FGR atrae investigación de asesinato de normalista y hace pelear a Seguridad Pública y FGE

Texto y foto: Margena de la O 

Martes 12 de marzo del 2024

Chilpancingo

El hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera cargo de la investigación del ataque de policías estatales a los normalistas de Ayotzinapa ocurrido el jueves pasado, al oriente de la ciudad, donde asesinaron al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, puso en jaque al gobierno estatal al quedar exhibido con su falseada versión de los hechos.

En este momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene una confrontación mediática al responsabilizarse mutuamente de lo que no hicieron con los policías estatales que participaron en la agresión a los normalistas, en particular porque este martes por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el elemento que asesinó al estudiante, huyó.

“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa, se fugó, el policía. Se está haciendo la investigación, la búsqueda, se van a fincar responsabilidades”.

Eso generó reacciones de parte de los estudiantes, que esa misma mañana irrumpieron en la FGE, donde lanzaron explosivos y quemaron algunos vehículos que estaban estacionados adentro del edificio.

Así quedaron las instalaciones de la FGE tras el paso de los normalistas, esta mañana del 12 de marzo, en Chilpancingo.

También acarreó que la FGE y la SSP se señalaran públicamente, mediante comunicados, sobre el caso de los policías.

El primer comunicado salió de la FGE para aclarar que “ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía a los policías estatales involucrados”, menos pudieron estar en calidad de detenidos por la dependencia, porque no realizan “arrestos administrativos”.

Enseguida a estos apuntes, en el comunicado está planteada la necesidad de que aclaren “qué autoridad mantiene bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.

El comunicado de la FGE lo difunden cuando todavía en las instalaciones personal oficial hacían trabajos para componer parte de los desastres, producto de la irrupción de los estudiantes al inmueble.

Más tarde, la SSP difundió un comunicado donde expuso que los policías estatales involucrados dieron su declaración ministerial ante el Ministerio Público de la Agencia Especializada de Delitos Graves de la FGE a las 7:30 horas de la mañana del viernes 8 de marzo, es decir horas después de los hechos.

Hay dos elementos que expone la SSP: es competencia de la FGE “la retención de los elementos por al menos 48 horas” o solicitar una ampliación del término o una orden de aprehensión. Señaló “dilaciones” de parte de la Fiscalía al negarse a “recepcionar la puesta a disposición”.

“Asimismo, durante todo el evento, la enlace del Jurídico Región Centro intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente, sin obtener resultados”, es una parte del comunicado.

Dos de los tres elementos que participaron en el ataque a los normalistas el jueves pasado, de acuerdo con el comunicado de la SSP, están resguardados de manera voluntaria, sólo en carácter administrativo, pero el otro, al parecer el que reportó el presidente, sin ser localizado.

La condición actual de este agente, aclaró la secretaría, es “por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, en clara alusión a la Fiscalía.

Con esto, la SSP refutó la versión de la Fiscalía y, al mismo tiempo, expuso cómo dos dependencias de una mismo administración estatal, la que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, no están coordinadas. Las posiciones públicas de la FGE y la SSP las distancia de tal manera que pareciera son de estructuras gubernamentales diferentes.

Tampoco es que los funcionarios de la administración estatal hayan actuado mejor antes. La gobernadora habló públicamente del hecho hasta el cuarto día de que ocurrió, y lo hizo mediante un mensaje por redes sociales, como acostumbra, porque desde el inicio de su gobierno evita los cuestionamientos de los reporteros, así sea en actos públicos.

Septiembre: el mes más violento en lo que va del año en Guerrero, con 151 asesinatos

Una de las víctimas en el mes patrio fue el delegado de la FGR, Fernando García Fernández y una familia de una comunidad de Huitzuco extraída de su vivienda de madrugada y ejecutada en la calle


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Jose Luis de la Cruz / Archivo

Chilpancingo

2 de octubre del 2023

 

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), en Guerrero, Fernando García Fernández, salía de su casa, en Chilpancingo, rumbo a su trabajo, sólo en un auto sin blindaje, cuando hombres armados con armas largas, lo acribillaron el pasado 12 de septiembre.

García Fernández, de 48 años, tenía un protocolo de seguridad personal que consistía en un bajo perfil, sin escoltas, ni chofer, o un auto que llamara la atención. Vecinos contaron que lo conocían pero no sabían de su cargo.

Se portaba así para no llamar la atención, pero su protocolo de seguridad personal no le sirvió en esta entidad, donde varios grupos del crimen organizado se disputan el control territorial, político y económico.

García Fernández era vecino de la colonia Cipantli, al sur de la ciudad. Fue asesinado a las 8:25 de la mañana del martes 12 de septiembre, sobre la calle Moctezuma, la que conecta con el carril sur-norte del Bulevard, a pocas cuadras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La calle Moctezuma es una artería muy transitada, sobre todo a la hora en la que el funcionario fue acribillado, pues es el momento del flujo de personas para ir al trabajo, por fortuna, no hubo heridos. El auto de García Fernández tenía unos 30 impactos y él disparó su arma en un intento por defenderse de la lluvia de balas. Varias personas presenciaron el asesinato.

La violencia del mes de septiembre

En Guerrero asesinaron durante septiembre a 134 personas, de las que 119 eran hombres y 15 mujeres. El registro del mes se amplió a 151 víctimas, por el hallazgo de los restos de 17 personas, al parecer todos hombres, de quienes no se tiene registro de identidad, localizados en fosas clandestinas en el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, por la colectiva Memoria, Verdad y Justicia.

El día del asesinato del alto funcionario de la FGR ocurrieron en total nueve homicidios. El martes 12 se ubicó en los registros como el segundo día más violento del mes de la patria. Así es. No fue el día más violento. El sábado 23 asesinaron a 12 personas.

