Fallo de la Corte regresa la Guardia Nacional al control de una dependencia civil, pero su estructura sigue siendo militar

La Corte invalidó el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, pero en la práctica sus mandos y la mayoría de sus elementos provienen del Ejército.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo) 

19 de abril del 2023

Chilpancingo 

 

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma que transfirió el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) regresará el control operativo y administrativo de esta corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero su estructura seguirá siendo militar, advirtieron expertos en el tema.

De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad pública, esto es así porque en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al Ejército.

“Entonces, te diría que la medida tiene un carácter simbólico, un carácter legal, un carácter también que tiene un impacto mediático, un impacto político, un impacto legislativo, pero en el terreno de los hechos las cosas van a ser igual”, dice.

Ayer, por mayoría de ocho votos contra tres, el pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía declarar inconstitucional e invalidar la reforma legal de 2022 que permitió la transferencia de la corporación.

Las y los ministros que respaldaron el proyecto argumentaron que pasar la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena es contrario a la Constitución, pues esta indica que esa institución de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar.

Con esta lectura coincide Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, que considera que lo importante de la resolución de la Corte es que la Guardia Nacional de ninguna manera deberá quedar adscrita al control operativo y administrativo de la Sedena.

“Lo que hace la Suprema Corte es defender a la Constitución y mandar ese mensaje al presidente de la República y a los legisladores de Morena, que cualquier modificación que pretendan hacer o cualquier política que quieran implementar y llevar a cabo a través de una ley tiene que hacerse con base en el respeto del marco constitucional; de lo contrario, esto va a ser declarado inconstitucional”, dice.

Advierten por posible desacato de AMLO

Antes de la resolución de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció dos veces sobre el proyecto. La primera fue para calificar de “error garrafal” la propuesta, mientras que la segunda fue para asegurar que, de aprobarse dicho proyecto, daría pie a que la Guardia Nacional se corrompa.

Desde un inicio, el propio presidente fue quien intentó, en primera instancia, hacer el traspaso de la Guardia a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero al no tener los votos necesarios, impulsó una reforma a la legislación secundaria para alcanzar su cometido. Dicha reforma recibió el aval de ambas cámaras en menos de una semana.

Por esta razón, tanto Saucedo como Burgoa advierten ahora que el presidente podría buscar la forma para desacatar la resolución de la Corte.

“No creo que el presidente acate esta resolución y lo que va a seguir haciendo es un esquema de simulación. Es decir, aunque en los hechos la Guardia Nacional no dependa ya de la Sedena, se va a mantener de facto este control y estará regida por parte del general secretario y de los mandos militares sobre la Sedena”, dice Saucedo.

En el fondo —argumenta—, el cambio de estatus jurídico de la Guardia Nacional lo estuvieron impulsando integrantes de la propia jerarquía militar, que buscaban blindarse contra impugnaciones y posibles demandas si se quedaban bajo control civil.

“Ahora se regresa a la Guardia Nacional al limbo jurídico, a la incertidumbre jurídica, en tanto que se trata de un ente que tiene elementos, vehículos, personal de la Sedena que cobra en Sedena, pero que está inscrito a otra dependencia distinta, que en este caso va a estar supeditada a la Secretaría de Seguridad como lo estuvo de manera previa (…) Ahora, nuevamente está sujeta a cualquier cantidad de controversias y auditorías de observaciones”, dice.

En contraste, Burgoa considera que la Corte no deja en incertidumbre jurídica a la Guardia Nacional, dado que el mandato constitucional es claro. “En el artículo 21 se establece que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y así es como tiene que continuar”, concluye.

Invalidan facultad de Sedena para proponer al comandante de la GN

Entre los demás preceptos que fueron invalidados ayer por la Corte se encuentra la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento del comandante de Guardia Nacional, que a su vez debía contar con el grado de comisario general.

Igualmente, invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia proveniente de la Policía Militar, el cual consideraba que este seguiría siendo tomado como miembro activo del Ejército y la Fuerza Aérea y quedaría sujeto al fuero militar.

Según la Corte, esto se invalidó debido a que contraviene los artículos 21 y 13 constitucionales, “porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional” y “expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución federal, deben ser civiles”.

Sin embargo, los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del pleno de la Corte, que aún deberá decidir sobre el futuro del personal operativo de la Guardia Nacional, así como de sus comandantes, entre otros asuntos.

Una vez que la Corte publique el engrose de su sentencia, donde se van a incorporar las consideraciones de las ministras y los ministros, la resolución deberá de ser notificada al Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su oficialización.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la escena del crimen de un asesinato contra u chofer del transporte público, el 3 de agosto del 2023. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Comisarios y habitantes de la Sierra piden a AMLO más Ejército y GN en esa zona

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

27 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Comisarios de 114 comunidades de la Sierra de los municipios de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que refuerce la seguridad en esta zona para evitar que un grupo del crimen organizado siga provocando violencia, saqueo de los recursos naturales y desplazamiento forzado de las familias.

Reunidos el pasado sábado 24 de marzo en la comunidad de El Balcón, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, las autoridades de los pueblos dijeron que la presencia del grupo criminal de La Familia Michoacana ha provocado el desplazamiento de muchas familias de esa parte de la Sierra.

«Debido a la incursión del grupo armado (la FM) más de 60 familias, que son alrededor de 400 personas del pueblo de Los Bayados, Santa Clara, La Trinidad y Los Puertos, del municipio de Coyuca de Catalán, salieron huyendo», dijo el comisario del ejido San Antonio las Tejas, David Salto Cortés.

Durante la asamblea dijo que en su pueblo, Los Puertos, eran 63 familias, pero ahora sólo se quedaron 23 debido a los hechos violentos de las últimas semanas.

«Los hombres armados nos dieron de plazo tres días para que saliéramos de nuestras comunidades, pero nosotros decidimos quedarnos y cuando pedimos ayuda al gobierno sólo nos mandaron a dos agentes de la Policía Ministerial», comentó Salto Cortés.

Agregó que ya pasaron más de tres semanas que las familias salieron de sus comunidades y hasta la fecha el gobierno no les garantiza que regresen a sus pueblos.

