Fuerzas Armadas elevan presencia en la seguridad pública estatal: 1 de cada 4 instituciones tiene a un militar como titular

Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

29 de septiembre del 2022

 

La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.

Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).

David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló al respecto que el verdadero problema no está solo en el hecho de que sean militares quienes encabecen la seguridad pública estatal, sino en que “incluso los mandos administrativos, operativos y la tropa sean militares”, pues no tienen la preparación para desempeñar tareas civiles.

“Son vertientes distintas, los militares están capacitados en tareas de seguridad nacional pero no de seguridad pública. De manera muy coloquial, podríamos decir que ambos son médicos, pero uno podría ser un médico dermatólogo y otro un médico cardiólogo (…) Quizá los dos tienen preparación en Medicina, pero con especialidades distintas”, dijo en entrevista.

Acerca del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal, el Inegi dio cuenta de que durante en el Censo de 2021 se tenía registro de mil 53 elementos de la Sedena, 162 de la Policía Federal/Guardia Nacional y 87 de la Marina. Para 2022, se reportaron mil 79 de la Sedena, 118 de la Marina y 244 de la Policía Federal/Guardia Nacional, un aumento del 10.7%.

Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

Desde antes de que iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e incluso del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, la corrupción en las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales provocó que gobernadores, alcaldes e incluso presidentes solicitaran la intervención de las Fuerzas Armadas.

La Sedena creó desde los 90 un protocolo para poder proveer de mandos policiacos a las instituciones de seguridad civiles.

Tal fue el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien fue conocido como “el zar antidrogas” en México.

A este se sumó el caso del general Enrique Tomás Salgado Cordero quien, por decisión de Zedillo y en ausencia del regente Oscar Espinosa Villarreal, asumió como secretario de Seguridad Pública capitalino en 1996, luego de que al secretario David Garay se le relacionara con el secuestro de una joven por parte de dos policías preventivos.

Años después, el general Rafael Macedo de la Concha fue nombrado procurador general de la República durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Como titular de la PGR, Macedo de la Concha fue quien en esa administración encabezó el proceso legal que llevó al desafuero de López Obrador, entonces jefe de gobierno capitalino.

“Tenemos muchos casos donde militares ya habían ocupado cargos de alta responsabilidad en seguridad pública”, sin llegar a la militarización, dijo Saucedo.

No obstante, recordó también que precisamente Gutiérrez Rebollo fue llevado a juicio por colaborar con el Cártel de Juárez, entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, ‘el Señor de los Cielos’, mientras Salgado Cordero fue despedido luego de la participación de algunos de sus elementos en casos de brutalidad policiaca y Macedo de la Concha fue relevado tras la polémica por el desafuero.

“No recuerdo yo un solo caso de algún secretario de Seguridad Pública, estatal o municipal, en donde hayan entregado buenas cuentas. Hay algunas excepciones evidentemente (…) Pero más bien son la excepción y no la regla. La mayoría de los militares que han tenido una responsabilidad en materia de seguridad pública no terminaron su encomienda, tuvieron que salir por escándalos, por participación de sus elementos en multihomicidios o por casos de corrupción muy conocidos”, dijo Saucedo.

La impresión de “depurar” las corporaciones

Entonces, ¿por qué tener a militares en tareas de seguridad pública no se ha traducido en una disminución de la violencia?

“El Ejército está tratando de combatir a los cárteles de la droga con despliegues masivos de elementos ocupando territorialmente las zonas que son dominadas por el narco y construyendo cuarteles militares, reclutando elementos, armándolos y haciendo rondines y patrullaje. Esta es la manera de combatir a otro ejército, pero los ejércitos del narco no son ejércitos regulares, son ejércitos guerrilleros: salen, golpean, se ocultan, se mueven, se trasladan de zona, y para combatir a un ejército guerrillero un ejército regular no sirve”, consideró Saucedo.

Para el especialista, “lo que sí hacen los militares al momento de ocupar cargos de alta responsabilidad en materia de seguridad pública es (que) generan una impresión, desde el punto de vista mediático, de depuración de las corporaciones que no necesariamente ocurre”.

Los datos del INEGI también arrojan, por ejemplo, que a pesar de que las Fuerzas Armadas tienen la titularidad de más del 25% de las instituciones de seguridad pública estatal y de que sus elementos han ganado espacios dentro de las dependencias, las sanciones y denuncias en su contra igualmente van en aumento.

Tan solo en 2021 se reportaron 14 mil 810 sanciones contra servidores públicos de estas dependencias y 451 denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en ejercicio de sus funciones, lo que en comparación con 2020 significó un aumento de 29.7% y 23.9%, respectivamente.

Una estrategia contraria a la Constitución

Respecto del deber ser y la legalidad de que un militar asuma tareas de seguridad pública y a su vez dé órdenes a mandos civiles, Saucedo dijo que esta acción resulta inconstitucional e incluso puede atentar contra tratados internacionales firmados por México.

“Su propia normatividad interna pone límites y contención a las tareas de seguridad pública”, enfatizó.

Precisamente en los últimos meses se desarrolló un debate en torno a la propuesta de López Obrador de llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, aunque el artículo 21 constitucional establece que esta debe ser “de carácter civil, disciplinado y profesional”. Al final, el presidente concretó el traspaso, pero no por medio de una reforma a la Constitución, sino legal, por lo que una parte de la oposición afirma que impugnará la medida ante la Corte.

La carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene criterios en este sentido y excluye de su organización a aquellas naciones que tienen algún tipo de estructura político-militar.

Los militares, dijo Saucedo, no tendrían por qué desempeñar tareas de seguridad pública ni tampoco dar órdenes a mandos civiles, pues, en un régimen democrático, los militares realizan solamente tareas de seguridad nacional.

 

Despliegue del Ejército prioriza a estados gobernados por Morena, no a los más violentos

Cuatro de las seis entidades con mayor presencia militar para tareas de seguridad pública son gobernadas por Morena. De ellas, solamente una, Michoacán, también está en los primeros lugares en homicidios dolosos.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía:

22 de septiembre del 2022

 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Según la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país, se trata de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de homicidio doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refiere que entre las seis entidades con mayor despliegue militar se encuentran la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su conjunto suman 21 mil 990 soldados en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar ubicado en tareas de seguridad pública.

De esas entidades, solo Michoacán —donde gobierna Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021— se encuentra entre las seis más violentas del país. Guanajuato y Baja California, que ocupan los lugares uno y dos en víctimas de homicidio doloso, están en los sitios ocho y 13 en cuanto a despliegue militar.

La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico.

Estos números se dan a conocer mientras en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus aliados para extender hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

Ayer, el Senado determinó pausar el debate del tema y regresar el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa cuándo se reanudará el proceso.

6 de cada 10 víctimas de homicidio doloso mueren por arma de fuego

Otro dato que arrojó el SESNSP en su informe mensual refiere que seis de cada 10 víctimas de homicidio doloso reportadas en los seis estados más violentos murieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.

El martes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, en el caso de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos, mientras que para el caso de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos parámetros durante tres meses.

De manera desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en cuatro de los estados antes mencionados se registró un descenso en víctimas de homicidio doloso, Michoacán y Baja California no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentó el número de víctimas por arma de fuego.

En el caso de Michoacán, el aumento fue más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo periodo de 2022, mientras que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.

Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que una de las principales razones por las que son asesinados tantos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos.

Por esta razón, desde agosto de 2021 el gobierno de México mantiene un litigio legal internacional en contra de la empresa Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.

Durante las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han solicitado el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que desde 2005 protege a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses frente a demandas civiles.

Sin embargo, debido a que fiscales generales demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que países como Antigua y Barbuda y Belice, el caso ha podido avanzar y se encuentra actualmente en espera de fecha para juicio.

Cifra negra y falta de reparación de daño

Pese a que las cifras del SESNSP son utilizadas por el gobierno federal para presentar avances en materia de seguridad pública y por organizaciones civiles para realizar análisis de la incidencia delictiva, diversos expertos en la materia han criticado que exista una cifra negra de diversos delitos provocada por las mismas autoridades.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, considera que el país tiene una problemática muy fuerte en procuración de justicia y que este problema se repite de forma sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que finalmente son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, dijo en entrevista.

“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la reparación del daño. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de algún delito tuvieron una reparación del daño sin importar cuál habría sido el tipo de reparación. Es decir, del tipo económico o material. No tenemos ninguna métrica en este sentido”, expuso.

Lo anterior, en su opinión, es causado en gran medida porque “los despliegues del Ejército, como se ha mencionado en distintas ocasiones, son despliegues de presencia disuasiva; o sea, realmente no hacen labor de investigación ni desarticulación de redes criminales”.

Por eso —en una entrevista previa—, advirtió que extender hasta 2028 la presencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para generar “falsa confianza” entre la ciudadanía.

“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en contra de los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la seguridad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de manera político-electoral, pero ahora que son gobierno están sufriendo el desgaste y los estragos que produce entre el electorado el tener guerra de cárteles”, dijo.

En la imagen elementos del Ejército durante un acto cívico en la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Protestan por los 43 en zonas militares y FGR ejecuta aprehensión contra mandos del Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso Ayotzinapa, de las cuales tres ya fueron ejecutadas.

Uno de los militares detenidos es quien en 2014 fue el comandante del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, lugar donde el 26 de septiembre de 2014 elementos del Ejército, Policía Estatal, Federal y Municipal, en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Mejía Berdeja dijo que derivado del informe de la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa fue que se liberaron las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos del Ejército.

Aunque Mejía Berdeja no reveló los nombres de los detenidos, el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa menciona al coronel José Rodríguez Pérez como el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.

En dicho informe señalaron a Rodríguez Pérez de ser aliado de Guerreros Unidos y de ordenar asesinar a seis estudiantes normalistas privados de su libertad en una bodega cerca de la ciudad de Iguala.

También lo acusaron de ser el responsable de borrar todas las evidencias de las escenas del crimen.

Además de las órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, Mejia Berdeja informó que el Ministerio Público federal emitirá un amparo en contra de la resolución del juez que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del caso Ayotzinapa y de otras 19 personas relacionadas con el caso.

“Se impugnará la resolución del juez para que José Luis Abarca y los otros 19 implicados no queden libres”, mencionó Mejía Berdeja durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Además de la impugnación, la Secretaría de Gobernación interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez federal de Tamaulipas que exoneró a Abarca Velázquez y a 19 personas más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportistas corren al Ejército de Arcelia

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Un grupo de transportistas que bloqueó hasta la mañana de hoy domingo el acceso a la ciudad de Arcelia, corrió a soldados del Ejército Mexicano, quienes, presuntamente algunos de sus integrantes, habrían golpeado a dos jóvenes de ese lugar.

