Con navaja y gas pimienta, estudiante sale de su casa a la escuela, en uno de los estados más riesgosos para las mujeres

Texto: Alejandro Ortiz  / Ahora Guerrero

7 de mayo del 2022

 

Junto con sus lapiceros, un bote de gas pimienta, y una navaja en su bolsillo, así es como se prepara hoy en día Nidia y decenas de jóvenes mujeres que se alistan, para ir a la escuela o salir a la calle en Chilpancingo.

“De que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya”, es la mentalidad con la que sale a las calles de la capital del Estado de Guerrero, una de las entidades más peligrosas para las mujeres en los últimos años.

Estudiante universitaria con calificaciones sobresalientes, sabe que hoy en día el autocuidado incluye más que solamente dar aviso a sus padres sobre su ubicación, así que junto a sus útiles escolares, la acompañan herramientas de protección.

Fue su propio padre, quien al ver la situación para las jóvenes en Guerrero, que decidió brindarle dichas herramientas, con las cuales buscan darle un poco más de seguridad, e incluso le ha dado las instrucciones de defenderse ante cualquier intento de violencia en su contra.

“Todos los días me entero que intentaron llevarse a otras niñas en CU (Ciudad Universitaria), en la parada del Tec (Tecnológico de Chilpancingo) llegó un señor con dos caguamas y le tomaba fotos a las niñas; obviamente me da miedo, si algo me pasara preferiría haberme defendido”, dice la joven estudiante sobre los cotidianos hechos de violencia.

“De la cárcel puedo salir, de la tumba no”, narra Yael, joven de 28 años que en dos ocasiones fue tratada de ser levantada en Chilpancingo, y quien ahora porta una navaja de asalto para autodefensa.

A la serie de agresiones, se suman persecuciones, acosos y otras formas de violencia, muchas de ellas en plena vía pública y a unos pasos de agentes de corporaciones policiacas.

“Cuando salgo al trabajo he tenido que pedirle a mi esposo que se fije cómo voy vestida, por si acaso”, así de grave es el protocolo de seguridad que ha tenido que adaptar a su vida cotidiana.

De acuerdo con el medio digital Amapola Periodismo Transgresor, hasta el mes de abril, en Guerrero se han contabilizado el asesinato de 32 mujeres; la mayoría de los casos ocurrieron en los municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, los cuales cuentan con Alerta de Género, desde el año 2017 por la violencia contra las mujeres.

En junio del 2017, la Secretaría de Gobierno decretó la primera Alerta de Género, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convim), para ocho municipios de Guerrero, que son: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, José Azueta (Zihuatanejo), Ometepec y Tlapa de Comonfort.

“El estado de Guerrero deberá diseñar un programa de trabajo que permita implementar las medidas de seguridad, prevención y justicia previstas en la declaratoria correspondiente, entre las que destacan publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible para la población, así como diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia”, informaba la Segob al Estado de Guerrero.

A esto, se suman datos como el arrojado en 2017 por la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), que destacó a Acapulco como la ciudad mexicana más riesgosa para las mujeres, por encima de Ecatepec, (Estado de México), y Ciudad Juárez (Chihuahua).

La violencia contra las mujeres, va desde agresiones verbales, asesinatos, desapariciones, venta de niñas y otras más, que continúan sin ser erradicadas.

Este texto fue elaborado por el equipo de Ahora Guerrero y lo reproducimos con su autorización.

 

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Hombres armados se llevan a un joven frente al zócalo de Chilpancingo

Pareciera que los delincuentes escogieron el lugar perfecto para llevarse a su víctima. En el lugar no había videocámaras


Texto: Amapola Periodismo

26 de abril del 2022

Chilapancingo

 

A plena luz del día, ante de decenas de testigos y en un sitio donde no hay videocámaras de seguridad, hombres armados privaron de su libertad a un individuo que caminaba por una de las banquetas de la avenida Juan Álvarez, en el centro de Chilpancingo.

