Exigen trabajadores de la FGE la renuncia de la fiscal en una protesta por retraso de pagos y despidos injustificados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores administrativos sindicalizados y operativos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron las instalaciones de la dependencia para exigir el pago de la primer quincena de enero y por el despido injustificado de 100 peritos y ministerios públicos.

Los más de 200 trabajadores inconformes bloquearon desde las ocho de la mañana los tres accesos principales a la dependencia y suspendieron labores.

Los trabajadores exigen a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda la destitución de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por incumplir el pago de la primera quincena de enero para los 6,000 empleados que tiene la FGE

“Creo yo que el salario es sagrado y ese no se toca y si aquí en Fiscalía se están metiendo con los salarios podemos aspirar a más arbitrariedades”, denunció Socorro Sánchez Vergara, secretaría de la Sección VII del Sindicado Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

Además del retraso en esta quincena, los trabajadores denunciaron que en diciembre les pagaron el aguinaldo, prima vacacional y dos quincenas ocho días después de como lo marca la ley.

“¿A qué nos vamos a atener en lo subsecuente?, a que cada quince días nos vean aquí haciendo paro nuevamente para que nos paguen nuestra quincena”, cuestionó Sánchez Vergara.

En la movilización también hay representantes de la Secretaría General del SUSPEG.

Los trabajadores exigieron también el cese del hostigamiento laboral que existe en la corporación.

Durante la movilización, los manifestantes denunciaron a agentes ministeriales de intimidarlos al tomarles fotos y mostrarles sus armas cada vez que se manifiestan.

Juan Rivera Altamirano, representante de la Asociación de Agentes del Ministerio Públicos, Policías y Peritos (AAMPPP), denunció en la manifestación el despido injustificado de 100 integrantes de la asociación.

“Exigimos el alto a los despidos injustificados en razón de que existen muchos compañeros que los están destituyendo de los cargos por el simple hecho de tener un procedimiento disciplinario, lo cual es injusto”, mencionó Rivera Altamirano en entrevista.

Rivera Altamirano explicó que los procedimientos disciplinarios son comunes en los agentes del Ministerio Público y en los policías ministeriales porque “siempre estamos propensos a ser señalados de algún acto, porque lidiamos con dos partes, víctima e imputado, y siempre habrá un inconforme”.

“Pero eso no es justo de que por un simple señalamiento sin pruebas se determine la separación del cargo, destruyendo toda una carrera de 20 a 25 años, de compañeros que ya están en la tercera edad, dejándolos en total desamparo”, agregó Rivera Altamirano.

Entre las demandas de los agentes de ministerios públicos, policías y peritos también esta el pago de seguro de vida para los trabajadores operativos.

Hasta medio día el pero y la protesta continuaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paran cuatro horas trabajadores de la FGE para exigir pago de aguinaldo y quincena

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Agentes del Ministerio Público, peritos y personal administrativo pararon labores por cuatro horas en protesta porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no les había pagado su primera quincena de este mes y el aguinaldo.

Durante la protesta, en la que participaron unos mil trabajadores de la FGE en todo el estado, un militar armado que forma parte del grupo de escoltas de la fiscal general, Sandra Luz Salmerón Valdovinos, lesionó del brazo a una empleada en la Fiscalía regional en Acapulco.

Los agentes del ministerio público, policías ministeriales, peritos y administrativos suspendieron su protesta después de que se les prometió que durante la tarde de este jueves se les va a pagar todo lo que se les adeuda.

“Si no nos pagan en las próximas horas mañana reiniciaremos el paro de labores”, advirtió una trabajadora.

Denunciaron que el pretexto que utilizó la FGE para no pagarles a tiempo fue que hubo un problema con la cuenta que tiene la Fiscalía en el banco Santander.

Aquí en Chilpancingo, los trabajadores se salieron de sus oficinas y se manifestaron fuera de las instalaciones de la FGE de manera pacífica; portaron pancartas mediante las cuales exigían el pago de su aguinaldo y la primera quincena de este diciembre.

“Muchos estamos endeudados porque hemos pedido prestado dinero, porque el salario y el aguinaldo que nos debe la FGE lo están jineteando”, comentó una trabajadora.

Casi a las 15 horas, los inconformes suspendieron su protesta luego de que les informaron que por intermediación de los dirigentes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ordenó que se les pagara de inmediato.

