Tribunal confirma obligación de la FGR de crear el Banco de Datos Forenses; le da 40 días hábiles para cumplir resolución

Un tribunal federal resolvió en contra de una impugnación que había promovido la FGR para intentar revertir la orden de un juez para que cree el banco de datos. A pesar de los recursos legales que ha promovido, la fiscalía afirmó ante la CIDH que tiene “avances” en la conformación de esa herramienta.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

 

De manera definitiva e irrevocable, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses, con lo que le ordenó avanzar en ese proceso.

El banco es considerado una pieza clave para la atención de la crisis de personas desaparecidas y de identificación forense en México, donde se calcula que más de 52 mil restos humanos permanecen como no identificados.

La nueva determinación judicial ocurre tras la impugnación que la FGR promovió ante la resolución de un juez que, en octubre de 2022, había determinado que la institución era omisa en la creación del banco. En aquella primera sentencia del juicio de amparo indirecto 1070/2021, el juez había ordenado a la fiscalía crear e implementar la herramienta en un plazo de 40 días.

Sin embargo, la FGR promovió un recurso de revisión. Ahora, ante la nueva resolución del Tribunal Colegiado, en la que confirma que es obligación del organismo poner en marcha el banco —que tiene rezagado desde hace más de cuatro años—, nuevamente el Poder Judicial establece un plazo de 40 días hábiles para cumplir con la determinación, que pone fin al litigio de manera definitiva e irrevocable.

El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece que el Banco Nacional de Datos Forenses estará a cargo de la fiscalía para concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos. Pese a que fue promulgada en 2017 y el plazo para crearlo se extendía hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, a principios de 2019, la FGR terminó argumentando que no tenía competencia para su creación.

El caso que originalmente motivó el litigio fue el de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017 y, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, promovió el amparo 1070/2021 por las afectaciones a su derecho a la verdad y la justicia como consecuencia de la falta de operación del banco.

Luego de la primera resolución del juez, que daba la razón a Montoya, tanto el fiscal Alejandro Gertz como diferentes unidades dentro de la FGR pretextaron en su recurso de revisión que normativamente carecían de competencia para la implementación de “tales figuras banco y registro nacional, puesto que dichas facultades se encuentran limitadas a los extremos normativos previstos en el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República”.

Contradicción y “avances”

Mientras ha insistido, por más de un año, en un litigio con el argumento de que no tiene competencia en la creación del banco, la fiscalía sostiene públicamente que sí ha avanzado en su conformación, tal como lo hizo incluso durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de marzo pasado.

“En audiencia ante la CIDH, Estado mexicano presenta información falsa. La FGR afirma que el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) ‘ya se encuentra operando’, pero en México litiga vs. las víctimas que exigen su implementación. La audiencia evidenció la falta de coordinación entre instituciones, sobre todo en las fiscalías, y mostró la ausencia de una política nacional para enfrentar el #RezagoForense”, acusó el Centro Pro en aquel momento.

Consultada respecto del estatus y los avances en el proceso de creación del banco, en respuesta a una solicitud de información, la fiscalía incluso detalló que trabaja mediante un plan de cuatro etapas: arranque, integración de otras bases de datos de la FGR y las fiscalías locales, integración de otras autoridades y consolidación. Asegura que, después de cuatro años, aún se encuentra en la segunda fase.

Además, lejos de negar su competencia, la destaca: “Conforme a lo previsto en la legislación en cita (la Ley General en la materia), la Fiscalía General de la República se encuentra a cargo de su implementación (del banco) y lo asume como un compromiso de carácter prioritario, ya que además de apoyar en la búsqueda y localización en identificación de personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas, su uso implica el apoyo en la localización de familiares de personas fallecidas no reclamadas”.

Aunado a ello, admite que también serviría para el auxilio en la investigación de los delitos de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares; el aporte de información que sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima para obtener la reparación integral, así como la ayuda a determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada.

Sin embargo, “como todo gran proyecto y derivado de la complejidad y relevancia de los datos que deben conformarlo —precisa la FGR— se instrumentó un Plan de Trabajo que da cuenta de los pasos a seguir en su implementación a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos que fueron planteados”.

En la descripción de las etapas de ese plan de trabajo, la institución asegura que la segunda consiste en fortalecer lineamientos asociados al desarrollo tecnológico y establecer los planes individualizados de integración del banco de datos forenses que regirán la ruta de acción en cada uno de los estados de la República para que se incorpore su información al Banco Nacional.

“Actualmente se trabaja en la implementación de la segunda etapa, que consiste en la integración de las bases de datos de las fiscalías generales de las entidades federativas, para lo cual se han instalado a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia diversas mesas de coordinación con las fiscalías estatales a efecto de dar seguimiento a los trabajos para la interconexión de sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses”, concluye la fiscalía.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

FGR y Marina detiene a siete policías estatales y dos municipales acusados por Caso Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

22 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de La Marina detuvieron este miércoles a siete agentes de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, en Iguala.

Entre los siete agentes estatales detenidos están Juan «N», Noel «N», Pablo «N», Ramiro «N» y Lorenzo «N», a quienes habrían detenido en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado (Unipol), al norte de Chilpancingo.

La información extraoficial menciona que los agentes estatales fueron citados para recibir un taller de capacitación en las instalaciones de la Unipol, donde, en realidad, fueron entregados por su comandante a los agentes de la FGR y de La Marina.

En tanto los dos policías preventivos fueron detenidos en Iguala este mismo miércoles.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), confirmó la detención de los nueve agentes de seguridad.

«La SSP informa que coadyuvó con la FGR y la Secretaría de Marina en el cumplimiento de una orden de aprensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014», se lee en el comunicado de la SSP.

Los agentes Ramiro y Lorenzo, de acuerdo con una investigación del medio de comunicación Corriente Alterna, estarían implicados en la tortura y asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, El Chilango.

