Un tribunal federal resolvió en contra de una impugnación que había promovido la FGR para intentar revertir la orden de un juez para que cree el banco de datos. A pesar de los recursos legales que ha promovido, la fiscalía afirmó ante la CIDH que tiene “avances” en la conformación de esa herramienta.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
De manera definitiva e irrevocable, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses, con lo que le ordenó avanzar en ese proceso.
El banco es considerado una pieza clave para la atención de la crisis de personas desaparecidas y de identificación forense en México, donde se calcula que más de 52 mil restos humanos permanecen como no identificados.
La nueva determinación judicial ocurre tras la impugnación que la FGR promovió ante la resolución de un juez que, en octubre de 2022, había determinado que la institución era omisa en la creación del banco. En aquella primera sentencia del juicio de amparo indirecto 1070/2021, el juez había ordenado a la fiscalía crear e implementar la herramienta en un plazo de 40 días.
Sin embargo, la FGR promovió un recurso de revisión. Ahora, ante la nueva resolución del Tribunal Colegiado, en la que confirma que es obligación del organismo poner en marcha el banco —que tiene rezagado desde hace más de cuatro años—, nuevamente el Poder Judicial establece un plazo de 40 días hábiles para cumplir con la determinación, que pone fin al litigio de manera definitiva e irrevocable.
El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece que el Banco Nacional de Datos Forenses estará a cargo de la fiscalía para concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos. Pese a que fue promulgada en 2017 y el plazo para crearlo se extendía hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, a principios de 2019, la FGR terminó argumentando que no tenía competencia para su creación.
El caso que originalmente motivó el litigio fue el de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017 y, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, promovió el amparo 1070/2021 por las afectaciones a su derecho a la verdad y la justicia como consecuencia de la falta de operación del banco.
Luego de la primera resolución del juez, que daba la razón a Montoya, tanto el fiscal Alejandro Gertz como diferentes unidades dentro de la FGR pretextaron en su recurso de revisión que normativamente carecían de competencia para la implementación de “tales figuras banco y registro nacional, puesto que dichas facultades se encuentran limitadas a los extremos normativos previstos en el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República”.
Contradicción y “avances”
Mientras ha insistido, por más de un año, en un litigio con el argumento de que no tiene competencia en la creación del banco, la fiscalía sostiene públicamente que sí ha avanzado en su conformación, tal como lo hizo incluso durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de marzo pasado.
“En audiencia ante la CIDH, Estado mexicano presenta información falsa. La FGR afirma que el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) ‘ya se encuentra operando’, pero en México litiga vs. las víctimas que exigen su implementación. La audiencia evidenció la falta de coordinación entre instituciones, sobre todo en las fiscalías, y mostró la ausencia de una política nacional para enfrentar el #RezagoForense”, acusó el Centro Pro en aquel momento.
Consultada respecto del estatus y los avances en el proceso de creación del banco, en respuesta a una solicitud de información, la fiscalía incluso detalló que trabaja mediante un plan de cuatro etapas: arranque, integración de otras bases de datos de la FGR y las fiscalías locales, integración de otras autoridades y consolidación. Asegura que, después de cuatro años, aún se encuentra en la segunda fase.
Además, lejos de negar su competencia, la destaca: “Conforme a lo previsto en la legislación en cita (la Ley General en la materia), la Fiscalía General de la República se encuentra a cargo de su implementación (del banco) y lo asume como un compromiso de carácter prioritario, ya que además de apoyar en la búsqueda y localización en identificación de personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas, su uso implica el apoyo en la localización de familiares de personas fallecidas no reclamadas”.
Aunado a ello, admite que también serviría para el auxilio en la investigación de los delitos de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares; el aporte de información que sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima para obtener la reparación integral, así como la ayuda a determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada.
Sin embargo, “como todo gran proyecto y derivado de la complejidad y relevancia de los datos que deben conformarlo —precisa la FGR— se instrumentó un Plan de Trabajo que da cuenta de los pasos a seguir en su implementación a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos que fueron planteados”.
En la descripción de las etapas de ese plan de trabajo, la institución asegura que la segunda consiste en fortalecer lineamientos asociados al desarrollo tecnológico y establecer los planes individualizados de integración del banco de datos forenses que regirán la ruta de acción en cada uno de los estados de la República para que se incorpore su información al Banco Nacional.
“Actualmente se trabaja en la implementación de la segunda etapa, que consiste en la integración de las bases de datos de las fiscalías generales de las entidades federativas, para lo cual se han instalado a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia diversas mesas de coordinación con las fiscalías estatales a efecto de dar seguimiento a los trabajos para la interconexión de sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses”, concluye la fiscalía.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
