Fallo de la Corte regresa la Guardia Nacional al control de una dependencia civil, pero su estructura sigue siendo militar

La Corte invalidó el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, pero en la práctica sus mandos y la mayoría de sus elementos provienen del Ejército.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo) 

19 de abril del 2023

Chilpancingo 

 

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma que transfirió el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) regresará el control operativo y administrativo de esta corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero su estructura seguirá siendo militar, advirtieron expertos en el tema.

De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad pública, esto es así porque en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al Ejército.

“Entonces, te diría que la medida tiene un carácter simbólico, un carácter legal, un carácter también que tiene un impacto mediático, un impacto político, un impacto legislativo, pero en el terreno de los hechos las cosas van a ser igual”, dice.

Ayer, por mayoría de ocho votos contra tres, el pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía declarar inconstitucional e invalidar la reforma legal de 2022 que permitió la transferencia de la corporación.

Las y los ministros que respaldaron el proyecto argumentaron que pasar la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena es contrario a la Constitución, pues esta indica que esa institución de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar.

Con esta lectura coincide Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, que considera que lo importante de la resolución de la Corte es que la Guardia Nacional de ninguna manera deberá quedar adscrita al control operativo y administrativo de la Sedena.

“Lo que hace la Suprema Corte es defender a la Constitución y mandar ese mensaje al presidente de la República y a los legisladores de Morena, que cualquier modificación que pretendan hacer o cualquier política que quieran implementar y llevar a cabo a través de una ley tiene que hacerse con base en el respeto del marco constitucional; de lo contrario, esto va a ser declarado inconstitucional”, dice.

Advierten por posible desacato de AMLO

Antes de la resolución de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció dos veces sobre el proyecto. La primera fue para calificar de “error garrafal” la propuesta, mientras que la segunda fue para asegurar que, de aprobarse dicho proyecto, daría pie a que la Guardia Nacional se corrompa.

Desde un inicio, el propio presidente fue quien intentó, en primera instancia, hacer el traspaso de la Guardia a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero al no tener los votos necesarios, impulsó una reforma a la legislación secundaria para alcanzar su cometido. Dicha reforma recibió el aval de ambas cámaras en menos de una semana.

Por esta razón, tanto Saucedo como Burgoa advierten ahora que el presidente podría buscar la forma para desacatar la resolución de la Corte.

“No creo que el presidente acate esta resolución y lo que va a seguir haciendo es un esquema de simulación. Es decir, aunque en los hechos la Guardia Nacional no dependa ya de la Sedena, se va a mantener de facto este control y estará regida por parte del general secretario y de los mandos militares sobre la Sedena”, dice Saucedo.

En el fondo —argumenta—, el cambio de estatus jurídico de la Guardia Nacional lo estuvieron impulsando integrantes de la propia jerarquía militar, que buscaban blindarse contra impugnaciones y posibles demandas si se quedaban bajo control civil.

“Ahora se regresa a la Guardia Nacional al limbo jurídico, a la incertidumbre jurídica, en tanto que se trata de un ente que tiene elementos, vehículos, personal de la Sedena que cobra en Sedena, pero que está inscrito a otra dependencia distinta, que en este caso va a estar supeditada a la Secretaría de Seguridad como lo estuvo de manera previa (…) Ahora, nuevamente está sujeta a cualquier cantidad de controversias y auditorías de observaciones”, dice.

En contraste, Burgoa considera que la Corte no deja en incertidumbre jurídica a la Guardia Nacional, dado que el mandato constitucional es claro. “En el artículo 21 se establece que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y así es como tiene que continuar”, concluye.

Invalidan facultad de Sedena para proponer al comandante de la GN

Entre los demás preceptos que fueron invalidados ayer por la Corte se encuentra la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento del comandante de Guardia Nacional, que a su vez debía contar con el grado de comisario general.

Igualmente, invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia proveniente de la Policía Militar, el cual consideraba que este seguiría siendo tomado como miembro activo del Ejército y la Fuerza Aérea y quedaría sujeto al fuero militar.

Según la Corte, esto se invalidó debido a que contraviene los artículos 21 y 13 constitucionales, “porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional” y “expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución federal, deben ser civiles”.

Sin embargo, los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del pleno de la Corte, que aún deberá decidir sobre el futuro del personal operativo de la Guardia Nacional, así como de sus comandantes, entre otros asuntos.

Una vez que la Corte publique el engrose de su sentencia, donde se van a incorporar las consideraciones de las ministras y los ministros, la resolución deberá de ser notificada al Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su oficialización.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la escena del crimen de un asesinato contra u chofer del transporte público, el 3 de agosto del 2023. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

El Centro Pro fue espiado con Pegasus por segunda vez mientras daba seguimiento al caso Ayotzinapa y presuntos abusos del Ejército

Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no solo fueron espiados con Pegasus en el sexenio pasado. También fueron blanco de espionaje en esta administración, mientras daban seguimiento a casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

18 de abril del 2023

 

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, víctima de espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue espiado por segunda vez con el software Pegasus en 2022, mientras daba seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como a otros casos de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.

En este segundo espionaje también fue infectado el teléfono de María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional de la organización, de acuerdo con un nuevo análisis de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, revelado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Además, una investigación del diario The New York Times publicada este martes advierte que México se convirtió en el mayor usuario del sistema Pegasus y en el presente el Ejército es la corporación que más utiliza activamente esta tecnología.

“El Ejército mexicano no solo es el cliente más antiguo de Pegasus sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”, afirma la investigación periodística.

Las fechas de infección contra los defensores de derechos humanos coinciden con actos de seguimiento del caso Ayotzinapa —en el que el Centro Pro es representante legal—, como la presentación de nuevos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dieron a conocer la vigilancia militar contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y sus familias; la detención y audiencias del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.

También, mientras el Centro Pro acompañaba el caso del asesinato de dos curas jesuitas en Chihuahua; el asesinato de la niña Heidi en Tamaulipas, presuntamente cometido por miembros del Ejército; las críticas públicas contra la militarización y la exigencia de esclarecimiento por el caso Tlatlaya y la Guerra Sucia.

Las fechas coinciden, además, con el señalamiento que la Sedena hizo contra el Centro Pro al catalogarlo como un “grupo de presión”, según informes internos de la dependencia hackeados por el grupo Guacamaya.

