Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados

En 2019, la Sedena compró un sistema de monitoreo a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del software Pegasus. En este sexenio, al menos tres personas han tenido infecciones espía, según lo documenta una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.

Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.

En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.

Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación Gobierno Espía hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.

John Scott, experto de Citizen Lab, advierte que actualmente “existe al menos un operador de Pegasus en México, y podría haber otros, pero la pregunta es ¿quién es este cliente?”. Explica, además, que el sistema es mucho más sofisticado porque ya no requiere que el usuario interactúe con un link, sino que puede usarse de forma remota y aprovechando las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería —como ocurrió con WhatsApp— o del sistema Apple para realizar la infección.

Shalev Hulio, director de NSO Group, ha hecho declaraciones bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en las que ha asegurado que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo.

Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.

Sobre este caso, este lunes 3 de octubre las víctimas del espionaje presentarán ante la FGR una denuncia penal contra quien resulte responsable, con el apoyo legal de las organizaciones R3D y Artículo 19.

El grupo de medios que hizo esta investigación envió cuestionarios para solicitar posturas respecto del tema a la Presidencia, la Sedena, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua, pero en ningún caso hubo respuesta.

Las pruebas

Los periodistas y defensores de derechos humanos espiados durante el sexenio pasado interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2017, y aunque la investigación prácticamente no avanzó durante dos años, Artículo 19 presentó en 2019 una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que dio pie a nuevas diligencias.

Entre ellas, el cateo a KBH Tracken, la empresa que encabeza la red de compañías que vendieron el software Pegasus a instancias del gobierno mexicano. Ahí se localizaron computadoras, dispositivos y documentación con logos de la Sedena, como se aprecia en el registro fotográfico del cateo.

Entre la documentación estaba la carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018. En ella, informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año. Ya lo sería Comercializadora Antsua.

En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría realizar la compra con dicha empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

La información de ambos documentos fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que la entregaron para esta investigación a condición de reservar sus nombres.

Ahora también se sabe que la Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.

El oficio —clasificado como “secreto”— se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en esta investigación.

La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, pues estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, SA, otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretar la contratación.

Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 6 de noviembre de 2019 que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje: “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”.

En reiteradas ocasiones también ha declarado que ya no había espionaje: “En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”.

La Sedena mantuvo oculto este contrato pese a peticiones por distintos medios.

Los periodistas participantes en esta investigación solicitaron vía transparencia los contratos que hubiesen hecho con Comercializadora Antsua la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Federal y la PGR (hoy FGR), pero en todos los casos respondieron que no habían realizado ninguno.

Incluso, la Sedena también negó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como da cuenta un correo enviado por la institución —localizado también en la información del grupo Guacamaya—, en la que reitera la solicitud para que la dependencia le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020, y que le había hecho previamente como parte del proceso de auditoría aplicada a la secretaría.

“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal de la se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.

El caso Animal Político

El periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad, realizaba una investigación periodística sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares en una zona conflictiva del país en 2021, cuando su teléfono fue infectado.

Daniel Moreno, director de Animal Político, advierte que, con la infección en el teléfono de uno de sus periodistas, quien realizó el espionaje tuvo acceso no solo a esa información, sino a todo el medio, porque durante la pandemia la comunicación entre todo el equipo se concentró a través del teléfono. Además, en las reuniones entre periodistas todos hablan de los reportajes que estén trabajando: “Esto hace que espiar un solo teléfono vulnere a toda la redacción”.

“Primero: no hay ninguna razón legal para que este periodista hubiera sido espiado. Segundo: el trabajo periodístico implica establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. Y además, siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, de limitar derecho a la información y libertad de prensa por los riesgos que conlleva investigar. Se trata de un atentado a muchas cosas”.

El espionaje es aún más preocupante en un país considerado mortífero para la prensa, pues, solo en los primeros ocho meses de este año, 15 periodistas han sido asesinados, y que suman a los 150 contabilizados desde el 2000. También se tiene evidencia de que Cecilio Pineda, reportero de Guerrero asesinado en 2017, había sido espiado con Pegasus.

Por eso, Moreno insiste: “Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores (…) Los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Porque al atentar contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, no se afecta al periodista y al medio, nos afecta a todos”.

Tras la denuncia penal que interpondrán las víctimas, la FGR tiene de nuevo en su responsabilidad encontrar a los responsables. “Ellos son quienes nos deben de decir quién fue. Lo que al menos tenemos que exigir es que la investigación se concluya y nos digan quién espió, qué dependencia lo hizo, bajo qué criterio, cuánto costó, por qué lo hizo de manera ilegal, a quiénes más está espiando”, asegura Moreno.

Culpan al Ejército

Raymundo Ramos ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años y víctima de espionaje desde el sexenio pasado. De acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.

Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.

El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En esas fechas, también realizaba actividades relacionadas con otros casos de violaciones a derechos humanos ocurridas previamente: la desaparición de 47 personasdurante un operativo especial realizado entre enero y junio de 2018 por parte de la Marina y la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el grupo de inteligencia y el Ejército, en 2019.

Por eso, dice, “no me queda ninguna duda de que no solamente la inteligencia militar y la inteligencia naval están atentas a mi trabajo y a la defensa que hacemos de las víctimas”. Incluso, también ha sido víctima de campañas de desprestigio en publicaciones que lo acusan de vínculos con grupos criminales.

Si bien ha “aprendido” a vivir con los riesgos, en este momento dice tener elementos para sospechar de la existencia de una relación entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, que podrían aprovechar para hacerle daño. “Puedo ser víctima de un atentado por parte del crimen organizado, pero actuando bajo órdenes del Ejército o la Marina para ellos quedar libres de toda sospecha”.

Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.

El periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab. Sus columnas publicadas en 2020 incluyeron la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.

La fecha de infección del 7 de noviembre de 2019 coincide casi exactamente con el inicio de la ronda de entrevistas por su libro Hijo de la guerra, en el que aborda el origen de Los Zetas, un grupo conformado por desertores del Ejército y que nació prácticamente como fuerza paramilitar. Ahí incluye la entrevista que hizo a Galdino Mellado Cruz, quien se presenta como uno de los fundadores de la organización.

“El libro es una crítica a las decisiones que se han tomado a posterior, donde el Ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio Ejército echó a andar”, explica el escritor.

