Un Juez de control resolvió este jueves vincular a proceso por el delito de secuestro agravado a una ex comisaria y un ex comisario de la comunidad de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo que el 7 de junio del 2022, presuntamente participaron en la retención de elementos del Ejército y Policía estatal.
La resolución la escucharon los familiares y abogados de la ex comisaria Paula Calderón Herrera y del ex comisario Lenin Locia Reyes durante una audiencia que se realizó en Ciudad Judicial en Chilpancingo.
«Fue una resolución injusta del juez porque mi hermano Lenin y Paula no son delincuentes pero pese a que presentaron las pruebas de su inocencia fueron vinculados a proceso», dijo Trotski Locia Reyes, hermano de Lenin.
El ex comisario Lenin Locia y la ex comisaria Paula Calderón fueron detenidos el pasado viernes 8 de septiembre y actualmente están presos en la cárcel de La Unión, en la región de la Costa Grande.
El 7 de junio del 2022, pobladores de Petaquillas se inconformaron porque militares y policías estatales realizaban cateos en viviendas y agredieron a estudiantes de la telesecundaria.
La gente acordó retener a los 40 militares y policías estatales frente al panteón del pueblo.
Trotski Locia dijo que cuando la población acordó retener a los soldados y policías su hermano Lenin y la ex comisaria Paula Calderón estaban en Chilpancingo, en su centro de trabajo.
Lenin Locia es trabajador de la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Paula Calderón labora en el Congreso local.
«Mi hermano y la señora Paula llegaron al pueblo a las cinco de la tarde de ese día y cuando les informaron lo que ocurría se trasladaron al lugar donde los pobladores tenían retenidos a los militares y policías para pedirle a la gente que los dejara en libertad», dijo Trotsky Locia.
Patrulla de la policía estatal resguarda Ciudad Judicial en Chilpancingo, donde se llevaba acabo la audiencia de dos ex comisarios electos de Petaquillas este 14 de septiembre del 2023.
«Hay pruebas de que mi hermano y doña Paula no participaron en la retención de los militares y los policías porque incluso en el acta de acuerdos dice que fue la comunidad la que realizó la retención», detalló el hermano de Lenin Locia.
Trotski Locia criticó las declaraciones que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, de que la detención de su hermano y Paula Calderón sea una línea de investigación del caso del asesinato del delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, ocurrida este martes en Chilpancingo a mano de individuos armados.
«Primero que vean quienes son, vean sus llamadas de su teléfono celular no digan nada más porque sí que son delincuentes», pidió el hermano del ex comisario detenido.
Contó que debido a que las cosas que ocurren en Petaquillas no están bien, su hermano Lenin Locia y Paula Calderón presentaron su renuncia como segundo comisario y tercera comisaria, respectivamente, por la situación de inseguridad que ahí se vive.
«En Petaquillas la gente es rehén y están pasando muchas cosas que no se han visto nunca antes», dijo Trotski Locia.
Lenin Locia es miembro de la comunidad LGTB y activista por la defensa de los derechos de estas poblaciones y Paula, quien es madre soltera con dos hijos, no tienen dinero para pagar un abogado y por eso este miércoles los pobladores de Petaquillas aportaron una cooperación de 24 mil pesos para los gastos.
«Si mi hermano y Paula fueran delincuentes no estuviéramos pidiendo dinero al pueblo».
Dos granadas de fragmentación sin detonar fueron halladas esta mañana en la entrada principal de las oficinas estatales del PRI, en la colonia Villa Moderna, en Chilpancingo, a unos metros del Polideportivo, donde en unas horas se llevará a cabo el concierto de la cantante Belinda que es patrocinado por el gobierno del estado.
Una llamada al número de emergencia 911 reportó cerca de las siete de la mañana que dos explosivos estaban afuera de las oficinas del PRI, en la colonia Villa Moderna, el sur de la ciudad.
De acuerdo con información extraoficial, fueron dos granadas halladas en la entrada principal de las oficinas, además de una cartulina con un mensaje del cual se desconoce su contenido.
Al lugar arribaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordonaron el lugar e impidieron la circulación de vehículos y peatones en la avenida José Francisco Ruiz Massieu en la colonia Moderna.
También hicieron su aparición peritos de la FGE, de la Unidad Especializada en Artefactos Explosivos, quienes con elementos del Ejército retiraron las granadas.
A las nueve de la mañana se retiró el acordonamiento del lugar y dentro de las oficinas del PRI, personal de la FGE realizó labores de reconocimiento, acompañados por binomios caninos entrenados para detectar explosivos.
El hecho ocurrió a 50 metros del Polideportivo de Chilpancingo, donde en unas horas se presentará la cantante de pop Belinda, traída por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de la Juventud, en el marco del Día Internacional de la Juventud.
En el Polideportivo, elementos del Ejército y Policía Estatal resguardan la zona.
A través de un comunicado, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, exigió a las autoridades de Guerrero realicen las investigaciones necesarias para el deslide de responsabilidades.
«Exigimos que se brinde seguridad no solo a las instalaciones del PRI, también en otras que puedan ser vulneradas, así como en las colonias de la capital», dice el comunicado firmado por el dirigente del tricolor.
«Este acto delictivo por ningún motivo debe desestimarse y mucho menos minimizarse», se lee en el comunicado.
La dirigencia del PRI expuso que es preocupante lo que ocurrió este sábado en la mañana (el hallazgo de las granadas), porque amenazaron la integridad de las personas que trabajan en esa zona.
Elementos del Ejército resguardan las oficinas del PRI, en la colonia Villa Moderna, en Chilpancingo, después de hallar dos granadas de fragmentación en la entrada del inmueble del partido tricolor. Foto: José Miguel Sánchez
A los 10 años Antolina Rojas Bernardino vio cómo el Ejército irrumpió en su pueblo, asesinó a cinco personas, entre ellas su padre. 56 años después, Antolina y parientes de las otras víctimas exigen que los restos sean exhumados de la fosa donde después supieron los enterraron, también que les garanticen justicia y un lugar digno para sepultar a sus familiares.
Era la mañana del 20 de diciembre de 1967 en Los Espadines, comunidad serrana de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero, cuando un centenar de elementos del Ejército irrumpió en el pueblo y con violencia entró a las casas y sacó a los hombres. No existía ninguna orden judicial para catear las viviendas.
«No sabemos por qué hicieron eso, los gallos ni siquiera cantaban cuando llegó el Ejército y como locos comenzaron a disparar, yo no estaba muy conciente en ese entonces, no entendía qué pasaba pero sé lo que vi», contó Antolina.
En esa irrupción del Ejército, el padre de Antolina, Bartolo Rojas Nazario, fue víctima de desaparición forzada y supieron, por testimonio de otros pobladores, que fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina cerca de la comunidad junto con otras cuatro personas, entre ellas una menor de 14 años.
56 años después de esos hechos, las familias de los desaparecidos no entienden el actuar del Ejército aquella mañana de 1967.
