Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado
A las 8:25 de la mañana del martes 12 de septiembre, Fernando García Fernandez, salió de su casa ubicada en la calle Xóchitl, en la colonia Cipatli al sur de Chilpancingo, a bordo de su camioneta Suv Xpander color plateado, de la marca Mitsubishi, modelo 2023.
Como cualquier otro día, García Fernández salió a su trabajo. Vivía en una calle cerrada, pero contigua a la avenida Arcadio G. Catalán Memije, de la colonia Balcones de Tepango, que conecta a 130 metros con la lateral de la Autopista del Sol.
Sin embargo, cuando llegó al cruce de su calle, con la Moctezuma, hombres armados le dispararon sobre su parabrisas.
Las balas entraron de lado del copiloto hacia el chofer, y al menos 30 impactos quedaron marcados en el vehículo.
Fernando bajó de su camioneta herido. El vehículo avanzó hasta que se impactó en un portón metálico.
De acuerdo con vecinos de García Fernández, era un hombre que gustaba de caminar con su mascota por la calle tranquilamente, además, le conocían porque asiduamente organizaba fiestas en su domicilio.
García Fernández no contaba con guardaespaldas ni tampoco su camioneta tenía un blindaje especial. Incluso, por su bajo perfil, sus vecinos desconocían que fuera el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero.
El cuerpo de García Fernández quedó tirado sobre la acera, bajo un letrero verde metálico que dice: Colonia Cipatli. Bienvenido.
El ataque armado se supo de inmediato. No pasaron más de 20 minutos cuando se confirmó quién era la víctima.
A 500 metros del lugar donde ocurrió el asesinato, se ubican las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). A pesar de ello, los peritajes tardaron más de tres horas, debido a que primero fueron los especialistas locales, es decir, de la FGE quienes hicieron las diligencias.
No obstante, al ser un funcionario federal también se presentaron agentes de la FGR, incluidos peritos, quienes identificaron errores en el levantamiento de las pruebas, que los obligó a ponerse trajes blancos y hacer nuevamente los trabajos.
El lugar del crimen fue rodeado por guardias nacionales, militares, policías estatales y ministeriales.
Frente al lugar del crimen, en la calle Moctezuma, una vivienda está en construcción, y la mañana de ese martes, los trabajadores ya iniciaban sus labores ahí, por lo que inmediatamente las autoridades los cuestionaron acerca de lo que habían visto.
Tres días después del homicidio, en un recorrido en el lugar, la obra en construcción quedó detenida, los trabajadores ya no regresaron, y en la esquina donde quedó el cadáver fueron colocadas veladoras y dos pequeños arreglos florales sobre las aún visibles manchas de sangre en el piso.
Los cuestionamientos a los albañiles, tal vez fueron, un tanto innecesarios, luego de que en el cruce de la avenida Arcadio G. Catalán Memije con la lateral de la Autopista del Sol, está colocada una cámara de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Fuentes consultadas sostienen que una de estas cámaras puede hacer un acercamiento de hasta 50 metros desde su ubicación. Reiteramos, el crimen ocurrió a 130 metros de esta videocámara.
Por si fuera poco, en el trayecto de la viodeocámara del C4 a donde quedó el cuerpo de García Fernández, contabilizamos siete videocámaras privadas. Alguna grabó a los responsables.
El crimen, sin embargo, parece que no ha consternado a las autoridades locales. La gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, no ha condenado el asesinato del delegado de la FGR.
El miércoles 14 de septiembre, mediante sus redes sociales, la gobernadora publicó que en una reunión en la 35 Zona Militar en Chilpancingo analizaron en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz “las estrategias conjuntas en atención al fenómeno de la violencia” en Guerrero, “para combatir de raíz las causas que la originan”.
Su discurso repetitivo, vacío, frívolo, con el paso de los meses de su administración ha perdido fuerza. Sobre todo, ese, en el que afirma: “Nuestro compromiso inquebrantable es asegurar que la paz prevalezca y continuar incansablemente la labor de pacificar Guerrero. Porque al margen de la ley nada y por en cima de la ley nadie”.
¿Acaso ha prevalecido la paz en la entidad? ¿A poco su gobierno ha pacificado Guerrero? ¿O los responsables que asesinaron a 22 personas en San Miguel Totolapan; siete en El Durazno; cuatro en El Parotal; al fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras; y al delegado de la FGR, Fernando García, no continúan al margen y por encima de la ley?
Habrá que recordarle que no han sido detenidos ni encarcerlado ningún responsable por estos delitos.
Quien sí ha hablado del homicidio, es el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que se ha convertido en el parapeto de la gobernadora.
El secretario declaró dos cosas llamativas: la primera que el asesinato de García Fernández se debía al trabajo de combate contra todas las organizaciones criminales, y segundo, sostuvo que sería “muy aventurado” señalar que la organización criminal Los Ardillos esté detrás del asesinato.
Esto obliga a preguntar: ¿Por qué cuando la FGR sostuvo que una de las líneas de investigación del homicidio de García Fernández es que estuvo detrás de la detención de los presuntos integrantes de Los Ardillos, Jesús Echeverría Peñafiel y Bernardo Chávez Cruz, el 5 de julio pasado, Reynoso Núñez le quitó responsabilidad a esta agrupación? ¿A caso sabe más de quiénes son los verdaderos responsables?