Durante la asamblea leyeron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le piden que reactiven las Bases de Operaciones Mixtas (las BOM) de manera rotativa. Estas bases de seguridad están integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Después del enfrentamiento a balazos entre habitantes de la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, el 28 de enero con policías estatales en el que murieron un mando, un policía raso y  tres individuos identificados por los pobladores como de la FM, el gobierno instaló dos Bases de Operaciones Mixtas, una en la comunidad de Santa Rosa y otra en Las Mesas.

En la parte de la Sierra donde ocurrió la asamblea conecta con la región de Tierra Caliente. Esta región concreta en lo alto de la Sierra con Costa Grande. En ambas zonas la violencia ha prevalecido desde hace muchos años generada por la presencia de grupos criminales asociados a grupos económicos y políticos en la región que actúan por diferentes intereses.

En el documento que leyó durante la asamblea del sábado pasado en El Balcón, Nancedalia Ramírez Domínguez, a nombre de los comisarios y organizaciones, expuso a López Obrador que por la grave violencia que prevalece en esa zona sus habitantes ya no tienen la seguridad de permanecer ni poder regresar.

«Solicitamos se reactiven las bases de operación militar de manera mixta y rotativa para que haya más seguridad en la población, así como también los centros integradores del bienestar que se habían instalado anteriormente, pero que no se les dio seguimiento ni atención y son de suma importancia y de beneficio a la Sierra», dijo Ramírez Domínguez.

José Luis Cázares Leyva, presidente del comité de Seguridad Privada Ruta Tecpan-El Balcón-Fresno de Puerto Rico, afirmó que la gente se ha coordinado para hacerle frente a cualquier problema que se presente para mantener la paz.

«Ya se planteó la problemática que se vive en la Sierra en donde hay pueblos desplazados que son vecinos de nosotros; por eso pedimos que se brinde la seguridad, porque el gobierno es el que tiene las armas, nosotros somos un comité de pacificación, sin armas, de diálogo», afirmó Cázares Leyva.

«Nosotros no queremos un solo pueblo desplazado, no queremos que nadie venga a desplazar a nuestros pueblos», dijo.

La semana pasada, en otra asamblea realizada en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, en los límites de Tierra Caliente, comisarios de 40 pueblos, quienes omitieron sus nombres, exigieron al gobierno federal que frene el avance de los integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, con quienes, aseguraron, se han enfrentado a balazos en los últimas dos semanas en esa parte de la Sierra.

En la reunión realizada en una cancha deportiva techada se observó, por varias fotográficas que circularon en las redes sociales, a hombres armados.

Tras la difusión de lo discutido en esta asamblea, este domingo 25 de marzo circuló en las redes sociales un comunicado donde se señala que un grupo del crimen organizado denominado Los Tlacos, obliga a la gente de esa parte de la Sierra a que se arme para enfrentar a la organización rival.

Elementos de la Guardia Nacional decomisaron dos armas largas y cartuchos útiles durante un retén en el acceso principal del muncipio de Leonardo Bravo, el pasado 7 de abril del 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

 

Ciudadanos expulsan a pedradas de Xalpatláhuac a Ejército y Guardia Nacional

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desalojados a pedradas por mujeres y hombres de la cabecera municipal de Xalpatláhuac en su intento de recuperar el ayuntamiento que horas antes fue abandonado por un grupo de policías comunitarios.

Durante la trifulca, las mujeres zarandearon al director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y al subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Sánchez quienes encabezaron la operación para desalojar y detener al grupo de autodefensas que desde octubre del 2021 tomaron el ayuntamiento tras expulsar a balazos a la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

La estrategia del gobierno para recuperar la alcaldía surgió luego de que este martes los civiles armados golpearon y luego  retuvieron al DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes quien fue liberado este miércoles en la noche tras obligarlo a firmar una minuta de acuerdos en el que exculpa a sus agresores.

Sin embargo cuando este jueves a las ocho de la mañana el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal arribaron a Xalpatláhuac los policías comunitarios se habían retirado del edificio del ayuntamiento.

Según testimonios de personas de esa localidad ubicada en la región de la Montaña, todo estaba desarrollándose de manera normal cuando alrededor de las 14 horas la gente se arremolinó cerca del ayuntamiento cuando se percataron que los militares, Guardia Nacional y los agentes estatales se llevaban dos camionetas del ayuntamiento y que utilizaban los comunitarios para realizar sus redadas.

Fue entonces que la gente, en su mayoría mujeres, empezaron a lanzarle piedras a los uniformados federales y estatales.

Rodríguez Cisneros trataba de calmar los ánimos de las mujeres pero se le fueron encima y le exigieron que se retirara del pueblo.

Rodríguez Cisneros e Irving de Jesús Sánchez, decidieron suspender la operación y junto con los militares, GN y policías estatales abandonaron el pueblo entre insultos de la gente.

El conflicto en este municipio surgió en octubre del 2021 cuando la alcaldesa Maldonado Sotelo encabezó una reunión en el zócalo del pueblo para analizar el trabajo que venía realizando la policía comunitaria.

Después surgió una discusión entre la edil con los líderes de las autodefensas.

Finalmente Maldonado Sotelo y otros funcionarios tuvieron que abandonar la localidad luego de que los policías comunitarios les empezaron a disparar con armas de fuego.

Nadie resultó herido.

Desde octubre del 2021, unos 40 policías comunitarios que se dicen pertenecer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tomaron el ayuntamiento.

«Desde que los policías comunitarios tomaron el ayuntamiento ellos han tomado el control del pueblo realizando extorsiones a los comerciantes y empresas que van a vender sus productos a Xalpatláhuac», asegura la edil quien despacha en una casa particular en la comunidad de Cauatache.

«La población de Xalpatláhuac vive aterrorizada porque los policías recorren las calles armados con rifles Ak-7 y AR-15 y aquel ciudadano o ciudadana que comete una falta es detenido y encerrado en la cárcel municipal en donde es rapado», aseguró Maldonado Sotelo.

Después de que las fuerzas federales y estatales se retiraron de esa localidad se prevé el regreso de los policías comunitarios, aseguraron fuentes del gobierno.