«Vámonos, ya, ya tuvieron muchas vacaciones, vámonos ya», gritaron unos individuos a los militares a bordo de tres camionetas, de acuerdo con un video difundido por los transportistas.

Se escucha que un hombre le grita a los soldados: «ya mucho que robaron en Arcelia, jálenle para otro lado».

«Vámonos cochos, vámonos», son parte de los insultos a los soldados.

De acuerdo con versiones de algunas fuentes de Arcelia, los militares fueron expulsados por los pobladores porque supuestamente golpearon a dos jóvenes.

Desde hace semanas, varias decenas de efectivos del Ejército instalaron un campamento casi en la entrada de Arcelia en las cercanías de las instalaciones del sistema de agua potable.

Este sábado alrededor de las 14 horas, los transportistas, muchos de ellos a bordo de sus motocicletas y otros a pie, se organizaron para cerrar el acceso a Arcelia.

Posteriormente se dirigieron hasta donde está el campamento de los militares y les exigieron que se salieran de manera inmediata.

Para no caer en una confrontación, los militares decidieron recoger sus pertenencias personales y en tres camionetas se salieron entre gritos e insultos que les gritaron los lugareños.

Arcelia, en la región de la Tierra Caliente, es uno de los municipios en donde operan los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alías El Pez y La Fresa.

Aquí, dicen los habitantes de Arcelia, nada se mueve si no es con la autorización de los dos hermanos quienes son dirigentes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana, aliados a grupos económicos y políticos regionales, de los que forman parte autoridades municipales y diputados.

Los transportistas desbloquearon el acceso a Arcelia este domingo en la mañana.

El pasado 28 de julio, transportistas de Tierra Caliente cerraron en tres puntos de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano e impidieron el avance del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que iban a una operación para detener a El Pez y La Fresa.

Los bloqueos de los transportistas y lugareños se instalaron en Palos Altos, el entronque de la carretera hacia el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Otro cierre se instaló en el acceso a Arcelia y otro más en Poliutla, cerca de la localidad de Tlapehuala.

En Palos Altos, fueron retenidos varias horas elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal.

La gente levantó los bloqueos hasta que las fuerzas federales y estatales se retiraron del lugar.

En esa ocasión, el vicefiscal General del Estado (FGE), Ramón Ayala Gamboa, acusó a los líderes de esta organización delictiva (Jhonny y Alfredo) de haber obligado a la gente de esa región a cerrar la vía federal para impedir su detención.

«Es un operativo que hace la Federación en coordinación con el estado para detener a los dos principales criminales que operan en el sur del Estado de México y en la Tierra Caliente, específicamente en Arcelia, que son los alías Fresa y el Pez», dijo aquella vez Ayala Gamboa.

Desde hace una década, de acuerdo con versiones de personas locales, la federación ha tratado de detener a estos dos líderes sin resultados.

Sobre lo ocurrido este sábado en Arcelia en donde nuevamente transportistas y jóvenes corrieron a los militares, Gamboa Ayala dijo no tener información de lo que ocurrió en ese municipio.

«No hay carpeta (de investigación») no sabía de esto», dijo el funcionario.

Ejército entrena a Guardia Nacional para enfrentar manifestaciones

Texto: Jesús Guerrero​

Fotografía: Oscar Guerrero

28 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

A menos de un mes de que en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol policías estatales y agentes de la Guardia Nacional (GN) se enfrentaron con normalistas de Ayotzinapa, elementos de esta última corporación federal reciben entrenamiento para disuadir manifestaciones en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Chilpancingo.

Los de la GN llevan su equipo antimotin y durante el entrenamiento se les enseña la manera de como enfrentar a los manifestantes.

Durante la práctica se escuchan gritos de los soldados y de la Guardia Nacional quienes portan sus escudos.

En el enfrentamiento con los normalistas en la caseta de Palo Blanco, los de la GN, sacaron la peor parte ya que 22 de ellos resultaron lesionados uno de ellos de gravedad.

A su vez, los policías estatales que eran dirigidos por el coordinador en la región centro de esta corporación, Constantino Velázquez, hubo ocho lesionados leves.

Fueron los agentes estatales los que iniciaron el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y los que iban al frente de la columna y además arremetían con más furia contra los jóvenes.

La GN tiene su cuartel (que en julio del 2021 inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador) en el boulevard Chilpancingo-Petaquillas.

Medio centenar de la Guardia Nacional fueron entrenados por militares en uno de los campos de las instalaciones del 60 Batallón de Infantería.

Ejército dice estar listo para cualquier contingencia ambiental en Guerrero

De acuerdo con datos de la Conafor en Guerrero, en el 2021 hubo 73 incendios forestales, que afectaron 24 mil hectáreas de suelo


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

28 de febrero de 2022

Chilpancingo

En una demostración que se realizó en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería ubicado en Chilpancingo, mandos del Ejército Mexicano dijeron estar preparados para cualquier contingencia en cuanto a los incendios forestales que se registren en Guerrero.

Durante un recorrido realizado con un grupo de reporteros, el capitán segundo, José Manuel Hernández Ángeles, señaló es en estas semanas cuando inician los incendios forestales debido a la falta de disponibilidad de agua por la temporada de estiaje.

En el Plan DN-III-E, el Ejército Mexicano hizo un llamado a la población guerrerense a que extreme sus precauciones.

