Juez de Tlapa vincula a proceso a líder de la UPOEG

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa vinculó a proceso al dirigente de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien podría seguir su proceso fuera de prisión.

El delito por el que se le acusa al líder de las autodefensas es robo agravado, aunque su abogado solicitó una nueva ampliación para presentar pruebas de su inocencia, afirmó Plácido Valerio en entrevista telefónica.

Desde este martes en la mañana, miembros de la UPOEG tomaron las instalaciones del Juzgado Mixto y la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el municipio de Ayutla de los Libres para exigir un diálogo con la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Luz Salmerón Valdovinos Salmerón.

El comunicado que emitió la FGE detalla que el Juez decretó vinculación a proceso contra Plácido Valerio por el delito de robo agravado en perjuicio de Dionisio «N» por los hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort, en el 2016.

La acusación en contra de Plácido Valerio data desde el 2013 derivado de un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec y de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.

Supuestamente Plácido Valerio habría cometido el delito en el 2013 pero la orden de aprehensión en su contra fue liberada en julio del 2016.

El pasado 10 de agosto, el líder de la UPOEG fue detenido por la FGE acusado de los delitos de robo y daños.

Sin embargo, el 11 de agosto, Plácido Valerio salió en libertad de la cárcel de Tlapa después de pagar una fianza que le fijó el juez que aceptó la ampliación del plazo de 72 horas para definir su situación jurídica.

Este lunes citaron a Bruno Plácido a una audiencia en el Juzgado de Tlapa, quien no se presentó y a través de su abogado se le notificó su vinculación a proceso.

Plácido Valerio insistió en que las acusaciones de la FGE son de carácter político pero que su abogado demostrará su inocencia mediante una serie de pruebas que presentará ante el Juez.

«No descarto que nuevamente me detengan pero bueno si es así desde la cárcel sabré como defenderme y sabrán que soy un buen abogado», afirmó.

Mencionó que la toma de las instalaciones del Juzgado Mixto y de la Agencia del Ministerio Público de Ayutla de los Libres es para que haya una mesa de diálogo con las autoridades de la Fiscalía.

Adelantó que en las próximas horas la gente de la UPOEG tomará las instalaciones de los juzgados de San Luis Acatlán, Ometepec y Tlapa así como las agencias del Ministerio Público en estos municipios.

 

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Bloquean carreteras en Costa Chica por la detención de Bruno Placido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Por la detención del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se registraron bloqueos en los municipio de Florencio Villareal y Ayutla de los Libres, en la Costa Chica.

Alrededor de las 9:15 de la noche, unos 200 integrantes de la UPOEG bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de Cruz Grande.

A unos metros del bloqueo hay un retén de la Guardia Nacional, que no han intervenido.

Minutos más tarde se registró otro bloqueo en la carretera hacía el municipio de Ayutla de los Libres.

Los manifestantes pidieron un diálogo con el gobierno del estado para exigir la liberación de Plácido Valerio.

Se espera otro bloqueo en los poblado de Marquelia y de San Marcos.

Hasta el momento el bloqueo está con dirección a Acapulco y será permanente, solo dejarán pasar a personas enfermas y de la tercera edad.

La tarde de hoy fue detenido Plácido Valerio en Chilpancingo, luego de participar en un foro por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) el líder de la UPOEG fue detenido debido a una orden de aprehensión en su contra por robo y daño en propiedad ajena.

Después de iniciar los bloqueos se difundió un vídeo en redes sociales donde integrantes de la UPOEG dijeron que lucharán legalmente y no en las calles.

“Le pedimos respetuosamente al gobierno de Evelyn Salgado Pineda que revise el proceder de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y de su vicefiscal Ramón Celaya Gamboa y considere su remoción del cargo por atentar contra la estabilidad y la paz social”.

 

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Policías se enfrentan a tiros con la UPOEG cerca de Acapulco, hay dos heridos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y policías estatales se enfrentaron a balazos con integrantes de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) dejando un saldo de dos heridos de bala por parte de estos últimos en la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, la tarde de este martes.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes acudieron a la vía federal, cerca de la comunidad de Tres Palos, a atender un reporte de un bloqueo de transportistas.

De acuerdo con el viccefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Ayala Gamboa, cuando llegaron al lugar ya no estaba el bloqueo pero al continuar con el patrullaje observaron una camioneta con hombres armados quienes se internaron en la comunidad de Tres Palos.

“Cuando ingresamos al poblado fuimos atacados a balazos y contestamos esta agresión sin que hubiera ninguna baja por parte de las dos partes”, dijo Ayala.