El día más violento de septiembre

El sábado 23 de septiembre, asesinaron en eventos distintos a tres personas en Acapulco, a tres integrantes de una misma familia en la comunidad de Tlaxmalac, municipio de Huitzuco, a un ex candidato a regidor por Morena, en Zihuatanejo y fue el día que la colectiva Memoria, Verdad y Justicia halló cinco cadáveres en fosas clandestinas en El Veladero.

En Acapulco, la madrugada del sábado 23, en el poblado Llano Largo, desconocidos dejaron a un hombre sin vida, con las manos amarradas con un lazo por atrás de la espalda, cerca de una gasolinería. La víctima fue asesinada a golpes.

Horas después, alrededor de las dos de la tarde, hombres armados llegaron al restaurante La Isla de Wencho, en la playa El Morro y asesinaron de un tiro en la cabeza a un hombre de 65 años, llamado Jesús, hermano del dueño del establecimiento.

Cerca de las ocho de la noche, también en Acapulco, en la colonia Ciudad Renacimiento, una mujer fue hallada asesinada mediante un torniquete hecho con cuerda y un tronco de madera.

En Zihuatanejo, Hermes Blanco Monje, ex candidato a síndico por Morena y empresario de la tortilla, fue asesinado alrededor de las dos de la tarde, en el centro. Hermes Blanco, de acuerdo con la información, estaba dentro de su automóvil, frente a su tortillería, cuando fue atacado a balazos.

Un proveedor de carne fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes, en la entrada al área de carnes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla de la ciudad de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz

En Tlaxmalac, municipio de Huitzuco, en la región Norte del estado, cerca de las tres de la madrugada del sábado, un padre, una madre y su hijo, fueron sacados de su vivienda y acribillados en la vía pública.

En esa misma comunidad, alrededor de dos horas antes, hubo una persecución por el pueblo de alrededor de 40 minutos. Tlaxmalac es una comunidad con más de dos mil habitantes.

El mismo día, la colectiva Verdad, Memoria y Justicia consiguió la exhumación de cinco víctimas enterradas en fosas clandestinas en El Veladero. Los cadáveres, al parecer todos hombres, estaban enterrados en la misma fosa y completos.

El crimen de García Fernández

El mismo día del asesinato de García Fernández, la FGR informó mediante boletín una relación entre el crimen del delegado y cuatro detenciones, entre ellas, las de dos integrantes de un grupo criminal y de otros dos “miembros de una banda dedicada al secuestro agravado”.

Indicó en ese comunicado que para aclarar el crimen efectuó diversas acciones con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, entre ellas, la obtención de 138 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado en contra de 189 personas, entre las que figuraban las cuatro detenciones mencionadas.

Dos días después del homicidio de García Fernández, un juez de control vinculó a proceso a dos ex comisarios del poblado de Petaquillas, una comunidad de Chilpancingo, Paula Calderón Herrera y Lenin Locia Reyes. Paula labora en el Congreso local como secretaria y Lenin en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a los que la FGR señaló en su boletín como “miembros de una banda de secuestro agravado”.

Su detención se originó por un bloqueo y retención de militares en Petaquillas el 7 de junio del 2022. Ese día, elementos del Ejército mexicano y policías estatales catearon viviendas. Los habitantes acordaron retener a los 40 militares y policías estatales frente al panteón. La defensa legal de los ex comisarios asegura que cuando la gente acordó retener a los militares y policías, Paula y Lenin estaban en su trabajo y, por la tarde, cuando llegaron a Petaquillas, se enteraron de lo ocurrido.

Petaquillas es una población pegada a la capital, parte del corredor utilizado por el grupo del crimen organizado Los Ardillos.

Elementos del Ejército y policías estatales recorren el mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo. Foto: José Luis De la Cruz/archivo Amapola periodismo

Las otras dos detenciones de las que habla la FGR son dos transportistas detenidos en sus vehículos del servicio público con armas largas, a los que la dependencia vinculó al grupo de Los Ardillos, razón por la cual en junio pasado, unos 300 pobladores de comunidades controladas por ese grupo ingresaron a la capital para exigir su liberación. Durante esos días, los habitantes de la capital vivieron horas de terror por el asesinato de transportistas en Chilpancingo y Tixtla, el cierre total de negocios y la paralización del transporte público.

Septiembre: el más más violento del 2023, hasta ahora

Con 151 víctimas, septiembre tiene el registro de ser el mes más violento de lo que va de este 2023, cuya suma es de 1,025 víctimas. El segundo mes más violento se lo quedó marzo, con 133, y en tercer lugar julio, con 130.

Todos los meses de este año, las víctimas son arriba de 100, sólo enero tuvo una cifra menor al ciento, pues el registro llegó a 53. En febrero el registro fue de 103 homicidios, marzo 133, abril 100, mayo 128, junio 109, julio 130, agosto 118 y septiembre 151, los que suman 1,025 víctimas.

Septiembre del 2023 fue más violento con respecto al mismo mes del año anterior. Hace un año, en el mismo mes, se registraron 104 personas asesinadas, 94 hombres y 10 mujeres.

Acapulco, Chilpancingo e Iguala, concentran el 90 por ciento de la violencia

Como cada mes, son los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, los que concentran más del 70 por ciento de los homicidios. En este mes de septiembre, de las 151 víctimas, Acapulco registró 71, Iguala 17 y Chilpancingo, 15, como una muestra de que son los territorios más disputados por el poder político y económico que se concentra en estas ciudades y que es el crimen organizado, compuesto por agentes del Estado y grupos paralegales, los que organizan y ejecutan la violencia.

Este registro de homicidios lo lleva a cabo Amapola periodismo desde enero del 2020.

 

Tlacolol – En Guerrero mandan las organizaciones criminales y no el gobierno

Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

A las 8:25 de la mañana del martes 12 de septiembre, Fernando García Fernandez, salió de su casa ubicada en la calle Xóchitl, en la colonia Cipatli al sur de Chilpancingo, a bordo de su camioneta Suv Xpander color plateado, de la marca Mitsubishi, modelo 2023.