Durante la demonstración realizada en las instalaciones militares, el Ejército dio a conocer el uso de las herramientas, protocolos, personal e infraestructura con los que cuenta el Plan DN-III-E en Guerrero para actuar en caso de desastres naturales.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero, en el 2021 hubo 73 incendios forestales, que afectaron 24 mil hectáreas de suelo.

Hernández Ángeles mencionó que a través del Plan DN-III-3 colaboran con autoridades civiles como Bomberos, Protección Civil, y Conafor para ayudar en zonas afectadas por incendios.

Es a través de juntas de coordinación en las que participan las autoridades civiles y militares para darle seguimiento a los incendios y actuar de manera inmediata, dijo Hernández Ángeles.

La demostración se realizó en el Sexto batallón de ingenieros de combate donde personal militar realizó la presentación de equipamiento como maquinaria pesada para abrir caminos, así como dormitorios, consultorios y cocinas ambulantes para apoyar en las zonas de desastre.

Después de la temporada invernal se activan los protocolos para la temporada de incendios que comprende del mes de marzo a junio.

El 21 de marzo próximo comienza el equinoccio de la primavera y es cuando aumentan las temperaturas y también los incendios forestales.

Debido a la veda electoral por la revocación de mandato del próximo 10 de abril, ningún alto mando militar y funcionarios públicos asistieron a esta demostración.

 

Entre descontento social Ejército Mexicano celebra su 109 aniversario

A pocos días de que un grupo de militares fuera expulsado por habitantes de Quechultenango, la institución celebra


 

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

19 de febrero de 2022

Chilpancingo

Retenidos y expulsados por pobladores de Quechultenango, con exigencia de comerciantes de Acapulco para que salgan del Mercado Central y con quejas por violaciones a los derechos humanos, el Ejército mexicano conmemoró su 109 aniversario.

Fue en el sexto Batallón de Ingenieros de Combate, ubicado en Chilpancingo, donde los mandos militares del estado acompañados de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda realizaron una ceremonia con motivo del 109 aniversario de la creación del Ejército Mexicano.

Fue una breve ceremonia donde participó el comandante de la 35 zona militar, Enrique Martínez López, y la gobernadora Salgado Pineda, ambos rememoraron la historia del Ejército Mexicano y Salgado Pineda agradeció la participación del Ejército en las jornadas de vacunación contra el Covid-19.

Martinez López señaló el papel de las fuerzas armadas como garantes de la soberanía y la seguridad interior, aunque, en la última semana el Ejército Mexicano participó en hechos donde la población mostró un descontento a sus acciones y operativos.

El pasado miércoles 16 de febrero un grupo de pobladores del municipio de Quechultenango retuvo a elementos del Ejército y Policías Ministerial para exigir su salida del municipio y un cese a su operativo de seguridad, esto días después de que las fuerzas de seguridad aseguraron tres tigres de bengala y ocho vehículos.

Días después el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) criticó que el Ejército Mexicano no fue capaz de detener a los operadores del crimen organizado que operan en la zona, denominado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como Los Ardillos.

Ayer, 18 de febrero, comerciantes del Mercado Central de Acapulco bloquearon la Costera Miguel Alemán para exigir la salida del Ejército y Guardia Nacional de sus instalaciones por acusarlos de acoso.

En los últimos días activistas se manifestaron en contra de las acciones de militarización llevadas a cabo por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al término de la ceremonia y en una breve entrevista, Salgado Pineda, habló sobre el operativo realizado en Quechultenango y las acciones de los comerciantes en Acapulco, sin entrar en detalles dijo que trabajarán labores de convencimiento para que la gente acepte a los elementos de seguridad.

Por su parte el secretario de seguridad pública, Evelio Méndez Gómez, informó que la nueva estrategia con las poblaciones que no aceptan elementos de seguridad, será trabajar la proximidad social, reforzar las policías de género, la prevención social del delito y mesas de trabajo.

Al evento asistió Raymundo Casarrubias Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, la diputada Flor Añorve Ocampo, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

 

Militarización en Guerrero: estrategia contrainsurgente prolongada a la actualidad

En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa


Texto: Beatriz García

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

19 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala.

Hoy sábado se conmemora el Día del Ejército Mexicano y de manera oficial se celebran eventos para congratular el trabajo que han hecho los militares en el país, además de entregarles reconocimiento. En Guerrero no es a excepción.

Un sin número de violaciones a los derechos humanos se han cometido por elementos del Ejército en Guerrero y en el resto del país, y que han sido de interés público, casos que ha llegado a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo motivo por el que se han emitido recomendación al Estado mexicano.

El 31 de agosto del año pasado Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra emitieron un posicionamiento donde externaron su preocupación con la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron.

“Esto ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humano, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que  la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtieron los organismos defensores.

En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa.

El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH estableció que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En el 2021 acumularon más de 261 quejas, lo que situaba a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.

 

Violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero

En Amapola. Periodismo transgresor hicimos un recuento de las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero, desde la Guerra Sucia, hasta uno de los casos emblemáticos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, hechos que demuestran que las violaciones cometidas por militares no paran, lo que cambia es la época.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un organismo defensor que ha acompañado casos en los que estuvieron involucrados militares, como el del asesinato del nahua Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue asesinado por militares mientras viajaba en un autobús en el 2009, y los casos de violación sexual a las Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Sobre esta situación habló el abogado de Tlachinollan y que acompaña en su defensa a los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.