Por eso, “sí alcanzo a entender por qué se me habría espiado con este malware. Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene en su poder Pegasus es el Ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares (…) Ubico y señalo directamente como responsables de este espionaje a esas autoridades y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que no se le ha informado de que nos están espiando”.

Poco después de esa infección, su hijo menor de edad recibió un mensaje en teléfono preguntando por su padre y por su abuelo. Luego se publicó en Twitter un audio manipulado derivado de una llamada telefónica que había tenido con Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la que hablaron de los casos de Israel Vallarta Cisneros y de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Dicho audio fue utilizado por Isabel Miranda de Wallace para demandar a Ricardo Raphael, acusándolo de pertenecer a una organización criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Esto, dice Raphael, demuestra que Miranda de Wallace “utilizó contactos dentro del Ejército, le facilitaron esta grabación (…) Y si se la entregan a esta señora, ¿a quién más no se lo habrán entregado? ¿En manos de quién más estarán mis cuentas bancarias, mis operaciones, mis hábitos de consumo, los datos de mis redes familiares y amistosas, los datos de mis fuentes? ¿Quiénes son los verdaderos clientes de la agenda militar que ordenó estas intercepciones y luego las repartió?”.

Con todas estas pruebas, Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.

En casos previos se ha confirmado que la Sedena es una de las instituciones que han utilizado Pegasus.

Apenas este 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que la Sedena operaba el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería —pese a que la institución había negado su existencia— y donde utilizaba el software Pegasus para seguimiento e interceptación telefónica.

Mientras tanto, la investigación periodística Pegasus Proyect documentó que gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En México, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) y la extinta Agencia de Investigación Criminal usaron el software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre 2016 y 2017—, y las primeras dos lo hicieron sin orden judicial de por medio.

En dicha investigación se hizo el análisis de miles de datos de potenciales víctimas a espiar en cada país. En el caso de México, estaban personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres, y el entonces fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz.

También estaban opositores como Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche y ahora dirigente del PRI, cuyas conversaciones presuntamente obtenidas por espionaje han sido publicadas por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena. Igualmente, otros gobernadores de aquel momento, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad, de Hidalgo, entre otros.

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

No fue una detención, fue una entrega voluntaria la de general José Rodríguez Pérez

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Ayotzinapa

 

El representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, informó que no fue una detención la del general José Rodríguez Pérez, como lo informó está mañana el subsecretario de Seguridad, si no una entrega voluntaria.

Durante el foro La Opacidad de las fuerzas armadas, realizada en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Rosales Sierra informó sobre la detención de Rodríguez Pérez la noche de ayer.

“Lo que sabemos es que fue una entrega voluntaria la de José Rodríguez a un juez de control y hasta el momento no tenemos más información”, mencionó Rosales Sierra.

Durante la conferencia presidencial de esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja informó sobre la detención del general José Rodríguez Pérez por sus implicaciones en el caso Ayotzinapa, que de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad fue el responsable se asesinar a seis estudiantes normalistas y de limpiar las escenas del crimen en la ciudad de Iguala.

Sobre la exoneración de ex alcalde de Iguala José Luis Abarca por un juez federal de Tamaulipas el representante legal de las madres y los padres de los 43 dijo que fue exonerado por fallas en el proceso judicial.

“La exoneració de José Luis Abarca se debe a que su caso estuvo sustentado en la llamada verdad histórica, y fue culpado con declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Rosales Sierra dijo que en la acusación de secuestro hay dos errores; el primero porque las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita y la segunda porque para ser considerado secuestro tiene que haber una petición de rescate, lo cual no hubo.

Además de Abarca Velázquez hay otras 19 personas exoneradas del caso Ayotzinapa, entre los que están el ex comandante de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores junto con otro 17 policías municipales.

“Nosotros desde aquí seguiremos exigiendo justicia, castigo a todos los culpables y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos”, dijo Rosales Sierra.

Durante el foro, que fue organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Normal Rural de Ayotzinapa, hablaron sobre el peligro de la militarización en México.

Y pusieron de ejemplo los elementos militares que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

El foro de hoy es parte de la jornada de lucha rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalistas de Ayotzinapa incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial y Tlachinollan 

14 de septiembre del 2022

Iguala

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Iguala, después de un acto político donde estuvieron madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En el mitin, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal investigar al Ejército por sus implicaciones en la desaparición de sus hijos y dijeron que ni el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ni la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam detendrá la exigencia de aparición con vida de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

“piensan que con la detención de Murillo Karam estaremos ya en nuestras casas pero no, hasta no tener una justicia verdadera no nos vamos a detener”, dijo Joaquina García, madre del normalista desaparecido Martín Getzemany Sánchez García.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante la protesta de hoy afuera del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, Guerrero. Fotografía: Tlachinollan

Después del breve acto político afuera del 27 Batallón de Infantería, los estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a lanzar piedras y petardos al interior del Batallón, posteriormente colocaron varios colchones rociados de gasolina en la fachada principal, a los que le prendieron fuego.

El acceso principal al Batallón estaba cercado con vallas y alambre de púas, además del paso vehicular bloqueado por una coladera sin tapa.

Los obstáculos no fueron impedimento para los normalistas, quienes lograron derribar el cerco y estamparon un camión repartidor de embutidos con el que lograron abrir la puerta principal del Batallón, posteriormente, el camión fue incendiado y permaneció en llamas un par de minutos.

El asesor legal de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que de acuerdo con el reciente informe presentado por la Comisión de la Verdad el Ejército fue un de los que participó en la desaparición de los jóvenes normalistas.

“En el informe señalaron a un coronel de este 27 Batallón de ordenar el asesinato de tres estudiantes, además de que otros 25 fueron ingresados a estas instalaciones antes de desaparecer”, mencionó Rosales Sierra.

Después de incendiar la entrada y la fachada principal, los normalistas se retiraron del lugar.

Esta serie de movilizaciones que madres y padres de los 43 realizan, junto con estudiantes normalistas de todo el país y organizaciones sociales, son en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014, por integrantes del Ejército, policía federal y policías municipales que operaron coludidos con Guerreros Unidos, el grupo criminal que opera en la región en colusión con grupos económicos y políticos.