Comerciantes que tienen sus establecimientos justo a unos metros de la entrada del paso a desnivel se percataron de que un hombre fue interceptado por sujetos que portaban armas; lo subieron a una camioneta.

Temerosos de que algo les pudiera ocurrir, los tenderos se escondieron en sus negocios.

Pareciera que los delincuentes escogieron el lugar perfecto para llevarse a su víctima. En la avenida que cruza con la calle Cristóbal Colón no hay ninguna videocámara de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o del municipio.

Hay una videocámara en la calle Ignacio Manuel Altamirano, ubicada a unos 50 metros de donde ocurrió el secuestro; no captó el hecho. Además esta videocámara de la calle Altamirano no funciona igual que otras colocadas en la capital, aseguraron fuentes oficiales.

Algunos de los testigos que se percataron del secuestro se pusieron nerviosos porque pensaron que los hombres armados se meterían a sus establecimientos para asaltarlos.

En las últimas tres semanas en esta ciudad repuntaron los asaltos a mano armada en calles del centro y otras colonias de la ciudad ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Apenas la semana pasada, entre las calles Altamirano y 16 de Septiembre, en el centro de esta ciudad, hombres armados asaltaron una tienda de conveniencia.

Poco después de que se difundió a través de redes sociales el secuestro del hombre en la avenida Juan Álvarez, arribaron al lugar elementos del Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.

“No nos dan más datos. Sólo nos dicen que vieron a hombres armados y que creen que se llevaron a un hombre», dijo un agente.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal dio a conocer que los policías llegaron al lugar y hablaron con algunas personas que se habrían refugiado en un local comercial ante la presunta presencia de hombres armados no identificados que se llevaron a un hombre.

“En las primeras investigaciones no se registraron más datos del hecho ni tampoco del vehículo en el que se llevaron a la supuesta víctima”, reportó la SSPC.

 

Familiares y amigos de Frida Alondra llevan flores a su tumba

Activistas feministas de Cuajinicuilapa denunciaron que hasta el momento la Fiscalía General de Oaxaca sigue sin detener a los responsables de la desaparición y asesinato de Frida Alondras


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

21 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Con flores y al son de música de viento que tocaba una banda de jóvenes afromexicanos, familiares y amigos le llevaron flores a la tumba de la niña Frida Alondra quien está sepultada en el panteón de la localidad de Cuajinicuilapa.

El contingente partió de la vivienda de Frida Alondra hacia el cementerio la tarde de este jueves.

La ceremonia luctuosa es la culminación de los 9 días de rezos que se le hicieron a Frida Alondra quien el pasado 12 de abril fue hallada asesinada después de tres días desaparecida.

El 9 de abril Frida Alondra salió de su casa para dirigirse a la comunidad vecina de San Juan Bautista de Lo de Soto, en el estado de Oaxaca.

Su cuerpo fue hallado en una brecha de este pueblo de San Juan Bautista.

Este jueves el cortejo fúnebre cruzó la calle principal de Cuajinicuilapa y después arribó al panteón.

A la tumba de Frida Alondra le colocaron una cruz de madera y flores.

Activistas feministas de Cuajinicuilapa denunciaron que hasta el momento la Fiscalía General de Oaxaca sigue sin detener a los responsables de la desaparición y asesinato de Frida Alondra que acudió a San Juan Bautista a una festividad con motivo de la semana santa.

Tanto la Fiscalía de Oaxaca y de Guerrero siguen sin decir los avances de la investigación.

La Fiscalía de Guerrero participa como coadyuvante en las indagaciones del caso con la Fiscalía de Oaxaca.

 

Violaciones reiteradas de la veda y promoción indebida a favor de AMLO marcan proceso de revocación

El presidente y otros personajes de Morena violaron ya en varias ocasiones la veda por la revocación, y hay sospecha sobre el origen de los recursos para la campaña de #QueSigaAMLO.


