Tlacolol – El show de la fiscal

La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, se unió al show cómico, mágico, musical en el que andan las autoridades en Guerrero.

Este 30 de agosto, en el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada, la fiscal se echó una actuación que por lo menos se merece una nominación a los premios TvNovelas o mínimo que la inviten a actuar en la Rosa de Guadalupe.

Ese día, familiares de desaparecidos de varios colectivos marcharon y llegaron a la Fiscalía para exigir la prontitud en las investigaciones de sus parientes. Y en el acceso principal los recibió la fiscal y comenzó el show.

La fiscal, primero quiso ayudar a madres a encender unas veladoras pero estas se negaron a platicar con ella.

Acompañada de un grupo de guardaespaldas, cual la fallecida cantante estaunidense Whitney Houston, Sandra Luz caminó entre los manifestantes y al cruzarse con un niño de una madre de uno de los desaparecidos, de manera burlona vociferó: «Agarren a ese niño, no queremos más desaparecidos».

Posteriormente se acercó al grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y con una falsa ternura, agarró de los cachetes a un estudiante a quien le dijo: «yo estoy con ustedes».

Sin embargo, este no es el primer show de Valdovinos Salmerón. El 21 de mayo, Sandra Luz armó otro espectáculo cerca de la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, en Acapulco, cuando se hincó ante la mamá de la adolescente desaparecida Yoseline Patricio Vendrel.

La manifestación era para exigir a las autoridades la presentación con vida de Yoseline quien finalmente apareció con vida el 22 de mayo.

Varios reporteros que cubrían para sus medios la protesta notaron que Valdovinos Salmerón se frotaba los ojos para que la gente pensara que estaba muy conmovida.

El mismo guión que, dicen fuentes de la Fiscalía, también lo aplicó con familiares de desaparecidos y asesinados de la comunidad de Alcozacán, a donde acudió en febrero pasado. Ahí también, Sandra Luz Valdovinos se mostró  triste por los relatos de las viudas y esposas de desaparecidos que le reclamaban acciones, como la detención de los integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, que desde el gobierno del priísta Héctor Astudillo gozan de poder económico y político en esa zona de la Montaña baja.

No obstante, donde la fiscal sacó su verdadero rostro y poder como militar, fue el 2 de febrero cuando se agarró a golpes con la ex directora de Recursos Humanos de la misma institución, Marvilla Melo, en las oficinas de la Fiscalía.

Y esto, porque Melo Vega se le puso al brinco, pues, se negaba a dejar el cargo y en respuesta recibió amenazas, aunque según los relatos, hubo «tiro» dirían en el box, pues, Sandra Luz aventó golpes y hasta mordidas a Maravilla, quien contó esta historia en una rueda de prensa en Acapulco.

En fin, sólo esperemos que la fiscal no le agarre el gusto a eso de los shows, como los Salgado.

Chirrionazo: En el 2015 cuando Morena obtuvo menos de 50,000 votos en la elección local y apenas alcanzó una diputación plurinominal, las sesiones del Consejo Político se realizaban en pequeños salones en donde incluso no había sillas suficientes para que se sentaran los consejeros. Ahora las asambleas se llevan a cabo en lugares fifis, como la de este domingo en el hotel Holiday Inn, propiedad de un amigo y socio del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El clan de los Salgado (la gobernadora Evelyn Salgado y su papá, Félix Salgado), en alianza con el grupo de los fundadores de Morena que lidereaba el extinto César Núñez Ramos, pusieron de líder estatal al legislador con licencia Jacinto González Varona. De los ocho cargos, cinco para los Salgado y tres para los nuñistas. Al grupo que dirigen las alcaldesas Abelina López y Norma Otilia Hernández las dejaron fuera de los huesos.

Aunque lo que realmente resaltó es que fue por «unidad», o como diría en sus mañaneras López Obrador, con las viejas prácticas del PRIANRD, aunque algunos ya le dicen PRI-MOR…ENA.

 

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Juez de Tlapa vincula a proceso a líder de la UPOEG

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa vinculó a proceso al dirigente de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien podría seguir su proceso fuera de prisión.

El delito por el que se le acusa al líder de las autodefensas es robo agravado, aunque su abogado solicitó una nueva ampliación para presentar pruebas de su inocencia, afirmó Plácido Valerio en entrevista telefónica.

