Hay simulación en el gobierno de Evelyn Salgado, asegura
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Redes
Martes 23 de julio de 2024
Chilpancingo
Para el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipoeg-EZ), Jesús Plácido García, el asesinato de los cinco policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en el municipio de Juan R.
Escudero es un ejemplo de que un grupo criminal que está aliado con el gobierno tiene la consigna de exterminar a las autodefensas.
Cinco miembros de la UPOEG fueron asesinados a balazos y dos más heridos por varios hombres, la mañana de este lunes 22 cuando viajaban en camioneta por la carretera Tierra Colorada-Ayutla.
De acuerdo con la versión de Jesús Plácido, los policías comunitarios realizaban un recorrido de rutina por la carretera y se dirigían a su comunidad de Chacalapa, cuando fueron emboscados.
«El grupo de policías comunitarios asesinados y los dos heridos son de Chacalapa; y sus familiares tienen mucho miedo, porque piensan que en cualquier momento pueden llegar al pueblo los agresores», expuso Jesús García.
Los cinco comunitarios que murieron fueron recogidos por sus familiares; los dos heridos son atendidos en sus casas; uno de ellos se halla muy grave.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que por estos hechos se integró una carpeta de investigación.
«Agentes de la policía ministerial y de servicios periciales de la Fiscalía localizaron una camioneta con impactos de arma de fuego e indicios de una agresión a las personas que presumiblemente se trasladaban, sin que hasta el momento se hayan localizado personas heridas o sin vida», informó la dependencia.
Alrededor de las 10 de la mañana del lunes 22, la Fiscalía informó que tenía conocimiento de que en estos hechos había sido asesinado un hombre.
Para Jesús Plácido, el hecho de que el gobierno y la Fiscalía oculten información como la masacre de los cinco policías comunitarios demuestra que son cómplices con los grupos criminales.
«Hay una simulación en el gobierno de Evelyn Salgado, porque cuando dice ella que hay coordinación para combatir al crimen organizado es solo una mentira», aseveró Plácido García, quien también forma parte de la dirigencia de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) con sede en Alcozacán, municipio de Chilapa.
El jueves 18 de julio, hombres armados asesinaron a balazos a la señora María de Jesús Peza Margarito, de 43 años, y a su sobrino Alberto Berales Tepetitla, de 25 años, cuando viajaban en una camioneta en la carretera Hueycantenango- Chilapa.
Las dos víctimas formaban parte del Cipoeg-EZ y de la CRAC-PF en esa zona de la Montaña baja.
Jesús Plácido afirmó que los delincuentes que asesinaron a María de Jesús Peza y Alberto Berales forman parte del mismo grupo del crimen organizado que emboscó a los policías comunitarios de la UPOEG en el municipio de Juan R. Escudero.
Según el activista, es la organización criminal Los Ardillos la que controla esta zona de la Costa Chica y parte de la Montaña baja.
Los Ardillos son dirigidos por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez.
En enero de 2022, la fiscalía estatal reconoció la presencia de este grupo criminal, que en esas fechas asesinó a balazos a diez músicos de Alcozacán.
En los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Ayutla, Los Ardillos y Los Rusos se pelean esta zona de la Costa Chica, de acuerdo con un análisis que tiene el gobierno del estado sobre las bandas del crimen organizado.
Jesús Plácido señaló que el avance de las organizaciones criminales en territorios de Guerrero tiene que ver con las alianzas que han tejido con las autoridades de los municipios.
«Para nadie es un secreto que en este proceso electoral del 2024, los grupos del crimen organizado pusieron a alcaldes en muchos municipios de Guerrero», aseguró.
El dirigente del Cipoeg-EZ denunció que en octubre próximo se cumple un año de que su tío Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, fue asesinado afuera de las oficinas estatales de la Secretaría de Salud, en la avenida Ruffo Figueroa, al sur de Chilpancingo.
«La Fiscalía no ha hecho justicia del caso de mi tío», reclamó Jesús Plácido.
Ninguno de los actores involucrados puede explicar el fondo de las diferencias recientes a balas entre Nuevo Amanecer y Xochitempa, con San Jerónimo Palantla, todas comunidades de Chilapa
Texto: Margena de la O
Foto: Redes
Chilpancingo
Domingo 26 de mayo del 2024
El conflicto de los pueblos nahuas de la Montaña baja de Guerrero, que parecía estar en tregua por el proceso electoral 2024, volvió a brotar, al grado de que San Jerónimo Palantla, Chilapa, de 567 habitantes, según el último censo poblacional oficial, fue reportado como un pueblo desplazado y el riesgo de que un conflicto armado escale es inminente.
Desde 2014, en estos pueblos nahuas de la región, las policías comunitarias son el principal esquema de seguridad ante la falta de seguridad oficial; sus habitantes comenzaron a sumarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF), de acuerdo con lo que está documentado en la prensa. La adhesión fue un referente de resistencia regional ante los grupos criminales.
Con el tiempo se involucraron más organizaciones en los esquemas de autoprotección, aun cuando sus funciones originales no son de seguridad comunitaria.
Es por esa razón que el problema en estos momentos más allá de las comunidades, se centra entre miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra el Frente de Defensa Popular (FDP) en Guerrero y el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, estos dos últimos liderados por Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor. Los dos bloques de organizaciones tienen presencia en los pueblos ahora confrontados en Montaña baja.
Las dos primeras organizaciones tienen presencia en varios pueblos, como Nuevo Amanecer y Xochitempa, y los dos frentes en San Jerónimo Palantla. Los líderes de estas agrupaciones son quienes dan las versiones públicas del conflicto que pega directo en los pobladores y se culpan mutuamente de provocar los hechos violentos que les afectan.
La razón de la confrontación no queda clara.
Lo que se sabe de manera pública es que el miércoles ingresaron personas armadas a San Jerónimo Palantla, que después hubo enfrentamiento a balazos con un saldo de casas y vehículos quemados, una persona herida y después el pueblo quedó deshabitado.
La versión de un lado y del otro sobre el motivo que hay detrás de la confrontación entre los pueblos apunta al mismo lugar, que los grupos armados, que se presentan como sistemas de seguridad comunitaria, tienen una vinculación con grupos criminales. El mapa del gobierno estatal sobre los grupos criminales arroja que en toda la Montaña baja tienen presencia Los Ardillos, quienes hace algunos años habrían expulsado a Los Rojos.
El líder del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, aceptó que ingresaron a San Jerónimo Palantla, pero expone que hubo una serie de acciones de acoso contra las comunidades que ahora representa.
Al momento de que se le planteó cuál es el motivo detrás del conflicto, contestó: “Ellos hangenerado el conflicto, ya que detienen a Zenén Nava (quien fue líder de Los Rojos), ahora trabajan para Los Ardillos, comen con Los Ardillos, conviven con Los Ardillos. Cada vez queLos Ardillos nos atacan ellos salen defendiendo a Los Ardillos”.
En una conferencia de prensa este viernes pasado en Chilpancingo, el coordinador del FDP en zona Centro, Rodolfo Colorado Ahuixteco, al dar la versión de la organización de los hechos, expuso que la CRAC-PCPF y Cipog-EZ buscan con sus acciones “el control de la comunidad (San Jerónimo Palantla). Lo que pasa es que es el paso del trasiego de drogas, el cultivo de enervantes, porque la comunidad tiene agua, entonces, lo que pelean es el agua para sembrar enervantes”.