Texto: Arturo Daen / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero

22 de marzo del 2022

 

El camino rumbo a la consulta de revocación de mandato del próximo 10 abril está marcado por violaciones reiteradas de la veda electoral, promoción indebida del proceso y la falta de certeza sobre quién costea la campaña con la leyenda #QueSigaAMLO, en varios puntos del país.

Desde febrero a la fecha el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó al menos 6 resoluciones del INE sobre que el presidente López Obrador, legisladores y gobernadores de Morena violaron la veda estipulada en la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Los casos presidenciales que ratificó el Tribunal son los de las conferencias mañaneras del 28 de febrero, y propaganda que hizo López Obrador en Sonora el 12 y 13 del mismo mes. Además, aunque el asunto aún no ha llegado al TEPJF, recién la Comisión de Quejas del INE encontró que el mandatario federal y su gobierno no respetaron la veda con publicaciones en Facebook los días 7, 14, 15 y 17 marzo.

Tampoco respetaron las restricciones Claudia Sheinbaum en lo individual, el grupo parlamentario de ese partido en el Senado y 18 mandatarios estatales, que publicaron una carta de apoyo al presidente, según las resoluciones de autoridades electorales.

Hasta ahora han sido presentadas al menos una decena de denuncias por violaciones a la veda, según un recuento de Strategia Electoral.

Y aunque el TEPJF aclaró que el decreto aprobado por el Congreso para redefinir qué se considera propaganda no era aplicable a este proceso de revocación, el presidente López Obrador acudió este lunes a inaugurar el aeropuerto de Santa Lucía, se mostró ante la gente como en un acto de campaña y dijo que acudirá a votar a la consulta. Personajes como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, del mismo modo, celebraron al presidente y el logro de esta obra.

Foto: Oficial

Promoción con decenas de espectaculares y llamadas condicionando apoyos

Una de las situaciones más llamativas en torno a la consulta de Revocación de Mandato ha sido el despliegue de decenas de espectaculares y la entrega de volantes con la leyenda #QueSigaAMLO, en varios puntos del país.

La ley permite a los ciudadanos pronunciarse en torno a la revocación, sin embargo, el INE estimó la semana pasadaun gasto de  unos 5 millones 480 mil 045 pesos en este tipo de anuncios,  por lo que consideró que no se tratan de un ejercicio espontáneo de ciudadanos,, y se indaga si partidos políticos están involucrados, contraviniendo la ley.

“Si bien la ciudadanía se encuentra en plena libertad para externar su posición en torno al proceso de revocación de mandato y hacer público su apoyo al Presidente de la República para que continúe en el cargo, ello debe estar libre de injerencias, financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales”, refirió el Instituto.

Este lunes, Animal Político también dio a conocertestimonios de adultos mayores y maestros que recibieron llamadas telefónicas y visitas, donde se les pide votar por la “ratificación” del presidente, para que sigan los apoyos sociales y la aplicación de vacunas.

“Hay muchos vicios, muchas irregularidadesgeneradas desde el gobierno, desde quienes impulsaron la consulta, que han ensuciado el proceso, ¿a qué me refiero con ensuciado? A que no ha habido equidad, no ha habido certeza, ha habido intervención de servidores públicos”, opinó sobre el proceso de revocación Arturo Espinosa, especialista en temas electorales.

Desde la perspectiva de Espinosa, las irregularidades observadas serían suficientes para anular cualquier otra elección, aunque por las características del ejercicio, su costo y porque quizá ni siquiera se logren los votos para que sea vinculante, no sería práctico o útil promover su nulidad.

Sin embargo, sí considera necesario hacer una reflexión sobre cómo este tipo de ejercicios de democracia participativa, como el de esta consulta y la de 2021, no han sido impulsados realmente por los ciudadanos, sino por los partidos para sus propios intereses.

“Este tránsito lo estamos haciendo de la manera incorrecta, porque no estamos buscando generar auténticos ejercicios de participación ciudadana”, opinó Espinosa. “Son los partidos políticos quienes están usando estas figuras”.

Irregularidades desde la recopilación de firmas

Desde la etapa de recolección de firmas a favor de que se hiciera la consulta de revocación de mandato las autoridades electorales detectaron irregularidades.