«Nadie sabía qué pasaba, mi papá era ganadero, tenías vacas y chivos y de eso vivíamos, él no estaba metido en otra cosa y sin embargo fue desaparecido y asesinado», dijo Antolina
En la historia mexicana, el periodo comprendido entre 1960 y 1990 es conocido como guerra sucia, otros autores la denominan como terrorismo de Estado, por el alto nivel de violencia extrajudicial que vivieron miles de personas como parte de una estrategia contrairsugente que pretendía acabar con movimientos sociales de izquierda, tantos pacíficos, como guerrilleros, ya fuera en zonas urbanas o rurales.
Este periodo de 30 años dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México; las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado asciende a 327 víctimas en todo el país, dato rebasado por las cifras de los colectivos de víctimas y familiares.
Tan sólo la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, que aglutina a tres organizaciones, tiene un registro de 800 personas desaparecidas en Guerrero en ese periodo.
En Guerrero, la brutalidad de la guerra sucia fue porque el Ejército buscaba por toda la zona serrana a los guerrilleros Lucio Cabañas Barriendo y Genaro Vázquez Rojas, quienes a través de la Partido de los Pobres y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), respectivamente, se levantaron en armas y se opusieron al régimen autoritario de la época.
La mañana del 20 de noviembre de 1967, el Ejército, en un primer momento, desapareció a cinco personas, entre ellas un menor de 14 años, después los asesinaron y les obligaron a cavar la fosa en la que fueron enterrados sus cadáveres.
«Nomás de repente se soltó la balacera y escuchamos cómo decían, ya mataron a Gervasio, ya mataron a Pablito, y por alguna razón todavía mi papá se salvó y pretendía huir vestido de mujer, pero lo agarraron y lo mataron», dijo Antolina.
Antolina a sus 66 años es parte de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, desde donde exige justicia y castigo para los asesinos de su padre.
Los Espadines, en 1969 era una comunidad alejada de cualquier otra población, para obtener víveres o requerir de algún servicio las personas viajaban por tres días en animales de carga hasta Ajuchitlán del Progreso.
Después de la irrupción armada del Ejército Los Espadines desapareció, su habitantes por miedo a pasar por lo mismo una segunda vez huyeron del lugar y se instalaron en la comunidad de Cuatro Cruces, en el mismo municipio de Ajuchitlán.
En esta misma irrupción armada en Los Espadines fueron desaparecidos y asesinado Francisco Rojas Durán y su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán, quien estudiaba para ser maestro.
La hija de Francisco y hermana de Pablo, Gloria Rojas Peralta reclama justicia por ambos asesinatos.
Gloria Recuerda cómo llegaron los militares y pidieron a toda la población, que no rebasaba los 200 habitantes, formarse en las afueras del pueblo, ahí, frente a todos, asesinaron a cinco personas y jamás les dieron una explicación o justificación a los familiares por esos asesinatos extrajudiciales.
«Ellos (los militares) nos amenazaron y nos pidieron que cavaramos la fosa para enterrar a nuestro familiar», recuerda Gloria, quien aún se le corta la voz al hablar del tema; para ella sigue vigente y es una herida que no cierra, porque no hay un acceso a la justicia y tanto su hermano y padre «no tienen un lugar dónde descansar en paz o nosotros ir a llorarles».
Al no haber ninguna orden judicial o algún certificado de defunción, estas cinco personas asesinadas están en calidad de desaparecidas desde hace 56 años; debido al testimonio de las personas que cavaron la fosas hay una carpeta de investigación para dar con su paradero.
En esta fosa estarían los restos de Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Francisco Rojas Nazario y José Santos González Rojas, todos habitantes de Los Espadines y asesinados la mañana del 20 de diciembre del 2023 por elementos del Ejército, de acuerdo con la denuncia de sus mimos familiares.
Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, en conferencia de prensa, exigieron la exhumación de ocho cadáveres de víctimas de la guerra sucia de dos fosas clandestinas en la Sierra de Ajuchitlán del Progreso. Fotografía: José Miguel Sánchez
La justicia no llega
El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres en dos fosas clandestina ubicadas en la Sierra de Ajuchitlan.
La primera exhumación será en Los Espadines, donde esperan hallar los restos de cinco personas y otras tres más en el Cerro de de las Desdichas, en el ejido de Cuatro Arroyos.
Esta carpeta se integró como parte de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Para estas familias, la exhumacion serían un paso más para llegar a la justicia que desde hace 56 años no acceden, pero en los últimos dos meses ya fue retrasada tres veces por la Guardia Nacional.
Es por eso que los tres colectivos antes mencionados, aglutinados en La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, exigieron en una conferencia de prensa que dieron al mediodía de hoy, que las autoridades agilicen la exhumación de estas ocho personas.
Desde mayo está programado que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) hiciera la exhumación de estos ocho cadáveres, la cual fue pospuesta en tres ocasiones porque la Guardia Nacional argumentó que no había garantías de seguridad ni lugar dónde dormir durante las labores de búsqueda.
Octaviano Gervacio Serrano, representante legal de la Unión de Colectivos, dijo otros de los pretextos que pusieron las instituciones para no realizar la exhumación de los cadáveres, es que con las lluvias sería más complicado, y que en muchas de las zonas a buscar ahora son terrenos de siembra; quieren que termine la temporada de cosecha, a finales del 2023, para retomar la búsqueda.
«Lo que tememos es que el caso quede en el olvido sin que haya castigo a los responsables», mencionó.
Agregó que la Comisión de la Verdad, tienen en su poder una lista con 300 nombres de militares que participaron en desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Guerrero, y que siguen vivos y están en funciones.
Sobre esos nombres, Gervasio Serrano dijo que pedirán su comparecencia ante los tribunales civiles y se les finquen responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.
Si la exhumacion de estas ocho personas no se concreta con la CNBP y la Guardia Nacional, la Unión de Colectivos espera buscar apoyo en instancias de derechos humanos federales e internacionales.
«Lo único que pedimos es que las fosas donde están los restos de nuestros familiares puedan ser abiertas y podamos dar una sepultura digna a nuestros padres y hermanos», agregó Antolina.
Familiares de víctimas de la guerra sucia protestan fuera de la 35 zona militar en Chilpancingo, el pasado 19 de febrero del 2023. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola periodismo)
De 2007 a 2022, se registraron 5 mil 491 enfrentamientos entre militares y civiles. La proporción de fallecidos derivados de esos hechos es de 17 civiles por cada soldado muerto.
Texto: Alfredo Maza / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
14 de junio del 2023
Desde 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha llevado un registro de los “enfrentamientos violentos” entre su personal militar y civiles, mismo que revela que, desde ese año hasta 2022, por cada soldado muerto hubo 17 civiles víctimas.
Así lo advierten datos del nuevo mapa interactivo “Los enfrentamientos de la Sedena”, publicado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, en el que se señala que en un total de 5 mil 491 enfrentamientos de este tipo, desde que inició la llamada “guerra contra el narco”, fallecieron 308 militares y 5 mil 387 civiles.
Según la Sedena, todos estos enfrentamientos —eventos en los que civiles agredieron con armas de fuego a autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno— son resultado del uso legítimo de la fuerza, cuando los soldados se ven “compelidos” a utilizar sus armas “en propia defensa”.
Sin embargo, de acuerdo con el PSC de la Ibero, en múltiples ocasiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha investigado casos en los que la narración oficial de los hechos es “falsa” o “no se actualiza la base de datos oficial”.