La infección fue alertada el 15 de diciembre de 2022, cuando Aguirre y María Luisa Aguilar recibieron un correo de Apple con la notificación de que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

Luego, los equipos fueron analizados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el 12 de abril de 2023, el análisis forense confirmó que dichos dispositivos efectivamente fueron infectados mediante el software Pegasus en al menos cinco ocasiones, alrededor de junio, julio y septiembre de 2022.

Se trata de nuevas víctimas de espionaje en el actual sexenio, pues la investigación Ejército Espía reveló que el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político también fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.

El espionaje realizado por segunda vez en contra de miembros del Centro Pro revela la intención de interferir en el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y exigencia de verdad y justicia, independientemente de cambios de gobierno, advierte la organización R3D.

“La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia, y mantener la impunidad militar”, alerta R3D.

El espionaje

Citizen Lab detectó que la primera y segunda fecha de infección ocurrió alrededor del 22 de junio de 2022 contra Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar. El mismo día se realizó un acto en el Campo Militar Número 1 el contexto del Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, en el que participó Alicia de los Ríos, quien busca a su madre desaparecida y tiene el acompañamiento del Centro Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese evento, familiares de víctimas de la Guerra Sucia protestaron con pancartas y consignas frente al presidente López Obrador luego del discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien llamó “hechos ocurridos” a las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.

Un día después, ocurrió la audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de EU, en la que participó el Centro Pro y se hizo referencia al caso de los jesuitas asesinados en Chihuahua, ocurrida días antes, el 20 de junio, al caso Ayotzinapa y al caso de la familia Barajas de Guanajuato.

Otro hecho relevante ocurrido previo a la infección fue la presentación del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, que revela que hubo vigilancia militar a los estudiantes y posteriormente a las familias, así como presencia de elementos de la Marina mediante un video con dron en el basurero de Cocula.

La tercera infección ocurrió contra Santiago Aguirre alrededor del 13 de julio de 2022 y cerca de esa fecha, el 30 de junio, se hizo pública información sobre dos nuevas órdenes del Ejército para “abatir delincuentes”, como la referida en el caso Tlatlaya, acompañado por el Centro Prodh, y sobre la destrucción de documentos del batallón de Tlatlaya.

El 8 de agosto, la Sedena emitió un documento de inteligencia militar en el que cataloga al Centro Pro como “grupo de presión”, según información hackeada por el grupo Guacamaya.

El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj). En él, se vincula a la Sedena con la operación de Pegasus para hacer seguimiento de diversas personas relacionadas al caso y se publican documentos con transcripciones sobre las intervenciones en las que aparecen las siglas del CMI (Centro Militar de Inteligencia).

La cuarta infección fue contra María Luisa Aguilar alrededor del 24 de septiembre. Un día antes, normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron afuera del Campo Militar Número 1, con pintas y bombas molotov.

Un día después, el periódico Reforma publicó datos del informe de la Covaj que se encontraban testados y se hizo pública información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas por la FGR, incluyendo contra militares.

El 27 de ese mes, renunció el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al considerar que las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que llevaron a su detención, debían ser más sólidas o existía el riesgo de que terminara libre. El Centro Pro expresó su preocupación por dicha renuncia.

La quinta fecha de infección ocurrió contra la coordinadora del Área Internacional del Centro Pro el 29 de septiembre de 2022. Dos días antes, Reforma publicó los supuestos chats de integrantes de Guerreros Unidos con elementos de Marina y Sedena, mostrando la vinculación entre dichas instituciones y el crimen organizado, y el destino final de los normalistas.

El 29 de septiembre, el GIEI publicó su cuarto informe, que refiere la cancelación de órdenes de aprehensión, la intromisión en la investigación, los vínculos del Ejército en Guerrero con el crimen organizado, así como la necesidad de revisar la veracidad de mensajes de texto incluidos en el informe de la Covaj.

El informe también refiere documentos en los que se menciona al CMI y denuncia la negativa de la Sedena a entregar documentos del área de inteligencia militar.

Ejército Espía

El 7 de marzo pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicaron nueva información respecto del espionaje con Pegasus. Se trató del informe del CMI, un área secreta de la Sedena, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus por parte del Ejército.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en un informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia del CMI, Conrado Bruno Pérez.

La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De hecho, días después de esa ejecución, Raymundo Ramos apoyó a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia y, justamente en ese periodo, su teléfono fue infectado con Pegasus, como confirman dos análisis de Citizen Lab.

El reporte del espionaje fue elaborado por el CMI, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados” y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del alto mando”, es decir, el secretario de la Defensa, de acuerdo con documentación oficial obtenida entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por Guacamaya en octubre pasado.

El presidente López Obrador respondió a esas publicaciones argumentando que el Ejército realiza labores de “inteligencia, no de espionaje”, y se comprometió a entregar toda la documentación relacionada con el caso, pero no lo hizo.

En cambio, 13 días después de su promesa, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en la que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas, como que la Sedena realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, pero no a la Sedena.

 

Elementos del Ejército durante una ceremonía oficial en las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola).

«Hemos dejado de sembrar amapola pero los programas no llegan», dice un poblador de la Sierra

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Un grupo de 40 efectivos del Ejército y 13 de la Policía Estatal cumplieron más de 30 horas retenidos por habitantes y comisarios de 40 comunidades de la Sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.

Los manifestantes que exigen obras sociales; tienen rodeado el cuartel ubicado en la comunidad Puerto Gallo, que pertenece a Heliodoro Castillo.

Un comisario lamentó que aun cuando la gente ha dejado de cultivar amapola o mariguana en la Sierra no les llega el programa Sembrado Vida que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

«Hay pueblos (de la Sierra) con 300 habitantes a los que sólo se les ha otorgado ese beneficio (Sembrado Vida) a un 50 por ciento, por eso hay mucha pobreza», dijo la autoridad municipal que pidió se omitiera su nombre por seguridad.

Este lunes 27 de marzo a las diez de la mañana cientos de campesinos, encabezados por los comisarios de 40 pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, cerraron los accesos del cuartel en donde tienen retenidos a los elementos del Ejército y Policía Estatal.

El cuartel está ubicado en la comunidad de Puerto Gallo, zona que conecta a la Tierra Caliente y a la Sierra de región Centro del estado.

Durante la tarde de este martes llegó una comisión de funcionarios del gobierno del estado encabezada por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.

Una de las principales demandas que plantean los pobladores es la pavimentación de 100 kilómetros de caminos que unirán a las 40 comunidades de los dos municipios.