Se dieron hechos como el de que la asociación “Que siga la democracia” promovía en las calles el ejercicio como una “ratificación de mandato”, confundiendo a la ciudadanía sobre el sentido real de la consulta, que en realidad es de revocación.

En esto también incurrieron dirigentes de Morena, como verificó El Sabueso.

 


Otro punto es que el INE detectó que gobernadores, diputados y líderes de Morena  intervinieron en el proceso de recolección de firmas de apoyo al ejercicio, utilizando recursos públicos de forma indebida.

Ya en la revisión, el INE encontró hechos como que promotores de la consulta habían incluido las firmas de 18 mil personas fallecidas, que supuestamente habían dado su apoyo para este ejercicio. “Se trata de una adulteración sistemática de la voluntad popular”,acusó en febrero Uuc-kib Espadas, consejero electoral.

El presidente López Obrador y Morena han promovido este ejercicio de revocación destacando que así se fortalece  la democracia en México, dando a los ciudadanos la oportunidad de elegir libremente si quieren que siga o no en el cargo el presidente o la presidenta en turno.

La oposición, en tanto, critica que este ejercicio es un montaje y servirá al presidente para acusar al INE si se tiene una baja participación, aunque Morena le negó el presupuesto solicitado para instalar más casillas.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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‘Duda razonable’: los presuntos culpables del nuevo sistema penal

Tras el gran éxito de Presunto culpable (2011), Roberto Hernández vuelve con Duda razonable: historia de dos secuestros, una miniserie que cuenta la historia de cuatro hombres acusados injustamente de secuestros. Un documental brillante y didáctico que denuncia un problema sistémico de la justicia mexicana.


Texto: Richard Godin / Pie de Página

Fotos: Sisters in the Jungle

28 de enero de 2022

 

“La verdad es que es increíble que puedan pensar que esto genera convicción más allá de toda duda razonable”. Esta frase fue pronunciada por Andrés Andrade, el abogado defensor de los acusados cuando fueron declarados culpables. Es el corazón de la historia y un principio fundamental del derecho. “México tiene una regla muy clara y muy lógica: quien tiene que demostrarte que cometiste un delito es el Estado. Tú, como defensor, nada más tienes que demostrar una duda razonable, ni siquiera tienes que demostrar la inocencia de las personas”, dice Roberto Hernández, director de la película. A pesar de ello, los tribunales operan bajo una norma de presunción de culpabilidad que va en contra de las reglas de la justicia y deja la puerta abierta a todo tipo de injusticias expuestas en la miniserie.

La historia se desarrolla en cuatro episodios. La primera, titulada “El accidente”, detalla los hechos que llevaron a Héctor, Gonzalo, Juan Luis y Darwin a ser detenidos, torturados, juzgados y encarcelados por cargos falsos y, sobre todo, por pruebas falsas. En 2015, Héctor tiene un accidente de coche cerca de una gasolinera. Cuando se baja para pedir explicaciones, el otro conductor, llamado ACP, saca una pistola y le dispara en la mano. Cuando la policía llega, detiene a Héctor, así como a Gonzalo y Juan Luis, que habían acudido a la gasolinera para repostar. Más tarde se les une Darwin, que es detenido en otro lugar por otra situación y los cuatro son acusados de intento de secuestro.

La historia se desarrolla en Macuspana, Tabasco. Aunque el director precisa que esta elección no tiene nada que ver con el origen del presidente López Obrador, tampoco fue al azar. La idea se remonta al 18 de junio de 2016, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto puso en vigor en todo el país el nuevo sistema penal basado en el juicio oral, que supuestamente ayudaría a una mejor justicia.

“Se nos ocurrió decir: ‘¿Por qué no les preguntamos a las personas que están en la cárcel cómo les fue? ¿Cómo los trataron los jueces, los ministerios públicos, los policías?’. Y uno de los municipios, curiosamente, que fue de los primeros en los que entró en vigor el nuevo sistema penal fue Macuspana”, explica Roberto Hernández. Así se entera de la historia de sus inocentes que llevan más de un año en prisión, defendidos por abogados incapaces de hacer las preguntas más básicas en el tribunal.