“Por ejemplo, la Sedena informa que su personal sufrió una agresión de parte de personas armadas en el municipio de Luvianos, Estado de México, el 30 de octubre de 2014. En la cuenta oficial (…) el único saldo fue de seis ‘agresores’ fallecidos”, señala el programa.
No obstante, la subsecuente investigación de la CNDH indicó que las dos mujeres adolescentes víctimas de la agresión no habían accionado las armas encontradas a su lado y que cinco “agresores” no murieron frente a frente con los soldados, sino que les dispararon en la espalda o murieron por una sola bala.
“Por lo tanto, no se puede aceptar la veracidad de la información reportada”, señala el PSC. “Es imposible saber cuántos casos de esta índole existen en los archivos del Ejército dada la ausencia de una investigación independiente y exhaustiva de cada uno”.
El mapa interactivo señala, además, que en el mismo periodo hubo mil 846 elementos de la Sedena heridos y 839 civiles heridos, mientras que el número de detenidos fue de 4 mil 687.
Por este motivo, el programa también decidió que, en vez de “agresiones a personal del Ejército mexicano”, se usara la palabra “enfrentamiento”, aunque es posible que la base de datos incluya agresiones del personal militar. También decidió no diferenciar los datos de “presuntos delincuentes” y “civiles” proporcionados por la Sedena.
Tamaulipas, el estado más violento
Con 2 mil 477 civiles muertos y 107 militares fallecidos desde que inició la llamada “guerra contra el narco” en el sexenio de Felipe Calderón, Tamaulipas puede ser considerada la entidad más violenta en este rubro.
De acuerdo con los resultados del mapa interactivo, esta cifra está por encima incluso de las alcanzadas en entidades como Nuevo León, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
El último caso ocurrió el pasado 18 de mayo y se dio a conocer luego de que fuera publicado un video que muestra la actuación del Ejército.
“Son casos aislados”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado al tratar de minimizar el caso, en el que perdieron la vida cinco civiles.
No obstante, los datos del PSC ahora no solo refieren el nivel de violencia en Tamaulipas, sino también en Nuevo Laredo en específico, donde se asumulan 681 civiles y 31 militares muertos en enfrentamientos.
El gobierno miente sobre el Índice de Letalidad en México
El pasado 9 de marzo, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador mostró una gráfica en la que se indicaba que “la presente administración tiene una proyección del Índice de Letalidad (de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional) a la baja”, al pasar de -168 en 2019 a -341 a 2022.
“En los enfrentamientos todos los heridos eran rematados, eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos. Era el ‘mátalos en caliente’ y esa era la idea de querer resolver el problema así”, dijo.
No obstante, en 2022 el Monitor de Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe construyó y comparó indicadores para evaluar el uso de la fuerza letal en diversos países, incluido México, y arrojó que en los últimos tres años “ha crecido su índice de letalidad (civiles muertos y civiles heridos)”.
“En particular este crecimiento se debe al actuar del Ejército (…) Como es posible ver, desde el 2016 hay un nuevo aumento constante en el índice de letalidad de esta institución”, señala el informe, que muestra que esta cifra pasó de 1.7 en 2016 a 4.7 en 2021.
En octubre pasado, Animal Político dio a conocer que la Sedena ha mentido durante este sexenio en las cifras de personas muertas y lesionadas, en hechos en que los soldados han reportado “agresiones por parte de presuntos delincuentes” y dejan fuera a policías muertos o heridos.
De acuerdo con reportes internos de la dependencia obtenidos en el hackeo del grupo Guacamaya y cotejados con información que el propio Ejército entregó a Animal Político en respuesta a una solicitud por transparencia, estas discrepancias fueron detectadas en al menos tres casos que atrajeron la atención pública.
En todos los casos, la Sedena reportó internamente una cifra distinta en comparación con lo que públicamente reconoció.
Elementos del Ejército mexicano junto con policías del estado realizan recorridos en el mercado central Baltasar R Leyva Mancilla. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
Custodiada por montañas en una hondonada se divisa un caserío.
Es la comunidad del Charco, alzada a 841 metros de altitud del mar con una población de 146 habitantes en condiciones de pobreza extrema.
La madrugada del siete de junio de 1997, el 27 batallón de GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) hoy Fuerzas Especiales del Ejército mexicano cometió ejecuciones extrajudiciales, tortura y graves violaciones a los derechos Humanos.
Este 2023 la masacre del Charco cumple 25 años, y el caso que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sigue impune, sin fincar responsabilidad a ningún mando militar ni civil.
Ayer siete de junio habitantes de El Charco y de comunidades cercanas se dieron cita en la cancha donde hace más de dos décadas el Ejército masacró a 10 indígenas y a un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La versión del gobierno es de que habría sido un enfrentamiento entre el Ejército y miembros del grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que fue una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con una homilía oficiada por el Obispo de Saltillo Monseñor Raúl Vera el acto conmemorativo dio inicio, frente a la que en 1997 fue la escuela Caritino Maldonado Pérez, los vestigios de impactos de bala y granadas de fragmentación son la escenografía tras la silueta del clérigo que siempre ha dado acompañamiento a las luchas sociales de los campesinos e indígenas del país.
Raúl Vera, en su eucaristía pide por las almas de los diez indígenas asesinados extrajudicialmente en una campaña de contrainsurgencia en Guerrero y por el estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala.
“Pensamos en Ricardo Zavala y en las diez personas de la comunidad naa savi, asesinados por el ejército, también pensamos en nuestro hermano Efrén Cortés y nuestra hermana Ericka Zamora que estuvieron presos y fueron torturados”.
Pidió por todas las familias que terminaron dañadas por la represión.
Con voz fuerte declaró: “el Ejercito es el culpable del crimen de lesa Humanidad, cometido contra esta población “esos asesinos”, que se escuche bien esos asesinos siguen impunes, esos son asesinos desde hace veinticinco años no se les puede llamar de otro modo”.
Dijo que “el actual jefe de las fuerzas armadas en el país no tiene porque seguir manteniendo en impunidad los asesinatos que se cometieron en El Charco y que de mantenerlo como hasta ahora Andrés Manuel López Obrador es cómplice por omisión”.
El Obispo Vera llamo a no olvidar, a buscar justicia y a permanecer unidos ante estrategias del estado por dividir a treves de recursos económicos por resarcimiento de daños; “todos somos iguales, todos somos hermanos, tienen una labor muy importante y es fortalecer el nuevo municipio autónomo Nu Savi”.
Las condiciones por las que luchaban hace 25 años están teniendo frutos a través de la colectividad, porque lo mismo que se buscaba en ese tiempo se busca hoy, vivir bien, vivir con dignidad, afirmó Raúl Vera.
Al finalizar la eucaristía, la ofrenda de velas y flores colocada en la cancha de baquetboll se trasladó a la cruz de los caídos, dentro de un aula desvencijada por el tiempo donde el sobreviviente y defensor de Derechos Humanos Efrén Cortés, agradeció la presencia de la gente y particularmente del Obispo Raúl Vera.