Antes de que los pobladores de Xalpatláhuac expulsaran a pedradas a las fuerzas federales y estatales tuvieron un diálogo con los mandos policiales.

Protestan en Palacio de Gobierno en contra de construcción de cuartel de Guardia Nacional

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Padres de familia y maestros de la Escuela Secundaria Técnica 46 Rubén Uriza, de Huitzuco de los Figueroa, protestaron afuera del Palacio de Gobierno en rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en un terreno de dos hectáreas y media que es propiedad de esta institución educativa.

Antonio González García, profesor de esta escuela, declaró que en forma indebida el gobierno pretende construir un cuartel en un terreno en donde está un campo de futbol y un espacio para siembra de cultivos de productos básicos y reproducción de ganado.

«El 16 de marzo de hace un año llegaron las autoridades para decirnos que les donáramos un terreno de dos hectáreas y media para la construcción del cuartel a lo que los padres y maestros nos opusimos», dijo.

Denunció que este espacio están cerca también las instalaciones del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSEGRO) y el Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial y de Servicios (Cbetys) plantel 175.

Pero, en concreto, las dos hectáreas y media de terreno de las que pretende adueñarse el gobierno para construir las instalaciones militares, pertenece a la secundaria técnica.

«Esos terrenos fueron donados hace muchos años por los ejidatarios de Huitzuco para que se construyeran las escuelas y ahora es incongruente que nos pongan un cuartel que es como una bomba de tiempo», comentó González García.

El grupo de padres y madres de familia y docentes se instalaron en plantón en la puerta principal del Palacio de Gobierno, donde colocaron varias mantas.

Una comisión de inconformes ingresaron a la secretaría particular de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para solicitar una audiencia con ella.

Los inconformes se quejaron de que el propio alcalde de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, está en contra de su movimiento y busca convencerlos de que acepten donar el terreno; les prometió obras para las escuelas.

«Nos está ofreciendo (el alcalde) obras públicas como si el dinero fuera suyo», agregó el maestro.

Los docentes, madres y padres advirtieron que en caso de que no les den una solución van a tomar otras acciones, una de ellas, cerrar carreteras.

El grupo de inconformes se retiraron del Palacio de Gobierno después de que entregaron un oficio destinado a la mandataria estatal.

A finales de febrero, el Congreso local aprobó la donación de predios en los municipios de Chilpancingo (en la zona rural), Eduardo Neri (en la cabecera, Zumpango), Pilcaya e Iguala para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.

Activistas de derechos humanos calificaron como una «simulación» la construcción de más cuarteles militares en Guerrero, cuando la violencia es imparable l.

Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dijo que los cuarteles tanto de la GN como los del Ejército son «elefantes blancos» porque no han disminuido los índices de la violencia.

Raymundo Díaz Taboada, integrante del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), consideró que la llegada de más militares y la construcción de más cuarteles no abonan a la seguridad, al contrario.

«Más militares y cuarteles es un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses», planteó.

Aprueban diputados espacios para más cuarteles militares en Guerrero, históricamente reprimido por el Ejército

Activistas consideran que es una simulación contra la inseguridad la presencia de más fuerzas castrenses en el estado, cuando la violencia es cotidiana


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz

Chilpancingo

 

Activistas por los derechos humanos catalogaron como una «simulación» la llegada de militares y la construcción de más cuarteles para la Guardia Nacional (GN), pues, consideran que la violencia continúa y aumenta, además de ser un riesgo para los derechos humanos de los guerrerenses.

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el Congreso local aprobó la donación de dos terrenos para cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional en los municipios de Iguala y Pilcaya, respectivamente.

«Para coadyuvar en las tareas de prevención del delito y salvaguarda de la integridad de las y los guerrerenses», se lee en el dictamen aprobado este lunes.

Entrevistada vía telefónica, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».

Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente en sus conferencias matutinas, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.

Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional operan con ayuda del Ejército.

Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, y uno en Pilcaya y otro Iguala, donde los diputados acaban de autorizar los predios.

Hay un acuerdo desde marzo del 2022 entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Sedena para la donación de los predios para la construcción de los cuarteles en el valle del Ocotito, pero fue impedida por los grupos de autodefensa que operaban en la zona.

Para el cuartel de Zumpango, el predio ya fue donado por la alcaldesa petista, Sara Salinas Bravo; es un solar ubicado en el Cerro del Tepetlayo, el cual, de acuerdo con los ejidatarios, está en litigio porque el Consejo Ejidal de Zumpango quería donarlo para crear un Área Natural Protejida.

En Acapulco, de acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se pretenden construir cuatro cuarteles.

«Uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro».

Sobre el tema de la militarización, Díaz Taboada coincidió con Rosales Sierra, al declarar que tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.

«En Guerrero tenemos una larga historia de que las policías han estado dirigidas por mandos militares o navales, en permiso o en retiro, y pensando en la cuestión de derechos humanos deben ser personas con capacitación en el traro a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares», dijo Díaz Toboada.

Esto debido a que, aunque en su decreto de creación, la Guardia Nacional establecía que debía tener un mando civil, a través de un decreto presidencial del 8 de agosto del 2022, se estableció que la corporación pasaría y dependería completamente de la Sedena.

Además, de acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.

La estimación del Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.

En Guerrero operan 2,951 elementos de la Guardia Nacional, más los militares distribuidos en instalaciones por toda la entidad.

Se trata de la IX Región Militar, la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, la XII Región Naval y la Base Área de Pie de de la Cuesta dependiente de la Fuerza Área Mexicana.

Además de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo, el 27 Batallón de infantería en Iguala y el 34 Batallón en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente.

Ante este panorama, Díaz Taboada agregó que aunque los militares tengan capacitaciones en derechos humanos, «ellos están formados para una guerra, con armas de guerra y su lógica siempre será aniquilar y abatir y no de detener en el marco de la aplicación de las leyes ciudadanas».

«Otro hecho de preocupación es que nos dicen que supuestamente la Guardia Nacional es una entidad civil y que sólo es administrada por la Sedena, pero la mayor parte de los que la conforman son militares y no se se le ve el carácter civil, por sus uniformes y su armamento difícilmente se ve como una organización civil», agregó Díaz Taboada.