“Entonces, yo decido buscar un abogado que si tuviera la formación necesaria para enfrentar un litigio de esta naturaleza. Y me recomendaron a Andrés Andrade, que ha trabajado en la Fiscalía. Yo dije: ‘Se trata de un abogado que ni siquiera fue enviado a hacerlo. Está espectacular la cosa porque es alguien que entiende cómo opera esta institución y va a poder exhibirla”, dice el investigador y documentalista.

Los tres episodios siguientes (“El secuestro”, “La acusación” y “La sentencia”) muestran el trabajo de la defensa para demostrar la inocencia de los cuatro hombres. Una elaboración precisa del caso de un abogado, explicada al nivel de los simples curiosos, que permite ver los absurdos e injusticias del sistema judicial. Tan pronto como toma el caso en sus manos, Andrés Andrade ya se plantea cuestiones sobre el caso.

“La primera gran sorpresa es que casi todos estaban acusados de secuestro, lo cual estadísticamente era casi imposible, pero bueno”, dice.

La mayor parte del caso, sin embargo, se esconde en otro lugar con el secuestro en mayo de 2015 de la hermana de la víctima.

«¿Qué es lo que sucede? continuó el defensor, ACP, en algún momento, cuando los señala de tentativa de secuestro, entiende y, probablemente, los fiscales le dicen que el asunto no va a poder sostenerse. Pues no tienen absolutamente nada. No hay evidencia de nada. Entonces, toma la decisión de vincularlos con el secuestro de su hermana. Presionan, tanto él como la fiscalía, a la señora GLP, a su hermana, y hacen un reconocimiento de personas viciado con la única y exclusiva finalidad de señalarlos como los responsables del secuestro de ella”.

El cambio de víctima y por tanto de acusaciones permite a Darwin retirarse porque no estaba señalado en el asunto de GLP. Para los demás, es la continuación de una larga lucha contra el absurdo: otras personas acusadas por la víctima unos días después, suspensión de la vista en la que se había decretado la absolución y la inocencia por otra en la que se formulan nuevos cargos, influencia del fisco sobre los testigos, intento de intimidar a los testigos de la defensa, corte de las cámaras que son elementos clave del nuevo sistema judicial, cambio de juez en el momento del veredicto e incluso sabotaje del coche del defensor.

“Había sido un proceso discontinuo”, dice el documentalista. Hay un juicio oral en donde se busca desacreditar cada elemento aportado por la defensa. “Todo esto es en el contexto de que quien tiene la puta responsabilidad de probar culpabilidad son ellos, no nosotros la inocencia”, dice el defensor con molestia.

Pues Andrés Andrade está frustrado. Gracias a sus habilidades y a su conocimiento del sistema, consigue plantear una defensa sólida que no se traduce en la inocencia de sus protegidos. Durante todo el proceso penal, se enfrentó a los más importantes representantes de la Fiscalía del Estado de Tabasco. “La licenciada Delfín es la mejor que tienen en Alto Impacto. Los asuntos delicados los lleva ella. Y es un asunto delicado”, explica Andrés con una media sonrisa. Y si es la mejor, seguramente es porque sus métodos son los más radicales (apela a una decisión que en última instancia convenía a todos), tiene una personalidad sin sensibilidad social y realiza un trabajo basado en la fabricación de pruebas falsas.

Con sus denuncias, la miniserie va más allá del simple caso de estos cuatro hombres. “A mí me encantaría pensar que el caso de los muchachos es aislado. Que es raro o difícil que en nuestro país a alguien se le fabrique la culpabilidad, que se fabriquen pruebas para hacer parecer a alguien culpable…”, se lamenta Andrés Andrade.