Desde los años 70, finales de los 60, con la llamada Guerra Sucia, explicó, ahí se vio la faceta del Ejército cometiendo “violaciones atroces” a los derechos humanos más elementales, asentados en tratados internacionales que deben respetar la vida y la integridad de las personas.

Entre la gama de violaciones ejercidas por los militares en los sesentas fueron, principalmente, “ejecuciones extrajudiciales”, tortura, desapariciones, señaló el abogado. Y además, hubo un caso que se registró en la Corte Interamericana y fue el parteaguas para documentar estas violaciones, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac, que lucho por mejoras en educación y salud, contra las injusticias y abusos.
Fue desaparecido por militares en 1974.

El caso de Rosendo Radilla fue el que abrió brecha y sentó bases para que se pudiera restringir el fuero militar y se pudieran hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código de Justicia Militar, por ello, ahora, los delitos que comete el Ejército son juzgados por la justicia civil.

Después de estos hechos se construyeron diversos cuarteles militares en el estado y aunque ahora los militares estarían dentro de estas construcciones no se irían de Guerrero, dijo, pero sí disminuyó su presencia en las comunidad y aparentemente las violaciones a derechos humanos, pero volverían a surgir en los años noventa, cuando aparece la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

El escenario volvió a ser el mismo, torturas, desapariciones, por lo cual surgió una recomendación de la CNDH, que menciona 30 casos donde hubo violaciones a los derechos humanos sobre tortura, incursiones a comunidades, violaciones sexuales cometidos contra mujeres, explicó el defensor de derechos humanos.

El accionar del Ejército en Guerrero se prolongó en distintas partes del estado, en los años de 1998 y 2000 con la masacre de El Charco, donde participó directamente el Ejército, contra una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Fue entonces que suceden los hechos de tortura por militares contra ecologistas que defendían sus recursos naturales en Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera.

Después se cometen las violaciones sexuales contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, dentro de un operativo que despliega el Ejercito en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, porque hay información de que ahí operan grupos insurgentes, y tienen como finalidad “reducir el margen de acción de los grupos insurgentes que operan en esa región”, según informes oficiales del Ejército.

Estos casos se difundieron internacionalmente. Los casos también los retomó la CIDH, y entonces poco se frenó la presencia del Ejército en las comunidades.

En el sexenio del panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, se constituyó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una supuesta estrategia de esa administración para combatir a los grupos delictivos, que propició que los militares se desplegaran en todos los rincones del país.

En esta época fue asesinado Bonfilio Rubio Villegas, en un retén de militares en Huamuxtitlán. Mientras viajaba en un autobús, supuestamente porque los efectivos creyeron que ahí iban delincuentes.

-¿Entonces se hablaría de que las violaciones por parte del Ejército no cesan, que lo que único que ha cambiado es la época?- se le preguntó al abogado.

Se siguen reditando, han sido diferentes épocas, por diferentes motivos, pero todo el tiempo el Ejército ha cometido violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de manera selectiva, pero, también masiva como Tlatlaya, Ayotzinapa y El Charco. También de manera selectiva como la Guerra Sucia que iban matando, dos, tres, cuatro, cinco activistas, señaló Rosales.

En el 2000 cambio un poco el discurso con la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, pero las violaciones se siguieron cometiendo, insistió el abogado y activista.

Hubo unos pequeños avances en términos de esta materia contra el Ejército, agregó, y esa es la batalla que liberaron organizaciones sociales y de derechos humanos, para acotar el fuero militar, para efecto de que las violaciones de derechos humanos no fueran juzgadas por tribunales e instancias militares, y se logró, no en México, pero si por los casos que fueron llevado a la Corte Interamericana.

La realidad es que el Ejército es un poder dentro de los poderes, y que el poder civil tiene que hacer acuerdos con los poderes legalmente establecidos, aunque el Ejército sigue teniendo un poder fuerte en la vida fáctica, es una institución hermética, porque no transparenta y no hay poder que lo obligue a rendir cuentas.

 

El gobierno de AMLO que prometía un gobierno diferente, no lo es: Micaela Cabañas

La representante de la Oficina Foránea en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas, expresó, que la población y se siente atropellada, porque el Ejército fue creado para defender “contra la invasión enemiga” y no para atacarlo.

“Nos sentimos ofendidos, nos sentimos atropellados del nuevo gobierno que pensamos que iba a ser de cambio, a nuestro favor de las organizaciones sociales, civiles, principalmente. Después de haber pasado varios años de violaciones a derechos humanos, pensamos que tal vez si se iban a acabar (las violaciones del Ejército) o por lo menos no iba a ser tan dura la estocada, pero definitivamente al parecer es todavía más agresivo en contra de nosotros”, expresó la también hija del ex tinto guerrillero y fundador del Partido de los Pobres (PDLP).

Resaltó que el papel del Ejército fue de violaciones a la población civil, durante la guerra sucia, y que es doloroso saber que en la actualidad se repite y se están dando cargos públicos a quienes traen escuela de represión.

Se pregunta si realmente han cambiado las condiciones y por qué el gobierno en lugar de proteger, arremete contra el pueblo.

Pero hay una esperanza, dijo, porque ahora hay instituciones de derechos humanos y es un organismo de amparo que hace sobrepeso, aunque sigue habiendo violaciones, porque la formación y la escuela del Ejército se repite.