Como cualquier otro día, García Fernández salió a su trabajo. Vivía en una calle cerrada, pero contigua a la avenida Arcadio G. Catalán Memije, de la colonia Balcones de Tepango, que conecta a 130 metros con la lateral de la Autopista del Sol.

Sin embargo, cuando llegó al cruce de su calle, con la Moctezuma, hombres armados le dispararon sobre su parabrisas.

Las balas entraron de lado del copiloto hacia el chofer, y al menos 30 impactos quedaron marcados en el vehículo.

Fernando bajó de su camioneta herido. El vehículo avanzó hasta que se impactó en un portón metálico.

De acuerdo con vecinos de García Fernández, era un hombre que gustaba de caminar con su mascota por la calle tranquilamente, además, le conocían porque asiduamente organizaba fiestas en su domicilio.

García Fernández no contaba con guardaespaldas ni tampoco su camioneta tenía un blindaje especial. Incluso, por su bajo perfil, sus vecinos desconocían que fuera el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero.

El cuerpo de García Fernández quedó tirado sobre la acera, bajo un letrero verde metálico que dice: Colonia Cipatli. Bienvenido.

El ataque armado se supo de inmediato. No pasaron más de 20 minutos cuando se confirmó quién era la víctima.

A 500 metros del lugar donde ocurrió el asesinato, se ubican las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). A pesar de ello, los peritajes tardaron más de tres horas, debido a que primero fueron los especialistas locales, es decir, de la FGE quienes hicieron las diligencias.

No obstante, al ser un funcionario federal también se presentaron agentes de la FGR, incluidos peritos, quienes identificaron errores en el levantamiento de las pruebas, que los obligó a ponerse trajes blancos y hacer nuevamente los trabajos.

El lugar del crimen fue rodeado por guardias nacionales, militares, policías estatales y ministeriales.

Frente al lugar del crimen, en la calle Moctezuma, una vivienda está en construcción, y la mañana de ese martes, los trabajadores ya iniciaban sus labores ahí, por lo que inmediatamente las autoridades los cuestionaron acerca de lo que habían visto.

Tres días después del homicidio, en un recorrido en el lugar, la obra en construcción quedó detenida, los trabajadores ya no regresaron, y en la esquina donde quedó el cadáver fueron colocadas veladoras y dos pequeños arreglos florales sobre las aún visibles manchas de sangre en el piso.

Los cuestionamientos a los albañiles, tal vez fueron, un tanto innecesarios, luego de que en el cruce de la avenida Arcadio G. Catalán Memije con la lateral de la Autopista del Sol, está colocada una cámara de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

Fuentes consultadas sostienen que una de estas cámaras puede hacer un acercamiento de hasta 50 metros desde su ubicación. Reiteramos, el crimen ocurrió a 130 metros de esta videocámara.

Por si fuera poco, en el trayecto de la viodeocámara del C4 a donde quedó el cuerpo de García Fernández, contabilizamos siete videocámaras privadas. Alguna grabó a los responsables.

El crimen, sin embargo, parece que no ha consternado a las autoridades locales. La gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, no ha condenado el asesinato del delegado de la FGR.

El miércoles 14 de septiembre, mediante sus redes sociales, la gobernadora publicó que en una reunión en la 35 Zona Militar en Chilpancingo analizaron en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz “las estrategias conjuntas en atención al fenómeno de la violencia” en Guerrero, “para combatir de raíz las causas que la originan”.

Su discurso repetitivo, vacío, frívolo, con el paso de los meses de su administración ha perdido fuerza. Sobre todo, ese, en el que afirma: “Nuestro compromiso inquebrantable es asegurar que la paz prevalezca y continuar incansablemente la labor de pacificar Guerrero. Porque al margen de la ley nada y por en cima de la ley nadie”.

¿Acaso ha prevalecido la paz en la entidad? ¿A poco su gobierno ha pacificado Guerrero? ¿O los responsables que asesinaron a 22 personas en San Miguel Totolapan; siete en El Durazno; cuatro en El Parotal; al fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras; y al delegado de la FGR, Fernando García, no continúan al margen y por encima de la ley?

Habrá que recordarle que no han sido detenidos ni encarcerlado ningún responsable por estos delitos.

Quien sí ha hablado del homicidio, es el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que se ha convertido en el parapeto de la gobernadora.

El secretario declaró dos cosas llamativas: la primera que el asesinato de García Fernández se debía al trabajo de combate contra todas las organizaciones criminales, y segundo, sostuvo que sería “muy aventurado” señalar que la organización criminal Los Ardillos esté detrás del asesinato.

Esto obliga a preguntar: ¿Por qué cuando la FGR sostuvo que una de las líneas de investigación del homicidio de García Fernández es que estuvo detrás de la detención de los presuntos integrantes de Los Ardillos, Jesús Echeverría Peñafiel y Bernardo Chávez Cruz, el 5 de julio pasado, Reynoso Núñez le quitó responsabilidad a esta agrupación? ¿A caso sabe más de quiénes son los verdaderos responsables?

Quien también habló del homicidio, con aires de atención pública, fue la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna. Afirmó que pedirán que la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, comparezca por el crimen.

La duda es: ¿Cuándo los diputados y diputadas locales van a pedir que comparezcan por la violencia en el estado, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez; Reynoso Núñez o la misma gobernadora? ¿Lo harán alguna vez en sus tres años en el cargo?

Nosotros podemos responder. Muy difícilmente lo harán, porque en el Congreso local se han subordinado a quienes ostentan el poder, es decir, a la familia Salgado.

En Guerrero, parece que quienes deberían dar seguridad son vapuleados por las organizaciones criminales.

En lo que va del 2023, fueron asesinados 26 agentes de seguridad, entre policías, jefes de unidad, de seguridad pública municipal, de la FGE y de la FGR.

Sin embargo, hay tres datos que llaman demasiado la atención de los últimos dos casos: del asesinato de Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente, quien fue parte del golpe a la organización criminal la Familia Michoacana (FM), con el decomiso de 13 vehículos en Ciudad Altamirano en mayo de este año, que provocó una serie de bloqueos de carreteras encabezados por alcaldes y diputados locales de la región.