En Acapulco, en la Fiscalía regional informaron que interpondrán una denuncia contra el militar que lesionó de un brazo a una trabajadora.

Denunciaron que la fiscal general tiene un grupo de escoltas que pertenecen a las filas del Ejército.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchan trabajadores de la Fiscalía contra despidos injustificados

Exigen que la fiscal explique las razones de su decisión que vulnera sus derechos. La señalan de pretender colocar a su allegados en la dependencia


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir a la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la reinstalación de tres trabajadoras despedidas de manera injustificada.

Una de las trabajadoras despedidas es Nallely Hernández, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero (STBSPEG), quien denunció el despido injustificado de más 40 trabajadores.

“En este momento pedimos la reinstalación de tres trabajadoras, una de ellas una intendente que se opuso a realizar el examen de control y confianza que sólo es para trabajadores operativos y no administrativos”, mencionó Nallely Hernández.

El contingente de la marcha partió del Monumento a las Banderas hasta las instalaciones de la FGE; a los trabajadores los acompañaron miembros del Frente de Sindicatos del Estado de Guerrero. En el Congreso local los manifestantes hicieron una parada para pedir a los diputados intervenir y realizar una auditoría a la FGE.

Durante la manifestación salió la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez a dialogar con los trabajadores de la FGE, quienes le entregaron un pliego petitorio en el que piden la auditoría a la dependencia, con el propósito de revisar los despidos injustificados.

A la fiscal pidieron de manera publica que explique la razón de los despidos y su negación a otorgar los aumentos salariales y los bonos que ya están estipulados en su Contrato Colectivo de Trabajo.

Los manifestantes llegaron a las instalaciones de la FGE y en mitin informaron que se quedarían en plantón hasta que una comisión saliera a recibirlos.

Por la manifestación, el día de de ayer la FGE emitió una circular para informar a todo su personal que les otorgaban el día, entonces, nadie salió atender a los manifestantes.

Desde el pasado 26 de octubre los trabajadores del STBSPEG comenzaron con las protestas para denunciar las irregularidades en la administración de Valdovinos Salmerón.

Entre las irregularidades que mencionan los trabajadores sindicalizados es la de los despidos injustificados, porque, según denunciaron, es para contratar a personal militar cercano a la fiscal.

 

Tlacolol – En la Fiscalía, el elefante de la impunidad nadie lo mueve

En la Fiscalía General del Estado (FGE) el show cómico, mágico y musical no para ningún día, pues en lo que lleva en el cargo la teniente coronel, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no dejan de regarla.

Hace unos días, así como si nada, se fue de la FGE el vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa.

El ahora ex vicefiscal dejó tirados algunos casos de suma importancia para Guerrero. Acá les decimos apenas cuatro.

El primero: la masacre en San Miguel Totolapan, ocurrida el 5 de octubre, donde asesinaron al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, su padre, el ex presidente Juan Mendoza Acosta y 21 personas, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento.

En este caso, Celaya Gamboa no dijo ni pío, o sea no informó nada. Lo que se sabe hasta ahora, es porque el gobierno federal en una mañanera informó que se investiga a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, presuntos líderes de la organización criminal Familia Michoacana, como los responsables de la masacre.

De la FGE no se sabe ni cuáles son las líneas de investigación que sigue para esclarecer la masacre, si hay detenidos o si desde antes ya indagaban los presuntos vínculos del alcalde y su padre con los líderes de la Familia Michoacana. La ciudadanía no sabe nada. Y allá en Tierra Caliente la gente sigue bajo el terror.

El segundo: En la agencia del Ministerio Público de Costa Azul, en Acapulco, se perdieron 10 millones de pesos que aseguró la Guardia Nacional en el aeropuerto de Acapulco a un individuo que pretendía viajar a Toluca, Estado de México.

Nos cuentan que, días después, el detenido comprobó el origen del dinero y exigió su regreso, pero resulta que, como por arte de magia, desaparecieron esos diez melones.

¿Es posible que en una Fiscalía se pierdan ¡10 millones de pesos!? En la Fiscalía de la teniente coronel, sí.

Por la desaparición del dinero hay detenidos pero ¿qué creen? Correcto: los 10 millones siguen sin aparecer.

