Levantan el plantón de afuera de Palacio de Gobierno por lluvias

Los habitantes de Cochoapa que piden maestros y médicos volverán mañana que les agendaron una reunión con la gobernadora por intervención de la Comisión de Derechos Humanos. De esta reunión dependerá si se retiran de manera definitiva o continúan


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: David Juárez

Chilpancingo

 

Habitantes de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña de Guerrero, que mantenían un plantón desde el miércoles 24 de mayo en la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo, en Chilpancingo, se retiraron por las fuertes lluvias de esta madrugada y para resguardar a las niñas y niños que dormían a la intemperie desde hace tres días.

Durante su movilización para exigir maestros, médicos y medicinas, los manifestantes sufrieron intentos de desalojo por parte de la Policía Estatal con equipo antimotín y el día de ayer, denunciaron, uno de los manifestantes sufrió un intento de secuestro por una persona desconocida.

Hasta la noche de ayer, el plantón se mantenía, pero por las fuertes lluvias que hubo en la capital decidieron retirarse temporalmente para bañarse y resguardar a los niños y niñas y evitarles alguna enfermedad, informó Elvira García Rodríguez, represente de los manifestantes.

De acuerdo con ella, el plantón no se ha levantado y regresarán a instalarse mañana para continuar su protesta por la exigencia de médicos y maestros para 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

Este receso lo aprovecharon para acudir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) e interponer una queja contra el gobierno del estado por desalojarlos con violencia el miércoles 25 de las entradas laterales de la Sede del Poder Ejecutivo.

Ese día, policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó un jaloneo por parte de los antimotines.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

«El estado nos mandan a reprimir y agredir a nuestros hijos, madres y padres de familia, sin importarles nuestra vida y sin importarles que nuestros hijos estaban con nosotros, lo cual solo evidencia la violencia tan fuerte que sufrimos los pueblos indigenas», mencionó García Rodríguez.

«Ya llevamos varias días en sufrimiento y estamos aquí por un derecho justo que nos corresponde de acuerdo a la ley, a la Constitución y otras leyes como tratados internacionales que dice que la educación es primordial para nuestros hijos», agregó.

Mencionó que además de la queja por el desalojo interpusieron otra por falta de seguridad en el plantón que tenían instalado en las afueras de la sede del Ejecutivo.

Contó que ayer, aproximadamente a las dos de las tarde, un integrante de su movilización sufrió un intento de secuestro por parte de una persona desconocida.

«Afortunadamente nos dimos cuenta y lo evitamos, pero en ese momento no había ninguna patrulla a la cual solicitar ayuda, pero para desalojarnos ahí si había como 100», dijo García Rodríguez.

No abundó más sobre el casa porque, aseguraron, es un asunto de seguridad y serán las autoridades las que investiguen los hechos.

El motivo de la manifestación es porque el gobierno del estado incumplió con una minuta de acuerdos que firmaron el 22 de septiembre del 2022.

En dicha minuta establecieron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) enviaría 11 maestros bilingües de educación primaria y de preescolar, pero sólo llegaron tres profesores.

Además solicitaron personal médico para el Centro de Salud de Dos Ríos, en el cual laboran sólo dos enfermeras y no hay medicamento, «no tienen ni suero para alacrán», dijo uno de los manifestantes.

Una de las solicitudes de los manifestantes es tener una reunión directa con Salgado Pineda para preguntarle porque sus funcionarios incumplieron los acuerdos firmados.

De acuerdo con García Rodríguez, fue a través de la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaitán, que lograron una reunión con la gobernadora para mañana lunes a las ocho de la mañana

El plantón se instalará mañana y dependerá de los resultados de la reunión con la gobernadora si deciden levantarlo o continuar.

Elvira García Rodríguez en conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) después de interponer una queja por el desalojo que sufrieron por parte de la Policía Estatal el pasado 24 de mayo en las afueras de Palacio de Gobierno. Fotografía: David Juárez.

 

La doble tragedia de los habitantes del Nuevo Mirador

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La colonia Nuevo Mirador es un asentamiento, ubicado al sur de Chilpancingo, en el que fueron reubicadas 400 familias afectadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 2013, ahora, a 10 años de la tragedia que marcó la vida a estas familias, los actos de negligencia institucional de entonces ocasionaron que de nuevo se queden sin una vivienda.

Algunos departamentos de los edificios lucen vacíos porque sus habitantes optaron por desalojarlos. Muchos habitantes tampoco quieren hablar sobre el tema.

De acuerdo con la delegación del Bienestar, en el Nuevo Mirador se demolerán 42 edificios y van a construir 44 para 176 familias. Los demolerán porque autoridades federales realizaron nuevos estudios al suelo y arrojaron que no es apto para las casas de tres niveles que en la actualidad hay en el asentamiento.

Los edificios que serán demolidos son los que presentan mayores daños en su estructura.

“Cuando tiembla todo se mueve, y ahora en la temporada de lluvias toda el agua se traspasa”, contó otra habitante.

En 2013, con Manuel e Ingrid, 400 familias quedaron sin vivienda porque las lluvias las arrastraron, muchos de los afectados son personas de escasos recursos y su vivienda era el único patrimonio con el que contaban.

Los afectados estuvieron 16 meses en un albergue temporal, en lo que las instituciones les construían un espacio para vivir.

Una de las habitantes de la colonia que prefirió omitir su nombre, mencionó que ella fue de las primeras en asentarse en la colonia.

Lleva nueve años ahí, ahora tendrá que buscar nuevamente dónde vivir. “Ya me cansé de albergues, la gente sólo se mal acostumbra”, dijo.

A decir de los habitantes de esta colonia, con el paso del tiempo comenzó a mostrar los efectos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

Las casas comenzaron a mostrar deslizamiento, cuarteaduras y en 2018 se derrumbó una sección habitacional porque el suelo era muy inestable.