“Posteriormente cuando seguíamos, los patrullajes por la carretera federal recibimos una segunda agresión.por parte de la policía comunitaria de la UPOEG”, afirmó el viicefiscal.

Mencionó que ellos repelieron la agresión resultando heridos dos de los agresores.

Ayala Gamboa dijo que aseguraron un vehículo y cuatro escopetas que portaban los agresores.

También fueron detenidos cuatro miembros de la UPOEG.

Ayala dijo que los transportistas nunca dijeron los motivos de su protesta, que fueron convocados por la delincuencia organizada.

“Vamos a aplicar cero tolerancia, la Costa Chica y Acapulco no pueden estar bajo el control de la UPOEG y de los Rusos, no podemos permitir que impongan su terror y vamos actuar en consecuencia” advirtió el vicefiscal.

Mencionó que a lo largo de la carretera federal de la Costa Chica hay retenes de la policía comunitaria de la UPOEG que serán retirados en cualquier momento por el Ejército, Marina y Guardia Nacional.

En el despliegue de este martes participaron agentes ministeriales, policía estatal, Ejército y la Marina.

No es la primera vez que se registra una confrontación entre fuerzas federales y estatales con miembros de la UPOEG.

En mayo, después de un cateo que realizó el Ejército en una casa de seguridad de la UPOEG en el municipio de San Marcos asegurando armas y dinero en efectivo, transportistas y comerciantes bloquearon vías en Acapulco durante diez horas.

El 28 de junio , la Guardia Nacional detuvo a un líder y a seis autodefensas de la UPOEG, en Marquelia, después de un enfrentamiento a tiros.

El 29 de junio en Acapulco, policías estatales detuvieron a un transportista durante un desalojo en la avenida costera Miguel Alemán.

 

 

Dos grupos armados protagonizan enfrentamiento en presencia de reporteros

El ataque inició justo cuando uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Jesús Plácido Galindo, denunciaba ante los reporteros la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener a los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

La conferencia de prensa que convocó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) la mañana de este martes en la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, se suspendió cuando presuntos integrante de la organización criminal Los Ardillos atacó la población vecina, Tula, a menos de 400 metros de distancia.

Los policías comunitarios respondieron el ataque y se desató un enfrentamiento que duró diez minutos. El grupo de reporteros que asistió a la conferencia tuvo que tirarse al suelo para protegerse.

«Nos tiramos al suelo y nos cubrimos detrás de los troncos de ocote», relató uno de los reporteros.

El ataque inició justo cuando uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Jesús Plácido Galindo, denunciaba ante los reporteros la inacción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para detener a los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos.

«Primero se escuchó un disparo desde un cerro que está a 400 metros de distancia donde estábamos en la conferencia y después los policías comunitarios contestaron generando una balacera», narró el reportero.

En el lugar donde se realizaba la conferencia de prensa es un cerro donde los comunitarios montaron sus trincheras.

Dicho espacio fue recuperado por la Policía Comunitaria después de replegar de este sitio a Los Ardillos.

Uno de los reporteros cuenta que después de que terminó la balacera se bajaron caminando del cerro y llegaron al pueblo donde dejaron su vehículo estacionado.

«Del centro del pueblo al cerro donde los policías comunitarios están atrincherados es una distancia de poco más de un kilómetro y la verdad bajamos con mucho miedo porque no sabíamos que podíamos encontrarnos», relató el periodista.

Durante el trayecto de ida y de regreso hacia la comunidad de Alcozacán y luego a Tula los reporteros observaron sólo una patrulla de la Policía Estatal.

Uno de los periodistas contó que uno de los agentes les dijo que ojalá que si los dos grupos se tiran de cerro a cerro, eso estuviera bien porque sería un entre de frente a frente.

«Nos sentimos más tranquilos cuando salimos de la comunidad de Atzacoaloya y tomamos la carretera federal rumbo a Chilapa», señaló el reportero.

Atzacoaloya, que también pertenece a Chilapa, está a 15 minutos de Tula.

Toda esta zona tiene presencia Los Ardillos.

Antes que se desatara la balacera, Plácido Galindo exigió a las autoridades que detengan a los miembros de esta organización.

Mencionó que en los últimos siete años este grupo criminal desapareció a 19 personas y asesinó a otras 18 de esta región conformada por comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Desde el viernes 17 de junio, los comunitarios sostienen enfrentamientos con Los Ardillos.

Según la CRAC, Los Ardillos han utilizado armas de grueso calibre y drones con explosivos para atacar a las comunidades de Tula y Xicotlán.

Según los comunitarios, dos de sus integrantes resultaron heridos de bala en los ataques.

En opinión del director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que es preocupante la violencia que se vive en esta zona indígena.