“El maestro Lucio Cabañas Barrientos fue uno de los primeros defensores de derechos humanos en aquel entonces cuando no había protección, pero protegía a su pueblo, a los maestros, a los padres y les enseñaba una mejor idea en su entorno, pero en la actualidad todo lo que hemos pasado la familia Cabañas, he tenido que caminar tanto, he sido víctima tantas veces pero hoy me honra decir que soy sobreviviente, que estoy en una institución para defender el pueblo”, consideró.

Critican que Ejército no realizara detenciones de grupo criminal en Quechultenango

La CIPOEG-EZ a la cual está agrupada la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Originarios (CRAC-PF) ha tenido enfrentamientos con integrantes de este grupo denominado Los Ardillos en comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera


 

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía:

17 de febrero de 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) criticó que el Ejército Mexicano no haya podido ser capaz de realizar las detenciones de los operadores del grupo, a quienes consideran, paramilitar, denominado por la Fiscalía General del Estado (FGE), como Los Ardillos en Quechultenango.

En un comunicado que emitió esta organización un día después que pobladores de Quechultenango retuvieron cinco horas a 50 efectivos del Ejército y a 20 agentes ministeriales, señala que no se entiende como entran (los militares) a realizar un operativo y un grupo de 200 personas, los amedrantan y expulsan de la comunidad.

«Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de Los Ardillos en la que se acordó que se permitirá la realización de operativos militares en Quechultenango acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias», señala el CIPOG-EZ.

«Acaso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de los Ardillos», dice esta agrupación.

Asegura que está comprobado que las policías municipales trabajan para el crimen organizado igual que muchos presidentes municipales entre ellos el de Quechultenango (Crisóforo García).

La CIPOEG-EZ a la cual está agrupada la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Originarios (CRAC-PF) ha tenido enfrentamientos con integrantes de este grupo denominado Los Ardillos en comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Señala que bajo amenazas de muerte los pobladores de Quechultenango fueron obligados por los Ardillos a retener a los militares este miércoles.
«Si las fuerzas del estado no logran desarticular a los criminales Ardillos y Rojos, detener a sus cabezas, el escenario de guerra y muerte en nuestras comunidades continuará», advierte el CIPOG-EZ.

Suspende operativos el Ejército en zona de Ardillos

Después de que este miércoles habitantes de Quechultenango retuvieron y expulsaron a 50 militares y agentes ministeriales, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional suspendieron el desplieque en esta zona que está dominada por el grupo delictivo de Los Ardillos.

El domingo 13, el Ejército y Guardia Nacional iniciaron los patrullajes entrando por la comunidad de Petaquillas y luego en los municipios de Mochitlán y Quechultenango.

Una de las versiones es de que el despliegue del Ejército y Guardia Nacional a esa zona fue debido a que existe la acusación de que el grupo delictivo que controla esta zona Los Ardillos fueron los que atacaron a los policías comunitarios de la comunidad de Buenavista de la Salud, del municipio de Chilpancingo el pasado 26 de enero.

En saldo de ese enfrentamiento fue de seis muertos, cuatro de los guardias civiles y dos del grupo de Los Ardillos.

Durante el operativo que el Ejército había empezado hace tres días se decomisaron vehículos con reporte de robo y en la cabecera municipal de Quechultenango se detuvo al médico, Jesús Flores.

Durante la retención de los militares, los pobladores enardecidos retuvieron a más de una decena de periodistas. Al corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo Arista, le quitaron su teléfono celular aunque después se lo regresaron.

Cuando los comunicadores estaban retenidos la noche de este miércoles, varios de sus compañeros solicitaron el apoyo de la organización Artículo 19 que intervino ante la Secretaría de Gobernación para que fueran liberados.

«Ya todo bien». «Ya vamos de regreso a Chilpancingo», fueron los mensajes que hicieron a través de whatsapp, algunos de los reporteros cuando salían del poblado junto con el Ejército Mexicano.

Sin capacitación previa, Guardia Nacional manda a exfederales de caminos a combatir secuestros

Agentes se quejan de que no se analizaron perfiles y solo los están enviando sin mayor preparación. Experto advierte que emplear a personal sin la formación adecuada no dará resultados y puede poner en riesgo a las víctimas.


 

Texto: Arturo Angel / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

17 de febrero de 2022

 

Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.

En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).

Dos de estos elementos, que pidieron reserva con su identidad, confirmaron que les avisaron del cambio de un día para otro, y que no han recibido preparación o curso especial alguno para indagar secuestros. Animal Político solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (a la que pertenece tanto la GN como la CONASE) información sobre las razones de estos cambios y la capacitación que se ha impartido a los elementos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

 

La lista de cambios incluye 101 nombres de inspectores, oficiales, agentes y subagentes que estaban desplegados en estaciones de vigilancia carretera en 17 estados: Durango, Aguascalientes, estado de México, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nayarit, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Coahuila, Morelos, Sinaloa y San Luis Potosí.

Son exagentes federales que hasta antes de la desaparición de la Policía Federal estaban adscritos a la División de Seguridad Regional, responsable de la seguridad en carreteras y vías federales (antes Policía Federa de Caminos). Con la extinción de la Policía Federal y el surgimiento de la Guardia Nacional, estos elementos civiles pasaron a la nueva corporación y fueron agrupados en los llamados Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones; esencialmente se mantuvieron realizando las mismas funciones.