Clemente Rodríguez, padre Christian Alfonso Rodríguez Telumbre uno de los 43 normalistas desaparecidos, lanza piedras a la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Fotografía: Especial
Normalistas de Ayotzinapa en la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante un protesta para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos. Fotografía: Especial

Aguas Blancas: 27 años de la masacre y ninguno de los responsables está detenido

Texto: Amílcar Juárez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

La mañana del 28 de junio de 1995 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizaron para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien desapareció un mes antes, el 24 de mayo, durante una operación policiaco-militar en la región de la Costa Grande y la Sierra de Guerrero.

El 3 de mayo de ese año, en la comunidad de Tepetixtla, Romero Vázquez leyó las demandas de la OCSS durante una visita del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El reclamo molestó al priista y focalizó la represión.

Esa mañana tenían planeado protestar en Coyuca de Benítez y Atoyac, pero en un retén policías en El Vado de Aguas Blancas detuvieron a las camionetas en las que se transportaban los campesinos.

Los policías ordenaron a los campesinos de la primera camioneta que bajaran, luego a golpes los obligaron a tirarse al piso boca abajo con las manos en la nuca sin darles explicación.

El retén estaba integrado por policías judiciales y policías motorizados estatales.

Cuando llegó la segunda camioneta se repitió la operación: a punta de golpes bajaron a los campesinos, todavía no terminaban de descender cuando comenzó la masacre: 17 campesinos asesinados y 24 más heridos.

Mientras ocurría la masacre, sobrevolaba en un helicóptero el general Mario Arturo Acosta Chaparro, recuerda la defensora de derechos humanos e integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino.

A 27 años, los integrantes de la OCSS sostienen que la emboscada fue planeada y los tiradores perpetrados en la maleza.

En ese tiempo, Figueroa Alcocer tenía de asesor al general Francisco Quirós Hermosillo.

Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron los encargados de “combatir” la guerrilla de Lucio Cabañas y diferentes grupos insurgentes en el estado bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia en los años 70 y 80, de la cual dejaron en Guerrero un sin número de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

Testigos los señalan como iniciadores y perpetradores de los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la Base Área de Pie de la Cuesta de Acapulco en el mandato de gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer.

“En la masacre participaron todos los secretarios de estado en Guerrero, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de Gobernación, el de Finanzas, todos jugaron un papel para acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de la OCSS”, recuerda Mesino Mesino.

El origen

La OCSS se constituyó el 14 de enero de 1994 en la comunidad serrana de Tepetixtla.

Desde su formación, las autoridades buscaron desprestigiar y criminalizarla; se formó por demandas de los pueblos, por las violaciones graves a los derechos humanos pues después del año de los 60 quedaron muchas familias agraviadas, comunidades enteras sitiadas, dice Mesino.

La mayoría de campesinos que conforman la OCSS son sobrinos, hijos, nietos, esposas, hijas, nietas de víctimas de la llamada Guerra sucia que golpeó todo el país pero en particular a la Costa Grande y Sierra de Guerrero. Es por eso que desde su conformación la principal demanda fue la presentación con vida de cientos de desaparecidos políticos. Esta exigencia fue la principal molestia de Figueroa Alcocer.

El priista previo a la masacre trató de cooptar a la OCSS mediante cumplimientos de demandas económicas y a sus dirigentes entre ellos Benigno Guzmán, Hilario Mesino, Marína Sánchez Flores.

“A sus desaparecidos ya se los llevo…”, recuerda Mesino que les decía el ex gobernador.

La consigna por Figueroa Alcocer fue la cooptación, pero para los que no aceptaban  les esperaba la represión y la cárcel, situación que tomó forma el 28 de junio de 1995 con la masacre Aguas Blancas. Luego vino más  persecución, criminalización, encarcelamiento y asesinato.

Otra maniobra de Figueroa Alcocer fue tratar de dividir a través de Bertoldo Guzmán hermano de Benigno (uno de los dirigentes de la OCSS), quien formó una organización paralela provista con todos los recursos.

—¿Dentro de los asesinados murieron dirigentes de la OCSS?

—Sí, había compañeros representantes de comunidades, porque la organización tiene su estructura de representantes colectivos, pero también tiene representantes regionales y comunales, varios de los compañeros asesinados eran representantes comunales.

Represión selectiva tras la masacre

“Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa Alcocer como es sabido por todos, mandó a traer y cooptar a las viudas, quiso dividir así a la organización para frenar la protesta de justicia”, dice Mesino.

Héctor Vicario Castrejón, uno de los alumnos de Figueroa Alcocer, ofreció dinero a Benigno Guzmán e Hilario Mesino: 300,000 pesos y llevarlos a Cuba a cambio de que abandonaran la lucha. Ambos se negaron. El resultado: fueron perseguidos, detenidos y la organización criminalizada.

Fueron acusados de motín, sabotaje y recluidos en cárceles de máxima seguridad como Puente Grande, Jalisco.

La estrategia focalizada contra las bases de la OCSS no paró ahí.

“Muchos de los sobrevivientes como Gerónimo Hernández Refugio, Gilberto Ramírez Bahena, Antonio Barragán están detenidos, el compañero Eugenio Aguirre Bahena fue asesinado, otros compañeros fueron desplazados, otros compañeros como Celio Vázquez también fue asesinado”, precisa Mesino.

Agrega: “Todos ellos tenían un cargo dentro de la organización y el estado se encargó de infiltrar, investigar toda la estructura de la organización por eso los ataques iban bien dirigidos a las estructuras de la OCCS”.

La justicia no llega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe declaró que se violaron gravemente los derechos humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó directamente a Figueroa Alcocer.

Pero la masacre de Aguas Blancas no entró en los acuerdos que firmó el gobierno de la República en el marco internacional porque fueron posterior a 1998 y tampoco entró en la nueva Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990”.

La masacre de Aguas Blancas quedó en el limbo.

A pesar de que se consumaron violaciones graves a los derechos humanos ninguna instancia internacional ha atraído el caso y el gobierno mexicano no ha acatado las recomendaciones.

“La nueva estrategia de visualizar la lucha y conseguir justicia nos ha llevado a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de mi padre Hilario Mesino Acosta y Marina Sánchez Flores, aun no ha sido atraído por dicha comisión, Aguas Blancas es una deuda histórica”, dice Mesino.

 Gerónimo Hernández Refugio

Gerónimo Hernández es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Está sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro por un falso testimonio. En diciembre cumple los 20 años, hace unas semanas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas, sin aviso a su defensa ni a su familia.