¿Por qué si los propios mandos de la FGE sabían del operativo, enviaron a Salas Cuadras a esa región? ¿Alguien lo entregó? ¿Quién lo traicionó?

Se sabe que luego del crimen la propia fiscal Valdovinos Salmerón encabeza los operativos en Tierra Caliente.

Lo segundo que llama la atención fue una página de Facebook que por su historial de publicaciones, se dedica a difundir las actividades del gobierno del estado y del Congreso local, además de las denuncias locales de Acapulco y de nota roja, llamada Intemperie Tv.

El jueves esta página difundió una imagen filtrada de una reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que se señala a tres presuntos hombres responsables del asesinato de García Fernández.

Mencionaron que uno de ellos fue identificado como Francisco Valentín Brito, policía ministerial en activo de la FGE, y ex escolta del ex jefe ministerial, Esteban Maldonado Palacios.

Resulta que una de las hipótesis es que fueron contratados por un grupo delincuencial para asesinar a García Fernández. Eso respondería porque los balazos en la camioneta del delegado de la FGR, están concentrados en una zona y no fue una ráfaga al azar, sino de alguien entrenado para disparar a matar y no fallar.

Otra pregunta es: ¿por qué de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se filtró esa información? ¿Buscan inculpar a la FGE? ¿Qué cabeza quieren que ruede primero? Si por un lado señalan que sería “aventurado” que Los Ardillos estén detrás del crimen y, por otro, que llamarán a la fiscal Sandra Luz Valdovinos a comparecer.

La respuesta, puede ser, que a ciertos grupos del crimen organizado les incomoda que continúe Valdovinos Salmerón frente a la FGE.

Otra clave del gran rompecabezas es el mapa que hace unos días se divulgó en algunos medios estatales que indica que 30 municipios ya son controlados por la Familia Michoacana.

Es necesario mencionar que si lo han hecho es en conjunto o alianza de otros, como Los Ardillos, y de la complacencia de los tres órdenes de gobierno, porque desde que se ha mencionado la expansión de la FM, el gobierno estatal se ha empeñado en negarlo.

¿De verdad tienen acorralados a Los Tlacos, organización que se fortaleció en el sexenio de Héctor Astudillo Flores? ¿Y ahora, en la administración de Evelyn Salgado, la FM es la que se está fortaleciendo?

Para cerrar estas reflexiones, hay que aclarar que no pretendemos justificar a la Policía Ministerial, y habrá que esperar la certeza de los presuntos autores materiales del asesinato del delegado de la FGR, bastante historial negro tiene ya Maldonado Palacios, a quien se le vinculó en diversas ocasiones y gobiernos con oganizaciones criminales, y no es descabellado que un ministerial esté involucrado en un delito más en Guerrero.

Chirrionazo. Este viernes, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, tuvo una guerra por hacer la mejor fiesta patria contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los festejos individuales, evidenciaron el distanciamiento que viven desde el escándalo de la edil morenista tras la quemadota de su reunión con un líder de un grupo del crimen organizado que según las autoridades se trata de Celso Ortega JIménez, el mero mero de Los Ardillos..

No obstante, Salgado Pineda se rayó, como acostumbra, al regalar 15 motonetas Italika modelo D125, que van desde 18 mil a 19 mil pesos, en su costo común en tiendas como Chedraui o Elektra.

La pregunta es en cuánto la habrán valorado oficialmente, porque resulta que su pareja sentimental y coordinador general operativo del Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Rubén Hernández Fuentes, es el conocido concesionario de Italika en Chilpancingo.

Desde el gobierno anterior de Héctor Astudillo Flores, Rubén Hernández ya tenía negocios con el gobierno estatal, pues era proveedor de motocicletas, también arreglaba y daba mantenimiento a las motos oficiales.

¿En cuánto nos costaron esas motonetas del erario? ¿O se habrá puesto guapo Hernández Fuentes y obsequió esas austeras motitos?

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.

Una línea de investigación del asesinato del delegado de la FGR es la detención de dos integrantes de Los Ardillos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

12 de septiembre del 2023

La detención de dos integrantes de la organización criminal efectuada en Chilpancingo en julio de este 2023 son, entre otras, líneas de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el asesinato del delegado en Guerrero de esta institución, Fernando García Fernández.

En un comunicado, la FGR reportó que entre las acciones que realizó el delegado fue la detención de Jesús “N” y Bernardo “N”, quienes eran integrantes de un grupo criminal con presencia en Guerrero. Estos dos detenidos y procesados son identificados como líderes de transportistas que pertenecían a Los Ardillos.

La detención de estas personas, que ya fueron vinculados a proceso por portación de armas para uso exclusivo de la Armada de México y posesión de droga en su modalidad de transportación, provocó movilizaciones de choferes de transporte público de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Juan R Escudero, en Chilpancingo en julio pasado.

En esa ocasión los transportistas mantuvieron en plantón afuera de las instalaciones de la delegación de la FGR, en exigencia de la liberación de Jesús “N” y Bernardo “N”.

En el comunicado, la FGR informó que otras de las acciones que realizó el delegado antes de su asesinato fue la obtención de 139 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado en contra de 199 personas.

“Asimismo se ha realizado el aseguramiento de 484 armas de fuego, 22 granadas, 821 cargadores, 25 mil municiones, más nueve mil toneladas de narcótico y 23 mil 347 litros de hidrocarburo”, se lee en el texto de la FGR.

Ahí también incluyeron que en Guerrero ya están equipos especiales de la FGR, como ministerios públicos federales, elementos de inteligencia, de investigación y servicios periciales, para esclarecer el asesinato del delegado.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz también condenó el asesinato del delegado de la FGR, ocurrido este martes cuando salía de su domicilio a bordo de su automóvil al sur de Chilpancingo.