«Es un conflicto complejo donde están comunidades confrontadas históricamente por conflictos agrarios pero ahora hay una descomposición social porque se habla de grupos de civiles armados y también se habla de un grupo de la delincuencia y eso daña muchísimo a las comunidades que se sienten asediadas que están adheridas al Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata», expresó.

El activista señaló que estas comunidades han estado denunciando casos de desaparición, asesinatos y balaceras y que se sienten amenazados.

 

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Marchan policías comunitarios, niños y mujeres para exigir justicia, seguridad y maestros

En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.


Texto: Ampola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Más de 300 personas entre policías comunitarios, niños y mujeres marcharon en las calles de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, para exigir la instalación de retenes de la Guardia Nacional y Ejército para disuadir a un grupo delictivo que opera en esa región de la Montaña baja.

Las autoridades del pueblo y dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (CRAC-PF), emplazaron a los gobiernos federal y estatal para que en dos semanas empiecen a cumplir con su pliego de demandas de seis puntos.

Este domingo 12 de junio, autoridades estatales acudieron a esta comunidad en donde se reunieron con los pobladores y recibieron sus peticiones.

Los enviados de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les regalaron despensas a las mujeres y juguetes a los niños.

En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.

También piden la instalación de un Banco del Bienestar y el pago de una indemnización a viudas de 10 hombres que fueron asesinados por integrantes de un grupo delictivo.

Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, dijo que están emplazando al gobierno hasta este fin de año cumpla con esos seis puntos del pliego petitorio y que en caso de no hacerlo van a preparar a unos 60 niñas y niños para que se ejerciten como policías comunitarios.

«¡Zapata está vivo apuntando a Los Ardillos y si siguen secuestrando les dará su merecido!», gritaron esta consigna los pobladores en referencia a este grupo delictivo que la Fiscalía Genera del Estado (FGE) en 2019 les integró una carpeta de investigación por el asesinato de 10 músicos de la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, es decir, dentro de la misma Montaña baja.

Alcozacán es una comunidad vecina de Ayahualtempa y desde el 2019, sus pobladores y policías comunitarios han tenido enfrentamientos armados con los miembros de ese grupo criminal.

Los pobladores de las dos comunidades han denunciado que Los Ardillos han asesinado y desaparecido a más de 40 personas. Ayahualtempa y Alcozacán no solamente viven en una situación de violencia e inseguridad también de bajos niveles de desarrollo humano.

 La marcha de los niños, mujeres y policías comunitarios de la CRAC-PF se desarrolló alrededor del pueblo.

Los policías comunitarios vestían uniforme color verde olivo y portaban escopetas y rifles de bajo calibre.

Morales Rojas dijo que están reclamando a la FGE que realice la búsqueda de 13 personas que fueron privadas de su libertad por integrantes del grupo delictivo. La desaparición de las 13 personas ocurrieron algo largo de los últimos tres años.

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Policía comunitaria de Xalpatláhuac agrede y detiene a dos mujeres y dos hombres

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

12 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Policía Comunitaria detuvo y agredió a dos mujeres y dos hombres que preparaban el festejo del Día de las Madres en la cabecera municipal de Xalpatláhuac este jueves, denunció la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

«Los policías comunitarios armados también intentaron violar a una de las dos mujeres que junto con los dos hombres están en la cárcel municipal», afirmó la edil quien desde el 28 octubre del 2021 despacha en una casa en Tlapa porque fue expulsada de su municipio por las autodefensas.

Desde esa fecha la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) tiene tomado el ayuntamiento de Xalpatláhuac.

En entrevista telefónica, la edil relató que este jueves alrededor de las diez de la mañana los organizadores del festejo en el barrio de San Isidro, en la cabecera del municipio, estaban colocando lonas, sillas y mesas para preparar el festejo por el Día de las Madres que se realizaría a las 3 de la tarde.

Pero llegó un grupo de policías comunitarios armados en dos camionetas.

«Sin más ni más, primero se llevaron a dos mujeres y luego fueron  por el delegado del barrio de San Isidro y un familiar de él de avanzada edad que es el principal del pueblo a quienes sacaron de su casa», dijo la edil.

En un video que se difundió en las redes sociales se ve que varios policías comunitarios preguntan a varias personas quienes les habían dado permiso para realizar la fiesta.

«El ayuntamiento», les contesta una mujer.

Circulan varias fotografías en donde se ve que los policías comunitarios van custodiando a dos mujeres.

La alcaldesa señaló que por información que le dieron los familiares de las dos mujeres que están encarceladas una de ellas sufrió intento de violación por parte de los policías comunitarios.