Dijo que San Jerónimo Palantla se ha negado porque existe una acta de acuerdo desde 1990 firmada por 24 comunidades de la región, incluidos ellos, de que ninguna comunidad podría sembrar enervantes. “Desgraciadamente estos grupos de la CRAC y la Cipog han agarrado personas que se dedican a la delincuencia: a robos en carreteras, a robos en casa-habitación, a robos de ganado. Son la gente que tienen para delinquir”.
También señaló que existe una relación de sus adversarios con grupos criminales.
Ahora, ambos bandos se acusan de pertenecer a las mismas agrupaciones y de buscar intereses para un mismo propósito, pero ninguno de ellos ha presentado pruebas más que sus dichos, pero los habitantes en los pueblos siguen peleándose y matandose entre ellos. Aquí hay más detalles del conflicto que tampoco es nuevo.
La inacción del gobierno estatal
Los pueblos nahuas de la Montaña baja están confrontados y los líderes de las organizaciones que los representan dirimen parte de sus diferencias de manera pública y mediática, pero hay una coincidencia entre ambos bloques: advirtieron al gobierno estatal que los problemas entre las comunidades escalarían por lo que pidieron que asignaran elementos oficiales de seguridad en los límites de Nuevo Amanecer y Xochitempa con San Jerónimo Palantla.
El lunes 20 pasado, durante un recorrido con fines reporteriles por la carretera que comunica a Chilapa con Hueycantenango se supo que los enfrentamientos a balazos entre los pueblos donde tiene presencia la Cipog-EZ y San Jerónimo Palantla llevaban días, pero que no eran públicos, particularmente, porque el gobierno del estado no lo difundía, pero sabían lo que pasaba porque una comitiva de servidores públicos ya los había visitado.
Desde hace varios años que los ataques y hechos violentos se incrementaron en Montaña baja, incluida Chilapa, la principal cabecera de la zona, de donde han salido desplazados la mayoría de los periodistas, es complicado saber qué ocurre en la región y mucho más visitar las comunidades.
“El gobierno del estado ha permitido que ese conflicto interno persista y no darle solución.
Para nosotros al no poner la Guardia Nacional, cuando se le planteó el último convenio que se realizó en Alcozacán (otra comunidad de Chilapa), nunca cumplieron, permitieron que nos siguieran atacando hasta que tomamos la decisión de tomar el control de San Jerónimo; hoy ponen la Guarda Nacional, pero acosta de que todavía sigue habiendo muertos”, dice en entrevista Plácido Galindo, el líder de la Cipog-EZ.
Del FDP el señalamiento es el mismo, porque Colorado Ahuixteco expuso algo parecido. “El día de ayer (jueves 23 de mayo) dejó sola a la comunidad, no envió la seguridad. La seguridad llegó a Alcozacán y con la justificación de que los habían detenido en la comunidad”, dijo al quejarse del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el encargado de la administración estatal de atender el conflicto, según se lee en las redes oficiales de la Secretaría General de Gobierno.
El líder de la Cipog-EZ tiene una lectura más amplia cuando expone que “el Estado ha permitido que comunidades se confronten para que sigan hostigando a las organizaciones sociales, al sistema comunitario, cuando nuestro propósito es seguir avanzando y seguir desplazando a
grupos paramilitares Los Ardillos y Los Rojos; que logramos ya desplazar Los Rojos y ahorita tenemos una resistencia contra Los Ardillos. El Estado ha permitido todo esto”.
En el país se vive un proceso electoral por el relevo presidencial y de senadores, y en el caso de Guerrero por la renovación de las alcaldías, el Congreso local y la elección de los diputados federales, y coincidentemente la región que lleva años catalogada como insegura, lleva meses en una aparente calma, lo que resulta extraño.
En los dos procesos electorales pasados, el del 2018 y 2021, la Montaña baja fue la región que más casos sumó a las listas de agresiones y asesinatos contra actores políticos en el estado.
Guerrero ocupó en ambos procesos los primeros sitios de violencia por el elevado número de incidencias.
Habitantes de Chichihualco se manifestaron para exigir al gobierno que saque de ese pueblo a los hombres armados que llegaron hace cuatro días y que se ostentan como policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), ya que los identifican con el grupo criminal Los Tlacos.
«Fuera narco comunitaria», se leía en una pancarta que tenía una de las paticipantes de la protesta efectuada en el punto conocido como El Arco, en la entrada de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.
Los supuestos autodefensas, armados con escopetas y ataviados de pantalón de mezclilla y playera azul, llegaron el viernes 3, acompañados por un grupo de comisarios.
Este lunes 6, el Ejército detuvo a cinco de sus integrantes por portación de arma, pero fueron liberados luego de un altercado entre militares y autodefensas.
Gente que se identificó como vecinos de Chichihualco denunció al presidente de este municipio, Saúl Villa Adame, de extracción panista, de haber solicitado la presencia de la policía comunitaria para blindar esta localidad.
El viernes 3 de mayo, el gobierno del estado informó que el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, estuvo en Chichihualco para atender demandas sociales de los comisarios.
En la fotografía del boletín oficial, aparece Francisco Rodríguez junto al presidente municipal Saúl Villa y un jefe militar, de quien no se dice su nombre.
En Chichihualco, desde agosto de 2023, se han registrado al menos unos 10 enfrentamientos con armas de fuego y con drones explosivos entre dos grupos criminales que se disputan el control de esta zona.
De acuerdo con los dirigentes de la supuesta policía comunitaria de Heliodoro Castillo, su presencia en Chichihualco fue a petición de las autoridades de este municipio, para frenar la inseguridad.
El viernes 3, llegaron 3,000 miembros de esta agrupación armada, pero este lunes 6, ya había 1,500, dijo uno de sus líderes.
«Ya hay dos grupos armados, y ahora este nuevo grupo, por lo que esto se convertirá en una guerra y seguramente nosotros vamos a sufrir las consecuencias», previó una lugareña.
«El grupo de supuestos policías comunitarios llegó para confrontarse con los otros dos grupos y quedarse con el pueblo y mantenerlo bajo su control. ¿Y dónde está el gobierno?, reclamó la señora.
El grupo que se ostenta como policía comunitaria y que está en Chichihualco fue el que expulsó a unas 1,800 personas de Filo de Caballos, Izotepec, Los Morros y Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, en noviembre de 2018.
Los pobladores de Chichihualco denunciaron que los integrantes del grupo armado han saqueado las tiendas, hostigan a las mujeres y hacen escándalos en la vía pública.
«Esta policía comunitaria tiene nexos con Los Tlacos», acusó uno de los vecinos de esta localidad.
Fuentes gubernamentales informaron que ante las protestas de la ciudadanía de Chichihualco, funcionarios del gobierno del estado acudirán a Chichihualco para dialogar con los dirigentes de la policía comunitaria y autoridades.
La autodenominada policía comunitaria del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) sigue por tercer día consecutivo en Chichihualco y mantiene la zozobra entre los habitantes.
Los dirigentes de esta agrupación armada aseguraron que están en esta localidad a petición de sus autoridades, para contener la violencia e inseguridad que se vive en este lugar desde agosto de 2023.
