Protestas por educación, salud y derechos laborales, la jornada de este miércoles en Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores de Protección Civil, del Colegio de Bachilleres, maestros de una escuela secundaria y enfermeras del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón realizaron protestas en momentos distintos y en diversos puntos de Chilpancingo para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda resolver que resuelva sus demandas.

Agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) bloquearon por cuatro horas los cuatro carriles y las dos laterales de la Autopista del Sol para exigir respuesta a un pliego petitorio que entregaron al gobierno estatal hace dos meses.

En la misma manifestación también hubo trabajadores de la Secretaría de Protección Civil, quienes exigieron basificaciones, pago de bono de riesgo y la destitución del subsecretario de Protección Civil, Ricardo Ramírez Ibarra y el de Finanzas, Víctor Parra.

La marcha comenzó al mediodía en las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres (Cobach), ubicada en el centro de Chilpancingo, hacia el sur de la ciudad, hasta llegar a la Autopista del Sol, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro). Eran unos 500 trabajadores.

Durante la marcha se sumaron los trabajadores de Protección Civil.

A las dos de la tarde, los manifestantes bloquearon los carriles norte-sur y después de una hora sin que les atendieran, bloquearon los cuatro carriles y las calles laterales de la Autopista del Sol.

Por la manifestación, en gran parte del sur de la ciudad el tráfico vehicular estuvo congestionado.

A las cuatro de la tarde, una comisión de ambos sindicatos fue atendida por Rafael Julián Arcos, director de negociaciones de la Subsecretaría General de Gobierno. En la reunión lograron acordar una mesa de trabajo en las oficinas de Palacio de Gobierno, a unas cuadras del bloqueo.

El resto de los manifestantes mantuvieron el bloqueo a la Autopista del Sol.

A las cinco de la tarde, los manifestantes liberaron los cuatro carriles con la promesa de que mañana (jueves) tendrán una reunión con funcionarios de primer nivel.

El secretario general del Sutcobach, José Antonio Salvador López, informó que lograron una reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y la firma del pliego petitorio.

Pero los trabajadores de Protección Civil no obtuvieron respuesta favorable por lo que prevén un paro indefinido de labores.

Agremiados del Sutcobach y trabajadores de Protección Civil bloquean los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura de la Sagadegro, en Chilpancingo, Guerrero.

En otra manifestación, enfermeras tomaron el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de
Chilpancingo para exigir el despido de la jefa del área, Tania Serna Maciel.

Las enfermeras colocaron lonas y cerraron las entradas al Hospital desde las primeras horas de hoy. Están suspendidos los servicios de consulta externa. Laboratorio, rayos x, cirugía y el área de urgencias operan con normalidad.

La exigencia de las enfermeras comenzó desde hace varios, al menos desde el último trimestre del año pasado habían protestado en rechazo de Serna Maciel, y hoy suspendieron ciertas actividades del hospital.

Los trabajadores compartieron que por los jaloneos que tuvieron con directivos pensaron que la jefa de enfermeras sería destituida, pero la reincorporaron al hospital, por segunda ocasión, el 25 de diciembre pasado; aprovecharon que el personal estaba de vacaciones. Al regreso del período vacacional otra vez comenzaron las reacciones de desacuerdo.

“Ya hablamos con la gobernadora, con su papá (el senador Félix Salgado Macedonio) y con la secretaria de Salud, (Aidé Ibarez Castro) y no nos dan una solución”, declaró la enfermera Sarahí Escobar Paco, quien participa en el plantón en el hospital para exigir la destitución Serna Maciel, sobrina de la diputada morenista que preside de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna.

Son 500 enfermeras de los tres turnos que exigen la salida de Serna Maciel y del director del hospital, José Antonio Ramírez Ríos.

“La diputada Yoloczin Domínguez a fuerza quiere que se quede su sobrina como jefa de enfermeras, quien aparte de que no reúne el perfil hostiga y agrede a las compañeras”, dijo Escobar Paco.

Un grupo de policías estatales antimotines llegaron al hospital, al parecer, con la intención de retirar a las manifestantes, pero se retiraron.

Enfermeras y enfermeros del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo protestan en las inmediaciones del nosocomio.

Después de 12 horas en paro de labores, el personal de enfermería del hospital logró cambios sobre el caso de la jefatura de enfermeras.

En una acta firmada por el director del hospital, José Antonio Ramírez Ríos, quedó establecido que Mónica Rojas Moreno es la nueva «supervisora de enfermeras del turno vespertino».

Serna Maciel continuará como jefa de enfermeras sólo los fines de semana y días festivos.

Después del acuerdo las labores en el hospital fueron restablecidas.


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Bloquean puente Ayutla maestros y padres de familia por falta de pagos

Registro Civil de Chilpancingo frustra matrimonio LGBTI+

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

Chilpancingo

 

Max y Julián llevan cinco años de relación. Decidieron casarse, pero aun con la legalización del matrimonio igualitario en Guerrero, los registros civiles de los municipios todavía no están listos para acatar dicha determinación.

El matrimonio igualitario fue aprobado el pasado 25 de octubre del 2022, con 28 votos a favor seis en contra y dos abstenciones de los diputados locales. Así Guerrero se convirtió en el 31 estado, es decir, el penúltimo, en legalizarlo en el país.

La intención es mostrar qué tan lista está la estructura institucional.

Max y Julián vieron la oportunidad, por fin, de contraer matrimonio en Guerrero. Decidieron esperar un tiempo después de la aprobación. Para diciembre creyeron que ya sería suficiente.

Al mes y medio de la aprobación, Julián asistió al Registro Civil de Chilpancingo para preguntar los requisitos que necesitaban él y Max.