Hegel Mariano, abogado de Gerónimo Hernández, interpuso un amparo por las violaciones a sus derechos humanos y su debido proceso; se ganó y se logró su regreso al Cereso de Chilpancingo.

Mesino responsabilizó a las autoridades penitenciarias de la integridad física de Gerónimo Hernández pues dentro de los reclusorios exigen cuotas económicas por seguridad.

El domingo 26 de junio, la OCSS instaló en Acapulco un plantón para exigir de una mesa de trabajo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para revisar los casos jurídicos de integrantes que se encuentran recluidos.

“Nos vimos en la necesidad y deber de manifestarnos porque pareciera que tenemos gobiernos con oídos sordos, porque se publica que somos el santuario de los derechos humanos  pero es mentira tuvimos que hacer la manifestación para decirle a la gobernadora que intervenga y se hagan mesas de trabajo para revisar el caso de cada uno de los presos”, denuncia Mesino.

 

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Padres y madres de los 43 realizan mitin en instalaciones del Ejército en Iguala para exigir castigo a militares

Fuera del batallón de infantería las madres y padres de los 43 reprocharon que a ocho años y ocho meses no hay mandos militares, sancionados, detenidos, procesados ni juzgados por su implicación en el caso Ayotzinapa.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

10 de junio de 2022

En un mitin afuera de las instalaciones militares de Iguala, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 exigieron al Ejército abrir los archivos del caso y reconocer sus implicaciones en estos hechos.

Al concluir el acto en el Campo Militar 35-C, antes 27 Batallón de Infantería, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa lanzaron piedras y petardos contra las instalaciones del Ejército.

Un petardo cayó adentro del cajero Banjército provocando una explosión. Durante el ataque a las instalaciones militares no hubo personas lesionadas.

Fuera del batallón de infantería las madres y padres de los 43 reprocharon que a ocho años y ocho meses no hay mandos militares, sancionados, detenidos, procesados ni juzgados por su implicación en el caso Ayotzinapa.

“Los culpables del caso andan libres mientras nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, eso no es justo, por eso exigimos a los militares reconocer sus implicaciones para saber dónde están nuestros hijos”, mencionó María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Durante el mitin las puertas del 27 batallón se mantuvieron cerradas y no hubo presencia de algún mando militar.

“Se encierran como cobardes, pero aquí estaremos diciéndole sus cosas, ustedes son valientes de a montón y con sus armas”, dijo María Martínez.

Las madres y los padres de los 43 lamentaron que a pesar de estar probada la participación del Ejército por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno de la República mantiene firme su postura de defenderlos.

“Aquí los únicos que hacen su trabajo son los del grupo de expertos independientes, porque de ahí en fuera nadie hace nada”, mencionó otro padre de los 43.

También denunciaron que desde que se presentó el Tercer Informe del GIEI, el pasado 28 de marzo, buscan una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero hasta la fecha no obtienen una respuesta de que los va atender.

El contingente llegó a la ciudad de Iguala a las 10 de la mañana al Palacio de Justicia, donde se tenía agendado un mitin donde iban a exigir a las autoridades judiciales entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble.

Las madres y padres de los 43 piden que les muestren las grabaciones de la noche del 26 de septiembre de 2014, pues justo frente a sus instalaciones fue interceptado un autobús con por lo menos 17 estudiantes de los 43 que están desaparecidos.

En este punto, dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) este grupo de normalistas fueron bajados con violencia del autobús por elementos de la policía estatal y de otros individuos armados.

Dicha versión también forma parte del expediente del caso en base a una declaración de un testigo protegido.

Los manifestantes cancelaron el mitin afuera del Palacio de Justicia y se trasladaron a las instalaciones del Campo Militar 35-C, ubicado en la avenida Periférico Oriente de la ciudad de Iguala.

Ya en la zona militar y mientras se realizó el acto político los estudiantes de Ayotzinapa realizaron pintas en la fachada del Batallón.

“Fue el estado”, “Nos faltan 43”, “Fue el ejército mexicano”, se leía en algunas pintas.

Al termino del mitin y mientras los manifestantes entonaban el Himno Venceremos, un contingente de estudiantes comenzó a lazar petarnos y piedras dentro de la zona militar.

 También destruyeron el letrero de concreto donde se leía “27 Batallón de Infantería”.

La movilización fue parte de la Jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida, que el día de hoy va en el quinto día. Comenzó el pasado lunes 6 de junio y concluirá el 16 de junio donde se realizan actividades en Guerrero y en la Ciudad de México, la Jornada terminará con una marcha en la Ciudad de México.

La Jornada de lucha tiene como objetivo hacer visible le implicación del Ejercito Mexicano y la Marina la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala a una actividad de boteo y posesión de autobuses con la finalidad de poder asistir a la marcha en conmemoración del 2 de octubre.

Dichas actividades son comunes por parte de los alumnos en la entidad, pero la respuesta de las autoridades la noche del 26 de septiembre no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.

En aquellos hechos la Policía Municipal con ayuda de civiles armados detuvieron a 43 estudiantes que después fueron desaparecidos sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

Durante la Jornada de Lucha las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos reprocharon al presidente López Obrador su inacción por detener a mandos militares implicados en el caso y que a tres años y seis meses del gobierno autollamado de la cuarta transformación, la promesa del presidente de impartir justicia no se ha cumplido.

El día lunes seis de junio las madres y padres de los 43 comenzaron marchando en las calles de Chilpancingo, al día siguiente se trasladaron al puerto de Acapulco donde se confrontaron a empujones con elementos de la Marina al intentar acceder a la Octava Región Naval para pedir acceso a los archivos y expedientes del caso.

Pobladores de Petaquillas apedrean a militares, Guardia Nacional y Policía Estatal después de retenerlos 9 horas

En las cinco patrullas iban también el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y el delegado de gobierno en la región Centro, Raúl Suárez Martínez.


Texto y fotografía: Amapola Periodismo

Chilpancingo

 

Habitantes de Petaquillas que mantuvieron retenidos nueve horas en un cerro a 30 efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal los apedrearon cuando salían de esta comunidad en convoy la noche de ayer martes

«¡Fuera!», «¡Fuera!», «¡Fuera!», «¡El pueblo unido jámas será vencido!», gritaron unos 50 pobladores que condujeron a las cinco patrullas de elementos de seguridad federal y estatal hacia la salida del pueblo.