De hecho, cuando las autodefensas llegaron a Chichihualco, el viernes 3, las recibieron el presidente municipal, Saúl Villa Adame, y el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Francisco Rodríguez comentó que él acudió para tener una reunión de trabajo con los comisarios de los pueblos que le plantearon sus demandas sociales.
El funcionario estatal llegó acompañado por un contingente de elementos del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal.
Hasta este domingo, las fuerzas de seguridad gubernamentales permanecen en Chichihualco.
«Hasta hoy domingo la gente empezó a salir de sus casas, pero con mucho miedo, a comprar al mercado», confirmó una lugareña.
Desde agosto de 2023, la gente de Chichihualco vive en la zozobra debido a que integrantes de dos organizaciones criminales han protagonizado enfrentamientos con armas de fuego de manera constante; solo paran las hostilidades cuando llegan las fuerzas federales de seguridad, pero en cuanto éstas se retiran, las reanudan.
El temor de la población es que ahora con la llegada del grupo de autodefensas, serán tres grupos armados los que podrían convertir la localidad en un campo de batalla ante la inacción de los gobiernos federal y estatal.
«El servicio de transporte público de la ruta Chichihualco-Chilpancingo se reanudó este domingo, pero solamente en determinados horarios, ya que desde las cinco de la tarde todo se suspende», comentó un vecino.
Una vecina reveló que la supuesta policía comunitaria que llegó a Chichihualco es la misma que en noviembre de 2018 expulsó a 1,800 personas de Los Morros, Izotepec, Filo de Caballos y Campo de Aviación, comunidades estas cuatro del municipio de Leonardo Bravo.
La mujer, que está desplazada de su pueblo de Filo de Caballos, recordó que las autodefensas de Heliodoro Castillo se apoderaron de todos los bienes de la gente de los cuatro pueblos mencionados.
«Arrasaron con todo: nuestras cosechas, tierras y casas. Salimos del pueblo con la ropa que teníamos puesta”, describió la mujer, entrevistada en Chilpancingo.
No descarta que la irrupción de la supuesta policía comunitaria en Chichihualco genere más violencia y familias desplazadas.
«Desde el 2018, esta supuesta policía quería entrar a Chichihualco, y por fin lo consiguió», afirmó la entrevistada.
Familiares de personas desaparecidas, desplazados por la violencia y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa se manifestaron en las calles de Chilpancingo para pedir por la paz y alto a la violencia en Guerrero.
«Ahorita en Guerrero la gente ya no puede salir a las calles, porque no sabe si va a regresar o bien lo asesinan o desaparecen», señaló Melitón Ortega, vocero de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años en Iguala por miembros del crimen organizado, policías y Ejército.
Un centenar de personas empezó la marcha en la estatua de Nicolás Bravo, avanzó por las avenidas, Insurgentes, Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Juan Ruiz de Alarcón hasta llegar al antimonumento de los 43, en la avenida Lázaro Cárdenas.
La movilización social en la capital guerrerense coincidió con otras protestas que de manera simultánea se llevaron a cabo en otras entidades del país para exigir al gobierno la búsqueda de desaparecidos, que haya paz y castigo a los responsables de asesinatos.
Un profesor de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), denunció desde carro de sonido que encabezaba la marcha, que el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su palabra de que durante su sexenio habría paz.
«Nosotros queremos que nuestros hijos salgan de nuestras casas a divertirse sin tener que preocuparnos de que ya no van a regresar porque se los llevó la delincuencia», expuso.
En el mitin en el monumento a las banderas, donde se halla el antimonumento de los 43, un integrante del Centro de Derechos Humanos José María y Pavón denunció que gente que tiene un familiar desaparecido y que está desplazada no pudo venir a Chilpancingo porque en las comunidades donde viven se ha desatado en los últimos días una ola de violencia provocada por el crimen organizado.
Gente que ya tenía contemplado participar en la movilización de este domingo en Chilpancingo vive en los municipios de Zitlala, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
«Hace dos días, familias que viven en pueblos de la Sierra fueron obligados por los comisarios a trasladarse a Chichihualco para una reunión con funcionarios del estado que les iban a plantear sus demandas», refirió el vocero del Centro Morelos.
El viernes 3 de mayo, integrantes de la autollamada policía comunitaria de Heliodoro Castillo y comisarios de varios pueblos de ese municipio llegaron a Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, para atender el supuesto auxilio que les hicieron las autoridades de esta localidad para frenar la inseguridad.
Ese día, el gobierno del estado informó que en atención a las demandas de carácter social planteadas por comisarios de las comunidades, el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros dialogó con ellos y el presidente de Leonardo Bravo, Saúl Villa Adame.
“¿Hasta qué grado están los compromisos de las autoridades del estado con estos grupos delincuenciales y narcoparamilitares?”, cuestionó el vocero del Centro Morelos en referencia a la supuesta policía comunitaria que desde este viernes tiene ocupado Chichihualco.
Durante el mitin, el integrante del Centro Morelos exigió al gobierno federal que cumpla con la recomendación 171/2023 que le envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en donde se le pide al Senado de la República que apruebe la Ley General para Prevenir, Atender integralmente el Desplazamiento Forzado.
En la recomendación también se le pide al gobierno que incluya en los programas de apoyo y de seguridad a más de cien personas desplazadas por la violencia de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.
Hasta el momento, estas familias no han sido acogidas en los protocolos de ayuda humanitaria y de seguridad por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En la protesta de este domingo en Chilpancingo, participó un grupo de personas desplazadas por la violencia de comunidades del municipio de Leonardo Bravo que fueron expulsadas por miembros de la supuesta policía comunitaria de Heliodoro Castillo en noviembre de 2018.
Una habitante de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, aseguró que este mismo grupo de presuntas autodefensas que arribaron este viernes a Chichihualco son de la misma agrupación que a ellos los expulsaron de sus comunidades hace casi seis años.
En entrevista, la mujer recordó que el 18 de noviembre de 2018, alrededor de la una de la tarde, arribaron muchos hombres armados a la comunidad de Los Morros, Filo de Caballos, Campo de Aviación e Izotepec.
«Esa llamada policía comunitaria de Tlacotepec nos expulsó de nuestros pueblos y se quedaron con nuestras casas, terrenos, huertas, ganado, todo lo que teníamos», denunció al finalizar la marcha la entrevistada que no reveló su nombre por razones de seguridad.
Calculó en 1,800 las personas de estas cuatro comunidades de la sierra que fueron expulsadas por el grupo armado.
Muchas de las familias desplazadas se fueron a Estados Unidos y permanecen allá de manera ilegal. Pero la mayoría de las víctimas de las cuatro comunidades viven en algunas ciudades de Guerrero o de Morelos.
De las 1,800 personas desplazadas, cien no están incluidas en la lista de víctimas en la CEAV, por lo que se desacata una recomendación que le envió al gobierno federal la CNDH, aseguró la mujer de Los Morros.
Afirmó que si el gobierno cumple con la recomendación de la CNDH, las familias desplazadas tendrán derecho al pago de la renta de su casa, alimentación, medidas de seguridad y que se les reubique.
«Llevamos casi seis años pagando renta en el lugar donde vivimos y luchando para que nuestros hijos no sean rechazados en las escuelas donde quieran estudiar», se quejó la mujer.
Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, llamó con su celular al día siguiente que se la llevaron junto a sus esposo y dos hijos, para avisar que los tenían Los Ardillos y pedir que alguien cuidara de sus chivos
Texto: Marlén Castro
Lunes 12 de marzo del 2024
Chilpancingo
Cecilia tenía 24 horas desaparecida cuando marcó al celular de un familiar y dijo textualmente: “nos trajeron Los Ardillos, estamos en Tlanicuilulco”. También avisó que sus chivos estaban encerrados y que no habían tomado agua, que alguien fuera a abrirles la tranca, para que pudieran beber y alimentarse.
Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, José Teodoro Domingo Ortiz, de 58 y los hijos de ambos Roberto Domingo Gaspar, de 31, y Gaudencio Domingo Gaspar, de 22, estaban desaparecidos desde el viernes 19 de enero. Se perdió rastro de ellos en Zacatepec, su parcela comunal de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, a donde fueron, como cada semana, a alimentar y a dar de beber a sus chivos y algunas reses de su propiedad.
Después de 24 días de desconocer su paradero, hoy la Fiscalía General del Estado (FGE) comunicó el hallazgo de las cuatro víctimas sobre la carretera Chilapa-Tlapa, sin precisar exactamente en qué sitio.
Los tres hombres son policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Primero los buscó la Policía Comunitaria dentro de su territorio, el sábado 20 de enero, y cuando hallaron indicios de violencia en su parcela, denunciaron la desaparición a la FGE.
El comunicado de este lunes 12 de febrero de la FGE dice que eran buscados diariamente por la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada, desde el 19 de enero. En realidad, el reporte de la desaparición lo recibieron el sábado 20 de enero, después de que la CRAC-PF e integrantes de la familia tuvieron indicios de que se los habían llevado y quiénes se los habían llevado, por la llamada que hizo Cecilia Gaspar y la búsqueda en la parcela.
Los integrantes de la familia contaron en Ayahualtempa que Cecilia llamó el sábado por la mañana. Tenía un celular pequeño. Creen que los hombres armados que se los llevaron, registraron a los tres hombres, pero no lo hicieron con Cecilia, por lo que ella pudo usar su celular sin que lo supieran.
Cecilia contó que se los habían llevado para Tlanicuilulco integrantes de Los Ardillos. Mientras ella hablaba con alguien, un grupo de policías comunitarios los buscaba en Zacatepec y también hallaron indicios de la violencia que emplearon quienes se los llevaron de ahí.
Getulio Domingo Gaspar, el tercer hijo del matrimonio, los esperaba en Ayahualtempa, con pocas esperanzas de volverlos a ver. “Sólo Dios sabe qué es de ellos”, indicó en una entrevista en Ayahualtempa, el viernes 26 de enero, cuando su familia ya tenía ocho días desaparecida y con la certeza de que estaba en poder de Los Ardillos.
Getulio contó que su papá, sus dos hermanos y él se integraron a la Policía Comunitaria desde su creación. La CRAC-PF surgió en agosto del 2014, en la comunidad Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. Cuando surgieron anunciaron que se organizaron 16 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera para protegerse de los grupos del crimen organizado que se peleaban en esa región, Los Ardillos y Los Rojos, que querían sus territorios y a sus hijos para hacerlos criminales como ellos.
El comunicado de la FGE dice que el homicidio de Cecilia Gaspar es investigado bajo el protocolo de feminicidio.
El 21 de enero de 2013, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero llamó a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) a una supuesta reconciliación, porque ya eran públicas las diferencias entre sus fundadores, uno de ellos, Bruno Plácido Valerio, asesinado este martes 17 de octubre en Chilpancingo a la entrada de una dependencia de gobierno.
El ex gobernador hizo el llamado en un acto en la bodega La Luz de la Montaña, donde entregó a la CRAC 1.5 millones de pesos, 1,200 uniformes y cuatro camionetas, como parte del supuesto reconocimiento que su gobierno hacía este sistema de seguridad y justicia de pueblos indígenas.
Se plantea el apoyo institucional como una supuesta voluntad porque está documentado en la prensa que durante el gobierno de Aguirre Rivero, la CRAC-PC vivió una de sus mayores crisis en los 28 años que recién cumplió. Nunca antes la organización había recibido presupuesto público mensual; eso acrecentó las diferencias.
En ese acto, el ex gobernador estaba junto a Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC en ese entonces. También estaba presente el extinto Cirino Plácido Valerio–murió a causa de una enfermedad–, otro de los fundadores y hermano de Bruno.
“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al verlo atravesar el perímetro de la bodega. Él rió sonrojado.
Cuando Bruno Plácido Valerio llegó hasta el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida.
“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Guzmán Hernández cuando susurró a Aguirre Rivero en referencia a Bruno, con un gesto conciliatorio.
Aun cuando el gobernador hizo parecer esto una casualidad, como una muestra de su interés porque los grupos internos de la CRAC-PC dirimieran sus diferencias, dejaba en evidencia otras cosas: un interés inusual por la organización de seguridad y justicia comunitaria más importante de Guerrero, y la cercanía que ya tenía con Plácido Valerio.
Los Plácido Valerio formaban parte de uno de los grupos en ese entonces al interior de la CRAC-PC, el de los fundadores. En ese momento, sus miembros atravesaban una de las diferencias más fuertes, asociada con las directrices de la organización, según lo que fue documentado por los medios de comunicación.
En medio de esas diferencias, sin estar apartado por completo de CRAC-PC, Bruno fundó su propia autodefensa. En este medio se hace una diferencia entre un sistema de seguridad y justicia comunitaria, y una autodefensa; la primera surge en un territorio indígena, a quienes en tratados internacionales le reconocen esa facultad, y la segunda desde diversos procesos organizativos que no precisamente tiene que ver con la seguridad de un territorio, sino con su control.
El 5 de enero de 2013, es decir, apenas unos días antes de la escena con el ex gobernador en San Luis Acatlán, Bruno empujó un levantamiento popular en Ayutla, con el que, dijo, instauró un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La UPOEG nació como un supuesto movimiento contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los altos cobros de luz eléctrica a habitantes de La Montaña, pero pronto se convirtió en un grupo armado que, en el discurso, se amparaba en un sistema de seguridad y justicia comunitaria por su origen indígena.
Plácido Valerio inició su proyecto muy cerca de Aguirre Rivero quien, a su vez, debilitaba la CRAC-PC desde adentro. Eliseo Villar Castillo, uno de los coordinadores de la organización en sus tiempos, fue de manera pública muy cercano al mandatario estatal.
Meses después este hombre fue aprehendido hasta hace poco por los delitos de homicidio y privación de la libertad , y el gobierno de Aguirre Rivero es ubicado como el periodo donde más detenidos miembros de la CRAC hubo, entre ellos Nestora Salgado García, quien ahora es senadora de la República.
Plácido Valerio acudió a varios de los actos públicos de Aguirre Rivero como invitado especial, a la par que “policías ciudadanos” de la UPOEG se extendía a pueblos o zonas de las regiones Costa Chica, Acapulco y Centro, no propiamente comunidades indígenas: Tecoanapa, San Marcos (Costa Chica), Xaltianguis (Acapulco), Tierra Colorada (Juan R. Escudero) y Valle de El Ocotito (Centro).