Este reportaje expone que la FGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), desde agosto del 2022 emitió una orden de aprensión contra Ramiro Alvarado Sánchez, alias La Minsa y Lorenzo Bello Hernández, conocido como Comandante Pérez, dos de los nueve detenidos este miércoles.

«Basado en declaraciones de un testigo protegido, indica que un presunto miembro de Guerreros Unidos presenció la tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, el Comandante Peréz y La Minsa», se lee en la investigación de Corriente Alterna escrita por los periodistas Iván Ortíz y Fernando González.

El normalista Julio César Mondragón fue torturado y asesinado en los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014.

El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado en agosto del 2022, establece que Julio César fue desollado por un integrante del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos (GU) y un elemento de seguridad apodado La Minsa que, de acuerdo con la versión de Corriente Alterna, se trata de Ramiro Alvarado Sánchez, uno de los detenidos de hoy.

El cadáver de Julio César Mondragón fue hallado la mañana siguiente en la ciudad industrial, cerca de las instalaciones del C-4, en Iguala, la causa de muerte fue dolor por la tortura a la que fue sometido.

La llamada verdad histórica del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, presentada en noviembre del 2014, indica que el desollamiento de Julio César fue producto de la fauna silvestre.

Otra línea de investigación de las autoridades actuales es que el celular de Julio César Mondragón tuvo actividad días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

El informe de la Covaj señala que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) halló información sobre la utilización del dispositivo de este estudiante, después del 30 de septiembre de 2014 l, en instalaciones militares.

De esa línea de investigación la llamada verdad histórica no aportó más datos ni el actual informe de la Covaj.

Elementos de la Marina fuera del edificio de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chilpancingo, después de la detención de nueve policías presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero

 

Detienen de manera extrajudicial a mujer y la FGE le trata de imputar delitos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz/ Archivo

Chilpancingo

 

El jueves 2 de marzo, alrededor de las ocho de la noche, Marisol Figueroa Núñez fue detenida por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo sin ninguna orden judicial, sólo la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron.

Marisol estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la mantuvieron en una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.

De acuerdo con un comunicado emitido por Antimonumenta, organización feminista a nivel nacional, los policías ministeriales querían que Marisol señalara a una persona como el responsable de un asesinato.

Ante la negativa de Marisol, los elementos ministeriales la trasladaron a los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde estuvo incomunicada varios días.

Fue hasta el 7 de marzo que su madre, Marisela Núñez Trujillo, quien es activista y marcha constantemente para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, preocupada por la desaparición de su hija, salió a buscarla y logró recrear los hechos del 2 de marzo.

Marisela Núñez llegó a las instalaciones de la FGE , donde estaba detenida su hija, le dijeron que estaba ahí «porque andaba con malandros, venta de drogas y agresión a un policía ministerial».

Al no comprobarse dichos delitos y ante la insistencia de su madre, Marisol fue liberada el 7 de marzo.

Inmediatamente después de ser liberada le fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que fue detenida y trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Chilpancingo (Cereso).

El próximo lunes 14 de marzo se realizará la primer audiencia de Marisol, en la instalaciones del Poder Judicial, en Chilpancingo.

«Es inconcebible que a través de la tortura, amedrentación y fabricación de delitos, una mujer inocente este privada de su libertad, vulnerando sus derechos y su integridad», se lee en el documento de Antimonumenta.

Por tales hechos, dicha organización feminista exige a las autoridades correspondientes la liberación inmediata de Marisol y un alto a la represión de activistas y defensores de derechos humanos.

 

Profepa turnará investigación del Zoochilpan a la FGR por delitos contra la biodiversidad

La dependencia ubicó dos ejemplares más de los que reportaron en el inventario del Zoochilpan; no cuentan con la documentación que acredite su legal procedencia. Organizaciones y activistas protectoras de animales pidieron que gobierno investigue a fondo caso del zoológico


Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero 
3 de febrero del 2023
Chilpancingo

Organizaciones y activistas protectoras de animales, agrupados en la Unión Animalista del Estado de Guerrero, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Almazán Juárez, investigar a fondo las irregularidades dentro del zoológico Zoochilpan y castigo a quien resulte responsable.

«Exigimos enérgicamente a las autoridades de los distintos niveles de gobierno den seguimiento a este caso hasta llegar a las últimas consecuencias y se haga cumplir la ley», esto es parte del comunicado leído por Claudia Espino, rescatista de animales independiente, afuera de las instalaciones del Zoochilpan.

El pronunciamiento, que está firmado por cinco asociaciones de Acapulco y Chilpancingo.

En la imagen, de izquierda a derecha, Claudia Espino, rescatista independiente de animales; Zazil Meza, representante de la Asociación Latidos de Vida Guerrero, y la representante de Fundación Tesan AC

El pronunciamiento fue para exigir a las autoridades investigar los casos en contra de maltrato animal que dio a conocer la Semaren y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental el pasado miércoles.

Entre los casos están el de negligencia médica por la muerte de un venado que presuntamente fue enterrado en las instalaciones del Zoochilpan, el sacrificio de cuatro cabras pigmeas que fueron cocinadas para un festejo de fin de año y el destino final de una guacamaya, cuatro watusis, una cebra, un halcón cola roja y 10 reptiles del serpetentario.

Estos casos ocurrieron durante la administración del zoológico de José Rubén Nava Noriega, a quien las autoridades acusan de presunto responsable.

«Hacemos un llamado urgente a la gobenadora Evelyn Cecia Salgado Pineda para dar cumplimiento irrestricto a los ejes primordiales de su gobierno, no mentir, no robar y no traicionar y se castigue a los responsables de estás irregularidades con todo el peso de la ley y sin favoritismos», dijo la activista animalista.

Las representantes de las asociaciones evitaron dar nombres y señalar culpables, porque esperaran que los den a conocer las autoridades como resultado del proceso que piden.