Pero el problema es demasiado grande para ser único. Comienza al principio de una investigación con el trabajo de campo. Normalmente, los agentes de policía deberían saber cómo afrontar este tipo de situaciones. Pero sin una formación adecuada, es difícil exigir un resultado satisfactorio del trabajo que realizan en malas condiciones. « Ellos mismos son víctimas de abuso por parte de las autoridades. Están mal pagados, mal alimentados. México tiene una de las más altas tasas de homicidios de policías. Anualmente, son asesinados como 350 policías. Prácticamente, uno al día. Y tampoco los homicidios de los policías son investigados, dice Roberto Hernández.

Otra víctima colateral de un delito es ACP. Tras el intento de secuestro de un hermano y el secuestro de su hermana, el miedo está presente. Roberto afirma que el hombre « viene de una comunidad en donde, en esas épocas, hubo una enorme cantidad de secuestros, donde él, posiblemente, se sintió con el riesgo de que le podía pasar a él mismo ».

¿Es todo esto una razón o justificación para encarcelar a personas inocentes? La respuesta es obviamente no. Estos detalles están ahí para exponer a los ojos de la mayoría que la injusticia no está ligada a Macuspana, es propia del sistema de justicia mexicano que nunca ha sido cambiado en sus mismos fundamentos. «Recordemos que, en el origen, el sistema de persecución criminal mexicano estaba como un sistema de control político que no se diseña para esclarecer la verdad. Y nunca lo cambiamos de raíz. Aunque cambiamos las reglas y el juicio oral, nunca hubo un acuerdo político fundamental de que los políticos saquen las manos del sistema, uno, y dos, de que el sistema produce verdad», señala Ana Laura Magaloni, abogada e investigadora.

Una reforma de los juicios orales, que es el origen de esta miniserie y sobre la que Roberto, tras cuatro episodios y otros tantos años de investigación, puede opinar:

«No es que la reforma de los juicios orales sea una mala reforma. Simplemente, es una reforma incompleta. Lo que falta es que esas ideas, que están en la cúspide de la pirámide de la justicia, desciendan a la base y que haya también una videograbación de las entrevistas policiales, de los operativos, de los arrestos. Eso va a permitir que, entonces, podamos acabar con la tortura como método de investigación criminal. Y cambia la estructura de incentivos de los agentes del orden en México, de los fiscales».

Esta triste operación le empuja a seguir con su papel de abogado con cámara, como se describe a sí mismo y como explica a las familias de los acusados: «Yo no formo parte del equipo de defensa. Me interesa la verdad, me interesa lo que realmente occurió, pero mi labor aquí son estas cámaras, documentar lo que está pasando y contar la verdad».

La serie da un lugar privilegiado a las familias de las víctimas y a las propias víctimas. Sus palabras son preciosas y nos permiten insertar el elemento humano en esta disputa legal, sin caer en el patetismo.

El trabajo documental es también de gran calidad y explica perfectamente los absurdos de la ley con la ayuda de los ponentes, que dan explicaciones precisas y resúmenes brillantes de los hechos con líneas de tiempo en particular. Los elementos presentados y las secuencias propuestas (sobre todo los extractos de los ensayos) están elegidos con precisión. Es imposible perderse y es con gran facilidad que uno puede sumergirse en este embrollo judicial.

Desde 2015, cuando se inició el caso, Héctor, Juan Luis y Gonzalo están en prisión. No se ha llevado a cabo ninguna investigación por tortura y la mayoría de los funcionarios implicados siguen en activo. En 2018, «Tabasco eligió a un nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial,y el mundo se enfrentó a la llegada del covid-19 ». Cambios importantes que no han cambiado nada o han empeorado la situación.

Roberto realizó este documental para que miles de inocentes puedan recuperar su libertad y contra un sistema de miedo permanente.

«Tiene que haber algo más fino y más sofisticado que cualquiera te señale de algún delito y que ese sea tu juicio. Eso es una cosa elemental. Tenemos derecho a la libertad. Y en México, no está garantizado tu derecho a la libertad».