Servidores públicos del gobierno de Aguirre Rivero en su momento informaron que Plácido Valerio solía llegar a ciertas áreas de gobierno a pedir vehículos e insumos, como gasolina, y se los facilitaban.
Al inicio de esta administración estatal, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le retiraron la seguridad y una camioneta que usaba por las medidas cautelares que le fueron dictadas todavía en el periodo de Aguirre Rivero, con quien después tuvo diferencias, de acuerdo con lo que él mismo informó a Amapola, periodismo transgresor.
A la UPOEG–y a políticos, empresarios y un magistrado–también les fueron retirados vehículos oficiales que después la administración estatal puso a la venta .
Con el tiempo la UPOEG vivió sus propias fracturas y divisiones sin el cobijo institucional.
La descomposición de la UPOEG
La UPOEG también fue objeto de sus propios procesos. La primera y más grande división ocurrió cuando un grupo grande, coordinado por Crescenciano Ramírez Rodríguez, se separó y fundó el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), por diferencias con Plácido Valerio.
Al año de que fundó la UPOEG, además de Plácido Valerio, Ramírez Rodríguez y Ernesto Gallardo Grande eran los líderes de la autodefensa más visibles. El 23 de enero de 2014, cuando ingresaron al Valle del Ocotito, estaban juntos y coordinados. Para entonces llevaban sumados Ayutla, Tecoanapa, Tierra Colorada y Xaltianguis.
Tres meses después, abril de 2014, ya había conflictos internos: existían dos grupos en el valle, uno que despachaba en Mojoneras, donde inicialmente se instaló la base de operaciones, y la otro en Buena Vista de la Salud.
Al siguiente año, es decir, durante el primer aniversario de la llegada de la UPOEG al valle, y el segundo de la organización, salieron dos grupos de autodefensas a celebrar.
El primero, encabezado por Bruno Plácido Valerio, marchó de Mohoneras hasta la sede de la comandancia en Buena Vista de la Salud, y el segundo, el grupo de Ramírez Rodríguez, montó una caravana de camionetas que recorrieron el tramo desde Mazatlán hasta Ocotito, de acuerdo con lo que fue documentado por la prensa.
Con estas divisiones de la UPOEG comenzó la proliferación de grupos armados en Guerrero amparados en la figura de autodefensas sin ningún tipo de regulación y claridad de su origen, al grado de que en carreteras de diferentes puntos del estado, como la libre que conecta a Chilpancingo con Acapulco, era común ver hombres armados vestidos con playera verde olivo, como si eso les concediera legitimación.
Un ejemplo claro está en el perímetro que rodea esta ciudad. El 31 de enero de 2015 , el FUSDEG llegó hasta Petaquillas, ubicado a una distancia de unos 10 minutos del centro de la capital, como una alternativa de seguridad a las estrategias de las instituciones oficiales. En la actualidad prevalece un grupo armado en este pueblo que es la entrada al corredor que conecta hasta Quechultenango, asentamiento de la organización criminal de Los Ardillos, sin que quede claro a qué intereses obedece.
Desde su llegada a Xaltianguis, zona rural de Acapulco, la UPOEG mantuvo a sus guardias en ese territorio, pero confrontados con grupo que germinó de las mismas filas de la organización que generó una serie de hechos violentos en 2019. Los episodios en esta zona están documentados en la prensa como autodefensas ligados a criminales.
Casos como este, violentos y, además, que exponían la duda de si eran autodefensas o grupos criminales siguieron reproduciéndose en diferentes puntos donde en su momento llegó la UPOEG, ya sin un líder tan visible, porque Plácido Valerio estuvo desdibujado de la escena pública durante algunos meses. Para entonces, Gallardo Grande, quien era su aliado, fue asesinado en octubre de 2020 con algunos señalamientos delictivos a cuestas.
En medio de todo esto, Plácido Valerio ofreció algunas entrevistas a periodistas en las que mencionó que la UPOEG estaba infiltrada por delincuentes y que necesitaba una depuración .
Hace unos meses, en julio pasado, después de un ataque a unos autodefensas de la UPOEG en Tecoanapa, planteó la necesidad de reaparecer, reorganizarse y reactivar la autodefensa para disminuir la violencia en algunas zonas donde, dijo, estaban asentados algunos grupos criminales específicos.
“Yo creo que nosotros cometimos errores en aflojar porque el gobierno nos ha perseguido y dejamos todo para que las instituciones asumieran la responsabilidad, pero no resolvió la seguridad y eso nos está obligando a reactivarnos”, comentó en esa ocasión.
La reactivación de su grupo de autodefensas fue uno de los últimos planteamientos de Placido Valerio antes de ser asesinado a unos metros de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, donde haría algunas gestiones para los pueblos.
Los crímenes de Bruno Plácido Valerio y de su chofer Abad Ruiz son responsabilidad del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda por retirar al líder de las autodefensas las medidas cautelares para proteger su vida, reprochó Jesús Plácido Galindo, sobrino de Bruno Plácido y líder de la CRAC-Pueblos fundadores que opera en la Montaña baja.
Con reclamos de justicia y reproches a la gobernadora transcurrieron las exequias a Bruno Plácido Valerio y Abad Ruiz, en Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, asesinados la tarde del martes en Chilpancingo, en la puerta de la Secretaría de Salud, oficinas a las que acudió para tener una reunión oficial con la titular.
Este miércoles por la noche los ataúdes con los cadáveres de Bruno Plácido y Abad Ruiz fueron velados en distintas casas de Buena Vista, una localidad ubicada a 30 minutos de la cabecera de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica-Montaña, con alrededor de 1,800 habitantes.
La mayoría de la población se volcó a la vivienda de Bruno Plácido para estar presente en la despedida, llevaron flores y rezaron por él.
En esta ocasión, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para rendir un homenaje a Bruno Plácido, fundador de ambos sistemas de justicia alternativos.
En San Luis Acatlán, Bruno y su hermano Cirino Plácido Valerio, quien falleció por enfermedad hace cuatro años, fundaron junto a otras personas la CRAC-PC, en 1994. Después ambos hermanos tuvieron diferencias con la CRAC y salieron de la organización, cada uno por su lado.
Manuel Vázquez Quintero, delegado en Guerrero del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), asesor jurídico de la UPOEG en sus inicios, fue el único funcionario que desde este miércoles acompañó a Bruno en su última despedida.
El cortejo fúnebre partió de la casa de Bruno Plácido hacia la comisaría municipal, lugar en donde los oradores exigieron al gobierno el esclarecimiento y castigo a las personas que asesinaron al dirigente de las autodefensas y a su chofer Abad Ruiz, de 24 años, quien desde el 2018 apoyaba a Bruno Plácido.
Durante la despedida a Bruno Plácido en la Comisaría Municipal de Buena Vista se leyó un comunicado en el que se acusó a la gobernadora morenista Evelyn Salgado de haberle retirado las medidas cautelares, a pesar de que sabían en el gobierno estatal de las amenazas de muerte por parte del crimen organizado en contra suya.
«Nuevamente solicitó (Bruno Plácido) la medida cautelar y se lo negaron y es responsable el gobierno de Guerrero por todo lo que está pasando porque las autoridades saben en dónde se mueven los Ardillos, Los Rusos», reprochó Jesús Plácido Galindo.
