras.
“Aquí es el pueblo el que solventa a la Policía Comunitaria”, dijo uno de los líderes de las autodefensas.
En el recorrido los niños y mujeres llevaba globos blancos y los policías comunitarios cadenas de papel en el cuello.
Uno de los líderes de las autodefensas informó que en los nueve años que lleva esta organización, nueve de sus compañeros fueron asesinados en enfrentamientos con delincuentes. Además de que muchos policías comunitarios han salido heridos.
Denunció que otros otros pueblos con Policía Comunitaria fueron infiltrados por las organizaciones criminales, lo que, aseguró, no ha ocurrido con ellos, porque la crearon para defenderse. “Ya nadie podía salir a las calles porque te asaltaban o te secuestraban”, dijo.
Lo cierto es que en Guerrero existen diferentes autodefensas o grupos armados amparados en el nombre de policías comunitarios, una función legítima para las comunidades indígenas.
El Ocotito es una localidad ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Chilpancingo.
Después de la marcha, los habitantes del pueblo y los policías comunitarios comieron juntos.