La respuesta que obtuvo fue inesperada. “Primero le dijeron (a Julián) que no había, que sí estaba la ley pero que todavía no tenían información, y los trabajadores (del Registro Civil) estaban como tipo riéndose”, contó Max. Resulta que la aprobación del decreto que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo aún no la habían publicado en el Diario Oficial del Estado de Guerrero.

Ese primer acercamiento fue incómodo, además de que nuca le dieron información; Julián denunció mala atención de parte de trabajadores de Registro Civil de Chilpancingo.

En ese momento, aunque ya estaba aprobado por el Congreso local, el matrimonio igualitario técnicamente era imposible.

El 30 de diciembre lo publicaron y, en teoría, a partir de ese momento cualquier pareja de las poblaciones LGBTI+ que quisiera casarse podría hacerlo.

No fue así, una vez publicado el decreto, Max y Julián regresaron al Registro Civil de Chilpancingo para comenzar con los trámites para su matrimonio, y por segunda ocasión les negaron la posibilidad.

Esta vez les dijeron que aún con la publicación del decreto, el personal no estaba capacitado para realizar estos matrimonios, y seguía sin recibir la circular donde les notificarían que la celebración de matrimonios igualitarios es legal.

Por tercera ocasión, y está vez acompañados por un representante del Colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero, acudieron al Registro Civil de Chilpancingo.

Esta vez, el personal les dijo que aún no tenían los formatos para los matrimonios igualitarios.

“Me comentaron que todavía no tenían los formatos y que los iban a capacitar, que fuera la próxima semana pero no me aseguraron nada”, agregó Max.

Debido a la negativa del Registro Civil por casarlos, Max y Julián tuvieron que cambiar sus planes de casarse pronto.

Max tiene doble nacionalidad, la mexicana y la estadounidense, y su aspiración y necesidad es casarse con Julián, además que responde a una cuestión de derechos.

Max quiere irse a Estados Unidos y a través del matrimonio darle la ciudadanía a Julián para hacer una vida juntos allá.

“Queríamos casarnos en diciembre para comenzar el año (2023) con los trámites necesarios para poder irnos ambos, pero todo cambió y seguimos aquí esperando poder casarnos”, insistió Max.

Aunque el matrimonio igualitario ya es legal en toda la República, Max y Julián quieren casarse en Guerrero, específicamente en Chilpancingo. Max es de Michoacán y Julián de esta ciudad; quiere celebrar su boda con su familia.

“Esperamos que el trato sea igual para todos como las parejas heterosexuales, yo sé que no soy el único que va a desear contraer matrimonio y no es grato que llegues a preguntar y te traten de manera prepotente”.

Los nombres en este texto fueron cambiados a petición del entrevistado porque prefirió guardar su identidad.

Tlacolol – Raymundo Casarrubias, un político de medio pelo ahora enquistado en el Poder Judicial por gracia de los Salgado

Lo que dijo hace unos días el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Raymundo Casarrubias Vázquez, de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero lo apadrinó para que el Congreso de Guerrero lo designara como magistrado en 2013 develó la falta de autonomía que desde siempre ha imperado en el Poder Judicial, donde, además, la corrupción galopa libre como el viento.

Vale la pena recordar aquellos tiempos en el que el ex priísta, perredista, ¿y ahora morenista?, fue ungido.

Es que Casarrubias Vázquez era magistrado de la tercera sala penal regional de la Ciudad Judicial de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En ese momento la presidenta del Poder Judicial era Lambertina Galeana Marín, otra incondicional de Aguirre y por supuesto del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien era magistrado con licencia y que en 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por haber dejado libre a un secuestrador, aunque tres años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su reinstalación.

La magistrada Galeana Marín, hoy en retiro, figura en la lista de los implicados penalmente por el caso de los 43, por la desaparición de los videos que capturaron cámaras de seguridad la noche del 26 de septiembre cuando policías e integrantes de Guerreros Unidos bajaron de un autobús a 20 estudiantes a quienes se llevaron en varias camionetas.

Según la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que tiene en sus manos la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, estos videos fueron grabados por las cámaras que tienen las instalaciones de Ciudad Judicial.

La pregunta es ¿acaso Casarrubias Vázquez no sabía nada de esos videos? Lo más seguro es que sí, aunque cuando le preguntaron en septiembre de este año afirmó que el TSJ ya no tenía nada que aportar a la investigación porque los videos se perdieron.

Pero bueno, como premio a su silencio, Casarrubias Vázquez contó con el aval del clan de los Salgado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el influencer y senador, Félix Salgado Macedonio, para que las y los magistrados lo designaran como presidente del Poder Judicial y obviamente del Consejo de la Judicatura en noviembre del 2021.

El recomendado del polémico jurista, Eduardo López Betancourt, ahora está plenamente empoderado del Poder Judicial, pues manda a sus compañeros y compañeras magistrados y seguramente maneja a su antojo el dinero del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Abogados de Chilpancingo, como Carlos Marx Barbosa Guzmán,  aseguran que parte de los recursos de ese Fondo Auxiliar siempre ha servido para que los magistrados se lo repartan como bono navideño, aparte de otras canonjías que reciben periódicamente.

Desde hace años, se ha pugnado porque el Congreso local reforme al Poder Judicial de Guerrero, donde siempre se ha manejo nada claro el presupuesto, existe nepotismo y corrupción con la complacencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Si con la llegada al gobierno estatal de la Cuarta Transformación, la sociedad civil pensaba que en el Poder Judicial las cosas iban a cambiar, efectivamente, se equivocaron.

Los magistrados seguirán teniendo el privilegio de permanecer en el cargo cuatro años y luego una reeleción, es decir, ocho años más, o sea 12 años seguidos como verdaderos caciques.