Asesinan al delegado de la FGR en Guerrero

Varios hombres armados atacaron al funcionario, quien iba solo y en un carro sin blindaje


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero

12 de septiembre del 2023

Chilpancingo

 

A las 8:20, el delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, bajaba de la avenida principal del fraccionamiento Cipatli, al sur de Chilpancingo, cuando fue atacado por hombres que, al parecer, lo esperaban a bordo de dos automóviles.
Las evidencias muestran que intentó defenderse, no murió de forma instantánea, alcanzaron a llegar paramédicos de la Cruz Roja a brindarle auxilio y familiares, quienes se mantuvieron a su lado. Pero instantes después, murió.

Esa es una avenida de mucho tráfico, sobre todo, a estas horas de la mañana, momento en que madres y padres de familia de varias colonias asentadas en la parte alta, bajan para llevar a sus menores que acuden a algún preescolar.

El funcionario iba solo en su auto, el que quedó con los vidrios rotos y estrellado en un portón color verde. No era un auto blindado.

A esa hora, un trabajador de una oficina pública se preparaba para salir de su casa a atender la primera diligencia en el Poder Judicial, cuando escuchó las detonaciones.

“Eran sonidos de armas potentes, de varias a la vez y se escuchaban muy cerca”, contó.

Después de esas detonaciones fuertes se escucharon varios disparos de un solo tipo. “A mi parecer la persona que era atacada se defendió”.

Lo primero que hizo fue avisar de que no llegaría puntual a su compromiso de trabajo, pues su instinto le indicó esperar un tiempo prudente para salir y subir a su vehículo.

Cuando bajó, unos 20 minutos después, topó con la escena del crimen. Del lado derecho, bajo el letrero Bienvenidos a la colonia Cipatli, la víctima recibía primeros auxilios de parte de elementos de la Cruz Roja y dos mujeres, al parecer su madre y su hermana, lloraban en cuclillas a su lado. La víctima, de pantalón de mezclilla, zapatos negros y una playera tipo casual, estaba tirada bajo una palma de soyate, al otro lado de donde quedó el auto impactado.

De acuerdo con la escena, la víctima no murió de forma instantánea. Como pensó el trabajador del Poder Judicial, aun cuando el ataque abrumador de varios hombres a la vez y con armas poderosas, tuvo algo de tiempo para sacar su arma y disparar.

Otro testigo indicó que García Fernández al perder control de su auto, ya con varios impactos recibidos, se bajó, traía un arma y respondió a sus atacantes. No hay señales de que haya dado a alguno.

Inmediatamente, varias páginas digitales comenzaron a dar cuenta del suceso.

Algunos trabajadores de la delegación de la FGR llegaron a la colonia Cipatli, al escuchar que la víctima era probablemente el delegado.

También llegaron varias patrullas de la Policía Estatal, Guardia Nacional, peritos y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) a resguardar la zona. En minutos, la avenida se llenó de guardias nacionales, policías estales, agentes ministeriales y reporteros.

Los habitantes de las colonias Villas Parador y Cipatli, algunos a pie otros en automóvil, ya no pudieron bajar o subir a hacer sus actividades, porque la zona fue acordonada.

Los policías estatales no dejaron pasar a nadie aunque la gente vivía en la cuadra donde ocurrió el ataque.

 

Confirma alcaldesa que FGR llamó a sus funcionarios por las indagaciones para deslindarle relaciones con grupos criminales

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero 
24 de julio del 2023
Chilpancingo

 

La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, confirmó que más funcionarios municipales serán llamados por la Fiscalía General de la República (FGR) para “entrevistarse” y declarar sobre las cartulinas donde la relaciona con un grupo criminal y por los videos donde aparece reunida con un presunto líder criminal.

Hernández Martínez aseguró que el proceso que sigue la FGR no es una investigación y que estos llamados, a los que ella insiste en nombrar “entrevistas”, son porque ella se puso a disposición de la FGR después que se filtraran las imágenes donde aparece reunida con quien sería Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes del grupo criminal de Los Ardillos.

Amapola, periodismo transgresor informó ayer que el viernes 21 de julio fueron llamados por la FGR a la delegación ubicada en Chilpancingo, el primer síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle, y el director de Barrios y Colonias, Guadalupe Jiménez Saucedo, por la investigación que siguen.


En contexto: Caso de la alcaldesa Norma Otilia involucra a otros funcionarios que ya fueron citados por FGR

FGE investiga a nueve alcaldes, un síndico y una diputada por delitos graves


La alcaldesa morenista confirmó hoy al término de su conferencia matutina que personal cercana a ella, como directores de áreas, fueron llamados por la FGR, pero evitó decir nombres. Adelantó que más funcionarios serán llamados por dependencia federal.

“Si eran necesarios y si ellos (FGR) quieren incluso que vayan directores de algunas áreas que ellos crean puedan ayudar y abonar”, mencionó Hernández Martínez.

“Yo creo que es una primera etapa y considero que van a mandar a llamar a más, pero todavía no, porque nos están llamando poco a poco”, agregó.

Sobre su relación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien es su compañera de partido, la alcaldesa de Chilpancingo dijo que la mandataria estatal “no está obligada a hablarle”.

Esto después de a casi un mes que la alcaldesa dejara de asistir a eventos públicos donde estuviera la gobernadora o su padre, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio.

Su ausencia a eventos estatales quedó comprobada el pasado 20 de julio a la colocación de la primera piedra del Cuartel de la Guardia Nacional, en Ocotito, poblado que pertenece al municipio de Chilpancingo.

La alcaldesa aseguró que existe coordinación entre el municipio y el estado en temas de seguridad.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en su conferencia de prensa matutina esta mañana. Foto: Oscar Guerrero

 

«No vamos a meter las manos por nadie», dice PRD ante investigaciones contra un alcalde y una diputada de su instituto

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)

19 de julio del 2023

Chilpancingo 

 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que no va a «meter las manos al fuego por nadie» después de conocerse que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a uno de sus alcaldes y a una diputada, ambos de Tierra Caliente por presuntos delitos graves.

