Localizan sin vida a los cuatro integrantes de la familia Domingo Gaspar de Ayahualtempa

Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, llamó con su celular al día siguiente que se la llevaron junto a sus esposo y dos hijos, para avisar que los tenían Los Ardillos y pedir que alguien cuidara de sus chivos


Texto: Marlén Castro

Lunes 12 de marzo del 2024

Chilpancingo

 

Cecilia tenía 24 horas desaparecida cuando marcó al celular de un familiar y dijo textualmente: “nos trajeron Los Ardillos, estamos en Tlanicuilulco”. También avisó que sus chivos estaban encerrados y que no habían tomado agua, que alguien fuera a abrirles la tranca, para que pudieran beber y alimentarse.

Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, José Teodoro Domingo Ortiz, de 58 y los hijos de ambos Roberto Domingo Gaspar, de 31, y Gaudencio Domingo Gaspar, de 22, estaban desaparecidos desde el viernes 19 de enero. Se perdió rastro de ellos en Zacatepec, su parcela comunal de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, a donde fueron, como cada semana, a alimentar y a dar de beber a sus chivos y algunas reses de su propiedad.

Ficha de búsqueda de Cecilia Gaspar Hernández, desaparecida el 19 de enero del 2024. Foto: FGE

Después de 24 días de desconocer su paradero, hoy la Fiscalía General del Estado (FGE) comunicó el hallazgo de las cuatro víctimas sobre la carretera Chilapa-Tlapa, sin precisar exactamente en qué sitio.

Los tres hombres son policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Primero los buscó la Policía Comunitaria dentro de su territorio, el sábado 20 de enero, y cuando hallaron indicios de violencia en su parcela, denunciaron la desaparición a la FGE.

El comunicado de este lunes 12 de febrero de la FGE dice que eran buscados diariamente por la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada, desde el 19 de enero. En realidad, el reporte de la desaparición lo recibieron el sábado 20 de enero, después de que la CRAC-PF e integrantes de la familia tuvieron indicios de que se los habían llevado y quiénes se los habían llevado, por la llamada que hizo Cecilia Gaspar y la búsqueda en la parcela.

Comunicado de prensa de la FGE sobre el hallazgo de los cadáveres de la familia Domingo Gaspar, este 12 de febrero del 2024. Foto: Oficial FGE

Los integrantes de la familia contaron en Ayahualtempa que Cecilia llamó el sábado por la mañana. Tenía un celular pequeño. Creen que los hombres armados que se los llevaron, registraron a los tres hombres, pero no lo hicieron con Cecilia, por lo que ella pudo usar su celular sin que lo supieran.

Cecilia contó que se los habían llevado para Tlanicuilulco integrantes de Los Ardillos. Mientras ella hablaba con alguien, un grupo de policías comunitarios los buscaba en Zacatepec y también hallaron indicios de la violencia que emplearon quienes se los llevaron de ahí.

Getulio Domingo Gaspar, el tercer hijo del matrimonio, los esperaba en Ayahualtempa, con pocas esperanzas de volverlos a ver. “Sólo Dios sabe qué es de ellos”, indicó en una entrevista en Ayahualtempa, el viernes 26 de enero, cuando su familia ya tenía ocho días desaparecida y con la certeza de que estaba en poder de Los Ardillos.

Getulio contó que su papá, sus dos hermanos y él se integraron a la Policía Comunitaria desde su creación. La CRAC-PF surgió en agosto del 2014, en la comunidad Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. Cuando surgieron anunciaron que se organizaron 16 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera para protegerse de los grupos del crimen organizado que se peleaban en esa región, Los Ardillos y Los Rojos, que querían sus territorios y a sus hijos para hacerlos criminales como ellos.

Ficha de búsqueda de José Teodoro Domingo Ortíz, desaparecido el 20 de enero del 2024. Foto: FGE

El comunicado de la FGE dice que el homicidio de Cecilia Gaspar es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Bruno Plácido y su historia controversial como dirigente de seguridad comunitaria y autodefensas

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

20 de octubre del 2023

 

El 21 de enero de 2013, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero llamó a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) a una supuesta reconciliación, porque ya eran públicas las diferencias entre sus fundadores, uno de ellos, Bruno Plácido Valerio, asesinado este martes 17 de octubre en Chilpancingo a la entrada de una dependencia de gobierno.

El ex gobernador hizo el llamado en un acto en la bodega La Luz de la Montaña, donde entregó a la CRAC 1.5 millones de pesos, 1,200 uniformes y cuatro camionetas, como parte del supuesto reconocimiento que su gobierno hacía este sistema de seguridad y justicia de pueblos indígenas.

Se plantea el apoyo institucional como una supuesta voluntad porque está documentado en la prensa que durante el gobierno de Aguirre Rivero, la CRAC-PC vivió una de sus mayores crisis en los 28 años que recién cumplió. Nunca antes la organización había recibido presupuesto público mensual; eso acrecentó las diferencias.

En ese acto, el ex gobernador estaba junto a Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC en ese entonces. También estaba presente el extinto Cirino Plácido Valerio–murió a causa de una enfermedad–, otro de los fundadores y hermano de Bruno.

“¡Bruuno!”, soltó el gobernador al verlo atravesar el perímetro de la bodega. Él rió sonrojado.

Cuando Bruno Plácido Valerio llegó hasta el gobernador, éste ya estaba de pie y con la mano extendida.

“¡Es orgulloso!”, se leyó en los labios de Guzmán Hernández cuando susurró a Aguirre Rivero en referencia a Bruno, con un gesto conciliatorio.

Aun cuando el gobernador hizo parecer esto una casualidad, como una muestra de su interés porque los grupos internos de la CRAC-PC dirimieran sus diferencias, dejaba en evidencia otras cosas: un interés inusual por la organización de seguridad y justicia comunitaria más importante de Guerrero, y la cercanía que ya tenía con Plácido Valerio.

Los Plácido Valerio formaban parte de uno de los grupos en ese entonces al interior de la CRAC-PC, el de los fundadores. En ese momento, sus miembros atravesaban una de las diferencias más fuertes, asociada con las directrices de la organización, según lo que fue documentado por los medios de comunicación.

En medio de esas diferencias, sin estar apartado por completo de CRAC-PC, Bruno fundó su propia autodefensa. En este medio se hace una diferencia entre un sistema de seguridad y justicia comunitaria, y una autodefensa; la primera surge en un territorio indígena, a quienes en tratados internacionales le reconocen esa facultad, y la segunda desde diversos procesos organizativos que no precisamente tiene que ver con la seguridad de un territorio, sino con su control.

En la imagen un grupos de policías comunitarios resguardan el acceso a Ayutla, municipio de la región de la Costa Chica.

El 5 de enero de 2013, es decir, apenas unos días antes de la escena con el ex gobernador en San Luis Acatlán, Bruno empujó un levantamiento popular en Ayutla, con el que, dijo, instauró un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

La UPOEG nació como un supuesto movimiento contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los altos cobros de luz eléctrica a habitantes de La Montaña, pero pronto se convirtió en un grupo armado que, en el discurso, se amparaba en un sistema de seguridad y justicia comunitaria por su origen indígena.

Plácido Valerio inició su proyecto muy cerca de Aguirre Rivero quien, a su vez, debilitaba la CRAC-PC desde adentro. Eliseo Villar Castillo, uno de los coordinadores de la organización en sus tiempos, fue de manera pública muy cercano al mandatario estatal.

Meses después este hombre fue aprehendido hasta hace poco por los delitos de homicidio y privación de la libertad , y el gobierno de Aguirre Rivero es ubicado como el periodo donde más detenidos miembros de la CRAC hubo, entre ellos Nestora Salgado García, quien ahora es senadora de la República.