También acusaron a la Semaren de hacer públicos los nombres de una denuncia anónima que se interpuso el pasado 17 de enero en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por el caso del venado rescatado en el Fraccionamiento Jardines de Zinnia y trasladado al Zoochilpan para su atención médica y que finalmente falleció.

Denunciaron pusieron en riesgo a la persona que denunció la negligencia médica por la muerte del venado al dar a conocer su nombre durante la conferencia de prensa que encabezó Almazán Juárez el pasado miércoles de manera virtual.

Una ejemplar de jaguar, el felino representativo de Guerrero, en una jaula aislada del Zoochilpan. Foto/Archivo.

«Continuaremos levantando la voz como siempre lo hemos hecho, levantando la voz por aquellos desamparados que no la tienen».

Profepa turnará la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad

La oficina de representación de Profepa en Guerrero informó, mediante un comunicado, que presentará una denuncia ante la FGR, en contra de quien o quienes resulten responsables por delitos contra la biodiversidad.

Esto porque «fueron identificadas discrepancias entre la cantidad de ejemplares que se contabilizaron durante la visita y los inventarios reportados a la Semarnat. Adicionalmente, se pidió el apoyo a las Oficinas de Representación en Querétaro y en la Zona Metropolitana del Valle de México para realizar visitas de inspección en los sitios en los que supuestamente fueron reubicados (los watusis)», se lee en el comunicado.

Sobre el tema de la cabras, de acuerdo con la información del comunicado, inspectores de la Profepa identificaron la existencia de dos ejemplares más de los que la administración del zoológico reportó en su inventario, los cuales no cuentan con la documentación que acredite su legal procedencia.

«Por lo anterior, la Profepa instrumenta el procedimiento administrativo correspondiente y turnara la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad», finaliza el comunicado.


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“Enorme malestar y pérdida de confianza”: concluye GIEI sobre el informe de la Covaj

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
31 de octubre del 2022
Chilpancingo

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que no existe garantía sobre la veracidad de las 467 capturas de pantalla presentadas como evidencia en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Las pruebas presentadas en el Informe Preliminar de la Covaj, el pasado 18 de agosto, por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “es inconsistente y no puede ser considerada como evidencia”, dijeron los integrantes del GIEI en conferencia de prensa desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

«Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje”, afirmó Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI.

Una de las inconsistencias en las capturas de pantalla es la palomita azul, que permite saber cuando un mensaje es leído, el GIEI dijo que eso no es coherente porque esa funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014, 20 días después de que supuestamente fueran tomadas esas capturas.

Además mencionaron que las órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no sé basaron en el informe.

Las y los integrantes del GIEI afirmaron que hay varias inconsistencias en la información del informe que deben ser corroboradas porque no pueden ser tomadas en cuenta como evidencia judicial para el caso.

Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, subrayó que la presentación de estas supuestas evidencias, sobre todo 467 capturas de pantalla entre presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

Carlos Martín Beristain, otro de los expertos, mencionó que el intento por acelerar los resultados sobre el caso Ayotzinapa generó una crisis de desconfianza, ya que “se desencadenaron hechos que han puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia”.

Uno de esos casos fue la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que por no estar bien sustentada se corre el riesgo de liberarlo por fallas en el debido proceso.

Además de las capturas de pantalla, el GIEI descalificó otras 180 pruebas presentadas por la Covaj, al considerar que no existe evidencia científica para establecer su veracidad.

El pasado mes de septiembre, el GIEI informó que pidió una prórroga para analizar el Informe de la Covaj, la cual concluyó el día de hoy, según lo acordado entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI también informó que se retiran del caso pero verán un mecanismo de seguimiento, entre estos, que dos de sus integrantes continúen en las investigaciones.


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En tres años, la Fiscalía Anticorrupción abrió más de 3 mil carpetas de investigación pero solo logró 7 sentencias condenatorias

En sus tres años de operación, la fiscalía especializada creada con la meta de combatir la corrupción ha enfrentado problemas como escasez de recursos y de personal, al igual que falta de capacitación entre los ministerios públicos.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político

Fotografía: Senado de la República

 

A más de tres años de su creación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado llevar ante un juez el 3.6% de las más de 3 mil carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos y ha obtenido solo siete sentencias condenatorias, de acuerdo con estadísticas obtenidas a través de transparencia.

La poca eficacia de la Fiscalía Anticorrupción está relacionada con recortes presupuestales, subejercicio de recursos públicos, escasez de personal y falta de capacitación de los ministerios públicos. La desproporción entre la carga de trabajo y los recursos disponibles es tal que un agente adscrito a esta fiscalía tiene en promedio 50 carpetas de investigación a su cargo.

De acuerdo con dos distintas solicitudes de información pública, cuyos datos fueron sintetizados para esta nota, la FECC ha iniciado 3 mil 036 carpetas de investigaciónentre marzo de 2019 —fecha de su creación constitucional— y octubre de 2022.

Los expedientes fueron iniciados por delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, cohecho, intimidación, encubrimiento y fraude.

De esas carpetas, la fiscalía ha judicializado 111, lo que representa el 3.6% del total, conforme las cifras revisadas. Y, de este total, solo ha obtenido siete sentencias condenatorias contra funcionarios federales: dos en juicios orales y cinco en juicios abreviados.

Animal Político solicitó un posicionamiento a la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, pero no hubo respuesta.

Personal insuficiente

La FECC nació en marzo de 2019, como parte de la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en FGR, con la que se le dotó de autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo.

Pero la naciente fiscalía no contó con presupuesto etiquetado para su primer año de operación, de modo que otras áreas de la FGR tuvieron que transferirle recursos humanos y financieros.