En las cinco patrullas iban también el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y el delegado de gobierno en la región Centro, Raúl Suárez Martínez.

Posteriormente el grupo de pobladores, transportistas y autodefensas que estaban sin armas recogieron piedras del suelo y las lanzaron contra las patrullas y camiones de los policías antimotines estatales.

Un grupo de 35 periodistas que estaban ahí realizando su trabajo informativo quedaron atrapados entre militares, agentes de seguridad y pobladores.

«¡Váyanse de aquí cabrones!»,  le gritaba la gente a las fuerzas de seguridad.

Dos camiones con elementos de la Guardia Nacional de la sección de antimotines que se quedaron rezagados fueron apedreados por los manifestantes. Ningún agente resultó herido.

A las 9:15 de la noche, el convoy logró salir de la comunidad y tomaron con rumbo a Chilpancingo por la carretera federal.

Durante la tarde se tensó la situación porque ya había la orden de que los policías estatales y la Guardia Nacional de antimotines entraran al pueblo para rescatar a los retenidos.

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizó varios sobrevuelos en la zona donde un grupo de 150 pobladores tenían a los retenidos.

Pero dos horas después el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, envió un mensaje en WhatsApp a varios reporteros informando que ya había acuerdos con el comisario del pueblo.

Una hora después los militares, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron liberados al firmar una minuta de acuerdos con el director de Gobernación estatal, Francisco Cisneros y el delegado de la región Centro, Raúl Suárez, quienes firmaron una minuta de acuerdos con el comisario municipal del pueblo, Efrén Moreno Carrera.

Uno de los acuerdos fue que el coronel del Ejército, Rodrigo Medina Maganda, no entraría a la comunidad de Petaquillas y se coordinaría con la Comisaría Municipal del pueblo.

El mando militar dejará libre la circulación el corredor Petaquillas-Quechultenango, dice el documento.

Otro de los acuerdos es de que cuando el coronel acuda a esta zona acepte la revisión de representantes del pueblo a sus unidades para verificar que no lleven ninguna arma decomisada a  esta población.

Los funcionarios estatales que estuvieron en la reunión se comprometieron a gestionar que haya medidas de seguridad al transporte público del tramo Chilpancingo-Petaquillas.

Una de las peticiones de los pobladores es que fuera reinstalado el retén de los supuestos autodefensas del pueblo en las cercanías de Chilpancingo, pero fue rechazada por las autoridades estatales.

Esta última demanda fue lo que motivó a los habitantes retener a las fuerzas de seguridad en un camino estrecho que conduce al panteón en la colonia Zocomulco, en el cerro de San José.

El comisario municipal de Petaquillas, Efrén Moreno, declaró que debido a los últimos hechos de violencia que han ocurrido en su comunidad contra transportistas exigen la reinstalación del retén de revisión de los autodefensas.

Durante la noche de lunes y madrugada del martes recientes, hombres armados incendiaron cinco vehículos de transporte público, tres en distintos puntos de Chilpancingo y dos en las cercanías de Petaquillas.

Además, el dueño de un taller de reciclaje fue asesinado a balazos cuando estaba en su negocio ubicado cerca de esta comunidad.

En el ataque una mujer y un hombre fueron heridos de bala.

Los pobladores y las autodefensas aparte de que retuvieron nueve horas a los militares, a elementos de la Guardia Nacional y a policías estatales cerraron el acceso principal de esta comunidad que es la entrada hacia Quechultenango, donde tienen su centro de operaciones un grupo delictivo.

Los pobladores obligaron a los transportistas suspender el servicio público.

De esa manera la gente que trabaja o estudia en Chilpancingo tuvieron que caminar hasta 10 kilómetros para llegar a su destino.

Incendian taxi en colonia de Chilpancingo

La noche de ayer martes, hombres armados bajaron por la fuerza a un trabajador del volante, luego rociaron de gasolina al taxi y le prendieron fuego, en la colonia Rubén Mora, una colonia ubicada al poniente de Chilpancingo.

En la colonia 14 de febrero, ubicada en esa misma zona de la Rubén Mora, hombres armados arrojaron una bomba molotov contra un taxi, pero no le causó daños a la unidad y el taxista resultó ileso.

 

Es falso que la mayoría de las quejas contra la Sedena sea por detención arbitraria

Contrario a lo que dijo el secretario de la Defensa, solo el 14% de las quejas ante la CNDH contra la Sedena es por detenciones arbitrarias. Tampoco existen datos para asegurar que esas quejas sean una vía sistemática para evadir la justicia.


Texto: Samedi Aguirre / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez 

24 de mayo de 2022

Chilpancingo 

 

Según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “la mayoría” de las quejas contra la Sedena que se presentan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es por detención arbitraria y se emplea como un mecanismo para “evadir la justicia”.

Aunque es verdad que la Sedena ha recibido decenas de quejas por detención arbitraria desde 2019 a la fecha, estas solo representan el 14% de todas las quejas reportadas durante la actual administración, de acuerdo con cifras de la CNDH.

Además, especialistas señalan que levantar una queja ante la CNDH no evita una detención y que no hay evidencia de un uso reiterado de los detenidos para poder quedar libres.

“No hay absolutamente ningún indicador que nos esté diciendo que esto sea de manera sistemática, donde se diga que es una estrategia por parte de las personas detenidas para evadir la justicia”, dijo Itzel Coca, integrante del área de investigación en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Coca explicó a Animal Político que, aunque existe una disminución en las cifras oficiales de quejas contra la Sedena por violación a los derechos humanos, no se puede asegurar que verdaderamente sea consecuencia de mejores prácticas por parte de los militares, pues esto también podría ser reflejo de la “inactividad” en dicha comisión durante la actual administración.

Las quejas no solo son por detención arbitraria 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de 2019 a la fecha se han registrado mil 374 quejas contra la Sedena, 156 quejas más de las reportadas por Sandoval este lunes. De ellas, solo el 14% fue interpuesto por detención arbitraria.

Animal Político consultó a la Sedena sobre el tema. Su área de prensa respondió que la cifra que dio el general también tiene como fuente la CNDH y, según la dependencia, son las quejas oficialmente notificadas por la comisión con corte al 16 de mayo. El área de prensa también señaló que la diferencia de cantidades “podría ser” porque la CNDH esté reportando quejas por posibles detenciones arbitrarias en las que no solo haya participado la secretaría.