Plácido Valerio acudió a varios de los actos públicos de Aguirre Rivero como invitado especial, a la par que “policías ciudadanos” de la UPOEG se extendía a pueblos o zonas de las regiones Costa Chica, Acapulco y Centro, no propiamente comunidades indígenas: Tecoanapa, San Marcos (Costa Chica), Xaltianguis (Acapulco), Tierra Colorada (Juan R. Escudero) y Valle de El Ocotito (Centro).

Servidores públicos del gobierno de Aguirre Rivero en su momento informaron que Plácido Valerio solía llegar a ciertas áreas de gobierno a pedir vehículos e insumos, como gasolina, y se los facilitaban.

Al inicio de esta administración estatal, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le retiraron la seguridad y una camioneta que usaba por las medidas cautelares que le fueron dictadas todavía en el periodo de Aguirre Rivero, con quien después tuvo diferencias, de acuerdo con lo que él mismo informó a Amapola, periodismo transgresor.

A la UPOEG–y a políticos, empresarios y un magistrado–también les fueron retirados vehículos oficiales que después la administración estatal puso a la venta .

Con el tiempo la UPOEG vivió sus propias fracturas y divisiones sin el cobijo institucional.

La descomposición de la UPOEG

La UPOEG también fue objeto de sus propios procesos. La primera y más grande división ocurrió cuando un grupo grande, coordinado por Crescenciano Ramírez Rodríguez, se separó y fundó el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), por diferencias con Plácido Valerio.

Al año de que fundó la UPOEG, además de Plácido Valerio, Ramírez Rodríguez y Ernesto Gallardo Grande eran los líderes de la autodefensa más visibles. El 23 de enero de 2014, cuando ingresaron al Valle del Ocotito, estaban juntos y coordinados. Para entonces llevaban sumados Ayutla, Tecoanapa, Tierra Colorada y Xaltianguis.

Tres meses después, abril de 2014, ya había conflictos internos: existían dos grupos en el valle, uno que despachaba en Mojoneras, donde inicialmente se instaló la base de operaciones, y la otro en Buena Vista de la Salud.

Al siguiente año, es decir, durante el primer aniversario de la llegada de la UPOEG al valle, y el segundo de la organización, salieron dos grupos de autodefensas a celebrar.

El primero, encabezado por Bruno Plácido Valerio, marchó de Mohoneras hasta la sede de la comandancia en Buena Vista de la Salud, y el segundo, el grupo de Ramírez Rodríguez, montó una caravana de camionetas que recorrieron el tramo desde Mazatlán hasta Ocotito, de acuerdo con lo que fue documentado por la prensa.

Con estas divisiones de la UPOEG comenzó la proliferación de grupos armados en Guerrero amparados en la figura de autodefensas sin ningún tipo de regulación y claridad de su origen, al grado de que en carreteras de diferentes puntos del estado, como la libre que conecta a Chilpancingo con Acapulco, era común ver hombres armados vestidos con playera verde olivo, como si eso les concediera legitimación.

Un ejemplo claro está en el perímetro que rodea esta ciudad. El 31 de enero de 2015 , el FUSDEG llegó hasta Petaquillas, ubicado a una distancia de unos 10 minutos del centro de la capital, como una alternativa de seguridad a las estrategias de las instituciones oficiales. En la actualidad prevalece un grupo armado en este pueblo que es la entrada al corredor que conecta hasta Quechultenango, asentamiento de la organización criminal de Los Ardillos, sin que quede claro a qué intereses obedece.

Desde su llegada a Xaltianguis, zona rural de Acapulco, la UPOEG mantuvo a sus guardias en ese territorio, pero confrontados con grupo que germinó de las mismas filas de la organización que generó una serie de hechos violentos en 2019. Los episodios en esta zona están documentados en la prensa como autodefensas ligados a criminales.

Bruno Plácido Valerio en una entrevista con reporteros, en el centro de Chilpancingo el 27 de julio del 2023.

Casos como este, violentos y, además, que exponían la duda de si eran autodefensas o grupos criminales siguieron reproduciéndose en diferentes puntos donde en su momento llegó la UPOEG, ya sin un líder tan visible, porque Plácido Valerio estuvo desdibujado de la escena pública durante algunos meses. Para entonces, Gallardo Grande, quien era su aliado, fue asesinado en octubre de 2020 con algunos señalamientos delictivos a cuestas.

En medio de todo esto, Plácido Valerio ofreció algunas entrevistas a periodistas en las que mencionó que la UPOEG estaba infiltrada por delincuentes y que necesitaba una depuración .

Hace unos meses, en julio pasado, después de un ataque a unos autodefensas de la UPOEG en Tecoanapa, planteó la necesidad de reaparecer, reorganizarse y reactivar la autodefensa para disminuir la violencia en algunas zonas donde, dijo, estaban asentados algunos grupos criminales específicos.

“Yo creo que nosotros cometimos errores en aflojar porque el gobierno nos ha perseguido y dejamos todo para que las instituciones asumieran la responsabilidad, pero no resolvió la seguridad y eso nos está obligando a reactivarnos”, comentó en esa ocasión.

La reactivación de su grupo de autodefensas fue uno de los últimos planteamientos de Placido Valerio antes de ser asesinado a unos metros de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, donde haría algunas gestiones para los pueblos.

En el sepelio de Bruno Plácido responsabilizan a la gobernadora del crimen por quitarle las medidas cautelares

Texto: Amapola periodismo

Buenavista, municipio de San Luis Acatlán

19 de octubre del 2023

Los crímenes de Bruno Plácido Valerio y de su chofer Abad Ruiz son responsabilidad del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda por retirar al líder de las autodefensas las medidas cautelares para proteger su vida, reprochó Jesús Plácido Galindo, sobrino de Bruno Plácido y líder de la CRAC-Pueblos fundadores que opera en la Montaña baja.

Con reclamos de justicia y reproches a la gobernadora transcurrieron las exequias a Bruno Plácido Valerio y Abad Ruiz, en Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, asesinados la tarde del martes en Chilpancingo, en la puerta de la Secretaría de Salud, oficinas a las que acudió para tener una reunión oficial con la titular.

Este miércoles por la noche los ataúdes con los cadáveres de Bruno Plácido y Abad Ruiz fueron velados en distintas casas de Buena Vista, una localidad ubicada a 30 minutos de la cabecera de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica-Montaña, con alrededor de 1,800 habitantes.

La mayoría de la población se volcó a la vivienda de Bruno Plácido para estar presente en la despedida, llevaron flores y rezaron por él.

En esta ocasión, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para rendir un homenaje a Bruno Plácido, fundador de ambos sistemas de justicia alternativos.

En San Luis Acatlán, Bruno y su hermano Cirino Plácido Valerio, quien falleció por enfermedad hace cuatro años, fundaron junto a otras personas la CRAC-PC, en 1994. Después ambos hermanos tuvieron diferencias con la CRAC y salieron de la organización, cada uno por su lado.

Entre reclamos de justicia, la tarde de este jueves fue sepultado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio y su chofer Abad Ruiz, quienes este martes fueron asesinados a balazos en las afueras de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo.

Manuel Vázquez Quintero, delegado en Guerrero del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), asesor jurídico de la UPOEG en sus inicios, fue el único funcionario que desde este miércoles acompañó a Bruno en su última despedida.

El cortejo fúnebre partió de la casa de Bruno Plácido hacia la comisaría municipal, lugar en donde los oradores exigieron al gobierno el esclarecimiento y castigo a las personas que asesinaron al dirigente de las autodefensas y a su chofer Abad Ruiz, de 24 años, quien desde el 2018 apoyaba a Bruno Plácido.

Durante la despedida a Bruno Plácido en la Comisaría Municipal de Buena Vista se leyó un comunicado en el que se acusó a la gobernadora morenista Evelyn Salgado de haberle retirado las medidas cautelares, a pesar de que sabían en el gobierno estatal de las amenazas de muerte por parte del crimen organizado en contra suya.