“En este contexto, si bien se recibieron denuncias competencia de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción desde el primer día, no se tuvieron las condiciones para abrir una carpeta de investigación sino hasta el mes de mayo (de 2019), fecha en la cual se comisionaron a tres ministerios públicos. Pero fue hasta el mes de julio cuando se estuvo en posibilidad de comenzar a realizar las investigaciones conducentes en virtud de que, a partir de ese momento, se contó con el personal mínimo necesario para realizar todos los pasos que las diligencias ministeriales requieren”, expuso la fiscal Mijangos en su informe de labores de 2019 remitido al Congreso.

Allí, la funcionaria explicó que el arranque de la nueva FECC también se vio frenado por la falta de capacitación de los ministerios públicos en el nuevo sistema penal oral.

“El sistema penal acusatorio sigue constituyendo un reto (…) A pesar de que desde el 2016 se abandonó el sistema penal mixto, hay inercias que se conservan. Los ministerios públicos comisionados a la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción en su mayoría no habían participado en juicios orales, no habían integrado carpetas de investigación de acuerdo con el sistema penal acusatorio, ni están capacitados aún en las destrezas del litigio. Esto ha complicado la determinación de las carpetas de investigación en los casos en los que debe vincularse a proceso a una persona denunciada”, señaló Mijangos.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía Anticorrupción pasó de tener 23 agentes del Ministerio Público a 61 en la actualidad.

Pero, aunque la cantidad de funcionarios especializados ha ido paulatinamente en aumento, es aún mayor el número de expedientes que deben integrar.

Conforme a las cifras obtenidas por transparencia, se iniciaron 773 carpetas de investigación en 2019, 794 en 2020, 854 en 2021 y 615 a octubre de 2022.

Esto significa que cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo, en promedio, 50 carpetas al mismo tiempo.

Recortes y subejercicio presupuestal

El 2020 fue el primer año en el que la Fiscalía Anticorrupción gozó de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

No obstante, desde su creación, ha sufrido recortes a su presupuesto asignado, o bien, este no se ha ejercido.

Por ejemplo, para 2020, la Cámara de Diputados le asignó mil 100 millones de pesos, pero en el transcurso del ejercicio fiscal se le recortaron 31.3 millones, según información de la Cuenta Pública.

Del presupuesto que le quedó, de 78.6 millones de pesos, la FECC ejerció 61 millones 941 mil 686. Es decir, a pesar de la falta de personal capacitado, se quedaron sin gastar 16 millones 668 mil 845 pesos.

En 2021, los recursos asignados a la Fiscalía Anticorrupción en el PEF aumentaron a 123 millones 531 mil 300 pesos. Sin embargo, una vez más, la institución sufrió un recorte, ahora de 56.9 millones de pesos (casi la mitad de lo que se le otorgó originalmente).

Ese año, la fiscalía gastó los 66 millones 597 mil 835 pesos que le quedaron, es decir, no hubo subejercicio.

Para 2022, la FECC obtuvo recursos del PEF por 174 millones 792 mil 336 pesos. Si bien esta vez no se le aplicaron reducciones, durante la primera mitad del año ejerció solo 31 millones 867 mil 101 pesos, de acuerdo con datos más actuales de la Cuenta Pública, es decir, solo el 18% del total de su presupuesto anual.

En el proyecto del PEF 2023, a la Fiscalía Anticorrupción se le destinan 223 millones 363 mil 087 pesos, el gasto más elevado desde su creación. Sin embargo, es probable que durante el ejercicio fiscal del próximo año nuevamente se le apliquen recortes o que la institución incurra otra vez en subejercicios.

Las investigaciones

La FECC nació con la encomienda de combatir la “gran corrupción” en el gobierno, pero también los casos aislados, tomando en cuenta que en los casos participan no solo servidores públicos, sino también, muchas veces, empresarios.

Según los informes de labores de la Fiscalía Anticorrupción correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 —los únicos disponibles—, la mayoría de los funcionarios contra los cuales se han iniciado carpetas de investigación pertenecen a Pemex, el ISSSTE, el IMSS, el SAT, la extinta Policía Federal y la Sedatu.

De las 3 mil 036 carpetas abiertas por la FECC, en 305 casos se determinó la incompetencia de la fiscalía para investigar, en cuyo caso, a veces, los expedientes se turnan a otras áreas de la FGR. En otros 114 casos, se determinó la abstención de investigar, y en otros 277 se determinó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por transparencia.

Solo 111 carpetas de investigación fueron presentadas ante un juez federal.

Uno de los asuntos donde la FECC logró la vinculación a proceso de funcionarios públicos —al considerar el juez que existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad en los delitos de que se les acusó— fue por un caso de corrupción al interior del INE, en relación con un contrato adjudicado de manera irregular a una empresa de eventos.

Otro caso judicializado está relacionado con una pugna entre el IMSS y la Secretaría de Hacienda por la centralización de los recursos en la Oficialía Mayor, que habría causado una parálisis presupuestal y desabasto de medicamentos, tal como documentó Animal Político.

Conforme a los datos obtenidos mediante solicitudes de información, solo en siete casos de las 111 carpetas judicializadas se logró una sentencia condenatoria en contra de funcionarios federales.

Dos de esas sentencias se obtuvieron en juicios orales. En un caso, por el delito de cohecho, el juez impuso a un funcionario una pena de dos años y ocho meses de prisión e inhabilitación por 292 días para desempeñar cargos públicos. En el segundo asunto, por el delito de peculado, se impuso una pena de un año y cuatro meses de cárcel, multa de 5 mil 660 pesos, inhabilitación por seis años y ocho meses para ejercer cargos públicos, y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.

Ha habido otros grandes casos de corrupción que, sin embargo, no son investigados desde la FECC, sino desde la Fiscalía de Control Competencial, encabezada por Juan Ramos López, mano derecha del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Un ejemplo de esta situación ocurrió en el caso de la investigación contra Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, y otros funcionarios por presuntamente favorecer desde su cargo público a la empresa Aleática, antes OHL. De acuerdo con autoridades de la FGR, ese expediente se armó en la Fiscalía de Asuntos Internos y de ahí se derivó a la fiscalía de Ramos, sin pasar por las manos de la fiscal Mijangos.