Hasta la fecha los colonos no tienen escrituras y sus casas están en riesgo porque desconocen si existió un estudio previo del suelo para determinar si era factible construir ese tipo de viviendas en la zona.

Es por eso que en octubre del 2022 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) realizó un estudio de suelo, que debieron hacer las autoridades antes construir las casas, para determinar sus condiciones, y cuáles son las viviendas que puede soportar .

Hace dos semanas, de acuerdo con el representante de la Nueva Coordinación del Nuevo Mirador, Marcos Briones Vázquez, Sedatu les entregó el resultado de los estudios, el cual indica que las viviendas construidas en 2014 no son aptas para el suelo.

“Tres pisos era demasiado para el tipo de suelo, por eso desde un principio las casas presentaron deslizamiento y cuarteaduras, si tú pones una pelota se rueda, porque ya no están al nivel”, mencionó Briones Vázquez en entrevista.

Esta situación ocasionó que tres manzanas del Nuevo Mirador se declararan inhabitables, y son las que serán demolidas. En su lugar, les dijeron, construirán viviendas de dos pisos.

La semana pasada la Sedatu y Bienestar les informaron a los colonos que tenían que desalojar sus viviendas.

Ahora ellos piden garantía para no perderlas, porque les avisaron de la demolición, pero nunca les informaron de algún albergue u apoyo para renta en lo que terminan la construcción de las nuevas viviendas.

Sedatu tampoco se comprometió a darles fechas para la terminación de las viviendas, por lo que la población está en la incertidumbre de quedarse sin hogar.

De acuerdo con Briones Vázquez los vecinos están preocupados porque se quedarán sin hogar, de momento están buscando departamentos en la misma colonia.

Además de esta problemática, los habitantes del Nuevo Mirador carecen de servicios básicos como el agua.

“Agua no tenemos, el tanque está seco complentamente”, expuso Briones Vázquez.

Esperan que Sedatu y la Secretaría de Bienestar acudan nuevamente a la colonia y les den noticias favorables sobre la reubicación.

“Lo que nos urge es que esas gentes que van a mover estén seguras, tengan el respaldo de la autoridad y puedan reubicarlas en otro lado”, agregó Briones Vázquez.

Paran labores en hospital de Tlapa para que gobierno estatal atienda necesidades para dar atención a usuarias

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Canal 12 TV

Chilpancingo

Unos 300 trabajadores de las áreas de la salud, entre médicos, enfermeras y administrativos, del Hospital de la Madre y Niño Indígenas en Tlapa iniciaron este lunes un paro de labores por tiempo indefinido para exigir insumos, equipo, seguro de vida y otras demandas laborales.

También plantearon la destitución de la directora del nosocomio, Lorenza Jiménez Villanueva porque, dijeron, es incompetente para realizar las gestiones ante el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Los manifestantes comenzaron su protesta a las 12 horas. “Este hospital no depende de la Secretaría de Salud, depende directamente de la gobernadora, por lo que le exigimos que resuelva nuestras demandas”, dijo Adolfo Reyes Hernández, quien es pediatra del hospital.

A través de un en vivo en redes sociales, Reyes Hernández aseguró que ante la falta de insumos médicos los familiares de las pacientes tienen que comprarlos en las farmacias particulares.

“Es mentira lo que dice el gobierno federal de que en todos los hospitales públicos hay suficientes medicamentos y además gratuitos”, dijo.

En el Hospital del Niño y Madre Indígenas de Tlapa se atiende a las madres de los 19 municipios de la región de la Montaña que van a parir, zona de las más marginadas del país.

Adolfo Reyes dijo que otra de las carencias que enfrenta este hospital es la falta de médicos especialistas. “Hay un médico internista que tiene que trabajar arduamente”, mencionó.

En asamblea los trabajadores acordaron parar las oficinas de gobierno del hospital; sólo atienden urgencias.

Otra de las peticiones de los manifestantes en paro es de que se les otorgue un seguro de vida institucional y otras peticiones laborales.

Adolfo Reyes agregó que si bien es cierto qu la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro, no resolvería directamente este problema, cuando menos debería de acudir al hospital de Tlapa a ver las necesidades y ser una intermediaria ante la gobernadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentitud en protocolos de búsqueda, denuncian padres de Enya Vanessa Pérez, víctima de feminicidio

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

A ocho días del feminicidio de la estudiante del Colegio de Bachilleres en Acapulco, Enya Vanessa Pérez Bahena, su madre Ana Bahena y su padre Julio César Pérez se reunieron esta tarde con el vicefiscal de Investigación, Gabriel Hernández, a quien le exigieron que haga justicia y detenga a los responsables.

“Exigimos que se no se le dé el carpetazo a la investigación”, dijo Julio César.

Durante una conferencia de prensa que Julio César y su esposa Ana Bahena dieron este miércoles, al salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijeron que el asesinato de su hija les cambió drásticamente su vida familiar y laboral.

En el caso de Vanessa, sus padres denunciaron que los trámites burocráticos para que se emitiera su búsqueda fueron muy tardados.

La ficha de Vanessa por parte de la FGE salió a las dos de la madrugada del martes 25 de abril pero, de acuerdo con su madre, desde las 11:30 de la noche de un día antes interpusieron la denuncia por su desaparición.

“En el protocolo de que tráeme 30 fotos y que necesito su acta de nacimiento sí se fueron unas tres o cinco horas en poderse activar la alerta”, dijo Ana Bahena, madre de Vanessa.

Por esos trámites, los padres de Vanessa estuvieron toda la madrugada en el Ministerio Público (MP).

Finalmente, cuando se emitió la ficha de búsqueda del Protocolo Violeta, salió con una fecha errónea, la ficha decía, “vista por última vez el 23 de abril”. Vanessa desapareció el 24 de abril.

“Lo que queremos es que los protocolos se simplifique. Mientras el tiempo avanza, la víctima es más víctima. No se trata de burocratismo, se trata de movilidad y operatividad. Que se acciones de manera inmediata”, mencionó Julio César Pérez.