Todo esto ocurrió en el tiempo que Celaya Gamboa era el vicefiscal de Investigación.

El tercero: Celaya Gamboa sólo removió el avispero con el caso del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Acusó a este grupo de trabajar para la organización criminal Los Rusos que opera en Acapulco y otros municipios de la región de la Costa Chica.

Incluso, detuvo a su líder Bruno Plácido Valerio, pero al final fue todo un fiasco. Resulta que uno de los delitos por el cual fue detenido ya había prescrito. Ahí Celaya quedó muy mal, como ejercer una orden de aprehensión sin verificar su estado, sólo quedó como un asunto personal.

Y cuarto: Celaya Gamboa tampoco resolvió las extorsiones que sufren un día sí y otro también los comerciantes y empresarios en Zihuatanejo. El cobro al que son sometidos por vendedores de pollo en Chilpancingo o la imposición de precios en la región Norte y en la Tierra Caliente. Tampoco resolvió el asesinato del columnista Fredid Román Román, ocurrido el pasado 22 de agosto, cerca del centro de Chilpancingo.

Nos dicen que Celaya Gamboa ya no andaba muy contento en la Fiscalía, pues traía un pleito con su jefa Valdovinos Salmerón por ver quien ganaba más los reflectores, o sea, quien de los dos era más protagónico.

Acá nos surge una duda: ¿protagonismo de qué? Si en esta dependencia no hay nada que protagonizar porque no hay nada de resultados, pero bueno así se las gastan.

Pero como esta clase política y los gobernantes en Guerrero y en todo el país casi nunca pierden y aunque pierdan como quiera ganan, con los tristes resultados de Celaya Gamboa, aunque usted no lo crea fue premiado: será el secretario de Seguridad Pública de Tlaxcala, que encabeza la morenista, Lorena Cuéllar Cisneros.

Se va a Tlaxcala a sustituir al general de brigada, Raúl Ruiz García, por el escándalo de la operación en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Benito Juárez, de Panotla, que dejó una normalista muerta y otros 30 estudiantes heridos.

A ver cómo le va en Tlaxcala, o a ver, cómo le va a Tlaxcala con él. Creemos que seguramente igual que en Guerrero.

Valdovinos Salmerón también hizo cambios en el área de comunicación. Parece que removió en todas las áreas porque un grupo de trabajadores de inmediato brincaron y anunciaron una protesta, pero hábilmente los directivos bajaron la intensidad dejando un día libre a los burócratas.

Parece que la teniente coronel tendrá ahora sí todo el escenario para ella solita y lucirse, para aparentar que escucha a las víctimas, porque si hablamos de impartir justicia en casi un año no se ha visto nada claro y ha perdurado el estado de impunidad.

Chirrionazo. El viejo luchador social Eloy Cisneros Guillén dijo lo que todo mundo piensa: que el influencer senador Félix Salgado Macedonio es el que reparte el pastel en la administración estatal que encabeza su hija Evelyn Salgado Pineda. Lo novedoso que dijo el ometepense es que le comentó a la gober que su papá engaña a la gente que lo sigue para ofrecerle un trabajo. Habrá que ver si doña Evelyn (o la torita como se puso en la papeleta electoral en la elección del 2021) da muestras de ponerse picuda al senador, y veremos hasta donde jala la cuerda. Los que escribimos El Tlacolol suponemos que los catrincitos (Rubén Hernández y Jesús Urióstegui) asesoran a la goberpara que se le ponga al brinco a su papá Félix. Veremos pues, sí hay tiro.

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Renuncia vicefiscal de Guerrero que participaba en investigación de la masacre de Totolapan

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

A menos de un año de que asumió el cargo, el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, presentó su renuncia que surtirá efectos a partir del próximo de 1 de noviembre.

Celaya Gamboa se va de Guerrero y analiza si acepta un cargo que le ofrecieron en la Fiscalía General de la República (FGR).

El vicefiscal participaba en las investigaciones de la masacre que perpetró un grupo armado contra 20 personas –según el numero oficial, porque los pobladores hablan de 23– el pasado 5 de octubre en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente. Conrado Mendoza Almeda, alcalde de ese municipio y su padre Juan Mendoza fueron dos de las personas asesinadas.