El obispo y activista Raúl Vera exige a AMLO que se investigue al Ejército por la masacre de El Charco. Fotografía: Amïlcar Juárez
«Sin este hombre de sotana (Raúl Vera) no hubiéramos podido llevar nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia; no buscamos venganza, no existe odio, solo queremos justicia, clamó Efrén Cortés quien es sobreviviente de la masacre.
Cortés Chávez dijo que el caso de El Charco se ha demostrado ante la CIDH la participación de altos mandos militares como el General Retirado Juan Alfredo Garnica Oropeza y Luis Humberto Portillo Leal, en una masacre contra población civil desarmada en un contexto de contrainsurgencia.
La Corte invalidó el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, pero en la práctica sus mandos y la mayoría de sus elementos provienen del Ejército.
De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad pública, esto es así porque en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al Ejército.
“Entonces, te diría que la medida tiene un carácter simbólico, un carácter legal, un carácter también que tiene un impacto mediático, un impacto político, un impacto legislativo, pero en el terreno de los hechos las cosas van a ser igual”, dice.
Ayer, por mayoría de ocho votos contra tres, el pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía declarar inconstitucional e invalidar la reforma legal de 2022 que permitió la transferencia de la corporación.
Las y los ministros que respaldaron el proyecto argumentaron que pasar la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena es contrario a la Constitución, pues esta indica que esa institución de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar.
Con esta lectura coincide Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, que considera que lo importante de la resolución de la Corte es que la Guardia Nacional de ninguna manera deberá quedar adscrita al control operativo y administrativo de la Sedena.
“Lo que hace la Suprema Corte es defender a la Constitución y mandar ese mensaje al presidente de la República y a los legisladores de Morena, que cualquier modificación que pretendan hacer o cualquier política que quieran implementar y llevar a cabo a través de una ley tiene que hacerse con base en el respeto del marco constitucional; de lo contrario, esto va a ser declarado inconstitucional”, dice.
Advierten por posible desacato de AMLO
Antes de la resolución de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció dos veces sobre el proyecto. La primera fue para calificar de “error garrafal” la propuesta, mientras que la segunda fue para asegurar que, de aprobarse dicho proyecto, daría pie a que la Guardia Nacional se corrompa.
Desde un inicio, el propio presidente fue quien intentó, en primera instancia, hacer el traspaso de la Guardia a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero al no tener los votos necesarios, impulsó una reforma a la legislación secundaria para alcanzar su cometido. Dicha reforma recibió el aval de ambas cámaras en menos de una semana.
Por esta razón, tanto Saucedo como Burgoa advierten ahora que el presidente podría buscar la forma para desacatar la resolución de la Corte.
“No creo que el presidente acate esta resolución y lo que va a seguir haciendo es un esquema de simulación. Es decir, aunque en los hechos la Guardia Nacional no dependa ya de la Sedena, se va a mantener de facto este control y estará regida por parte del general secretario y de los mandos militares sobre la Sedena”, dice Saucedo.
En el fondo —argumenta—, el cambio de estatus jurídico de la Guardia Nacional lo estuvieron impulsando integrantes de la propia jerarquía militar, que buscaban blindarse contra impugnaciones y posibles demandas si se quedaban bajo control civil.
“Ahora se regresa a la Guardia Nacional al limbo jurídico, a la incertidumbre jurídica, en tanto que se trata de un ente que tiene elementos, vehículos, personal de la Sedena que cobra en Sedena, pero que está inscrito a otra dependencia distinta, que en este caso va a estar supeditada a la Secretaría de Seguridad como lo estuvo de manera previa (…) Ahora, nuevamente está sujeta a cualquier cantidad de controversias y auditorías de observaciones”, dice.
En contraste, Burgoa considera que la Corte no deja en incertidumbre jurídica a la Guardia Nacional, dado que el mandato constitucional es claro. “En el artículo 21 se establece que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y así es como tiene que continuar”, concluye.
Invalidan facultad de Sedena para proponer al comandante de la GN
Entre los demás preceptos que fueron invalidados ayer por la Corte se encuentra la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento del comandante de Guardia Nacional, que a su vez debía contar con el grado de comisario general.
Igualmente, invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia proveniente de la Policía Militar, el cual consideraba que este seguiría siendo tomado como miembro activo del Ejército y la Fuerza Aérea y quedaría sujeto al fuero militar.
Según la Corte, esto se invalidó debido a que contraviene los artículos 21 y 13 constitucionales, “porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional” y “expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución federal, deben ser civiles”.
Sin embargo, los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del pleno de la Corte, que aún deberá decidir sobre el futuro del personal operativo de la Guardia Nacional, así como de sus comandantes, entre otros asuntos.
Una vez que la Corte publique el engrose de su sentencia, donde se van a incorporar las consideraciones de las ministras y los ministros, la resolución deberá de ser notificada al Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su oficialización.
Elementos de la Guardia Nacional resguardan la escena del crimen de un asesinato contra u chofer del transporte público, el 3 de agosto del 2023. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no solo fueron espiados con Pegasus en el sexenio pasado. También fueron blanco de espionaje en esta administración, mientras daban seguimiento a casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
18 de abril del 2023
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, víctima de espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue espiado por segunda vez con el software Pegasus en 2022, mientras daba seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como a otros casos de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.
En este segundo espionaje también fue infectado el teléfono de María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional de la organización, de acuerdo con un nuevo análisis de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, revelado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Además, una investigación del diario The New York Times publicada este martes advierte que México se convirtió en el mayor usuario del sistema Pegasus y en el presente el Ejército es la corporación que más utiliza activamente esta tecnología.
“El Ejército mexicano no solo es el cliente más antiguo de Pegasus sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”, afirma la investigación periodística.
Las fechas de infección contra los defensores de derechos humanos coinciden con actos de seguimiento del caso Ayotzinapa —en el que el Centro Pro es representante legal—, como la presentación de nuevos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dieron a conocer la vigilancia militar contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y sus familias; la detención y audiencias del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.
También, mientras el Centro Pro acompañaba el caso del asesinato de dos curas jesuitas en Chihuahua; el asesinato de la niña Heidi en Tamaulipas, presuntamente cometido por miembros del Ejército; las críticas públicas contra la militarización y la exigencia de esclarecimiento por el caso Tlatlaya y la Guerra Sucia.
Las fechas coinciden, además, con el señalamiento que la Sedena hizo contra el Centro Pro al catalogarlo como un “grupo de presión”, según informes internos de la dependencia hackeados por el grupo Guacamaya.
La infección fue alertada el 15 de diciembre de 2022, cuando Aguirre y María Luisa Aguilar recibieron un correo de Apple con la notificación de que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.
Luego, los equipos fueron analizados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el 12 de abril de 2023, el análisis forense confirmó que dichos dispositivos efectivamente fueron infectados mediante el software Pegasus en al menos cinco ocasiones, alrededor de junio, julio y septiembre de 2022.
Se trata de nuevas víctimas de espionaje en el actual sexenio, pues la investigación Ejército Espía reveló que el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político también fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.
El espionaje realizado por segunda vez en contra de miembros del Centro Pro revela la intención de interferir en el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y exigencia de verdad y justicia, independientemente de cambios de gobierno, advierte la organización R3D.