«Nuevamente solicitó (Bruno Plácido) la medida cautelar y se lo negaron y es responsable el gobierno de Guerrero por todo lo que está pasando porque las autoridades saben en dónde se mueven los Ardillos, Los Rusos», reprochó Jesús Plácido Galindo.

«Hoy que a Bruno Plácido le quitaron la medida cautelar se aprovechó la delincuencia para que lo asesinara», expresó.

Jesús Plácido dijo que en cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia en Guerrero y en muchos estados del país sigue igual.

«Este gobierno nos mintió al decirnos que no habría impunidad y ahí está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sigue sin resolver», afirmó.

Un integrante de la UPOEG, a nombre de la organización leyó un comunicado, en el que denunció “el contubernio del gobierno de Guerrero con los narcotraficantes quienes trabajan en concordancia para asesinar a las personas que les estorban».

Después del homenaje en la Comisaría se llevó a cabo una misa en la iglesia de la comunidad. De la misa, el cortejo fúnebre partió al panteón en donde fueron sepultados los cadáveres de Bruno Plácido y Abad Ruiz.

En el sepelio, el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, condenó el homicidio de Bruno Plácido y exigió al Estado el esclarecimiento y castigo a los responsables.

Las cinco casas de justicia de la CRAC-PC enviaron un comunicado en el que indican que aunque había diferencias con Bruno Plácido, quien se salió de esta organización en el 2011, lamentaron los crímenes.

Demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación pronta y exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos y detener a los responsables.

 

“Esos hombres que he armado me van a terminar matando”, temor de Bruno Plácido Valerio cuando creó la autodefensa de la UPOEG

Consiguió persuadir a más de mil hombres de crear grupos de autodefensa para combatir la inseguridad generada por grupos del crimen organizado y después, de acuerdo con informes oficiales, esos grupos terminaron infiltrados en sus filas


Texto: Marlén Castro y Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

18 de octubre del 2023

En 2013, un par de semanas después de la creación del grupo de autodefensa ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en una entrevista exclusiva acerca de un probable escenario de la policía ciudadana en Guerrero, Bruno Plácido Valerio, reflexionó que probablemente esos hombres sin la mística del sistema de justicia que sí tenían las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) “me van a terminar matando”.

Bruno Plácido quería que la autodefensa que recientemente se había creado en Tecoanapa conociera acerca de los sistemas normativos de las comunidades originarias y que, donde fuera posible, los policías fueran nombrados por las comunidades, como era en la CRAC-PC.

Quería, incluso, que la autodefensa tuviera el mismo esquema de las policías comunitarias que junto con su hermano Cirino Plácido Valerio, habían ayudado en su creación, en 1995, en San Luis Acatlán, región de la Costa Chica.

La entrevista en 2013 se realizó en un salón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en donde tuvo una reunión con el abogado Pedro Rodríguez Villalobos, a quien le compartió ese temor. Rodríguez Villalobos fue asesor externo de la CRAC-PC y, esa reunión, era para concretar una consulta similar.

Meses después, Rodríguez Villalobos consideró que la parafernalia que rodeo a Bruno Plácido, pues se crearon nuevas policías ciudadanas en diferentes lugares y la gente de las poblaciones lo aclamaba, lo hizo olvidarse de su proyecto inicial de la policía ciudadana que quería conformar, pues ya no se llevó a cabo una segunda reunión.

Diez años después, el creador de la autodefensa y fundador de uno de los sistemas de justicia comunitaria más relevante en la historia de los pueblos originarios fue asesinado por dos hombres en la puerta de una oficina estatal.

Los Plácido Valerio y la CRAC

En 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, Bruno y Cirino Plácido Valerio fueron los impulsores de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) con el propósito de que los pueblos indígenas tuvieran su propio sistema de justicia comunitaria con base en sus usos y costumbres.

Sin embargo, Cirino y Bruno Plácido se salieron de la CRAC por diferencias que hubo al interior de esta organización.

En el 2010, Bruno Plácido fundó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) cuyo eje principal de trabajo fue la gestión ante las autoridades para que dieran solución a demandas de obras sociales a las comunidades.

En el 2013, Bruno Plácido convirtió a la UPOEG en una organización armada para enfrentar a un grupo económico y político estatal que se articuló como crimen organizado con el nombre de Los Rojos que en la Costa Chica, donde operaba la UPOEG, desató la violencia con secuestros y asesinatos para dominar las actividades económicas en la región.

En la primera aparición pública con más de 1,000 hombres encapuchados con escopetas y pistolas de calibre 22, Bruno Plácido encabezó la toma de las cabeceras de los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa y varias de sus comunidades.

La organización civil armada de Bruno Plácido detuvo y entregó a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJE) a varios líderes de Los Rojos que operaban en los municipios de Ayutla y Tecoanapa.

En 2013, las autodefensas de Bruno Plácido retuvieron 24 horas a elementos del Ejército Mexicano en Tecoanapa y lograron la liberación de varios policías comunitarios detenidos.

En ese mismo año y con la anuencia del entonces gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, la policía comunitaria de la UPOEG extendió su territorio en una decena de municipios de la Costa Chica y Centro de Guerrero.

La UPOEG, incluso, se extendió a comunidades rurales del municipio de Acapulco que colindan con la Costa Chica.

La organización civil armada de Bruno Plácido tuvo el cobijo de Aguirre que le otorgó camionetas y uniformes.

Después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, las autodefensas de la UPOEG acudieron a este municipio y al de Cocula a realizar las primeras búsquedas de los estudiantes.

En el 2019, Bruno Plácido Valerio aseguró que su organización tenía en sus filas a más de cinco mil hombres armados para enfrentar a las organizaciones criminales. En este año, murió su hermano Cirino, víctima de una enfermedad que lo mermó durante los últimos 10 años, ya había sobrevivido a una operación de corazón.

Durante los gobiernos de Aguirre, Rogelio Ortega y el priísta Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido tuvo asignada una camioneta blindada y una patrulla de policías estatales por medidas cautelares que otorgó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las amenazas de muerte que recibía por parte de organizaciones criminales.

A la llegada de la morenista Evelyn Salgado Pineda se le retiró la camioneta y los policías estatales.

En agosto del 2022, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron en Chilpancingo a Bruno Plácido y lo trasladaron a la cárcel de Tlapa bajo los cargos de robo agravado y allanamiento de morada.

24 horas después de su aprehensión, Bruno Plácido, salió en libertad bajo fianza. Un juez de control de Tlapa le otorgó la libertad.

En septiembre del 2022 cuando la Guardia Nacional, Policía estatal y la Marina detuvieron en el municipio de Marquelia y en Acapulco a dos líderes de las autodefensas por tener presuntos vínculos con la organización criminal de Los Rusos, Bruno Plácido no descartó esas infiltraciones en su movimiento.

«No son mis hijos para que yo los tenga bien vigilados. Aquí puede haber de todo, malos y buenos, pero hay más buenos que malos”, dijo entonces Bruno Plácido.

En el 2021, Bruno Plácido dijo que 40 integrantes de las autodefensas, entre comandantes y policías fueron asesinados por delincuentes.

En los últimos meses de este 2023 se registraron enfrentamientos armados en los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres.

Bruno Plácido alertó de que organizaciones criminales como Los Ardillos y Los Rusos ganaban terreno a la UPOEG en ciertas zonas de Guerrero.

Acusó a gobiernos emanados de todos los partidos políticos de estar coludidos con el crimen organizado.

Este domingo 15 de octubre, un grupo de hombres armados asesinó a balazos en el mercado municipal de San Marcos a Juan Carlos González, uno de los fundadores de la UPOEG.

Este lunes, Bruno Plácido acusó al grupo del crimen organizado Los Rusos de haber asesinado a Juan Carlos González.