Sin embargo, desde el año pasado y por instrucciones de su alto mando, la Guardia Nacional comenzó un proceso escalonado de relevos de todos los policías civiles que estaban en las funciones de vigilancia carretera para reemplazarlos con elementos provenientes exclusivamente de la policía militar. Este medio informó que, al cierre de enero pasado, dichos relevos ya se habían completado en 12 estados y, para el cierre del primer semestre de 2022, se esperaba completar el proceso al cien por ciento.

Los agentes civiles relevados han sido progresivamente desplazados hacia entidades donde aun no se han dado los cambios, pero una vez que se concluya con dicha estrategia, todos serán asignados a otras direcciones. Varios de ellos han comentado que no saben que ocurrirá y que las nuevas asignaciones, como la que ahora se documenta al área de secuestros, se dan de último minuto y sin aviso una planificación previa.

Para los exagentes federales de caminos que no alcancen a ser reubicados en otras direcciones, la Guardia Nacional ya alista un programa de retiro voluntario que se estará poniendo en marcha en los próximos meses.

En su momento este medio ha intentado obtener de parte de la Guardia Nacional alguna respuesta en torno a las razones por las cuales se decidió reemplazar a todos los agentes civiles de las tareas de seguridad en vías federales e instalaciones como aeropuertos, pero hasta ahora no se ha recibido alguna respuesta. Públicamente tampoco se ha anunciado los objetivos de este plan.

 

Puede ser ineficaz y hasta riesgoso, advierte experto

 

La investigación de un secuestro requiere de policías de altísima especialización, advierte el excomisionado general de la Policía Federal y maestro en Ciencias Penales Manelich Castilla Craviotto. Requiere, primero, de dominar las técnicas de investigación policial y, a partir de ahí profundizar en la adquisición de habilidades y conocimientos enfocados a la atención de secuestros.

“Los agentes de secuestro no pueden ser improvisados, necesitan una capacitación en temas como manejo de crisis, negociación. Deben tener perfiles empáticos, saber de atención a víctimas. El secuestro es el delito más grave de todos, que destruye no solo a la víctima directa sino a muchas indirectas. Un policía que investiga secuestros debe tener empatía, conocimiento de manejo de crisis y muy importante: análisis e investigación”, indica el experto en entrevista.

No obstante, uno de los agentes que se encuentra en la lista de los que fueron reasignados dijo que ni él ni sus compañeros han recibido ninguna preparación especial para atender delitos de secuestro. Los conocimientos que tiene son en materia de investigación policial pero enfocado a temas de tránsito, transportes de mercancías, y similares.

“Es algo para lo que no estamos capacitados. Se requiere tener preparación en materia de

análisis táctico, operaciones encubiertas, técnicas de sonsacamiento, fotografía y video encubierto. Se debe tener un perfil y capacitación para ser negociador o perfilador criminal. Labores totalmente distintas a las que desempeña un oficial de la dirección de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional”, dijo el policía que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.

Castilla Craviotto, quien en su momento también estuvo a cargo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, dijo que hay policías de caminos que sí tienen las capacidades para desempeñar funciones de investigación policial. No obstante, el experto sostuvo que no se trata de una realidad general, y que cada designación debe ser analizada para ver si la persona en cuestión cuenta con un perfil.

Ese sería el primer paso, porque luego vendría la capacitación enfocada en la atención, investigación y manejo de secuestros. Es una tarea que no es ajena a la extinta policía Federal – que en el pasado ha comisionado a agentes a las unidades especializadas en combate a secuestros con buenos resultados – pero que sí requiere de una preparación de cada agente.

“Es un área de altísima especialización. El trabajo no termina con la liberación de la víctima si no con el seguimiento de los grupos que se dedican a esto. Por eso se necesita que las asignaciones sean las correctas. Si esto solo se está decidiendo porque tienen a un grupo de policías que ya no saben donde colocarlos y los están asignando a la fuerza a este tipo de tareas, el asunto no va a funcionar”, dijo el experto.

Castilla advirtió que una investigación de secuestro que no esté bien trabajada desde la investigación de gabinete hasta la de campo puede resultar peligrosa tanto para los propios agentes, así como para las personas privadas de su libertad. En 2009, por ejemplo, un operativo de rescate mal diseñado, ejecutado e implementado dejó un saldo de cuatro personas muertas en una casa de seguridad en Xochimilco, Ciudad de México. Entre las personas fallecidas estaba la víctima del plagio, la empresaria Yolanda Cevallos Coppel.

Informe identifica fallas en formación y capacitación

El Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, presentado ayer en el Senado de la República, identificó irregularidades y contradicciones en los supuestos programas de formación, capacitación y evaluación en el proceso de conformación de esta nueva corporación.

Por ejemplo, el informe detalla que en junio de 2019 la corporación había indicado – en respuesta a una solicitud de transparencia – que los elementos provenientes de las fuerzas armadas con los que se constituyó la corporación recibirían cursos de 584 horas de duración en total. Sin embargo, en agosto de ese mismo año indicó que el curso sería en realidad de 385 horas, es decir, 199 horas menos.

En noviembre de 2021, detalla el informe, la Guardia Nacional reportó que se había dado el curso de capacitación policial inicial a 2 mil 274 efectivos, y alguna preparación especializada a 16 mil 916 efectivos. Las cifras son muy lejanas al estado de fuerza total de esta corporación que ronda los cien mil efectivos.