Otro caso es el de la corrupción millonaria en Segalmex, cuyo daño al erario asciende a 9 mil 500 millones de pesos. El primer expediente se integró en la Fiscalía Anticorrupción, pero después pasó a manos del fiscal Ramos, desde donde se conducen las indagatorias actualmente. Incluso, una nueva carpeta de investigaciónpor el caso Segalmex se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada(FEMDO), dejando fuera de la investigación a la fiscalía de Mijangos.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

Denuncia activistas que intimidaciones del gobierno estatal al párroco Filiberto Velázquez son para desestabilizar el movimiento social

Filiberto Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, acusó al gobierno del estado de organizar un ataque en su contra por la labor que realiza de acompañar y asesorar a víctimas de violencia en la entidad.

Velázquez Florencio denunció que ayer (miércoles) agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a la parroquia Casa del Peregrino, donde él oficia misas y donde están alojados víctimas de la violencia, varios de ellos enfermos, a realizar preguntas al personal con el propósito de conocer las actividades que realiza el sacerdote.

Al percatarse de su llegada, Velázquez Florencio pidió a los agentes que justificaran su presencia, pero ninguno tenía documentos oficiales para esa acción. Los agentes le dijeron que un agente del Ministerio Público (MP) ordenó investigarlo, después se retiraron.

En conferencia de prensa, Velázquez Florencio calificó las acciones de los agentes como una intimidación y una agresión a la labor que realiza desde el Centro Minerva Bello, organización que da acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas el desplazamiento.

Explicó que desde el pasado 27 de junio, el gobierno del estado, a través del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso y el secretario de la gobernadora, Jesús Urióstegui, lo acusa de daño a la propiedad privada y bloqueo a las vías de comunicación.

“Después del bloqueo en la autopista, Jesús Urióstegui llamó por teléfono al obispo y me acusó de ser el que organiza esos bloqueos”.

Esas acusaciones ocurrieron después de que Velázquez Florencio acompañó a una manifestación en la Autopista del Sol a pobladores de San Jerónimo Palantla, comunidad de Chilapa, ubicada en la región Montaña baja, para exigir la aparición con vida de José Abundio Bolaños Calvario, quien desapareció el 29 de mayo pasado.

En la manifestación del pasado 27 de junio también bloquearon la carretera de cuota integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), normalistas de Ayotzinapa y del Frente Nacional Francisco Villa (FNFV). En bloqueo ocurrió una carambola entre un tráiler y seis automóviles.

Por ese hecho, la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que “se presentaran denuncias para deslindar responsabilidades en contra de quienes afecten a terceros y daños a la propiedad privada”.

El sacerdote cree que derivado de ese comunicado los agentes de la FGR acudieron a interrogar al personal de la Casa del Peregrino; intuye que ya están armando la carpeta de investigación en su contra.

Velázquez Florencio denunció también que el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a la comunidad de San Jerónimo Palantla a oficiar una misa por la Jornada Nacional de Oración, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal amenazaron con bajarlo por la fuerza de su camioneta, y uno de ellos le dijo: “ya estamos hasta la madre de gente ignorante como tú”.

“El llamado a todas las instituciones es que esos esfuerzos de intimidación hacia los activistas y defensores de derechos humanos se dirijan hacía los verdaderos generadores de violencia”, comentó.

Durante la conferencia de prensa pidió a las autoridades federales y estatales localizar con vida a José Abundio González Calvario y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos.

“Por último hacemos un llamado respetuoso a nuestras autoridades para que reorienten sus esfuerzos, ya que ni entre los y las defensores de derechos humanos ni entre los sacerdotes encontraran a los responsables de la violencia”.

Llamó específicamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que conozca personalmente el trabajo que realiza en el Centro Minerva Bello y en la Casa del Peregrino para que su gobierno deje de criminalizarlo.

A la conferencia de prensa lo acompañaron representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes señalaron a la gobernadora de tratar de desestabilizar los movimientos sociales de Guerrero con intimidaciones como contra la de sacerdote.


Denuncia párroco que FGR le integró carpeta de investigación

Texto:​Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El párroco José Filiberto Velázquez denunció que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) lo buscó en su parroquia para darle un citatorio derivado de una investigación en su contra.

Velázquez indicó que la investigación es por un bloqueo en el que participó con indígenas para exigir al gobierno de Evelyn Salgado Pineda la presentación con vida de un desaparecido.

El sacerdote indicó que otra razón de que la Fiscalía lo criminalice podría deberse a su participación en actividades por la paz y exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.

Este domingo 10 de julio, Filiberto Velázquez ofició una misa afuera del Hospital General de Chilpancingo, en donde condenó ambos crímenes y condenó la violencia que existe en el país y en Guerrero.

El pasado 27 de junio, el párroco junto con habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, del municipio de Chilapa, bloquearon la Autopista del Sol a la altura del punto conocido como El Parador del Marquez.

Los vecinos de esta localidad exigieron la presentación con vida del indígena José Abundio Bolaños quien el pasado 29 de mayo fue privado de su libertad por un grupo armado.

Durante el bloqueo, el vicefiscal de investigaciones Ramón Celaya Gamboa se dirigió directamente con el sacerdote Filiberto Velázquez para decirle que ordenaría su detención porque estaba cometiendo un delito al encabezar la toma de la autopista.

El párroco de la diócesis Chilpancingo-Chilapa contó que este miércoles llegaba al templo La Casa del Peregrino y que dos personas que se identificaron como agentes de la FGR querían entregarle un documento que no recibió y les pidió que mejor le dieran el citatorio oficial.

Mencionó que después que los agentes de la Fiscalía se marcharon, gente de la Casa del Peregrino le contaron que los dos oficiales le preguntaron cosas de él.

El sacerdote llegó al templo cuando los dos agentes se retiraban.