«Hace un año les planteamos esta misma petición a las autoridades del gobierno del estado pero no cumplieron ninguna», dijo uno de los comisarios entrevistado vía telefónica.

Mencionó que por la falta de caminos en buen estado la gente no puede realizar varias actividades ni acceder a servicios, por ejemplo, llegar con prontitud a una localidad con hospital o centro de salud.

«Una persona que vive en una comunidad tiene que surtir su despensa en Atoyac de Álvarez tiene que recorrer cinco o seis horas en caminos de terracería para llegar», contó.

Las autoridades de las comunidades pidieron que los servisores públicos del gobierno estatal, en particular, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudan a la Sierra a contastar sus condiciones.

«Queremos que venga aquí (Salgado Pineda) y que por lo menos que la gente la conozca en vivo, no en trasmisiones que ella hace a través de su Facebook», dijo un comisario.

Otro de los comisarios comentó que se enteraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco y pidió que, ojalá, la próxima vez que visite Guerrero acuda a la Sierra.

López Obrador estuvo hoy en Acapulco en una reunión de evaluación de los programas sociales de su gobierno que se distribuyen en Guerrero.

En entrevista con los reporteros en ese lugar, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rechazó que los soldados y policías estatales estén retenidos.

«Se está dialogando con la gente (campesinos y comisarios) y hay funcionarios allá y pronto iré a Tierra Caliente, a San Miguel Totolapan», comentó

El presidente López Obrador anunció su visita a Tierra Caliente y Costa Grande.

Hasta las ocho y media de la noche de este martes los pobladores de la Sierra seguían con la protesta en Puerto Gallo.

Pobladores de la Sierra retienen a militares y a policías estatales para exigir obras

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Cortesía

27 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo tienen retenidos desde este lunes en la mañana a elementos del Ejército y policías estatales en una base de operaciones ubicada en la comunidad de Puerto del Gallo para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud.

En el interior de las instalaciones están 40 militares y unos 10 policías estatales retenidos.

La gente que tomó las instalaciones advirtió que no van a liberar a los militares y policías hasta que vean que se les de una solución.

«Ya basta que nos estén engañando, nosotros queremos hechos no palabras», dijo uno de los comisarios que participa en la protesta y que fue entrevistado vía telefónica.

Puerto del Gallo, es una comunidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo y está ubicada en la Sierra.

En los videos que enviaron las autoridades de los pueblos se ven cientos de campesinos que están fuera de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).

El comisario quien no proporcionó su nombre por razones de seguridad, contó que desde hace tres años -durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo- se firmó una minuta de acuerdos en donde hubo el compromiso de pavimentar la carretera desde Puerto del Gallo hasta Tlacotepec que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.

Llegó el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y tampoco ha cumplido con esa minuta de acuerdos.

«Apenas estuvimos en Chilpancingo y nos dijeron que nos darían solución pero no vemos para cuando», dijo.

Contó que tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) para ver lo de la carretera, de caminos y ramales.

«Ya les dijimos a los militares que no los vamos a dejar salir», dijo el comisario.

Los habitantes y autoridades municipales que participan en la protesta son de las comunidades de Puerto del Gallo, Agua Zarca, Renacimiento, Cueva de Guerrero, Chilpancinguito, Durazno San Vicente, Capulines, Campo Morado, Tejamanil, Las Juntas, Pueblo Viejo, Los Hornos, El Frío, Parrales, El Pinzán, Santa Elena, Bejuco.

«Nuestras carreteras están bien decaídas y ya basta que nos estén engañando», expresó.

Otra de las peticiones que exigen que el gobierno les cumpla a los pobladores es el envío de médicos, reapertura de centros de centros de salud, escuelas, la construcción de un puente y pavimentación de calles.

Pero no es la primera vez que la gente de esta zona de la Sierra toma esta misma Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Puerto Gallo para presionar al gobierno.

Por ejemplo, el 31 de mayo del 2019, los pobladores de esta zona de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan retuvieron más de 24 horas a los militares para exigir la entrega del fertilizante y la realización de obras sociales.

Los soldados fueron liberados por los inconformes luego de que las autoridades federales y estatales les llevaron los bultos de fertilizante.

Sin embargo, hay otras peticiones que al igual que son las mismas por las que están luchando desde mayo del 2019.

Hoy como en el 2019, la gente de la Sierra pide la construcción de la carretera Puerto del Gallo-Tlacotepec, caminos, envío de médicos, medicinas, maestros y escuelas.

«Desde hace más de tres años estamos esperando que el gobierno nos dé respuesta y nada soluciona», mencionó el comisario.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, confirmó que unos 40 militares están retenidos por los pobladores pero que ya se está atendiendo el asunto.

En menos de una semana, han estallado tres conflictos en distintos puntos de la Sierra por diversas demandas por parte de sus habitantes.

El pasado jueves 23 de marzo, en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, habitantes de 40 comunidades realizaron una asamblea en donde le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el envió de Ejército, Guardia Nacional para detener a los integrantes de grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

Este sábado 25 en una asamblea efectuada en la comunidad de El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, comisarios y habitantes de 114 comunidades pidieron a López Obrador envié a esa zona de la Sierra más elementos del Ejército para frenar a una organización de la delincuencia organizada.

Desde hace décadas las comunidades de la Sierra enfrentan situaciones de pobreza extrema derivado de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esta situación ha sido caldo de cultivo para que en esta región permee la inseguridad derivado de los grupos del crimen organizado que tienen vínculos con grupos de poder económico y políticos.

Hasta las 19 horas de este lunes, los dos mil pobladores, según los comisarios de los pueblos, mantenían retenidos a los militares y policías estatales.

Momentos en los que los pobladores de la Sierra informan sobre los militares retenidos. Foto: Cortesía

 

 

 

Capitán identifica a 4 militares que dispararon a jóvenes en Nuevo Laredo

Dos voces han arrojado una luz sobre el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo: el sobreviviente ileso, Alejandro Pérez Benitez, y el capitán militar Elio “N”. Los hechos apuntan a que los militares sí estuvieron involucrados en la ejecución.


Texto: Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco

Fotografía: Elefante Blanco

2 de marzo del 2023

Tamaulipas 

 

La noche del sábado 25 de febrero, Alejandro, de 21 años, salió con sus amigos al antro Mister Pig. Cerca de las 5:00 horas del domingo, los jóvenes dejaron el bar. Gustavo Ángel Suárez Castillo quedó en llevarlos a sus casas en su camioneta. Alejandro se subió detrás del conductor, su amigo de Laredo, Texas. El camino era tranquilo hasta que patrullas militares los siguieron, encontraron, chocaron y rafaguearon.

