Denuncia activistas que intimidaciones del gobierno estatal al párroco Filiberto Velázquez son para desestabilizar el movimiento social

Filiberto Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, acusó al gobierno del estado de organizar un ataque en su contra por la labor que realiza de acompañar y asesorar a víctimas de violencia en la entidad.

Velázquez Florencio denunció que ayer (miércoles) agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde él oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, varios de ellos enfermos, a realizar preguntas al personal con el propósito de conocer las actividades que realiza el sacerdote.

Al percatarse de su llegada, Velázquez Florencio pidió a los agentes que justificaran su presencia, pero ninguno tenía documentos oficiales para esa acción. Los agentes le dijeron que un agente del Ministerio Público (MP) ordenó investigarlo, después se retiraron.

En conferencia de prensa, Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.

Explicó que desde el pasado 27 de junio, el gobierno del estado, a través del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el secretario de la gobernadora, Jesús Urióstegui, lo acusa de daño a la propiedad privada y bloqueo a las vías de comunicación.

“Después del bloqueo en la autopista, Jesús Urióstegui llamó por teléfono al obispo y me acusó de ser el que organiza esos bloqueos”.

Esas acusaciones ocurrieron después de que Velázquez Florencio acompañó a una manifestación en la Autopista del Sol a pobladores de San Jerónimo Palantla, comunidad de Chilapa, ubicada en la región Montaña baja, para exigir la aparición con vida de José Abundio Bolaños Calvario, quien desapareció el 29 de mayo pasado.

En la manifestación del pasado 27 de junio también bloquearon la carretera de cuota integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), normalistas de Ayotzinapa y del Frente Nacional Francisco Villa (FNFV). En bloqueo ocurrió una carambola entre un tráiler y seis automóviles.

Por ese hecho, la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que “se presentaran denuncias para deslindar responsabilidades en contra de quienes afecten a terceros y daños a la propiedad privada”.

El sacerdote cree que derivado de ese comunicado los agentes de la FGR acudieron a interrogar al personal de la Casa del Peregrino; intuye que ya están armando la carpeta de investigación en su contra.

Velázquez Florencio denunció también que el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a la comunidad de San Jerónimo Palantla a oficiar una misa por la Jornada Nacional de Oración, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal amenazaron con bajarlo por la fuerza de su camioneta, y uno de ellos le dijo: “ya estamos hasta la madre de gente ignorante como tú”.

“El llamado a todas las instituciones es que esos esfuerzos de intimidación hacia los activistas y defensores de derechos humanos se dirijan hacía los verdaderos generadores de violencia”, comentó.

Durante la conferencia de prensa pidió a las autoridades federales y estatales localizar con vida a José Abundio González Calvario y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos.

“Por último hacemos un llamado respetuoso a nuestras autoridades para que reorienten sus esfuerzos, ya que ni entre los y las defensores de derechos humanos ni entre los sacerdotes encontraran a los responsables de la violencia”.

Llamó específicamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que conozca personalmente el trabajo que realiza en el Centro Minerva Bello y en la Casa del Peregrino para que su gobierno deje de criminalizarlo.

A la conferencia de prensa lo acompañaron representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes señalaron a la gobernadora de tratar de desestabilizar los movimientos sociales de Guerrero con intimidaciones como contra la de sacerdote.


Denuncia párroco que FGR le integró carpeta de investigación

Texto:​Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El párroco José Filiberto Velázquez denunció que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) lo buscó en su parroquia para darle un citatorio derivado de una investigación en su contra.

Velázquez indicó que la investigación es por un bloqueo en el que participó con indígenas para exigir al gobierno de Evelyn Salgado Pineda la presentación con vida de un desaparecido.

El sacerdote indicó que otra razón de que la Fiscalía lo criminalice podría deberse a su participación en actividades por la paz y exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.

Este domingo 10 de julio, Filiberto Velázquez ofició una misa afuera del Hospital General de Chilpancingo, en donde condenó ambos crímenes y condenó la violencia que existe en el país y en Guerrero.

El pasado 27 de junio, el párroco junto con habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, del municipio de Chilapa, bloquearon la Autopista del Sol a la altura del punto conocido como El Parador del Marquez.

Los vecinos de esta localidad exigieron la presentación con vida del indígena José Abundio Bolaños quien el pasado 29 de mayo fue privado de su libertad por un grupo armado.

Durante el bloqueo, el vicefiscal de investigaciones Ramón Celaya Gamboa se dirigió directamente con el sacerdote Filiberto Velázquez para decirle que ordenaría su detención porque estaba cometiendo un delito al encabezar la toma de la autopista.