La carroza fúnebre con el cadáver de Bruno Plácido Valerio fue resguardada por policías estatales cuando partió a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde el líder de las autodefensas será sepultado.

Policía Comunitaria conmemora 28 aniversario y acuerda defender su territorio contra mineras y organizaciones criminales 

Texto y fotografía: Emiliano Tizapa Lucena

Totomixtlahuaca, Tlacoapa

16 de octubre de 2023

 

En medio de una crisis jurídica por el desconocimiento constitucional del Estado a su sistema de justicia y de una división interna, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebró 28 años de su fundación, y para conmemorarlo marcharon este domingo un poco más de 1,500 personas en la comunidad me’phaa de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero.

Durante este fin de semana la CRAC conmemoró otro año más de su fundación en donde se notó su división; las casas de justicia de Caxitepec, Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc y la de San Luis Acatlán, esta última considerada como la casa principal, porque en este lugar se fundó la CRAC-PC en 1995, no participaron en los trabajos de conmemoración de este año.

En Totomixtlahuaca estuvieron integrantes de las casas de justicia de El Paraíso, Espino Blanco y de Escalerilla Lagunas, de los municipios de Ayutla de los Libres, Malinaltepec y San Luis Acatlán, respectivamente.

Durante los trabajos de sábado en la comunidad acordaron seguir con la lucha en defensa de su territorio, al impedir el asentamiento de las empresas transnacionales mineras extractivistas de recursos naturales.

En las mesas de trabajo que instalaron desde el sábado, los integrantes de la CRAC acordaron su rechazo a las organizaciones criminales al interior de su agrupación; también demandaron al Congreso local la creación de seis municipios y que el Estado realice las reformas constitucionales que establezca que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan un esquema de autogobernanza.

El sábado, desde las seis de la mañana, comenzaron a llegar a Totomixtlahuaca los integrantes del sistema comunitario a bordo de camionetas desde las diferentes comunidades de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi, Tlacoapa, Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, para celebrar el aniversario de la organización.

La asamblea general que inició a la una de la tarde del sábado se llevó a cabo en la cancha techada de esta comunidad que tiene una población de 400 habitantes.

Durante la asamblea, la CRAC- PC acordó seguir en la lucha para impedir que en su territorio se asienten las empresas mineras.

En la primera mesa de discusión, los pobladores debatieron los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación y a un autogobierno. Acordaron iniciar una serie de movilizaciones en Guerrero; la primera la programaron para el próximo 1 de diciembre en el Congreso local, en Chilpancingo.

En la segunda mesa, los pobladores manifestaron sus inquietudes acerca de la protección de la tierra y el territorio. Propusieron elaborar estatutos o reglamentos ejidales en la CRAC-PC en los que se prohíba actividades mineras en su territorio, y pronunciarse contrarios a los cambios de uso de suelo para el extractivismo.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC-PC y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que en el territorio comunitario, el Estado mexicano ha otorgado 50 concesiones mineras; convocó a los pobladores a luchar para que el gobierno federal reconozca como dueños ancestrales de su territorio a los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que servirá para hacer más difícil la llegada de empresas extractivas.

En la tercera mesa de discusión, los pobladores propusieron plantearle al diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, que lleve ante el Poder Legislativo una reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, gestión que será acompañado por una movilización de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC en Chilpancingo.

Esta propuesta de reforma ya fue entregada en la legislatura anterior pero no fue contemplada por los diputados locales, y pretenden atender los rezagos en problemas de salud, educación, autogobierno y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

 

La cuarta mesa de discusión se enfatizó en el rol de las mujeres en el sistema comunitario y, a diferencia de los otros tres grupos, sólo participaron 25 mujeres representativas de 10 comunidades del sistema de la CRAC-PC.

Las mujeres alertaron que la violencia contra la mujer va en aumento en los pueblos que están en el sistema comunitario, y que el machismo sigue presente en sus localidades, porque aunque ya tienen cargos de comisarias o policías su opinión no es tomada en cuenta.

Expusieron que las mujeres deben involucrarse en la resolución de conflictos comunitarios, y hacer evidentes los contextos diferenciados en las comunidades, por ejemplo, la situación de pobreza y marginalidad en las que se encuentran miles de mujeres en sus pueblos.

También abordaron el aborto y plantearon que, aun cundo su regalmento ya establece que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, exigen que quede claro que ninguna mujer deberá ser castigada por su sistema comunitario por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Durante este debate, las mujeres denunciaron que siguen ocurriendo las uniones tempranas en niñas y adolescentes en la zona, ahora se hace en secreto; insistieron en que deben terminar con esta práctica.

Otra propuesta, es que en la justicia comunitaria de la CRAC-PC deben añadir el delito de feminicidio y de violencia familiar, y crear redes de apoyos de mujeres líderes que traten estos casos para prevenirlo, así como crear medidas de protección a las mujeres.

La última propuesta fue hacer excepciones en su artículo 77 del reglamento interno, que obliga a la mujer y al hombre por igual pagar los gastos de los hijos, y proponen analizar si las mujeres tienen ingresos económicos, porque la mayoría están dedicadas al hogar.

Otro de los planteamientos que se mencionaron en la asamblea es que los pueblos indígenas ejerzan el poder, y sean quienes tomen las decisiones sobre la vida pública y política, no sólo encaminados a recibir los apoyos sociales. Expusieron que están en la búsqueda de la creación de nuevos municipios, como Huixtepec, que se desprendería de Ometepec; San Cristóbal, que saldría de Tlacoachistlahuaca; Chimalapa, que se desprendería de Igualapa; Pueblo Hidalgo, de San Luis Acatlán; Huehuetan, de Azoyu y Totomixtlahuaca, de Tlacoapa.

También destacaron que estos nuevos municipios funcionarían bajo sistemas de gobierno con usos y costumbres, respetando procesos comunitarios, como en la actualidad lo tiene Ayutla de los Libres, y no depender de los partidos políticos.

La mañana de ayer domingo, los policías comunitarios se concentraron nuevamente alrededor de la cancha techada del pueblo. A las ocho de la mañana, algunos con flores en las manos, sus escopetas en la espalda, se tomaron un momento en el altar de la iglesia del pueblo del Santo Entierro, para pedir por sus familias.

Uno de ellos fue Leonardo García, de 22 años, policía comunitario de la localidad La Cortina, que pertenece al nuevo municipio Ñuu Savi, comentó que acuden por costumbre y llevan de ofrenda una flor este día a la iglesia. “Yo vine a pedir por la salud de la familia y por mí, que no me pase nada en el camino”, comentó.

A las diez de la mañana, la marcha comenzó en la orilla del pueblo, en la colonia Las Palmas hacia el centro de Totomixtlahuaca, y duró cerca de 40 minutos el recorrido de un poco más de tres kilómetros.

Los vecinos admiraron el desfile de los policías comunitarios y fue amenizado por tres bandas de música de chile frito, el recorrido terminó con una asamblea en la cancha techada nuevamente donde se aprobaron a mano alzada las propuestas echas el día anterior.

Crisis en la CRAC-PC 

La crisis que vive la CRAC-PC a los 28 de su creación se debe, dijeron, a las posibles filtraciones del grupo delictivo de Los Ardillos, con presencia en zonas de Zapotitlán Tablas, municipio donde en los últimos meses han ocurrido la desaparición de 28 personas.

A esto se suma un conflicto entre las casas de justicia, principalmente con la casa matriz de San Luis Acatlán, ante su negativa de validar a Escalerillas como casa de justicia y mantenerla como casa de enlace.

De las cinco casas de justicia, a las celebraciones de Totomixtlahuaca no participaron los pobladores de las casas de Caxitepec, Zitlaltepec y San Luis Acatlán, quienes celeberaron aparte el aniversario.