“Cuando se oyeron los balazos me quedé en la camioneta, ya después me bajé, al último, me puse de rodillas y escuchaba que decía que me mataran, cuando volteé para todos lados ya estaban todos muertos”, narra Alejandro Pérez Benitez.

De acuerdo con el testimonio judicial, un militar se acercó a Alejandro y le preguntó si quería morir o vivir. Él respondió que vivir y fue dejado sano a cambio de grabar un video donde declarara que sus amigos y él eran culpables.

Esta es la única parte de la versión de Alejandro que dista de la declaración del capitan Elio “N”, quien aceptó la inocencia de los jóvenes y ya identificó a 4 soldados que dispararon contra la camioneta.

El mando militar dio su testimonio del hecho ocurrido en la madrugada del domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma. En primera instancia detalló que el convoy de 20 militares se trasladaba en 4 vehículos en las siguientes posiciones: 3 Cheyenne y un Sandcat, con los números económicos 0916334, 0916351, 0916557 y 0916607.

“Al encontrarnos realizando reconocimientos terrestres y al circular por la calle… escuchando detonaciones de armas de fuego. desconociendo donde provenían dichos disparos, y al llegar a la calle… observamos un vehículo de color blanco tipo pick up, acelerando su marcha al ver la presencia del personal militar, por lo que se le dio seguimiento, siendo que dimos vuelta a la derecha en la calle observando que dicho vehículo civil le dio un golpe a otro vehículo estacionado. y al avanzar una cuadra y llegar al cruce de la misma colonia detuvo su marcha el vehículo civil, siendo en ese momento que dos vehículos militares lo emparejaron, siendo los numero económico 0916334 y 0916351, escuchando nuevamente disparos de armas de fuego. En ese momento, yo como responsable del personal antes mencionado escuché que varios elementos accionaron sus armas de fuego, sin que yo diera tal orden, por lo que de manera inmediata vía radio de frecuencia ordene alto al fuego, posterior a ello desciendo de la unidad preguntado al personal quien había disparado, por lo que de manera voluntaria espontánea los siguientes elementos me informaron que habían disparado“.

El capitán Elio narra que los militares acordonaron el área y ordenó una inspección al interior del vehículo. Los soldados encontraron 5 personas del sexo masculino, 3 sin vida, un civil herido, una persona mas sin daños y 2 más muertos al costado de la camioneta.

“Al continuar con la inspección en el interior del vehículo no se localizo nada ilícito”, dice el Capitán Elio

Ambos testimonios son parte de la indagatoria federal y también de la que abrió la Fiscalía General de Justicia Militar. Hasta ahora, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organismo que representa a las familias, ha reunido las versiones de los empleados del antro Mister Pig y contabilizaron más de 80 disparos, casi 100.

“Entonces esto fue una masacre”, consideró el presidente del comité, Raymundo Ramos Vázquez.

Ramos Vázquez espera que en las próximas horas la autoridad federal ponga a disposición a cuando menos los 4 militares que reconocieron haber disparado hacia el vehículo de los jóvenes.

Los cuerpos de Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo ya fueron entregados a sus familiares; éste último fue trasladado a Laredo, Texas, para su sepultura.

Luis Gerardo, sobreviviente herido, despertó del coma con un ataque, por lo que el equipo médico decidió inducirle un nueva coma.

Una tercera voz

Sara Luna estaba dormida cuando escuchó disparos, pensó que era un sueño hasta que abrió los ojos, despertó y escuchó quejidos. Dentro de su casa estaban su nieta de 2 años y 6 meses, un niño de 6 meses y su esposo Javier.

“Los tiros llegaron a mi cuarto, pero no traspasó la pared. El que estuvo en más riesgo fue mi esposo porque estaba dormido en la cama esa, nomás que cuando empezó todo se aventó bajo la cama, por eso no le dieron”, contó a los abogados.

La mujer de 60 años padece de males renales ante el estrés por los disparos, su familia llamó al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para que auxiliaran y pudiera ser llevada al hospital.

“Cuando vinimos por acá porque no había agua y fue cuando quisimos abrir la puerta pero ya no nos dejaron, el soldado cerró la llave de paso y se oía que se quejaban. Yo me senté aquí con el andador y oía que se quejaba alguien más, pero no podíamos salir. Escuché quejidos como una hora y estos de acá nomás decían: “déjame ayudar a mi hermanito, carnalito, decía, me imagino que les decía a los soldados, carnalito, déjame ayudar a mi hermanito él no tiene nada que ver, él es ciudadano americano. En ningún momento se oyó que llegarán ambulancias”.

El choque

Un hombre con el rostro y las manos manchadas de sangre camina abrazado por 2 hombres y se acerca a un reportero.

—Mira mi hijo, viejo, ciudadano americano, somos ciudadanos americanos, viejo, todos. Nada tenía armas, no tenía nada, viejo —dice y en una mano sostiene a su hijo.

—¿Qué edad tiene tu hijo? —responde el reportero.

—21 años, Gustavo Ángel Suárez Castillo —contesta el hombre y sus acompañantes se lo llevan abrazado.

Esta fue una de las escenas menos difundidas pero más impactantes del enfrentamiento entre soldados mexicanos y pobladores de Nuevo Laredo, por la supuesta ejecución extrajudicial de 5 hombres en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

El padre de Gustavo confrontó duramente a los soldados por la muerte de su hijo. En varias ocasiones intentó hablar, pero ante el silencio quiso golpear a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un operativo en la madrugada nuevolaredense.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en la madrugada del domingo 26 de febrero, un convoy militar disparó a una camioneta blanca marca Chevrolet que se encontraba en la calle Huasteca entre Jiménez y Méndez.

Las personas que estaban dentro del vehículo intentaron protegerse, solo una sobrevivió. Al escuchar los disparos, los vecinos salieron entre 4:30 y 5 horas para ver la escena al amanecer. Pasadas las 10 horas, la Sedena intervino en la escena del asesinato, moviendo la camioneta.

El caso con la identificación de las víctimas: Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo. Este lunes, se reportó que Luis Gerardo seguía vivo, en estado grave, dentro de un hospital privado.

En fotografías se vio a personas con chaleco de la Fiscalía General de la República (FGR) caminando alrededor de los cuerpos. El personal empezó a procesar el sitio de muerte pero no terminó. Los cadáveres fueron recogidos por una funeraria ante la mirada de las familias.