“La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia, y mantener la impunidad militar”, alerta R3D.
El espionaje
Citizen Lab detectó que la primera y segunda fecha de infección ocurrió alrededor del 22 de junio de 2022 contra Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar. El mismo día se realizó un acto en el Campo Militar Número 1 el contexto del Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, en el que participó Alicia de los Ríos, quien busca a su madre desaparecida y tiene el acompañamiento del Centro Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese evento, familiares de víctimas de la Guerra Sucia protestaron con pancartas y consignas frente al presidente López Obrador luego del discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien llamó “hechos ocurridos” a las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.
Un día después, ocurrió la audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de EU, en la que participó el Centro Pro y se hizo referencia al caso de los jesuitas asesinados en Chihuahua, ocurrida días antes, el 20 de junio, al caso Ayotzinapa y al caso de la familia Barajas de Guanajuato.
Otro hecho relevante ocurrido previo a la infección fue la presentación del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, que revela que hubo vigilancia militar a los estudiantes y posteriormente a las familias, así como presencia de elementos de la Marina mediante un video con dron en el basurero de Cocula.
La tercera infección ocurrió contra Santiago Aguirre alrededor del 13 de julio de 2022 y cerca de esa fecha, el 30 de junio, se hizo pública información sobre dos nuevas órdenes del Ejército para “abatir delincuentes”, como la referida en el caso Tlatlaya, acompañado por el Centro Prodh, y sobre la destrucción de documentos del batallón de Tlatlaya.
El 8 de agosto, la Sedena emitió un documento de inteligencia militar en el que cataloga al Centro Pro como “grupo de presión”, según información hackeada por el grupo Guacamaya.
El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj). En él, se vincula a la Sedena con la operación de Pegasus para hacer seguimiento de diversas personas relacionadas al caso y se publican documentos con transcripciones sobre las intervenciones en las que aparecen las siglas del CMI (Centro Militar de Inteligencia).
La cuarta infección fue contra María Luisa Aguilar alrededor del 24 de septiembre. Un día antes, normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron afuera del Campo Militar Número 1, con pintas y bombas molotov.
Un día después, el periódico Reforma publicó datos del informe de la Covaj que se encontraban testados y se hizo pública información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas por la FGR, incluyendo contra militares.
El 27 de ese mes, renunció el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al considerar que las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que llevaron a su detención, debían ser más sólidas o existía el riesgo de que terminara libre. El Centro Pro expresó su preocupación por dicha renuncia.
La quinta fecha de infección ocurrió contra la coordinadora del Área Internacional del Centro Pro el 29 de septiembre de 2022. Dos días antes, Reforma publicó los supuestos chats de integrantes de Guerreros Unidos con elementos de Marina y Sedena, mostrando la vinculación entre dichas instituciones y el crimen organizado, y el destino final de los normalistas.
El 29 de septiembre, el GIEI publicó su cuarto informe, que refiere la cancelación de órdenes de aprehensión, la intromisión en la investigación, los vínculos del Ejército en Guerrero con el crimen organizado, así como la necesidad de revisar la veracidad de mensajes de texto incluidos en el informe de la Covaj.
El informe también refiere documentos en los que se menciona al CMI y denuncia la negativa de la Sedena a entregar documentos del área de inteligencia militar.
Ejército Espía
El 7 de marzo pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicaron nueva información respecto del espionaje con Pegasus. Se trató del informe del CMI, un área secreta de la Sedena, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus por parte del Ejército.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en un informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia del CMI, Conrado Bruno Pérez.
La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De hecho, días después de esa ejecución, Raymundo Ramos apoyó a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia y, justamente en ese periodo, su teléfono fue infectado con Pegasus, como confirman dos análisis de Citizen Lab.
El reporte del espionaje fue elaborado por el CMI, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados” y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del alto mando”, es decir, el secretario de la Defensa, de acuerdo con documentación oficial obtenida entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por Guacamaya en octubre pasado.
El presidente López Obrador respondió a esas publicaciones argumentando que el Ejército realiza labores de “inteligencia, no de espionaje”, y se comprometió a entregar toda la documentación relacionada con el caso, pero no lo hizo.
En cambio, 13 días después de su promesa, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en la que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas, como que la Sedena realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, pero no a la Sedena.
Elementos del Ejército durante una ceremonía oficial en las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola).
Un grupo de 40 efectivos del Ejército y 13 de la Policía Estatal cumplieron más de 30 horas retenidos por habitantes y comisarios de 40 comunidades de la Sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.
Los manifestantes que exigen obras sociales; tienen rodeado el cuartel ubicado en la comunidad Puerto Gallo, que pertenece a Heliodoro Castillo.
Un comisario lamentó que aun cuando la gente ha dejado de cultivar amapola o mariguana en la Sierra no les llega el programa Sembrado Vida que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.
«Hay pueblos (de la Sierra) con 300 habitantes a los que sólo se les ha otorgado ese beneficio (Sembrado Vida) a un 50 por ciento, por eso hay mucha pobreza», dijo la autoridad municipal que pidió se omitiera su nombre por seguridad.
Este lunes 27 de marzo a las diez de la mañana cientos de campesinos, encabezados por los comisarios de 40 pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, cerraron los accesos del cuartel en donde tienen retenidos a los elementos del Ejército y Policía Estatal.
El cuartel está ubicado en la comunidad de Puerto Gallo, zona que conecta a la Tierra Caliente y a la Sierra de región Centro del estado.
Durante la tarde de este martes llegó una comisión de funcionarios del gobierno del estado encabezada por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.
Una de las principales demandas que plantean los pobladores es la pavimentación de 100 kilómetros de caminos que unirán a las 40 comunidades de los dos municipios.
«Hace un año les planteamos esta misma petición a las autoridades del gobierno del estado pero no cumplieron ninguna», dijo uno de los comisarios entrevistado vía telefónica.
Mencionó que por la falta de caminos en buen estado la gente no puede realizar varias actividades ni acceder a servicios, por ejemplo, llegar con prontitud a una localidad con hospital o centro de salud.
«Una persona que vive en una comunidad tiene que surtir su despensa en Atoyac de Álvarez tiene que recorrer cinco o seis horas en caminos de terracería para llegar», contó.
Las autoridades de las comunidades pidieron que los servisores públicos del gobierno estatal, en particular, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudan a la Sierra a contastar sus condiciones.
«Queremos que venga aquí (Salgado Pineda) y que por lo menos que la gente la conozca en vivo, no en trasmisiones que ella hace a través de su Facebook», dijo un comisario.
Otro de los comisarios comentó que se enteraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco y pidió que, ojalá, la próxima vez que visite Guerrero acuda a la Sierra.
López Obrador estuvo hoy en Acapulco en una reunión de evaluación de los programas sociales de su gobierno que se distribuyen en Guerrero.
En entrevista con los reporteros en ese lugar, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rechazó que los soldados y policías estatales estén retenidos.
«Se está dialogando con la gente (campesinos y comisarios) y hay funcionarios allá y pronto iré a Tierra Caliente, a San Miguel Totolapan», comentó
El presidente López Obrador anunció su visita a Tierra Caliente y Costa Grande.