«Hoy que a Bruno Plácido le quitaron la medida cautelar se aprovechó la delincuencia para que lo asesinara», expresó.
Jesús Plácido dijo que en cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia en Guerrero y en muchos estados del país sigue igual.
«Este gobierno nos mintió al decirnos que no habría impunidad y ahí está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sigue sin resolver», afirmó.
Un integrante de la UPOEG, a nombre de la organización leyó un comunicado, en el que denunció “el contubernio del gobierno de Guerrero con los narcotraficantes quienes trabajan en concordancia para asesinar a las personas que les estorban».
Después del homenaje en la Comisaría se llevó a cabo una misa en la iglesia de la comunidad. De la misa, el cortejo fúnebre partió al panteón en donde fueron sepultados los cadáveres de Bruno Plácido y Abad Ruiz.
En el sepelio, el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, condenó el homicidio de Bruno Plácido y exigió al Estado el esclarecimiento y castigo a los responsables.
Las cinco casas de justicia de la CRAC-PC enviaron un comunicado en el que indican que aunque había diferencias con Bruno Plácido, quien se salió de esta organización en el 2011, lamentaron los crímenes.
Demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación pronta y exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos y detener a los responsables.
Consiguió persuadir a más de mil hombres de crear grupos de autodefensa para combatir la inseguridad generada por grupos del crimen organizado y después, de acuerdo con informes oficiales, esos grupos terminaron infiltrados en sus filas
Texto: Marlén Castro y Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
18 de octubre del 2023
En 2013, un par de semanas después de la creación del grupo de autodefensa ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en una entrevista exclusiva acerca de un probable escenario de la policía ciudadana en Guerrero, Bruno Plácido Valerio, reflexionó que probablemente esos hombres sin la mística del sistema de justicia que sí tenían las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) “me van a terminar matando”.
Bruno Plácido quería que la autodefensa que recientemente se había creado en Tecoanapa conociera acerca de los sistemas normativos de las comunidades originarias y que, donde fuera posible, los policías fueran nombrados por las comunidades, como era en la CRAC-PC.
Quería, incluso, que la autodefensa tuviera el mismo esquema de las policías comunitarias que junto con su hermano Cirino Plácido Valerio, habían ayudado en su creación, en 1995, en San Luis Acatlán, región de la Costa Chica.
La entrevista en 2013 se realizó en un salón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en donde tuvo una reunión con el abogado Pedro Rodríguez Villalobos, a quien le compartió ese temor. Rodríguez Villalobos fue asesor externo de la CRAC-PC y, esa reunión, era para concretar una consulta similar.
Meses después, Rodríguez Villalobos consideró que la parafernalia que rodeo a Bruno Plácido, pues se crearon nuevas policías ciudadanas en diferentes lugares y la gente de las poblaciones lo aclamaba, lo hizo olvidarse de su proyecto inicial de la policía ciudadana que quería conformar, pues ya no se llevó a cabo una segunda reunión.
Diez años después, el creador de la autodefensa y fundador de uno de los sistemas de justicia comunitaria más relevante en la historia de los pueblos originarios fue asesinado por dos hombres en la puerta de una oficina estatal.
Los Plácido Valerio y la CRAC
En 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, Bruno y Cirino Plácido Valerio fueron los impulsores de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) con el propósito de que los pueblos indígenas tuvieran su propio sistema de justicia comunitaria con base en sus usos y costumbres.
Sin embargo, Cirino y Bruno Plácido se salieron de la CRAC por diferencias que hubo al interior de esta organización.
En el 2010, Bruno Plácido fundó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) cuyo eje principal de trabajo fue la gestión ante las autoridades para que dieran solución a demandas de obras sociales a las comunidades.
En el 2013, Bruno Plácido convirtió a la UPOEG en una organización armada para enfrentar a un grupo económico y político estatal que se articuló como crimen organizado con el nombre de Los Rojos que en la Costa Chica, donde operaba la UPOEG, desató la violencia con secuestros y asesinatos para dominar las actividades económicas en la región.
En la primera aparición pública con más de 1,000 hombres encapuchados con escopetas y pistolas de calibre 22, Bruno Plácido encabezó la toma de las cabeceras de los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa y varias de sus comunidades.
La organización civil armada de Bruno Plácido detuvo y entregó a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJE) a varios líderes de Los Rojos que operaban en los municipios de Ayutla y Tecoanapa.
En 2013, las autodefensas de Bruno Plácido retuvieron 24 horas a elementos del Ejército Mexicano en Tecoanapa y lograron la liberación de varios policías comunitarios detenidos.
En ese mismo año y con la anuencia del entonces gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, la policía comunitaria de la UPOEG extendió su territorio en una decena de municipios de la Costa Chica y Centro de Guerrero.
La UPOEG, incluso, se extendió a comunidades rurales del municipio de Acapulco que colindan con la Costa Chica.
La organización civil armada de Bruno Plácido tuvo el cobijo de Aguirre que le otorgó camionetas y uniformes.
Después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, las autodefensas de la UPOEG acudieron a este municipio y al de Cocula a realizar las primeras búsquedas de los estudiantes.
En el 2019, Bruno Plácido Valerio aseguró que su organización tenía en sus filas a más de cinco mil hombres armados para enfrentar a las organizaciones criminales. En este año, murió su hermano Cirino, víctima de una enfermedad que lo mermó durante los últimos 10 años, ya había sobrevivido a una operación de corazón.
Durante los gobiernos de Aguirre, Rogelio Ortega y el priísta Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido tuvo asignada una camioneta blindada y una patrulla de policías estatales por medidas cautelares que otorgó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las amenazas de muerte que recibía por parte de organizaciones criminales.
A la llegada de la morenista Evelyn Salgado Pineda se le retiró la camioneta y los policías estatales.
En agosto del 2022, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron en Chilpancingo a Bruno Plácido y lo trasladaron a la cárcel de Tlapa bajo los cargos de robo agravado y allanamiento de morada.
24 horas después de su aprehensión, Bruno Plácido, salió en libertad bajo fianza. Un juez de control de Tlapa le otorgó la libertad.
En septiembre del 2022 cuando la Guardia Nacional, Policía estatal y la Marina detuvieron en el municipio de Marquelia y en Acapulco a dos líderes de las autodefensas por tener presuntos vínculos con la organización criminal de Los Rusos, Bruno Plácido no descartó esas infiltraciones en su movimiento.
«No son mis hijos para que yo los tenga bien vigilados. Aquí puede haber de todo, malos y buenos, pero hay más buenos que malos”, dijo entonces Bruno Plácido.
En el 2021, Bruno Plácido dijo que 40 integrantes de las autodefensas, entre comandantes y policías fueron asesinados por delincuentes.
En los últimos meses de este 2023 se registraron enfrentamientos armados en los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres.
Bruno Plácido alertó de que organizaciones criminales como Los Ardillos y Los Rusos ganaban terreno a la UPOEG en ciertas zonas de Guerrero.
Acusó a gobiernos emanados de todos los partidos políticos de estar coludidos con el crimen organizado.
Este domingo 15 de octubre, un grupo de hombres armados asesinó a balazos en el mercado municipal de San Marcos a Juan Carlos González, uno de los fundadores de la UPOEG.