Nuevo Laredo es el municipio con más casos documentados de violaciones graves a los derechos humanos, cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Uno de los hechos recientes es la muerte de la niña Heidi Mariana, suceso que permanece impune.

 


Esta nota fue realizada por Elefante Blanco, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

 

Aguilar: el militar jubilado que facilitó armas ilegales y entorpeció la búsqueda de los normalistas

El general Guillermo Aguilar jugó un papel importante en la compra ilícita de los fusiles alemanes G36, usados por policías en la noche de Iguala. Y también operó en contra de una investigación profunda del grupo de expertos GIEI como consejero del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de acuerdo con lo revelado por #GuacamayaLeaks


Texto: Wolf-Dieter Vogel / Pie de Página 

Foto: Diwa film

29 de noviembre del 2022

 

El general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar tenía muy claro cómo hay que manejar el asunto: “Se estima que la tarea del GIEI ya se cumplió, y su permanencia no conduciría a ningún avance, convirtiéndose en un obstáculo para la PGR”, escribió el militar jubilado al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. Eso fue al 17 de abril de 2016, 19 meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. El general Aguilar apoyó al mando más alto del Ejército como consejero en el trato de este crimen. Así lo revelan correos electrónicos de la Sedena que recientemente fueron hackeados por la organización Guacamaya.

El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era en este momento, en abril 2016, blanco de una fuerte campaña mediática con el fin de acabar con sus investigaciones, que trabajaba gracias a las demandas de los familiares de los desaparecidos por su desconfianza ante la entonces Procuraduría general de la República (PGR) y otras autoridades. Aguilar se mostró convencido: Hay que seguir con esta campaña mediática, recomendó a Cienfuegos, y “continuar solucionando el caso Iguala sin la intervención de personas ajenas, provenientes de otros países”. Unos días más tarde, el 30 de abril, el GIEI salió de México por decisión del gobierno. No se extendió el mandato. No es sorpresivo que esta decisión le parecía bien a Aguilar: “Sin la presencia de GIEI, el personal de la PGR podrá trabajar de manera más eficaz”.

Obviamente el militar de alto rango estaba interesado en no profundizar las investigaciones, para eliminar alguna sospecha contra su misma institución. Explicó que “ya se ha demostrado repetidas veces, de manera fehaciente, que nunca hubo participación” del 27/o Batallón de Infantería en Iguala. Hoy sabemos, sin embargo, que no es así: los militares por lo menos estuvieron informados antes, mientras y después de la desaparición de los jóvenes y estuvieron involucrado en cierta forma en el crimen. Revelar eso no fue en el interés de Aguilar, y tampoco del exsecretario Cienfuegos, quien fue acusado por autoridades de EEUU por su posible cooperación con el narcotráfico.

Además después de la presentación del informe de los expertos internacionales en abril 2016 el general insistió en que el quinto autobús “no tiene la importancia que el GIEI pretende darle”. El grupo había revelado que es posible que este autobús llevó heroína para transportarla a EEUU. “El quinto autobús no conduce a la recuperación de los desaparecidos”, escribió Aguilar. Podría haber tenido razón, pero sin duda la carga hubiera explicado la reacción tan brutal y el involucramiento de la delincuencia organizada, policías de distintos niveles y el Ejército en el crimen. El militar propuso que habría que “aprovechar la escisión que se está presentando” entre el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos guerrerense Tlachinollan y los padres de Ayotzinapa.

Finalmente no todas las recomendaciones de Aguilar se realizaron. Sin embargo es interesante como él se esfuerza en evitar investigaciones más profundas, ya que el militar que se jubiló tiene una carrera bastante larga en el Ejército. Fue jefe del Estado Mayor, oficial Mayor, subsecretario de la Sedena y comandante de varias entidades del Ejército, por ejemplo de la 36/o Zona Militar en Chiapas, donde formó parte de la Operación Arcoíris de rastreo y exterminio contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Armas usadas en Iguala

Pero sus huellas también se encuentran directamente en Iguala. Aguilar fue el responsable mexicano para la compra de las armas alemanas G36 de la empresa Heckler&Koch (HK) entre 2006 y 2009, que también llegaron a Guerrero. En este periodo la Sedena compró miles de estos fusiles de asalto con la condición de no ser llevados a cuatro estados: Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Así lo demandaron las autoridades alemanas, y así lo confirmó la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena, concretamente Guillermo Aguilar, porque la institución, la única en México que puede importar armas, estaba en ese entonces al cargo de él.

La misma Sedena confirmó años después que 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total llegaron directamente a los cuatro estados, para los cuales la Oficina Federal de Exportación de Alemania no otorgó una autorización por las tremendas violaciones de derechos humanos en estas regiones. Para realizar los envíos, era necesario falsificar los documentos que se tenían que entregar a la autoridad alemana. Fusiles, que realmente fueron mandados por ejemplo a Chiapas, aparecieron en las listas de los llamadas constancias del usuario final en otro estado.

El año pasado el Tribunal Superior Federal de Alemania condenó a dos empleados y a la empresa misma por este negocio ilícito. Los acusados fueron sentenciados de manera condicionada a 17 y 22 meses de cárcel, Heckler & Koch tenía que pagar una multa de más de tres millones de euros (unos 60 millones de pesos). La contraparte del acuerdo, el general Aguilar, sigue impune hasta hoy. Ni se ha investigado el reproche del testigo principal Robert H., quien expresó en su primera audición ante la procuraduría que el encargado de la Sedena habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como soborno. Eso le habría dicho el representante de HK, explicó Robert H., quien fue el instructor para los mexicanos a la G36.

No se sabe cuántas personas perdieron la vida o fueron heridas por el uso de estas armas. Lo que sí se sabe es que según la Sedena mil 924 de los fusiles llegaron a Guerrero. Según los expedientes, enviaron 55 de ellas a Iguala, 38 fueron encontradas en la comisaría de la policía de Iguala después del crimen contra los estudiantes. Varios de estos fusiles fueron usados en la noche de Iguala. Hay índices muy serios que una de las G36 lesionó Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en “estado vegetativo” hasta la fecha. Los responsables siguen impunes.


Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

Marchan normalistas y activistas contra el Ejército y por la justicia pendiente al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Reprochan espionaje del aparato de gobierno contra defensores de derechos humanos y víctimas


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Normalistas del estado y miembros organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo para exigir un alto a la criminalización de los luchadores sociales y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La protesta se da en el marco de un mes de acciones por los más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. La marcha comenzó al norte de la ciudad, en la estatua de Nicolás Bravo, conocida popularmente como el caballito, y avanzó con dirección al sur por el centro de la ciudad.