Por eso Casarrubias Vázquez resultó todo un vivillo. Primero se congració con el perredista-priísta Ángel Aguirre Rivero para que el Congreso lo designara magistrado. Luego en el 2017, con la propuesta del priísta gobernador, Héctor Astudillo Flores, los diputados locales lo reeligieron ocho años.

En el caso del ex gober Astudillo vale la pena hacer un paréntesis. Y es que en el 2021, ya casi de salida, el mandamás actual del PRI estatal, designó como magistrados del Poder Judicial y de Justicia Administrativa a sus amigos y compañeros de partido: Luis Camacho Mancilla, Ignacio Javier Murguía y el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno como magistrados regionales de justicia administrativa.

También a Benjamín Gallegos Segura, otro cuate de Astudillo y que su único mérito es que durante varias legislaturas locales fue el Oficial Mayor del Congreso, fue nombrado magistrado de una sala penal regional.

Además, Gallegos Segura cobró notoriedad a nivel nacional cuando en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, lo acusó de haber ordenado la liberación del presunto narcotraficante Edilberto Bravo Barragán, alías «El Gavilán», porque supuestamente no había pruebas de su culpabilidad en un secuestro.

Y si como nosotros creían que no era el único caso, le acertaron. Al menos otros dos casos de funcionarios del Poder Judicial  fueron exhibidos en la mañanera del presidente por Mejía Berdeja, por aplicar mal la justicia en Guerrero, o aplicar la (in) justicia que están acostumbrados.

Por cierto, como buen político de la vieja guardia, Raymundo Casarrubias logró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le autorizara mayores recursos para el pago de un retroactivo salarial a los trabajadores. Y es que el empoderado magistrado amenazó a los Salgado con hacerse menso si los trabajadores paraban labores en los 18 distritos judiciales de Guerrero, lo que generaría un caos legal.

Pues así, los inexpertos Salgado doblaron las manitas por no decir otra cosa que sonaría a albur. Así va de mal en peor la justicia en Guerrero. Totalmente ciega.

Casarrubias Vázquez, quien siempre luce un bigote muy bien recortadito, de lente obscuro y guayabera blanca, sus inicios se remontan a su carrera política perdedora de Chilapa, de donde es originario.

En Chilapa, político de medio pelo, prepotente ya desde aquel entonces, en 2008 ya aspiraba a convertirse en un cacique, aunque perdió la elección contra el priísta, Sergio Dolores Flores, quien fue asesinado en 2020.

También su hermano, en la eleccion 2012, Jorge Casarrubias Vázquez, compitió por la presidencia municipal de Chilapa, quien corrió con la misma suerte y perdió.

Ya  cuando la cosa quemaba en Chilapa, en 2015, con la irrupción de hombres armados que duró siete días, Jorge Casarrubias intentó nuevamente ganar la alcaldía, pero como venía la cosa,  decidió negociar ser candidato a diputado local, lo que también la perdió.

El sueño frustrado de los Casarrubias Vázquez por gobernar Chilapa tomó otro rumbo ya con Aguirre Rivero, quien por apoyar su campaña le dio el espaldarazo en los inicios de su cacicazgo dentro del sistema de justicia del estado.

 

Chirrionazo. Resulta que uno de los catrincitos del gobierno de la familia Salgado, Jesús Urióstegui amenazó e intimidó a la compañera reportera Alina Navarrete luego de que esta le tomó unas fotografías durante una reunión que tuvo el Jefe de la Oficina de la gobernadora con jóvenes morenistas que promueven a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para la candidatura presidencial. Es el colmo que además de violadores de las reglas electorales, violenten la libertad de información y expresión. Con esos asesores ya sabemos por qué las malas decisiones de Evelyn.

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena.

 

 

*Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.

Sigue parada la obra de la biblioteca del Congreso, sin fecha para reanudarla

El Congreso local mantiene en la opacidad la razón de demoler el edificio que, de acuerdo con dictámenes físicos, presentaba por deterioro


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El diputado y presidente del Comité de Biblioteca del Congreso local, Adolfo Torales Catalán, informó que la reconstrucción del edificio de la Biblioteca Siervo de la Nación la ven lejana, debido a los procesos burocráticos que hay entre la administración del Poder Legislativo y la Secretaría de Obras Públicas, dependencia del gobierno estatal que lleva la obra.

Entrevistado al término de la sesión de este miércoles, Torales Catalán dijo que el Comité de Biblioteca pidió un informe a la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, para saber la situación actual de la reconstrucción del inmueble.

“Lo que nos respondió (Domínguez Serna) es que está viendo esa situación directamente con la dirección de Obras Públicas del gobierno del estado y que de haber una respuesta favorable nos lo informará”, mencionó.

Al cuestionarle cuándo comenzaría la reconstrucción del inmueble, el diputado dijo que aún no hay fecha, “la verdad va para largo, la vemos lejos si soy sincero”.

A casi un año de que el inmueble de la biblioteca fuera demolido, y seis de que la obra quedara inconclusa, los diputados siguen sin hacer público quién fue el responsable de la demolición del inmueble y sin publicar la razón para hacerlo.

En enero de este año comenzaron la demolición del edificio y, en su momento, los diputados acusaron al entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, de tomar decisiones sin consenso, unilaterales y sin transparencia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas, hasta el momento de su demolición habían invertido 10 millones de pesos.

A seis meses de comenzar la demolición, los trabajos de reconstrucción fueron detenidos; actualmente solo están los cimientos de la construcción, donde está estancada agua sucia, basura y hierba que creció en la temporada de lluvias.

Por su parte, el secretario de Prevención de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, informó que la biblioteca presentaba “poco deterioro” y “problemas de humedad”, por lo que se desconocen los motivos de la demolición.