La renuncia de Gamboa Ayala, que él mismo la dio a conocer este sábado, tomó por sorpresa a funcionarios del primer nivel de la administración estatal de la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, quien acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira de trabajo en el municipio de Olinalá, en la región Montaña.

“No sabía. Todavía este viernes hablé con él”, declaró un funcionario del gabinete de seguridad de Salgado Pineda al enterarse de la renuncia de Gamboa Ayala a través de las redes sociales.

Durante los meses que estuvo en la vicefiscalía, Gamboa Ayala denunció que en Acapulco y en municipios de la Costa Chica, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), supuesta organización de seguridad y justicia ciudadana liderada por Bruno Plácido Valerio, tiene relación con el grupo delictivo de Los Rusos que, de manera oficial se sabe, está dedica a la distribución de droga, extorsiones y secuestros.

A principios de agosto, durante una operación que encabezó para desalojar a miembros de la UPOEG de la carretera Acapulco-Pinotepa-Nacional que tenían cerrada, Gamboa Ayala fue atacado a balazos junto con policías ministeriales, de cual salió ileso.

En esa operación fueron detenidos los agresores, a quienes los identificó como integrantes de la supuesta Policía Comunitaria de la UPOEG.

A finales de julio, Ayala Gamboa acusó a los dirigentes del grupo criminal de la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olaoscaga y a Jhonny Hurtado Olascoaga, de obligar a transportistas de la región de Tierra Caliente de cerrar la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.

El bloqueo en la vía fue, según Ayala Gamboa, para evitar que elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal entraran a esa región para detener a los hermanos Hurtado.

Hace dos semanas, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que en ese despliegue de las fuerzas de seguridad federal y estatal era para catear cinco ranchos en San Miguel Totolapan que son propiedad de líderes criminales que operan en esa zona.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional Mejía, Mejía Berdeja también comentó que una jueza de control de Guerrero retardó a la FGE dos días la orden judicial para realizar los cateos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlacolol – El show de la fiscal

La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, se unió al show cómico, mágico, musical en el que andan las autoridades en Guerrero.

Este 30 de agosto, en el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada, la fiscal se echó una actuación que por lo menos se merece una nominación a los premios TvNovelas o mínimo que la inviten a actuar en la Rosa de Guadalupe.

Ese día, familiares de desaparecidos de varios colectivos marcharon y llegaron a la Fiscalía para exigir la prontitud en las investigaciones de sus parientes. Y en el acceso principal los recibió la fiscal y comenzó el show.

La fiscal, primero quiso ayudar a madres a encender unas veladoras pero estas se negaron a platicar con ella.

Acompañada de un grupo de guardaespaldas, cual la fallecida cantante estaunidense Whitney Houston, Sandra Luz caminó entre los manifestantes y al cruzarse con un niño de una madre de uno de los desaparecidos, de manera burlona vociferó: «Agarren a ese niño, no queremos más desaparecidos».

Posteriormente se acercó al grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y con una falsa ternura, agarró de los cachetes a un estudiante a quien le dijo: «yo estoy con ustedes».

Sin embargo, este no es el primer show de Valdovinos Salmerón. El 21 de mayo, Sandra Luz armó otro espectáculo cerca de la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, en Acapulco, cuando se hincó ante la mamá de la adolescente desaparecida Yoseline Patricio Vendrel.

La manifestación era para exigir a las autoridades la presentación con vida de Yoseline quien finalmente apareció con vida el 22 de mayo.

Varios reporteros que cubrían para sus medios la protesta notaron que Valdovinos Salmerón se frotaba los ojos para que la gente pensara que estaba muy conmovida.

El mismo guión que, dicen fuentes de la Fiscalía, también lo aplicó con familiares de desaparecidos y asesinados de la comunidad de Alcozacán, a donde acudió en febrero pasado. Ahí también, Sandra Luz Valdovinos se mostró  triste por los relatos de las viudas y esposas de desaparecidos que le reclamaban acciones, como la detención de los integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, que desde el gobierno del priísta Héctor Astudillo gozan de poder económico y político en esa zona de la Montaña baja.

No obstante, donde la fiscal sacó su verdadero rostro y poder como militar, fue el 2 de febrero cuando se agarró a golpes con la ex directora de Recursos Humanos de la misma institución, Marvilla Melo, en las oficinas de la Fiscalía.