Durante la marcha, el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre lo que consideró hostigamiento y criminalización contra las organizaciones sociales y contra sus integrantes.

«Seguimos pidiendo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se investigue a las fuerzas armadas y se abstenga al Ejército de realizar investigaciones encubiertas contra las organizaciones sociales, porque sus funciones son otras, es la seguridad nacional y no el espionaje», mencionó.

Agregó que en la reunión que tuvieron con López Obrado acordaton que habrá una revisión de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado contra elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en los hechos de hace ocho años en la ciudad de Iguala.

Sobre la designación del nuevo fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Rosales Sierra mencionó que López Obrador podría designar a un nuevo fiscal a propuesta de los padres y madres de los 43.

Después de la renuncia del Fiscal Omar Gómez Trejo por supuestas diferencias con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el gobierno de López Obrador lo sustituyó por Rosendo Gómez Piedra.

La marcha, en la que participaba al menos 500 personas de distintas organizaciones sociales, hizo una parada en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.

Entre las organizaciones asistentes estuvieron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), el Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Tlachinollan y el Sindicato Único de Trabajadores de Bachilleres del Estado e Guerrero (Sutcobach).

Además de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de la Normal Pública Estatal Adolfo Viguri Viguri.

En el antimonumento los manifestantes realizaron un pase de lista por los 43 normalistas desaparecidos; se sumó un contingente numeroso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).

El contingente, ya con al menos 800 personas, avanzó con dirección al Palacio de Gobierno, antes hicieron una parada en el Congreso local, donde los estudiantes de Ayotzinapa realizaron pintas.

Desde ahí la marcha siguió sobre la Autopista del Sol hasta llegar a Palacio de Gobierno.

En la entrada de Palacio de Gobierno los manifestantes realizaron un mitin político donde cada una de las organizaciones sociales fijó postura y reclamó verdad y justicia.

La primera participación fue la lectura de un comunicado donde condenaron el espionaje y hostigamiento que realiza el Ejército a las organizaciones sociales.

«Es criminal que el Ejército nos hostige y por el contrario sea omiso con los grupos criminales que matan y asesinan a plena luz del día», dijo uno de los activistas.

Intervino Joaquina García Velázquez, madre del normalista desaparecido Martín Getsemany Sánchez García, y agradeció a todas las organizaciones presentes por el apoyo a la exigencia de justicia y aparición con vida de los normalistas.

«Un mes más de estar presente, exigiendo la aparición con vida de nuestros hijos y no vamos a parar en nuestra lucha para exigir la verdad, el gobierno quiso entregarnos un mensaje de que el caso estaba cerrado pero como madres no nos vamos a detener para saber la verdad.

Durante la participación de la CETEG, el secretario general, Héctor Torres Solano, comentó que hoy comenzaron una jornada de lucha de 72 horas en contra de las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante la participación de Torres Solano, un grupo de maestros de la CETEG quemó un paquete de boletas electorales de la elección ocurrida ayer en el que ellos llaman el sindicato charro.

Marco Antonio Suastegui Muñoz, representante del CECOP, exigió la aparición con vida de su hermano, Vicente Suastegui Muñoz, y acusó al gobierno anterior de Héctor Astudillo Flores de ser es el responsable de la desaparición, pero también acusó de omisión al actual de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

«Una noche lluviosa del cinco de agosto de 2021 se llevaron a mi hermano Vicente y hasta la fecha sigue desaparecido, y en aquel momento dije que fue una venganza del chacal de Héctor Astudillo y lo sigo sosteniendo».

El Centro Morelos habló sobre la militarización del gobierno federal y acusó al Ejército de ser el responsable de que existan familias desplazadas por la violencia.

Además pidieron una audiencia con Salgado Pineda porque, dijeron, a un año de que tomo el cargo no hay ningún acercamiento.

 


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Fuerzas Armadas elevan presencia en la seguridad pública estatal: 1 de cada 4 instituciones tiene a un militar como titular

Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

29 de septiembre del 2022

 

La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.

Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).

David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló al respecto que el verdadero problema no está solo en el hecho de que sean militares quienes encabecen la seguridad pública estatal, sino en que “incluso los mandos administrativos, operativos y la tropa sean militares”, pues no tienen la preparación para desempeñar tareas civiles.

“Son vertientes distintas, los militares están capacitados en tareas de seguridad nacional pero no de seguridad pública. De manera muy coloquial, podríamos decir que ambos son médicos, pero uno podría ser un médico dermatólogo y otro un médico cardiólogo (…) Quizá los dos tienen preparación en Medicina, pero con especialidades distintas”, dijo en entrevista.

Acerca del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal, el Inegi dio cuenta de que durante en el Censo de 2021 se tenía registro de mil 53 elementos de la Sedena, 162 de la Policía Federal/Guardia Nacional y 87 de la Marina. Para 2022, se reportaron mil 79 de la Sedena, 118 de la Marina y 244 de la Policía Federal/Guardia Nacional, un aumento del 10.7%.

Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

Desde antes de que iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e incluso del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, la corrupción en las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales provocó que gobernadores, alcaldes e incluso presidentes solicitaran la intervención de las Fuerzas Armadas.

La Sedena creó desde los 90 un protocolo para poder proveer de mandos policiacos a las instituciones de seguridad civiles.

Tal fue el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien fue conocido como “el zar antidrogas” en México.

A este se sumó el caso del general Enrique Tomás Salgado Cordero quien, por decisión de Zedillo y en ausencia del regente Oscar Espinosa Villarreal, asumió como secretario de Seguridad Pública capitalino en 1996, luego de que al secretario David Garay se le relacionara con el secuestro de una joven por parte de dos policías preventivos.

Años después, el general Rafael Macedo de la Concha fue nombrado procurador general de la República durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Como titular de la PGR, Macedo de la Concha fue quien en esa administración encabezó el proceso legal que llevó al desafuero de López Obrador, entonces jefe de gobierno capitalino.

“Tenemos muchos casos donde militares ya habían ocupado cargos de alta responsabilidad en seguridad pública”, sin llegar a la militarización, dijo Saucedo.