Arroyo Matus informó que existen dos dictámenes sobre la biblioteca emitidos por la administración estatal pasada del priísta Héctor Astudillo Flores, donde menciona que en el edificio “había deterioros, sobre todo debido al paso del tiempo, que estaban provocando algunas filtraciones de humedad, y básicamente era eso”, mencionó el secretario.

Explicó que la decisión de demoler la biblioteca la tuvo que realizar un director responsable de obra, pero que ellos ya son “entes autónomos y privados”.

El contexto de la demolición de la biblioteca genera en el Congreso local, siempre que se aborda en pleno, discusiones entre los diputados.

Durante la sesión del pasado 15 de noviembre, discutieron los morenistas Alfredo Sánchez Esquivel, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la actual presidenta del citado órgano, Yoloczin Domínguez Serna.

La demolición de la biblioteca ocurrió durante la administración de Sánchez Esquivel en un marco de opacidad y señalamientos por parte de sus compañeros diputados, por no transparentar la información sobre la obra.

Domínguez Serna aseguró que tiene en su poder un dictamen donde establece que no es necesaria la demolición de la biblioteca y que hubo recursos destinados a la construcción que no se ejecutaron con tal fin.

Por su parte, Sánchez Esquivel catalogó de “ignorante” a Domínguez Serna.

Por las declaraciones de Sánchez Esquivel, diputadas de Morena y el PRI señalaron, en tribuna, de misógino a Sánchez Esquivel.

Hasta el momento, la información sobre la biblioteca es escasa.

Durante la comparecencia de la secretaria de Obras Públicas en el Congreso local, Irene Jiménez Montiel, el pasado 23 de noviembre, priistas y perredistas la cuestionaron por la obra detenida. Ante ese interrogatorio no hubo respuestas claras de Jiménez Montiel.

A la fecha la obra continúa tirada.

 

Solo 8.6% de los homicidios y 44.4% de los feminicidios han tenido sentencia en cinco años; Oaxaca y Morelos, con más impunidad

El aumento del nivel de impunidad en estos crímenes es un indicador “de la violencia extrema que afecta a toda la sociedad mexicana”, advierte un informe de la organización Impunidad Cero.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Fotografía: Amapola Periodismo (Archivo)

2 de diciembre del 2022

 

En cinco años, el Poder Judicial de Oaxaca no ha emitido sentencias condenatorias por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, según un análisis realizado por la asociación civil Impunidad Cero. Otro estado que no ha condenado feminicidas desde 2016 es Tlaxcala.

De acuerdo con Impunidad Cero, estos dos delitos “son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana”, ya que todos los días se contabilizan 94 víctimas de homicidio doloso y 10 de feminicidio en todo el país.

En el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, la asociación afirma que “a pesar de esta crisis de violencia, México se ha mantenido con niveles de impunidad alarmantes, relacionados con los complejos fenómenos de los delitos que enfrenta cada estado, así como con la falta de capacidades institucionales para investigarlos y perseguirlos”.

Cartografía de la impunidad

A nivel nacional, el índice de impunidad en el homicidio doloso en 2021 se ubicó en 91.4%, mientras que para 2016 fue del 86.6%, lo que muestra que en el periodo de cinco años esta tendencia aumentó 4.8%.

Aunque Oaxaca es el único estado que, de acuerdo con el índice presentado por la asociación, no emitió ninguna sentencia condenatoria por homicidios dolosos entre 2016 y 2021, otras 20 entidades se encuentran por encima del 90% de impunidad acumulada. Los estados con mayor porcentaje fueron: Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%), Guerrero (98.5%) y Chihuahua (98.2%).

Aquellos en los que el porcentaje es menor fueron Yucatán (38.5%), Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%), Ciudad de México (69.6%) y Coahuila (70.9%). Sin embargo, no hay un solo estado que haya esclarecido todos los casos.

 

En cuanto a los feminicidios, el porcentaje de impunidad acumulada entre el periodo de 2016 a 2021 ascendió a 56.6% a nivel nacional, es decir, que menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.

Después de Oaxaca y Tlaxcala, donde no se condenaron feminicidas, los estados con mayor impunidad acumulada por feminicidio fueron Chihuahua (98.8%), Colima (92.1%), Puebla (88.7%), Morelos (86.5%) y Guerrero (85%).

En contraste, Aguascalientes (95.5%), Zacatecas (12.8%), Yucatán (29%), Querétaro (30.8%) y Sonora (40%) fueron las entidades con menor porcentaje.

¿Qué causa estos “niveles alarmantes” de impunidad?

Una de las principales causas de los “niveles alarmantes” de impunidad en el país, según Impunidad Cero, es la baja capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer los delitos.

Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, hay cuatro estados que no contemplan reglas para indagar este delito: Baja California, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En otros casos, los protocolos con los que cuentan no han sido actualizados, por lo que no se encuentran adaptados a los cambios en la legislación nacional y estatal, lo que repercute en la acreditación de los hechos.

Aunque las carencias no son solo de protocolos para la investigación. La asociación indicó que también hay un déficit en el número de fiscales y agentes del Ministerio Público, cuya tasa nacional es de 10.1 por cada 100 mil habitantes.

En el caso de los policías de investigación, Impunidad Cero destacó que hay 12.5 agentes por cada 100 mil habitantes, lo que muestra una falta de capacidad en la práctica de diligencias y actos de investigación.

Aunque para 2021 en todo el país se reportaron 125 agencias del Ministerio Público especializadas en homicidio en el país, esto solo representa 8.3% de unidades por cada 100 mil víctimas. Además, en entidades como Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no cuentan con unidades dedicadas exclusivamente a la investigación de este delito.

Las recomendaciones

Con el fin de contribuir con la reducción de la impunidad en estos delitos, la asociación lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades de distintos niveles de gobierno.