Desde este martes en la mañana, miembros de la UPOEG tomaron las instalaciones del Juzgado Mixto y la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el municipio de Ayutla de los Libres para exigir un diálogo con la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Luz Salmerón Valdovinos Salmerón.

El comunicado que emitió la FGE detalla que el Juez decretó vinculación a proceso contra Plácido Valerio por el delito de robo agravado en perjuicio de Dionisio «N» por los hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort, en el 2016.

La acusación en contra de Plácido Valerio data desde el 2013 derivado de un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec y de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.

Supuestamente Plácido Valerio habría cometido el delito en el 2013 pero la orden de aprehensión en su contra fue liberada en julio del 2016.

El pasado 10 de agosto, el líder de la UPOEG fue detenido por la FGE acusado de los delitos de robo y daños.

Sin embargo, el 11 de agosto, Plácido Valerio salió en libertad de la cárcel de Tlapa después de pagar una fianza que le fijó el juez que aceptó la ampliación del plazo de 72 horas para definir su situación jurídica.

Este lunes citaron a Bruno Plácido a una audiencia en el Juzgado de Tlapa, quien no se presentó y a través de su abogado se le notificó su vinculación a proceso.

Plácido Valerio insistió en que las acusaciones de la FGE son de carácter político pero que su abogado demostrará su inocencia mediante una serie de pruebas que presentará ante el Juez.

«No descarto que nuevamente me detengan pero bueno si es así desde la cárcel sabré como defenderme y sabrán que soy un buen abogado», afirmó.

Mencionó que la toma de las instalaciones del Juzgado Mixto y de la Agencia del Ministerio Público de Ayutla de los Libres es para que haya una mesa de diálogo con las autoridades de la Fiscalía.

Adelantó que en las próximas horas la gente de la UPOEG tomará las instalaciones de los juzgados de San Luis Acatlán, Ometepec y Tlapa así como las agencias del Ministerio Público en estos municipios.

 

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Dejan en libertad a Bruno Placido; acusa persecución política de la 4T

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Por falta de pruebas en un delito y, el otro, prescrito,, un Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlapa dejó en libertad al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio.

“Es una acusación sin pruebas que me hicieron en el gobierno neoliberal de Ángel Aguirre y ahora el gobierno de la cuarta transformación me la aplicó”, declaró Plácido Valerio minutos después de abandonar la cárcel de Tlapa.

Ayer martes un grupo de policías ministeriales detuvo a Plácido Valerio cuando salía del zócalo de Chilpancingo y posteriormente fue trasladado en una camioneta a la cárcel de Tlapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la detención del líder de la UPOEG fue en base a una orden de aprehensión que dictó un juez de Tlapa por los delitos de robo y daños específico que presuntamente habría cometido en el 2016.

“Eran policías ministeriales que viajaban en varias camionetas los que me detuvieron como si fuera un narco”, afirmó Plácido Valerio.

En entrevista telefónica, el dirigente de la UPOEG mencionó que en la causa penal que tiene el Juez hay otras ocho personas que son acusadas por esos delitos.

Recordó que esa averiguación previa que se le integró a él y a otras personas fue por un pleito de unos terrenos ejidales en el municipio de Tlapa en el 2016.

“Yo nunca estuve involucrado en ese pedo (del conflicto de los terreros) y lo que me hicieron hoy fue un asunto político por parte de la Fiscalía”, afirmó Plácido Valerio.

La audiencia con el Juez inició a las nueve de la mañana y casi a las 13 horas concluyó con una resolución de libertad.

Este miércoles en Acapulco, la fiscal Sandra Luz Valdovinos, negó que la detención de Plácido Valerio sea una persecución política.

Después de la liberación del dirigente de la UPOEG, ciudadanos y autodefensas desbloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa a la altura de Cruz Grande y la de Ayutla-Tierra Colorada así como la vía Chilapa-José Joaquín Herrera.

 

 

 

Bloquean carreteras en Costa Chica por la detención de Bruno Placido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Por la detención del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se registraron bloqueos en los municipio de Florencio Villareal y Ayutla de los Libres, en la Costa Chica.

Alrededor de las 9:15 de la noche, unos 200 integrantes de la UPOEG bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de Cruz Grande.

A unos metros del bloqueo hay un retén de la Guardia Nacional, que no han intervenido.

Minutos más tarde se registró otro bloqueo en la carretera hacía el municipio de Ayutla de los Libres.