No obstante, recordó también que precisamente Gutiérrez Rebollo fue llevado a juicio por colaborar con el Cártel de Juárez, entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, ‘el Señor de los Cielos’, mientras Salgado Cordero fue despedido luego de la participación de algunos de sus elementos en casos de brutalidad policiaca y Macedo de la Concha fue relevado tras la polémica por el desafuero.

“No recuerdo yo un solo caso de algún secretario de Seguridad Pública, estatal o municipal, en donde hayan entregado buenas cuentas. Hay algunas excepciones evidentemente (…) Pero más bien son la excepción y no la regla. La mayoría de los militares que han tenido una responsabilidad en materia de seguridad pública no terminaron su encomienda, tuvieron que salir por escándalos, por participación de sus elementos en multihomicidios o por casos de corrupción muy conocidos”, dijo Saucedo.

La impresión de “depurar” las corporaciones

Entonces, ¿por qué tener a militares en tareas de seguridad pública no se ha traducido en una disminución de la violencia?

“El Ejército está tratando de combatir a los cárteles de la droga con despliegues masivos de elementos ocupando territorialmente las zonas que son dominadas por el narco y construyendo cuarteles militares, reclutando elementos, armándolos y haciendo rondines y patrullaje. Esta es la manera de combatir a otro ejército, pero los ejércitos del narco no son ejércitos regulares, son ejércitos guerrilleros: salen, golpean, se ocultan, se mueven, se trasladan de zona, y para combatir a un ejército guerrillero un ejército regular no sirve”, consideró Saucedo.

Para el especialista, “lo que sí hacen los militares al momento de ocupar cargos de alta responsabilidad en materia de seguridad pública es (que) generan una impresión, desde el punto de vista mediático, de depuración de las corporaciones que no necesariamente ocurre”.

Los datos del INEGI también arrojan, por ejemplo, que a pesar de que las Fuerzas Armadas tienen la titularidad de más del 25% de las instituciones de seguridad pública estatal y de que sus elementos han ganado espacios dentro de las dependencias, las sanciones y denuncias en su contra igualmente van en aumento.

Tan solo en 2021 se reportaron 14 mil 810 sanciones contra servidores públicos de estas dependencias y 451 denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en ejercicio de sus funciones, lo que en comparación con 2020 significó un aumento de 29.7% y 23.9%, respectivamente.

Una estrategia contraria a la Constitución

Respecto del deber ser y la legalidad de que un militar asuma tareas de seguridad pública y a su vez dé órdenes a mandos civiles, Saucedo dijo que esta acción resulta inconstitucional e incluso puede atentar contra tratados internacionales firmados por México.

“Su propia normatividad interna pone límites y contención a las tareas de seguridad pública”, enfatizó.

Precisamente en los últimos meses se desarrolló un debate en torno a la propuesta de López Obrador de llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, aunque el artículo 21 constitucional establece que esta debe ser “de carácter civil, disciplinado y profesional”. Al final, el presidente concretó el traspaso, pero no por medio de una reforma a la Constitución, sino legal, por lo que una parte de la oposición afirma que impugnará la medida ante la Corte.

La carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene criterios en este sentido y excluye de su organización a aquellas naciones que tienen algún tipo de estructura político-militar.

Los militares, dijo Saucedo, no tendrían por qué desempeñar tareas de seguridad pública ni tampoco dar órdenes a mandos civiles, pues, en un régimen democrático, los militares realizan solamente tareas de seguridad nacional.

 

Despliegue del Ejército prioriza a estados gobernados por Morena, no a los más violentos

Cuatro de las seis entidades con mayor presencia militar para tareas de seguridad pública son gobernadas por Morena. De ellas, solamente una, Michoacán, también está en los primeros lugares en homicidios dolosos.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía:

22 de septiembre del 2022

 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Según la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país, se trata de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de homicidio doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refiere que entre las seis entidades con mayor despliegue militar se encuentran la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su conjunto suman 21 mil 990 soldados en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar ubicado en tareas de seguridad pública.

De esas entidades, solo Michoacán —donde gobierna Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021— se encuentra entre las seis más violentas del país. Guanajuato y Baja California, que ocupan los lugares uno y dos en víctimas de homicidio doloso, están en los sitios ocho y 13 en cuanto a despliegue militar.

La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico.

Estos números se dan a conocer mientras en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus aliados para extender hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

Ayer, el Senado determinó pausar el debate del tema y regresar el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa cuándo se reanudará el proceso.

6 de cada 10 víctimas de homicidio doloso mueren por arma de fuego

Otro dato que arrojó el SESNSP en su informe mensual refiere que seis de cada 10 víctimas de homicidio doloso reportadas en los seis estados más violentos murieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.

El martes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, en el caso de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos, mientras que para el caso de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos parámetros durante tres meses.

De manera desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en cuatro de los estados antes mencionados se registró un descenso en víctimas de homicidio doloso, Michoacán y Baja California no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentó el número de víctimas por arma de fuego.

En el caso de Michoacán, el aumento fue más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo periodo de 2022, mientras que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.

Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que una de las principales razones por las que son asesinados tantos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos.

Por esta razón, desde agosto de 2021 el gobierno de México mantiene un litigio legal internacional en contra de la empresa Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.

Durante las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han solicitado el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que desde 2005 protege a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses frente a demandas civiles.

Sin embargo, debido a que fiscales generales demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que países como Antigua y Barbuda y Belice, el caso ha podido avanzar y se encuentra actualmente en espera de fecha para juicio.

Cifra negra y falta de reparación de daño

Pese a que las cifras del SESNSP son utilizadas por el gobierno federal para presentar avances en materia de seguridad pública y por organizaciones civiles para realizar análisis de la incidencia delictiva, diversos expertos en la materia han criticado que exista una cifra negra de diversos delitos provocada por las mismas autoridades.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, considera que el país tiene una problemática muy fuerte en procuración de justicia y que este problema se repite de forma sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que finalmente son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, dijo en entrevista.

“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la reparación del daño. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de algún delito tuvieron una reparación del daño sin importar cuál habría sido el tipo de reparación. Es decir, del tipo económico o material. No tenemos ninguna métrica en este sentido”, expuso.

Lo anterior, en su opinión, es causado en gran medida porque “los despliegues del Ejército, como se ha mencionado en distintas ocasiones, son despliegues de presencia disuasiva; o sea, realmente no hacen labor de investigación ni desarticulación de redes criminales”.

Por eso —en una entrevista previa—, advirtió que extender hasta 2028 la presencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para generar “falsa confianza” entre la ciudadanía.