La edil dijo que es una tradición de que todos los barrios de Xalpatláhuac realicen una fiesta por el Día de las Madres.

«En este festejo hay baile, comida y se les entrega regalos a las madres», expresó.

Dijo que ya habló vía telefónica con el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez quien solamente le dijo que se está pensando qué hacer con la policía comunitaria.

Desde octubre del 2021, la alcaldesa ha estado solicitando a las autoridades que desalojen a los policías comunitarios que tienen tomado el Palacio Municipal.

El 28 de octubre del 2021 cuando la edil iba encabezar una asamblea para que la ciudadanía decidiera la permanencia o no de las autodefensas integrantes de esta organización armada llegaron disparando sus armas de fuego.

Dos policías municipales que resguardaban a la edil resultaron heridos que ya están fuera de peligro.

La alcaldesa Selene Sotelo salió huyendo de Xalpatláhuac a bordo de una camioneta.

Desde entonces la edil priísta despacha en su casa particular en Tlapa.

La alcaldesa asegura que la toma del ayuntamiento y todas las acciones que la policía comunitaria está cometiendo contra la ciudadanía son por órdenes del ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Xalpatláhuac, Edmundo Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio quien fue nombrado el Tlayakanky del pueblo.

«La gente de Xalpatláhuac está pidiendo que venga la Guardia Nacional y desaloje a los policías comunitarios del ayuntamiento para que la paz en el municipio regrese», expresó Selene Sotelo.

Xalpatláhuac, es un municipio que está ubicado en la región de la Montaña.

La CRAC constituyó aquí su policía comunitaria para hacerse cargo de las tareas de seguridad desde el 2020.

Este grupo de autodefensas pertenece a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, en el municipio de Malinaltepec.

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Hallan muertos en un accidente a los del CIPOG_EZ, dice FGE; exigen que se investigue

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

7 de mayo de 2022

Chilpancingo

Los dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que fueron reportados como desaparecidos murieron en un accidente automovilístico, informó la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado de la FGE señala que  los cadáveres de Marcos Campos Ahujote y Lorena Chantzín Paxacuasingo, fueron hallados dentro de una camioneta marca Nissan color gris con caja azul y placas de circulación del estado de Guerrero.

Esto en la carretera Chilapa_ Atzacualoya en un barranco de 40 metros de profundidad.

«Por consiguiente no fueron privados de su libertad cómo círculo a través de redes sociales; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio por tránsito terrestre», se lee en el comunicado de la FGE.

En el lugar de los hechos se hallaron las credenciales de las víctimas por lo que fueron identificadas rápidamente. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

De acuerdo con lo difundido por el CIPOG – EZ, Marco Campos y Lorena Chantizin desaparecieron la tarde del pasado viernes cuando circulaban por la carretera Chilapa – Atzacoaloya.

Los integrantes de la organización acusaron de las dos desapariciones al grupo delictivo al que identifican como Los Ardillos.

Después de que la FGE dio a conocer esta información, la CIPOG_ EZ, exigió a las autoridades que realicen una investigación e insisten de que tanto Marcos y Lorena fueron desaparecidos y que se percataron de que los cadáveres de ambos tenían huellas de tortura.

“Sabemos que fueron Los Ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando”, acusó a través de un comunicado la mañana de este sábado la CIPOG_EZ.

Habrá juicio político contra diputados, advierte CRAC y Tlachinollan durante protesta contra consulta

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar guerrero

5 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de unos 300 pueblos originarios de la Costa Chica y la Montaña, acompañados por integrantes de organizaciones sociales, marcharon por las calles de Chilpancingo y realizaron un mitin fuera del Congreso del estado para rechazar la forma en que los diputados realizan la Consulta de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el mitin criticaron a los diputados, quienes son los organizadores de la consulta, por considerar que sus acciones son falsas, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y sólo quieren cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las sanciones económicas y políticas.

La sentencia de la SCJN advierte que de no realizar la consulta antes del día 14 de abril, los diputados enfrentarían juicio político y dejarían su cargo como legisladores.

“Por eso les urge realizar la consulta, quieren salvar su pellejo, no les interesan los pueblos indígenas”, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor legal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Rosales Sierra afirmó que los diputados desconocen lo que hacen y tampoco tienen la voluntad para realizar una verdadera consulta.

“Llegan los diputados a hacer pequeñas reuniones a los pueblos, pero no informan nada, no dicen si la consulta es para reformar una ley, un artículo o la constitución, si ni ellos saben, cómo esperar que nosotros sepamos”, dijo.

Este martes, a nueve días de que venza el plazo que dio la SCJN a Congreso, representantes de 300 comunidades de la Montaña y la Costa Chica marcharon desde el norte de la capital hasta el Congreso local para exigir la cancelación de la consulta que calificaron como “falsa” y “tendenciosa”.