Los manifestantes pidieron un diálogo con el gobierno del estado para exigir la liberación de Plácido Valerio.

Se espera otro bloqueo en los poblado de Marquelia y de San Marcos.

Hasta el momento el bloqueo está con dirección a Acapulco y será permanente, solo dejarán pasar a personas enfermas y de la tercera edad.

La tarde de hoy fue detenido Plácido Valerio en Chilpancingo, luego de participar en un foro por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) el líder de la UPOEG fue detenido debido a una orden de aprehensión en su contra por robo y daño en propiedad ajena.

Después de iniciar los bloqueos se difundió un vídeo en redes sociales donde integrantes de la UPOEG dijeron que lucharán legalmente y no en las calles.

“Le pedimos respetuosamente al gobierno de Evelyn Salgado Pineda que revise el proceder de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y de su vicefiscal Ramón Celaya Gamboa y considere su remoción del cargo por atentar contra la estabilidad y la paz social”.

 

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«Sí cayó en un bache», dicen familiares del detenido por accidente

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares de Tony Alberto González, presunto conductor que atropelló al joven motociclista de 15 años, José Eduardo Vargas Verónica, dijeron que Alberto González está detenido injustamente.

En conferencia de prensa, el hermano de Alberto González, quién omitió su nombre, dijo que su hermano está preso injustamente ya que él no atropello a José Eduardo.

Como una medida para defenderse, los familiares de Alberto González presentaron el vídeo del accidente.

En el vídeo se observó que José Eduardo conducía su motocicleta por la lateral del boulevard Vicente Guerrero y cuando intentó rebasar por la derecha, en la esquina de la calle Encino, chocó con un automóvil Jetta color negro que se incorporaba al bulevard.

Al tratar de esquivar el automóvil fue que José Eduardo cayó en el bache y perdió el control de la motocicleta.

Al perder el control de la motocicleta, José Eduardo se impactó contra una camioneta estacionada y perdió la vida al instante.

El conductor del Jetta negro era Alberto González del que sus familiares piden su liberación por considerarlo inocente.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Pública Municipal, Martha Isela Velázquez, Alberto González fue detenido horas después en la salida de Chilpancingo, en el punto conocido como Tierras Prietas, por lo que se puso a disposición de las autoridades.

Desde el pasado sábado Alberto González está detenido en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de acuerdo con su hermano iba a salir en libertad porque los peritos determinaron que no fue culpable.

«Piden justicia de manera equivocada porque la información real no la conocen, Tony está detenido de manera injusta porque el asunto lo va a determinar el Ministerio Público y la Fiscalía», mencionó el hermano de Alberto González.

Al medio día de hoy familiares de José Eduardo protestaron en Palacio de Gobierno para pedir a la fiscal y a la gobernadora que Alberto González no sea liberado.

Hasta el momento se desconoce la situación legal de Alberto González, mientras sus familiares piden que sea liberado, la madre de José Eduardo exige que continúe en la cárcel al considerarlo culpable de la muerte de su hijo.

 

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«No fue un bache, fue un atropellamiento», familiares de José Eduardo exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares del joven José Eduardo Vargas Verónica, quien falleció el pasado sábado en un accidente de tránsito, explicaron que no fue un bache la causa del accidente, si no un atropellamiento por el que hay un detenido.

Los familiares exigieron a las autoridades justicia y que no liberen al detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de agosto.

José Eduardo, de 15 años, circulaba abordo de una motocicleta en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, cuando entre las calles Galeana y Encino derrapó y se impactó contra un automóvil estacionado.

Por el impacto, José Eduardo falleció al instante.

El reporte preliminar indicó que fue a causa de un bache en la calle lo que ocasionó que José Eduardo perdiera el control de la motocicleta y derrapara ocasionando su muerte.

Horas más tarde se informó que se detuvo en Tierras Prietas al conductor de un automóvil Jetta color negro como presunto responsable del accidente.

El detenido responde al nombre de Tony Alberto González Bello, quién supuestamente, de acuerdo con los familiares de José Eduardo, es pareja sentimental de una trabajadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de nombre Rocío Martínez Leyva.

Yolanda Verónica Gatica, madre de José Eduardo, comentó que ella no fue notificada de la detención de González Bello, y que se enteró por sus propios medios.

Cuándo se enteró de la detención de González Bello acudió al Ministerio Público (MP) para la denuncia correspondiente y pedir que no sea liberado hasta que declare sobre el caso.