También hay rezagos en cuanto a la certificación obligatoria con la que deberían de contar todos los elementos de dicha fuerza para acreditar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñar bien la función policial. En mayo de 2021 el 90 por ciento de los elementos carecían de dicha certificación, en una clara violación a la ley de Guardia Nacional. Para noviembre del año pasado se reportó que la cifra había crecido a 20 mil 995 efectivos con el CUP, cifra que ele informe considera poco realista y que, además, apenas representa la quinta parte de todo el estado de fuerza.

El informe indica que estas irregularidades cobran relevancia si se toma en cuenta que la conformación de la GN se ha hecho esencialmente con militares que son reclutados y comisionados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, con personas que no son reclutadas bajo criterios de un estándar policial, sino como soldados.

“No se ha construido por tanto una corporación civil como lo establece la Constitución”, concluye el informe.

 

Ayotzinapa: una historia de represión, desapariciones y asesinatos

Un repaso por las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa a partir de 2011 confirma que no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática


 

Texto: Kau Sirenio / Pie de Página

Fotografía: Óscar Guerrero

10 de febrero de 2022

 

Ahora, como en el sexenio anterior, se les acusa a los normalistas de estar infiltrados por grupos del crimen organizado, sin mostrar una prueba mínima de lo que se quiere inculpar. Lo único cierto hasta ahora es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró en la Normal de Ayotzinapa a elementos del Ejército mexicano para que espiaran las actividades de los normalistas.

Lo cierto es que en 10 años que las fuerzas del Estado mexicano asesinaron a los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, la justicia sigue ausente. La herida abierta desde el 12 de diciembre de 2011, lejos de cerrar, se ha abierto más al mantenerse e intensificarse la campaña de represión en contra de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Un repaso por las agresiones contra los normalistas a partir de aquella fecha confirma que no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática. Han sido asesinados nueve alumnos, 43 desaparecidos, 11 heridos en distintos ataques, 14 torturados, 50 detenidos en dos agresiones, y más de 10 embestidas directas por parte de la Policía Federal, la Marina Armada de México y del Ejército mexicano y el crimen organizado.

Con los asesinatos de Alexis y Gabriel, la ofensiva gubernamental continuó; 24 días después de esta represión, políticos, empresarios, empleados y funcionarios del gobierno del estado salieron a la calle a una marcha para brindar su apoyo al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. En esa protesta, los manifestantes demandaron el cierre de la Normal de Ayotzinapa, porque según ellos era “centro de concentración de terroristas”.

Meses después, el 10 de noviembre de 2012, cuando se preparaba la movilización por el quinto aniversario del desalojo de normalistas del congreso del estado por parte de la policía estatal, la Policía Federal les disparó, detuvo y torturó a cinco normalistas. Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina difundían las problemáticas estudiantiles en la carretera Chilpancingo-Iguala, conocida como Casa Verde.

Durante la movilización en contra de la reforma educativa, el 23 de abril de 2013, fueron puestos en libertad los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, únicos señalados de la ejecución extrajudicial de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011.

A raíz de su activismo en contra de la reforma educativa, el 7 de mayo por la tarde, sin justificación aparente, policías estatales detuvieron a 25 normalistas cuando boteaban en el crucero Casa Verde.

La ofensiva contra de los normalistas de Ayotzinapa vino a unos días de que los estudiantes salieron a protestar por la liberación de los ministeriales, para justificar la represión en contra de los movimientos sociales por su apoyo a la Policía Comunitaria y a los maestros durante la movilización en contra de la reforma educativa.

Un día después de la detención de los estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre Rivero acusó a los normalistas de robar combustible a los automovilistas que transitaban por la carretera Chilpancingo-Iguala.

En una entrevista con la conductora de Televisa Adela Micha, el 9 de mayo, el entonces gobernador guerrerense acusó a los estudiantes de tener nexos con la guerrilla y recibir adoctrinamiento de grupos de tendencia radical, para generar rencor social. Además, señaló que la Normal de Ayotzinapa financió al movimiento magisterial, y que por eso se les suspendió el pago a los proveedores que surtían al comedor estudiantil y les negó la entrega de recursos para difusión de la convocatoria para nuevo ingreso.

Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta fueron atropellados cerca de Atoyac el 7 de enero de 2014; realizaban actividades políticas y colecta de dinero para sus prácticas y observación.

Ese mismo año, pero el 26 de septiembre, fueron asesinados en Iguala, Guerrero, César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, por la policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de 43 de normalistas.

A pesar del reclamo de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que seguía por las principales ciudades del mundo, la agresión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa no cesaba, en un presunto asalto a una urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo, hombres armados mataron a los normalistas Jonathan Morales y Filemón Tacuba Castro, el 4 de octubre de 2016.

Las agresiones sistemáticas en contra de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos continúan y no hay para cuando. Porque la lógica de los gobernantes de Guerrero es someter a los estudiantes de esta escuela con base en operativos policiaco-militares, que violan los derechos humanos de los estudiantes.

Podemos no estar de acuerdo con las distintas formas de lucha de los normalistas, pero no podemos bajar la vista ante los abusos de poder político y económico de los gobernantes en turno en Guerrero. Desde la época de la Guerra Sucia para contener el movimiento armado de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, no ha habido un solo gobernador que no haya reprimido a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa.

Hasta ahora se ha condenado a los jóvenes por su peculiar forma de protesta, pero nadie ha cuestionado los proyectos extractivos transnacionales que han desplazado a miles de familias de la Sierra y Montaña de Guerrero. Nadie ha alzado la voz en contra de la violencia que se instaló en Guerrero desde hace 16 años.

Foto: Óscar Guerrero

 

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