En el dictamen aprobado el pasado lunes los diputados locales autorizaron a los ayuntamientos de Pilcaya e Iguala donar un bien inmueble «en favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del referido predio para el desarrollo de actividades castrenses», mencionó el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto, secretario de la Mesa Directiva, al leer el dictamen al pleno.

Por esta aprobación es cuestión de tiempo para que comience la construcción de los cuarteles.

«El gobierno construye los cuarteles pero no se enfoca en erradicar el tema de los desplazados, las desapariciones o detener a personas del crimen», mencionó Rosales Sierra.

Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, esto no garantiza la seguridad para la población.

«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.

«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.

Datos del Centro Morelos indican que en Guerrero, desde 2011 a la fecha, hay 32,000 personas en calidad de desplazados.

La morenista Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue quien fundamentó el dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad del predio rústico ubicado en El Llano de la Concepción, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, «en favor de la Sedena para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional».

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del pleno en una sesión extraordinaria.

En Pilcaya e Iguala el tema de la violencia aumentó en los últimos meses.

En agosto del 2021 civiles armados atacaron a balazos el vehículo en el que viajan la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, en dicho enfrentamiento dos policías municipales fueron asesinados.

En Iguala, en las últimas semanas se registraron diversos hechos de violencia en los que fueron asesinados varias personas.

Además, en el pasado reciente Iguala es una muestra nacional de lo que la fuerza militar puedes lograr. Las madres y los padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa ocurrida la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, sostienen como su principal hipótesis que los militares de 27 Batallón mucho tiene que ver la desaparición de sus hijos.

Como antecedente es importante mencionar que en la década de los setentas, en Guerrero, en particular en la Sierra de Atoyac, vivieron una sombría época de represión militar, considerado por muchos sobrevivientes y académicos como un exterminio de Estado.

O la reciente época de supuesta “guerra contra el narcotráfico” que implementó el ex presidente Felipe Calderón (‪2006-2011‬), académicos y periodistas descubrieron que las zonas donde más asesinatos había eran la militarizadas.

Además, “hay infiltración, claro, y no sólo es en la policía, es en la Guardia Nacional y en el Ejército, por eso nos preocupa el tema de la militarización», agregó Rosales Sierra.

 

Autodefensas toman alcaldía de Teloloapan después de que la GN les aseguró radios y celulares

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Cortesía la Lente de Guerrero 

Chilpancingo 

Integrantes de la autollamada Policía Comunitaria de la Tecampanera tomaron la alcaldía de Teloloapan en protesta porque este viernes a mediodía elementos de la Guardia Nacional (GN) les quitaron dos radios de banda civil y ocho teléfonos celulares.

El aseguramiento de los radios móviles lo hicieron las fuerzas de seguridad federal a las autodefensas en un retén que ellos tenían instalado en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de Teloloapan.

Eso detonó en que los civiles armados tomaran el ayuntamiento, ubicado en el zócalo de esta cabecera municipal.

Los autodefensas retuvieron a un grupo de policías municipales, a quienes después los dejaron en libertad a petición del alcalde perredista de este municipio, Homero Hurtado Flores.

Según los reportes, los agentes municipales fueron trasladados al 41 Batallón de Infantería.

El pasado 11 de febrero, cuando elementos de la Policía Estatal del grupo Jaguar y de la Guardia Nacional les quitaron 50 radios de banda civil y decenas de teléfonos celulares, los civiles armados bloqueaban la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de Teloloapan.

Ese día los miembros de la Tecampanera atravesaron un camión de carga en la vía federal Los agentes desalojaron la vía.

Raúl Bahena, quien es comerciante y forma parte de las autodefensas, dijo que en esa operación policiaca falleció un empresario ferretero a consecuencia de los golpes que recibió.

Expuso que desean un diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para plantearle, entre otras cosas, que apoyen a las 1,500 personas desplazadas por la violencia de los municipios vecinos de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso.

Una fuente del gobierno estatal informó la tarde de este viernes que fueron 60 policías comunitarios armados los que tomaron la alcaldía, pero que se retiraron luego de que acordaron una mesa de diálogo con servidores públicos estatales para el próximo lunes 20 de febrero, en Teloloapan.

Los líderes del grupo de civiles armados aseguran que sigue con la toma de la alcaldía.

Durante la tarde de este viernes, dirigentes de la Tecampanera filtraron un video de la presunta operación que realizaron agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional en Teloloapan el sábado 11 de febrero, cuando fueron desalojados.

En el video se ve a varios elementos de la GN afuera de la barda de una vivienda y uno de ellos lanza hacia adentro un objeto.

En otra toma se ve a las elementos federales y estales entrar a un taller mecánico.

Según los miembros de la Tecampanera en esta irrupción los agentes robaron joyas, dinero en efectivo, zapatos y otros artículos.

En noviembre del 2022, policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo irrumpieron en Apaxtla de Castrejón para hacer una alianza con las autodefensas del Movimiento Apaxtlense y, después, hacerle frente a la Tecampanera de Teloaloapan.

Las autodefensas de Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón acusaron a los integrantes de La Tecampanera de realizar extorsiones y establecer los precios de la tortilla, carne, refresco, cerveza, materiales para la construcción y el del servicio del transporte.

Los líderes de la Tecampanera les reviraron esos mismos señalamientos a las autodefensas de Apaxtla y de Heliodoro Castillo.

El pasado 21 de enero, policías estatales, Guardia Nacional y Ejército desalojaron a los policías comunitarios de Heliodoro Castillo y del Movimiento Apaxtlense que tenían un retén en la entrada de Apaxtla de Castrejón, cabecera de este mismo municipio.

Durante el desalojo las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho integrantes de las autodefensas pero fueron liberados por un Ministerio Público del Fuero Común de Coyuca de Catalán el 23 de enero.

Ese mismo día de la liberación de los ocho detenidos, éstos fueron custodiados por policías estatales, Ejército y Guardia Nacional a la comunidad de San Lucas, municipio de Huetamo, Michoacán.