En el MP le dijeron que no les correspondía y la mandaron a la instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ya en la FGE, Verónica Gatica comentó que no hubo quien los atendiera y que por lo mismo no ratificaron la denuncia.

«Estuvimos toda la noche tocando la puerta de las jaulas de detenidos y nadie salió a atendernos, nos fuimos porque teníamos que enterrar a mi hijo».

Los familiares de José Eduardo temen que pasen las 72 horas que establece la ley para que González Bello sea liberado porque no hay denuncia en su contra.

Al medio día de hoy familiares y amigos de José Eduardo protestaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que no liberen a González Bello.

Los familiares bloquearon los dos carriles del encauzamiento Huacapa, a la altura de Palacio de Gobierno, donde exigieron ser atendidos por alguna autoridad.

En los cárteles de los manifestantes se leía: «Fiscalía no protejas asesinos».

«Lo único que pedimos es justicia, si nos la garantizan este bloqueo no estaría sucediendo», mencionó Agustín Verónica Gatica, tío de Eduardo.

Al bloqueo llegó personal de la Secretaría General de Gobierno a dialogar con los manifestantes, quienes dijeron que no se retirarían hasta hablar con funcionarios de la FGE.

Cuando llegó personal de la FGE, los familiares de José Eduardo pidieron que se firmara una minuta para acordar una mesa de diálogo.

Ante la negativa de los funcionarios estatales, los manifestantes intentaron entrar a Palacio de Gobierno a pedir una audiencia con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso.

Al percatarse de eso, personal de seguridad cerró la entrada principal de Palacio de Gobierno e impidió la entrada a la madre de José Eduardo.

Después de varios minutos de discusión, entre los familiares de José Eduardo y el personal de Gobernación, se permitió la entrada de una comisión para tratar el tema de la carpeta de investigación por la muerte de José Eduardo y darle el seguimiento correspondiente.

 

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14 mujeres y 3 niñas siguen desaparecidas ¿y la Fiscalía qué hace?

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

De enero a mayo del 2022, 17 niñas han sido reportadas como desaparecidas y, de ellas, 14 fueron localizadas y tres continúan sin aparecer, de acuerdo con las fichas activas de la Alerta Amber emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de Protocolo Alba, que se activa por una mujer mayor de edad, los datos no son tan optimistas: de 18 fichas de mujeres desaparecidas solo se han desactivado cuatro, es decir, 14 continúan sin ser localizadas.

Entre las mujeres que continúan desaparecidas está Zuzuki Judith Blanco, de 19 años de edad.

El pasado 29 de abril Zuzuki desapareció cuando se dirigía a una reunión escolar.

Este miércoles 25 de mayo familiares y amigos de la esudiante protestaron frente de las instalaciones de la FGE para exigir su aparición.

Bloquearon el carril sur-norte del bulevar René Juárez Cisneros en la entrada de la FGE. Ahí los familiares exigieron la intervención de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, como lo hizo en Acapulco para dar con la localización de la menor Yoselin Patricio Vendrel, el pasado domingo 22.

La madre de Zuzuki, Yolanda Guzmán, narró que el pasado 29 de abril fue la última vez que tuvo comunicación con su hija, cuando este se dirigía a una reunión escolar de la preparatoria abierta.

Agregó que al no localizarla acudió a presentar formalmente la denuncia ante la FGE pero hasta el momento no hay avances de la búsqueda.

“Lo único que nos han informado es que estuvo en las oficinas del PRI y que hay video de eso, pero ya no sabemos para dónde se fue y con quién pero yo nunca he visto ese video sólo nos lo dijeron de palabra”, dijo la madre de la joven.

Durante la protesta los manifestantes fueron atendidos por un Vicefiscal, pero ya no se supo de los resultados de esa reunión.

Amapola Periodismo hizo un recuento de las fichas de las Alertas Ambar y los resultados fueron los siguientes; 17 menores que estaban en calidad de desaparecidas, 14 ya fueron localizadas y tres siguen sin ser localizadas.

Las tres menores que siguen sin localizar son Linda Kristell Deloya Sánchez, Zuri Cristóbal Real y Ana Iris Ramírez Andreo.

Linda Kristell, de 15 años de edad, desapareció el pasado 13 de febrero en Acapulco. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la colonia Renacimiento, de acuerdo con la ficha de la Alerta Amber.