Y esto, porque Melo Vega se le puso al brinco, pues, se negaba a dejar el cargo y en respuesta recibió amenazas, aunque según los relatos, hubo «tiro» dirían en el box, pues, Sandra Luz aventó golpes y hasta mordidas a Maravilla, quien contó esta historia en una rueda de prensa en Acapulco.

En fin, sólo esperemos que la fiscal no le agarre el gusto a eso de los shows, como los Salgado.

Chirrionazo: En el 2015 cuando Morena obtuvo menos de 50,000 votos en la elección local y apenas alcanzó una diputación plurinominal, las sesiones del Consejo Político se realizaban en pequeños salones en donde incluso no había sillas suficientes para que se sentaran los consejeros. Ahora las asambleas se llevan a cabo en lugares fifis, como la de este domingo en el hotel Holiday Inn, propiedad de un amigo y socio del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El clan de los Salgado (la gobernadora Evelyn Salgado y su papá, Félix Salgado), en alianza con el grupo de los fundadores de Morena que lidereaba el extinto César Núñez Ramos, pusieron de líder estatal al legislador con licencia Jacinto González Varona. De los ocho cargos, cinco para los Salgado y tres para los nuñistas. Al grupo que dirigen las alcaldesas Abelina López y Norma Otilia Hernández las dejaron fuera de los huesos.

Aunque lo que realmente resaltó es que fue por «unidad», o como diría en sus mañaneras López Obrador, con las viejas prácticas del PRIANRD, aunque algunos ya le dicen PRI-MOR…ENA.

 

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Juez de Tlapa vincula a proceso a líder de la UPOEG

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa vinculó a proceso al dirigente de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien podría seguir su proceso fuera de prisión.

El delito por el que se le acusa al líder de las autodefensas es robo agravado, aunque su abogado solicitó una nueva ampliación para presentar pruebas de su inocencia, afirmó Plácido Valerio en entrevista telefónica.

Desde este martes en la mañana, miembros de la UPOEG tomaron las instalaciones del Juzgado Mixto y la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el municipio de Ayutla de los Libres para exigir un diálogo con la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Luz Salmerón Valdovinos Salmerón.

El comunicado que emitió la FGE detalla que el Juez decretó vinculación a proceso contra Plácido Valerio por el delito de robo agravado en perjuicio de Dionisio «N» por los hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort, en el 2016.

La acusación en contra de Plácido Valerio data desde el 2013 derivado de un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec y de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.

Supuestamente Plácido Valerio habría cometido el delito en el 2013 pero la orden de aprehensión en su contra fue liberada en julio del 2016.

El pasado 10 de agosto, el líder de la UPOEG fue detenido por la FGE acusado de los delitos de robo y daños.

Sin embargo, el 11 de agosto, Plácido Valerio salió en libertad de la cárcel de Tlapa después de pagar una fianza que le fijó el juez que aceptó la ampliación del plazo de 72 horas para definir su situación jurídica.

Este lunes citaron a Bruno Plácido a una audiencia en el Juzgado de Tlapa, quien no se presentó y a través de su abogado se le notificó su vinculación a proceso.

Plácido Valerio insistió en que las acusaciones de la FGE son de carácter político pero que su abogado demostrará su inocencia mediante una serie de pruebas que presentará ante el Juez.

«No descarto que nuevamente me detengan pero bueno si es así desde la cárcel sabré como defenderme y sabrán que soy un buen abogado», afirmó.

Mencionó que la toma de las instalaciones del Juzgado Mixto y de la Agencia del Ministerio Público de Ayutla de los Libres es para que haya una mesa de diálogo con las autoridades de la Fiscalía.

Adelantó que en las próximas horas la gente de la UPOEG tomará las instalaciones de los juzgados de San Luis Acatlán, Ometepec y Tlapa así como las agencias del Ministerio Público en estos municipios.

 

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Dejan en libertad a Bruno Placido; acusa persecución política de la 4T

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Por falta de pruebas en un delito y, el otro, prescrito,, un Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlapa dejó en libertad al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio.

“Es una acusación sin pruebas que me hicieron en el gobierno neoliberal de Ángel Aguirre y ahora el gobierno de la cuarta transformación me la aplicó”, declaró Plácido Valerio minutos después de abandonar la cárcel de Tlapa.