Contaron que lo que les dijo el vicefiscal Gabriel Hernández es que las investigaciones para detener a los responsables del feminicidio de su hija siguen su curso y lo seguirán hasta dar con el o los responsables.

“Hago un llamado al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al Congreso de la Unión para que se legislen leyes que tienen que ver con la simplificación de los protocolos de las Fiscalías cuando emitan sus alertas de búsqueda de personas desaparecidas”, dijo Julio César, padre de Vanesa.

La FGE se comprometió con los padres de Vanessa a darle seguimiento al caso.

Vanessa es la menor de tres hijos, tiene 16 años, es apasionada del baile y uno de sus sueños es estudiar baile para convertirse en bailarina profesional. “Mi hija era una niña modesta, regular en la escuela y sobrada de amor”.

Vanessa despareció el 24 de abril, mientras regresaba de sus clases de baile en la colonia Morelos, en Acapulco.

Su cadáver lo hallaron la tarde del 25 de abril en un barranco de la calle Cantiles, en el Fraccionamiento Mozimba.

“Esperemos que no haya el olvido a Vanessa como a otras mujeres o niñas”, dijo Ana Bahena, madre de la menor asesinada.

 

Falta de protocolos y de capacitación del personal médico frena acceso al aborto en los 11 estados que ya lo despenalizaron

Pese a que existen normas y legislaciones que garantizan el acceso al aborto y su despenalización en 11 estados, en la práctica su aplicación enfrenta obstáculos para ser efectiva, denuncian organizaciones.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía:

Chilpancingo

 

A sus 14 años, recién cumplidos, una menor de edad ha permanecido internada en un hospital de Sinaloa desde que tenía 12 semanas de embarazo y hasta ahora que ya rebasa la vigésima semana de gestación.

Su retención en el lugar durante estos dos meses ha resultado no solo en la atención a su salud, sino en obstaculizar que termine con el embarazo, producto de una violación.

“La internaron a partir de la semana doce porque su salud está muy deteriorada. Desde que se enteraron del embarazo, se sabía que era producto de una violación, que ella estaba protegida por la NOM-046, y que aunque no lo hubiera sido, estaba dentro del margen para solicitar un aborto”, narró Heidy Mares, de la colectiva No se metan con nuestras hijas.

Ahora, la menor de edad ya ha recibido tres transfusiones de sangre, tiene afectaciones de salud incluso en su dentadura y se desconoce si el producto podría nacer vivo dadas las complicaciones del embarazo.

El personal médico no proporciona la información suficiente, pues la práctica común en algunos hospitales de Sinaloa es aislar a las menores de edad mientras organizaciones “provida” acuden al lugar para disuadirlas de abortar.

Aborto: falta efectividad a la hora de cumplir la ley en despenalización

Mucho antes de la despenalización del aborto voluntario en Sinaloa, la adolescente ya tenía el derecho a acceder a la interrumpción, gracias a la NOM-046, que previamente ya permitía el aborto en casos de violación sin límite de tiempo.

Sin embargo, esta norma sigue sin ser plenamente efectiva al igual que las últimas reformas que permiten la despenalización en 11 entidades de México.

Denuncia que el Estado no garantiza derechos para servicios de aborto seguros

Desabasto de medicamentos, carencia de presupuestos específicos, discriminación y rechazo por parte del personal médico, falta de insumos para proveer un servicio seguro y una nula acción preventiva son los pendientes que 18 organizaciones señalaron al arrancar con la estrategia Movimiento por el acceso al aborto, enfocada en los estados que ya han despenalizado.

“Estamos aquí porque el Estado mexicano no está garantizando los derechos, no están ofreciendo un servicio de salud, no están haciendo las compras necesarias. No tienen presupuesto y no quieren comprar medicamentos.

“Lo que pedimos y exigimos al Estado mexicano y a los gobiernos estatales es que garanticen los derechos humanos y los servicios de aborto seguro”, reclamó Priscila Salas, del colectivo No se metan con nuestras hijas, con sede en Sinaloa.

“Nuestras hijas abortan”, añadió.

Por ello, los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a un aborto seguro a todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

Además, la información que deben otorgar las instituciones, excepto por la Ciudad de México, no se encuentra disponible ni es de fácil acceso.

Gobierno omite presupuesto específico para el acceso al aborto

La Secretaría de Salud, denunciaron las organizaciones, no ha destinado un presupuesto específico para el acceso al aborto, por lo que es común que las instituciones estatales se deslinden adjudicando la responsabilidad a instituciones federales.

En Coahuila, por ejemplo, el programa de Aborto Seguro de la Secretaría de Salud no da servicio desde noviembre de 2022 sin presupuesto ni fecha esperada.

Además, existen al menos cuatro casos de negación del servicio en el Hospital General de Saltillo por falta de medicamento o servicios.

Denuncia que la seguridad del aborto no está garantizada

En otros estados, se ha discutido la posibilidad de cobrar los servicios y en algunos más, no existen médicos capacitados o no objetores de conciencia para garantizar los servicios de aborto.

“Podemos constatar que la seguridad del aborto no está garantizada en materia de presupuesto y abasto de medicamentos.

“Por lo tanto, en realidad, no es accesible y vulnera en mayor medida a mujeres en situaciones específicas de vulneración, como mujeres adolescentes, niñas, jóvenes, mujeres que viven en comunidades rurales e indígenas, o mujeres en otro tipo de condiciones”, precisó Laura H. Esquivel, de Acompañantes Laguna.

Qué estados ya despenalizaron el aborto

Hasta ahora, la despenalización del aborto voluntario bajo ciertas condiciones ha alcanzado a 11 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.

A esto se suma la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.

Respecto a la atención en el servicio, pese a la determinación de la SCJN en torno a la importancia de garantizar el acceso al aborto —en otra resolución invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud por no cumplir con los lineamientos necesarios para la objeción de conciencia e hizo un llamado al Congreso de la Unión para legislar al respecto—, persiste un retraso que se expresa en la no aplicación de los protocolos recomendados, la falta de capacitación del personal de salud, de sensibilización y profesionalización.

