Ante la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador, abogados litigantes guerrerenses se reúnen para analizar la reforma y crear propuestas
Texto y foto: Margena de la O
23 de julio de 2024
Chilpancingo
Una de las acotaciones del grupo de abogados litigantes de Guerrero que se reunió a convocatoria del despacho jurídico Sandoval & Asociados para analizar y discutir la reforma del Poder Judicial de la Federación propuesta por el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue que de aprobarse significaría “dar un paso atrás” en la funcionalidad de este poder.
El encuentro entre los abogados ocurrió el jueves pasado en la oficinas del despacho jurídico, ubicadas en el centro de la ciudad, en dos etapas con cinco puntos de discusión, de los cuales Amapola, periodismo transgresor ofreció detalles. Resultado de esto crearon un documento en el que incluyeron comentarios finales, a manera del cierre del ejercicio que, aclararon, es una “crítica constructiva” sin fines partidistas.
En esa última fase varios de los abogados coincidieron en que de pasar la reforma como está sería un retroceso, sin que esto signifique que no son necesarias modificaciones, que hasta ahora, según dijeron a lo largo de las reflexiones, están centradas de manera mayoritaria en el actuar de los ministros, cuando en el Poder de Judicial de la Federación hay muchos más actores.
En esta reflexión participaron las abogadas Berenice y Mariela Jaramillo Pineda y los abogados Raúl Sánchez Aguirre, Marco Antonio Villalobos Quevedo, Miguel Ángel Astudillo Ponce y Salvador Bustamante Polanco, en una primera etapa, después se sumó Gabriel Alonso Márquez. Quien convocó fue el abogado Valentín Sandoval Montiel.
El primero en concluir que sería un paso atrás fue Villalobos Quevedo, porque llegar hasta este punto en que opera el Poder Judicial, dijo, ya significó un debate de años, entonces, “implicaría quitarnos un enorme antecedente histórico”.
Bustamante Polanco lo secundó. “Concuerdo que dicha reforma es un retroceso a todo lo logrado históricamente, toda vez que el proceso electoral puede priorizar cualidades como el carisma y las habilidades de campaña por encima de la experiencia legal y la competencia judicial”, comentó.
El abogado se refería en este punto a que la iniciativa del presidente contempla la elección popular como método para elegir a los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial, como ministros, magistrados y jueces. “En consecuencia, los candidatos altamente calificados sin perspicacia política ni atractivo público pueden ser pasados por alto, lo que lleva a un Poder Judicial menos competente”, agregó.
Sobre ese mismo aspecto que propone el presidente en la iniciativa, Alonso Márquez advirtió de un gran riesgo, las elecciones en el Poder Judicial “pueden volverse altamente politizadas por candidatos que se alineen con partidos políticos”, lo que erosionaría la imparcialidad en la justicia.
El abogado que convocó al ejercicio planteó que puede ser importante una reforma, pero que genere equilibrios en el funcionamiento el Poder Judicial, para que dejen de existir tribunales de primera y segunda.
En la primera parte del ejercicio una de las coincidencias de las abogadas y los abogados fue que la iniciativa de reforma, así como estaba, era aberrante, que eran necesarios los cambios, pero no como fueron propuestos por el presidente.
Una vez entrados en el ejercicio de analizar y proponer, la abogada Berenice Jaramillo comentó que lo único aceptable de la propuesta es que sise requiere de una reforma más allá de la elección de jueces, magistrados y ministros, porque “el punto medular está en el Consejo de la Judicatura Federal (…). El punto es regular el problema de personas que no son funcionales, la reforma sería mas idónea si sólo se enfoca al CJF”. Este órgano orienta, apoya y supervisa el actuar de miembros del Poder Judicial.
Sánchez Aguirre planteó, justo como una propuesta general, que “el punto medular” es exigirles a los integrantes del CJF que hagan su trabajo.