Ayer martes un grupo de policías ministeriales detuvo a Plácido Valerio cuando salía del zócalo de Chilpancingo y posteriormente fue trasladado en una camioneta a la cárcel de Tlapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la detención del líder de la UPOEG fue en base a una orden de aprehensión que dictó un juez de Tlapa por los delitos de robo y daños específico que presuntamente habría cometido en el 2016.

“Eran policías ministeriales que viajaban en varias camionetas los que me detuvieron como si fuera un narco”, afirmó Plácido Valerio.

En entrevista telefónica, el dirigente de la UPOEG mencionó que en la causa penal que tiene el Juez hay otras ocho personas que son acusadas por esos delitos.

Recordó que esa averiguación previa que se le integró a él y a otras personas fue por un pleito de unos terrenos ejidales en el municipio de Tlapa en el 2016.

“Yo nunca estuve involucrado en ese pedo (del conflicto de los terreros) y lo que me hicieron hoy fue un asunto político por parte de la Fiscalía”, afirmó Plácido Valerio.

La audiencia con el Juez inició a las nueve de la mañana y casi a las 13 horas concluyó con una resolución de libertad.

Este miércoles en Acapulco, la fiscal Sandra Luz Valdovinos, negó que la detención de Plácido Valerio sea una persecución política.

Después de la liberación del dirigente de la UPOEG, ciudadanos y autodefensas desbloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa a la altura de Cruz Grande y la de Ayutla-Tierra Colorada así como la vía Chilapa-José Joaquín Herrera.

 

 

 

Bloquean carreteras en Costa Chica por la detención de Bruno Placido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Por la detención del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se registraron bloqueos en los municipio de Florencio Villareal y Ayutla de los Libres, en la Costa Chica.

Alrededor de las 9:15 de la noche, unos 200 integrantes de la UPOEG bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de Cruz Grande.

A unos metros del bloqueo hay un retén de la Guardia Nacional, que no han intervenido.

Minutos más tarde se registró otro bloqueo en la carretera hacía el municipio de Ayutla de los Libres.

Los manifestantes pidieron un diálogo con el gobierno del estado para exigir la liberación de Plácido Valerio.

Se espera otro bloqueo en los poblado de Marquelia y de San Marcos.

Hasta el momento el bloqueo está con dirección a Acapulco y será permanente, solo dejarán pasar a personas enfermas y de la tercera edad.

La tarde de hoy fue detenido Plácido Valerio en Chilpancingo, luego de participar en un foro por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) el líder de la UPOEG fue detenido debido a una orden de aprehensión en su contra por robo y daño en propiedad ajena.

Después de iniciar los bloqueos se difundió un vídeo en redes sociales donde integrantes de la UPOEG dijeron que lucharán legalmente y no en las calles.

“Le pedimos respetuosamente al gobierno de Evelyn Salgado Pineda que revise el proceder de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y de su vicefiscal Ramón Celaya Gamboa y considere su remoción del cargo por atentar contra la estabilidad y la paz social”.

 

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«Sí cayó en un bache», dicen familiares del detenido por accidente

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares de Tony Alberto González, presunto conductor que atropelló al joven motociclista de 15 años, José Eduardo Vargas Verónica, dijeron que Alberto González está detenido injustamente.

En conferencia de prensa, el hermano de Alberto González, quién omitió su nombre, dijo que su hermano está preso injustamente ya que él no atropello a José Eduardo.

Como una medida para defenderse, los familiares de Alberto González presentaron el vídeo del accidente.

En el vídeo se observó que José Eduardo conducía su motocicleta por la lateral del boulevard Vicente Guerrero y cuando intentó rebasar por la derecha, en la esquina de la calle Encino, chocó con un automóvil Jetta color negro que se incorporaba al bulevard.

Al tratar de esquivar el automóvil fue que José Eduardo cayó en el bache y perdió el control de la motocicleta.

Al perder el control de la motocicleta, José Eduardo se impactó contra una camioneta estacionada y perdió la vida al instante.

El conductor del Jetta negro era Alberto González del que sus familiares piden su liberación por considerarlo inocente.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Pública Municipal, Martha Isela Velázquez, Alberto González fue detenido horas después en la salida de Chilpancingo, en el punto conocido como Tierras Prietas, por lo que se puso a disposición de las autoridades.