“La pandemia puso en riesgo la salud, seguridad e integridad de las mujeres periodistas en México”: CIMAC

La encuesta Impacto de la COVID-19 en las periodistas: precariedad y violencia elaborada por la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) da cuenta de la precariedad y la violencia en la que las mujeres periodistas deben ejercer su labor.

Para conocer las violencias que viven las profesionales del periodismo, CIMAC, aplicó una encuesta a 289 mujeres periodistas en las 32 entidades federales. Los resultados evidencian que, si bien, ciertos tipos de violencia ya eran recurrentes antes de la crisis sanitaria, tanto dentro como fuera de las redacciones (como el acoso y el hostigamiento sexual), la pandemia vino a agudizar muchas otras desigualdades, como la brecha salarial y el acceso a condiciones de trabajo justas.


Texto: Samantha Anaya / Zonadocs

Ilustración: Zonadocs

24 de enero de 2022

 

El 2021 fue un año violento para las periodistas en México. La encuesta Impacto de la COVID-19 en las periodistas: precariedad y violencia elaborada por la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), muestra que el 73% de las encuestadas vivieron violencia psicológica a través de insultos, comentarios sobre su persona o físico y desvalorización de su trabajo.

La encuesta fue realizada a 289 mujeres profesionales del periodismo en los 32 estados del país.

Previo a la pandemia, la violencia contra las periodistas ya era una constante en el día a día de su labor. El informe de CIMAC, Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento. Violencia contra las mujeres periodistas 2021-2018, menciona que el descrédito social de su trabajo y su palabra, son algunas de las principales consecuencias que enfrentan al ser violentadas.

El documento señala que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las denuncias que realizaron no fueron escuchas y, por el contrario, fueron acusadas de “mentirosas, exageradas o locas”, incluso, aquellas mujeres que recibieron amenazas de violación o asesinato de sus hijas e hijos.

Entre los tipos de violencia que vivieron con mayor frecuencia las profesionales de la información en este periodo de tiempo fueron: actos de intimidación 19.56%; amenazas 13.39%; hostigamiento 11.51%; agresiones físicas 10.15%; bloqueo informativo 8.69%; campañas de desprestigio 7.22% ; y el uso desproporcionado de la fuerza pública 6.28%.

 

Al igual que en otros ámbitos sociales, la pandemia de la COVID-19 vino a agudizar las agresiones contra las mujeres periodistas. Tan sólo, en 2021, 5 de cada 10 identificaron que vivieron violencia sexual a través de tocamientos no deseados, insinuaciones, llamadas o mensajes con contenido sexual, invitaciones sexuales de sus fuentes de información y compañeros de trabajo.

Cirenia Celestino Ortega, periodista e integrante de CIMAC, comparte que la violencia contra las periodistas se vive tanto dentro como fuera de las redacciones:

“Al exterior, sabemos que México es de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística. Todo lo que ellas realizan siempre tiende a verse con cierta connotación sexual. Y, al final, todas esas violencias son obstáculos para el ejercicio de la labor periodística”.

En ese sentido, la periodista explica que tal afirmación tiene sentido en virtud de la “violencia externa” que reciben de parte de los funcionarios públicos, quienes son los primeros agresores. De acuerdo con la cartografía de casos de violencia contra periodistas mujeres de la Red, del 11 de marzo de 2020 (fecha en que se decretaron las medidas de confinamiento y sana distancia por la COVID-19) al 31 de diciembre de 2021, fueron registradas 437 agresiones en México, de las cuales 11 tuvieron lugar en Jalisco. De este total, 182 ataques corresponden a casos de violencia institucional.

De igual forma, la violencia y las desigualdades continúan al interior de las redacciones:

“Notamos que estas marcas de género se pueden ver en la brecha salarial. A esto se suma la ausencia de derechos laborales, jornadas laborales que no permiten conciliar la vida laboral con la vida profesional. Ellas reportan que cuando hay cursos de capacitación a ellas se les capacita menos y se les da prioridad a los compañeros hombres. Todo esto va significando obstáculos en su desarrollo profesional”.