El párroco de la diócesis Chilpancingo-Chilapa contó que este miércoles llegaba al templo La Casa del Peregrino y que dos personas que se identificaron como agentes de la FGR querían entregarle un documento que no recibió y les pidió que mejor le dieran el citatorio oficial.

Mencionó que después que los agentes de la Fiscalía se marcharon, gente de la Casa del Peregrino le contaron que los dos oficiales le preguntaron cosas de él.

El sacerdote llegó al templo cuando los dos agentes se retiraban.

«Yo hablé con ellos (con los agentes) y les dije que si tenían alguna orden y me contestaron que tenían una orden de un agente del Ministerio Público para que me investigaran», señaló el párroco.

Velázquez recordó que el 27 de junio, después de la protesta en la vía federal él y los habitantes de San Jerónimo Palantla se reunieron en las oficinas de la Fiscalía y ahí se enteró de que la gobernadora recibió un informe de parte de su Jefe de la Oficina, Jesús Urióstegui de que él había provocado ese incidente (el bloqueo en la autopista).

Pero además el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, habló con el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quejándose de que trajo a los indígenas de San Jerónimo Palantla para bloquear la Autopista del Sol.

«El secretario general se quejó de que el gobierno ya tenía un diálogo con la gente de San Jerónimo y aún así quise hacer ese bloqueo».

El sacerdote señaló que lo que está haciendo el gobierno es criminalizarlo e inventarle delitos para que ya no denuncie las arbitrariedades que ocurren en Guerrero.

 

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Blindan FGR en Chilpancingo por detención de líder de la UPOEG

Fuera de la FGR hay al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal custodian las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde desde este martes están en calidad de detenidos el líder de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Jesús Calleja Clemente y otros cuatro de sus integrantes.

Calleja alías «Chucho» y otros cuatro de la UPOEG además de tres más que están internados para que los curen de sus heridas en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, fueron detenidos después de enfrentárseles a balazos a las fuerzas de seguridad este martes en la tarde en Marquelia, en la región de la Costa Chica.

El grupo de autodefensas detenidos fueron trasladados de Marquelia a esta capital del estado en un helicóptero de la Marina.

Al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército están fuera de las oficinas de la FGR en labores de vigilancia.

En las calles de Chilpancingo también se observaron patrullajes de las fuerzas federales y estatales.

Sentados en una de las banquetas que están fuera de la Fiscalía, una de las familiares del dirigente de las autodefensas, Jesús Calleja, informó que éste recibió golpes cuando fue detenido y que hasta el momento ninguna autoridad le han permitido verlo personalmente.

«No fue un enfrentamiento como dicen porque los policías comunitarios solo llevaban palos»; ¿a poco eso es un enfrentamiento? preguntó la señora.

Fuera de la delegación estatal de la FGR, había otras mujeres que desde la mañana de este miércoles llegaron a estas oficinas para tratar de ver a sus familiares detenidos que, según una fuente, rendían su declaración ministerial y que es posible que en las próximas horas sean trasladados a un penal de máxima seguridad.

La señora que se identificó como familiar de Jesús Calleja, mencionó que desde hace días el Ejército y Guardia Nacional ya realizaban patrullajes en Marquelia.

«Ya andaban sobre la policía comunitaria la cual tiene el respaldo de comisarios municipales y comisariados ejidales de los pueblos», señaló la mujer que vive en Marquelia.

Desaloja policía a comerciantes ligados a la UPOEG que bloqueaban vías en Acapulco

Este miércoles a las once de la mañana, policías estatales desalojaron a comerciantes que bloqueaban tres avenidas de Acapulco para exigir la salida del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Durante el desalojo en la avenida costera Miguel Alemán, Caleta y Puerto Marqués las fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres y un hombre quienes recibieron golpes.

La protesta es después que el Ejército Mexicano se enfrentó a tiros con un grupo de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) deteniendo a su líder y a otros siete más de esta organización en Marquelia, en la región de la Costa Chica.

Este miércoles desde las nueve de la mañana los prestadores de servicios y comerciantes empezaron a bloquear las vías y dos horas después fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.

En las pancartas que tenían los manifestantes se leían consignas contra el Ejército, Marina y la policía estatal.

Durante el bloqueo los inconformes fueron apoyados por un grupo de transportistas que tienen vínculos con la UPOEG.

Este martes en la tarde luego de la detención de las autodefensas en Marquelia, transportistas bloquearon más de dos horas en al menos diez vialidades de este puerto y en diferentes tramos de la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, Oaxaca.