Servicios para aborto seguro, centralizados, restringidos o inaccesibles, denuncian

Aunado a ello, la prestación de los servicios está centralizada pues hay entidades donde el acceso es restringido o inaccesible para quienes viven en zonas alejadas.

Entre otros ejemplos, las organizaciones reclaman que en Oaxaca los hospitales públicos en la región Mixteca no practican abortos seguros y gratuitos, como en la capital; aunque fue el segundo estado en despenalizar, ha sido la última entidad en implementar los servicios.

En tanto, en Hidalgo —que despenalizó el 30 de junio de 2021— una de las principales problemáticas para el acceso al aborto es la resistencia del personal de salud, principalmente en el Hospital Obstétrico de Pachuca, además de la proliferación de discursos de moralidad y religiosos.

Por otro lado, en Veracruz las organizaciones han detectado que no hay personal capacitado para realizar abortos, por lo que las mujeres no confían en los servicios de salud de la entidad y prefieren acudir con asociaciones o colectivas.

En Coahuila el servicio de aborto se ha negado con el argumento de que los casos se envían para análisis al comité de ética, para después retrasar el resultado hasta el punto en el que ya se rebasó el límite de las 12 semanas. En tanto, en Baja California no se informan las opciones de aborto, mientras que el secretario de salud de Sinaloa ha declarado que los médicos de servicios estatales no están obligados a practicar el aborto.

Además, en Guerrero se ha documentado que si no hay organizaciones o colectivas presentes, los servicios no se ofrecen, no hay accesibilidad para las mujeres que hablan otras lenguas o no saben leer, y en la montaña, ni siquiera hay atención a abortos.

Ven insuficiente plazo de 12 semanas como límite para derecho al aborto

“Sobre todo, reformar también la legislación. Lo que hemos venido viendo es que este plazo de las 12 semanas no es suficiente para poder ejercer los derechos reproductivos, para acercarnos a la justicia reproductiva”, señaló Rebeca Ramos, directora de GIRE.

El movimiento de la Marea Verde a nivel regional, precisó, ha insistido en lo que resolvió, por ejemplo, la Corte colombiana el año pasado, que amplió a 24 semanas, aunque la demanda inicial por parte del movimiento Causa Justa era incluso eliminarlo. Ese es también el estándar internacional establecido por la OMS.

“Presentaron argumentos muy convincentes, basados no únicamente en derechos, sino también en evidencia científica, en procedimientos médicos, precisamente para dejar de aplicar este tema de los plazos.

“Actualmente, en México desde los diferentes estados estamos poniendo este tema sobre la mesa”, añadió Ramos.

Para las organizaciones y el movimiento, abundó, es muy claro que el horizonte es que el aborto voluntario salga de los códigos penales.

Hace 16 años, la reforma de Ciudad de México fue muy importante, y detonó procesos a nivel nacional y regional, pero “definitivamente no es suficiente”, subrayó.

Aseguró que seguirán insistiendo en el tema de la eliminación de plazos, así como para que el Estado garantice los servicios de salud para que quien desee abortar pueda hacerlo en condiciones de seguridad y libertad.

“No se trata de que se cambien las leyes, y que sean legalidad nada más, sino que quienes requieran este servicio, quienes requieran este procedimiento, lo puedan hacer en condiciones de libertad y de seguridad”, insistió Ramos.

Congelada, iniciativa de reforma sobre aborto en México

Respecto a la iniciativa de reforma a la ley general de salud y el código penal federal que aguarda en el Congreso de la Unión, la directora de GIRE recordó que está congelada ante el panorama político previo a las elecciones de 2024.

Sin embargo, las organizaciones seguirán insistiendo para que sea una realidad.

Aunque, lo que suceda en los congresos no implica una imposibilidad de seguir exigiendo a las autoridades de salud el acceso a los servicios reproductivos.

Priscila Salas destacó que los cambios a la ley y las despenalizaciones de ninguna manera han impactado de forma profunda en la erradicación de la discriminación, las violaciones a derechos, las violencias y las no garantías a los derechos humanos de las niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes en las entidades.

Ejemplo de ello son los obstáculos de acceso a la NOM-046, como sucede con la menor de edad hospitalizada en Sinaloa.

Casi siempre, la primera barrera es la información, pues generalmente a quienes llegan a los servicios de salud no se les dice que en caso de violación, no hay plazo, no se requiere denuncia y es su derecho.

 

 

Inician rituales de petición de lluvias en las comunidades nahua del estado

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Carlos Navarrete Romero / Portada Archivo

Chilpancingo

 

Este 23 de abril comenzaron los rituales de petición de lluvias en las comunidades nahuas de la zona Centro del estado, tradiciones ancestrales que son el resultado del sincretismo religioso de cientos de años.

Los rituales de petición de lluvias datan de la época prehispánica y muchas comunidades nahua de Guerrero aún mantienen estos rituales vigentes.

Uno de los lugares donde realizan su ritual de petición de lluvias es Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapán.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ya no considera a Apango como población originaria, pero la realidad es que muchas de sus tradiciones son preservadas por la población, entonces, esta categoría discrepa con el entorno actual.

En Apango todo comienza con las cruces, un elemento católico, las cuales están a cargo de un mayordomo, quien las resguarda durante un año. Estas cruces son llevadas en procesión a cuatro cerros distintos para hacer la petición de lluvias; son zonas generalmente alejadas de los pueblos.

En esta procesión van los mayordomos, y detrás los representativos tigres de la región Centro, quienes cargan la ofrenda.

“El tigre es el que lleva el alimento al cerro. Llevan ofrenda, llevan frutos y granos como maíz y frijol”, mencionó la promotora cultural e investigadora de los pueblos originarios, Tonantzin Beltrán Cortés.