Hasta las ocho y media de la noche de este martes los pobladores de la Sierra seguían con la protesta en Puerto Gallo.
Cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo tienen retenidos desde este lunes en la mañana a elementos del Ejército y policías estatales en una base de operaciones ubicada en la comunidad de Puerto del Gallo para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud.
En el interior de las instalaciones están 40 militares y unos 10 policías estatales retenidos.
La gente que tomó las instalaciones advirtió que no van a liberar a los militares y policías hasta que vean que se les de una solución.
«Ya basta que nos estén engañando, nosotros queremos hechos no palabras», dijo uno de los comisarios que participa en la protesta y que fue entrevistado vía telefónica.
Puerto del Gallo, es una comunidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo y está ubicada en la Sierra.
En los videos que enviaron las autoridades de los pueblos se ven cientos de campesinos que están fuera de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).
El comisario quien no proporcionó su nombre por razones de seguridad, contó que desde hace tres años -durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo- se firmó una minuta de acuerdos en donde hubo el compromiso de pavimentar la carretera desde Puerto del Gallo hasta Tlacotepec que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.
Llegó el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y tampoco ha cumplido con esa minuta de acuerdos.
«Apenas estuvimos en Chilpancingo y nos dijeron que nos darían solución pero no vemos para cuando», dijo.
Contó que tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) para ver lo de la carretera, de caminos y ramales.
«Ya les dijimos a los militares que no los vamos a dejar salir», dijo el comisario.
Los habitantes y autoridades municipales que participan en la protesta son de las comunidades de Puerto del Gallo, Agua Zarca, Renacimiento, Cueva de Guerrero, Chilpancinguito, Durazno San Vicente, Capulines, Campo Morado, Tejamanil, Las Juntas, Pueblo Viejo, Los Hornos, El Frío, Parrales, El Pinzán, Santa Elena, Bejuco.
«Nuestras carreteras están bien decaídas y ya basta que nos estén engañando», expresó.
Otra de las peticiones que exigen que el gobierno les cumpla a los pobladores es el envío de médicos, reapertura de centros de centros de salud, escuelas, la construcción de un puente y pavimentación de calles.
Pero no es la primera vez que la gente de esta zona de la Sierra toma esta misma Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Puerto Gallo para presionar al gobierno.
Por ejemplo, el 31 de mayo del 2019, los pobladores de esta zona de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan retuvieron más de 24 horas a los militares para exigir la entrega del fertilizante y la realización de obras sociales.
Los soldados fueron liberados por los inconformes luego de que las autoridades federales y estatales les llevaron los bultos de fertilizante.
Sin embargo, hay otras peticiones que al igual que son las mismas por las que están luchando desde mayo del 2019.
Hoy como en el 2019, la gente de la Sierra pide la construcción de la carretera Puerto del Gallo-Tlacotepec, caminos, envío de médicos, medicinas, maestros y escuelas.
«Desde hace más de tres años estamos esperando que el gobierno nos dé respuesta y nada soluciona», mencionó el comisario.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, confirmó que unos 40 militares están retenidos por los pobladores pero que ya se está atendiendo el asunto.
En menos de una semana, han estallado tres conflictos en distintos puntos de la Sierra por diversas demandas por parte de sus habitantes.
El pasado jueves 23 de marzo, en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, habitantes de 40 comunidades realizaron una asamblea en donde le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el envió de Ejército, Guardia Nacional para detener a los integrantes de grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.
Este sábado 25 en una asamblea efectuada en la comunidad de El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, comisarios y habitantes de 114 comunidades pidieron a López Obrador envié a esa zona de la Sierra más elementos del Ejército para frenar a una organización de la delincuencia organizada.
Desde hace décadas las comunidades de la Sierra enfrentan situaciones de pobreza extrema derivado de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Esta situación ha sido caldo de cultivo para que en esta región permee la inseguridad derivado de los grupos del crimen organizado que tienen vínculos con grupos de poder económico y políticos.
Hasta las 19 horas de este lunes, los dos mil pobladores, según los comisarios de los pueblos, mantenían retenidos a los militares y policías estatales.
Momentos en los que los pobladores de la Sierra informan sobre los militares retenidos. Foto: Cortesía
Dos voces han arrojado una luz sobre el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo: el sobreviviente ileso, Alejandro Pérez Benitez, y el capitán militar Elio “N”. Los hechos apuntan a que los militares sí estuvieron involucrados en la ejecución.
Texto: Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco
Fotografía: Elefante Blanco
2 de marzo del 2023
Tamaulipas
La noche del sábado 25 de febrero, Alejandro, de 21 años, salió con sus amigos al antro Mister Pig. Cerca de las 5:00 horas del domingo, los jóvenes dejaron el bar. Gustavo Ángel Suárez Castillo quedó en llevarlos a sus casas en su camioneta. Alejandro se subió detrás del conductor, su amigo de Laredo, Texas. El camino era tranquilo hasta que patrullas militares los siguieron, encontraron, chocaron y rafaguearon.
“Cuando se oyeron los balazos me quedé en la camioneta, ya después me bajé, al último, me puse de rodillas y escuchaba que decía que me mataran, cuando volteé para todos lados ya estaban todos muertos”, narra Alejandro Pérez Benitez.
De acuerdo con el testimonio judicial, un militar se acercó a Alejandro y le preguntó si quería morir o vivir. Él respondió que vivir y fue dejado sano a cambio de grabar un video donde declarara que sus amigos y él eran culpables.
Esta es la única parte de la versión de Alejandro que dista de la declaración del capitan Elio “N”, quien aceptó la inocencia de los jóvenes y ya identificó a 4 soldados que dispararon contra la camioneta.
El mando militar dio su testimonio del hecho ocurrido en la madrugada del domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma. En primera instancia detalló que el convoy de 20 militares se trasladaba en 4 vehículos en las siguientes posiciones: 3 Cheyenne y un Sandcat, con los números económicos 0916334, 0916351, 0916557 y 0916607.
“Al encontrarnos realizando reconocimientos terrestres y al circular por la calle… escuchando detonaciones de armas de fuego. desconociendo donde provenían dichos disparos, y al llegar a la calle… observamos un vehículo de color blanco tipo pick up, acelerando su marcha al ver la presencia del personal militar, por lo que se le dio seguimiento, siendo que dimos vuelta a la derecha en la calle observando que dicho vehículo civil le dio un golpe a otro vehículo estacionado. y al avanzar una cuadra y llegar al cruce de la misma colonia detuvo su marcha el vehículo civil, siendo en ese momento que dos vehículos militares lo emparejaron, siendo los numero económico 0916334 y 0916351, escuchando nuevamente disparos de armas de fuego. En ese momento, yo como responsable del personal antes mencionado escuché que varios elementos accionaron sus armas de fuego, sin que yo diera tal orden, por lo que de manera inmediata vía radio de frecuencia ordene alto al fuego, posterior a ello desciendo de la unidad preguntado al personal quien había disparado, por lo que de manera voluntaria espontánea los siguientes elementos me informaron que habían disparado“.
El capitán Elio narra que los militares acordonaron el área y ordenó una inspección al interior del vehículo. Los soldados encontraron 5 personas del sexo masculino, 3 sin vida, un civil herido, una persona mas sin daños y 2 más muertos al costado de la camioneta.