Fuera del Congreso los manifestantes se pronunciaron contra la forma en que los diputados querían consultarlos.

“Los diputados van, solo hacen reuniones pequeñas y pagan a los comisarios y a los líderes comunitarios para que les firmen sus actas de asamblea, y eso es lo que van a presentar a la SCJN”, dijo Rubí Martínez, coordinadora de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Costa Chica.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció también que los diputados nunca han tenido la disposición para garantizar los derechos a las comunidades originarios.

Recordó que desde 1991 que México firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ni así han acatado dichos tratados internacionales.

“México es candil de la calle y obscuridad en la casa, porque es el primero que firma tratados internacionales, pero el último en acatarlos”, dijo.

Agregó que con dichas reformas que fueron sancionadas por la SCJN buscaban desaparecer a las policías comunitarias y la actual consulta pretenden lo mismo.

“Quieren acabar con la autonomía de las comunidades, quieren de nuevo vasallos a los pueblos indígenas”, agregó Barrera Hernández.

Otro de los oradores fue el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, quien calificó a los diputados locales de racistas y los acusó de pagar firmas para validar documentos oficiales.

Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), propuso reeducar, a través del sistema comunitario, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien encabeza los trabajos de la consulta.

Sánchez Esquivel a través de la vía plurinominal y contra las acciones afirmativas dictadas por el INE ocupa una curul destinada a un representante indígena.

En la marcha participaron 300 policías comunitarios desarmados, a quienes respaldaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Tlachinollan, del Colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, del Frente Popular de la Montaña (FPM), del Frente Progresista de Guerrero (FPG), del Cecop y del Comité de desaparecidos del 60.

En 2021, la SCJN ordenó a los legisladores de Guerrero realizar la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.

Esto porque en 2018 se reformó el artículo 14 de la Constitución estatal y se reformó la Ley 701, pero los legisladores de ese periodo no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas y afromexicanas.

En su sentencia la SCJN ordenó repetir el proceso, pero esta vez haciendo “una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, según se lee en la sentencia.

Los manifestantes hicieron un llamado a la SCJN de no avalar las pruebas y procedimientos que presenten los diputados, porque consideran que no los realizaron bajo los parámetros y procedimientos indicados en la sentencia.

Rosales Sierra dijo que en caso de que la SCJN avale la consulta, la CRAC – PC y las organizaciones van a impugnar.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso realizar la consulta de forma correcta.

“Este Organismo Público manifiesta su preocupación al Congreso de Guerrero por su desdén por escuchar y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de ese estado. El Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país otorgó un plazo de doce meses, para que el Congreso del estado de Guerrero realizará una consulta indígena”, se lee en el documento de la CNDH.

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Policías comunitarios cercan Congreso en rechazo a consulta indígena

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

5 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Policías comunitarios y habitantes de 300 pueblos realizaron una marcha y se instalaron en plantón afuera del Congreso local en rechazo a la que consideran como “amañada” y discriminatoria consulta de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que realizan los diputados para hacerla ley.

Los guardias civiles desarmados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) iniciaron la marcha en el monumento de Nicolás Bravo y arribaron al recinto legislativo donde se desarrolla un mitin.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC, dijo que los comisarios y habitantes de las 300 comunidades de la región de Montaña y Costa Chica que participan en la movilización no están enterados de que los diputados estén realizando esta consulta.

Recordó que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la reforma del artículo 14 constitucional y como consecuencia la ley 701 que fue aprobada por el Congreso local a propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.

Esta legislación desconocía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En el 2021, la SCJN le dio un plazo de 14 meses al Congreso para que apruebe una nueva ley realizando una consulta con los pueblos.

“Será el próximo 14 de este mes de abril cuando a los diputados se les vence el plazo pero nadie de los pueblos sabe en qué consiste esa consulta porque ni siquiera les dicen que va a contener la ley”, dijo Rosales Sierra.

Los más de mil comunitarios, comisarios y habitantes de los pueblos mantienen encerrados a los diputados locales.

Cuando pasaba la marcha, el legislador morenista y presidente de la Junta de Gobierno, Alfredo Sánchez Esquivel se asomó para ver el contingente.

Los manifestantes lo identificaron y de inmediato me gritaron: “traidor”, “traidor”.