Sobre el caso específico de feminicidios, se recomendó mejorar la atención y la calidad de los servicios proporcionados por los Centros de Justicia para las Mujeres, para que las víctimas cuenten con medidas de protección y sean trasladadas a refugios. También se pidió que se armonicen los tipos penales de este delito en las entidades federativas, ya que actualmente cada una cuenta con diferentes definiciones y razones de género para clasificarlo.

Asimismo, se recomendó que se fortalezcan las capacidades de investigación, con el desarrollo y la actualización de los protocolos para feminicidios, priorizando la investigación de este delito junto con el de homicidio doloso, y que se lleve registro en sistemas informáticos de las carpetas de investigación en un formato que permita tener mayores datos acerca de las víctimas, los agresores y el proceso en el que se encuentra cada caso.

Para Impunidad Cero, es importante que en la reflexión sobre los delitos que permanecen sin castigo se tome en cuenta que optar por un aumento de sanciones no necesariamente va a significar mayor acceso a la justicia, por lo que pidió apostar por la reinserción social antes del punitivismo que “perpetúa el estigma, la discriminación y la ausencia de rehabilitación”.

En la imagen, feministas durante una manifestación por los derechos de la mujer y contra la violencia de género. Foto: Amapola Periodismo (Archivo)

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace: 


 

Hieren a balazos a secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Facebook Guerrero Informado

Chilpancingo

 

El secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, David Borja Padilla, fue herido a balazos por personas armadas que lo atacaron cuando transitaba por la carretera Acapulco-Zihuatanejo, la tarde de este jueves.

De acuerdo con los reportes policiacos, el jefe policiaco viajaba con su grupo de escoltas en una camioneta Nissan tipo NP300, placas de circulación GX-53-15-D del estado de Guerrero.

Se supo una versión de que Borja Padilla y sus guardaespaldas repelieron la agresión.

El jefe policiaco fue trasladado al Hospital General Donato G. Fonseca, en Acapulco.

Coyuca de Benítez actualmente es gobernado por el alcalde morenista, Ossiel Pacheco Salas.

Desde que el morenista asumió la alcaldía, el 30 de septiembre del 2021, han ocurrido hechos de violencia de manera recurrente.

Coyuca de Benítez colinda con el municipio de Acapulco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la CIDH, madre de 4 hijos desaparecidos denuncia violaciones a derechos humanos

Texto: Animal Político

Fotografía: Centro Prodh

3 de noviembre del 2022

 

María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos, denunció ante la Comisionada Relatora para México y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), violaciones a los derechos humanos de ella y su familia por parte del Estado mexicano.

La denuncia, realizada en compañía del Centro Prodh en Washington D.C., es una petición individual contra el Estado por las violaciones que han sufrido tras la desaparición forzada de sus hijos en 2008 y 2010.

Cuatro hijos de María Herrara desaparecieron en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, en agosto de 2008, en Guerrero; Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, en Veracruz, en septiembre de 2010.

La petición detalla cómo hubo participación en las desapariciones de autoridades con el crimen organizado, falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas.

Por ello, al no encontrar recursos efectivos a nivel interno, la familia Trujillo Herrera decidió acudir a la Comisión Interamericana.

La petición señala las violaciones a diversos derechos -reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)- que ha cometido el Estado mexicano, entre ellos el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, y el derecho a ser buscados.

De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, la petición establece la violación al derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, por el tiempo transcurrido, y las omisiones y negligencias en la investigación.

En el documento se aborda el incumplimiento del Estado mexicano de implementar disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación; también se denunció que los esfuerzos para hacer frente a las desapariciones continúan siendo insuficientes y requieren de acciones coordinadas y atención a víctimas.

En los últimos catorce años, la señora María y su familia se han dedicado a la búsqueda de sus hijos; formaron el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera y posteriormente la Red de Enlaces Nacionales, integrada por más 167 Colectivos de Búsqueda en todo el país.

En junio de 2011, María Herrera reclamó al entonces presidente Felipe Calderón, durante los llamados ‘Diálogos de Chapultepec’, que el número de desaparecidos ya superaba las 12 mil 600 personas en México.

Le dijo: “Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellas, existen miles, algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta tres mil. Yo siento que son más”.

La presentación del caso ante la CIDH ocurre en un contexto donde voces en el poder han intentado deslegitimar y poner en duda la labor de este organismo internacional; sin embargo, la petición presentada por María Herrera da cuenta de la vigencia y necesaria acción de la Comisión, dijo el Centro Prodh.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

Aún no hay información sobre la demolición y reconstrucción de la biblioteca del Congreso

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

Chilpancingo

 

El diputado Adolfo Torales Catalán, presidente del Comité de Biblioteca del Congreso local, declaró que la causa de que los trabajos de construcción de la biblioteca estén detenidos es la falta de recurso económico, que es aportado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT).

Ante la llegada de la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, Torales Catalán ya pidió un informe sobre la situación actual de la biblioteca.

“Hace unos días le giramos oficio y estamos esperando respuesta de ella (Domínguez Serna), en el cual solicitamos un informe detallado de la situación y saber si ella ya platicó con la gobernadora, que es la que proporcionará parte del recurso para construir nuevamente esta biblioteca”, mencionó Torales Catalán al término de la sesión de hoy.

De acuerdo con Torales Catalán, en los próximos días Domínguez Serna informará al Comité de Biblioteca la situación en la que recibió la construcción del inmueble, detenida desde el pasado mes de abril.

En enero de este año comenzó la demolición del edificio que albergó la Biblioteca Siervo de la Nación, en su momento los diputados acusaron al entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, de tomar decisiones sin consenso, unilaterales y sin transparencia.