«Yo hablé con ellos (con los agentes) y les dije que si tenían alguna orden y me contestaron que tenían una orden de un agente del Ministerio Público para que me investigaran», señaló el párroco.

Velázquez recordó que el 27 de junio, después de la protesta en la vía federal él y los habitantes de San Jerónimo Palantla se reunieron en las oficinas de la Fiscalía y ahí se enteró de que la gobernadora recibió un informe de parte de su Jefe de la Oficina, Jesús Urióstegui de que él había provocado ese incidente (el bloqueo en la autopista).

Pero además el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, habló con el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quejándose de que trajo a los indígenas de San Jerónimo Palantla para bloquear la Autopista del Sol.

«El secretario general se quejó de que el gobierno ya tenía un diálogo con la gente de San Jerónimo y aún así quise hacer ese bloqueo».

El sacerdote señaló que lo que está haciendo el gobierno es criminalizarlo e inventarle delitos para que ya no denuncie las arbitrariedades que ocurren en Guerrero.

 

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Blindan FGR en Chilpancingo por detención de líder de la UPOEG

Fuera de la FGR hay al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal custodian las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde desde este martes están en calidad de detenidos el líder de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Jesús Calleja Clemente y otros cuatro de sus integrantes.

Calleja alías «Chucho» y otros cuatro de la UPOEG además de tres más que están internados para que los curen de sus heridas en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, fueron detenidos después de enfrentárseles a balazos a las fuerzas de seguridad este martes en la tarde en Marquelia, en la región de la Costa Chica.

El grupo de autodefensas detenidos fueron trasladados de Marquelia a esta capital del estado en un helicóptero de la Marina.

Al menos diez camionetas con agentes de la Guardia Nacional y Ejército están fuera de las oficinas de la FGR en labores de vigilancia.

En las calles de Chilpancingo también se observaron patrullajes de las fuerzas federales y estatales.

Sentados en una de las banquetas que están fuera de la Fiscalía, una de las familiares del dirigente de las autodefensas, Jesús Calleja, informó que éste recibió golpes cuando fue detenido y que hasta el momento ninguna autoridad le han permitido verlo personalmente.

«No fue un enfrentamiento como dicen porque los policías comunitarios solo llevaban palos»; ¿a poco eso es un enfrentamiento? preguntó la señora.

Fuera de la delegación estatal de la FGR, había otras mujeres que desde la mañana de este miércoles llegaron a estas oficinas para tratar de ver a sus familiares detenidos que, según una fuente, rendían su declaración ministerial y que es posible que en las próximas horas sean trasladados a un penal de máxima seguridad.

La señora que se identificó como familiar de Jesús Calleja, mencionó que desde hace días el Ejército y Guardia Nacional ya realizaban patrullajes en Marquelia.

«Ya andaban sobre la policía comunitaria la cual tiene el respaldo de comisarios municipales y comisariados ejidales de los pueblos», señaló la mujer que vive en Marquelia.

Desaloja policía a comerciantes ligados a la UPOEG que bloqueaban vías en Acapulco

Este miércoles a las once de la mañana, policías estatales desalojaron a comerciantes que bloqueaban tres avenidas de Acapulco para exigir la salida del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Durante el desalojo en la avenida costera Miguel Alemán, Caleta y Puerto Marqués las fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres y un hombre quienes recibieron golpes.

La protesta es después que el Ejército Mexicano se enfrentó a tiros con un grupo de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) deteniendo a su líder y a otros siete más de esta organización en Marquelia, en la región de la Costa Chica.

Este miércoles desde las nueve de la mañana los prestadores de servicios y comerciantes empezaron a bloquear las vías y dos horas después fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.

En las pancartas que tenían los manifestantes se leían consignas contra el Ejército, Marina y la policía estatal.

Durante el bloqueo los inconformes fueron apoyados por un grupo de transportistas que tienen vínculos con la UPOEG.

Este martes en la tarde luego de la detención de las autodefensas en Marquelia, transportistas bloquearon más de dos horas en al menos diez vialidades de este puerto y en diferentes tramos de la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, Oaxaca.

 

 

Acusan padres de los 43 a López Obrador, Marina y Ejército de ocultar información

A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “Verdad Histórica”


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que durante los tres años que lleva al frente del gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tanto el Ejército como la Marina incumplieron con dar información sobre la desaparición de sus hijos.

Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la construcción de la “Verdad histórica” que anunció el ex procurador, Jesús Murillo Karam, durante el sexenio de Enrique

Peña Nieto, los padres exigieron una nueva investigación a la cadena de mando que ordenó el montaje jurídico que impide conocer la verdad.

El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que después de que la llamada “verdad histórica” quedara sepultada, con la presentación del tercer informe del GIEI, lo que prosigue es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y que pasó ese 26 y 27 de septiembre del 2014.También exigió investigación puntual a los marinos que participaron en esta construcción.

Ayer lunes el grupo de expertos dejaron clara la simulación de las autoridades durante la conferencia informativa que encabezó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, el 27 de octubre del 2014, cuando informaron sobre la verdad histórica que indicaba que la mayoría de los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, un municipio contiguo a Iguala, donde ocurrieron los hechos.

Después de las investigaciones siguieron con manipulación de pruebas, falsificación de documentos y fue evidente participación de efectivos de la Marina, sobre esta última intervención, los expertos mostraron un video.

Este martes, los familiares de los estudiantes desaparecidos dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, para a dar a conocer su postura respecto al informe, que un día anterior adelantaron que lo hacían suyo.

El abogado de los 43 sostuvo que hay indignación por todo este proceso de investigación “turbio”, que no contribuye al esclarecimiento de la verdad, y que queda claro que hubo manipulación de la escena del basurero de Cocula, donde se supone incineraron a los normalistas –versión que se echó abajo con las nuevas investigaciones del GIEI-.