La lista de funcionarios investigados por la FGE consta de nueve alcaldes, una diputada local y un síndico, de los cuales seis alcaldes son de las filas de PRI, pero tanto la dirigencia estatal del partido, como la bancada en el Congreso local, evitan, hasta el momento, dar alguna declaración sobre la situación de estos alcaldes.

Los perredistas investigados son el presidente municipal de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverria Tabares y la diputada local, Elzy Camacho Pineda.

El presidente del Consejo Estatal del PRD en Guerrero, Mario Ruiz Valencia, aseguró que como partido están en la disposición de que sean investigados sus funcionarios y dijo que la dirigencia «no meterá las manos al fuego por nadie».

«Nosotros hemos dicho, si se tiene que investigar a todos, que se investigue a todos, no puede haber justicia para unos si y para otros no», agregó Ruiz Valencia.

Entre los alcaldes investigados por la FGE también está la morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y el primer sindico procurador, Andrei Marmolejo Valle.

Hernández Martínez, presuntamente, es investigada por dos videos en los que aparece reunida con un quien al parecer es Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos.

Para Ruiz Valencia las acusaciones contra dos integrantes de su partido es una estrategia para que la atención mediática y judicial no se centre solamente en la alcaldes de Chilpancingo.

«Esas investigaciones son jugadas maestras que intentan hacer para salvaguardarse, por eso dieron a conocer esa información, porque los hechos acontecidos en Tierra Caliente tienen meses, no es un tema nuevo, y ellos (Morena) tienen que ver cómo blindan a los suyos», dijo Ruiz Valencia.

Además de Echeverría Tabares, Camacho Pineda, Hernández Martínez y Marmolejo Valle, la FGE investiga a otros siete alcaldes, seis de la Tierra Caliente y uno de la zona Norte.

Los otros funcionarios investigados son los alcaldes de Acapetlahuaya, en la zona Norte, y César Ortiz Torres, del partido Movimiento Ciudadano.

De Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce jaimes; de Arcelia, Bulmaro Torres Berum; de Tlapehuala, José Luis Antunes Goicochea y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández, todos alcaldes priistas de la Tierra Caliente.

Se trató de contactar al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, pero no respondió.

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, mencionó que apenas discutirían con toda la fracción priista la situación y hasta entonces darían un posicionamiento.

El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, durante una protesta fuera del Ayuntamiento de Chilpancingo el pasado 12 de julio. Foto: Óscar Guerrero (Archivo).

 

Tribunal confirma obligación de la FGR de crear el Banco de Datos Forenses; le da 40 días hábiles para cumplir resolución

Un tribunal federal resolvió en contra de una impugnación que había promovido la FGR para intentar revertir la orden de un juez para que cree el banco de datos. A pesar de los recursos legales que ha promovido, la fiscalía afirmó ante la CIDH que tiene “avances” en la conformación de esa herramienta.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

 

De manera definitiva e irrevocable, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses, con lo que le ordenó avanzar en ese proceso.

El banco es considerado una pieza clave para la atención de la crisis de personas desaparecidas y de identificación forense en México, donde se calcula que más de 52 mil restos humanos permanecen como no identificados.

La nueva determinación judicial ocurre tras la impugnación que la FGR promovió ante la resolución de un juez que, en octubre de 2022, había determinado que la institución era omisa en la creación del banco. En aquella primera sentencia del juicio de amparo indirecto 1070/2021, el juez había ordenado a la fiscalía crear e implementar la herramienta en un plazo de 40 días.

Sin embargo, la FGR promovió un recurso de revisión. Ahora, ante la nueva resolución del Tribunal Colegiado, en la que confirma que es obligación del organismo poner en marcha el banco —que tiene rezagado desde hace más de cuatro años—, nuevamente el Poder Judicial establece un plazo de 40 días hábiles para cumplir con la determinación, que pone fin al litigio de manera definitiva e irrevocable.

El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece que el Banco Nacional de Datos Forenses estará a cargo de la fiscalía para concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos. Pese a que fue promulgada en 2017 y el plazo para crearlo se extendía hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, a principios de 2019, la FGR terminó argumentando que no tenía competencia para su creación.

El caso que originalmente motivó el litigio fue el de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017 y, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, promovió el amparo 1070/2021 por las afectaciones a su derecho a la verdad y la justicia como consecuencia de la falta de operación del banco.

Luego de la primera resolución del juez, que daba la razón a Montoya, tanto el fiscal Alejandro Gertz como diferentes unidades dentro de la FGR pretextaron en su recurso de revisión que normativamente carecían de competencia para la implementación de “tales figuras banco y registro nacional, puesto que dichas facultades se encuentran limitadas a los extremos normativos previstos en el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República”.

Contradicción y “avances”

Mientras ha insistido, por más de un año, en un litigio con el argumento de que no tiene competencia en la creación del banco, la fiscalía sostiene públicamente que sí ha avanzado en su conformación, tal como lo hizo incluso durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de marzo pasado.

“En audiencia ante la CIDH, Estado mexicano presenta información falsa. La FGR afirma que el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) ‘ya se encuentra operando’, pero en México litiga vs. las víctimas que exigen su implementación. La audiencia evidenció la falta de coordinación entre instituciones, sobre todo en las fiscalías, y mostró la ausencia de una política nacional para enfrentar el #RezagoForense”, acusó el Centro Pro en aquel momento.

Consultada respecto del estatus y los avances en el proceso de creación del banco, en respuesta a una solicitud de información, la fiscalía incluso detalló que trabaja mediante un plan de cuatro etapas: arranque, integración de otras bases de datos de la FGR y las fiscalías locales, integración de otras autoridades y consolidación. Asegura que, después de cuatro años, aún se encuentra en la segunda fase.