Al respecto, Torales Catalán mencionó que de parte de Sánchez Esquivel siempre hubo diálogo y transparencia, por lo que esperan lo mismo de Domínguez Serna.

“Yo como presidente de este Comité (de Biblioteca) tengo en mi poder el expediente técnico del proyecto de la biblioteca y ahorita estamos en espera de lo que nos diga la diputada Yoloczin”, dijo Torales Catalán.

De acuerdo con información obtenida por Amapola Periodismo la inversión hasta el momento por demoler la biblioteca y comenzar la construcción fue de 10 millones de pesos.

Actualmente solo están los cimientos de la construcción anegado de agua sucia y de basura desde que se abandonaron los trabajos hace cinco meses.

Fuentes extraoficiales mencionaron qua la obra fue detenida por el gobierno estatal porque detectó irregularidades en la planeación del proyecto a cargo del entonces presidente de la Jucopo, el morenista Sánchez Esquivel.

Por su parte, Domínguez Serna mencionó que se realizan las investigaciones correspondientes ante la Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado para conocer si era necesario derrumbar la biblioteca o sólo se requería de una remodelación.

Agregó que es importante conocer ese dictamen para saber a ciencia cierta sobre la situación que prevalecía en el inmueble.

“Es necesario saber si ellos realmente recomendaron demoler; de ser así, no se puede hacer más y se dará seguimiento a la obra, pero si no, se investigará hasta saber en qué se basaron todas aquellas figuras que participaron en la demolición de la biblioteca”, dijo Domínguez Serna.

Será a través del Comité de Administración del Congreso los que investigarán en qué se basó la decisión de demoler el inmueble, dado que “algunos diputados integrantes de la Jucopo no tenían conocimiento ni datos exactos del proyecto”.

 

 

 

 

 

La Sierra, una región con deudas y demandas históricas

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La Sierra es una zona olvidada por las autoridades que sufrió la represión del Estado y es asediada por los grupos del crimen organizado que operan en la zona por el trasiego de drogas, denunció Ventura Reyes Urióstegui, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y originario del Ejido de Santa Lucía, en la Sierra de Tecpan de Galeana.

“Yo doy mi opinión al margen de los intereses de organizaciones y partidos políticos; la doy como oriundo de la Sierra, que viví mi infancia y mi juventud ahí”, mencionó en entrevista Reyes Urióstegui, a quien se le preguntó sobre la iniciativa de ley que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso local para la creación de esta nueva región.

Reyes Urióstegui recordó que la Sierra fue una zona de represión desde la época del presidente Miguel Alemán Valdez (1946-1952), quien concesionó los bosques de Guerrero y Oaxaca a empresarios madereros, uno de ellos fue Melchor Ortega, padrino de Alemán Valdez.

¿Cuándo comienzan los problemas en la Sierra?

“Alemán Valdez como presiente puso al Ejército al servicio de Melchor Ortega para que bajaran la madera y entonces las compañías madereras y el Ejército incursionaron en la Sierra, mataron gente, desalojaron, reprimieron, explotaron los bosques sin dejar algún beneficio”.

Además de la tala y el saqueo de los recursos naturales que sufrían los pueblos de la Sierra, otra crisis se desencadenó, está vez ya no era ambiental, si no de derechos humanos, el Ejército incursionó ahora para buscar al guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

“En esta parte de la Sierra, que es Costa Grande, tuvimos otro problema; el asunto de la represión contra la guerrilla de Lucio Cabañas, que todavía no se narra ni se evalúa el alcance de esa represión, no hay un recuento de cuantos muertos y desaparecidos hubo en total”.

Reyes Urióstegui considera que las cifras que manejan los colectivos de víctimas de la Guerra Sucia están sesgadas y que solo cuentan a los que pudieron encontrar y de los que hay registros, pero aseguró que hay muchas más personas de las que se desconoce su situación.

¿Cómo se vivió la Guerra Sucia en la Sierra?

Fue una represión brutal de tierra arrasada brutalmente, los únicos que quedaban a salvo eran las mujeres solas y los niños, si eras mayor de 15 años eras susceptible de ser desaparecido o cuando menos golpeado, y esa es la Sierra.

Después reconoce llegó el problema de las drogas y los grupos del crimen organizado, lo que afectó el tema de la sostenibilidad que vivían los pueblos de la región.

¿Cómo afectan estos problemas a las formas de vida de la población?

La gente tenía sus propias formas de subsistencia, sembraba lo que necesitaba y la droga vino a acabar con esa forma de trabajo y trajo otros problemas como las armas, la violencia y ahora los carteles que son amos y señores de la Sierra.

Los bosques en la sierra son un tema que Reyes Urióstegui considera fue abandonado por las autoridades, ya que les dicen las empresas madereras extranjeras que la madera de la Sierra es mejor que la que extraen de Canadá o Estados Unidos.

Al ser una zona marginada y con poca población Reyes Urióstegui considera que las autoridades citadinas no prestan atención a las demandas y solo lo hacen en tiempo de elecciones.

Sobre la propuesta de la gobernadora de la creación de la octava región Reyes Urióstegui considera que se necesita un consenso y un acuerdo con todos los grupos y lideres campesinos de la zona para crear dicha región.

¿Cómo ven el tema de la Octava Región que impulsa la gobernadora?

Me parece que el movimiento que se está haciendo es bueno, pero se necesita un frente verdaderamente incluyente que represente a la Sierra, si no seguiremos siendo (la Sierra) referente para alguna nota política, y van a seguir declaraciones que en los hechos no tienen ningún efecto.

Además de los problemas de drogas, los conflictos agrarios son un tema que los pobladores de la Sierra tienen muy presente y que si no se resuelven no se podrá avanzar en la creación de la nueva región.

