A un día del inicio del juicio oral contra los hermanos Axel «N» y Alfredo «N» por el delito de feminicidio contra la niña Camila, en marzo de este año en Taxco, el abogado defensor de ambos, Pedro Martínez Bello, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) los detuvo sin tener ninguna prueba de su culpabilidad, y pidió la detención de un taxista que habría participado en este crimen.
Mencionó que el taxista, cuyo nombre se negó a revelar, era pareja sentimental de la madre de los inculpados, Ana Rosa Aguilar, linchada por decenas de personas tras ser sacada por la fuerza de su casa junto con sus dos hijos, Axel «N», y Alfredo «N», quienes también fueron golpeados y actualmente se encuentran bajo proceso judicial.
De acuerdo con la FGE, Ana Rosa y sus dos hijos, así como un individuo de nombre Ricardo «N», también preso, fueron los responsables de la privación ilegal de la libertad y feminicidio de la niña Camila.
«No entendemos la razón de que hasta el momento la Fiscalía no ha detenido al taxista que era pareja sentimental de Ana Rosa y que anda libre; y estamos pidiendo que se le detenga para que se le investigue», expuso Pedro Martínez.
En un video que circuló en redes sociales el 27 de marzo, se ve cuando un individuo, presumiblemente taxista, le abre la cajuela del vehículo a Ana Rosa para que ella meta una bolsa negra en la que se presume estaba Camila.
La niña de ocho años llegó a la casa de Ana Rosa a invitación de la hija de ésta, para jugar.
El mismo día 27, alrededor de las cuatro de la tarde, Margarita Ortega, madre de Camila, le llamó a Ana Rosa para preguntarle por su hija, ésta le contestó que la niña no había llegado a su casa.
Pero un video grabado por unos vecinos, que hicieron llegar a Margarita, se ve cuando Camila entra a la casa de Ana Rosa.
Ese mismo 27 de marzo, Margarita recibió llamadas telefónicas en el que le exigían 200 mil pesos.
Erika Ortega, hermana de Margarita, asegura que ésta le habló varias veces a Ana Rosa para que le diera a su hija Camila y que Margarita vería cómo le hacía para conseguir el dinero y dárselo.
Sin embargo, la madrugada del 28 de marzo, el cadáver de Camila fue hallado a un costado de la carretera Taxco-Iguala.
El abogado Pedro Martínez dijo que a él no le corresponde determinar si Ana Rosa fue responsable o no del caso Camila, pero según él, tiene elementos de prueba de que sus hijos Axel «N» y Alfredo «N» no son responsables del delito de feminicidio como los acusa la FGE.
«Hay pruebas de que los dos estaban trabajando en sus taxis cuando ocurrieron los hechos», aseguró Pedro Martínez.
«A mis dos clientes los detuvieron porque son hijos de Ana Rosa y porque la Fiscalía quería calmar la presión social que había en Taxco», aseguró el abogado.
Acusó a la FGE de que pese a que es abogado de una de las partes, le niega el acceso al expediente de la carpeta de investigación.
«Lamentablemente hemos observado que la Fiscalía General del Estado está más interesada en asegurar una condena que en hacer justicia», reprochó Pedro Martínez.
Aseguró que sus clientes no son culpables del feminicidio de Camila y que si ellos cometieron otro delito, que la Fiscalía abra otras líneas de investigación.
Detalló que el juicio oral contra sus dos clientes va a tardar y que en el caso de Alfredo es un proceso penal para adultos, y para Axel, para menores, aunque recientemente cumplió la mayoría de edad.
Axel está en internamiento en el albergue tutelar de Chilpancingo, y en caso de que se le declare culpable por el delito de feminicidio, tendrá una condena de seis años.
En el caso de Alfredo, le corresponderían 40 años de prisión. Alfredo está recluido en la cárcel de la capital del estado.
La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes de un intento de feminicidio deben cargar
Texto y fotos: Ana Alicia Osorio/Pie de Página
Aquel día Ayerim no solo sobrevivió a un intento de feminicidio, también tuvo que aprender a vivir sin ingresos, pidiendo préstamos y luchando todos los días para intentar pagar los gastos que le llegaron únicamente por no haber perdida la vida, por convertirse en una sobreviviente.
Edna vive con dolores porque no puede pagar los tratamientos médicos que necesita. Dafne tuvo que vivir en la casa de su consuegra porque no podía pagar una renta. Yadira pidió un préstamo tras otro. Todas tienen en común, que no cuentan con dinero para solventar los gastos que les dejó algo que nunca quisieron vivir: haber sido víctimas de un tipo de violencia extrema contra las mujeres.
Las sobrevivientes de feminicidio deben volver a sobrevivir, ahora a la falta de dinero y a la necesidad de pagar sus gastos legales, médicos, reubicaciones, pérdidas de empleo y demás que les deja el delito del que ellas fueron víctimas. Cifras que algunas reportan alcanzan desde los 200 mil pesos hasta más de 2 millones.
“La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes tenemos que guardar en esa mochila que traemos cargando (…) quedamos económicamente completamente mermadas tan así fue que, pues tuve que adquirir deudas”, contó Yadira.
Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que las dificultades que implica sobrevivir a un intento de feminicidio provocan que conviertan su sobrevivencia en su único proyecto de vida, pues para todo requieren de recursos económicos con los que no cuentan.
“Ellas tendrían que tener una restitución de derechos en la medida de lo posible atención psicológica, médica, muchas veces una vivienda digna, que tampoco es algo que puedan acceder, pues esto se vuelve muchísimo más complicado”, señaló la directora de la Red Nacional de Refugios quien indicó que estos problemas se enfrentan en un país donde de por sí existe una fuerte desigualdad económica y de oportunidades entre hombres y mujeres y donde las autoridades son omisas con los problemas que presentan.
Los gastos de salud: el básico para lo que no alcanza
Lo primero que enfrentó Yadira cuando intentaron quitarle la vida fue deambular entre hospitales haciendo un pago tras otro. Tenía el rostro destrozado pero el Instituto Mexicano del Seguro Social donde la atendieron le realizaron una mala intervención, que le provocó una infección y riesgo de muerte por lo tuvo que llevar su tratamiento en el sector privado.
Prótesis dentales, tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, operaciones. Un gasto tras otro, la llevaron a pedir un préstamo en el trabajo que luego tuvo dificultades para pagar.
Pero su caso no fue único. Pérez Garrido señaló que la salud es un derecho y debería estar garantizado, pero la realidad es que las sobrevivientes deben desembolsar fuertes sumas de dinero para atender la emergencia médica, lo que las lleva a que en muchas ocasiones no puedan terminar sus tratamientos y con ello existan secuelas como discapacidades.
Eso fue lo que le pasó a Carolina Ramírez, quien vivió un intento de feminicidio hace cuatro años y cuyas secuelas le pasaron factura después y aunque ha tenido dos operaciones más, ahora no puede caminar sin la ayuda de su bastón.
