Han pasado dos años desde el incendio en la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes extranjeros que estaban encerrados y bajo el cuidado de las autoridades migratorias; el caso aún no llega a juicio, además en este tiempo tres funcionarios acusados por la tragedia dejaron la cárcel para enfrentar el proceso en libertad, uno sigue profugo y al comisionado Garduño le congelaron el proceso penal en su contra
Texto: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Foto: Cortesía / Redes Sociales
Ciudad Juárez
Jueves 27 de Marzo del 2025
Ana Evangelista recuerda que la tarde del 27 de marzo del 2023 fue la última vez que habló con su hijo Roberto, “me dijo que lo había detenido Migración y lo iba a regresar a El Salvador”. Él la llamó desde la estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde horas después murió atrapado en medio de un incendio provocado en una celda cerrada bajo llave.
Roberto Antonio Henriquez Evangelista, el hijo de Ana, es uno de los 40 hombres migrantes extranjeros que la noche de ese día murieron encerrados asfixiados por el humo de las llamas en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), sin que los oficiales que los tenían bajo su resguardo les abrieran la celda; una tragedia que además dejó a otros 27 con lesiones de por vida y a 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático.
“Se siente uno impotente de saber que nadie está pagando por esta atrocidad que cometieron con tantas personas”, dice Ana, en entrevista telefónica con La Verdad Juárez desde California, en Estados Unidos donde esperaba recibir a su hijo. “Parece que la justicia en México es ciega”.
El reclamo de impunidad también lo lanza Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez, uno de los 27 sobrevivientes. “¿Por qué tanto retraso con la justicia?… Si realmente las pruebas (de lo que ocurrió) están ahí”.
A dos años de esta tragedia desatada por un incendio provocado, por la falta de ayuda, así como por irregularidades, abusos y omisiones graves en la operación de la estancia migratoria, ninguna de las causas penales abiertas contra los 11 acusados –ocho de ellos funcionarios del INM– han llegado a juicio.
Además, solo tres de los ocho funcionarios de Migración imputados por la muerte de los migrantes enfrentan el proceso en prisión, tres de ellos dejaron la cárcel con el pago de una fianza y uno más está prófugo. En tanto que el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez en enero pasado logró que se le congelara el procedimiento judicial en su contra por un plazo de 18 meses a cambio de seis acciones, entre ellas: ofrecer una disculpa pública a las víctimas. Esto último aún no ha ocurrido.
Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.
Las autoridades mexicanas tampoco han reconocido como víctimas de esta tragedia a las mujeres migrantes que fueron liberadas de otra celda de la estación en medio del incendio, quienes padecen estrés postraumático por este suceso en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.
Frente a este panorama, Marcos Edgar Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho –organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas– considera que el Poder Judicial federal no ha hecho su trabajo. Tampoco la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni la Fiscalía General de la República (FGR).
“No se ha juzgado a nadie aún”, dice Zavala Cruz, quien reflexiona sobre lo ocurrido por la muerte de migrantes debido a la falta de ayuda, y por considerar que los acusados no son los únicos responsables de esta tragedia, sino también la política migratoria que criminaliza a las personas en movilidad.
‘Si evaden la ley, Dios se va a encargar de todos ellos’
La tragedia comenzó en la celda de hombres de la estancia migratoria en la ciudad, donde migrantes extranjeros encerrados bajo llave discutían enojados con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación.
De acuerdo con una investigación colaborativa de La Verdad Juárez, Lighthouse Reports y El Paso Matters, las primeras llamas visibles en la celda se registraron a las 21:28 horas.
Casi seis horas antes, Ana Evangelista, recibió una llamada telefónica de Roberto. “Ese día que pasó la tragedia yo pude hablar con él, a las 3:38 de la tarde”, dice la mujer al relatar sobre esa plática y lo difícil que han sido los últimos dos años de su vida por la muerte de uno de sus dos hijos.
Roberto le contó que lo detuvo Migración mexicana el viernes 24 de marzo. Esa semana “los coyotes” –como nombra a los traficantes de personas que lo trasladaban– lo intentaron pasar a Estados Unidos tres veces. El martes cruzó la frontera junto con otras personas, pero lo agarró la Patrulla Fronteriza y lo regresaron por un puente a Ciudad Juárez; luego volvieron a cruzar el jueves, pero ese día lo regresaron nuevamente.