 

 

Acusan padres de los 43 a López Obrador, Marina y Ejército de ocultar información

A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “Verdad Histórica”


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que durante los tres años que lleva al frente del gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tanto el Ejército como la Marina incumplieron con dar información sobre la desaparición de sus hijos.

Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la construcción de la “Verdad histórica” que anunció el ex procurador, Jesús Murillo Karam, durante el sexenio de Enrique

Peña Nieto, los padres exigieron una nueva investigación a la cadena de mando que ordenó el montaje jurídico que impide conocer la verdad.

El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que después de que la llamada “verdad histórica” quedara sepultada, con la presentación del tercer informe del GIEI, lo que prosigue es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y que pasó ese 26 y 27 de septiembre del 2014.También exigió investigación puntual a los marinos que participaron en esta construcción.

Ayer lunes el grupo de expertos dejaron clara la simulación de las autoridades durante la conferencia informativa que encabezó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, el 27 de octubre del 2014, cuando informaron sobre la verdad histórica que indicaba que la mayoría de los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, un municipio contiguo a Iguala, donde ocurrieron los hechos.

Después de las investigaciones siguieron con manipulación de pruebas, falsificación de documentos y fue evidente participación de efectivos de la Marina, sobre esta última intervención, los expertos mostraron un video.

Este martes, los familiares de los estudiantes desaparecidos dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, para a dar a conocer su postura respecto al informe, que un día anterior adelantaron que lo hacían suyo.

El abogado de los 43 sostuvo que hay indignación por todo este proceso de investigación “turbio”, que no contribuye al esclarecimiento de la verdad, y que queda claro que hubo manipulación de la escena del basurero de Cocula, donde se supone incineraron a los normalistas –versión que se echó abajo con las nuevas investigaciones del GIEI-.

Para el abogado, esta manipulación que encontró el GIEI, tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad. A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “verdad histórica”.

El abogado se preguntó cuál es el motivo y las razones para que las fuerzas castrenses negaran información, primero durante el gobierno pasado encabezado por Enrique Peña Nieto, y en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siguieron la misma ruta.

El 3 de diciembre del 2018 López Obrador junto con otro funcionarios federales, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán firmaron el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad del caso Ayotzinapa, donde se comprometían todas las autoridades a colaborar en el marco de su competencia en las investigaciones.

Pero no pasó nada, siguieron negado información agregó Rosales Sierra.

“El ministerio público hoy en día está teniendo dificultades para dar cauce jurídico a la información que tuvimos ayer del GIEI, porque una cosa es que se le entregue al GIEI otra es que se haga la diligencia concreta para fincar responsabilidad, ahí en las diligencias está habiendo reticencias del Ejército mexicano, las fuerzas armadas, para coadyuvar con la investigación”, lamentó el defensor.

Al principio, los padres y madres, y el abogado, confiaron en las fuerzas armadas, incluso acudieron al Batallón 27 de Infantería en Iguala y les permitieron la entrada, pero no encontraron nada, y otras veces más se reunieron con militares. Ahora dan cuenta de “una actuación sucia de las fuerzas armadas que nada contribuye al esclarecimiento de los hechos”, dijo el abogado.

Mario González, padre de César Emmanuel González Hernández, dijo que junto con sus compañeros están “encabronados”, porque pasaron tres años y el decreto presidencial

del que habló el presidente no se cumplió, porque no se entregó información en su momento y eso retrasa la investigación para dar con sus hijos.

“Como no estar enojados si no sabemos de nuestros hijos y no estoy hablando de las instituciones pasadas, hablo de estos mandos que prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía, que es lo que está pasando ¿por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video, señor presidente?”, reclamó el padre de César Emmanuel.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre de quien fue hallado un resto óseo, reprochó que en este país los pobres no tienen justicia, que esta se vende al

mejor postor y ahora confirman que tenían motivos para señalar a las fuerzas armadas en México y que estaban involucrados en la desaparición de sus hijos.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió que las investigaciones sigan su curso, que lleguen a actores políticos como al ex presidente Peña, porque le da coraje que en las instituciones del gobierno federal se sigue guardando información, qué seguramente tienen más.

“No vamos a rendirnos hasta saber la verdad, ellos son los que se robaron la juventud de los 43”, sentenció.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, demandó al presidente de la República una reunión con sus compañeros de lucha y él, porque desde el año pasado fue la última vez que los recibió, porque tienen muchas cosas de que hablar después del informe del GIEI, porque además se debe abrir una carpeta de investigación hacia el Ejército porque hay obstáculos que impiden alcanzar la verdad.