No es la única. Edna necesita fisioterapia, pero no puede pagarla. Yeri no ha podido pagar la prótesis dental ni la terapia que necesita, lo que le provoca insoportables dolores de cabeza
Aunque la salud se encuentra entre los aspectos contemplados en la Ley General de Atención a Víctimas, la realidad es que esta no se cumple y ninguna ellas, ha podido acceder a este derecho.
Además, algo similar sucede con la salud mental. La integrante del OCNF señaló que en teoría las Comisiones de Víctimas deberían de proporcionar servicio psicológico, pero no lo hacen o éste no es de calidad, provocando que las mujeres sean quienes deban pagarlo y en caso de no tener el dinero para hacerlo, sobrellevar el convertirse en sobrevivientes sin la ayuda profesional.
Como Yadira, que en muchas ocasiones pensó en quitarse la vida tras el miedo que tenía por lo que le había pasado, pero que aunque ha intentado mantener la terapia constante no siempre le es posible pagarla. O como Kali, quien ha tenido que desplazarse en varias ocasiones y entre todos sus gastos, pagar terapia resultaba un lujo que no se podía dar.
Jaredth sí le dieron terapia como es su derecho, pero la psicóloga pública intentó hacerla desistir de su denuncia. A Dafne sí le ofrecieron la terapia por parte de instituciones, pero era en horario laboral y como no podía ir se la retiraron; lo mismo pasó cuando intentó recibir con ayuda de organizaciones civiles, por eso no ha tenido acceso ni a la terapia ni a los medicamentos psiquiátricos que tiene prescritos.
La suma de gastos que deben enfrentar no termina allí, advirtió Grace, quien dijo que también se presentan otras cuestiones como enfermedades indirectas como colitis o gastritis debido al estrés. Además, están aquellas generadas a sus seres queridos como la hipertensión de los papás de Yeri.
Los gastos legales: la justicia no es gratis
En el último sexenio (de 2019 a 2024) en México hay al menos mil 847 sobrevivientes del delito de feminicidio, según respuesta a solicitudes de información realizadas a las Fiscalías de todo el país. Sin embargo, la cifra es mayor, ya que algunos estados respondieron que no registran a las víctimas. Aunque el feminicidio es un delito, no consideran que tengan la obligación de resguardar las numeralias de cuántas víctimas resultaron del delito en grado de tentativa.
Carolina Ramírez, integrante del Colectivo Sobrevivientes de Feminicidio, consideró que la falta de certeza en los datos es un claro reflejo del desinterés que existe por parte de la justicia mexicana hacia aquellas mujeres que sobrevivieron una tentativa de feminicidio. Desinterés que se refleja también en los bolsillos de quienes intentan encontrar justicia.
“Es una vida muy desgastante vivir judicializada (…) tienes que pagar copias, tienes que llevar este oficio a tal y tal dependencia, hay que gastar en pasajes. Entonces todo eso implica un costo muy fuerte para nosotras las sobrevivientes”, narró Grace, quien añadió que no se contemplan cuestiones como audiencias eternas en las que permanecen hasta 12 horas esperando y que implican pagar por los traslados y comidas.
Intentar encontrar justicia debería ser un proceso gratuito, pero no lo es. Aunque hacer una denuncia no tiene ningún costo, la realidad es que todo lo que existe alrededor de ésta sí requiere de pagos que deben salir de quienes solo intentan encontrar un poco de tranquilidad en que procesen a su agresor.
Yeri, por ejemplo, tuvo el apoyo jurídico de una colectiva (para lo que otras sobrevivientes han tenido que desembolsar pagos) pero sí tuvo que pagar las vueltas a un lado a otro, copias, peritajes, estudios médicos y todo lo necesario para demostrar la culpabilidad de su agresor. Pero, aunque ya había obtenido una sentencia finalmente un amparo la revocó bajo el argumento de que había errores en el proceso, por lo que ahora, si quiere lograr la ansiada justicia deberá volver a hacer todos los pagos.
A los costos también se les suman los traslados, como Ayerim que se fue a vivir a una ciudad del centro del país para intentar ponerse a salvo de su agresor, pero cada vez que hay una audiencia o diligencia debe pagar el traslado hasta Oaxaca, si se niega a hacerlo el proceso no podrá continuar.
Por eso Jaredth decidió regresar a Ciudad de México, donde vivió la agresión, para llevar el proceso penal. Eso le lleva pagar renta y todo lo necesario para mantenerse en ese lugar.
Pero como nada de eso es contemplado por las leyes, algunas mujeres optan por desistir de su denuncia, sin importar que su caso quede sin justicia o que eso las ponga en riesgo. Eso, inclusive, se lo aconsejaron a “N”, quien pidió no relevar su nombre, en la Fiscalía pues le dijeron que solamente gastaría más dinero.
La Ley General de Víctimas también contempla asesoría jurídica y apoyos para traslados, pero la realidad es que muchas veces no se les brinda y algunas sobrevivientes ni siquiera saben sus derechos ya que en las instituciones no se les avisa, advirtió Grace.
La justicia les ha quedado a deber las sobrevivientes. No únicamente por la falta de sentencias sino también por los gastos que les implica intentar acceder a ella, gastos que según contó Yeri implican hasta las lonas y pancartas que deben pagar para manifestarse para que les pongan atención a sus casos.
Gastos de desplazamiento: la seguridad cuesta
La falta de justicia y de castigo a quienes son culpables implica también otra serie de cuestiones para las sobrevivientes, como no poder permanecer en el lugar donde se encontraban viviendo.
Algunas de ellas como Ayerim o Kali optan por irse lejos para ponerse a salvo. La primera lo hizo a otra ciudad y la segunda a otro país. Eso implicó que tuvieran que pedir préstamos para pagar todo lo que implica reiniciar la vida ahora en otro lugar.
“Yo ya no tenía, pues calma porque la amenaza estaba latente todo el tiempo. Yo tuve que estar huyendo de estados en estados en estados y realmente no puedo más (…) era como tenerte acorralada, entonces tienes que saltar porque te quedas ahí y tal vez ya no la cuentas”, expresó Kali, quien desde otro país en otra parte del mundo intenta adaptarse a su cultura y a sus gastos.
Algunas sobrevivientes también viven problemas de desplazamiento, pero porque el lugar donde vivían se quedó en manos de su expareja quien fue su agresor o porque la renta que pagaban ya no pudieron cubrirla, como Dafne a quien su consuegra recibió un tiempo en su casa y aunque estar ahí fue incómodo agradece haber tenido un techo donde vivir.
A ella un programa de gobierno le permitió adquirir una casa en un barrio peligroso de su ciudad, sin acabar, en obra negra, con pisos rústicos, pero que cuando menos le ha dejado tener un espacio solo para ella y para su hijo. Pero las sobrevivientes que tienen ese tipo de oportunidades son las menos.