La segunda, Ana Iris Ramírez Andreo, de 14 años de edad, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en Chilpancingo, es lo único que dice la ficha.

La tercera, Zuri Cistobal Real, de 15 años, desapareció el pasado 18 de abril en Acapulco.

De las otras 14 menores de edad las fichas ya fueron desactivadas, los datos que proporciona la FGE indican que fueron entregadas a sus familiares.

Entre las fichas desactivadas están las de Jaqueline Morales García, quien desapareció en Tixtla y apareció 24 horas después. También está la de Yoseline Patricio Vendrel quien estuvo en calidad de desaparecida por tres días en los que amigos y familiares realizaron una serie de bloqueos en Acapulco para exigir a las autoridades la búsqueda y pronta aparición.

Algunas menores fueron localizadas en otros estados de la República como el caso de Valeria Campos Amateco quien fue localizada en Querétaro o Johana García Genchi en Morelos.

A la lista se suman dos menores, Rosa Iris Tapia Vargas, de 17 años, quien desapareció el 26 de abril en el poblado de Lomas de San Juan en la zona rural de Acapulco.

Y se actualizó la ficha de María Fernanda Valadez Vásquez de 9 años de edad, quien desapareció el 5 de diciembre de 2019 en el poblado de Chichihualco a la edad de siete años, la ficha fue actualizada con la imagen de un retrato hablado de cómo luce la menor en la actualidad.

En el caso de María Fernanda los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, Chichihualco, el pasado 4 de diciembre del 2019 cuando Javier Valadez Millán, el padre de la menor, la sustrajo de su hogar después de asesinar con un arma blanca a su esposa, Cendy Vázquez Ramírez, la madre de la niña.

Derivado de los hechos, y después de interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP), se mandó a declarar a Valadez Millán, pero fue liberado horas después por falta de pruebas, denunció la hermana de la víctima, Griselda Vázquez Ramírez.

Después de rendir su declaración el 12 de diciembre del 2019, Valadez Millán huyó con su pareja sentimental, Roberto Rayo Pérez, y con la menor María Fernanda que en ese momento tenía siete años de edad.

 

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Trabajadores cierran Fiscalía de Guerrero para denunciar malos tratos, despidos y retención de salarios

Hay la amenaza de que habrá más despidos y la dependencia no les pagará el bono de riesgo que les otorgan a los trabajadores. Actualmente un trabajador de la Fiscalía recibe un bono de riesgo de 4,000 pesos al mes


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de abril del 2022

Chilapancingo

 

En protesta por los despidos, amenazas del retiro del bono de riesgo, trato déspota e intimidatorio, trabajadores sindicalizados y supernumerarios tomaron esta mañana la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección General de Servicios Periciales.

Acompañados por la líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, y la secretaria general de la Sección VII, Socorro Sánchez, los empleados cerraron los dos accesos de la FGE y de la Dirección de Servicios Periciales.

“Aquí en la Fiscalía se están corriendo a trabajadores bajo el argumento de que son corruptos y mañosos, sin comprobarles nada de esas acusaciones”, dijo Hernández Angelito.

Denunció que hay la amenaza de que habrá más despidos y la dependencia no les pagará el bono de riesgo que les otorgan a los trabajadores.

Actualmente un trabajador de la Fiscalía recibe un bono de riesgo de 4,000 pesos al mes.

La secretaria general de la Sección VII del SUSPEG, Socorro Sánchez dijo que recientemente la titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales fue obligada a renunciar y cuando pidió una explicación acudió a sus oficinas un grupo de hombres armados y encapuchados para sacarla.

Dijo que ese grupo de personas encapuchadas forman parte del personal de seguridad con que cuenta la fiscal, Sandra Luz Salmerón Valdovinos. “Los compañeros son hostigados e intimidados por funcionarios de la Fiscalía”, expresó.

Denunció otras violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, la retención de sus salarios y el trato déspota por parte de los funcionarios.

Poco después de las ocho de la mañana, los manifestantes tomaron la pluma del estacionamiento de las instalaciones de la Fiscalía y luego cerraron los dos accesos del inmueble.

Según la dirigente del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, en las Fiscalías regionales de Acapulco, Tlapa y Ometepec, los trabajadores también protestaron.

“Este es un paro de labores a nivel estatal porque no solamente los trabajadores de la Fiscalía están sufriendo agravios, son todos”, expresó Adela Hernández, quien junto con la líder de la Sección VII, Socorro Sánchez, entraron a las instalaciones de esta institución para iniciar un diálogo con el vicefiscal, Adolfo Herrera Martínez.

La fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no llegó a las oficinas.

“Solamente una vez hemos platicado con la fiscal y esperamos que pronto nos atienda para resolver esta situación que afecta a los trabajadores”, expuso la líder del SUSPEG, Adela Hernández.

En febrero pasado la directora de Recursos Humanos, Marvilla Melo se peleó a golpes con la fiscal General del estado, Sandra Luz Valdovinos, después de que esta última le exigiera la firma de su renuncia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestilencia en la Fiscalía General por cadáveres y malas condiciones laborales denuncian trabajadores

Lamentan que ma titular, la teniente Sandra Luz Valdovinos, al igual que sus demás superiores los hostigan, les retienen salarios e incluso si protestan son despedidos


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

21 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado denunciaron el acoso laboral y despidos injustificados además de los malos olores que despiden las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) por la saturación de cadáveres.

Un grupo de trabajadores de la Fiscalía tienen sus oficinas a una distancia de 30 metros de la unidad forense.

Los burócratas dijeron que la pestilencia se intensifica los jueves y viernes cuando el personal de Semefo saca los cadáveres putrefactos para llevarlos al panteón forense que está ubicado en la colonia Santo Domingo, al poniente de esta ciudad.

Informes que han proporcionado los trabajadores de esta unidad forense en este momento indican que hay más de 200 cadáveres que no han sido reconocidos por algún familiar.

En un documento que la dirigente de la Sección 7 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) Socorro Sánchez Salmerón le cuenta a la gobernadora Evelyn Salgado y a la Fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón las irregularidades que están viviendo en su centro de trabajo los burócratas que están afiliados a esta organización.

Menciona que los trabajadores son hostigados, las autoridades les retienen su salario e incluso si protestan son despedidos por sus jefes superiores.

En la Fiscalía General se desempeñan trabajadores administrativos, agentes ministeriales y agentes del Ministerio Público del Fuero Común así como peritos.

La dirigente sindical dice que recientemente fue despedida la empleada administrativa, Ariana Adame Reyna después de que se le retuvo su salario e hizo ese reclamo.

Contó que en una reunión que tuvo con los sindicalizados para que le dijeran las irregularidades que están sufriendo en su centro de trabajo llegó el director general de atención a víctimas y ofendidos del delito, Alberto Cano Pérez quien la empujó con la mano izquierda.

El mismo funcionario les gritó a los trabajadores que los quería ver de inmediato en sus oficinas.

La líder sindical Socorro Sánchez dijo que en esa reunión que fue interrumpida por Alberto Cano Pérez, estaba el Vicefiscal, Ramón Celaya Gamboa.

En el encuentro con el Vicefiscal, se le dijo que en las salas del Ministerio Público del Fuero Común está totalmente saturados de personal ya solamente en un escritorio hay cuatro personas.

“Esos espacios son muy chicos, carecen de ventilación y a muchos compañeros se les ha bajado la presión arterial”, expresó Socorro Sánchez.

Señaló que lo que más les preocupa a los trabajadores es de que en la reunión general que tuvieron el pasado 10 de febrero con la Fiscal, Sandra Luz Valdovinos, esta les dijo que por falta de presupuesto habrá suspensión de enseres de oficina además de que no habría contratación de personal.

Una cosa que les aterra a los trabajadores es de que funcionarios de la Fiscalía que en su mayoría, al igual que Sandra Luz Valdovinos, pertenecen a la milicia, se pasean en las oficinas con armas de grueso poder y granadas.

“Hay militares que se encapuchan y resguardan las entradas de las oficinas”, aseveró.

En el oficio dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado y a la Fiscal, le dé solución a estas irregularidades.

Sandra Luz Valdovinos quien asumió la Fiscalía en diciembre del 2021, es teniente coronel y muchos de los funcionarios de primer nivel en esta institución, provienen de las filas del Ejército Mexicano.

 

Trasladan otros 20 cadáveres más al panteón ministerial

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) los cadáveres provenían de la región Montaña, Costa Chica y Chilpancingo.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

1 de abril de 2022

Chilpancingo

La tarde de este viernes 20 cadáveres, que están en calidad de desconocidos, fueron trasladados a las instalaciones del Cementerio Estatal Forense en Chilpancingo.