 

 

Justicia comunitaria: sentencian a 25 años de trabajos comunitarios a feminicida

Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”


Texto: Especial

Fotografía: Oscar Guerrero

28 de marzo del 2022

Ayutla de los Libres

 

En la madrugada del 1 de enero de este año, Roberto “N”, acudió al baile de Año Nuevo, al poblado de Coxcatlán San Pedro, municipio de Ayutla de los Libres, regi+on Costa Chica del estado, con su pareja Angelina “N”. Al terminar la fiesta, poco después de las dos de la mañana, se dirigieron al domicilio de la novia, en donde la mató a machetazos.

Este domingo se reunieron en asamblea en el poblado de El Platanal, comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), y sentenciaron a Roberto, a 25 años de su vida a un proceso de reeducación, por haber asesinado a Angelina.

Roberto salió de su comunidad, La Fátima, para acudir al baile de fin de año en el vecino poblado de Coxcatlán San Pedro; cuando terminó el indígena mixteco de 19 años, acompañó a su casa a Angelina, de 18 años y después de una discusión la mató a machetazos.

Días después, durante la asamblea el 16 de enero pasado, efectuada en la comunidad de El Paraíso, ante sus papás él se declaró culpable. Justificó el feminicidio de Angelina a que ella “iba borracha” y lo cacheteó. “Ella iba por el machete, yo lo agarré primero, y le di en la cabeza, ahí empiezo a machetearla, no soy gente mala, no sé por qué lo hice”, dijo el indígena mixteco.

Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”.

En esa ocasión, Celestino Peláez Chávez, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, afirmó que no se permitirán más feminicidios, y toda violencia contra las mujeres, “no quedarán impunes, porque hay tres casos que están llevando un proceso de reeducación, como son en el Coyul, y en El Charco, y el más reciente de Coxcatlán San Pedro dónde un joven mató a su esposa a machetazos, que no va a quedar impune, habrá cero tolerancias”.

Los padres de Angelina pidieron que el detenido se quede de por vida en terreno comunitario, y que fuera en el sistema de la CRAC-PC, porque su comunidad pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “y en ese sistema no hay una regla para los detenidos, y puede que lo liberen antes de ser castigado”, agregó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.

Por esa razón, recalcó “el C. Roberto “N”, se queda en la CRAC-PC de El Paraíso, para ser castigado en este sistema de por vida, así como la familia de la hoy occisa lo solicita”.

Al final de la asamblea realizada en El Paraíso, surgieron dos propuestas, por un lado: “se propuso que por ser un delito grave se encarcele al asesino 25 años; y por la otra cadena perpetua, propuestas que serán discutidas y analizadas en las 26 comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, para posteriormente convocar a otra asamblea en donde se dé a conocer el acuerdo tomado por los pueblos sobre este caso”.

El día se llegó, y el domingo pasado, en el punto 6 del orden del día de la asamblea de la CRAC-PC, realizada en la comunidad de El Platanal, se incluyó el tema del feminicidio, para determinar la sentencia que se aplicaría a Roberto.

La puesta generó un debate de casi tres horas, en donde de inicio el coordinador de la CRAC-PC en El Paraíso, Celestino Peláez, informó que en la asamblea del pasado 15 de enero se le informó al comisario de La Fátima, todo lo relacionado al asesinato de Angelina.

Dijo que había un acta de la asamblea de Coxcatlán San Pedro “ ahí se tomó el acuerdo para que se le sentenciara de por vida a Roberto, por el homicidio que cometió, pero también se propuso que cada pueblo hiciera lo propio, y se decidiera hoy su sentencia en la asamblea. Hoy se tiene que tomar esta decisión compañeros”, recalcó.

El abogado Rogelio Téliz dio lectura a las propuestas: “la primera es la que hizo la comunidad de Coxcatlán San Pedro, donde sucedieron los hechos, que dice que esta persona que esta persona que cometió la infracción quede de por vida en el proceso de reeducación en la Casa de Justicia(de El Paríso). Una propuesta más recordó: “en esta casa de Justicia hay dos personas ya procesadas en reeducación por feminicidio y fueron sujetos a 25 años de prisión, ya existe ese antecedente”.

En tanto en la tercera propuesta fue que en la asamblea de este domingo se acordara una sentencia. Después de que se escucharon las propuestas, un ciudadano del poblado de La Angostura, tajante pidió una sentencia de 50 años para el feminicida.

Después la abogada Lucía, del Centro Comunitario Gúwa Kúma (Casa de los Saberes) señaló que“estamos ante un caso muy triste, es muy doloroso que nosotras como mujeres suframos esta situación; éste muchacho le quitó la vida a ésa muchacha, él lo reconoce. Es un error que tiene que pagar, propongo que a esta persona se le someta a un proceso de reeducación de 30 años”.