“La variación entre la CNDH y la SDN podría ser debido a que se tiene conocimiento que la CNDH registra y cuantifica también las solicitudes de información en colaboración, en donde no se señala de manera directa como autoridad responsable a la SDN”, argumentó.

Existen muchas causas por las que las personas pueden interponer una queja ante la CNDH por actos de las Fuerzas Armadas que violan los derechos humanos, tales como incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo, intimidación, omitir información, entre otras.

Pero según el Sistema de Alerta, los hechos violatorios de mayor impacto son: privar de la vida, desaparición forzada o involuntaria de personas, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, detención arbitraria y negligencia médica.

En una revisión al Sistema Nacional de Alerta, encontramos que de 2019 a la fecha se han levantado contra la Sedena 196 quejas por detención arbitraria, 27 por privar de la vida, 19 por desaparición, 45 por tortura, 160 por trato cruel y 39 por negligencia médica. Las otras 888 fueron por otras causas como omitir fundar el acto de autoridad o emplear arbitrariamente la fuerza pública.

Las quejas no evitan la detención 

De acuerdo con el Raúl Cruz, abogado postulante, una queja es un medio alterno de justicia que no tiene un peso obligatorio pues no cuenta con carácter coercitivo. Se puede interponer por los agraviados directamente o por los familiares.

Además, el abogado señaló que una detención arbitraria no siempre va a resolverse a favor de quien interpone la queja.

Itzel Coca, de la CMDPDH, explicó que, aunque hay cierta apertura de las comisiones de Derechos Humanos a recibir quejas por detención arbitraria, no es algo que por lo general suceda.

“Entonces, no hay una relación en realidad en la que podemos decir que las personas presentan quejas por detención arbitraria en casos de que quieren evadir la justicia, sino todo lo contrario. Estas quejas están muchas veces relacionadas con un conjunto sistemático de violaciones a derechos humanos sobre todo cuando estas quejas son contra Fuerzas Armadas”, dijo.

De acuerdo con la especialista, la mayoría de las veces cuando ocurre una detención arbitraria no es la única violación a derechos humanos que ocurre, porque la detención arbitraria por lo general abre paso a una cadena de diferentes violaciones a derechos humanos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o fabricación de culpables.

Coca señaló que es un problema bastante grave, porque “además sabemos que alrededor del 27% de los hombres y el 46% de las mujeres que se encuentran en cárcel no reciben una sentencia y, entonces, esto nos habla de que una detención arbitraria puede derivar en una injusticia bastante grande para las personas”.

Cruz aseguró que ninguna de las quejas interpuestas es “inventada”, pues México es parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; entonces, si luego de una queja la Comisión Interamericana emite una recomendación, el Estado mexicano está obligado a cumplirla.

Falta de actividad y discriminación

“Hay bastante opacidad por parte de las autoridades, en especial por parte de las Fuerzas Armadas”, señaló Coca, quien dijo que esto impide que realmente exista un análisis adecuado de la manera en la que se están comportando estas instituciones.

“Es importante decir que actualmente la CNDH también ha tenido un papel bastante menos activo con respecto a lo que venía haciendo las administraciones anteriores; entonces, el hecho de que registra menos quejas y sobre todo menos recomendaciones no nos hablaría de que haya una disminución en este tipo de violaciones a derechos humanos”, subrayó.

La especialista señaló que, de acuerdo con un análisis que está realizando la CMDPDH, se ha detectado que “los mismos patrones que vienen realizando las Fuerzas Armadas en las administraciones previas pues seguimos viéndolos actualmente”.

Agregó que la detención arbitraria también es síntoma de la criminalización hacia ciertos perfiles de la población, pues se asocia a una discriminación a ciertos sectores sociales e incluso a ciertas características físicas.

“Entonces, seguimos viendo que es una criminalización por parte de las instituciones a los sectores de la población”, sostuvo.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

Fumigaciones de Ejército afecta sembradíos de amapola y medio ambiente, denuncian campesinos de la Sierra

Texto: ​Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

4 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Campesinos de pueblos de la Sierra denunciaron que las fumigaciones a base de productos químicos que realiza el Ejército Mexicano contra sus sembradíos de amapola no sola afecta la producción de esta flor que produce el opio sino también a sus parcelas de maíz y calabaza.

Los labriegos de comunidades del municipio de Heliodoro Castillo que han reconocido dedicarse a esta actividad ilícita porque el gobierno no les da otra opción al dejarlos en el olvido social, dijeron que las fumigaciones no solo contaminan los ríos sino que también han modificado los ecosistemas y con ello la biodiversidad de esa zona de la Sierra.

«Los polinizadores como son las abejas ya desaparecieron en varios puntos de la Sierra y ahora ya no se escucha el trinar de las aves y los pinos se están secando», señaló un campesino amapolero.

En la falda de un cerro de una comunidad de la Sierra se observó un sembradío fumigado por el Ejército.

Las bolas de la amapola se veían secas.

Desde el 2016, los campesinos que se dedican a la siembra de la amapola se han pronunciado porque se legisle para la legalización de esta droga para uso medicinal.

A la llegada al poder presidencial del morenista Andrés Manuel López Obrador, los labriegos amapoleros de distintas comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan han retenido a elementos del Ejército Mexicano en protesta por la fumigación de sus plantíos.

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A cubetazos combate Ejército incendio en Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

1 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Con cubeta de agua en mano, elementos del Ejército Mexicano participaron en la sofocación de un incendio forestal que se registró en un cerro ubicado arriba del Fraccionamiento Villas del Parador, ubicado al sur de Chilpancingo.

Alrededor de las 14 horas con 30 minutos de este viernes se recibió el reporte de que en las cercanías de este asentamiento se registraba un incendio.

Al sitio llegó personal de Protección Civil estatal y municipal para tratar de sofocar el siniestro ya que las llamas estaban a varios metros de las viviendas.

Posteriormente arribaron elementos del Ejército Mexicano en dos camionetas.

Luego con cubetas que consiguieron que se las prestaran los vecinos del Fraccionamiento empezaron acarrearlas con agua para sofocar el fuego.

Luego de más de dos horas de combate en el que también participaron los vecinos de esa colonia, fue sofocado el incendio.

El pasado miércoles en Atoyac de Álvarez ante la falta de personal de Protección Civil, Bomberos y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) vecinos de varias colonias participaron en la sofocación de un incendio que ya llevaba más de 24 horas en activo.