Las autoridades dijeron que los 20 cadáveres estaban en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de esta capital del estado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) los cadáveres provenían de la región Montaña, Costa Chica y Chilpancingo.

El traslado estuvo a cargo de personal de la Fiscalía, Servicio Médico Forense y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Los cadáveres fueron colocados en gavetas con la información genética y la carpeta de investigación, para cotejarlas, por si en un futuro son reclamados.

Informes de las autoridades señalan que en las unidades del SEMEFO de Acapulco, Chilpancingo e Iguala hay saturación de cadáveres que no han sido reconocidos por sus familiares.

Para no tener una sobrecarga en las cámaras frigoríficas en estas unidades forenses la Fiscalía General del estado ha determinado llevar los cadáveres al cementerio forense de Chilpancingo.

Cada cadáver tiene su estudio genético para que algún familiar pueda reclamarlo después de una confronta de  un estudio de ADN.

En este panteón ministerial que fue puesto en marcha en el 2018, tiene una capacidad de más de mil cadáveres para almacenarlos en las gavetas.

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Desaparecen tres tigres que incautó el Ejército en Quechultenango

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial

6 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Los tres tigres que mediante un operativo realizado por el Ejército Mexicano y Guardia Nacional incautaron e integrantes de un grupo delictivo en el municipio de Quechultenango el pasado 15 de febrero, están desaparecidos, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Señala que en febrero, personal de la PROFEPA Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Fiscalía Estatal, el Ejército, Ministerio Público y la Guardia Nacional realizaron un operativo (en Quechultenango) para transportar tres tigres y al llegar al lugar donde estaban asegurados los felinos la jaula se encontraba abierta, vacía, limpia, sin restos de excretas, orina, alimentos o sangre.

«Actualmente la Procuraduría está realizando una investigación», indica esta dependencia federal.

«Se hace una atenta invitación a evitar la difusión de información no confirmada, a fin de aumentar las probabilidades de encontrar a los ejemplares con vida», afirma.

El pasado 17 de febrero un día después de que 50 elementos del Ejército Mexicano y 20 agentes ministeriales estatales fueron retenidos por unos 500 pobladores de Quechultenango, la Fiscalía General del estado informó que durante los operativos que realizaron en esa zona lograron incautar tres tigres que estaban encerrados en una jaula.

El comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López y el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez negociaron con los pobladores para que liberaran a los soldados y agentes ministeriales firmando una minuta de acuerdos.

Parte de los puntos acordados fue dejar en libertad a Jesús Flores, uno de los detenidos por el Ejército además de que las autoridades federales y estatales deberán de informar al ayuntamiento de Quechultenango de sus operativos en esta zona para que en estos participen la policía municipal y la llamada policía comunitaria.

La Fiscalía General del estado dio a conocer que como resultado de ese mismo operativo realizado durante esos días (antes de la retención del Ejército y agentes estatales) en Quechultenango que es la cabecera de este municipio y en la localidad de Tlanicuilulco, un individuo fue detenido, se decomisaron 28 kilos de marihuana, once vehículos, autopartes, un arma de grueso calibre y cartuchos útiles.

En el caso de los tres tigres quedaron bajo resguardo en su jaula.

Debido a que la delegación de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) no contaba con jaulas y un zoológico donde llevar a los felinos se retrasó el operativo para realizar el rescate.

El pasado 26 de febrero después de que la PROFEPA tuviera listas las tres jaulas para los tigres decidió movilizar a su personal con acompañamiento del Ejército, Ministerio Público, Guardia Nacional, se trasladaron a Quechultenango para el rescate de los felinos.

El plan era de llevar a los tigres a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) al parecer la que está ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana.

El pasado viernes, en las redes sociales se difundió una fotografía donde aparecen los tres tigres del municipio de Quechultenango aparentemente muertos.

«Lo que pudo haber pasado es de que los dueños de esos tigres regresaron y se los llevaron», dijo una fuente del gobierno estatal.

Al respecto, en entrevista con el encargado de despacho de la delegación estatal de la PROFEPA, Omar Magallanes Telumbre, negó que los tigres estén muertos.

«Ninguna autoridad reconoce esa parte (que estén muertos) porque no se sabe, pero son parte de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía», expresó el funcionario federal.