Hoy 24 de abril suben a Oztotempa, un lugar ceremonial para los pueblos nahuas, un espacio donde convergen más de 38 poblados sólo para ofrendar “al pozo”.

En Oztotempa hay un gran cráter, ahí ofrendan comida, animales, flores y pan para pedir por un buen temporal de lluvia y cosecha.

El rito de petición de lluvias que se realiza en varios municipios de la entidad, “actualmente emana de un sincretismo religioso, por la presencia en ellos de aspectos de la cosmovisión prehispánica mesoamericana y gestos religiosos principalmente del catolicismo”, dijo Beltrán Cortés.

Estos rituales se dan principalmente en los meses de abril y mayo, antes de que comience la temporada de lluvia.

Este tipo de rituales no son exclusivos de los pueblos nahuas, hay registros que los me´phaa y ñu savi también tienen sus propios rituales.

Pobladores de Apango ayer domingo 23 de abril, el primer ritual de petición de lluvias de este año en zona nahua. Fotografía: Tonantzin Yei Beltrán

En algunos rituales en los pueblos originarios combaten cuerpo a cuerpo, hay ofrendas de alimentos y aves para la tierra, a los aires y a los guardianes de los lugares sagrados que permitirán un buen temporal.

“Es una cosmovisión mesoamericana todavía vigente, pero al mismo tiempo rezan a la santa Cruz, se añaden a estas prácticas imágenes religiosas y rosarios elementos principales de la religión católica”.

Para Beltrán Cortés, este tipo de rituales demuestran la capacidad de las pueblos originarios de persistir en sus cultos sagrados y su vínculo con la naturaleza.

Con el paso de los años estos ritos se transformaron para perdurar en el tiempo.

“Las comunidades indígenas adoptaron estrategias frente a la imposición eclesiástica de la iglesia católica, aceptando los símbolos de la religión dominante, pero manteniendo prácticas de cultos tradicionales como es el de petición de lluvias”.

Con estos rituales se concluye que “el occidentalismo no ha podido lograr la desarticulación del pensamiento mítico y su relación con la interpretación del cosmos y de la vida”.

En Oztotempa convergen varios pueblos originarios, de acuerdo con Sixto Tecorral Sánchez, habitante nahua de la población de Tixtla, para pedir por un buen temporal.

Tecorral Sánchez tiene 70 años y asiste al ritual de petición de lluvias a esta comunidad desde que tiene ocho.

Recuerda que acompañaba a su abuelo y, desde entonces, no ha falta ningún año, a excepción del 2020, por la pandemia de la Covid-19.

Sixto conoce bien la tradición y el ritual. Lo que más admira y le gusta es la originalidad que ha mantenido el pueblo.

“Han querido guardar la originalidad de las cosas, esto lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos y así se va a seguir haciendo”, comenta.

Pobladores de Apango ayer domingo 23 de abril, el primer ritual de petición de lluvias de este año en zona nahua. Fotografía: Tonantzin Yei Beltrán

“Nuestra cultura debe sobrevivir al embate de la globalización, es una tarea ardua, pero el involucrar a los más jóvenes para heredarles esta importante labor es una raíz de esperanza que nos hace sentir que nuestro destino, encaminado a la extinción como pueblos indígenas, aún puede cambiarse”, agrega.

De acuerdo con la antropóloga Rosa Icela Robles Jiménez, para estos pueblos los rituales de petición de lluvias son muy importantes. “Es una ceremonia ligada al ciclo agrícola, con un grado de sincretismo importante porque se fusiona la cosmovisión prehispánica y la religión católica”, comentó Robles Jiménez.

Estos rituales implican un sistema de símbolos, como el jaguar, la cruz y la ofrenda. Con estos se pide por el agua, se ofrenda el sacrificio y se agradece por lo ya dado.

“La petición de lluvia está vinculada también a la protección de los recursos naturales, en este caso el agua, y en estas ceremonias se involucran deidades prehispánicas, como Tláloc, Chalchihuitle y otros”, agregó.

Los rituales que aquí mencionados son sólo una muestra de los que ocurren en las comunidades de Guerrero.

Todos los rituales, aun cuando no todos son iguales, su realización depende del lugar, creencias y cultura de los pueblos, persiguen el mismo fin, las buenas lluvias.

 

¿Sequía? Sembrar nubes no es la solución

Los bajos niveles de las presas del sistema Lerma-Cutzamala, que surten a agua casi la mitad del Valle de México, serán aliviadas por “siembra de nubes”, un proceso de geoingeniería que será llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa y que puede no ser la mejor respuesta a esta sequía.


Texto: Arturo Contreras Camero / Pie de Página

Foto: José Miguel Sánchez (Archivo)

28 de marzo del 2023

Ciudad de México

 

Con la sombra de la sequía que azotó Monterrey el año pasado, en la Ciudad de México, sus habitantes y su gobierno empiezan a tomar medidas para afrontar un estiaje que, dicen algunos, será histórico. Ante tal amenaza, el gobierno Federal anunció que llevará a cabo un programa de siembra de nubes a lo largo del sistema Lerma-Cutzamala, para que sus presas puedan llenarse y surtir a la ciudad.

Según anunció el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval,se llevará a cabo un plan para hacer llover en la capital del país mediante el bombardeo de nubes. Adelantó que el plan se está coordinando con la Comisión Nacional del Agua para realizar la maniobra de bombardeo durante marzo, abril y mayo para que las presas del Cutzamala puedan recargarse.

En la urbe, la noticia suena coherente para muchos, que no asoman los riesgos que semejantes acciones puedan esconder.

Intervenir el planeta para corregir nuestros errores

“Lo más preocupante es que esté ganando terreno la idea de que podemos intervenir el sistema planetario para corregir los síntomas de lo que nosotros hemos creado. Ese es el principio de la Geoingeniería”, comenta al respecto Dolores Rojas, coordinadora del eje verde de la Fundación Heinrich Böll, que promueve la ecología, la sustentabilidad, la democracia, la autodeterminación y la justicia.