Esta división surge en medio de un debilitamiento a la CRAC-PC, luego de que el Congreso local encabezado por diputados morenistas aprobaron las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, e incluso la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avaló este año los cambios en los que se deja de reconocer el sistema de justicia y reeducación; deja a la organización sólo como un auxiliar del sistema de seguridad del gobierno.

Policías comunitarios de la CRAC conmemoraron su 28 aniversario con una marcha en las calles de esta comunidad.

La administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, consolidó las reformas propuestas desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para disminuir constitucionalmente al sistema de justicia comunitario de la CRAC-PC, y que en la administración de Héctor Astudillo Flores se logró modificar por los diputados locales.

Aunque en un primer momento la SCJN hizo retroceder esos cambios para que el Congreso local tuviera que consultar a los pueblos afromexicanos e indígenas, la banca de Morena encabezó la simulación de dicha consulta y aprobaron las modificaciones basándose en la ley de la administración priista.

El problema que enfrentan ahora es que la Policía Comunitaria no podría constitucionalmente reeducar a ningún ciudadano infractor de su reglamento porque los diputados locales borraron ese reconocimiento que había, lo que para asesores de la organización es un retroceso legislativo; han planteado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nuevamente se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario.

Anuncia autodefensa de la UPOEG una reorganización después de enfrentamiento armado en Tecoanapa

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Lenis Mosso / Archivo

Chilpancingo

 

Después que cuatro autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) murieron y tres más resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos con civiles armados, en el municipio de Tecoanapa, esta agrupación armada se reorganizará para enfrentar a los delincuentes, anunció su dirigente, Bruno Plácido Valerio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el enfrentamiento que ocurrió entre las autodefensas de la UPOEG con otro grupo armado en Buenavista de Allende, del municipio de Tecoanapa, hubo siete personas muertas y varios heridos.

Plácido Valerio contó que los policías comunitarios realizaron una operación de búsqueda para localizar a dos personas que fueron privadas de su libertad, pero al llegar a una casa de seguridad tuvieron un enfrentamiento con integrantes del grupo criminal conocido como Los Rusos.

«De nuestro lado murieron cuatro compañeros y tres más resultaron heridos, y del lado de los delincuentes no sé la cifra de bajas que hayan sufrido», dijo Plácido Valerio entrevistado en Chilpancingo.

Contó que el pasado domingo dos personas (J. Irene Gallardo Luna y Mario Cruz Chávez) de la comunidad de Buenavista fueron privados de su libertad por hombres armados y el lunes sus familiares bloquearon la carretera federal Tecoanapa-Ayutla para exigir al gobierno su búsqueda.

«A nosotros (la autodefensa) nos pidieron el apoyo y fuimos a realizar la búsqueda porque aquí en Guerrero el gobierno no apoya», dijo Plácido Valerio.

Mencionó que en esa zona de la Costa Chica los grupos criminales de Los Rusos y Los Ardillos tienen operaciones.

Plácido Valerio dijo que ante la inacción del gobierno para frenar a los grupos delictivos, los autodefensas de la UPOEG se reorganizarán para ayudar a la población en el tema de la seguridad.

«Yo creo que nosotros cometimos errores en aflojar porque el gobierno nos ha perseguido y dejamos todo para que las instituciones asumieran la responsabilidad, pero no resolvió la seguridad y eso nos está obligando a reactivarnos», comentó.

Según el dirigente de las autodefensas de la UPOEG lo único que hace el gobierno es llegar a levantar los muertos y trasladarlos en bolsas al Servicio Médico Forense (Semefo).

Plácido Valerio criticó la estrategia de seguridad del gobierno porque, según él, lo único que hace es detener a los que realizan los asesinatos y no a los dirigentes de los grupos del crimen organizado.

En agosto del 2022, Plácido Valerio fue detenido por la FGE acusado de los delitos de robo y daños en propiedad ajena, pero salió en libertad después de pagar una fianza. En la actualidad tiene en su contra varias carpetas de investigación iniciadas por la FGE.

«No solamente yo tengo carpetas de investigación sino también otros compañeros», comentó.

Agregó que en Guerrero el crimen organizado está metido en las esferas del gobierno.

«En Guerrero todos los candidatos pactan con los delincuentes para ser candidatos a diputados, alcaldes, regidores y el que no está aliado con los delincuentes lo matan», mencionó.

 

Cierran escuelas y comercios en Ocotito luego de que pobladores impidieran a Ejército detener a dos autodefensas

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Ocotito

 

Autoridades y pobladores de la comunidad de Ocotito, municipio de Chilpancingo, ordenaron el cierre de comercios y escuelas, luego de que impidieron que el Ejército y Guardia Nacional detuviera a dos autodefensas durante esta madrugada.

«A las 4 de la mañana nos informan que se querían llevar a dos compañeros de la policía comunitaria, pero nos organizamos y afortunadamente logramos rescatarlos», dijo Julio César Almazán Castro, comisario municipal de Ocotito, quien junto con líderes de las autodefensas dieron una conferencia de prensa.

Mencionó que ignora las razones de las fuerzas armadas para llevarse a los dos autodefensas.

Contó que desde ayer jueves tenían planeado organizarse para trasladarse en marcha a la salida de la comunidad y dialogar con los soldados del Ejército y Guardia Nacional, pero no realizarían ninguna protesta.

Pero luego de percatarse que el Ejército querían llevarse a dos policías comunitarios acordaron el cierre de escuelas y comercios.

«Estamos viviendo un clima de hostigamiento e intimidación por parte del Ejército y Guardia Nacional», denunció Almazán Castro.

Una farmacia en pleno centro de Ocotito permanece cerrada.

Comentó que su intención era avisarles a los militares que por mandato de los pobladores reactivarán lo que ellos nombran la policía comunitaria.

«No pedimos que se vaya el Ejército, que haga su trabajo, pero de la mejor manera, sin hostigar a nuestra gente», expresó el comisario.

Mencionó que estas intimidaciones y hostigamiento que, según él, están sufriendo los habitantes de Ocotito por parte de las fuerzas armadas federales es por la reactivación de la policía comunitaria.

«La policía comunitaria no va a utilizar armamento de uso exclusivo del Ejército, eso le dijimos al mando militar que está al frente del retén de seguridad», aseguró Almazán Castro.

En las redes sociales de este viernes, transportistas de la ruta Chilpancingo-Ocotito dieron a conocer la suspensión del servicio al público porque, supuestamente, estaría cerrada la carretera federal.

«Nosotros nunca planeamos cerrar la carretera, lo que sí pedimos a los dueños de los negocios que cerraran y a los directores de las escuelas suspendieran las actividades académicas», dijo el comisario.

En un recorrido por las calles de la comunidad, ubicada a 30 minutos de Chilpancingo, se observaron decenas de comercios cerrados al igual que varias escuelas de educación primaria, preescolar y secundaria.

El desmantelamiento de la policía comunitaria vinculada a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ocotito se aceleró en febrero pasado a raíz de la detención de su líder, Deivy Barrientos, en Puebla, acusado de delitos del fuero federal. En Guerrero también tiene una carpeta de investigación por la autoría intelectual del homicidio del periodista Fredi Román Román, ocurrida en agosto del 2022 en Chilpancingo.

Al menos dos ocasiones, habitantes de Ocotito y seguidores de Barrientos han realizado protestas en Chilpancingo para exigir a las autoridades su liberación.

Otra policía comunitaria que estaba en el corredor de El Valle de Ocotito y que desapareció es la de Buenavista de la Salud, luego de que en enero del 2022, en un enfrentamiento contra presuntos integrantes del grupo criminal Los Ardillos, asesinaron a su líder, Mario Zamora, y otros cuatro integrantes de estas autodefensas.

También los puestos comida estaban cerrados en la comunidad en reacción al intento de detención de dos autodefensas.

 

En primer plano un convoy militar recorre las principales calles de Ocotito, en segundo plano dos negocios cerrados. Son aspectos de este viernes 23 de junio.