Sobrevivir en un sistema patriarcal
Los gastos de quienes sobreviven a un intento de feminicidio son muchos, pero las oportunidades para generar ingresos son pocas. Eso las pone en una situación vulnerable, en un país donde las mujeres de por sí enfrentan desventajas económicas.
“No hay un trabajo que pueda soportar el que nosotras estemos saliendo porque pedimos permisos, entonces tener un trabajo estable con todos los beneficios de un trabajo, estable, seguro social, prestaciones, no lo podemos tener”, señaló Grace.
Ella era auxiliar administrativa, pero tras convertirse en una sobreviviente perdió el trabajo y se dedica a vender artesanías para sobrevivir. Esa historia se repite en muchas sobrevivientes quienes son despedidas de sus empleos.
“Conseguía un trabajo y cuando empezaba a tener citatorios (para su proceso legal), me daban las gracias y me decían sabe qué pues cuando termine su proceso puede regresar, porque no podemos estar dando permisos”, contó Dafne.
En el país, el 56% de las mujeres trabajan en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo del 2024. En este sector se encuentran las sobrevivientes a quienes se les niegan las oportunidades de empleo formal debido que existe mucha falta de sensibilización e información de las empresas ya que rehúyen a contratarlas y cuando se dan cuenta de su situación, según la directora de la Red Nacional de Refugios.
Pero no se trata solamente de las empresas. Ayerim lleva cuatro años pidiendo el cambio de su plaza en la Secretaría de Educación porque se tuvo que ir del lugar donde estaba para ponerse a salvo, lo más que ha podido lograr es que le paguen la mitad del salario a quien la está supliendo en su anterior escuela para que no sea ella quien le daba pagar. Lograr eso le demoró tres años, en los que estuvo sin ningún ingreso de su trabajo.
Ella no quiere abandonar ese empleo porque implica quedarse sin el patrimonio que tenía al ser sindicalizada. Además de que se resuelva su situación laboral, sueña con poner un negocio que le pueda brindar ingresos, pero no cuenta con los recursos necesarios para iniciarlo.
Otras sobrevivientes sueñan con ese negocio que les permita tener tiempo y dinero, pero tampoco pueden lo que las condena a las ventas informales y a situaciones como a Dafne y sus hijos que solo podían dar dos comidas al día porque no había recursos para más.
La situación se agrava en personas como N, quienes ya eran víctimas de violencia económica por parte de su agresor desde antes de la tentativa de feminicidio. Ella, por ejemplo, perdió el dinero que le quitó su agresor, el negocio y la casa, pero además tenía un crédito a su nombre que usó su expareja por lo que tras sobrevivir no podía contar con préstamos de instituciones formales y además tuvo que pagarlo con todo e intereses.
“El tema económico que yo hablaría de esa autonomía económica que no tenemos en general las mujeres en México si a eso le sumas mujeres sobrevivientes de violencias, machistas, sobrevivientes de violencias feminicidas, pues bueno implica que hay una mayor brecha de grandes, igualdad y de opresión para que ellas puedan tener una autonomía económica”, señaló Figueroa.
La parte económica de sobrevivir no solamente las afecta a ellas. Afecta a todo su entorno. Lo hace al hijo de Grace que no tampoco puede tener un trabajo formal porque es el cuidador principal de su hermano pequeño mientras ella busca justicia, lo hace a la mamá de Yeri y de Yadira que se dedicaron a cuidarlas en todo su propio médico. Lo hace a Ana, la hija de Carolina, que perdió oportunidades y se tuvo que mudar con ella para darle los cuidados que necesitaba.
“Yo no puedo separar la parte económica con la autonomía física y política, que al final se cruzan y que en realidad no permiten que ellas en sí mismo puedan ser ciudadanas sujetas de derecho, porque hay muchos obstáculos institucionales y por supuesto estructurales que imposibilitan que ellas pues puedan tener una autonomía plena y por lo tanto una restitución de derechos ante una violencia feminicida”, sentenció Figueroa.
Explicó que en los refugios reciben a mujeres que sobrevivieron a tentativas de feminicidio y el principal reto que se han encontrado es que ellas logren reintegrarse a su vida ya que no cuentan con los recursos económicos para poder hacerlo, pero tampoco con las oportunidades para generarlos como contar con un trabajo estable o con espacios para emprender.
Apoyos a víctimas: la deuda del Estado
La violencia contra las mujeres tiene un costo de 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto en México en el año 2015, lo que significa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según el estudio El costo de la violencia contra las mujeres en México realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Gobernación.
Estos costos implican los temas de salud, legales, falta de oportunidades laborales y demás, pero muchos ellos son absorbidos por las propias víctimas en deterioro de su calidad de vida.
La abogada del OCNF afirmó que uno de los grandes problemas que existen en el país, es que aunque las sobrevivientes de feminicidio tienen derecho a apoyos y a restituciones por parte de las Comisiones de Víctimas, es muy difícil acceder a ellos y en la mayoría de los casos no lo hacen.
Por ejemplo, a Ayerim le dijeron que no pueden brindarle apoyo porque está viviendo en otro estado, aunque sea para protegerse. A Grace nunca le dijeron sus derechos y cuando se enteró y los pidió le argumentaron que su caso ya tenía mucho tiempo. A Kali se lo negaron porque no quiso poner denuncia.
A Dafne que no podían darle porque la Fiscalía abrió su caso como violencia familiar y no como feminicidio, cuando por fin accedieron le pedían actas certificadas que debía pagar y que el costo superaba los 300 pesos al mes que le darían.
En todo el país las Comisiones de Víctimas (tanto la federal como las locales) registran al menos 556 víctimas de feminicidio en grado de tentativa, lo que incluye a víctimas directas e indirectas (es decir, a sus hijas o hijos, mamás o papás). A ellas les han entregado 1230 apoyos como servicios jurídicos, psicológicos, apoyos en transporte, alimentos, becas y alimentación.
La información se obtuvo a través de solicitudes de información a las comisiones de víctimas, pero algunas no dieron respuesta o contestaron que no tienen la información desglosada por delito. Entre quienes sí respondieron hay casos como Campeche que su único apoyo (solo registra una víctima) fue canalizar a un hospital, Coahuila que ha dado un total de 421 pesos por medicamentos o Yucatán que con ocho víctimas no ha dado ninguna ayuda.
El registro también refleja estados como Tabasco que registra 158 apoyos para un total de tres víctimas directas e indirectas (lo que serían 52 ayudas distintas por cada una) o Puebla que ha brindado 259 a 19 víctimas.
Pérez Garrido señaló que la labor que están haciendo las Comisiones de Víctimas se ha reducido a registrar el número de víctimas y no a ayudar a mejorar su situación. Aun en el caso que lo hacen, dijo, parecen elegir si se les brinda un apoyo u otro y no buscar garantizarle todos sus derechos.