Los ocho comunitarios están desaparecidos, y los dirigentes de las autodefensas de Heliodoro Castillo y de Apaxtla denunciaron que las fuerzas de seguridad federal y estatal entregaron a sus compañeros al grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

Todos estos grupos de autodefensas son señalados, incluso entre ellos, de cometer acciones ilícitas y tener relaciones criminales.

 

Detectan a militares y guardias con presuntos vínculos delictivos

Venta de armas, tráfico de personas, huachicol: detectan a militares y guardias con presuntos vínculos delictivos


Texto: Óscar Nogueda y León Ramírez / Animal Político 

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

 

Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional han sido señalados por presuntamente colaborar con la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros grupos delictivos, según una decena de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Correos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya relacionan a algunos elementos de ambas corporaciones con la venta de armamento a grupos delictivos; además, se les acusa de supuestamente proteger a miembros de los cárteles, darles información y permitir que trafiquen con personas, drogas e hidrocarburos.

Si bien en los reportes se advierte sobre estos casos y se emiten recomendaciones, no se menciona si se aplicó alguna acción al respecto o si hubo sanciones para las personas involucradas.

Un documento elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en junio de 2019 afirma que “un presunto militar” ofrece equipo táctico, armas y granadas, y además proporciona información sobre la movilidad y los operativos de las Fuerzas Armadas a un miembro de la Familia Michoacana en el Estado de México.

El efectivo ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas” en la entidad, dice el reporte.

Además, dice que “el proveedor de armas y equipo táctico del militar vinculado a La Familia” es otro presunto integrante de la Sedena, cuyo equipo móvil se ubicaba en el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México.

Por otro lado, un documento enviado desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), en agosto de 2022, da cuenta de presuntos vínculos de cuatro agentes de la Guardia Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz para facilitar el traslado ilegal de personas migrantes.

Actividades que realiza la G.N: Proporcionan el libre tránsito a los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan, como medida de identificación para estas autoridades”, señala.

En el reporte se identifica que otro guardia nacional de caminos tiene vínculos con un grupo dedicado al robo de hidrocarburos en Veracruz. El agente, menciona, proporciona seguridad en el lugar de extracción y escolta los vehículos con combustible robado.

Huachicol y un “regalo” de 50 mil pesos

Otro informe de agosto de 2022 indica que una persona dedicada al robo de combustible en los límites de Hidalgo y el Estado de México manifestó tener comunicación con los comandantes del 96 Batallón de Infantería de Pachuca y de la 23 Zona Militar de Panotla, Tlaxcala.

Esta persona “supuestamente pretende entregar un regalo de 50,000.00 (cincuenta mil pesos) a cada uno, con la finalidad de que les permitan llevar a cabo la extracción de hidrocarburo”.

Según las autoridades, es posible que una persona supuestamente dedicada al robo de hidrocarburos haya coincidido en reuniones de trabajo relacionadas con la seguridad de ductos de Pemex.

Un informe del CNI de agosto de 2020, en el que advierten que el Cártel del Pacífico está fortaleciendo su red de corrupción en Sonora, afirma que un presunto delincuente se jactó de haber llegado a un acuerdo sobre el monto de la “cuota” semanal a autoridades: 20 mil pesos a policías municipales, 25 mil a policías estatales, 30 mil a “cajoneros” (corporación sin identificar), además de 40 mil pesos quincenales a miembros de la Guardia Nacional.

Además, indica, otro presunto delincuente había acordado el pago de “60 mil pesos semanales a un presunto mando militar (sin identificar), con la finalidad de implementar operativos contra Los Páez en Caborca y participar en la ‘limpia de la plaza’”.

En los correos también hay reportes elaborados por personal de inteligencia de la Secretaría de Marina. Según uno de estos correos enviados en febrero de 2020, se identificó a una persona adscrita a la Policía Militar de Sinaloa como presunto contacto para la venta de armas a la Familia Michoacana.

Según el documento, una persona “entrevistada” que trabajaba para un grupo criminal dio el número del contacto con quien adquiere armamento. Mediante “fuentes cerrada (sic)” los marinos detectaron que la persona pertenecía a personal del Ejército y que esta persona mantenía contacto con presuntos delincuentes, así como con funcionarios públicos.

Militares, acusados de proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa

En otro reporte, también de elementos de la Marina de marzo de 2020, se plantea que integrantes del Cártel de Sinaloa “cuentan con la protección de algunos elementos de Sedena y Guardia Nacional”.

Según este archivo, en el teléfono de una persona asesinada en un restaurante del Estado de México se encontraron fotografías y conversaciones relacionadas con el tráfico de drogas, al igual que contactos de teléfono registrados como “Teniente Guardia N” y “Teniente”.

Otro informe, que el CNI envió a la Sedena en octubre de 2020, afirma que esta agencia tuvo conocimiento de que el Cártel de Los Páez tenía cooptados a dos mandos de la Sedena en Plutarco Elías Calles y Caborca, Sonora, quienes colaborarían con el grupo delincuencial para desplazar a grupos contrarios.

“Se sugiere que Sedena y GN realicen reconocimientos terrestres para la ubicación de los puntos referidos, y que incrementen el despliegue disuasivo en Caborca, Pitiquito y Plutarco Elías Calles, para disminuir la capacidad logística y operativa de los grupos en conflicto”, señala.

Asimismo, un par de reportes de la Semar de 2021 advirtió que un teléfono de celular utilizado por un miembro de la Guardia Nacional “aparentemente se encuentra relacionado con trasiego de droga y/o alguna organización delictiva”, mientras que otro número de teléfono “utilizado posiblemente por un elemento de Sedena” está vinculado con un jefe de la Familia Michoacana.

Incluso, un informe de 2020 del CNI señaló que un expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana realizó actividades trasiego de drogas, vía aérea, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Se conoció que fue contratado por otro piloto para transportar un cargamento de droga vía aérea, así como a una persona” de Veracruz a Campeche.

Por otro lado, se confirmó que el exmilitar estaba en trámites para ser contratado como instructor en una escuela de aviación, con el objetivo de tramitar su licencia como piloto privado y, después, como piloto comercial.