Tlacolol – Congreso de Guerrero y la Corte dan golpe al sistema de justicia comunitaria

Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe certero  a los pueblos originarios de Guerrero, al validar la consulta que el Congreso del Estado simuló hacer el año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Con ello, se limita el sistema de seguridad y justicia de los pueblos originarios y somete a sus policías comunitarias al mando de las fuerzas policiacas convencionales.

La afectación, se ha hecho creer, que sólo es para la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuando no es así, y mucho menos para organizaciones fundadas desde el Estado, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Lo que realmente permea es la autodeterminación de su destino de los pueblos originarios y afros, y su lucha histórica por su autoprotección.

Con la decisión del máximo tribunal de justicia del país, es necesario reflexionar los diferentes momentos en que se ha lacerado desde el Estado el sueño de los pueblos de liberarse del sometimiento, abandono institucional, corrupción, del crimen organizado y de este sistema mismo que los mantiene relegados en la pobreza y la violencia.

Es necesario repensar cierta simulación de quienes señalan defender estos derechos, con actos contradictorios de personajes políticos, “líderes sociales” y ONG’s.

La conocida Ley 701 fue propuesta el 4 de julio de 2009 en el Congreso local por el entonces diputado de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, en ese momento sólo se turnó a comisión. El 15 de junio de 2010 nuevamente se presentó ante el pleno, aunque tampoco hubo prisa por votarla.

Tras algunos foros realizados, la Ley 701 fue aprobada por unanimidad del Congreso, el 15 de febrero de 2011, en los últimos días del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, sin discusión.

Esta ley tenía como finalidad reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, permitirles decidir por sí mismos sus destinos, “de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población».

Los diputados y diputadas locales pronto se arrepintieron, especialmente por el título tercero, en el que reconoce la existencia y la validez de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades con características propias y específicas en cada uno, basados en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo.

Reconocía, pues, que los pueblos buscaban abatir la delincuencia, erradicar la impunidad, rehabilitar y reintegrar socialmente a los transgresores. Aunque la ley ya acotaba que las policías comunitarias y el sistema de justicia sancionara solo los delitos del fuero común, limitando a la CRAC a no entrometerse en delitos mayores, por ejemplo, la violencia y extorsiones de las organizaciones criminales.

Sin embargo, cuando en Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtac, Tixtla y principalmente Ayutla de los Libres, comienza la población a organizarse para enfrentarse de la “delincuencia organizada”, enquistada gracias a la complacencia por no decir, complicidad, de las autoridades municipales y estatales, los tres órdenes de gobierno implementaron una política de combate a la organización de esos pueblos.

En 2012, Ángel Aguirre Rivero, ya como gobernador, encabezó las políticas de división de la CRAC-PC, que para ese entonces ya tenía una práctica aunque menor, de que los comandante regionales, consejeros y coordinadores recibieron un pago, simbólico, con dinero que daba el gobierno del estado, y otros apoyos menores de los gobiernos municipales.

Aguirre Rivero no sólo aumentó ese apoyo sino que además lo hizo público, cooptando al entonces coordinar de San Luis Acatlán, Pablo Guzmán Hernández, especialmente para las mesas de la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, junto al comisionado por el gobierno federal, Jaime Martínez Veloz, quien más tarde lo invitó a colaborar para el gobierno federal en la Ciudad de México.

Otro momento clave, fue el apoyo de Aguirre Rivero al heredero de Pablo Guzmán, Eliseo Villar Castillo, quien recibió dinero y vehículos y aceptó, sin consultar a su organización, la credencialización de policías comunitarias por parte del Ejército.

Esta medida dividió más a la CRAC, quienes apoyaban a Eliseo Villar y otros que no aceptaban la credencialización impuesta por Aguirre. 

Además, los grupos de reciente adhesión a la CRAC empezaron a combatir principalmente al grupo delictivo Los Rojos, especialmente en Ayutla, Tixtla, Olinalá y Huamuxtitlán.

La población estaba harta de los niveles de violencia, cobro de cuota y extorsiones desde los más pobres hasta quienes tenían comodidades. En estos cuatro municipios se vieron explosiones ciudadanas en las que participaron habitantes sin distinción de partidos, en una situación desesperada por librarse de la delincuencia.

A pesar de ello, Eliseo Villar desconoció principalmente a los líderes de esta y otras zonas que no estaban sometidas al gobierno del estado: Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado. 

Se les señaló de no respetar el reglamento interno, de no seguir el método tradicional de procesos largos y lentos, y hasta de no respetar los derechos humanos de los criminales.

La lectura errónea impuesta, fue que la Ley 701 sólo avala a la CRAC dócil ante el Estado, encabezada por Villar  Castillo, y que sólo ellos podían validar las decisiones que tomaban bajo los mismos procesos otros municipios.

La lectura también errónea es que la Ley 701 se hiciera exclusiva para la CRAC, pues la ley ha sido clara, reconocía los derechos en varios municipios con población originaria y afromexicana.

Entonces, mientras Eliseo Villar era encumbrado y respaldado económicamente por Ángel Aguirre, el Ejército y la Marina detuvieron a Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina.

En una entrevista para Carmen Aristegui, la coordinadora de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado señaló que estaba detenida porque no aceptó dinero del gobierno. 

Relató que el gobierno de Guerrero le ofreció 7 millones de pesos para que se hiciera un lado mediante Eliseo Villar, el entonces coordinador de la CRAC en la casa de San Luis Acatlán, a quien acusó de ser cercano a Ángel Aguirre.

“Me ofrecieron el dinero para que yo no crezca como policía comunitaria y no me meta en más casos graves» contó Nestora Salgado para Aristegui, esta entrevista aún se puede encontrar en su página web.

Ante las detenciones, incluso organizaciones defensoras de derechos humanos validaron la versión de Eliseo Villar, es decir, que Nestora, Arturo y Gonzalo eran dirigentes desconocidos por la CRAC de San Luis Acatlán, y eran portavoces del mismo discurso del Estado.

Incluso mantuvieron un discurso con doble rasero, mientras que la CRAC de El Paraíso cometía supuestos violaciones a los derechos humanos, se quedaron callados de las torturas impuestas a los detenidos por la UPOEG en Ayutla.

En resumen, el gobierno del estado logró su cometido de dividir a los tres dirigentes de esa CRAC rebelde y quedó fracturada la relación entre Gonzalo Molina, Arturo Campos y Nestora Salgado, que tomaron rumbos diferentes.

Pero la represión del Estado no quedó ahí sino que posterior a la detención de los tres, al menos 10 dirigentes que mantenían la operatividad de las policías comunitarias fueron asesinados; provocando la filtración de las policías para retomar el control bajo los grupos delictivos, sometiendo aquellas revueltas ciudadanas.

Ante esa experiencia, los tres órdenes de gobierno buscaron derogar esa base legal en la que otros pueblos, fuera de la CRAC sometida o bajo control, intentara liberarse del sometimiento de la violencia y los poderes fácticos.

En el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se da la reforma a la Ley 701, sin embargo, ante la exhibición pública del retroceso legal, no quedó más que varios actores se vieran obligados a impugnar, aunque, la SCJN, sólo aletargó la decisión, porque mandató que se consultara a los pueblos, lo que no se hizo,  porque el Congreso local simuló, y realmente a los actores en el poder no les conviene que nuevamente el hartazgo social provoque alzamientos populares.

Es entendible con este contexto, la decisión de la SCJN de validar una simulación de consulta y aprobar la reforma en la que se adhiere a la policía comunitaria a las policías estatales.

Como nota, también es contradictorio que organizaciones como la Red Solidaria Década contra la Impunidad A.C. defienda legalmente a Eliseo Villar, el peón olvidado de Aguirre, quién está preso desde diciembre de 2014, quien traicionó a sus hermanos indígenas.