De acuerdo con Reyes Urióstegui esos conflictos fueron propiciados por los empresarios madereros que movían los límites a modo para quedarse con los mejores bosques.

¿Es la solución a esos problemas la creación de nuevos municipios?

El derecho de los pueblos a tener su propio municipio ya no sé si es interés de los pobladores o los políticos que luego quieren ser presidentes municipales, además, el dinero que llega de la federación es el mismo, no porque haya más municipios habrá más dinero. Un municipio libre no es tan libre si no tiene dinero y depende el dinero que le manda la federación yo creo que el municipio tiene que entrar a un proceso de democratización tanto en la forma de gobierno y en repartir el presupuesto equitativamente.

¿Considera que se le da más apoyo a la Montaña que a la Sierra?

Yo no comparto eso, yo creo que a la Montaña solo le han dado aspirinas, los presidentes adoptan a un pueblo de la Montaña, pero si uno va todo está igual, no hay avances, mediáticamente dicen que sí, pero están igual de jodidos que acá en el Sierra.

¿Les va a servir el reconocimiento de la gobernadora?

Pues nosotros ya no creemos eso, no hay credibilidad, el reconocimiento ya nos lo dieron todos, desde Rene Juárez hasta Rogelio Ortega y Zeferino y todo mundo ¿y luego qué? No hay más, la Tierra Caliente o la Costa Chica ya son regiones y siguen sin ser atendidas adecuadamente. Yo digo que si quieren dar atención especial, tiene que haber un programa adecuado con presupuesto, planeado en cuestión de caminos, de reforestación, de una industria mueblera y mientras no suceda eso solo son palabras y en el presupuestos federal eso no se ve reflejado.

¿Va a prosperar la propuesta de esta nueva región?

Si en serio se elabora un plan participativo para el desarrollo de los pueblos y acompañado con inversión, sí. Pero si sólo lo anuncia eso no cuesta nada, sólo para dar la nota y enaltecer al ex rector Javier Saldaña.

 

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Existen alrededor de 40 enfermedades zoonóticas ligadas a las palomas, 30 transmisibles a los humanos y 10 a los animales domésticos


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Óscar Guerrero y Tony Luviano

Chilpancingo

 

Luis, un niño de cuatro años, alimenta palomas en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo.

Cuando las palomas se acercan, el pequeño suelta el alimento y corre para tocarlas.

Las aves vuelan para alejarse del peligro.

Luis repite la fórmula una y otra vez, aunque nunca logra su objetivo.

Alimentar a las palomas es una de las actividades recurrentes entre las familias chilpancingueñas.

Esta actividad recreativa y de convivencia familiar significa la alimentación de una plaga.

La familia Cortés Bravo, de la colonia Obrera, al oriente de la capital, asiste algunos domingos al zócalo, junto a sus dos hijos, Mariana y Luis, de cuatro y ocho años, a realizar esta actividad.

Llevan una bolsa con arroz. Se sientan en una de las bancas ubicadas frente al quiosco, abren la bolsa, los niños toman un montón de arroz y lo lanzan al piso.

Baja una paloma color gris, a Luis le entretiene ver como poco a poco se acercan más palomas. En cuestión de segundos ya hay más de cinco palomas que comen del arroz.

En la cara de los niños se dibuja una sonrisa, después de que hay varias palomas que comen, Luis intenta atrapar una, de inmediato la paloma se asusta y junto a las demás, se van del lugar.

María Cortés González, la madre, dice que para ellos significa un momento de convivencia familiar.

«Venimos cada ocho o quince días, ahora tardamos un poco más porque en las tardes a veces llueve. Nos parece entretenido, los niños se divierten».

Del otro lado del quiosco está Manuel, un joven de 25 años que comparte migajas de bolillo con las palomas mientras espera a una persona.

«Simplemente ya lo haces porque los demás lo hacen, a mi me parece divertido ver como se acerca una, luego otra y de repente ya son muchas», comenta Manuel.

Manuel no hace esta actividad de manera constante, comenta que, si a caso dos o tres veces la realizó.

Como esperaba a alguien, fue una forma de hacer tiempo.

Después de muchos años, la paloma se reincorporó a la vida citadina acostumbrándose a la presencia de las personas y se generó sobrepoblación porque no existía un controlador biológico.

El nombre científico de estas palomas es Columbia Livia.

El profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), especialista en ornitología (ciencia del estudio de las aves), Epifanio Blancas Calva, explicó que este tipo de aves son una especie exótica distribuida en toda América y en Europa.

“Fue traída desde la conquista, no es una paloma residente oriunda del continente, la trajeron con la conquista nuestros antepasados”, comenta Blancas Calva.

En las ciudades, tiene una tasa de reproducción bastante alta debido a que en las ciudades no tiene depredadores naturales, las aves rapaces.

Blancas Calva comenta que muchas veces estas aves son adoptadas como aves de compañía e incluso como alimento. No están en peligro de extinción, su adaptación a la vida de la ciudad les beneficia, tienen acercamiento con muchas personas que las alimentan.

En la imagen, una paloma posa sobre un edificio público del centro de Chilpancingo. Foto: Tony Luviano

No es malo que las personas las tengan en sus hogares, ya que son una plaga que se controlaría mejor de esa manera. El problema viene cuando las personas dueñas de esas aves las liberan después de mucho tiempo y tienen que incorporarse nuevamente a la vida silvestre.

En la cuestión de los alimentos, estas aves comen residuos de alimentos y granos.

El ornitólogo explica que estas aves son una plaga debido al acercamiento que tienen las personas con ellas al alimentarlas y su alta tasa de reproducción.

“Las especies exóticas en todo el mundo son un gravísimo problema porque sustituyen a las especies locales que no resisten la presión de sus propios congéneres”.