“Al continuar con la inspección en el interior del vehículo no se localizo nada ilícito”, dice el Capitán Elio
Ambos testimonios son parte de la indagatoria federal y también de la que abrió la Fiscalía General de Justicia Militar. Hasta ahora, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organismo que representa a las familias, ha reunido las versiones de los empleados del antro Mister Pig y contabilizaron más de 80 disparos, casi 100.
“Entonces esto fue una masacre”, consideró el presidente del comité, Raymundo Ramos Vázquez.
Ramos Vázquez espera que en las próximas horas la autoridad federal ponga a disposición a cuando menos los 4 militares que reconocieron haber disparado hacia el vehículo de los jóvenes.
Los cuerpos de Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo ya fueron entregados a sus familiares; éste último fue trasladado a Laredo, Texas, para su sepultura.
Luis Gerardo, sobreviviente herido, despertó del coma con un ataque, por lo que el equipo médico decidió inducirle un nueva coma.
Una tercera voz
Sara Luna estaba dormida cuando escuchó disparos, pensó que era un sueño hasta que abrió los ojos, despertó y escuchó quejidos. Dentro de su casa estaban su nieta de 2 años y 6 meses, un niño de 6 meses y su esposo Javier.
“Los tiros llegaron a mi cuarto, pero no traspasó la pared. El que estuvo en más riesgo fue mi esposo porque estaba dormido en la cama esa, nomás que cuando empezó todo se aventó bajo la cama, por eso no le dieron”, contó a los abogados.
La mujer de 60 años padece de males renales ante el estrés por los disparos, su familia llamó al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para que auxiliaran y pudiera ser llevada al hospital.
“Cuando vinimos por acá porque no había agua y fue cuando quisimos abrir la puerta pero ya no nos dejaron, el soldado cerró la llave de paso y se oía que se quejaban. Yo me senté aquí con el andador y oía que se quejaba alguien más, pero no podíamos salir. Escuché quejidos como una hora y estos de acá nomás decían: “déjame ayudar a mi hermanito, carnalito, decía, me imagino que les decía a los soldados, carnalito, déjame ayudar a mi hermanito él no tiene nada que ver, él es ciudadano americano. En ningún momento se oyó que llegarán ambulancias”.
El choque
Un hombre con el rostro y las manos manchadas de sangre camina abrazado por 2 hombres y se acerca a un reportero.
—Mira mi hijo, viejo, ciudadano americano, somos ciudadanos americanos, viejo, todos. Nada tenía armas, no tenía nada, viejo —dice y en una mano sostiene a su hijo.
—¿Qué edad tiene tu hijo? —responde el reportero.
—21 años, Gustavo Ángel Suárez Castillo —contesta el hombre y sus acompañantes se lo llevan abrazado.
Esta fue una de las escenas menos difundidas pero más impactantes del enfrentamiento entre soldados mexicanos y pobladores de Nuevo Laredo, por la supuesta ejecución extrajudicial de 5 hombres en la colonia Manuel Cavazos Lerma.
El padre de Gustavo confrontó duramente a los soldados por la muerte de su hijo. En varias ocasiones intentó hablar, pero ante el silencio quiso golpear a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un operativo en la madrugada nuevolaredense.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en la madrugada del domingo 26 de febrero, un convoy militar disparó a una camioneta blanca marca Chevrolet que se encontraba en la calle Huasteca entre Jiménez y Méndez.
Las personas que estaban dentro del vehículo intentaron protegerse, solo una sobrevivió. Al escuchar los disparos, los vecinos salieron entre 4:30 y 5 horas para ver la escena al amanecer. Pasadas las 10 horas, la Sedena intervino en la escena del asesinato, moviendo la camioneta.
El caso con la identificación de las víctimas: Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo. Este lunes, se reportó que Luis Gerardo seguía vivo, en estado grave, dentro de un hospital privado.
En fotografías se vio a personas con chaleco de la Fiscalía General de la República (FGR) caminando alrededor de los cuerpos. El personal empezó a procesar el sitio de muerte pero no terminó. Los cadáveres fueron recogidos por una funeraria ante la mirada de las familias.
Nuevo Laredo es el municipio con más casos documentados de violaciones graves a los derechos humanos, cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Uno de los hechos recientes es la muerte de la niña Heidi Mariana, suceso que permanece impune.
Esta nota fue realizada por Elefante Blanco, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
El general Guillermo Aguilar jugó un papel importante en la compra ilícita de los fusiles alemanes G36, usados por policías en la noche de Iguala. Y también operó en contra de una investigación profunda del grupo de expertos GIEI como consejero del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de acuerdo con lo revelado por #GuacamayaLeaks
Texto: Wolf-Dieter Vogel / Pie de Página
Foto: Diwa film
29 de noviembre del 2022
El general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar tenía muy claro cómo hay que manejar el asunto: “Se estima que la tarea del GIEI ya se cumplió, y su permanencia no conduciría a ningún avance, convirtiéndose en un obstáculo para la PGR”, escribió el militar jubilado al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. Eso fue al 17 de abril de 2016, 19 meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. El general Aguilar apoyó al mando más alto del Ejército como consejero en el trato de este crimen. Así lo revelan correos electrónicos de la Sedena que recientemente fueron hackeados por la organización Guacamaya.
El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era en este momento, en abril 2016, blanco de una fuerte campaña mediática con el fin de acabar con sus investigaciones, que trabajaba gracias a las demandas de los familiares de los desaparecidos por su desconfianza ante la entonces Procuraduría general de la República (PGR) y otras autoridades. Aguilar se mostró convencido: Hay que seguir con esta campaña mediática, recomendó a Cienfuegos, y “continuar solucionando el caso Iguala sin la intervención de personas ajenas, provenientes de otros países”. Unos días más tarde, el 30 de abril, el GIEI salió de México por decisión del gobierno. No se extendió el mandato. No es sorpresivo que esta decisión le parecía bien a Aguilar: “Sin la presencia de GIEI, el personal de la PGR podrá trabajar de manera más eficaz”.
Obviamente el militar de alto rango estaba interesado en no profundizar las investigaciones, para eliminar alguna sospecha contra su misma institución. Explicó que “ya se ha demostrado repetidas veces, de manera fehaciente, que nunca hubo participación” del 27/o Batallón de Infantería en Iguala. Hoy sabemos, sin embargo, que no es así: los militares por lo menos estuvieron informados antes, mientras y después de la desaparición de los jóvenes y estuvieron involucrado en cierta forma en el crimen. Revelar eso no fue en el interés de Aguilar, y tampoco del exsecretario Cienfuegos, quien fue acusado por autoridades de EEUU por su posible cooperación con el narcotráfico.
Además después de la presentación del informe de los expertos internacionales en abril 2016 el general insistió en que el quinto autobús “no tiene la importancia que el GIEI pretende darle”. El grupo había revelado que es posible que este autobús llevó heroína para transportarla a EEUU. “El quinto autobús no conduce a la recuperación de los desaparecidos”, escribió Aguilar. Podría haber tenido razón, pero sin duda la carga hubiera explicado la reacción tan brutal y el involucramiento de la delincuencia organizada, policías de distintos niveles y el Ejército en el crimen. El militar propuso que habría que “aprovechar la escisión que se está presentando” entre el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos guerrerense Tlachinollan y los padres de Ayotzinapa.