Según la Secretaría de Protección Civil estatal hasta este jueves en Guerrero había 17 incendios forestales activos en igual número de municipios de Guerrero.

En la sofocación de los siniestros participan elementos del Ejército Mexicano, Bomberos, Protección Civil, Brigadas rurales, voluntarios y de la Comisión Nacional Forestal.

Los incendios que estaban en activo están ubicados en los municipios de Cochoapa el Grande, Chilpancingo, Zirándaro, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Huitzuco de los Figueroa, Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Benítez, Tepecuacuilco, Coyuca de Catalán, Copanatoyac, Tlapa, Juan R. Escudero, Atlixtac y Alpoyeca en donde hay dos siniestros.

Son más de mil 200 hectáreas afectadas por los incendios forestales, informó Protección Civil.

Desde hace cuatro días un incendio ubicado en un cerro llamado Cerro Gordo, en Iguala no ha podido ser controlado.

Según los reportes ya van más de 40 hectáreas de vegetación diversa que han sido afectadas.

 

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Llegan 150 militares a Guerrero para retirar las protestas sociales en vías federales

Los soldados llegaron a bordo de 20 camionetas del Ejército y tres patrullas de la Guardia Nacional (GN) a las instalaciones de la 35 Zona Militar ubicadas en la colonia Progreso de esta capital del estado


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

17 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

A tres días de que los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) bloquearon casi once horas la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco para exigir al gobierno solución a sus demandas de carácter educativo y laboral, este jueves arribaron 150 elementos del Ejército Mexicano que se encargarán de retirar estas protestas en las vías federales.

Los soldados llegaron a bordo de 20 camionetas del Ejército y tres patrullas de la Guardia Nacional (GN) a las instalaciones de la 35 Zona Militar ubicadas en la colonia Progreso de esta capital del estado.

En un comunicado que entregaron a los reporteros, se señala que aproximadamente 150 elementos que integran la Fuerza de Tarea de la IX  Región Militar (con sede en Acapulco) realizarán recorridos y vigilancia en las diferentes colonias del municipio de Chilpancingo.

«Patrullamientos en las vías de comunicación a fin de garantizar el libre tránsito en las carreteras que llegan a esta ciudad capital y que comunican hacia los diferentes destinos turísticos y de recreación con motivo del puente vacacional del 21 de marzo», dice el boletín.

En estas tareas de seguridad participarán elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Las tareas de seguridad también incluyen recorridos a pie (de las fuerzas federales y estatales) en las zonas comerciales y de servicios de esta capital del estado.
En el comunicado, la 35 Zona Militar, señala que lo anterior (los patrullajes) tienen como finalidad reforzar la seguridad para evitar que se cometan ilícitos y cualquier necesidad de la sociedad.

Los mandos militares se reservaron a dar declaraciones, según ellos, por la veda electoral por la revocación de mandato, que se realizará el próximo 10 de abril.

Trascendió que las fuerzas militares llegaron para reforzar el operativo Caseta segura, donde en conjunto con la Guardia Nacional y Policía Estatal resguardan las casetas de peaje de la Autopista del Sol.

El objetivo del operativo es que las casetas no sean tomadas por diferentes sectores de la población como una medida de protesta para exigir solución a sus demandas.

Desde el pasado 23 de febrero ya es considerado delito federal tomar casetas de cobro, cuya sanción puede ir desde 15 días hasta siete años de cárcel, de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación.

 

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Acapulco: dos décadas de violencia continua, aumentan extorsiones en febrero

Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco, 28 empresarios en este puerto en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Javier Verdín / CROMÁTICA La imagen relatora de la realidad 

8 de marzo del 2022

Acapulco

 

En un video sin audio que dura 32 segundos se observa como tres individuos que portan armas cortas asesinan a balazos al panista y ex comandante de la policía ministerial estatal, Juan Carlos Brito Morán cuando ingresa a un gimnasio ubicado en la Costera Miguel Alemán, en la zona dorada de Acapulco.

El asesinato ocurrió a las 6 con 40 minutos de la mañana del lunes 28 de febrero. Ese día, el último del mes, se registraron otros cinco homicidios en distintos puntos de este puerto.

Brito Morán fue subsecretario de Seguridad Pública municipal durante el gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre con quien lo unía un compadrazgo y conflictos de interés.

Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres. El recuento de Amapola. Periodismo transgresor arrojó que, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco.

Iguala ocupó el segundo lugar en número de asesinatos con ocho casos y en tercer lugar Chilpancingo con seis homicidios dolosos.

Chilapa que en las estadísticas figura en los primeros lugares en casos de homicidios, hubo un crimen registrado.

Acapulco, considerada desde hace décadas como la joya de la corona en Guerrero, por su derrama económica y porque aquí las organizaciones criminales tienen un control, vive desde el 2006 —desde que gobernó la alcaldía Félix Salgado— una escalada de eventos de violencia.

Aquí en este puerto han gobernado los partidos políticos con más presencia en Guerrero: el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y desde el 2018, Morena.

Ninguna autoridad municipal proveniente de esos cuatro partidos políticos ha dado resultados tangibles para resolver la violencia e inseguridad.

El 30 de septiembre asumió la alcaldía de este municipio la morenista Abelina López Rodríguez antecediendo a su compañera de partido, Adela Román Ocampo.

Unas ocho horas antes de que López tomara protesta, cinco hombres que se desplazaban en un vehículo por la Costera Miguel Alemán ingresaron a la emblemática discoteca Baby ‘O y después de rociarla de gasolina le prendieron fuego.

Desde esa fecha la inseguridad es percibida por la ciudadanía, como una marca del nuevo gobierno que encabeza López Rodríguez, al igual que sus antecesores en el cargo.

Al inicio de su administración hubo dos despliegues de seguridad con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y La Marina. Uno el 8 de noviembre y otro a mediados de diciembre, sin que los homicidios, secuestros, extorsiones, feminicidios y otros delitos dejen de ocurrir.

Decapitados que aparecen tirados en las calles, asesinatos en las playas, ataques e incendios en camiones de transporte urbano, extorsiones a comerciantes y empresarios son hechos ocurridos en febrero.

El primero de febrero a los turistas que caminaban por la avenida Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, les sorprendió ver un anuncio afuera de una taquería.

«Este negocio ha sido cerrado porque me quisieron matar a mí y a mí familia por un grupo que opera en esta zona», decía la manta que colocó el dueño de esta taquería.