Uno de los problemas que genera la plaga de palomas es el desplazamiento de aves locales, en nuestro caso las tórtolas, que son con quienes se pelean directamente el alimento.

Sobre la estatua de Vicente Guerrero, que está en la Plaza Civica, hay una paloma sobre su cabeza, lo cual es otro de los puntos negativos acerca de estos animales.

El excremento suele ser muy corrosivo para los monumetos y los edificios históricos.

En el centro de Chilpancingo se observan grandes cantidades de palomas posadas sobre el Museo Regional de Guerrero, el Ayuntamiento municipal y el Palacio de la Cultura, monumentos históricos del centro de la capital.

Además, ligadas a las palomas, existen en la capital alrededor de 40 enfermedades catalogadas como zoonóticas, de éstas hay 30 enfermedades transmisibles a los humanos y 10 a losa nimales domésticos, que causan problemas de salud pública en la ciudad.

Generalmente son transmitidas por los excrementos secos que son transportados por el aire o por tener contacto directo con ellos.

Aunque hay algunas iniciativas en el país para tratar de evitar este tipo de introducción de especies exóticas, “Pero las que ya están, ya están y es muy difícil quitarlas”.

Blancas Calva aclara que no es malo alimentar a estas palomas, finalmente son aves que viven entre nosotros y se debe aprender a convivir con ellas y a respetarlas.

Al ser un animal con el que convivimos día a día es fácil observarlos y alimentarlos, pero no olvidemos que especies como esta, que fueron traídas hace 500 años por los españoles ahora son una plaga sobre la cuál poco se puede hacer para controlarla.

En la imagen, un niño juega con palomas en la la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Foto: Óscar Guerrero

*Este texto es parte de una iniciativa de Amapola periodismo para sensibilizar a la sociedad acerca del respeto y cuidado de los animales.

En Amapola Periodismo creemos que los altos índices de violencia en México, expresado principalmente en la tasa de homicidios, están relacionados a la falta de respeto a la vida.

El cuidado o maltrato a los animales silvestres y domésticos demuestran nuestra calidad humana.

¡No maltrates, protege!

Gobierno de Evelyn Salgado amenaza con desalojo de plantonistas en palacio

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotin amenazaron con desalojar a habitantes de Cochoapa El Grande, que tienen un plantón afuera de palacio de gobierno.

El gobierno del estado acusó a los manifestantes de que por el plantón no pueden sacar las unidades del Transporte Violeta presentadas el día de ayer por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Hoy policías estatales con equipo antimotin cercaron a los manifestantes mientras se desarrolló un diálogo con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, y el subsecretario de Asuntos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán.

En frente de la manifestación, en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Salgado Pineda encabezó un acto público.

Mientras el acto de la gobernadora se desarrollaba, los policías llegaron y rodearon la entrada principal de palacio de gobierno, además de tres grúas que rodearon los carriles norte-sur del boulevard René Juárez Cisneros con el objetivo de desalojar y mover los automóviles de los manifestantes.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, denunció que ellos no tienen retenido ningún vehículo del Transporte Violeta, como se les acusó,

García Rodríguez reprochó que la gobernadora esté a unos metros de la protesta y no acuda a dialogar con ellos, dicha postura fue respaldada por el asesor de la Secretaría General de Gobierno y líder de la Asamblea popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, quien acudió a la protesta.

Chávez Adame dijo que “si la gobernadora regala 15 minutos a los manifestantes todos se van en paz”.

El acuerdo que los manifestantes tuvieron con Reynoso Núñez fue de atenderlos en una mesa de trabajo en Casa Guerrero.

Desde el día de ayer la circulación del encauzamiento Huacapa fue bloqueado por los manifestantes, el cual ya fue liberado.

Los manifestantes dijeron que no moverán su plantón hasta tener una respuesta favorable sobre sus demandas.

Los manifestantes son pobladores de 52 comunidades de Cochoapa El Grande que quieren formar un nuevo municipio porque los apoyos sociales del gobierno estatal y federal se queda en la cabecera municipal y no llegan a todas la comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparatorias populares bloquean acceso a la catedral, pretenden impedir la sesión de esta tarde

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares de Guerrero bloquearon los accesos a la catedral Santa María de la Asunción, en el centro de Chilpancingo, en donde en esta tarde sesionará el Congreso local para conmemorar Los Sentimientos de la Nación.

Los manifestantes cerraron los tres accesos a la catedral y colocaron casas de campaña como una medida de presión para que el gobierno del estado atienda su demanda de reconocimiento a las preparatorias populares.

Raymundo Paulo Vázquez, vocero del Frente, dijo que el plantón lo mantendrán hasta que tengan una respuesta favorable de parte de las autoridades.

Los trabajadores de prepas populares piden que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firme un decreto para la creación de un organismo público descentralizado para acceder a un presupuesto para pagar plazas docentes y mantenimiento de los planteles, informó Paulo Vázquez.

“Queremos la certeza laboral de los mas de 1,500 trabajadores de prepas populares”.

Son 104 prepas populares las que año con año protestan por el reconocimiento, “que desde hace 45 años estamos en la misma situación”, mencionó Paulo Vázquez.

En total, son 13,000 alumnos que estudian bajo el sistema de prepas populares y 1,100 maestros que no tienen base laboral ni prestaciones sociales.

Al plantón llegó el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, con quién los manifestantes dialogaron un par de minutos.

La propuesta de Gobernación con los docentes fue una mesa de trabajo.

El día de ayer los trabajadores de preparatorias populares bloquearon por ocho horas las principales calles del centro de la ciudad.

Hoy los manifestantes solo tienen bloqueados los accesos a la catedral donde a las seis de la tarde los diputados entregarán la Presea Sentimientos de la Nación al actor y cineasta Dagoberto Gama Sánchez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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