Para el abogado, esta manipulación que encontró el GIEI, tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad. A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “verdad histórica”.

El abogado se preguntó cuál es el motivo y las razones para que las fuerzas castrenses negaran información, primero durante el gobierno pasado encabezado por Enrique Peña Nieto, y en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siguieron la misma ruta.

El 3 de diciembre del 2018 López Obrador junto con otro funcionarios federales, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán firmaron el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad del caso Ayotzinapa, donde se comprometían todas las autoridades a colaborar en el marco de su competencia en las investigaciones.

Pero no pasó nada, siguieron negado información agregó Rosales Sierra.

“El ministerio público hoy en día está teniendo dificultades para dar cauce jurídico a la información que tuvimos ayer del GIEI, porque una cosa es que se le entregue al GIEI otra es que se haga la diligencia concreta para fincar responsabilidad, ahí en las diligencias está habiendo reticencias del Ejército mexicano, las fuerzas armadas, para coadyuvar con la investigación”, lamentó el defensor.

Al principio, los padres y madres, y el abogado, confiaron en las fuerzas armadas, incluso acudieron al Batallón 27 de Infantería en Iguala y les permitieron la entrada, pero no encontraron nada, y otras veces más se reunieron con militares. Ahora dan cuenta de “una actuación sucia de las fuerzas armadas que nada contribuye al esclarecimiento de los hechos”, dijo el abogado.

Mario González, padre de César Emmanuel González Hernández, dijo que junto con sus compañeros están “encabronados”, porque pasaron tres años y el decreto presidencial

del que habló el presidente no se cumplió, porque no se entregó información en su momento y eso retrasa la investigación para dar con sus hijos.

“Como no estar enojados si no sabemos de nuestros hijos y no estoy hablando de las instituciones pasadas, hablo de estos mandos que prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía, que es lo que está pasando ¿por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video, señor presidente?”, reclamó el padre de César Emmanuel.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre de quien fue hallado un resto óseo, reprochó que en este país los pobres no tienen justicia, que esta se vende al

mejor postor y ahora confirman que tenían motivos para señalar a las fuerzas armadas en México y que estaban involucrados en la desaparición de sus hijos.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió que las investigaciones sigan su curso, que lleguen a actores políticos como al ex presidente Peña, porque le da coraje que en las instituciones del gobierno federal se sigue guardando información, qué seguramente tienen más.

“No vamos a rendirnos hasta saber la verdad, ellos son los que se robaron la juventud de los 43”, sentenció.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, demandó al presidente de la República una reunión con sus compañeros de lucha y él, porque desde el año pasado fue la última vez que los recibió, porque tienen muchas cosas de que hablar después del informe del GIEI, porque además se debe abrir una carpeta de investigación hacia el Ejército porque hay obstáculos que impiden alcanzar la verdad.

Los padres, madres y defensores de derechos humanos al unísono hicieron pase de lista de los 43 y gritaron “¡Justicia” y “¡Fue el estado!”.

 

Se investiga a la Marina por caso Ayotzinapa, asegura AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

29 de marzo de 2022

Chilpancingo 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este martes, que un almirante de la Secretaría de Marina y otros elementos ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

En el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que la Marina manipuló las evidencias en el basurero de Cocula en donde según la entonces PGR, fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa después que fueron desaparecidos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Esto, luego que ayer el GIEI reveló en su tercer informe sobre los estudiantes grabaciones en video donde se aprecia a elementos de la Marina alterando el lugar donde después se hallaron restos de los jóvenes.

El presidente explicó que el GIEI le mostró la nueva evidencia a la par que se pidió que fueran indagados los jefes de la Marina y a un almirante, de los cuales no se dieron mayores detalles.

“Yo ya vi esos videos y los que participaron alterando pruebas ya declararon a la FGR, sobre todo un almirante de la Marina, que fue el que estuvo a cargo”, dijo López Obrador.

El presidente se negó a dar más detalles, según él, porque la investigación continua en curso.

El día de ayer el GIEI presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, y señaló que un mes después de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Marina, acudieron en dos vehículos oficiales al basurero de Cocula, lugar donde según la entonces PGR fueron asesinados e incinerados los normalistas, y manipularon bultos blancos, de los que se desconoce su contenido, y encendieron una hoguera.

El informe presentado este lunes por integrantes del GIEI en donde estuvieron presentes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se informó que antes de los sucesos del 26 de septiembre del 2014 el Ejército México infiltró a dos de sus elementos en la escuela normal como infiltrados para que recabaran información se supone que de las actividades que los estudiantes realizaban.

Uno de los infiltrados era un normalistas de primer año que desapareció junto con los otros 42 estudiantes la noche del 26.

A las once de la mañana los padres darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

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La FGR detecta posible lavado de dinero en Segalmex: llevará el caso ante un juez e indaga otras 20 denuncias por corrupción

La fiscalía se prepara para llevar ante un juez federal el caso por posible lavado de dinero derivado de la colocación de bonos bursátiles por 950 mdp. René Gavira Segreste, quien trabajó en Segalmex y Liconsa, es el principal exfuncionario en la mira.


Texto: Zedryk Raziel y Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Oficial Segalmex 

14 de marzo del 2022

 

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero que llegará a los jueces.

Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

Aunque Gavira es el principal imputado, la fiscalía apunta a más cómplices del delito dentro y fuera de Segalmex, desde funcionarios hasta socios de empresas. Además, durante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, aunque no presentó pruebas de ello.

Este caso derivó de la denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa del 16 de abril de 2021, más otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y ha conseguido pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública, confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.

La fiscalía también sigue investigando la veintena de denuncias presentadas por la ASF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de recursos de Liconsa, que fueron pagados a empresas sin que estas entregaran los bienes contratados.

Los pagos que están bajo investigación se justificaron mediante convenios o contratos de coproducción y venta de leche y productos lácteos, los cuales fueron asignados por Gavira.