Según la Ley de Víctimas ellas tendrían derecho a la justicia; buen trato; ayuda, asistencia y atención oportuna; protección física y psicológica; ser beneficiarias de programas sociales y acciones afirmativas; ayuda provisional de la Comisión para necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras; servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos y hospitalarios; entre otras cuestiones. Pero nada de eso se cumple.
“Los recursos que hay se destinan para consultorías, para capacitaciones, para no sé qué, pero ¿y la y que se salió del hospital sin calzones, así como yo? en un lugar donde no era mi casa y no tenía ni qué vestirme ¿Eso quién lo resuelve y cómo se resuelve? (…) pierdes tu trabajo, tu entorno más cercano pierden su trabajo, también hay necesidad de una atención psicológica, hay necesidad de seguir el proceso jurídico y no lo puedes llevar”, afirmó Carolina.
“Es necesario que se haga conciencia las instituciones que ese papel les toca, esos recursos están, pero están mal etiquetados mal distribuidos mal acompañados, sin políticas que vean a las sobrevivientes”, añadió.
La reparación del daño: un sueño pendiente
“Mi vida el juez la tazó en 15 mil pesos que no me dieron”, sentenció Carolina.
“50 mil pesos lo que me tienen que dar prácticamente los he gastado muchas más veces, yo creo que 10 veces más”, contó Dafne.
Parte de los derechos que tienen y que no se cumplen es el derecho a una reparación integral del daño. Es decir, todo lo que haya implicado el haber vivido un intento de feminicidio se les debe reparar para que tratar que vuelvan al estado que tenían antes de ser víctimas de ese delito.
Para hacerlo deben llegar a la sentencia contra el agresor. Allí el sistema de justicia hace un cálculo económico de todo lo gastado; pero pocos casos llegan a sentencia, cuando lo hacen las cuentas son mal realizadas y rara vez es pagado realmente.
En el caso de Yadira nunca llegó a ese proceso porque el agresor fue absuelto, así que nadie le pagará lo gastado. Yeri tendrá que esperar a que algún día quede en firme la sentencia una vez que se repita el proceso desde el principio. Carolina esperaba la reparación económica pero su agresor murió y no se la pagó. Dafne obtuvo en papel la reparación, pero no ha logrado que lo paguen.
En caso de no hacerlo el agresor, en teoría, tendría que ser el Estado quien realizara el pago. Pero la realidad es que eso nunca llega. De las respuestas a las solicitudes de información únicamente se registraron 13 pagos que fueron dos en Aguascalientes, una en Ciudad de México y 10 en Michoacán.
“Hemos tenido sentencias hermosas de amparo, pero que se traducen en cero pesos, o sea, no hay una siquiera y hablando solo del tema de la compensación de la parte económica, mucho menos la hay en términos, simbólicos sociales”, sentenció la abogada del OCNF.
Las redes salvan
A N la cuidó su familia cuando estaba en el hospital, le dieron el dinero que necesitaba y la han apoyado. A Yadira la cuidó su mamá. A Dafne sus hijos le han dado la ayuda que necesita. Ninguna hubiera podido sola.
Carolina no podría haber cubierto todos los gastos que le ha implicado sobrevivir de no ser por su amiga que le ofreció un techo donde vivir mientras llevaba el proceso penal, otra amistad que le consiguió terapia psicológica, la asociación que se ofreció a representarla legalmente, la otra que le daba contención emocional y muchas otras que le ayudaron de una u otra forma.
“Las redes, el tejer redes salvan y no es nada más es un dicho así hueco, a mí me salvaron y han salvado a muchas compañeras”, sentenció.
Ella se cataloga como una sobreviviente atípica. Feminista de muchos años de trayectoria cuando su expareja intentó acabar con su vida conocía sus derechos y las leyes, pero aun así enfrentó muchos problemas. Por eso desde Veracruz, su lugar de origen, decidió crear la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio que ahora integran mujeres de todo el país.
A través de esa colectiva ahora se ayudan con otras sobrevivientes pues están convencidas que, como dice Carolina, al ayudar a las demás se ayudan a sí mismas en sus propios procesos.
Ana Valderrama, hija de Carolina, contó que entre las acciones que realizan están grupos por videollamada para contar sus sentires o reflexionar a través de lecturas, lo que sirve a todas pero especialmente a aquellas mujeres que no han podido pagar terapia. También hacen círculos de estudio para empaparse de términos legales y ayudar a prepararse para sus procesos jurídicos.
“Capacitarnos entre nosotras es muy bonito, porque hemos ido compartiendo muchos vocablos, muchas herramientas estrategias, chismecito feminista y así, entonces es muy bonito, que pues el conocimiento está allí, es de todas y para todas (…) otra cuestión que hacemos que híjole como cuesta es el acompañarnos en prepararnos para audiencias”, contó.
Ellas no son las únicas que han accionado redes. La Red Nacional de Refugios ha implementado siete casas de transición para las mujeres que estuvieron en refugios, donde les brindan capacitación en temas laborales y cuidan a sus hijos e hijas cuidadas mientras ellas buscan trabajo o atienden sus asuntos legales. Figueroa afirmó que eso ha disminuido la cantidad de mujeres que recaen en entornos de riesgo.
La cantidad de casas de transición, consideró, son insuficientes debido a que funcionan con recursos propios pues no hay dinero institucional para este tipo de espacios. Pero así existen y están funcionando.
La Colectiva de Sobrevivientes también sueña con un espacio, pero en su caso será de sanación. Ellas tienen un terreno que les fue donado, del que les falta el proceso legal de escrituración, donde esperan construir un sitio de descanso para sobrevivientes y para otras mujeres que han sido impactadas por el sistema patriarcal.
“Un centro de mucha sanación, para mujeres no solo sobrevivientes, por supuesto que las sobrevivientes son las que están gestando (…) que pueda desconectarse y conectarse consigo (…) un espacio en la naturaleza con unas instalaciones que sean muy amenas, muy zen, muy así como para estar porque a veces lo único que necesitamos son esos tres días de soy yo soy un cuerpo ver qué es lo que está afectado”, contó Valderrama.
Aún no saben cuándo podrán tener listo ese espacio donde se darán los cuidados. Pero sí saben que sueñan con ello y que al igual que han hecho con otros proyectos podrán sacarlo adelante a sus tiempos, a su ritmo; y servirá para ser un espacio donde las mujeres, entre ellas las sobrevivientes, puedan sanarse de los problemas que tienen en el día a día.
La mamá de la menor asesinada en Taxco subio video a una red social en donde agradeció apoyo en la búsqueda de Camila
Texto: Andrea Mendoza
Martes 16 de abril del 2024
Chilpancingo
Mediante un vídeo en redes, publicado por su hermana Erika Gama, la madre de la menor Camila Ortega, secuestrada y asesinada en Taxco el 28 de marzo, agradeció a la comunidad taxqueña, familiares y amigos por unirse en su dolor y acompañarla en este difícil proceso.
«Yo sé que sin ustedes en estos momentos, a lo mejor, no sabría nada de Cami», dijo Magui Díaz en su vídeo, la madre no lloró, pero en su mirada reflejó cansancio y dolor.