La Geoingeniería reúne un compendio de técnicas que han ido ganado popularidad entre los grupos más poderosos del mundo. Es un método para mitigar e incluso controlar la Emergencia Climática. Se tratan de acciones a escala global o regional que usan tecnología de punta para diseminar algas que absorban CO2, sembrar nubes o, incluso, tapar la luz del sol con nubes volcánicas.

“Se entiende que en este momento, cuando te dicen que las presas están en un mínimo histórico, quieras hacer lo que se pueda, claro porque es la preocupación de la gente. Pero esta medida es solo un remiendo, es querer remedar al planeta, de algo que causamos los seres humanos”, comenta Dolores Rojas.

“Podemos empezar con eso y seguir con lanzar sulfato al cielo para reflejar los rayos solares, o lo de sembrar plancton para absorber el exceso de CO2. Basta empezar. Me parece que el riesgo es ese. Pensar que siempre van a haber tecnologías para salvarnos”.

Detrás de esta discusión, queda pendiente atender los temas que han llevado a la sequía que enfrentamos, que van desde la tala clandestina a la siembra semindustrializada de aguacate y pasa por nuestros hábitos de consumo diarios.

Un sueño viejo

Desde tiempos antiguos, las prácticas para hacer llover han variado entre diferentes sociedades; desde hacer danzas, lanzar doncellas a cenotes, sacar santos en procesión, ninguna había probado ser tan efectiva como lanzar litros de yoduro de plata para apurar la precipitación.

Hoy, la Organización Meteorológica Mundial señala que la siembra de nubes produce resultados positivos en muchos casos, pero que depende de muchos factores como la especificidad de las nubes, la velocidad y dirección del viento y el terreno. A pesar de ello, la Sedena ha invertido 35 millones de pesos de presupuesto y cuatro aviones que han bombardeado los cielos de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, según reporta el diario El País.

Por ejemplo, el pasado 14 de abril, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció con gusto el plan de bombardeo de nubes en Nuevo León para mitigar un incendio en la sierra de Santiago y aliviar la falta de agua en la región.

«Estamos diciendo: vamos a sembrar o bombardear nubes para provocar lluvia, pero ¿qué impactos se pueden tener? De eso no han hablado y no lo sabemos, hay poca información pero no se está comunicando, igual no tiene efectos secundarios más que la lluvia, pero si pensamos que no tiene consecuencias, es ignorar lo que hemos aprendido después de mucho tiempo, que es que todos estos sistemas naturales están interconectados», sentencia Dolores Rojas.

Un plantío de maíz seco en el municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Foto: José Miguel Sánchez (Archivo Amapola)

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el originar en este enlace. 

La Uagro continúa sin investigar cámaras halladas en baños de la prepa de Tixtla

Podría tratarse de un mecanismo para espiarles. Derivado del hallazgo ha circulado contenido íntimo de alumnas y maestras en diversos grupos, denunciaron estudiantes


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: La lente de Guerrero y Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Alumnas de la preparatoria 29 Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), de Tixtla, denunciaron que a casi dos meses del hallazgo de cámaras de video en los sanitarios de alumnas y alumnos de ese plantel, las autoridades son omisas y siguen sin sancionar a los responsables.

De acuerdo con las alumnas y los alumnos, esas cámaras las hallaron desde el 23 de febrero, pero hicieron público el caso el 7 de marzo.

En conferencia de prensa, esta mañana en Chilpancingo, una comisión de estudiantes informaron que no hay ningún avance en la investigación, aun cuando, denunciaron, derivado del hallazgo de las cámaras ha circulado contenido íntimo de alumnas y maestras en diversos grupos.

“No nos han querido dar resoluciones, los maestros nos están minimizando muy feo. Venimos a exponerlo para que haga más eco”, comentó una de las alumnas que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Los acompañaron estudiantes de la Preparatoria 9 Comandante Ernesto Che Guevara, también de la Uagro. El pasado 7 de marzo, las estudiantes de esta preparatoria colocaron un tendedero para señalar a maestros y alumnos acosadores.

El caso fue turnado al área de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios de la Uagro, debido a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHGE) no puede involucrarse en el tema, a menos que la Universidad no intervenga.

Los estudiante de Tixtla pidieron la suspensión del director José Francisco Calvo Hernández por 90 días, tiempo en que ocurre la investigación, pero el docente sigue en sus funciones.

“Nos dijeron que no se podía porque si pasaba algo en la escuela quién se iba a hacer responsable. Para eso hay subidrectores”.

Las clases continúan de manera normal en la preparatoria.

Aspecto de la conferencia de prensa de estudiantes de la preparatoria 29 de la Uagro en las instalaciones del SNRP en Chilpancingo.

Denunciaron que los maestros, quienes fueron señalados de ser parte de la misma corriente política del director, han amenazado e intimidado a los estudiantes.

“Hasta ahorita sí hemos tenido apoyo de algunos maestros, pero otros que apoyan al director no, nos han amenazado con las calificaciones”, dijo otra alumna.

Advirtieron que si en la Uagro no da avances y resultados en la investigación realizarán una demandan colectiva ante el Ministerio Público (MP).

La denuncia de las cámaras por parte de estudiantes ocurrió el pasado 7 de marzo y al día siguiente, 8 de marzo en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, tomaron las instalaciones ante la omisión de las autoridades; a ocho días de los hechos no hay una respuesta que les garantice seguridad a las alumnas y a los alumnos.

 

Exhiben fotos íntimas de mujeres en Chilpancingo en grupo de Telegram, denuncian

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de La Cruz/ Archivo 

Chilpancingo

 

A través de la página de Facebook de Ultravioleta, un programa en línea sobre temas de mujeres y feminismo, denunciaron un grupo de Telegram en el que exponen fotos íntimas de mujeres de la ciudad.

El grupo se llama Paks Chilpo Vip y cuenta con 128 integrantes que son hombres.