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De acuerdo con Ángel Almazán Juárez, titular de Semaren ni ellos ni la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg) tuvieron contacto con los tigres


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oficial y Amílcar Juárez

23 de febrero de 2022

Chilpancingo

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) desconoce el paradero de los tres tigres pantera que fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y Ejército Mexicano tras el operativo del pasado 16 en Quechultenango.

La dependencia quedó en espera de la notificación para trasladar a los felinos a un lugar seguro, luego del cateo en ese municipio, de donde son los principales líderes de un grupo criminal, de acuerdo a las autoridades, donde además de los animales exóticos incautaron 11 vehículos con reporte y drogas.

De acuerdo con Ángel Almazán Juárez, titular de Semaren ni ellos ni la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg) tuvieron contacto con los tigres.

Más de 200 pobladores retuvieron por más de cinco horas a elementos del Ejército y a 20 agentes ministeriales estatales en respuesta de este operativo coordinado por las fuerzas federales.

Los ministeriales y soldados fueron dejados en libertad después que el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez y el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López firmaron una minuta de acuerdos donde se establece que en los operativos que realice el Ejército en esa zona serán en coadyuvancia con la policía municipal de Quechultenango y la llamada policía comunitaria.

En entrevista telefónica, Almazán Juárez, contó que cuando la FGE aseguró a los tigres se avisó a Semaren para que buscaran donde resguardarlos para su posterior cuidado. Debido a la falta de infraestructura y espacio en el Zoochilpan se pretendía que los tres felinos fueran trasladados a un zoológico fuera del estado, donde recibirían la atención adecuada.

El personal de Semaren esperó la notificación oficial para tener acceso a los tigres y comenzar las labores de traslado a través de la Propeg, pero la FGE ya no les notificó nada.

Días después del primer aviso por parte de la FGE y mientras Semaren y Propeg esperaban la notificación oficial, los pobladores de Quechultenango expulsaron a las fuerzas de seguridad que días antes aseguraron a los tres felinos, junto con armas de fuego y vehículos.

En comunicados de prensa, las autoridades informaron que ese día se incautaron: “Cinco inmuebles donde se encontraron autopartes, entre ellos 10 puertas de vehículos de diferentes marcas, 7 radiadores, 7 condensadores, 7 salpicaderas, 3 cofres, 2 tableros, un medallón, así como 2 motores y 4 vehículos desarmados también con informe de robo”.

En el operativo se decomisaron 28 kilos de hierba verde con características de la marihuana, 11 vehículos, autopartes, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Sin rastro de los felinos

Almazán Juárez dijo que Semaren desconoce dónde están esos tigres, la última información fue la que todos conocen, que los aseguraron los agentes de la FGE.

“Yo quisiera dar más información, pero la realidad es que Semaren desconoce el paradero de esos tres felinos, la FGE ya no nos informó nada”, comentó.

En el zoológico de Chilpancingo llegan algunas especies rescatadas de distintas situaciones, por esta razón Amapola periodismo buscó al director del Zoochilpan para preguntar si ellos sabían del paradero de los felinos.

Aunque el director del Zoochilpan, José Rubén Nava Noriega, dijo que también desconoce dónde están los felinos.

“Yo no tengo información de dónde terminaron los tigres, de hecho, también me gustaría saber para poder ayudar”, mencionó.

Nava Noriega dijo no tener acercamiento con las instituciones que aseguraron a los tigres, pero espera que pronto se puedan poner en contacto para brindarles a los felinos la atención que requieren.

De acuerdo con los procedimientos institucionales es mediante oficio que se les notifica a las dependencias las actividades o colaboraciones que realizan, y de acuerdo con Nava Noriega el Zoochilpan no recibió ningún documento donde se mencionan a los felinos.

El personal del Zoochilpan reconoce que es imposible mantener a tres tigres en sus instalaciones por cuestiones de espacio, alimento y salubridad, pero Nava Noriega dice que eso no es impedimento para apoyar en labores de diagnóstico y traslado de los animales, una labor que por ley le corresponde.

Las leyes de bienestar animal indican que los zoológicos tienen que coadyuvar en el cuidado de animales rescatados.

Nava Noriega indica que la llegada de los felinos puede servir para que las instituciones se den cuenta de la importancia y carencia de los zoológicos en el cuidado y preservación animal.

En el boletín emitido por la FGE un día después del operativo, la dependencia dijo que los tres tigres se pusieron a disposición de la autoridad competente, aunque en realidad Semaren, Propeg, y el Zoochilpan desconocen dónde están.

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