Magui Diaz también agradeció a las hermandades que se unieron en su pena.
La muerte de la menor Camila Ortega ocurrió a mitad de Semana Santa en Taxco, por lo que varias hermandades pusieron moños blancos y fotografías de la menor durante la procesión, otras de ellas no participaron por respeto al caso.
La madre recalcó la bondad de su hija, quien confió en las personas equivocadas y por su inocencia fue asesinada. «Cami sólo brindaba amor», dijo la madre mientras abrazó a un pequeño muñeco de juguete de la menor.
«Créanme que en Camila van a encontrar un ángel que cuide y protega de todos ustedes», finalizó la madre entre lágrimas.
En el fondo se visualiza un pequeño altar de la menor con una fotografía grande, velas y flores rosas.
Camila Ortega fue secuestrada el 27 de marzo de este año, y hallada sin vida un día después de su desaparición.
La información brindada por su madre fue que Camila Ortega habría ido a jugar con una amiga a su casa. Horas después la madre fue a buscarla, pero la madre de su amiga, Ana Rosa comentó que nunca llegó para jugar con su hija.
Las horas transcurrieron y comenzó la búsqueda de Camila. Las cámaras de vigilancia de los vecinos grabaron el momento en el que Camila se dirige a la casa de su amiga y no hay una grabación posterior que indique se se regresó.
Una hora después salen Ana Rosa y su pareja. Ana Rosa lleva un canasto con ropa y el hombre carga una bolsa negra, en la que, se cree, iba Camila Ortega.
Horas después, regresaron a casa.
Elementos de la Guardia Nacional cubrieron la zona de la casa de los presuntos responsables, sin embargo, no podían aprenderlos sin una orden.
La comunidad taxqueña cerró la Avenida de Los Plateros, al norte de la ciudad, zona en la que vivían las personas señaladas.
Horas más tarde, el hartazgo social hizo que la comunidad taxqueña linchara a Ana Rosa y sus dos hijos, de 21 y 17 años.
Ana Rosa murió a causa de los golpes y su pareja y sus hijos están presos.
El caso del homicidio de Camila, de ocho años, que causó conmoción social es solo una arista de tantas violencias extremas que existen en el municipio de Taxco, en donde desde hace tres años se han incrementado las desapariciones, asesinatos, ataques a los transportistas y extorsiones.
El 22 de enero del 2018, un caso que se visibilizó en todo el país, fue el feminicidio de la médica nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, a manos de su ex esposo y ex suegra.
El 22 de enero del 2018, nueve días después de estar desaparecida, Magdalena fue hallada en pedazos en una olla de peltre en la estufa de un centro botanero, propiedad de su ex esposo César Gómez Arciniega y de su ex suegra.
En el 2022, César Gómez fue detenido en Tijuana y actualmente está preso en la cárcel de Tuxpan, en Iguala, acusado de feminicidio.
Después del caso de la doctora Magdalena, las colectivas feministas de Taxco incrementaron sus protestas en las calles para denunciar la inacción de las autoridades para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que desde hace tiempo cuando se incrementó la violencia en todas sus formas contra las mujeres de Taxco la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) debió hacer la declaratoria de alerta de género.
«La nueva reforma establece que las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (CEDH) debieron de haber solicitado esa alerta de género a la Conavim», afirmó Marina Reyna.
Mencionó que la CEDH no hará esa petición porque no quiere confrontarse con el poder.
«Con el caso de la niña Camila la Conavim debe de hacer esa declaratoria de alerta de género en Taxco y los gobiernos estatal y municipal deben de realizar acciones para la no repetición», expresó la activista feminista.
En el 2017, durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores, la Conavim hizo la declaratoria de alerta de género en los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Ometepec, Ayutla, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán, lugares donde las mujeres denunciaron casos de violencia extrema.
Marina Reyna dijo que lo de la niña Camila no es un caso aislado de violencia extrema contra las mujeres y niñas ya que recordó que recientemente una señora y su pequeña hija fueron halladas en su casa asesinadas.
En enero del 2023, la Agencia del Ministerio Público de Taxco dejó en libertad a Fernando Flores Martínez, señalado por familiares de Luz María de haberla asesinado.
De acuerdo con la versión de los colectivos feministas, Fernando había citado a una reunión a su ex pareja, fuera de la zona urbana de Taxco.
El presunto feminicida empujó a Luz María a un barranco de 15 metros de profundidad y a causa de sus heridas murió en el hospital.
A más de un año del caso de Luz María, su feminicidio sigue en la impunidad.
«Casos indignantes como el de Magdalena, Luz María y ahora el de Camila debe de obligar a las autoridades a tomar medidas urgentes para que se eviten más violencia contra las mujeres y niñas en Taxco», refirió Marina Reyna.
La activista consideró que el linchamiento por parte de una multitud enardecida de una de las presuntas feminicidas y las lesiones de sus dos hijos es derivado de la inacción de las autoridades para detenerlos.
«No se justifica hacerse justicia por propia mano, pero por lo que ocurrió en Taxco es culpa del gobierno», expresó Marina Reyna.
Otras violencias en Taxco
En los tres últimos años la violencia en Taxco se ha incrementado y la ciudadanía normalizó esta situación porque vive con pánico.
De acuerdo con un mapa criminal elaborado por las autoridades estatales, el grupo del crimen organizado la Familia Michoacana controla la economía local. Las organizaciones criminales de este tipo consiguen ese control por la adherencia de grupos políticos y económicos regionales, en los que hay autoridades locales y empresarios confabulados.
Aunque la FM tiene el control, ocurren hechos violentos continuamente porque la Federación Guerrerense, otro grupo criminal, disputa el poder económico y político.
El 19 de noviembre del 2023, en una colonia de Taxco, un grupo armado privó de su libertad al periodista Antonio Toledo Jaimes, a su esposa Guadalupe Donova e hijo Alberto Toledo Donova.
El 22 de noviembre en la Plaza Borda de Taxco, individuos armados privaron de su libertad a los periodistas Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez.
El 24 de noviembre, tras la denuncia pública que hicieron las organizaciones Reporteros sin Frontera y Artículo 19, fueron liberados los periodistas y los familiares de uno de ellos.
Un caso que no ha sido resuelto es la desaparición de ocho trabajadores municipales de la Dirección del Relleno Sanitario de Taxco.
El grupo de ocho empleados del Ayuntamiento junto con otros cuatro, entre ellos la directora del Relleno Sanitario, Wendy Salas, fueron sacados por un grupo armado el 26 de diciembre del 2023 cuando estaban en unas oficinas ubicadas en el barrio de El Panteón, ubicado en las afueras de Taxco.
El 8 de enero del 2024, cuatro de los 12 desaparecidos fueron liberados, entre ellos, Alan Rubén Sainz Morales, de 18 años, Diego Jeovanny Sainz Morales, también de 18, Brayan Alexis Sainz Morales, de 22, y Tomás Eladio Bustos Hernández, de 68 años.