Quien también habló del homicidio, con aires de atención pública, fue la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna. Afirmó que pedirán que la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, comparezca por el crimen.
La duda es: ¿Cuándo los diputados y diputadas locales van a pedir que comparezcan por la violencia en el estado, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez; Reynoso Núñez o la misma gobernadora? ¿Lo harán alguna vez en sus tres años en el cargo?
Nosotros podemos responder. Muy difícilmente lo harán, porque en el Congreso local se han subordinado a quienes ostentan el poder, es decir, a la familia Salgado.
En Guerrero, parece que quienes deberían dar seguridad son vapuleados por las organizaciones criminales.
En lo que va del 2023, fueron asesinados 26 agentes de seguridad, entre policías, jefes de unidad, de seguridad pública municipal, de la FGE y de la FGR.
Sin embargo, hay tres datos que llaman demasiado la atención de los últimos dos casos: del asesinato de Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente, quien fue parte del golpe a la organización criminal la Familia Michoacana (FM), con el decomiso de 13 vehículos en Ciudad Altamirano en mayo de este año, que provocó una serie de bloqueos de carreteras encabezados por alcaldes y diputados locales de la región.
¿Por qué si los propios mandos de la FGE sabían del operativo, enviaron a Salas Cuadras a esa región? ¿Alguien lo entregó? ¿Quién lo traicionó?
Se sabe que luego del crimen la propia fiscal Valdovinos Salmerón encabeza los operativos en Tierra Caliente.
Lo segundo que llama la atención fue una página de Facebook que por su historial de publicaciones, se dedica a difundir las actividades del gobierno del estado y del Congreso local, además de las denuncias locales de Acapulco y de nota roja, llamada Intemperie Tv.
El jueves esta página difundió una imagen filtrada de una reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que se señala a tres presuntos hombres responsables del asesinato de García Fernández.
Mencionaron que uno de ellos fue identificado como Francisco Valentín Brito, policía ministerial en activo de la FGE, y ex escolta del ex jefe ministerial, Esteban Maldonado Palacios.
Resulta que una de las hipótesis es que fueron contratados por un grupo delincuencial para asesinar a García Fernández. Eso respondería porque los balazos en la camioneta del delegado de la FGR, están concentrados en una zona y no fue una ráfaga al azar, sino de alguien entrenado para disparar a matar y no fallar.
Otra pregunta es: ¿por qué de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se filtró esa información? ¿Buscan inculpar a la FGE? ¿Qué cabeza quieren que ruede primero? Si por un lado señalan que sería “aventurado” que Los Ardillos estén detrás del crimen y, por otro, que llamarán a la fiscal Sandra Luz Valdovinos a comparecer.
La respuesta, puede ser, que a ciertos grupos del crimen organizado les incomoda que continúe Valdovinos Salmerón frente a la FGE.
Otra clave del gran rompecabezas es el mapa que hace unos días se divulgó en algunos medios estatales que indica que 30 municipios ya son controlados por la Familia Michoacana.
Es necesario mencionar que si lo han hecho es en conjunto o alianza de otros, como Los Ardillos, y de la complacencia de los tres órdenes de gobierno, porque desde que se ha mencionado la expansión de la FM, el gobierno estatal se ha empeñado en negarlo.
¿De verdad tienen acorralados a Los Tlacos, organización que se fortaleció en el sexenio de Héctor Astudillo Flores? ¿Y ahora, en la administración de Evelyn Salgado, la FM es la que se está fortaleciendo?
Para cerrar estas reflexiones, hay que aclarar que no pretendemos justificar a la Policía Ministerial, y habrá que esperar la certeza de los presuntos autores materiales del asesinato del delegado de la FGR, bastante historial negro tiene ya Maldonado Palacios, a quien se le vinculó en diversas ocasiones y gobiernos con oganizaciones criminales, y no es descabellado que un ministerial esté involucrado en un delito más en Guerrero.
Chirrionazo. Este viernes, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, tuvo una guerra por hacer la mejor fiesta patria contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los festejos individuales, evidenciaron el distanciamiento que viven desde el escándalo de la edil morenista tras la quemadota de su reunión con un líder de un grupo del crimen organizado que según las autoridades se trata de Celso Ortega JIménez, el mero mero de Los Ardillos..
No obstante, Salgado Pineda se rayó, como acostumbra, al regalar 15 motonetas Italika modelo D125, que van desde 18 mil a 19 mil pesos, en su costo común en tiendas como Chedraui o Elektra.
La pregunta es en cuánto la habrán valorado oficialmente, porque resulta que su pareja sentimental y coordinador general operativo del Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Rubén Hernández Fuentes, es el conocido concesionario de Italika en Chilpancingo.
Desde el gobierno anterior de Héctor Astudillo Flores, Rubén Hernández ya tenía negocios con el gobierno estatal, pues era proveedor de motocicletas, también arreglaba y daba mantenimiento a las motos oficiales.
¿En cuánto nos costaron esas motonetas del erario? ¿O se habrá puesto guapo Hernández Fuentes y obsequió esas austeras motitos?
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.