Otro informe, de febrero de 2020, señaló que una célula de la Familia Michoacana en Huetamo, Michoacán, tuvo acceso a la frecuencia de radio utilizada por soldados mexicanos, con el fin de conocer los reportes de los recorridos de vigilancia en Tiquicheo, Michoacán.

El CNI mencionó que un “Comandante” de la Sedena proporcionaba información a integrantes del grupo delictivo para avisarles de operativos en la zona. Adicionalmente, se informó que este grupo fue alertado de un operativo de la Guardia Nacional.

“Se compartió la información con la Subjefatura de Inteligencia de la Sedena, a fin de alertar sobre el posible riesgo de vinculación de personal militar con la célula criminal”, menciona el documento.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Despliegue del Ejército prioriza a estados gobernados por Morena, no a los más violentos

Cuatro de las seis entidades con mayor presencia militar para tareas de seguridad pública son gobernadas por Morena. De ellas, solamente una, Michoacán, también está en los primeros lugares en homicidios dolosos.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político 

Fotografía:

22 de septiembre del 2022

 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Según la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país, se trata de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de homicidio doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refiere que entre las seis entidades con mayor despliegue militar se encuentran la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su conjunto suman 21 mil 990 soldados en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar ubicado en tareas de seguridad pública.

De esas entidades, solo Michoacán —donde gobierna Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021— se encuentra entre las seis más violentas del país. Guanajuato y Baja California, que ocupan los lugares uno y dos en víctimas de homicidio doloso, están en los sitios ocho y 13 en cuanto a despliegue militar.

La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico.

Estos números se dan a conocer mientras en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus aliados para extender hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

Ayer, el Senado determinó pausar el debate del tema y regresar el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa cuándo se reanudará el proceso.

6 de cada 10 víctimas de homicidio doloso mueren por arma de fuego

Otro dato que arrojó el SESNSP en su informe mensual refiere que seis de cada 10 víctimas de homicidio doloso reportadas en los seis estados más violentos murieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.

El martes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, en el caso de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos, mientras que para el caso de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos parámetros durante tres meses.

De manera desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en cuatro de los estados antes mencionados se registró un descenso en víctimas de homicidio doloso, Michoacán y Baja California no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentó el número de víctimas por arma de fuego.

En el caso de Michoacán, el aumento fue más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo periodo de 2022, mientras que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.

Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que una de las principales razones por las que son asesinados tantos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos.

Por esta razón, desde agosto de 2021 el gobierno de México mantiene un litigio legal internacional en contra de la empresa Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.

Durante las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han solicitado el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que desde 2005 protege a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses frente a demandas civiles.

Sin embargo, debido a que fiscales generales demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que países como Antigua y Barbuda y Belice, el caso ha podido avanzar y se encuentra actualmente en espera de fecha para juicio.

Cifra negra y falta de reparación de daño

Pese a que las cifras del SESNSP son utilizadas por el gobierno federal para presentar avances en materia de seguridad pública y por organizaciones civiles para realizar análisis de la incidencia delictiva, diversos expertos en la materia han criticado que exista una cifra negra de diversos delitos provocada por las mismas autoridades.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, considera que el país tiene una problemática muy fuerte en procuración de justicia y que este problema se repite de forma sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que finalmente son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, dijo en entrevista.

“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la reparación del daño. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de algún delito tuvieron una reparación del daño sin importar cuál habría sido el tipo de reparación. Es decir, del tipo económico o material. No tenemos ninguna métrica en este sentido”, expuso.

Lo anterior, en su opinión, es causado en gran medida porque “los despliegues del Ejército, como se ha mencionado en distintas ocasiones, son despliegues de presencia disuasiva; o sea, realmente no hacen labor de investigación ni desarticulación de redes criminales”.

Por eso —en una entrevista previa—, advirtió que extender hasta 2028 la presencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para generar “falsa confianza” entre la ciudadanía.

“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en contra de los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la seguridad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de manera político-electoral, pero ahora que son gobierno están sufriendo el desgaste y los estragos que produce entre el electorado el tener guerra de cárteles”, dijo.

En la imagen elementos del Ejército durante un acto cívico en la 35 Zona Militar en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Félix Salgado antes criticaba al Ejército ahora le echa flores

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

 

En un acto público que encabezó su hija la gobernadora Evelyn Salgado PIneda, el senador Félix Salgado Macedonio elogió el trabajo de la Guardia Nacional (GN) y consiguió que trabajadores y transportistas votaran a mano alzada que se amplie de cinco a nueve años que el Ejército Mexicano tenga el control operativo de esta corporación.

«A ver los que estén de acuerdo a favor de la Guardia Nacional que alcen la mano», les pidió el senador a los asistentes en la explanada del palacio de gobierno.

La gente, en su mayoría eran trabajadores a los que se les obligó asistir a la actividad, de inmediato acataron la orden de Salgado Macedonio y alzaron la mano.

Observado por la gobernadora, la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, los comandantes de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López y el de la Octava Región Naval, Julio César Pescina Ávila, recordó que este lunes las comisiones en el Senado en las que él participa votaron por mayoría la minuta para ampliar el periodo de la GN en las tareas de seguridad bajo la supervisión del Ejército.

«Se votó de que pase de cinco a nueve años pero yo tampoco estoy conforme con nueve años, yo diría que ya se quedara de manera permanente la Guardia Nacional bajo la supervisión y apoyo del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional», planteó el senador morenista quien cuando era opositor criticaba la militarización en Guerrero y denunciaba los abusos que esta institución cometía contra la ciudadanía.

Contó que este miércoles esta minuta pasará al pleno del Senado y para que salga la reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes.

Pidió a los partidos de la oposición en el Senado que no regateen los votos porque según él, «esta reforma es tan importante para el país porque la seguridad pública no tiene color partidista, es la patria».

«La violencia no tiene género, la violencia es para todos, tanto contra hombres y mujeres», expresó el senador.

Este martes, Salgado Pineda puso en marcha la primera fase del programa denominado Transporte Violeta que tiene el propósito de evitar abusos que se comete contra las mujeres cuando utilizan el transporte público.

Desde el gobierno anterior del priísta Héctor Astudillo Flores, Guerrero tiene dos alertas de violencia de género, una de ellas por violencia feminicida.