De la directora del Relleno Sanitario, Wendy Salas, y de otros siete empleados más, nada se sabe hasta la fecha.
En junio del 2023, fueron halladas dos granadas de fragmentación en el interior del Ayuntamiento, lo que pareció que era un atentado contra el alcalde de este municipio, Mario Figueroa Mundo.
Las dos granadas fueron recogidas por el Ejército; se les detonó en las afueras de Taxco.
El 15 de febrero de este año luego de que durante tres semanas se paralizó el servicio de transporte público local y foráneo, las clases en las escuelas y cierre de comercios por las acciones de violencia de la delincuencia organizada, el alcalde sufrió un atentado del que resultó ileso.
El alcalde y sus dos guardaespaldas que viajaban en una camioneta blindada fueron embestidos por dos hombres armados a bordo de otra motocicleta, lo que generó un tiroteo.
Uno de los individuos armados murió cuando derrapó la motocicleta. El alcalde y sus dos guardaespaldas resultaron ilesos.
El atentado generó un diferendo entre el alcalde y la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, porque la FGE emitió un comunicado en donde informó que el acto fue fortuito, que el alcalde pasaba casualmente cuando dos ladrones habían robado cerca y en su huida chocaron con la camioneta del alcalde.
Se prevé que este miércoles 3 de abril, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) presente la lista de sus candidatos a las alcaldías en Guerrero y una de sus propuestas es Mario Figueroa para que se reelija en el cargo en las elecciones del próximo 2 de junio, aunque al cargo llegó por Morena.
Un juez de Control de Iguala vinculó a proceso con prisión preventiva a Axel Alejandro Aguilar Estrada por su presunta responsabilidad en el asesinato de la niña Camila ocurrido en Taxco de Alarcón la semana pasada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE establece en sus comunicados como feminicidio, el caso de la menor de ocho años, sin establecer aún mediante una investigación si su condición de mujer fue parte de las razones del homicidio, por tal en Amapola Periodismo no se maneja como feminicidio pues no hay una investigación que lo establezca.
Alfredo Aguilar, hermano de Axel, está internado en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chilpancingo, en donde esperará la audiencia en la que se determinará si tuvo o no una presunta participación en el asesinato de Camila.
La audiencia se desarrollará el próximo viernes 5 de abril.
Alfredo Aguilar tiene 17 años y su hermano Axel Alejandro Aguilar, 21. Son hijos de Ana Rosa Aguilar Díaz, quien también habría participado en el homicidio.
Ana Rosa falleció derivado de la golpiza que a ella y a sus dos hijos les propinó una multitud el jueves 28 de marzo después de sacarlos por la fuerza de su domicilio, ubicado en la calle El Chorrito del barrio La Florida, sobre la avenida Plateros, en Taxco.
Los hermanos Axel Alejandro y Alfredo Aguilar se les notificó la orden de aprehensión cuando estaban en el Hospital General de Iguala, a donde fueron llevados después de ser rescatados de la turba por policías estatales y la Guardia Nacional.
En el caso de Axel Alejandro ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva y está preso en la cárcel de Tuxpan, en Iguala, informó la FGE.
El pasado sábado 30 de marzo, un juez de Control de Iguala dictó vinculación a proceso al taxista, José Ricardo Armando Gaytán, por su presunta participación en el asesinato.
El conductor del taxi aparece en un video divulgado el miércoles 27 de marzo, en el cual se ve que baja de la vivienda, junto con Ana Rosa Aguilar; el carga una bolsa negra y la mete a la cajuela, mientras Ana Rosa carga un canasto con ropa y abre la portezuela del coche y la sostiene mientras José Ricardo mete la bolsa negra. Posiblemente en esa bolsa iba el cadáver de Camila.
Cadáver de Ana Rosa sigue en Semefo de Iguala
El parte médico del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala establece que Ana Rosa Aguilar murió por conjunto de traumatismo que son consideradas lesiones múltiples provocadas por violencia externa.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud estatal, hasta este lunes el cadáver de Ana Rosa permanecía en una de las gavetas del Semefo de Iguala; no ha sido entregado a sus familiares porque no han presentado la documentación correcta.
El mismo sábado, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el cadáver de Ana Rosa ya había sido retirado del Semefo por sus familiares.
Trascendió que el sábado 30 de marzo, varios familiares de Ana Rosa se presentaron a las instalaciones del Semefo en Iguala y les dijeron a las autoridades que no podían llevarse su cadáver porque la gente de Taxco los amenazó con quemarlo.
Los familiares de Ana Rosa Aguilar quieren inhumar su cadáver en Taxco.
Un perro talla grande, de pelo color amarillo resguarda la casa de la familia de Ana N, la mujer señalada de secuestrar y asesinar a Camila, de ocho años, en Taxco.
El perro aparece entre los límites de la casa, si alguien intenta pasar del callejón al domicilio, en el barrio Florida, ubicado sobre la avenida Plateros, casi a la salida de la ciudad.
Existe confusión sobre este perrito que vigila la casa porque un grupo de rescatistas taxqueños anunciaron que auxiliaron a un perro raza pitbull, de la familia linchada.
En las fotos que circulan en la que se ve a un perro protegiendo de la golpiza a Ana N no parece ser el perro raza pitbull rescatado.
El perro que desde el viernes resguarda la casa y celoso vigila que nadie ingrese, un perro que es talla grande y pelo color amarillo parece ser el que intentó proteger a la mujer que murió a consecuencia de la golpiza.
El perro de raza pitbull que fue rescatado lucía con un grave desnutrición y heridas en sus patas.
Un joven taxqueño llamado Emilio, fue quien rescató al convaleciente canino de la multitud de taxqueños que en consecuencia del hartazgo social intentaban linchar a su dueña, Ana N.
El perro color amarillo y de apariencia pitbull fue auxiliado por un grupo de jóvenes que ayudaron a Emilio y el canino.
Hugo Mosqueda, Ian Carlo Mosqueda y Emilio llevaron al canino con el Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) David Gómez Blanco, ubicado al sur de la ciudad en el Barrio Loma Larga.
El veterinario comentó que el pitbull tenía una fuerte desnutrición y tumores en diferentes partes del cuerpo, así como heridas no graves.
El veterinario Gómez Blanco comentó que se le hará la cirugía pertinente para extirpar dichos tumores así como estará una semana en observación para monitoreo su estado anímico.
El grupo de jóvenes comentó que por el momento se harán cargo de los gastos completos de Max para después hacer un conteo transparente de las aportaciones que aportó la ciudadanía taxqueña para la salud del canino.
Este texto es parte de una iniciativa de Amapola Periodismo para sensibilizar a la sociedad acerca del respeto y cuidado de los animales.
En Amapola Periodismo creemos que los altos índices de violencia en México, expresado principalmente en la tasa de homicidios, están relacionados a la falta de respeto a la vida.