Desde el pasado sábado Alberto González está detenido en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de acuerdo con su hermano iba a salir en libertad porque los peritos determinaron que no fue culpable.

«Piden justicia de manera equivocada porque la información real no la conocen, Tony está detenido de manera injusta porque el asunto lo va a determinar el Ministerio Público y la Fiscalía», mencionó el hermano de Alberto González.

Al medio día de hoy familiares de José Eduardo protestaron en Palacio de Gobierno para pedir a la fiscal y a la gobernadora que Alberto González no sea liberado.

Hasta el momento se desconoce la situación legal de Alberto González, mientras sus familiares piden que sea liberado, la madre de José Eduardo exige que continúe en la cárcel al considerarlo culpable de la muerte de su hijo.

 

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares del joven José Eduardo Vargas Verónica, quien falleció el pasado sábado en un accidente de tránsito, explicaron que no fue un bache la causa del accidente, si no un atropellamiento por el que hay un detenido.

Los familiares exigieron a las autoridades justicia y que no liberen al detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de agosto.

José Eduardo, de 15 años, circulaba abordo de una motocicleta en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, cuando entre las calles Galeana y Encino derrapó y se impactó contra un automóvil estacionado.

Por el impacto, José Eduardo falleció al instante.

El reporte preliminar indicó que fue a causa de un bache en la calle lo que ocasionó que José Eduardo perdiera el control de la motocicleta y derrapara ocasionando su muerte.

Horas más tarde se informó que se detuvo en Tierras Prietas al conductor de un automóvil Jetta color negro como presunto responsable del accidente.

El detenido responde al nombre de Tony Alberto González Bello, quién supuestamente, de acuerdo con los familiares de José Eduardo, es pareja sentimental de una trabajadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de nombre Rocío Martínez Leyva.

Yolanda Verónica Gatica, madre de José Eduardo, comentó que ella no fue notificada de la detención de González Bello, y que se enteró por sus propios medios.

Cuándo se enteró de la detención de González Bello acudió al Ministerio Público (MP) para la denuncia correspondiente y pedir que no sea liberado hasta que declare sobre el caso.

En el MP le dijeron que no les correspondía y la mandaron a la instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ya en la FGE, Verónica Gatica comentó que no hubo quien los atendiera y que por lo mismo no ratificaron la denuncia.

«Estuvimos toda la noche tocando la puerta de las jaulas de detenidos y nadie salió a atendernos, nos fuimos porque teníamos que enterrar a mi hijo».

Los familiares de José Eduardo temen que pasen las 72 horas que establece la ley para que González Bello sea liberado porque no hay denuncia en su contra.

Al medio día de hoy familiares y amigos de José Eduardo protestaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que no liberen a González Bello.

Los familiares bloquearon los dos carriles del encauzamiento Huacapa, a la altura de Palacio de Gobierno, donde exigieron ser atendidos por alguna autoridad.

En los cárteles de los manifestantes se leía: «Fiscalía no protejas asesinos».

«Lo único que pedimos es justicia, si nos la garantizan este bloqueo no estaría sucediendo», mencionó Agustín Verónica Gatica, tío de Eduardo.

Al bloqueo llegó personal de la Secretaría General de Gobierno a dialogar con los manifestantes, quienes dijeron que no se retirarían hasta hablar con funcionarios de la FGE.

Cuando llegó personal de la FGE, los familiares de José Eduardo pidieron que se firmara una minuta para acordar una mesa de diálogo.

Ante la negativa de los funcionarios estatales, los manifestantes intentaron entrar a Palacio de Gobierno a pedir una audiencia con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso.

Al percatarse de eso, personal de seguridad cerró la entrada principal de Palacio de Gobierno e impidió la entrada a la madre de José Eduardo.

Después de varios minutos de discusión, entre los familiares de José Eduardo y el personal de Gobernación, se permitió la entrada de una comisión para tratar el tema de la carpeta de investigación por la muerte de José Eduardo y darle el seguimiento correspondiente.

 

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14 mujeres y 3 niñas siguen desaparecidas ¿y la Fiscalía qué hace?