Aunado a la violencia de género que ya vivían las profesionistas y especialistas, con la pandemia se agravó la precariedad laboral, pues en medio de este contexto las empresas mediáticas tuvieron que tomar decisiones para poder continuar, “desde reducir su plantilla, mandar a algunas personas a trabajar desde casa, y muchos otros tuvieron que cerrar”. En la encuesta se demuestra que sólo el 30% de las encuestadas señaló que el medio donde labora tomó alguna medida para sobrevivir económicamente a la pandemia.

Asimismo, de cada 10 periodistas:

  • 7 debieron trabajar con sus propias herramientas durante la pandemia.
  • 5 recibieron de su medio medidas y materiales para prevenir contagios del virus.
  • 3 recibieron de su medio medidas para proteger su seguridad en la cobertura durante la pandemia.
  • 1 reconoció que su medio hizo alguna acción o buena práctica específica para mujeres periodistas como comprensión a sus responsabilidades familiares.

Aunado a ello, el 72% reportó que ahora deben laborar sin horario fijo, lo que dificulta la conciliación de la vida personal y profesional.

Para el 77% la contingencia sanitaria significó un incremento en sus gastos. Al trabajar en casa ajustaron sus gastos para pagar el servicio de internet, comprar algún dispositivo electrónico, el gas, la luz y el agua. También, deben comprar frecuentemente sanitizante, cubrebocas, gel antibacterial, pruebas covid, medicamentos. Y tan sólo el 31% de las periodistas encuestadas ganan más de $10,000 MXN mensuales.

Violencia digital

“Cuando tuvimos que trabajar desde casa, el riesgo de ser víctimas de violencia digital aumentó”.

 

El trabajo a distancia significó para las periodistas estar mayormente expuestas a las redes sociales y demás medios digitales, pues, además de su trabajo como reporteras, durante la pandemia el 49% tuvo que conseguir un trabajo adicional.

Cirenia Celestino añade que del 11 de marzo de 2020 a septiembre de 2021, registraron 397 agresiones virtuales contra mujeres periodistas, y los principales ataques que denuncian tienen que ver con bloqueos informativos, seguidos de amenazas y ataques directos, es decir, que la violencia digital aumentó en un 70% contra mujeres periodistas durante la pandemia. Los ataques digitales van desde mensajes que incitan al odio, hasta difusión de información falsa, así como casos de acoso, hostigamiento, amenazas, intervención a sus dispositivos electrónicos, filtración o robo de información, suplantación y/o extorsiones.

“La violencia digital contra nosotras aumentó, aún cuando este es nuestro principal medio de trabajo ahora”.

Ni salud, ni seguridad

Si bien, muchos medios tomaron la decisión de enviar a sus equipos de redacción a trabajar a la distancia, el riesgo de contraer COVID-19al que se enfrentaron las reporteras al ejercer su labor periodística fue constante:

“El hacer coberturas en espacios cerrados, sin ventilación, o el hecho de que a veces las fuentes de información no se quieren poner cubrebocas, o los espacios en los que cubren no tienen medidas de salud fueron factores que hicieron que muchas contrajeran COVID”, sentencia Cirenia.

De las 289 periodistas encuestadas, el 66% adquirió COVID durante el ejercicio periodístico. Mientras que, el 34% abandonó su actividad profesional debido al virus de COVID-19. Y hasta el momento de la aplicación del sondeo (agosto de 2021), 27% tenía COVID-19.

En virtud de lo anterior, Cirenia, desde CIMAC, concluye diciendo que además del aumento en la carga laboral, el trabajo doméstico, la crianza de su hijas e hijos, el contraer COVID-19 se sumó a los factores que impactaron negativamente el desarrollo profesional de las periodistas.

“Recordemos que hombres y mujeres no participan de forma igualitaria y equitativa en las labores de hogar y en la crianza de los hijos e hijas, ahora suma todas las demás desigualdades de género que se vinieron a agudizar a causa de la pandemia”.