Con información de la ASF, la FGR detectó que los contratos fueron adjudicados de manera directa con múltiples irregularidades, por ejemplo, que el objeto social de algunas empresas estaba relacionado con los bienes raíces o el desarrollo de software, o bien, que carecían de infraestructura y subcontrataron a otras compañías.

Acusado señala al director Ovalle 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2020, la ASF documentó que Gavira, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, efectuó entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos del presupuesto de esas instituciones por un monto de 950 millones de pesos y, además, “extravió” rendimientos por un monto de 10.6 millones.

Del total de las inversiones de capital autorizadas por el exdirector, 850 millones de pesos provinieron del gasto de Liconsa y otros 100 millones del presupuesto de Segalmex, lo que violó los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues ambas instituciones perdieron el control directo sobre el dinero invertido, según estableció la ASF en las auditorías de cumplimiento 330-DE y 327-DE, efectuadas a Liconsa y Segalmex como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020.

El 20 de julio de 2018, se firmó un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El 11 de febrero de 2020, se firmó un contrato semejante para Segalmex.

El pago de las inversiones de Liconsa se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito el 27 de julio entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente. Dicha Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) también es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Tras la salida de Gavira de Segalmex, en junio de 2020, la dependencia detectó el desfalco con los certificados bursátiles e inició gestiones para intentar recuperar las inversiones ilegales.

El encargado de estas gestiones fue el sucesor de Gavira en la dirección de Administración y Finanzas, Jesús Óscar Navarro Gárate, por instrucciones del director general de Segalmex, Ignacio Ovalle, según declaró el nuevo director al grupo de auditores de la ASF.

El nuevo director de Administración declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, dio parte a la Unidad Jurídica y se puso en contacto con personal de CI Casa de Bolsa, para tramitar la recuperación de recursos hasta por 850 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios.

El 19 de marzo de 2021, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo de Corafi Asesores Ejecutivos, SA de CV, en su calidad de deudor, en favor de Liconsa y Segalmex, en su carácter de acreedores, suscrito entre el representante legal de Corafi y el director de Asuntos Jurídicos de Liconsa.

Derivado de ese acuerdo, Liconsa recuperó directamente en sus cuentas bancarias 30 millones de pesos el 23 de septiembre de 2020, 155 millones 225 mil pesos el 17 de diciembre de 2021, 250 millones el 12 de enero de 2022 y 420 millones el 13 de enero, para un total de 855 millones 225 mil pesos.

Aunque se retornó la totalidad de la inversión de Liconsa, los informes de la ASF no dan cuenta de que se haya logrado la misma recuperación de los 100 millones de pesos “colocados” por Segalmex (también por instrucción de Gavira), amén de los 10.6 millones de pesos en rendimientos que “se extraviaron”.

Navarro Gárate sostuvo que su antecesor, Gavira, “actuó por su propia iniciativa, sin autorización alguna”, para efectuar las inversiones bursátiles. No obstante, el propio Gavira declaró al equipo auditor que quien le dio la orden de efectuar las inversiones fue precisamente Ovalle, aunque no presentó pruebas de ello. Los dichos de Gavira se dieron en octubre de 2021, cuando este ya no trabajaba en Segalmex.

“El director general (…) autorizó las compras de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados; no recuerdo el documento con el cual recibí esta autorización, pero recuerdo que verbalmente sí se autorizó”, aseguró. Cuando el grupo de auditores le cuestionó por qué ordenó destinar recursos públicos a las operaciones bursátiles, Gavira respondió que no recordaba la razón.

“No me acuerdo, yo seguí la sugerencia de mi tesorero, que estaba fundada en la inercia de empresas privadas que traían las inversiones anteriores en la compra, y por lo que sugirió CI Casa de Bolsa, mi asesora financiera”, comentó. El equipo de la ASF cuestionó al subdirector de Tesorería General de Liconsa sobre la aseveración de Gavira; el funcionario dijo que eso era “totalmente falso”.

El extitular de Administración y Finanzas también dijo que el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias “autorizó en cada caso las posteriores colocaciones de recursos”. No obstante, la Tesorería General aseguró que Gavira decidió y autorizó las inversiones bursátiles previo a que dichos movimientos se hicieran del conocimiento del comité.

Desde 2020, Gavira y su círculo de familiares era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En tanto, la Sofom Corafi es investigada por autoridades de la SHCP y la FGR por lavado de dinero y fraude fiscal.

El “extravío” de 10.6 mdp 

Gavira firmó un convenio modificatorio al Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa el 25 de febrero de 2019, y, ese mismo día, ordenó la primera compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados.

La ASF reunió evidencia de las cartas de instrucción a CI Casa de Bolsa mediante las cuales el entonces director de Administración y Finanzas ordenó la compra de capital por diversos montos —que suman 950 millones de pesos— entre febrero de 2019 y junio de 2020.

En dichas cartas, se estableció que los rendimientos por las inversiones bursátiles serían de una tasa fija anual del 11% y que se depositarían semestralmente a las cuentas de Liconsa y Segalmex. La última orden de compra de certificados se efectuó el 25 de junio y, cinco días después, Gavira fue removido del cargo.

La ASF señaló que, de una de las órdenes de inversión por un monto de 200 millones de pesos, no se acreditó el retorno de los rendimientos generados por 10 millones 633.3 mil pesos, mismos que debían ser depositados a Liconsa el 10 de diciembre de 2020.

“El equipo auditor identificó que, al 31 de diciembre de 2020, no se acreditó el pago de los rendimientos correspondientes a la compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados con clave de emisión CI350CB serie 19-6, los cuales, de acuerdo al estado de cuenta de Liconsa, SA de CV, de custodia internacional BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple con número de cuenta terminación *635, tenían como fecha de amortización el 10 de diciembre de 2020, sin que Liconsa llevara el seguimiento de los mismos”, concluyó la ASF.

 

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