Los padres, madres y defensores de derechos humanos al unísono hicieron pase de lista de los 43 y gritaron “¡Justicia” y “¡Fue el estado!”.

 

Se investiga a la Marina por caso Ayotzinapa, asegura AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

29 de marzo de 2022

Chilpancingo 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este martes, que un almirante de la Secretaría de Marina y otros elementos ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

En el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que la Marina manipuló las evidencias en el basurero de Cocula en donde según la entonces PGR, fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa después que fueron desaparecidos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Esto, luego que ayer el GIEI reveló en su tercer informe sobre los estudiantes grabaciones en video donde se aprecia a elementos de la Marina alterando el lugar donde después se hallaron restos de los jóvenes.

El presidente explicó que el GIEI le mostró la nueva evidencia a la par que se pidió que fueran indagados los jefes de la Marina y a un almirante, de los cuales no se dieron mayores detalles.

“Yo ya vi esos videos y los que participaron alterando pruebas ya declararon a la FGR, sobre todo un almirante de la Marina, que fue el que estuvo a cargo”, dijo López Obrador.

El presidente se negó a dar más detalles, según él, porque la investigación continua en curso.

El día de ayer el GIEI presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, y señaló que un mes después de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Marina, acudieron en dos vehículos oficiales al basurero de Cocula, lugar donde según la entonces PGR fueron asesinados e incinerados los normalistas, y manipularon bultos blancos, de los que se desconoce su contenido, y encendieron una hoguera.

El informe presentado este lunes por integrantes del GIEI en donde estuvieron presentes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se informó que antes de los sucesos del 26 de septiembre del 2014 el Ejército México infiltró a dos de sus elementos en la escuela normal como infiltrados para que recabaran información se supone que de las actividades que los estudiantes realizaban.

Uno de los infiltrados era un normalistas de primer año que desapareció junto con los otros 42 estudiantes la noche del 26.

A las once de la mañana los padres darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

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La FGR detecta posible lavado de dinero en Segalmex: llevará el caso ante un juez e indaga otras 20 denuncias por corrupción

La fiscalía se prepara para llevar ante un juez federal el caso por posible lavado de dinero derivado de la colocación de bonos bursátiles por 950 mdp. René Gavira Segreste, quien trabajó en Segalmex y Liconsa, es el principal exfuncionario en la mira.


Texto: Zedryk Raziel y Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Oficial Segalmex 

14 de marzo del 2022

 

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero que llegará a los jueces.

Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

Aunque Gavira es el principal imputado, la fiscalía apunta a más cómplices del delito dentro y fuera de Segalmex, desde funcionarios hasta socios de empresas. Además, durante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, aunque no presentó pruebas de ello.

Este caso derivó de la denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa del 16 de abril de 2021, más otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y ha conseguido pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública, confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.

La fiscalía también sigue investigando la veintena de denuncias presentadas por la ASF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de recursos de Liconsa, que fueron pagados a empresas sin que estas entregaran los bienes contratados.

Los pagos que están bajo investigación se justificaron mediante convenios o contratos de coproducción y venta de leche y productos lácteos, los cuales fueron asignados por Gavira.

Con información de la ASF, la FGR detectó que los contratos fueron adjudicados de manera directa con múltiples irregularidades, por ejemplo, que el objeto social de algunas empresas estaba relacionado con los bienes raíces o el desarrollo de software, o bien, que carecían de infraestructura y subcontrataron a otras compañías.

Acusado señala al director Ovalle 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2020, la ASF documentó que Gavira, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, efectuó entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos del presupuesto de esas instituciones por un monto de 950 millones de pesos y, además, “extravió” rendimientos por un monto de 10.6 millones.

Del total de las inversiones de capital autorizadas por el exdirector, 850 millones de pesos provinieron del gasto de Liconsa y otros 100 millones del presupuesto de Segalmex, lo que violó los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues ambas instituciones perdieron el control directo sobre el dinero invertido, según estableció la ASF en las auditorías de cumplimiento 330-DE y 327-DE, efectuadas a Liconsa y Segalmex como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020.

El 20 de julio de 2018, se firmó un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El 11 de febrero de 2020, se firmó un contrato semejante para Segalmex.

El pago de las inversiones de Liconsa se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito el 27 de julio entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente. Dicha Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) también es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Tras la salida de Gavira de Segalmex, en junio de 2020, la dependencia detectó el desfalco con los certificados bursátiles e inició gestiones para intentar recuperar las inversiones ilegales.