Días antes de que apareciera este anuncio, un grupo armado atacó a tiros esta taquería dejando a una persona herida.

El pequeño empresario denunció que integrantes de una organización delictiva le estaba exigiendo una cuota mensual a lo que no accedió y en represalia atacaron a balazos su negocio.

Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco) dijo que una prueba de la inacción del gobierno para frenar la violencia en Acapulco es de que las autoridades reconocen que 800 elementos de la Marina y Ejército Mexicano carecen de patrullas para movilizarse en la ciudad para que participen en forma activa en los operativos.

Dijo que ese problema se los hizo saber el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Irving García Lozano en una reunión que tuvo con empresarios de Acapulco.

«Lo que nos dijo ese día el funcionario del gobierno estatal es sumamente grave», informó.

En esa reunión con el funcionario estatal les dijo a los empresarios que son 800 el número de elementos del Ejército y Marina no tienen vehículos para moverse.

Este grupo de elementos de fuerzas federales son parte del operativo Refuerzo 2021 que el 8 de noviembre del 2021 pusieron en marcha el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para los municipios de Acapulco, Iguala y Chilpancingo.

Martínez Sidney señaló que en esa reunión se le presentó al subsecretario de Seguridad una lista de 28 empresarios de Acapulco que en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones.

«Se le dio todos los datos al Subsecretario para que se realicen las investigaciones», expuso.

En cifras que dio a conocer esta organización de empresarios se informó que en el 2021 se registraron en Guerrero 196 delitos de extorsión, 14 secuestros y mil 88 homicidios dolosos.

En un reconocimiento explícito de que el gobierno no puede frenar la delincuencia en Acapulco y en otras regiones de Guerrero, el comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, dijo que no tienen suficientes soldados para combatir a la delincuencia.

Durante un encuentro que el general tuvo con integrantes del Grupo ACA el pasado 28 de febrero, se refirió a las protestas de los comerciantes del mercado central de Acapulco por los supuestos que cometen los soldados en sus operativos en esa zona y por la retención de un grupo de militares por más de cinco horas por parte de pobladores de Quechultenango.

«Son gente (los inconformes contra los soldados) que es manipulada por la delincuencia organizada», aseveró.

Dijo que en el caso de Quechultenango (en donde opera un grupo delictivo) recibieron órdenes de no hacer nada cuando los soldados estaban retenidos.

«Recibimos órdenes de parar», señaló al referirse a esos hechos registrados el día 16 de febrero en Quechultenango durante el fallido operativo que realizó el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal en esa zona.

Para que fueran liberados los soldados, el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez y el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez firmaron una minuta de acuerdos con los habitantes de esa localidad en el que hubo el compromiso de dejar en libertad a uno de los detenidos de nombre Jesús Flores García.

Otro de los compromisos firmados es de que cuando el Ejército y Guardia Nacional realice operativos en esa zona donde tiene su bastión un grupo delictivo sean acompañados por la policía municipal de Quechultenango y los llamados policías comunitarios.

Hechos que conmocionaron en febrero

Durante febrero se registró un ataque a balazos contra integrantes de una familia en la comunidad de Arroyo-Blanquito, el 2, Día de la Candelaria.

Aquí murieron un señor de nombre Francisco «N» de 44 años y su hijo de 17 años y su esposa resultó herida de bala.

En Tecoanapa, municipio enclavado en la región de la Costa Chica y en donde desde el 2013 está la policía comunitaria para dar seguridad a esa zona, un grupo armado asesinó a cuatro personas que viajaban en un taxi en las inmediaciones de la comunidad de El Limón.

Este hecho ocurrió el seis de febrero, murieron tres hombres y una mujer.

 

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Entre descontento social Ejército Mexicano celebra su 109 aniversario

A pocos días de que un grupo de militares fuera expulsado por habitantes de Quechultenango, la institución celebra


 

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

19 de febrero de 2022

Chilpancingo

Retenidos y expulsados por pobladores de Quechultenango, con exigencia de comerciantes de Acapulco para que salgan del Mercado Central y con quejas por violaciones a los derechos humanos, el Ejército mexicano conmemoró su 109 aniversario.

Fue en el sexto Batallón de Ingenieros de Combate, ubicado en Chilpancingo, donde los mandos militares del estado acompañados de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda realizaron una ceremonia con motivo del 109 aniversario de la creación del Ejército Mexicano.

Fue una breve ceremonia donde participó el comandante de la 35 zona militar, Enrique Martínez López, y la gobernadora Salgado Pineda, ambos rememoraron la historia del Ejército Mexicano y Salgado Pineda agradeció la participación del Ejército en las jornadas de vacunación contra el Covid-19.

Martinez López señaló el papel de las fuerzas armadas como garantes de la soberanía y la seguridad interior, aunque, en la última semana el Ejército Mexicano participó en hechos donde la población mostró un descontento a sus acciones y operativos.

El pasado miércoles 16 de febrero un grupo de pobladores del municipio de Quechultenango retuvo a elementos del Ejército y Policías Ministerial para exigir su salida del municipio y un cese a su operativo de seguridad, esto días después de que las fuerzas de seguridad aseguraron tres tigres de bengala y ocho vehículos.

Días después el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) criticó que el Ejército Mexicano no fue capaz de detener a los operadores del crimen organizado que operan en la zona, denominado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como Los Ardillos.

Ayer, 18 de febrero, comerciantes del Mercado Central de Acapulco bloquearon la Costera Miguel Alemán para exigir la salida del Ejército y Guardia Nacional de sus instalaciones por acusarlos de acoso.

En los últimos días activistas se manifestaron en contra de las acciones de militarización llevadas a cabo por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al término de la ceremonia y en una breve entrevista, Salgado Pineda, habló sobre el operativo realizado en Quechultenango y las acciones de los comerciantes en Acapulco, sin entrar en detalles dijo que trabajarán labores de convencimiento para que la gente acepte a los elementos de seguridad.

Por su parte el secretario de seguridad pública, Evelio Méndez Gómez, informó que la nueva estrategia con las poblaciones que no aceptan elementos de seguridad, será trabajar la proximidad social, reforzar las policías de género, la prevención social del delito y mesas de trabajo.

Al evento asistió Raymundo Casarrubias Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, la diputada Flor Añorve Ocampo, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

 

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