El cuidado o maltrato a los animales silvestres y domésticos demuestran nuestra calidad humana.
Investigadores de la UAM han registrado mil 619 casos e intentos de linchamiento en el periodo que va del 2016 al 2022, un promedio de 22.4 por mes.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Amapola Periodismo/Archivo
Sábado 30 de marzo 2024
El intento de linchamiento de los presuntos asesinos de la niña Camila en Taxco, Guerrero, no fue un caso aislado. En las últimas décadas este fenómeno ha incrementado, llegando a registrarse hasta 22.4 casos e intentos en promedio por mes, detalla una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
¿Qué es el linchamiento?
La palabra linchamiento se deriva del apellido del estadounidense Charles Lynch, un juez improvisado del estado de Virginia, famoso por infligir penas crueles a criminales, y sin tomar en cuenta procedimientos legales, durante la guerra de Independencia.
La CNDH define el linchamiento como un ”acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionadas por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran no sancionará a los responsables.
Por lo tanto, deciden tomar la justicia en sus manos y castigar de manera corporal, directa e inmediata a los sujetos presuntamente responsables, sin permitirles defensa alguna, lo que puede llegar a provocar su muerte.”
Casos de linchamiento en México
Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), elaborado por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, señala que en el periodo que va del 2016 al 2022, se han registrado mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, es decir, un total de mil 619.
De acuerdo con los datos recopilados, los linchamientos no ocurren exclusivamente en el medio rural, sino en zonas netamente urbanas, siendo Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México las entidades con mayor prevalencia al concentrar más de 74 por ciento de los casos.
Los investigadores del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco argumentan que este tipo de estallidos surgen cuando la ciudadanía se siente insegura y sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia establecidos, así como por el descontento individual ocasionados por las ofensas de un miembro de la sociedad o autoridad que generan un reclamo conjunto.
“El encono es canalizado por muchedumbres que deciden hacer justicia por propia mano, ante la ineficiencia de las instituciones oficiales, generando una crisis de autoridad que constituye una de las causas profundas de la violencia social”, señalan.
Otro estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, elaborado por Juan Pablo Aguirre Quezada, destaca que han habido años en los que este tipo de agresiones se han disparado. Es el caso de 1997, cuando se registraron 27 casos; 2010, con 47 y 2013, con 40.
El estudio de Aguirre abarca de 1992 a 2018, años en los que registró 366 casos, la mayoría de estos ocurridos en la zona centro-sur del país.
Sobre los motivos, el estudio del BID señala que el 63% de los linchamientos se asocian a la presunta comisión de robos; el 20% a atropellos de alguien de la comunidad; el 9% contra presuntos secuestradores y el 8% contra supuestos violadores.
Margarita Ortega, madre de Camila, la menor de ocho años asesinada en Taxco, aseguró que atrás del crimen de su hija hay más personas, además de Ana N y sus hijos.
Ana es la mujer que falleció producto de los golpes de alrededor de una centena de habitantes que acercaron el domicilio de los presuntos culpables, los sacaron y los golpearon. Los golpeados fueron Ana N y sus dos hijos. Ana falleció.
La golpiza se transmitió en vivo por parte de varios medios de comunicación presentes en Taxco para realizar la transmisión del viacrucis, acto religioso al que acuden turistas y devotos.
«Ana no pudo haberlo hecho sola, además de Ana hay más personas atrás», denunció al término del sepelio de Camila en el Panteón de Jesús, en el pueblo de Minas Viejas, la zona rural de esta ciudad colonial.
Margarita Ortega lamentó el linchamiento de Ana N.
«Yo no quería que eso pasara, Ana tenía que sufrir todo el resto de su vida, ella debía sufrir todo el tiempo lo que yo voy a sufrir», lamentó.
De acuerdo con conocidos de la familia de la menor asesinada, la madre de Camila y Ana aparte de ser vecinas eran amigas desde la infancia.
Era común que Camila fuera a jugar con la hija menor de Ana, había confianza entre ambas madres de familia.
*Los otros golpeados sí son hijos de Ana N*
Por otro lado, esta tarde, alrededor de las dos, arribo a la Funeraria Angeles, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, a solidarizate con la familia de Camila.
Al salir fue abordado para responder cuestionamientos en torno a la actuación de la autoridad estatal en torno a este nuevo hecho de violencia en Guerrero.
Aseguró que el gobierno estatal mandó policías inmediatamente que se conoció la información de que los presuntos culpables estaban cercados por la población.
Reconoció que solo había unos 30 policías cuando ocurrió el linchamiento. «El resto venía en camino», dijo.
Los otros dos hombres golpeados por ls multitud dijo que sí son los hijos de Ana N y que ahora están en un hospital vigilados.
Ana N, señaló, ya fue reclamada por sus familiares para darle sepultura.
*Detiene FGE a un cuarto implicado en el asesinato de Camila*
Esta tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado que detuvo a José N, presunto implicado en el feminicidio de Camila N.
De acuerdo con una fuente de la familia, José N es el conductor del taxi en el que Ana N subió un canasto con ropa y una bolsa negra con un bulto a la cajuela del carro, según un video grabado por una cámara de un domicilio particular.
Quien carga el bulto negro es José N.
Menores y su profesora dan el último pase de lista
Textoy foto: Marlén Castro Viernes 29 de marzo del 2024 Taxco de Alarcón
«Vélez Ortega, Camila», dijo al final de todos sus niños y niñas, la profesora del grupo de segundo A, de la Escuela Primaria Niño Artillero, de Taxco.
«Presente», dijeron los 29 menores del grupo y soltaron el llanto.
Este fue el último pase de lista para Camila, la niña de ocho años que estuvo desaparecida un día y hallaron su cadáver la madrugada de este jueves, sobre la carretera a Cuernavaca.
Después del hallazgo del cadáver de la menor se desató en esta ciudad una cadena de sucesos turbulentos, en los que Ana N, una de los tres presuntos culpables, fue asesinada a golpes por una multitud de hombres y mujeres que exigían justicia para la menor.
El evento inesperado fue ampliamente difundido por varios medios de comunicación que estaban en Taxco para transmitir las procesiones católicas por la llamada Semana Santa.
Este medio día, después de velar toda la noche en la Funeraria Angeles, ubicada sobre la avenida principal de esta ciudad, familiares, amigos y conocidos de la familia de Camila participaron en la misa de cuerpo presente de la menor.
El sacerdote católico señaló a los familiares que era difícil hilar la muerte con la niñez, como era el caso con Camila.
Expresó que por la forma tan desconcertante en la que Camila perdió la vida, los familiares podrían sentirse abandonados por dios, pero les pidió ver la despedida de Camila de este mundo como el comienzo de una nueva vida, que es la eterna.
«Para nosotros que contamos el tiempo en años, meses, días y minutos podremos pensar que la vida de Camila fue una brevedad, pero en la eternidad el tiempo se mide de otra forma», externó el sacerdote en la misa de despedida.