El encargado de estas gestiones fue el sucesor de Gavira en la dirección de Administración y Finanzas, Jesús Óscar Navarro Gárate, por instrucciones del director general de Segalmex, Ignacio Ovalle, según declaró el nuevo director al grupo de auditores de la ASF.

El nuevo director de Administración declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, dio parte a la Unidad Jurídica y se puso en contacto con personal de CI Casa de Bolsa, para tramitar la recuperación de recursos hasta por 850 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios.

El 19 de marzo de 2021, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo de Corafi Asesores Ejecutivos, SA de CV, en su calidad de deudor, en favor de Liconsa y Segalmex, en su carácter de acreedores, suscrito entre el representante legal de Corafi y el director de Asuntos Jurídicos de Liconsa.

Derivado de ese acuerdo, Liconsa recuperó directamente en sus cuentas bancarias 30 millones de pesos el 23 de septiembre de 2020, 155 millones 225 mil pesos el 17 de diciembre de 2021, 250 millones el 12 de enero de 2022 y 420 millones el 13 de enero, para un total de 855 millones 225 mil pesos.

Aunque se retornó la totalidad de la inversión de Liconsa, los informes de la ASF no dan cuenta de que se haya logrado la misma recuperación de los 100 millones de pesos “colocados” por Segalmex (también por instrucción de Gavira), amén de los 10.6 millones de pesos en rendimientos que “se extraviaron”.

Navarro Gárate sostuvo que su antecesor, Gavira, “actuó por su propia iniciativa, sin autorización alguna”, para efectuar las inversiones bursátiles. No obstante, el propio Gavira declaró al equipo auditor que quien le dio la orden de efectuar las inversiones fue precisamente Ovalle, aunque no presentó pruebas de ello. Los dichos de Gavira se dieron en octubre de 2021, cuando este ya no trabajaba en Segalmex.

“El director general (…) autorizó las compras de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados; no recuerdo el documento con el cual recibí esta autorización, pero recuerdo que verbalmente sí se autorizó”, aseguró. Cuando el grupo de auditores le cuestionó por qué ordenó destinar recursos públicos a las operaciones bursátiles, Gavira respondió que no recordaba la razón.

“No me acuerdo, yo seguí la sugerencia de mi tesorero, que estaba fundada en la inercia de empresas privadas que traían las inversiones anteriores en la compra, y por lo que sugirió CI Casa de Bolsa, mi asesora financiera”, comentó. El equipo de la ASF cuestionó al subdirector de Tesorería General de Liconsa sobre la aseveración de Gavira; el funcionario dijo que eso era “totalmente falso”.

El extitular de Administración y Finanzas también dijo que el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias “autorizó en cada caso las posteriores colocaciones de recursos”. No obstante, la Tesorería General aseguró que Gavira decidió y autorizó las inversiones bursátiles previo a que dichos movimientos se hicieran del conocimiento del comité.

Desde 2020, Gavira y su círculo de familiares era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En tanto, la Sofom Corafi es investigada por autoridades de la SHCP y la FGR por lavado de dinero y fraude fiscal.

El “extravío” de 10.6 mdp 

Gavira firmó un convenio modificatorio al Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa el 25 de febrero de 2019, y, ese mismo día, ordenó la primera compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados.

La ASF reunió evidencia de las cartas de instrucción a CI Casa de Bolsa mediante las cuales el entonces director de Administración y Finanzas ordenó la compra de capital por diversos montos —que suman 950 millones de pesos— entre febrero de 2019 y junio de 2020.

En dichas cartas, se estableció que los rendimientos por las inversiones bursátiles serían de una tasa fija anual del 11% y que se depositarían semestralmente a las cuentas de Liconsa y Segalmex. La última orden de compra de certificados se efectuó el 25 de junio y, cinco días después, Gavira fue removido del cargo.

La ASF señaló que, de una de las órdenes de inversión por un monto de 200 millones de pesos, no se acreditó el retorno de los rendimientos generados por 10 millones 633.3 mil pesos, mismos que debían ser depositados a Liconsa el 10 de diciembre de 2020.

“El equipo auditor identificó que, al 31 de diciembre de 2020, no se acreditó el pago de los rendimientos correspondientes a la compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados con clave de emisión CI350CB serie 19-6, los cuales, de acuerdo al estado de cuenta de Liconsa, SA de CV, de custodia internacional BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple con número de cuenta terminación *635, tenían como fecha de amortización el 10 de diciembre de 2020, sin que Liconsa llevara el seguimiento de los mismos”, concluyó la ASF.

 

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