Este lunes, Bruno Plácido acusó al grupo del crimen organizado Los Rusos de haber asesinado a Juan Carlos González.
En medio de una crisis jurídica por el desconocimiento constitucional del Estado a su sistema de justicia y de una división interna, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebró 28 años de su fundación, y para conmemorarlo marcharon este domingo un poco más de 1,500 personas en la comunidad me’phaa de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero.
Durante este fin de semana la CRAC conmemoró otro año más de su fundación en donde se notó su división; las casas de justicia de Caxitepec, Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc y la de San Luis Acatlán, esta última considerada como la casa principal, porque en este lugar se fundó la CRAC-PC en 1995, no participaron en los trabajos de conmemoración de este año.
En Totomixtlahuaca estuvieron integrantes de las casas de justicia de El Paraíso, Espino Blanco y de Escalerilla Lagunas, de los municipios de Ayutla de los Libres, Malinaltepec y San Luis Acatlán, respectivamente.
Durante los trabajos de sábado en la comunidad acordaron seguir con la lucha en defensa de su territorio, al impedir el asentamiento de las empresas transnacionales mineras extractivistas de recursos naturales.
En las mesas de trabajo que instalaron desde el sábado, los integrantes de la CRAC acordaron su rechazo a las organizaciones criminales al interior de su agrupación; también demandaron al Congreso local la creación de seis municipios y que el Estado realice las reformas constitucionales que establezca que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan un esquema de autogobernanza.
El sábado, desde las seis de la mañana, comenzaron a llegar a Totomixtlahuaca los integrantes del sistema comunitario a bordo de camionetas desde las diferentes comunidades de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi, Tlacoapa, Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, para celebrar el aniversario de la organización.
La asamblea general que inició a la una de la tarde del sábado se llevó a cabo en la cancha techada de esta comunidad que tiene una población de 400 habitantes.
En la primera mesa de discusión, los pobladores debatieron los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación y a un autogobierno. Acordaron iniciar una serie de movilizaciones en Guerrero; la primera la programaron para el próximo 1 de diciembre en el Congreso local, en Chilpancingo.
En la segunda mesa, los pobladores manifestaron sus inquietudes acerca de la protección de la tierra y el territorio. Propusieron elaborar estatutos o reglamentos ejidales en la CRAC-PC en los que se prohíba actividades mineras en su territorio, y pronunciarse contrarios a los cambios de uso de suelo para el extractivismo.
Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC-PC y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que en el territorio comunitario, el Estado mexicano ha otorgado 50 concesiones mineras; convocó a los pobladores a luchar para que el gobierno federal reconozca como dueños ancestrales de su territorio a los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que servirá para hacer más difícil la llegada de empresas extractivas.
En la tercera mesa de discusión, los pobladores propusieron plantearle al diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, que lleve ante el Poder Legislativo una reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, gestión que será acompañado por una movilización de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC en Chilpancingo.
Esta propuesta de reforma ya fue entregada en la legislatura anterior pero no fue contemplada por los diputados locales, y pretenden atender los rezagos en problemas de salud, educación, autogobierno y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La cuarta mesa de discusión se enfatizó en el rol de las mujeres en el sistema comunitario y, a diferencia de los otros tres grupos, sólo participaron 25 mujeres representativas de 10 comunidades del sistema de la CRAC-PC.
Las mujeres alertaron que la violencia contra la mujer va en aumento en los pueblos que están en el sistema comunitario, y que el machismo sigue presente en sus localidades, porque aunque ya tienen cargos de comisarias o policías su opinión no es tomada en cuenta.
Expusieron que las mujeres deben involucrarse en la resolución de conflictos comunitarios, y hacer evidentes los contextos diferenciados en las comunidades, por ejemplo, la situación de pobreza y marginalidad en las que se encuentran miles de mujeres en sus pueblos.
También abordaron el aborto y plantearon que, aun cundo su regalmento ya establece que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, exigen que quede claro que ninguna mujer deberá ser castigada por su sistema comunitario por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Durante este debate, las mujeres denunciaron que siguen ocurriendo las uniones tempranas en niñas y adolescentes en la zona, ahora se hace en secreto; insistieron en que deben terminar con esta práctica.
Otra propuesta, es que en la justicia comunitaria de la CRAC-PC deben añadir el delito de feminicidio y de violencia familiar, y crear redes de apoyos de mujeres líderes que traten estos casos para prevenirlo, así como crear medidas de protección a las mujeres.
La última propuesta fue hacer excepciones en su artículo 77 del reglamento interno, que obliga a la mujer y al hombre por igual pagar los gastos de los hijos, y proponen analizar si las mujeres tienen ingresos económicos, porque la mayoría están dedicadas al hogar.
Otro de los planteamientos que se mencionaron en la asamblea es que los pueblos indígenas ejerzan el poder, y sean quienes tomen las decisiones sobre la vida pública y política, no sólo encaminados a recibir los apoyos sociales. Expusieron que están en la búsqueda de la creación de nuevos municipios, como Huixtepec, que se desprendería de Ometepec; San Cristóbal, que saldría de Tlacoachistlahuaca; Chimalapa, que se desprendería de Igualapa; Pueblo Hidalgo, de San Luis Acatlán; Huehuetan, de Azoyu y Totomixtlahuaca, de Tlacoapa.
También destacaron que estos nuevos municipios funcionarían bajo sistemas de gobierno con usos y costumbres, respetando procesos comunitarios, como en la actualidad lo tiene Ayutla de los Libres, y no depender de los partidos políticos.
La mañana de ayer domingo, los policías comunitarios se concentraron nuevamente alrededor de la cancha techada del pueblo. A las ocho de la mañana, algunos con flores en las manos, sus escopetas en la espalda, se tomaron un momento en el altar de la iglesia del pueblo del Santo Entierro, para pedir por sus familias.
Uno de ellos fue Leonardo García, de 22 años, policía comunitario de la localidad La Cortina, que pertenece al nuevo municipio Ñuu Savi, comentó que acuden por costumbre y llevan de ofrenda una flor este día a la iglesia. “Yo vine a pedir por la salud de la familia y por mí, que no me pase nada en el camino”, comentó.
A las diez de la mañana, la marcha comenzó en la orilla del pueblo, en la colonia Las Palmas hacia el centro de Totomixtlahuaca, y duró cerca de 40 minutos el recorrido de un poco más de tres kilómetros.
Los vecinos admiraron el desfile de los policías comunitarios y fue amenizado por tres bandas de música de chile frito, el recorrido terminó con una asamblea en la cancha techada nuevamente donde se aprobaron a mano alzada las propuestas echas el día anterior.
Crisis en la CRAC-PC
La crisis que vive la CRAC-PC a los 28 de su creación se debe, dijeron, a las posibles filtraciones del grupo delictivo de Los Ardillos, con presencia en zonas de Zapotitlán Tablas, municipio donde en los últimos meses han ocurrido la desaparición de 28 personas.
A esto se suma un conflicto entre las casas de justicia, principalmente con la casa matriz de San Luis Acatlán, ante su negativa de validar a Escalerillas como casa de justicia y mantenerla como casa de enlace.
De las cinco casas de justicia, a las celebraciones de Totomixtlahuaca no participaron los pobladores de las casas de Caxitepec, Zitlaltepec y San Luis Acatlán, quienes celeberaron aparte el aniversario.