Además, lejos de negar su competencia, la destaca: “Conforme a lo previsto en la legislación en cita (la Ley General en la materia), la Fiscalía General de la República se encuentra a cargo de su implementación (del banco) y lo asume como un compromiso de carácter prioritario, ya que además de apoyar en la búsqueda y localización en identificación de personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas, su uso implica el apoyo en la localización de familiares de personas fallecidas no reclamadas”.

Aunado a ello, admite que también serviría para el auxilio en la investigación de los delitos de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares; el aporte de información que sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima para obtener la reparación integral, así como la ayuda a determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada.

Sin embargo, “como todo gran proyecto y derivado de la complejidad y relevancia de los datos que deben conformarlo —precisa la FGR— se instrumentó un Plan de Trabajo que da cuenta de los pasos a seguir en su implementación a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos que fueron planteados”.

En la descripción de las etapas de ese plan de trabajo, la institución asegura que la segunda consiste en fortalecer lineamientos asociados al desarrollo tecnológico y establecer los planes individualizados de integración del banco de datos forenses que regirán la ruta de acción en cada uno de los estados de la República para que se incorpore su información al Banco Nacional.

“Actualmente se trabaja en la implementación de la segunda etapa, que consiste en la integración de las bases de datos de las fiscalías generales de las entidades federativas, para lo cual se han instalado a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia diversas mesas de coordinación con las fiscalías estatales a efecto de dar seguimiento a los trabajos para la interconexión de sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses”, concluye la fiscalía.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

FGR y Marina detiene a siete policías estatales y dos municipales acusados por Caso Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

22 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de La Marina detuvieron este miércoles a siete agentes de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, en Iguala.

Entre los siete agentes estatales detenidos están Juan «N», Noel «N», Pablo «N», Ramiro «N» y Lorenzo «N», a quienes habrían detenido en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado (Unipol), al norte de Chilpancingo.

La información extraoficial menciona que los agentes estatales fueron citados para recibir un taller de capacitación en las instalaciones de la Unipol, donde, en realidad, fueron entregados por su comandante a los agentes de la FGR y de La Marina.

En tanto los dos policías preventivos fueron detenidos en Iguala este mismo miércoles.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), confirmó la detención de los nueve agentes de seguridad.

«La SSP informa que coadyuvó con la FGR y la Secretaría de Marina en el cumplimiento de una orden de aprensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014», se lee en el comunicado de la SSP.

Los agentes Ramiro y Lorenzo, de acuerdo con una investigación del medio de comunicación Corriente Alterna, estarían implicados en la tortura y asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, El Chilango.

Este reportaje expone que la FGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), desde agosto del 2022 emitió una orden de aprensión contra Ramiro Alvarado Sánchez, alias La Minsa y Lorenzo Bello Hernández, conocido como Comandante Pérez, dos de los nueve detenidos este miércoles.

«Basado en declaraciones de un testigo protegido, indica que un presunto miembro de Guerreros Unidos presenció la tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, el Comandante Peréz y La Minsa», se lee en la investigación de Corriente Alterna escrita por los periodistas Iván Ortíz y Fernando González.

El normalista Julio César Mondragón fue torturado y asesinado en los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014.

El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado en agosto del 2022, establece que Julio César fue desollado por un integrante del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos (GU) y un elemento de seguridad apodado La Minsa que, de acuerdo con la versión de Corriente Alterna, se trata de Ramiro Alvarado Sánchez, uno de los detenidos de hoy.

El cadáver de Julio César Mondragón fue hallado la mañana siguiente en la ciudad industrial, cerca de las instalaciones del C-4, en Iguala, la causa de muerte fue dolor por la tortura a la que fue sometido.

La llamada verdad histórica del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, presentada en noviembre del 2014, indica que el desollamiento de Julio César fue producto de la fauna silvestre.

Otra línea de investigación de las autoridades actuales es que el celular de Julio César Mondragón tuvo actividad días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

El informe de la Covaj señala que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) halló información sobre la utilización del dispositivo de este estudiante, después del 30 de septiembre de 2014 l, en instalaciones militares.

De esa línea de investigación la llamada verdad histórica no aportó más datos ni el actual informe de la Covaj.

Elementos de la Marina fuera del edificio de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chilpancingo, después de la detención de nueve policías presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero

 

Detienen de manera extrajudicial a mujer y la FGE le trata de imputar delitos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz/ Archivo

Chilpancingo

 

El jueves 2 de marzo, alrededor de las ocho de la noche, Marisol Figueroa Núñez fue detenida por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo sin ninguna orden judicial, sólo la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron.

Marisol estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la mantuvieron en una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.

De acuerdo con un comunicado emitido por Antimonumenta, organización feminista a nivel nacional, los policías ministeriales querían que Marisol señalara a una persona como el responsable de un asesinato.

Ante la negativa de Marisol, los elementos ministeriales la trasladaron a los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde estuvo incomunicada varios días.

Fue hasta el 7 de marzo que su madre, Marisela Núñez Trujillo, quien es activista y marcha constantemente para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, preocupada por la desaparición de su hija, salió a buscarla y logró recrear los hechos del 2 de marzo.

Marisela Núñez llegó a las instalaciones de la FGE , donde estaba detenida su hija, le dijeron que estaba ahí «porque andaba con malandros, venta de drogas y agresión a un policía ministerial».

Al no comprobarse dichos delitos y ante la insistencia de su madre, Marisol fue liberada el 7 de marzo.

Inmediatamente después de ser liberada le fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que fue detenida y trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Chilpancingo (Cereso).

El próximo lunes 14 de marzo se realizará la primer audiencia de Marisol, en la instalaciones del Poder Judicial, en Chilpancingo.

«Es inconcebible que a través de la tortura, amedrentación y fabricación de delitos, una mujer inocente este privada de su libertad, vulnerando sus derechos y su integridad», se lee en el documento de Antimonumenta.

Por tales hechos, dicha organización feminista exige a las autoridades correspondientes la liberación inmediata de Marisol y un alto a la represión de activistas y defensores de derechos humanos.