Entre el pasado domingo 18 y lunes 19, cuatro mujeres fueron asesinadas, dos en Acapulco, una en Marquelia y otra en Chilpancingo, en este último caso, la víctima fue quemada.

En este acto, Salgado Pineda y la coordinadora para la erradicación de la violencia feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), Flor Dessiré León Hernández, hablaron del acoso que sufren las mujeres cuando viajan en transporte público.

«Guerrero tiene fama de ser machista pero ya no lo es porque ahora tenemos una mujer de gobernadora», dijo el senador quien en el 2021 cuando era candidato a gobernador -antes de que el INE le cancelara su candidatura por no haber comprobado gastos de precampaña- fue acusado de violación sexual en agravio de dos mujeres.

Salgado Macedonio a quien le gusta que le digan el «toro sin cerca», recordó que los guerrerenses fuerom sometidos muchos años por gobiernos de «mano dura».

«Aquí se decía que Guerrero necesitaba un gobernador de mano dura», expresó el senador.

En su discurso, Salgado Macedonio siguió recordando la sesión de este lunes en donde las comisiones votaron a favor de que la GN permanezca bajo las órdenes del Ejército.

«Les ganamos (a la oposición) por muchos votos», presumió Salgado Macedonio quien al final se dio un abrazo efusivo con los comandantes de la 35 Zona Militar y de la Octava Región Naval y con la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, quien también es teniente militar.

Al término del acto, el senador fue rodeado de decenas de sus seguidores y realizó una trasmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook.

«Conéctense, conéctense», les pedía a sus correligionarios que lo seguían y que de inmediato se conectaban a través de su teléfono celular.

Violencia en Guerrero: durante los últimos cinco meses, el mismo patrón, ataques armados

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo 

Ana Itzel y María Rita son los nombres de dos mujeres asesinadas en agosto. La primera durante un ataque armado por civiles en Iguala y la segunda asesinada a tiros presuntamente por su hijo, el director del Registro Civil de Benito Juárez, Juan Antonio Benítez García.

Ambas forman parte de las 46 personas asesinadas durante el mes pasado, en el que se registró el homicidio de 44 hombres y dos mujeres.

María Rita García Barrientos fue titular de la Dirección de la Mujer en Benito Juárez y militante del PRD, pero en las elecciones pasadas compitió para el cargo de regidora por Morena.

El 21 de agosto, a las 8:40 de la noche, vecinos de la calle principal de la localidad Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, en la Costa Grande, llamaron a la Policía Municipal, al escuchar gritos en la casa de María Rita, de acuerdo con el reporte policiaco de esa noche.

Lo policías municipales que llegaron al lugar hallaron a María Rita muerta y, a su lado, su hijo, quien fue detenido por ser el primer sospechoso del asesinato de su madre.

Familiares de María Rita, vía redes sociales, mostraron sus condolencias e indignación por su asesinato. La principal petición es que se juzgue al responsable conforme a derecho, dejando de un lado que es funcionario del municipio.

Las autoridades municipales nunca reaccionaron en proporción a la dimensión de los hechos. En un escueto comunicado, la alcaldesa Glafira Meraza lamentó el asesinato “de una persona del sexo femenino”, pero nunca nombró el nombre de la ex funcionaria, mucho menos que el probable responsable es funcionario de su administración y era su hijo.

Cuatro días después, activistas del municipio convocaron a una marcha donde solicitaron se investigue y se castigue al responsable del feminicidio, según lo que reportaron medios de comunicación local.

Días después, el 23 de agosto, Ana Itzel, una vendedora de ropa de uso, fue asesinada  al norte de Guerrero, en Iguala.

De Ana Itzel y su familia hay poca información, circuló algo en redes sociales y se sabe la información que proporcionaron las autoridades policiacas.

Esto es lo que se supo: hombres armados ingresaron a su casa por la madrugada y atacaron a ella y a sus famiiares con arma de fuego. Al lugar llegaron efectivos policiacos y ministeriales para acordonar la zona. Ana Itzel fue asesinada y su esposo herido, a quien trasladaron a un hospital.

La mujer fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para hacer las investigaciones pertinentes.

En agosto, en un día se registraron nueve asesinatos

A veces, en un solo día, ocurren varios asesinatos en Guerrero, como el pasado 5 de agosto, cuando asesinaron a nueve hombres en Guerrero: dos en Acapulco, seis en Quechultenango y uno en Mochitlán.

Durante agosto, Amapola. Periodismo transgresor documentó 46 asesinatos, entre ellos, dos mujeres y 44 hombres.

El mayor número de asesinatos se registró en Acapulco, con 15. Uno de los factores por los que hay un mayor registro en este municipio puede ser su población, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) es de 779, 566 habitantes; es el municipio con el mayor número de habitantes en Guerrero y donde la violencia es mayor.

El segundo lugar lo ocupó Chilpancingo, con seis asesinatos y el tercer lugar, Iguala, con cuatro.

Las autoridades sobre la violencia no dicen mucho

Las autoridades estatales y municipales hablan poco sobre la violencia, lo que más anuncian son operaciones policiacas en los municipios del estado.

En las operaciones participan policías municipales, estatales, Guardia Nacional y el Ejército pero la violencia no cesa.

El 7 de junio se puso en marcha un despliegue de fuerzas de seguridad con la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la capital, porque en ese mes, en Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas la violencia dejó una serie de asesinatos.

En la última sesión que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con funcionarios del estado, la cual es privada, según el comunicado oficial que difundieron después, realizaron la operación especial de seguridad a escuelas por el regreso a clase y no reportaron incidencias.

Lo que va del año: marzo, abril, mayo, junio y julio los meses de más asesinados

El 21 de marzo, en menos de 24 horas, 14 personas fueron asesinadas en Guerrero, todas por arma de fuego, entre ellas, tres mujeres. Es uno de los días más violentos en lo que va del año.

Aquí un recuento rápido. En un solo hecho mataron a seis integrantes de una familia, entre ellos una mujer; los asesinaron a balazos cuando viajaban en una camioneta en un camino de terracería que va al poblado de Cucuilotlatzala, municipio de Metlatónoc, en la Montaña alta de Guerrero.