Por su parte, la concejera del poblado San Felipe, afirmó que en la reunión que realizaron, hubo mucha participación de las compañeras “creemos que hubo mucha responsabilidad de sus padres(del feminicida), ya que permitieron que entrara el muchacho a su casa, siendo que solo era su novia; se propuso 15 años de reeducación”.

Una integrante del grupo Damas Solidarias Feministas con sede en Ayutla de los Libres manifestó que “apenas el padrastro mató a su mujer y a su hija(no mencionó el día ni la fecha); lo mismo sucedió en Oxtotilán, mataron a una mujer y a su hija; en El Charquito, la mamá y la hija también fueron asesinadas; y antes en Coxcatlán San Pedro, mataron a dos mujeres”.

Enseguida la abogada Noemí, también del Centro Comunitario planteó: “que haya un castigo ejemplar, no queremos que nos maten, no merece que lo perdonen(al homicida), que sea un castigo máximo, que sean 50 años (de reeducación)”.

Y un ciudadano del pueblo de San Felipe consideró que los papás del muchacho tuvieron responsabilidad “hay implicaciones por el alcohol, lo dejaron entrar con toda confianza, él ya no estaba en sus cinco sentidos”.

En su turno, el ex coordinador de la CRAC-PC en el Paraíso, Juan Antonio García, planteó una prórroga: “no hay prisa, que en la próxima reunión se decida la sentencia. Lo secundó Rufino “N” y dijo: “el tema es delicado, el muchacho no mató a un pollo o un guajolote, sino a una mujer”.

Finalmente el coordinador de la casa de Justicia de El Paraíso Celestino Peláez, puso a votación tres propuestas de sentencia para Roberto acordadas en la asamblea, que fueron votadas.

Fue entonces cuando Roberto escuchó la votación, con los resultados de las propuestas: la de por vida obtuvo 8 votos; la de 30 años logró 31 votos, y la de 25 años de reeducación ganó con 297 sufragios.

Aunque el coordinador Celestino Peláez preguntó a Roberto si quería hacer uso de la palabra, sin decir una sola palabra hizo señas de que “no”.

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Gonzalo Molina acusa que se mantiene la colusión del Estado con el crimen organizado

Desde el 2019 que el preso político pudo dejar la cárcel, está en calidad de desplazado y no había regresado a Tixtla, su municipio hasta el día de hoy donde además de rendir homenaje a sus compañeros asesinados visitó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
9 de marzo de 2022
Tixtla

El comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, regresó a la ciudad de Tixtla después de tres años, a rendir homenaje a cinco de sus compañeros comunitarios asesinados y para exigir a las autoridades
Fue en la Casa de Justicia La Patria es Primero, ubicada en el barrio del Fortín, donde Molina González dijo que existe una colusión entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, por lo que se valora reagrupar a ese grupo de policías comunitarios.

Dijo que reagrupar a la Policía Comunitaria es una valoración de la población. Es el pueblo quien tiene que determinar si continúan con la Comunitaria o con elementos oficiales.

Molina González inició una serie de actividades para exigir a la administración municipal la reconstrucción de la Casa de Justicia, la cual fue desmantelada por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el pasado 16 de enero de 2021.

Otra exigencia es gestionar apoyos para las viudas e hijos de los cinco policías comunitarios asesinados y un retorno seguro para él y para familias que huyeron por los hechos de violencia.

“Nosotros somos desplazados pero sabemos que hay miedo en la población, pero estamos aquí para vencer ese miedo, nosotros tenemos que buscar la justicia y por eso exigimos al gobierno que garantice seguridad a la población”, mencionó.

También hizo un llamado a la sociedad para organizarse y enfrentar la situación de violencia que se vive, pero reconoció que esa alternativa es muy remota.

Llevaron flores y cadenas a las cruces donde se leían los nombres de Javier, Ignacio, Wilber y Alexis, cuatro policías comunitarios que fueron emboscados, de acuerdo a sus acusaciones, por integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el 26 de noviembre del 2015.

La agresión ocurrió a tres días de las elecciones extraordinarias en Tixtla, y fueron asesinados cuatro Policías Comunitarios integrantes de la Casa de Justicia Mi Patria es Primero en el barrio del Fortín.

Fue alrededor de las dos de la tarde del 26 de noviembre del 2015 cuando, de acuerdo con los reportes, un grupo de civiles fuertemente armados a bordo de dos camionetas sorprendieron a los comunitarios quienes hacían una ronda de vigilancia en la zona.

Los hechos ocurrieron a pocas cuadras de la Casa de Justicia, donde se colocaron las cruces, por lo que Molina González decidió hacer el recorrido caminando.

Durante el recorrido lo escoltaron sus compañeros de la Policía Comunitaria, vestían playera negra y pantalones con estampado militar y al hombro rudimentarias escopetas.