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

De enero a mayo del 2022, 17 niñas han sido reportadas como desaparecidas y, de ellas, 14 fueron localizadas y tres continúan sin aparecer, de acuerdo con las fichas activas de la Alerta Amber emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de Protocolo Alba, que se activa por una mujer mayor de edad, los datos no son tan optimistas: de 18 fichas de mujeres desaparecidas solo se han desactivado cuatro, es decir, 14 continúan sin ser localizadas.

Entre las mujeres que continúan desaparecidas está Zuzuki Judith Blanco, de 19 años de edad.

El pasado 29 de abril Zuzuki desapareció cuando se dirigía a una reunión escolar.

Este miércoles 25 de mayo familiares y amigos de la esudiante protestaron frente de las instalaciones de la FGE para exigir su aparición.

Bloquearon el carril sur-norte del bulevar René Juárez Cisneros en la entrada de la FGE. Ahí los familiares exigieron la intervención de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, como lo hizo en Acapulco para dar con la localización de la menor Yoselin Patricio Vendrel, el pasado domingo 22.

La madre de Zuzuki, Yolanda Guzmán, narró que el pasado 29 de abril fue la última vez que tuvo comunicación con su hija, cuando este se dirigía a una reunión escolar de la preparatoria abierta.

Agregó que al no localizarla acudió a presentar formalmente la denuncia ante la FGE pero hasta el momento no hay avances de la búsqueda.

“Lo único que nos han informado es que estuvo en las oficinas del PRI y que hay video de eso, pero ya no sabemos para dónde se fue y con quién pero yo nunca he visto ese video sólo nos lo dijeron de palabra”, dijo la madre de la joven.

Durante la protesta los manifestantes fueron atendidos por un Vicefiscal, pero ya no se supo de los resultados de esa reunión.

Amapola Periodismo hizo un recuento de las fichas de las Alertas Ambar y los resultados fueron los siguientes; 17 menores que estaban en calidad de desaparecidas, 14 ya fueron localizadas y tres siguen sin ser localizadas.

Las tres menores que siguen sin localizar son Linda Kristell Deloya Sánchez, Zuri Cristóbal Real y Ana Iris Ramírez Andreo.

Linda Kristell, de 15 años de edad, desapareció el pasado 13 de febrero en Acapulco. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la colonia Renacimiento, de acuerdo con la ficha de la Alerta Amber.

La segunda, Ana Iris Ramírez Andreo, de 14 años de edad, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en Chilpancingo, es lo único que dice la ficha.

La tercera, Zuri Cistobal Real, de 15 años, desapareció el pasado 18 de abril en Acapulco.

De las otras 14 menores de edad las fichas ya fueron desactivadas, los datos que proporciona la FGE indican que fueron entregadas a sus familiares.

Entre las fichas desactivadas están las de Jaqueline Morales García, quien desapareció en Tixtla y apareció 24 horas después. También está la de Yoseline Patricio Vendrel quien estuvo en calidad de desaparecida por tres días en los que amigos y familiares realizaron una serie de bloqueos en Acapulco para exigir a las autoridades la búsqueda y pronta aparición.

Algunas menores fueron localizadas en otros estados de la República como el caso de Valeria Campos Amateco quien fue localizada en Querétaro o Johana García Genchi en Morelos.

A la lista se suman dos menores, Rosa Iris Tapia Vargas, de 17 años, quien desapareció el 26 de abril en el poblado de Lomas de San Juan en la zona rural de Acapulco.

Y se actualizó la ficha de María Fernanda Valadez Vásquez de 9 años de edad, quien desapareció el 5 de diciembre de 2019 en el poblado de Chichihualco a la edad de siete años, la ficha fue actualizada con la imagen de un retrato hablado de cómo luce la menor en la actualidad.

En el caso de María Fernanda los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, Chichihualco, el pasado 4 de diciembre del 2019 cuando Javier Valadez Millán, el padre de la menor, la sustrajo de su hogar después de asesinar con un arma blanca a su esposa, Cendy Vázquez Ramírez, la madre de la niña.

Derivado de los hechos, y después de interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP), se mandó a declarar a Valadez Millán, pero fue liberado horas después por falta de pruebas, denunció la hermana de la víctima, Griselda Vázquez Ramírez.

Después de rendir su declaración el 12 de diciembre del 2019, Valadez Millán huyó con su pareja sentimental, Roberto Rayo Pérez, y con la menor María Fernanda que en ese momento tenía siete años de edad.

 

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