Finalmente no todas las recomendaciones de Aguilar se realizaron. Sin embargo es interesante como él se esfuerza en evitar investigaciones más profundas, ya que el militar que se jubiló tiene una carrera bastante larga en el Ejército. Fue jefe del Estado Mayor, oficial Mayor, subsecretario de la Sedena y comandante de varias entidades del Ejército, por ejemplo de la 36/o Zona Militar en Chiapas, donde formó parte de la Operación Arcoíris de rastreo y exterminio contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Armas usadas en Iguala
Pero sus huellas también se encuentran directamente en Iguala. Aguilar fue el responsable mexicano para la compra de las armas alemanas G36 de la empresa Heckler&Koch (HK) entre 2006 y 2009, que también llegaron a Guerrero. En este periodo la Sedena compró miles de estos fusiles de asalto con la condición de no ser llevados a cuatro estados: Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Así lo demandaron las autoridades alemanas, y así lo confirmó la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena, concretamente Guillermo Aguilar, porque la institución, la única en México que puede importar armas, estaba en ese entonces al cargo de él.
La misma Sedena confirmó años después que 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total llegaron directamente a los cuatro estados, para los cuales la Oficina Federal de Exportación de Alemania no otorgó una autorización por las tremendas violaciones de derechos humanos en estas regiones. Para realizar los envíos, era necesario falsificar los documentos que se tenían que entregar a la autoridad alemana. Fusiles, que realmente fueron mandados por ejemplo a Chiapas, aparecieron en las listas de los llamadas constancias del usuario final en otro estado.
El año pasado el Tribunal Superior Federal de Alemania condenó a dos empleados y a la empresa misma por este negocio ilícito. Los acusados fueron sentenciados de manera condicionada a 17 y 22 meses de cárcel, Heckler & Koch tenía que pagar una multa de más de tres millones de euros (unos 60 millones de pesos). La contraparte del acuerdo, el general Aguilar, sigue impune hasta hoy. Ni se ha investigado el reproche del testigo principal Robert H., quien expresó en su primera audición ante la procuraduría que el encargado de la Sedena habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como soborno. Eso le habría dicho el representante de HK, explicó Robert H., quien fue el instructor para los mexicanos a la G36.
No se sabe cuántas personas perdieron la vida o fueron heridas por el uso de estas armas. Lo que sí se sabe es que según la Sedena mil 924 de los fusiles llegaron a Guerrero. Según los expedientes, enviaron 55 de ellas a Iguala, 38 fueron encontradas en la comisaría de la policía de Iguala después del crimen contra los estudiantes. Varios de estos fusiles fueron usados en la noche de Iguala. Hay índices muy serios que una de las G36 lesionó Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en “estado vegetativo” hasta la fecha. Los responsables siguen impunes.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Reprochan espionaje del aparato de gobierno contra defensores de derechos humanos y víctimas
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:Oscar Guerrero
Chilpancingo
Normalistas del estado y miembros organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo para exigir un alto a la criminalización de los luchadores sociales y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La protesta se da en el marco de un mes de acciones por los más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. La marcha comenzó al norte de la ciudad, en la estatua de Nicolás Bravo, conocida popularmente como el caballito, y avanzó con dirección al sur por el centro de la ciudad.
Durante la marcha, el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre lo que consideró hostigamiento y criminalización contra las organizaciones sociales y contra sus integrantes.
«Seguimos pidiendo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se investigue a las fuerzas armadas y se abstenga al Ejército de realizar investigaciones encubiertas contra las organizaciones sociales, porque sus funciones son otras, es la seguridad nacional y no el espionaje», mencionó.
Agregó que en la reunión que tuvieron con López Obrado acordaton que habrá una revisión de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado contra elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en los hechos de hace ocho años en la ciudad de Iguala.
Sobre la designación del nuevo fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Rosales Sierra mencionó que López Obrador podría designar a un nuevo fiscal a propuesta de los padres y madres de los 43.
Después de la renuncia del Fiscal Omar Gómez Trejo por supuestas diferencias con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el gobierno de López Obrador lo sustituyó por Rosendo Gómez Piedra.
La marcha, en la que participaba al menos 500 personas de distintas organizaciones sociales, hizo una parada en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.
Entre las organizaciones asistentes estuvieron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), el Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Tlachinollan y el Sindicato Único de Trabajadores de Bachilleres del Estado e Guerrero (Sutcobach).
Además de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de la Normal Pública Estatal Adolfo Viguri Viguri.
En el antimonumento los manifestantes realizaron un pase de lista por los 43 normalistas desaparecidos; se sumó un contingente numeroso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
El contingente, ya con al menos 800 personas, avanzó con dirección al Palacio de Gobierno, antes hicieron una parada en el Congreso local, donde los estudiantes de Ayotzinapa realizaron pintas.
Desde ahí la marcha siguió sobre la Autopista del Sol hasta llegar a Palacio de Gobierno.
En la entrada de Palacio de Gobierno los manifestantes realizaron un mitin político donde cada una de las organizaciones sociales fijó postura y reclamó verdad y justicia.
La primera participación fue la lectura de un comunicado donde condenaron el espionaje y hostigamiento que realiza el Ejército a las organizaciones sociales.
«Es criminal que el Ejército nos hostige y por el contrario sea omiso con los grupos criminales que matan y asesinan a plena luz del día», dijo uno de los activistas.
Intervino Joaquina García Velázquez, madre del normalista desaparecido Martín Getsemany Sánchez García, y agradeció a todas las organizaciones presentes por el apoyo a la exigencia de justicia y aparición con vida de los normalistas.
«Un mes más de estar presente, exigiendo la aparición con vida de nuestros hijos y no vamos a parar en nuestra lucha para exigir la verdad, el gobierno quiso entregarnos un mensaje de que el caso estaba cerrado pero como madres no nos vamos a detener para saber la verdad.
Durante la participación de la CETEG, el secretario general, Héctor Torres Solano, comentó que hoy comenzaron una jornada de lucha de 72 horas en contra de las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Durante la participación de Torres Solano, un grupo de maestros de la CETEG quemó un paquete de boletas electorales de la elección ocurrida ayer en el que ellos llaman el sindicato charro.
Marco Antonio Suastegui Muñoz, representante del CECOP, exigió la aparición con vida de su hermano, Vicente Suastegui Muñoz, y acusó al gobierno anterior de Héctor Astudillo Flores de ser es el responsable de la desaparición, pero también acusó de omisión al actual de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
«Una noche lluviosa del cinco de agosto de 2021 se llevaron a mi hermano Vicente y hasta la fecha sigue desaparecido, y en aquel momento dije que fue una venganza del chacal de Héctor Astudillo y lo sigo sosteniendo».
El Centro Morelos habló sobre la militarización del gobierno federal y acusó al Ejército de ser el responsable de que existan familias desplazadas por la violencia.
Además pidieron una audiencia con Salgado Pineda porque, dijeron, a un año de que tomo el cargo no hay ningún acercamiento.