Los policías comunitarios regresaron acompañados de seis elementos de la Policía Estatal, uniformados de azul marino y portando armas de alto calibre, ello para que Gonzalo Molina estuviera escoltado.

Molina, debido a que cuenta con medidas de seguridad, es escoltado en todo momento por una patrulla de la Policía Estatal.

Cuenta que también pidió el apoyo de la Guardia Nacional pero le fue negado sin recibir más explicaciones.

Durante el recorrido de la Casa de Justicia a las cruces de los comunitarios asesinados algunos vecinos salían de sus viviendas para saludar y abrazar a Molina González.

«Qué bueno que hayas venido, no te olvides de aquí de tus amigos”, le dijo una vecina desde la puerta de su casa.

Durante la ofrenda floral en las cruces, Molina González reconoció el valor de sus compañeros.

“Reivindicamos el valor de los compañeros que perdieron la vida por el prójimo, y donde quiera que estén mi reconocimiento para ellos”, dijo.

Molina González fue preso político. Fue encarcelado en 2013 por cargos de terrorismo, y portación ilegal de armas, tras ejercer acciones para exigir la libertad de Nestora Salgado, quien estuvo al frente de la CRAC en Olinalá y fue detenida por la Secretaría de Marina.

Gonzalo fue encarcelado, a pesar de que sus acciones estaban respaldadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indigenas del Estado de Guerrero, lo que permite a las comunidades de pueblos originarios tener su propio sistema de seguridad.

Fue puesto en libertad en 2019 donde después de salir fue a Tixtla pero por cuestiones de seguridad está en calidad de desplazado y no había regresado a hasta el día de hoy.

Aprovechó su visita para visitar la Normal Rural de Ayotzinapa donde se reunió con estudiantes y madres y padres de los 43 desaparecidos, la reunión fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a reporteros a la Normal.

 

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Denuncian en Buenavista que fuerzas federales y estatales no actúan contra grupo delictivo

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

7 de marzo del 2022

Buenavista de la Salud

 

Habitantes de esta comunidad del municipio de Chilpancingo denunciaron que, pese a la presencia de la policía estatal y fuerzas federales este domingo en la tarde, integrantes de un grupo delictivo atacaron a granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo tres heridos.

Por versiones de los lugareños e integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) los pistoleros se parapetaron en un cerro y desde ese lugar lanzaron tres granadas de fragmentación contra la comandancia.

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos», señaló un integrante del grupo de policía civil.

La presencia de las fuerzas federales y estatales se incrementó en esta zona después de que el pasado 26 de enero integrantes de esta organización delictiva atacó a balazos y granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo cuatro muertos y dos heridos.

Posteriormente dos de los pistoleros del grupo delictivo murieron durante un enfrentamiento con policías estatales en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de Acahuizotla.

En conferencia de prensa que ofrecieron en esta localidad, uno de los integrantes de la UPOEG, señaló que la gente ya no tiene miedo de las agresiones que realizan ese grupo de delincuentes.

«Cuando había los primeros ataques la gente se encerraba en sus casas, cerraban los comercios y se suspendían las clases y ahora ya no tiene miedo», expresó.

Dijo que con lo que ocurrió este domingo en la tarde y estando la policía y otras fuerzas federales en esa zona quiere decir que los delincuentes ya tienen permiso para realizar lo que quieran.

«Nosotros no nos vamos a rajar porque sabemos que en cualquier otro rato llegan», expresó el comunitario.

Señaló que desde hace tiempo este grupo delictivo ha pretendido tomar Buenavista de la Salud pero no lo han logrado porque aquí ha habido una fuerte resistencia.

«Cuando vienen (el grupo delictivo) vienen atacarnos ya vienen con sus maletas como un plan para quedarse pero no lo han logrado», dijo.

Señaló que el gobierno sabe el lugar en que opera esta organización delictiva pero no quiere detener a sus integrantes.
Según el policía comunitario desde hace meses el gobierno que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda tiene conocimiento de la situación que prevalece en esta zona del corredor del Valle del Ocotito.

Toda esta información que se le han llegar a las autoridades estatales se supone que ya tiene conocimiento la gobernadora Salgado Pineda.

Después de los hechos del pasado 26 de enero en donde murió a tiros el comandante Mario Zamora, ex líder de la CETEG, hay versiones de los lugareños que muchas familias de esta comunidad tuvieron que salirse e irse a vivir a otras localidades por miedo a que se registren nuevos hechos de violencia.

Unas familias viven con parientes de Chilpancingo y otras en distintos puntos del estado de Guerrero.

 

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