Los dos hijos y el esposo de Guadalupe Vicario que supuestos policías sacaron por la fuerza de su casa en junio del 2013 estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico. El dato que está sin acreditar causa sospechas a los familiares
Texto: Margena de la O
Foto: Colectivo María Herrera
Chilpancingo
Jueves 24 de abril del 2025
Todo pasó tan rápido, al menos así lo vivió al quedar pasmada, que en estos casi 12 años que dos de sus hijos y su esposo llevan desaparecidos, Guadalupe Vicario sigue en la reconstrucción del momento en que unos hombres vestidos como policías los sacaron por la fuerza de su casa, ubicada en la colonia PRD parte alta, de la ciudad de Chilpancingo, y se los llevaron.
Estuvo tirada en el piso, encañonada con una arma y la advertencia de no moverse por un buen rato–ya no recuerda cuánto tiempo le dieron–si quería evitar que regresaran y los mataran a todos. Pensó en sus otros dos hijos que estaban en casa, un niño de 12 años y una niña de seis años, y su nieta de tres. Solo dejó correr los minutos.
Pasaban de las seis de la tarde del 25 de junio del 2013 cuando pasó. Guadalupe todavía hacía tortillas a mano para la venta, tenía un puesto afuera de su casa.
Agustín Martínez, su esposo, estaba en el patio ocupado en la compostura de una camioneta, en lo que también le ayudaban sus hijos, Agustín, de 21 años y Héctor, que estaba por cumplir 18 años el 30 de junio. Usaban ese vehículo para acarrear leña desde la Sierra de Chilpancingo, que le servía a Guadalupe para cocer las tortillas.
En épocas de lluvias, cuando Agustín, el padre, no tenía trabajo como conductor de camión trocero, como son llamados los camiones de carga, en este caso usados para transportar troncos de madera que cortan en las zonas serranas, acarreaba leña para venderla. En las secas era cuando más le contrataban como chofer; la venta de madera no era un negocio de ellos, su trabajo estaba limitado a llevar los troncos a los aserraderos.
En este oficio solía involucrarse su hijo Agustín, porque dejó los estudios desde que acabó la secundaria y se dedicó a trabajar. Héctor recién estudiaba mecánica.
Guadalupe recuerda que uno de los dos hijos desaparecidos, porque tuvo ocho en total, le dijo que tenía hambre. Comenzaba a preparar los alimentos para darle de comer, cuando un grupo de hombres con facha de policía entraron de manera intempestiva a su casa. “No sé si fueron policías, pero ellos venían de policía”, comparte.
En la reconstrucción de los hechos que ha tejido con los recuerdos de todos los que estuvieron en casa ese día, sabe que los supuestos policías llegaron en carros particulares hasta su casa.
Los hombres la tumbaron al piso y la mantuvieron ahí por la fuerza. “A mí me encañonaron con la armas, me agacharon al piso, me tumbaron. Yo los tuve enfrente, pero es como un casete que se borra, yo nada más oía gritos, gritos”.
Entre esos gritos brotaban múltiples insultos, pero escuchó que su esposo, primero, preguntó a los hombres vestidos de policías qué querían, después, les dijo que dejaran a sus hijos y se lo llevaran a él en lugar de ellos.
Al final cargaron con los tres y Guadalupe permaneció en el pasmón por un rato más, hasta que los vio perderse para buscar a sus otros hijos y nieta que seguían impávidos de la impresión. Al niño lo halló hasta el fondo debajo de una cama.
Les ha costado mucho, dijo, salir de esa escena de vida. “Luego nos ponemos a platicar, pero como dicen ellos, ya no quieren recordar, porque vivieron con ese temor y hasta la fecha viven con ese temor”.
Un intempestivo dato en la carpeta de investigación
Hay al menos dos razones por las que la historia de la desaparición de los hijos y el esposo de Guadalupe debe ser visibilizado en estos momentos.
La primera, es que el colectivo local de buscadores de desaparecidos al cual pertenece Guadalupe, el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, estuvo sumado a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, donde familiares de desaparecidos organizados en 28 estados del país realizaron actividades durante el sábado 19 y el domingo 20 de abril de manera simultánea. El colectivo María Herrera las extendió al participar en unas mesas de trabajo que organizaron instituciones del gobierno federal en el estado de México desde el lunes pasado hasta este jueves.
La segunda, porque en una revisión que hizo Guadalupe del expediente que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la desaparición de sus hijos y esposo halló un dato inesperado: sus hijos y esposo estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico, ubicado al norte de la ciudad. El lugar es conocido en la ciudad porque ahí está una presa de agua a la que le atribuyen el mismo nombre y suele desbordarse cada temporada de lluvias.
“Me quedé así, asombrada (…). Yo en ningún momento di esa información, hasta me dijo el fiscal, nuestro MP (Ministerio Público) hasta me preguntó, ¿eso dijo es usted?, y le dije no, yo en ningún momento di esa información, yo ni sé cómo apareció esa información allí en mi carpeta”, narra.
Le saltan varias dudas que se convierten en interrogantes, la principal, de dónde sacó la Fiscalía es versión si tampoco está acreditado. “Hasta me dijo el MP, pero si sabe algo usted nos puede informar o investigue, pero cómo voy a investigar yo sin de por si vivo con ese miedo”. Los investigadores locales le pidieron a Guadalupe hacerse cargo también de las indagatorias oficiales. Los familiares de desaparecidos fungen ya uno de los papeles más importantes en la búsqueda de personas desaparecidas.
La dependencia, por lo que ha interpretado Guadalupe de la carpeta, tampoco ha confirmado el dato del posible entierro clandestino de sus hijos y esposo. “Ya ve las autoridades aquí, todo quiere que les pongamos en charola de plata”, agrega.
Guadalupe ya informó a instancias federales sobre este dato que podría prestarse para cambiar el curso de la investigación, porque logró que el gobierno federal también asumiera las indagatorias.
Como parte de la jornada nacional de actividades, los familiares de desaparecidos realizaron concentraciones en plazas y espacios públicos en Chilpancingo y Acapulco y el domingo estuvieron en Atoyac de Álvarez en un acto convocado por la familia de Rosendo Radilla, desaparecido durante la década de los setenta, en la llamada guerra sucia que algunos científicos sociales nombraron terrorismo de Estado, caso por el que el Estado mexicano recibió una sentencia condenatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Gema Antúnez Flores, quien dirige el Colectivo María Herrera en Chilpancingo, el cual creó después de la desaparición de su hijo Juan Sebastián García Antúnez, ocurrida el 27 de febrero del 2011, informó que estas mesas en las que participa empujan la exigencia de que el gobierno federal revise de manera constante las carpetas de todos los casos de desaparición con expediente, aun cuando sean de larga data.
“Yo tengo el caso de mi hijo desaparecido desde el 2011, entonces está contemplado como una desaparición de larga data, y se les está pidiendo que esas carpetas sean manejadas de manera virtual, porque yo como madre sigo en la búsqueda”, expone.