 

Profepa turnará investigación del Zoochilpan a la FGR por delitos contra la biodiversidad

La dependencia ubicó dos ejemplares más de los que reportaron en el inventario del Zoochilpan; no cuentan con la documentación que acredite su legal procedencia. Organizaciones y activistas protectoras de animales pidieron que gobierno investigue a fondo caso del zoológico


Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero 
3 de febrero del 2023
Chilpancingo

Organizaciones y activistas protectoras de animales, agrupados en la Unión Animalista del Estado de Guerrero, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Almazán Juárez, investigar a fondo las irregularidades dentro del zoológico Zoochilpan y castigo a quien resulte responsable.

«Exigimos enérgicamente a las autoridades de los distintos niveles de gobierno den seguimiento a este caso hasta llegar a las últimas consecuencias y se haga cumplir la ley», esto es parte del comunicado leído por Claudia Espino, rescatista de animales independiente, afuera de las instalaciones del Zoochilpan.

El pronunciamiento, que está firmado por cinco asociaciones de Acapulco y Chilpancingo.

En la imagen, de izquierda a derecha, Claudia Espino, rescatista independiente de animales; Zazil Meza, representante de la Asociación Latidos de Vida Guerrero, y la representante de Fundación Tesan AC

El pronunciamiento fue para exigir a las autoridades investigar los casos en contra de maltrato animal que dio a conocer la Semaren y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental el pasado miércoles.

Entre los casos están el de negligencia médica por la muerte de un venado que presuntamente fue enterrado en las instalaciones del Zoochilpan, el sacrificio de cuatro cabras pigmeas que fueron cocinadas para un festejo de fin de año y el destino final de una guacamaya, cuatro watusis, una cebra, un halcón cola roja y 10 reptiles del serpetentario.

Estos casos ocurrieron durante la administración del zoológico de José Rubén Nava Noriega, a quien las autoridades acusan de presunto responsable.

«Hacemos un llamado urgente a la gobenadora Evelyn Cecia Salgado Pineda para dar cumplimiento irrestricto a los ejes primordiales de su gobierno, no mentir, no robar y no traicionar y se castigue a los responsables de estás irregularidades con todo el peso de la ley y sin favoritismos», dijo la activista animalista.

Las representantes de las asociaciones evitaron dar nombres y señalar culpables, porque esperaran que los den a conocer las autoridades como resultado del proceso que piden.

También acusaron a la Semaren de hacer públicos los nombres de una denuncia anónima que se interpuso el pasado 17 de enero en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por el caso del venado rescatado en el Fraccionamiento Jardines de Zinnia y trasladado al Zoochilpan para su atención médica y que finalmente falleció.

Denunciaron pusieron en riesgo a la persona que denunció la negligencia médica por la muerte del venado al dar a conocer su nombre durante la conferencia de prensa que encabezó Almazán Juárez el pasado miércoles de manera virtual.

Una ejemplar de jaguar, el felino representativo de Guerrero, en una jaula aislada del Zoochilpan. Foto/Archivo.

«Continuaremos levantando la voz como siempre lo hemos hecho, levantando la voz por aquellos desamparados que no la tienen».

Profepa turnará la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad

La oficina de representación de Profepa en Guerrero informó, mediante un comunicado, que presentará una denuncia ante la FGR, en contra de quien o quienes resulten responsables por delitos contra la biodiversidad.

Esto porque «fueron identificadas discrepancias entre la cantidad de ejemplares que se contabilizaron durante la visita y los inventarios reportados a la Semarnat. Adicionalmente, se pidió el apoyo a las Oficinas de Representación en Querétaro y en la Zona Metropolitana del Valle de México para realizar visitas de inspección en los sitios en los que supuestamente fueron reubicados (los watusis)», se lee en el comunicado.

Sobre el tema de la cabras, de acuerdo con la información del comunicado, inspectores de la Profepa identificaron la existencia de dos ejemplares más de los que la administración del zoológico reportó en su inventario, los cuales no cuentan con la documentación que acredite su legal procedencia.

«Por lo anterior, la Profepa instrumenta el procedimiento administrativo correspondiente y turnara la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad», finaliza el comunicado.


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“Enorme malestar y pérdida de confianza”: concluye GIEI sobre el informe de la Covaj

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
31 de octubre del 2022
Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no existe garantía sobre la veracidad de las 467 capturas de pantalla presentadas como evidencia en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Las pruebas presentadas en el Informe Preliminar de la Covaj, el pasado 18 de agosto, por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “es inconsistente y no puede ser considerada como evidencia”, dijeron los integrantes del GIEI en conferencia de prensa desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

«Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje”, afirmó Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI.

Una de las inconsistencias en las capturas de pantalla es la palomita azul, que permite saber cuando un mensaje es leído, el GIEI dijo que eso no es coherente porque esa funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014, 20 días después de que supuestamente fueran tomadas esas capturas.

Además mencionaron que las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no sé basaron en el informe.

Las y los integrantes del GIEI afirmaron que hay varias inconsistencias en la información del informe que deben ser corroboradas porque no pueden ser tomadas en cuenta como evidencia judicial para el caso.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, subrayó que la presentación de estas supuestas evidencias, sobre todo 467 capturas de pantalla entre presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

Carlos Martín Beristain, otro de los expertos, mencionó que el intento por acelerar los resultados sobre el caso Ayotzinapa generó una crisis de desconfianza, ya que “se desencadenaron hechos que han puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia”.

Uno de esos casos fue la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que por no estar bien sustentada se corre el riesgo de liberarlo por fallas en el debido proceso.

Además de las capturas de pantalla, el GIEI descalificó otras 180 pruebas presentadas por la Covaj, al considerar que no existe evidencia científica para establecer su veracidad.

El pasado mes de septiembre, el GIEI informó que pidió una prórroga para analizar el Informe de la Covaj, la cual concluyó el día de hoy, según lo acordado entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI también informó que se retiran del caso pero verán un mecanismo de seguimiento, entre estos, que dos de sus integrantes continúen en las investigaciones.


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