Camila será enterrada en el panteón de Minas Viejas, por la salida a Iguala, en la zona rural de la ciudad colonial. Partirá el cortejo fúnebre a las tres de la tarde.
Entre toda la gente que acudió a la funeraria a despedir a Camila llegaron sus compañeras y compañeros de segundo año de la Escuela Primaria Niño Artillero, junto con su profesora.
Los menores llegaron en su uniforme de gala, con una rosa blanca en la mano que depositaron en el féretro de Camila.
Su profesora hizo el pase de lista. Nombraba al menor y este caminaba hacia el altar y dejaba una rosa blanca sobre el ataud.
Al final, la profesora nombró a Camila. Todos dijeron: «Presente».
Menores y profesora soltaron el llanto. Algunas niñas y niños rodearon a su profesora y lloraron a Camila abrazados.
Gracias maestra, gracias niños por venir a despedir a Camila, les dijo la mamá de la menor, con lo ojos irritados, rojos y un hilo de voz apenas perceptible.
Pobladores taxqueños entraron a la casa de los presuntos asesinos de Camila Ortega, una niña de ocho años que fue asesinada este miércoles 27 de marzo y hallado su cadáver la mañana siguiente en la carretera Taxco-Zacapalco, a la altura de la caseta.
Los pobladores, quienes desde esta mañana resguardaban la avenida Plateros, a la altura de la calle Florida, entraron con palos y golpes para exigir justicia para la menor; alegaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no atendía el caso.
Alrededor de la una tarde de este jueves los taxqueños hicieron frente a la Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes resguardaban el domicilio donde se vio por última vez a Camila.
Con palos y golpes a puño cerrado sacaron a una mujer y dos hombres, señalados por ellos mismos como los presuntos responsables del feminicidio.
La multitud gritaba: «¡Mátenlos! ¡Quémenlos! ¡Queremos justicia!». A jalones y golpes las tres personas fueron sacadas de su domicilio.
Quedaron sin ropa y ensangrentados, la población enojada no dejaba que los elementos de la Guardia Nacional y Policia Estatal se los llevaran, alegaban que querían justicia por sus propios medios.
Los pobladores llevaban palos, otros botes con gasolina.
Los elementos de la Guardia Nacional y Policia Estatal aprehendieron a los dos hombres y la mujer para subirlos a la patrulla y llevárselos, pero la gente enardecida los bajó a golpes y jalones.
Los policías no ejercieron fuerza contra la población, dejaron que golpearan a los presuntos asesinos y, momentos después, volvieron a subir a los dos hombres a la patrulla.
La mujer quedó boca abajo mientras la población seguía golpeándola, sin embargo algunos pobladores comentaron que la carroza fúnebre de la menor Camila venía en camino.
«Ya déjala, no vamos a dejar que la niña vea esto, por respeto», dijo una persona entre la multitud.
Los elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal apartaron a los presuntos feminicidas de la población para llevarlos a rastras de la avenida Plateros, hacia los Arcos, al norte de la ciudad.
Los elementos mencionaron que los presuntos responsables serían llevados a la sede de la FGE en Iguala para continuar con el proceso de los presuntos culpables del feminicidio de Camila.
Algunos barrios de Taxco anunciaron que no participarán en la procesión de este jueves santo con sus cristos en solidaridad a la familia de Camila.
El barrio de Bermeja, ubicado al este de la ciudad, comunicó que en solidaridad a la familia de la niña no participarán en la procesión e invitaron a la comunidad a unirse en oraciones en su iglesia donde se expondrá al cristo de Bermeja.
La comunidad taxqueña reiteró que la procesión de hoy jueves santo es cancelada, exigen justicia para la menor.
Camila Gómez Ortega, de ocho años, fue hallada hoy en la mañana después de un reporte en la Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala de que había una niña con características similares.
La menor fue raptada ayer, y por versiones de sus familiares se supo que la menor salió a jugar a casa de su amiga a la una de la tarde.
Tres horas más tarde, la madre fue a ver a su hija para saber cómo estaba, pero la madre y el padre de su amiga le comentaron que la niña nunca llegó a jugar.
La familia de Camila comenzó a movilizarse, buscaron en cámaras de videos que tienen instaladas algunos vecinos para saber hacía dónde fue la niña.
En los videos de un vecino, cerca de la casa donde la niña dijo que iría a jugar, se visualizó que la menor entró a la casa corriendo.
Tiempo después salieron la madre y el padre de la amiga; la señora llevaba un cesto con mucha ropa y el señor una bolsa negra. En ninguno de los dos contenedores se apreció algún movimiento.
En otra de las cámaras, se ve a la pareja que aborda un carro blanco Tsuru y se dirigieron hacia Los Arcos, para probablemente tomar la carretera.
Los familiares y la comunidad taxqueña se movilizaron mediante redes y bloquearon la avenida de Los Plateros, ubicada al norte de la ciudad, esto con el fin de resguardar a los presuntos homicidas de la menor, quienes se hallan en su domicilio en la avenida Plateros, elementos de la Guardia Nacional los resguardan.
La comunidad exige justicia para la menor, algunos comentaron que no debería de haber Semana Santa en Taxco en medio de dicha tragedia.
Es el cuarto feminicidio que ocurre en Guerrero en menos de ocho días
Texto: José Miguel Sánchez Foto: Especial Lunes 26 de febrero del 2024 Chilpancingo
Una mujer identificada como Claudia de la Luz García, de 54 años, fue hallada asesinada en la localidad de Axaxacualco, municipio de Eduardo Neri, en la zona Centro del estado.
El reporte policiaco indica que a través del número de emergencias 911, se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer, en un brecha de terracería cerca del panteón de Axaxacualco.
El cadáver de la mujer fue hallado semi desnudo y con un golpe en la cabeza.
Al recibir el reporte, elementos de seguridad se trasladaron a Axaxacualco, un poblado a 30 minutos de Chilpancingo, pero al llegar no hallaron el cadáver.
Versiones de los pobladores indican que la familia de la víctima levantó el cadáver y lo trasladó a su domicilio, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizaron las diligencias de ley.
La víctima desapareció la mañana de ayer en el poblado de Axaxacualco y se había alertado a poblados vecinos que si sabían algo de ella lo reportaran con su familia.
El feminicidio de Claudia es el cuarto que ocurre en Guerrero en menos de ocho días; el jueves 22, en Tlapa, fue asesinada Griselda Martínez Morán.
Griselda fue hallada apuñalada dentro de su departamento en Tlapa; familares y conocidos acusan del feminicidio a su pareja.
El 21 de febrero, en Cocula, zona Norte de Guerrero, ocurrieron otros dos feminicidios.
Hernán N asesinó a su madre Teresa, de 60 años y a su hermana Janice, de 40.
El fin de semana la Fiscalía General del Estado (FGR) informó que se detuvo a Hernan N en Iguala, por el doble feminicidio.