De acuerdo con la denuncia el grupo opera desde el 2020 y se comparten fotografías de mujeres, niñas y adolescentes.

El grupo tiene contenido de violencia sexual, “acoso en la vía pública debido a que los miembros del grupo toman fotos de las ciudadanas de todas las edades realizando cualquier tipo de actividad, como ir al supermercado, permanecer en sus instalaciones laborales, entre otras, para ver si entre ellos tienen algún tipo de contenido sexual de ella”, se lee en la denuncia de Facebook.

Para las mujeres que comentaron esta publicación, este grupo es un peligro para las mujeres de Chilpancingo. Los miembros de ese grupo comparten fotografías y videos de mujeres; algunos hasta preguntan si uno de ellos tiene referencias o material de alguna, lo que vulnera su dignidad humana, su transitar, su seguridad.

“Las pone en riesgo de ser atacadas de violencia sexual por uno o varios miembros, debido a que también mencionan en dónde trabajan, dónde estudian”, agregó alguien en la publicación en Facebook.

En la denuncia en redes filtraron algunas fotografías que son compartidas en ese grupo de hombres, y son de mujeres adultas, adolescentes y niñas en situaciones cotidianas.

Los miembros también preguntan por los datos de algunas de ellas y comentan las fotos que comparten.

Este tipo de situaciones se conocen como violencia de género digital y esta penalizado a través de la Ley Olimpia.

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

En Guerrero las sanciones para quienes incurran en este delito es de tres a seis años de prisión y multas de 200 hasta 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se lee en el Código Penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defienden diputados morenistas aumento al cobro en Autopista del Sol en debate de la Permanente

Diputados priistas y perredistas acusaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado de “traicionar al pueblo”, y los morenistas defendieron los nuevos costos


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Óscar Guerrero 

16 de febrero del 2023

Chilpancingo 

 

El aumento al costo de las casetas en la Autopista del Sol generó un debate entre los diputados priistas y perredistas, quienes acusaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado de “traicionar al pueblo” por dicha acción, y los morenistas, quienes defendieron los aumentos.

El debate se generó debido al aumento de 7.8 por ciento en los costos de peaje en las cestas de la Autopista del Sol, que entró en vigor el pasado 8 de febrero.

Durante la sesión del día de hoy, en el penúltimo punto del orden del día, una participación del diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez encendió los ánimos de los nueve legisladores presentes de la Comisión Permanente.

“El aumento del peaje nos confirma algo que ya sabíamos de antemano, que al gobierno federal no le interesa Guerrero y decide comportarse indiferente ante la situación actual del sector social y productivo”, mencionó durante el diputado perredista.

Continuó con su participación y habló sobre los aumentos en el peaje de la autopista desde el 2018 que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo.

“En tan sólo cuatro años el costo del peaje en la Autopista del Sol ha aumentado el 50.6 por ciento, que en un viaje redondo de la Ciudad de México a Acapulco se traduce en un costo de 1,338 pesos”, dijo.

La postura del perredista fue secundada por la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, quien catálogo el aumento como “un duro golpe para la economía de los guerrerenses, al ser el turismo la principal fuente de ingresos para Acapulco”.

Lo que no les pareció a los diputados morenistas fue que al inicio de su participación la diputada priista dijo: “amor con amor se paga, repite desde la oficina del Ejecutivo de manera constante, pero tal parece que ese dicho una vez más quedó en el aire para Guerrero”.

Bernal Reséndiz llamó a sus compañeros diputados y diputadas locales y federales, y alcaldes, a crear un frente para “defender Acapulco”.

La morenista Yesica Ivette Alejo Rayo solicitó el uso de la palabra para defender los ataques en contra de los aumentos al costo de las casetas.

Dijo que los aumentos en las casetas fueron con base a la inflación y no por “ocurrencia”.

Mencionó que los aumentos en el costo de las autopistas federales se actualizan cada año, y que servirán para continuar con los apoyos sociales que otorga el gobierno federal.

La otra morenista que salió a defender los aumentos fue Leticia Castro Ortiz, quien dijo que los aumentos en el peaje no son de este gobierno, si no de “gobiernos anteriores”.

Además mencionó que los aumentos en la Autopista del Sol se deben por los costos de mantenimiento que consideró “interminables”.

“Yo los invito compañeros y compañeras a ser más mesurados en sus apreciaciones”, agregó.

Llegó el turno del diputado de Morena, Masedonio Mendoza Basurto, quien recurrió al pasado para justificar el aumento del peaje.

“Previo al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, los presidentes de México devaluaron significativamente el peso en comparación con el dólar estadounidense, pero nadie dice eso, los aumentos en las casetas son de años anteriores, no exclusivos de este gobierno”.

Por el debate, la sesión de la Comisión Permanente se alargó, generalmente no tardan más de dos horas, pero esta se extendió por tres horas y media, hasta después de la hora de la comida.

El olor del pozole que cada jueves le llevan a las diputadas y los diputados como menú para la comida salía desde el área adaptada como cocina, lo que desesperó a los invitados, pero el debate continuó “por corrección de hechos”, dijo Ortega Jiménez, y Bernal Reséndiz otra vez lo secundó.

En sus participaciones, los legisladores coincidieron en que la administración morenista no tiene por que justificarse en el pasado ni en los programas sociales.

El debate iba a continuar, porque pidió la palabra de nuevo Alejo Rayo, pero está vez la presidente de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, mandó a votación la petición.

“Preguntaré al pleno si consideran el tema como completamente concluido”, dijo.

Los nueve diputados presentes votaron por que el tema estaba completamente concluido y se acabó la discusión.

La diputada de Morena, Yesica Ivette Alejo Rayo, durante su participación en la sesión Permanente de hoy en la que defendió los aumentos a las casetas de cobro de la Autopista del Sol. Foto: Óscar Guerrero.