Esta división surge en medio de un debilitamiento a la CRAC-PC, luego de que el Congreso local encabezado por diputados morenistas aprobaron las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, e incluso la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avaló este año los cambios en los que se deja de reconocer el sistema de justicia y reeducación; deja a la organización sólo como un auxiliar del sistema de seguridad del gobierno.
La administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, consolidó las reformas propuestas desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para disminuir constitucionalmente al sistema de justicia comunitario de la CRAC-PC, y que en la administración de Héctor Astudillo Flores se logró modificar por los diputados locales.
Aunque en un primer momento la SCJN hizo retroceder esos cambios para que el Congreso local tuviera que consultar a los pueblos afromexicanos e indígenas, la banca de Morena encabezó la simulación de dicha consulta y aprobaron las modificaciones basándose en la ley de la administración priista.
El problema que enfrentan ahora es que la Policía Comunitaria no podría constitucionalmente reeducar a ningún ciudadano infractor de su reglamento porque los diputados locales borraron ese reconocimiento que había, lo que para asesores de la organización es un retroceso legislativo; han planteado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nuevamente se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario.
Después que cuatro autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) murieron y tres más resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos con civiles armados, en el municipio de Tecoanapa, esta agrupación armada se reorganizará para enfrentar a los delincuentes, anunció su dirigente, Bruno Plácido Valerio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el enfrentamiento que ocurrió entre las autodefensas de la UPOEG con otro grupo armado en Buenavista de Allende, del municipio de Tecoanapa, hubo siete personas muertas y varios heridos.
Plácido Valerio contó que los policías comunitarios realizaron una operación de búsqueda para localizar a dos personas que fueron privadas de su libertad, pero al llegar a una casa de seguridad tuvieron un enfrentamiento con integrantes del grupo criminal conocido como Los Rusos.
«De nuestro lado murieron cuatro compañeros y tres más resultaron heridos, y del lado de los delincuentes no sé la cifra de bajas que hayan sufrido», dijo Plácido Valerio entrevistado en Chilpancingo.
Contó que el pasado domingo dos personas (J. Irene Gallardo Luna y Mario Cruz Chávez) de la comunidad de Buenavista fueron privados de su libertad por hombres armados y el lunes sus familiares bloquearon la carretera federal Tecoanapa-Ayutla para exigir al gobierno su búsqueda.
«A nosotros (la autodefensa) nos pidieron el apoyo y fuimos a realizar la búsqueda porque aquí en Guerrero el gobierno no apoya», dijo Plácido Valerio.
Mencionó que en esa zona de la Costa Chica los grupos criminales de Los Rusos y Los Ardillos tienen operaciones.
Plácido Valerio dijo que ante la inacción del gobierno para frenar a los grupos delictivos, los autodefensas de la UPOEG se reorganizarán para ayudar a la población en el tema de la seguridad.
«Yo creo que nosotros cometimos errores en aflojar porque el gobierno nos ha perseguido y dejamos todo para que las instituciones asumieran la responsabilidad, pero no resolvió la seguridad y eso nos está obligando a reactivarnos», comentó.
Según el dirigente de las autodefensas de la UPOEG lo único que hace el gobierno es llegar a levantar los muertos y trasladarlos en bolsas al Servicio Médico Forense (Semefo).
Plácido Valerio criticó la estrategia de seguridad del gobierno porque, según él, lo único que hace es detener a los que realizan los asesinatos y no a los dirigentes de los grupos del crimen organizado.
En agosto del 2022, Plácido Valerio fue detenido por la FGE acusado de los delitos de robo y daños en propiedad ajena, pero salió en libertad después de pagar una fianza. En la actualidad tiene en su contra varias carpetas de investigación iniciadas por la FGE.
«No solamente yo tengo carpetas de investigación sino también otros compañeros», comentó.
Agregó que en Guerrero el crimen organizado está metido en las esferas del gobierno.
«En Guerrero todos los candidatos pactan con los delincuentes para ser candidatos a diputados, alcaldes, regidores y el que no está aliado con los delincuentes lo matan», mencionó.
Autoridades y pobladores de la comunidad de Ocotito, municipio de Chilpancingo, ordenaron el cierre de comercios y escuelas, luego de que impidieron que el Ejército y Guardia Nacional detuviera a dos autodefensas durante esta madrugada.
«A las 4 de la mañana nos informan que se querían llevar a dos compañeros de la policía comunitaria, pero nos organizamos y afortunadamente logramos rescatarlos», dijo Julio César Almazán Castro, comisario municipal de Ocotito, quien junto con líderes de las autodefensas dieron una conferencia de prensa.
Mencionó que ignora las razones de las fuerzas armadas para llevarse a los dos autodefensas.
Contó que desde ayer jueves tenían planeado organizarse para trasladarse en marcha a la salida de la comunidad y dialogar con los soldados del Ejército y Guardia Nacional, pero no realizarían ninguna protesta.
Pero luego de percatarse que el Ejército querían llevarse a dos policías comunitarios acordaron el cierre de escuelas y comercios.
«Estamos viviendo un clima de hostigamiento e intimidación por parte del Ejército y Guardia Nacional», denunció Almazán Castro.
Comentó que su intención era avisarles a los militares que por mandato de los pobladores reactivarán lo que ellos nombran la policía comunitaria.
«No pedimos que se vaya el Ejército, que haga su trabajo, pero de la mejor manera, sin hostigar a nuestra gente», expresó el comisario.
Mencionó que estas intimidaciones y hostigamiento que, según él, están sufriendo los habitantes de Ocotito por parte de las fuerzas armadas federales es por la reactivación de la policía comunitaria.
«La policía comunitaria no va a utilizar armamento de uso exclusivo del Ejército, eso le dijimos al mando militar que está al frente del retén de seguridad», aseguró Almazán Castro.
En las redes sociales de este viernes, transportistas de la ruta Chilpancingo-Ocotito dieron a conocer la suspensión del servicio al público porque, supuestamente, estaría cerrada la carretera federal.
«Nosotros nunca planeamos cerrar la carretera, lo que sí pedimos a los dueños de los negocios que cerraran y a los directores de las escuelas suspendieran las actividades académicas», dijo el comisario.
En un recorrido por las calles de la comunidad, ubicada a 30 minutos de Chilpancingo, se observaron decenas de comercios cerrados al igual que varias escuelas de educación primaria, preescolar y secundaria.
El desmantelamiento de la policía comunitaria vinculada a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ocotito se aceleró en febrero pasado a raíz de la detención de su líder, Deivy Barrientos, en Puebla, acusado de delitos del fuero federal. En Guerrero también tiene una carpeta de investigación por la autoría intelectual del homicidio del periodista Fredi Román Román, ocurrida en agosto del 2022 en Chilpancingo.
Al menos dos ocasiones, habitantes de Ocotito y seguidores de Barrientos han realizado protestas en Chilpancingo para exigir a las autoridades su liberación.
Otra policía comunitaria que estaba en el corredor de El Valle de Ocotito y que desapareció es la de Buenavista de la Salud, luego de que en enero del 2022, en un enfrentamiento contra presuntos integrantes del grupo criminal Los Ardillos, asesinaron a su líder, Mario Zamora, y otros cuatro integrantes de estas autodefensas.