Otra cosa que nos resulta extraño es que en las recientes reuniones con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, se hayan excluido a uno de los abogado integrante de la defensa de la CRAC, el ex diputado federal, Rubén Cayetano García, quien sostuvo que no fue invitado ni enterado de ese encuentro.

CHIRRIONAZO.- A mediados de la próxima semana estará en Guerrero la aspirante morenista a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y, nos cuentan fuentes del gobierno estatal, que el clan de los Salgado, ya le preparan un cálido recibimiento. Obvio, en ninguno de esos eventos políticos (Acapulco, Chilpancingo e Iguala) va estar presente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero en su representación sí estará su papá el senador Félix Salgado y todos sus «borregos» perdón, simpatizantes. El Toro Salgado, ya alista la logística de despliegue de matraqueros en su nueva «oficina» llamado «El Caminante» que es un centro social ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo y en un predio ubicado en el fraccionamiento Los Vega en donde Félix tiene la locuaz idea de convertir este sitio en un albergue para perros de la calle en donde es evidente que en esta obra se están utilizando recursos públicos del gobierno estatal.  

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Ciudadanos expulsan a pedradas de Xalpatláhuac a Ejército y Guardia Nacional

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desalojados a pedradas por mujeres y hombres de la cabecera municipal de Xalpatláhuac en su intento de recuperar el ayuntamiento que horas antes fue abandonado por un grupo de policías comunitarios.

Durante la trifulca, las mujeres zarandearon al director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y al subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Sánchez quienes encabezaron la operación para desalojar y detener al grupo de autodefensas que desde octubre del 2021 tomaron el ayuntamiento tras expulsar a balazos a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

La estrategia del gobierno para recuperar la alcaldía surgió luego de que este martes los civiles armados golpearon y luego  retuvieron al DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes quien fue liberado este miércoles en la noche tras obligarlo a firmar una minuta de acuerdos en el que exculpa a sus agresores.

Sin embargo cuando este jueves a las ocho de la mañana el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal arribaron a Xalpatláhuac los policías comunitarios se habían retirado del edificio del ayuntamiento.

Según testimonios de personas de esa localidad ubicada en la región de la Montaña, todo estaba desarrollándose de manera normal cuando alrededor de las 14 horas la gente se arremolinó cerca del ayuntamiento cuando se percataron que los militares, Guardia Nacional y los agentes estatales se llevaban dos camionetas del ayuntamiento y que utilizaban los comunitarios para realizar sus redadas.

Fue entonces que la gente, en su mayoría mujeres, empezaron a lanzarle piedras a los uniformados federales y estatales.

Rodríguez Cisneros trataba de calmar los ánimos de las mujeres pero se le fueron encima y le exigieron que se retirara del pueblo.

Rodríguez Cisneros e Irving de Jesús Sánchez, decidieron suspender la operación y junto con los militares, GN y policías estatales abandonaron el pueblo entre insultos de la gente.

El conflicto en este municipio surgió en octubre del 2021 cuando la alcaldesa Maldonado Sotelo encabezó una reunión en el zócalo del pueblo para analizar el trabajo que venía realizando la policía comunitaria.

Después surgió una discusión entre la edil con los líderes de las autodefensas.

Finalmente Maldonado Sotelo y otros funcionarios tuvieron que abandonar la localidad luego de que los policías comunitarios les empezaron a disparar con armas de fuego.

Nadie resultó herido.

Desde octubre del 2021, unos 40 policías comunitarios que se dicen pertenecer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tomaron el ayuntamiento.

«Desde que los policías comunitarios tomaron el ayuntamiento ellos han tomado el control del pueblo realizando extorsiones a los comerciantes y empresas que van a vender sus productos a Xalpatláhuac», asegura la edil quien despacha en una casa particular en la comunidad de Cauatache.

«La población de Xalpatláhuac vive aterrorizada porque los policías recorren las calles armados con rifles Ak-7 y AR-15 y aquel ciudadano o ciudadana que comete una falta es detenido y encerrado en la cárcel municipal en donde es rapado», aseguró Maldonado Sotelo.

Después de que las fuerzas federales y estatales se retiraron de esa localidad se prevé el regreso de los policías comunitarios, aseguraron fuentes del gobierno.

Antes de que los pobladores de Xalpatláhuac expulsaran a pedradas a las fuerzas federales y estatales tuvieron un diálogo con los mandos policiales.

Autodefensas de Xalpatláhuac extorsionan y generan terror, dice alcaldesa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

En el contexto de los dos días de la retención del director del DIF de Xalpatláhuac por parte de unos 40 autodefensas, la alcaldesa del municipio, Selene Sotelo Maldonado, denunció que este grupo armado mantiene tomado el Ayuntamiento desde octubre del 2021 y se ha dedicado a realizar extorsionar a la ciudadanía.

Este lunes a mediodía, el director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, escoltado por policías estatales desde una patrulla, llegó a la cabecera municipal de Xalpatláhuac para repartir despensas a la ciudadanía.

Pero un grupo de autodefensas, armados con rifles AR-15 y AK-47, lo golpearon, lo detuvieron y encerraron en barandilla municipal, contó la alcaldesa.

Según la edil, quien desde octubre del 2021 fue expulsada a balazos de la cabecera de ese municipio, había un acuerdo con el líder del grupo armado, Nicolás Villarreal Dircio, de que personal del ayuntamiento repartiría despensas a las personas del pueblo que los necesitaran.

“Hasta este martes nuestro compañero (Pardo Dorantes) sigue encerrado en la cárcel municipal y apenas los civiles armados van a permitir el ingreso de su familia para que le den sus alimentos”, comentó.

Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y le impide la entrada de la alcaldesa por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.

De acuerdo con la versión de la edil, la razón es que ella es esposa de quien ya fuera dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.

Desde el lunes pasado, contó la alcaldesa, ya le informó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la situación en su municipio para que intervenga.

Sobre su expulsión en octubre del 2021, detalló que ella encabezaba una reunión donde había habitantes del municipio y dirigentes de la llamada Policía Comunitaria, es decir, el grupo de autodefensas, y analizaban las funciones que debería de asumir esta organización armada, pero fue expulsada de la asamblea.

“Me sacaron de la reunión y luego los de la Policía Comunitaria me dispararon, pero afortunadamente no resulté herida y logré salir del pueblo”, dijo en entrevista telefónica.

Lleva 17 meses fuera de la cabecera del municipio y montó sus oficinas en la comunidad de Cauatache.

Informó que hace unos meses estableció algunos acuerdos con los dirigentes de las autodefensas para que el personal de las oficinas de Catastro, Registro Civil y DIF municipal realicen sus funciones en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac.

“Incluso en diciembre del 2022 se llegó al acuerdo con el líder de la comunitaria, llamado también el Tlayakanky, y el ex candidato a la alcaldía, Edmundo Delgado de Xalpatláhuac de que realizara una visita de trabajo en la cabecera, pero nuevamente fui expulsada por los policías comunitarios”.

Recordó que en esa ocasión la acompañó el subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Chávez. “Llegamos a Xalpatláhuac y vimos cómo nos tenían rodeados muchos policías comunitarios fuertemente armados y nos dimos la media vuelta para regresarnos”.

Xalpatláhuac es un municipio de la región Montaña alta de Guerrero, una de las tradiciones anual en esta cabecera es la peregrinación religiosa del señor de Santo Entierro. Este evento ocurre unas semanas antes de la Semana Santa y asisten miles de personas a la iglesia que lleva por nombre Santo Entierro. Este año ya ocurrió.

Selene Sotelo denunció que los líderes de la autodefensas cobraron mucho dinero a los comerciantes que instalaron su local durante esta festividad religiosa.

“He recibido quejas de que los de la Policía Comunitaria les fijan cuotas a los comerciantes, pero a los que más les cobran por vender su producto son a las empresas refesqueras y cerveceras, a quienes les fijaron una cuota de hasta 80, 000 pesos al mes”.