Trabajadores cierran Congreso; acusan a presidenta de la Jucopo de acoso laboral

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía

8 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

 

Integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Legislativo Sentimientos de la Nación tomaron el Congreso local, para denunciar hostigamiento y acoso laboral de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.

 

El secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román y los agremiados del sindicato denunciaron que hay dos procedimientos administrativos en contra de los trabajadores; los amenazan con proceder legalmente contra ellos.

 

Señalaron de la diputada de tratar de impedir que los trabajadores se organicen en sindicatos.

 

Alrededor de las ocho de la mañana, 50 trabajadores se instalaron en los accesos principales del Congreso local, colocaron lonas y cerraron la circulación vehicular en los sentidos sur-norte de la avenida Trébol Sur.

 

Utilizaron lonas con consignas para los accesos. En ellas responsabilizan a Domínguez Serna de actos de hostigamiento laboral, violación de derechos humanos y laborales contra los integrantes de su sindicato.

 

Además la responsabilizaron de lo que pueda ocurrirles por realizar una manifestación en su contra.

 

En conferencia de prensa Martínez Román explicó que fue citado a una audiencia por el organismo interno de control de Congreso, por un procedimiento administrativo en su contra.

 

La causa del conflicto, aseguran, es por tener ideologías contrarias y se simpatías con partidos políticos.

 

Hasta después del mediodía de este miércoles, los accesos al recinto legislativo seguía bloqueado por los inconformes.

Protestas por educación, salud y derechos laborales, la jornada de este miércoles en Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores de Protección Civil, del Colegio de Bachilleres, maestros de una escuela secundaria y enfermeras del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón realizaron protestas en momentos distintos y en diversos puntos de Chilpancingo para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda resolver que resuelva sus demandas.

Agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) bloquearon por cuatro horas los cuatro carriles y las dos laterales de la Autopista del Sol para exigir respuesta a un pliego petitorio que entregaron al gobierno estatal hace dos meses.

En la misma manifestación también hubo trabajadores de la Secretaría de Protección Civil, quienes exigieron basificaciones, pago de bono de riesgo y la destitución del subsecretario de Protección Civil, Ricardo Ramírez Ibarra y el de Finanzas, Víctor Parra.

La marcha comenzó al mediodía en las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres (Cobach), ubicada en el centro de Chilpancingo, hacia el sur de la ciudad, hasta llegar a la Autopista del Sol, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro). Eran unos 500 trabajadores.

Durante la marcha se sumaron los trabajadores de Protección Civil.

A las dos de la tarde, los manifestantes bloquearon los carriles norte-sur y después de una hora sin que les atendieran, bloquearon los cuatro carriles y las calles laterales de la Autopista del Sol.

Por la manifestación, en gran parte del sur de la ciudad el tráfico vehicular estuvo congestionado.

A las cuatro de la tarde, una comisión de ambos sindicatos fue atendida por Rafael Julián Arcos, director de negociaciones de la Subsecretaría General de Gobierno. En la reunión lograron acordar una mesa de trabajo en las oficinas de Palacio de Gobierno, a unas cuadras del bloqueo.

El resto de los manifestantes mantuvieron el bloqueo a la Autopista del Sol.

A las cinco de la tarde, los manifestantes liberaron los cuatro carriles con la promesa de que mañana (jueves) tendrán una reunión con funcionarios de primer nivel.

El secretario general del Sutcobach, José Antonio Salvador López, informó que lograron una reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y la firma del pliego petitorio.

Pero los trabajadores de Protección Civil no obtuvieron respuesta favorable por lo que prevén un paro indefinido de labores.

Agremiados del Sutcobach y trabajadores de Protección Civil bloquean los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura de la Sagadegro, en Chilpancingo, Guerrero.

En otra manifestación, enfermeras tomaron el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de
Chilpancingo para exigir el despido de la jefa del área, Tania Serna Maciel.

Las enfermeras colocaron lonas y cerraron las entradas al Hospital desde las primeras horas de hoy. Están suspendidos los servicios de consulta externa. Laboratorio, rayos x, cirugía y el área de urgencias operan con normalidad.

La exigencia de las enfermeras comenzó desde hace varios, al menos desde el último trimestre del año pasado habían protestado en rechazo de Serna Maciel, y hoy suspendieron ciertas actividades del hospital.

Los trabajadores compartieron que por los jaloneos que tuvieron con directivos pensaron que la jefa de enfermeras sería destituida, pero la reincorporaron al hospital, por segunda ocasión, el 25 de diciembre pasado; aprovecharon que el personal estaba de vacaciones. Al regreso del período vacacional otra vez comenzaron las reacciones de desacuerdo.

“Ya hablamos con la gobernadora, con su papá (el senador Félix Salgado Macedonio) y con la secretaria de Salud, (Aidé Ibarez Castro) y no nos dan una solución”, declaró la enfermera Sarahí Escobar Paco, quien participa en el plantón en el hospital para exigir la destitución Serna Maciel, sobrina de la diputada morenista que preside de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna.

Son 500 enfermeras de los tres turnos que exigen la salida de Serna Maciel y del director del hospital, José Antonio Ramírez Ríos.

“La diputada Yoloczin Domínguez a fuerza quiere que se quede su sobrina como jefa de enfermeras, quien aparte de que no reúne el perfil hostiga y agrede a las compañeras”, dijo Escobar Paco.

Un grupo de policías estatales antimotines llegaron al hospital, al parecer, con la intención de retirar a las manifestantes, pero se retiraron.

Enfermeras y enfermeros del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo protestan en las inmediaciones del nosocomio.

Después de 12 horas en paro de labores, el personal de enfermería del hospital logró cambios sobre el caso de la jefatura de enfermeras.

En una acta firmada por el director del hospital, José Antonio Ramírez Ríos, quedó establecido que Mónica Rojas Moreno es la nueva «supervisora de enfermeras del turno vespertino».

Serna Maciel continuará como jefa de enfermeras sólo los fines de semana y días festivos.

Después del acuerdo las labores en el hospital fueron restablecidas.


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