En otro hecho, en Iguala, durante la madrugada, asesinaron a un matrimonio y a su hijo de 13 años cuando descargaban pollos de un camión.

En Zihuatanejo asesinaron a balazos al gerente de un restaurante.  Mientras que una mujer fue asesinada a pedradas en Tlacuitlapa, municipio de Teloloapan y en Acapulco hallaron el cadáver desmembrado de una persona. En otro hecho, un hombre fue asesinado a tiros.

La víctima 14 fue un hombre asesinado a balazos durante una fiesta religiosa en Alacatlazala, municipio de Malinaltepec.

Hace seis meses, al terminar febrero, Amapola periodismo registró 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y seis mujeres.

En abril un hecho que destacó fue el asesinato de cinco hombres, quienes fueron decapitados y hallados dentro de un taxi de la ruta Marquelia-Acapulco, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, municipio de Juchitán.

En mayo este medio destacó la violencia de Acapulco. En tan solo dos semanas hubo 26 asesinatos.

Un hecho específico fue el del 7 de mayo en la calle Postal, de la colonia Emiliano Zapata, civiles armados irrumpieron en la zona y asesinaron a dos personas y otras dos heridas, quienes estaban fuera de una cervecería. El 24 de abril hubo un ataque a balazos en el bar Jager Club, cerca de la Costera Miguel Alemán, asesinaron a dos hombres. Al siguiente día, a cinco hombres en distintos hechos.

En junio la violencia del estado se focalizó en la ciudad de Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas, lo que provocó la suspensión del transporte del servicio público y el cierre de las pollerías de la capital, ante el asesinato de comerciantes de este giro. Al parecer el asunto de la violencia es también el manejo de la venta y distribución de pollo.

El 6 y 9 de junio dos distribuidores de pollo fueron asesinados en las inmediaciones del Mercado Central Baltasar R. Leyva Mancilla.

El 11 de junio, una menor de 12 años y cinco personas más fueron asesinadas por hombres armados mientras laboraban dentro de una granja avícola, ubicada al sur de la capital, cerca de Petaquillas.

La violencia en el estado escala sin una atención real de las autoridades para reducir los asesinatos. En agosto el panorama fue similar.

En julio, de acuerdo con un recuento puntual de este medio, ocurrieron 56 asesinatos. El 23 de julio fue el día con más personas asesinados en 24 horas: seis; dos hombres por arma de fuego y otros dos por un torniquete en Acapulco y  en Ometepec, y en Tixtla y Zihuatanejo mataron a dos hombres con arma de fuego.

En agosto, el mayor número de asesinatos los tiene Acapulco, con 21 casos; el segundo Chilpancingo, con siete asesinatos, y el tercero Iguala, con cinco.

 

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Se pone en riesgo a la población por la militarización de la seguridad pública: Centro Morelos

Texto: José Miguel SánchezFotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Derivado del último informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón denunció que el gobierno mexicano fomentó acciones de terror y violencia, a través de grupos «paramilitares y narcoparamilitares», para justificar la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública.

A través de un comunicado el Centro Morelos mencionó que la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública es una estrategia contrainsurgente y que la prueba de ello es el caso Ayotzinapa, donde participaron policías municipales, estatales, federales Ejército y «grupos paramilitares».

El comunicado se centra en denunciar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública y mencionaron que respetan la postura de las madres y padres de los 43 de no dar, por el momento, una declaración pública.

Acusaron al Ejército de ser los principales culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

«Es de destacar la participación del Ejército en estos hechos, como en la infiltración que se mantiene desde hace varias décadas al interior de la normal», se lee.

El Centro Morelos explicó que la estrategia de contrainsurgencia y militarización fue una labor acelerada por parte de los ex presidentes y que actualmente, a traves de eso, el presidente Andres Manuel Lopez Obrador pretende instaurar una «dictadura militar constitucionalizada».

En el comunicado denunciaron que para involucrar al Ejército en las tareas de seguridad reformaron la Constitución para «allanarse el camino y entregar todo el poder a los militares».

Expusieron su preocupación sobre que las instituciones de seguridad son dirigidas por personal militar, como el caso de la fiscal general del estado y el comisario de la Guardia Nacional en Chilpancingo, a pesar de recomendaciones internacionales que lo prohíben.

«Vemos la militarización de las instituciones y de los encargados de la seguridad pública. Nos preocupa por el alto riesgo de violación a los derechos humanos de la población de todos los lugares del estado, los indígenas de la montaña, los habitantes de la sierra y de los barrios y colonias».

El Centro Morelos llamó a no olvidar la epoca denominada cómo Guerrero Sucia, donde con el pretexto de combatir a la guerrilla desaparecieron, asesinaron y encarcelaron a cientos de personas.

«Tampoco pasemos por alto los miles de desaparecidos, asesinados y desplazados, hechos en que de acuerdo al testimonio de las víctimas participaron militares».

 

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Llegan otros 500 soldados de la Guardia Nacional a Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilapancingo 

 

Ante el aumento de la violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero, donde autoridades insisten en la presencia de dos grupos delictivos, llegaron a Chilpancingo 500 soldados de la Guardia Nacional.

Los elementos arribaron alrededor de las cuatro de la tarde de este sábado a las instalaciones de la 35 Zona Militar.

En poco más de un mes este el segundo operativo de fuerzas de seguridad federal que se pone en marcha en la zona Centro de Guerrero. Apenas el pasado 5 de julio llegaron a esta capital 300 elementos de la Guardia Nacional.

En los últimos tres meses la violencia en varios municipios que comprende esta región, como Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla, Quechultenango y Leonardo Bravo, la violencia sigue en aumento.

Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguran que en esta zona funcionan las organizaciones criminales de Los Tlacos y Los Ardillos y que son las generadoras de la violencia. Pero no mencionan que ambos grupos tienen también el control político de estos lugares.

En Chilpancingo la inacción de las autoridades estatales y municipales para frenar la inseguridad es criticada por los organismos empresariales.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha justificado su inoperancia para contener la ola de violencia con el argumento de que el municipio cuenta con tan sólo una plantilla de 112 policías preventivos. Chilpancingo tiene una población de más de 300,000 habitantes.

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