“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en contra de los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la seguridad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de manera político-electoral, pero ahora que son gobierno están sufriendo el desgaste y los estragos que produce entre el electorado el tener guerra de cárteles”, dijo.

En la imagen elementos del Ejército durante un acto cívico en la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Protestan por los 43 en zonas militares y FGR ejecuta aprehensión contra mandos del Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso Ayotzinapa, de las cuales tres ya fueron ejecutadas.

Uno de los militares detenidos es quien en 2014 fue el comandante del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, lugar donde el 26 de septiembre de 2014 elementos del Ejército, Policía Estatal, Federal y Municipal, en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Mejía Berdeja dijo que derivado del informe de la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa fue que se liberaron las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos del Ejército.

Aunque Mejía Berdeja no reveló los nombres de los detenidos, el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa menciona al coronel José Rodríguez Pérez como el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.

En dicho informe señalaron a Rodríguez Pérez de ser aliado de Guerreros Unidos y de ordenar asesinar a seis estudiantes normalistas privados de su libertad en una bodega cerca de la ciudad de Iguala.

También lo acusaron de ser el responsable de borrar todas las evidencias de las escenas del crimen.

Además de las órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, Mejia Berdeja informó que el Ministerio Público federal emitirá un amparo en contra de la resolución del juez que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del caso Ayotzinapa y de otras 19 personas relacionadas con el caso.

“Se impugnará la resolución del juez para que José Luis Abarca y los otros 19 implicados no queden libres”, mencionó Mejía Berdeja durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Además de la impugnación, la Secretaría de Gobernación interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez federal de Tamaulipas que exoneró a Abarca Velázquez y a 19 personas más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportistas corren al Ejército de Arcelia

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Un grupo de transportistas que bloqueó hasta la mañana de hoy domingo el acceso a la ciudad de Arcelia, corrió a soldados del Ejército Mexicano, quienes, presuntamente algunos de sus integrantes, habrían golpeado a dos jóvenes de ese lugar.

«Vámonos, ya, ya tuvieron muchas vacaciones, vámonos ya», gritaron unos individuos a los militares a bordo de tres camionetas, de acuerdo con un video difundido por los transportistas.

Se escucha que un hombre le grita a los soldados: «ya mucho que robaron en Arcelia, jálenle para otro lado».

«Vámonos cochos, vámonos», son parte de los insultos a los soldados.

De acuerdo con versiones de algunas fuentes de Arcelia, los militares fueron expulsados por los pobladores porque supuestamente golpearon a dos jóvenes.

Desde hace semanas, varias decenas de efectivos del Ejército instalaron un campamento casi en la entrada de Arcelia en las cercanías de las instalaciones del sistema de agua potable.

Este sábado alrededor de las 14 horas, los transportistas, muchos de ellos a bordo de sus motocicletas y otros a pie, se organizaron para cerrar el acceso a Arcelia.

Posteriormente se dirigieron hasta donde está el campamento de los militares y les exigieron que se salieran de manera inmediata.

Para no caer en una confrontación, los militares decidieron recoger sus pertenencias personales y en tres camionetas se salieron entre gritos e insultos que les gritaron los lugareños.

Arcelia, en la región de la Tierra Caliente, es uno de los municipios en donde operan los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alías El Pez y La Fresa.

Aquí, dicen los habitantes de Arcelia, nada se mueve si no es con la autorización de los dos hermanos quienes son dirigentes del grupo del crimen organizado la Familia Michoacana, aliados a grupos económicos y políticos regionales, de los que forman parte autoridades municipales y diputados.

Los transportistas desbloquearon el acceso a Arcelia este domingo en la mañana.

El pasado 28 de julio, transportistas de Tierra Caliente cerraron en tres puntos de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano e impidieron el avance del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que iban a una operación para detener a El Pez y La Fresa.

Los bloqueos de los transportistas y lugareños se instalaron en Palos Altos, el entronque de la carretera hacia el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Otro cierre se instaló en el acceso a Arcelia y otro más en Poliutla, cerca de la localidad de Tlapehuala.

En Palos Altos, fueron retenidos varias horas elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal.

La gente levantó los bloqueos hasta que las fuerzas federales y estatales se retiraron del lugar.

En esa ocasión, el vicefiscal General del Estado (FGE), Ramón Ayala Gamboa, acusó a los líderes de esta organización delictiva (Jhonny y Alfredo) de haber obligado a la gente de esa región a cerrar la vía federal para impedir su detención.

«Es un operativo que hace la Federación en coordinación con el estado para detener a los dos principales criminales que operan en el sur del Estado de México y en la Tierra Caliente, específicamente en Arcelia, que son los alías Fresa y el Pez», dijo aquella vez Ayala Gamboa.

Desde hace una década, de acuerdo con versiones de personas locales, la federación ha tratado de detener a estos dos líderes sin resultados.

Sobre lo ocurrido este sábado en Arcelia en donde nuevamente transportistas y jóvenes corrieron a los militares, Gamboa Ayala dijo no tener información de lo que ocurrió en ese municipio.

«No hay carpeta (de investigación») no sabía de esto», dijo el funcionario.

Ejército entrena a Guardia Nacional para enfrentar manifestaciones

Texto: Jesús Guerrero​

Fotografía: Oscar Guerrero

28 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

A menos de un mes de que en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol policías estatales y agentes de la Guardia Nacional (GN) se enfrentaron con normalistas de Ayotzinapa, elementos de esta última corporación federal reciben entrenamiento para disuadir manifestaciones en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Chilpancingo.

Los de la GN llevan su equipo antimotin y durante el entrenamiento se les enseña la manera de como enfrentar a los manifestantes.

Durante la práctica se escuchan gritos de los soldados y de la Guardia Nacional quienes portan sus escudos.

En el enfrentamiento con los normalistas en la caseta de Palo Blanco, los de la GN, sacaron la peor parte ya que 22 de ellos resultaron lesionados uno de ellos de gravedad.

A su vez, los policías estatales que eran dirigidos por el coordinador en la región centro de esta corporación, Constantino Velázquez, hubo ocho lesionados leves.

Fueron los agentes estatales los que iniciaron el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y los que iban al frente de la columna y además arremetían con más furia contra los jóvenes.

La GN tiene su cuartel (que en julio del 2021 inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador) en el boulevard Chilpancingo-Petaquillas.

Medio centenar de la Guardia Nacional fueron entrenados por militares en uno de los campos de las instalaciones del 60 Batallón de Infantería.

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