Según la edil las autodefensas han sembrado el terror en Xalpatláhuac, porque a las personas que comete alguna infracción no sólo las encierra en la cárcel, las rapan y les cobra una cantidad exhorbitante de multa como fianza.

“He recibido quejas de muchas mujeres que han dejado a sus esposos porque las golpean y los policías comunitarios las detienen, las llevan a los sembradíos de maíz a realizar trabajos forzados y después las obligan que regresen con sus parejas sentimentales”.

Denunció también que desde que fue expulsada de la cabecera municipal los líderes de la Policía Comunitaria han saqueado el Ayuntamiento que mantienen tomado.

“Hay muchas denuncias de todos estos actos, pero la Fiscalía General del Estado sigue sin actuar desde octubre del 2021”.

En la imagen difundida en redes sociales se aprecia el momento en que los autodefensas llevan detenido al funcionario municipal de Xalpatláhuac.

Policía Comunitaria de Xalpatláhuac detiene al director del DIF municipal cuando entregaba despensas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes sociales

Chilpancingo

Policías comunitarios de Xalpatláhuac, en la Montaña de Guerrero, detuvieron «de manera violenta» y frente a policías estatales al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, mientras entregaba despensas en la cabecera municipal, informó la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

A través de un comunicado que difundió el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Sotelo Maldonado pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para que Pardo Dorantes sea liberado.

«Hago responsable a todos los que integran la Policía Comunitaria y al Tlayakanki de lo que le pueda pasar al lic. Jorge Pardo Dorantes», se lee en el comunicado.

Ahí mismo narraron que este lunes, alrededor de las once de la mañana, Pardo Dorantes acudió a la cabecera municipal Xalpatláhuac a entregar despensas enviadas por el gobierno del estado.

Cuando arrancó con la entrega de las despensas fue interceptado por un grupo de la Policía Comunitaria que coordina el Tlayakanki (autoridad comunitaria), Nicolás Villarreal Dircio, quien argumentó que no tenía permiso para entregar las despensas en ese lugar.

Por tal motivo, Pardo Dorantes fue detenido por los policías comunitarios y encerrado en la cárcel comunitaria.

Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y desde 2021 impide la entrada de la alcaldesa Sotelo Maldonado a la cabecera municipal por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.

También le impide la entrada, difundido en el comunicado, por ser la esposa del dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.

En noviembre de 2021, Sotelo Maldonado fue agredida a gritos y empujones en una asamblea en Xalpatláhuac por un grupo de pobladores que decían no reconocerla como alcaldesa.

Desde ese momento un grupo de pobladores y de policías comunitarios tomaron el Ayuntamiento de Xalpatláhuac y le impidieron la entrada.

Un año después, en noviembre del 2022, el gobierno del estado a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Oscar Chávez Rendón, negoció con Villareal Dircio y la Policía Comunitaria para liberar el edificio del Ayuntamiento.

Sotelo Maldonado informó que aun cuando les entregaron el inmueble «no había condiciones para que regresara a la cabecera municipal”, por lo que continúa despachando en el poblado de Cahuatache.

Con una CRAC dividida más de 2 mil policías comunitarios marcharon para reivindicar su lucha

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Con marchas en San Luis Acatlán y Santa Cruz del Rincón, Costa Chica de Guerrero, más de 2 mil policías comunitarios armados con rifles de bajo calibre conmemoraron el 27 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

En 1995, durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, se fundó la CRAC con su policía comunitaria, regida por los usos y costumbres de los pueblos originarios.

Pero en este año, la CRAC-PC llegó a su aniversario con una evidente división entre sus filas, la cual data desde 2013 que intervino el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

De las cinco casas de justicia que tiene la CRAC, una, la de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, realiza su festejo por separado desde el viernes pasado.

Tanto en San Luis Acatlán, cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, como en Santa Cruz del Rincón se instalaron mesas de trabajo en donde se plantearon diversos puntos que tienen que ver con necesidades sociales de los pueblos originarios y que se expondrán en sus asambleas.

En entrevista, el coordinador de la casa de justicia de la CRAC en Santa Cruz del Rincón, Eudocio Cruz Mendoza, dijo que por la presencia de la Policía Comunitaria el índice de delincuencia ha bajado en esa zona de la región Montaña.

“Hay vigilancia día y noche porque se hacen recorridos para tener orden ya que en algún momento hubo denuncias de amenazas de extorsión y de secuestros”, contó.

Cruz Mendoza, quien reveló que la CRAC de Santa Cruz se separó de la casa de justicia matriz en San Luis Acatlán por una serie de diferencias, dijo que el cuerpo de seguridad está integrado por 43 policías comunitarios, tres coordinadores y tres comandantes regionales.

Comentó que con los policías comunitarios que tienen les basta para combatir a delincuentes en la zona.

“El gobierno nos manda soldados por un periodo de tiempo porque se van y luego viene otra vez la delincuencia, pero nuestros policías comunitarios que tenemos aquí están las 24 horas del día”.

Advirtió que la CRAC-PC no va a permitir la incursión en su territorio del Ejército o la Guardia Nacional, ahora que quedó autorizada la militarización.

Cruz Mendoza calificó de racismo que el gobierno ya no les otorgue su reconocimiento como Policía Comunitaria.

Recordó que la Ley 701 que le daba reconocimiento a la CRAC-PC fue derogada por el Congreso local sin haberlos consultado.

Actualmente, las casas de justicia de la CRAC y asesores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consulta que realizó el Congreso local sobre una ley sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos.

“Fue un acto racista lo que hizo el Congreso local al desaparecer nuestro sistema de seguridad en base a nuestras costumbres”, dijo Cruz Mendoza.

El líder comunitario recordó que desde el 2013 la Policía Comunitaria y su casa de justicia de Santa Cruz del Rincón decidieron separarse de las otras casas de justicia por la designación como coordinador a Eliseo Villar del Castillo.

Villar del Castillo actualmente está preso en un penal de máxima seguridad por el delito de homicidio. A este personaje dentro de la organización lo ubican como el generador de una división en la CRAC durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, después de recibir recursos públicos.

Cruz Mendoza aseguró que en las asambleas siguen designando a los coordinadores de la CRAC de Santa Cruz del Rincón, como lo establecen sus principios; aseguró que en ninguna decisión que toman tienen influencia los partidos políticos.

A su vez, en San Luis Acatlán, integrantes de las casas de justicia de la CRAC iniciaron sus trabajos de aniversario desde este viernes con la instalación de cinco mesas con diversos temas.

Estos son reglamento interno; reglamento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; sistemas normativos de los pueblos indígenas y el sistema de seguridad, justicia y reeducación, así como la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario.

En la discusión sobre la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario plantearon un castigo de 10 a 15 año en el sistema de reeducación a los padres que vendan a sus hijas o consientan su matrimonio forzado, como organizaciones han documentado ocurre en pueblos de los municipios de la Montaña, como Cochoapa el Grande y Metlatónoc.

Esta propuesta, aprobada en una mesa de trabajo, la hizo Herlinda González Ramos, lo que la CRAC discuturá en una asamblea que probablemente realicen en San Luis Acatlán en diciembre próximo.

En noviembre del 2021, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda puso en marcha en la región de la Montaña su estrategia para la prevención y erradicación de matrimonios forzados.

Sin embargo esta planificación de las autoridades estatales fue criticada por grupos feministas y de organismos de derechos humanos porque aún no funciona, pues, los matrimonios infantiles sin ser frenados.

Los actos conmemorativos del 27 aniversario de la CRAC concluyeron este sábado con marchas de policías comunitarios, una en Santa Cruz del Rincón y la otra en San Luis Acatlán.

En San Luis el número de policías comunitarios rebasó los 2 mil en la marcha. En Santa Cruz participaron alrededor de medio centenar.

 

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