En su tercer intento, el viernes, fue detenido por las autoridades mexicanas y trasladado a la estación del INM donde murió.
Ana recuerda que en la llamada Roberto le contó su frustración por no llegar a Estados Unidos, pero también le dijo que estaba conforme porque lo iban a regresar a El Salvador y eso lo ponía feliz, porque volvería a ver a sus hijas, que ahora tienen 11 y 6 años.
“Yo tenía la esperanza de volver a ver a mi hijo”, dice la mujer quien desde hace 19 años vive en California, en el oeste de Estados Unidos. “Él venía de El Salvador para acá, estuvo tres años rogándome que me lo trajera, yo no quería”.
Los videos captados por las cámaras de seguridad instaladas en la estancia del INM evidenciaron que los oficiales de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres, como se expuso en la investigación colaborativa de La Verdad Juárez que reveló detalles de ese acontecimiento, irregularidades, abusos y omisiones graves que contribuyeron a la letalidad del incendio.
Al día siguiente, el 28 de marzo, Ana se enteró del incendio y la muerte de su hijo.
“Estaba por entrar a mi trabajo, eran las 7:45 de la mañana, cuando me cayó una llamada por WhatsApp, era un amigo de mi hijo, de Guatemala, con quien venía en el trayecto, a quien también detuvieron el viernes, me dijo: ‘hubo un incendio, hay muchos fallecidos’”, recuerda.
La narración de esa llamada sigue: “No quiero preocupar, pero quiero que sepa, me dijo, que en el centro de detención de migrantes ayer hubo un incendio y dicen que hay muchos fallecidos, yo no sé si Roberto está fallecido o está en el hospital”.
Desde ese momento “sentí en mi corazón como que él ya no estaba…”, relata Ana con su voz alterada por el llanto contenido. “Fue un horror, bien terrible”.
Su corazonada se confirmó horas después. La hija de su compañero de vida, quien trabaja para una institución en El Salvador le confirmó el deceso con información de la cancillería de su país. Luego, la esposa de Roberto se trasladó a Ciudad Juárez y reconoció su cuerpo.
Al dolor de la muerte de su hijo, en Ana se sumó la frustración porque no pudo estar presente en el funeral y en el sepelio. “Eso fue muy difícil para mí, porque yo el día que lo llevaron (a enterrar), que fue el día 10 de abril, lo tuve que ver a través de una videollamada, para mi fue un momento muy difícil”.
“Ya no pude estar con mi hijo, ni con su familia”, dice Ana, quien por su situación de indocumentada no pudo salir de Estados Unidos para regresar a El Salvador, de donde salió en busca de mejores ingresos económicos para ayudar a su familia. Lo mismo que buscó Roberto.
A dos años de la tragedia, Ana reclama la impunidad en la que se mantiene esta tragedia.
“No hay justicia aún”, dice, “y si logran evadir la justicia de los hombres, algún día Dios se va a encargar de todos ellos”.
En memoria de… Lee aquí los nombres de las víctimas mortales
Un nuevo comienzo
La noche del incendio Rubbelsy, nacido en Guatemala, se refugió en el baño de la estancia, se quitó la playera y la mojó para colocarla en su boca. Después de unos cinco o máximo 10 minutos perdió el conocimiento y cuando despertó habían pasado 20 días.
Ese tiempo estuvo intubado porque sufrió quemaduras en la vía aérea, en la cabeza y en una parte del oído derecho y dos quemaduras en el pulmón izquierdo. Él estuvo un mes hospitalizado y su recuperación fue lenta y dolorosa.
A dos años de esta tragedia, el hombre, de 40 años, aún enfrenta secuelas como son ataques de ansiedad y limitaciones para llevar a cabo actividades que requieren un esfuerzo físico.
A pesar de estos inconvenientes y de lo que le tocó vivir en la estancia migratoria, Rubbelsy narra cómo fue su nuevo comienzo en Estados Unidos, donde reside desde octubre del 2023.
Actualmente vive en Tennessee con su familia, integrada por su esposa, su hija de 13 años, un niño de 8 años y una bebé de días de nacida. Labora como operador ensamblador.
Es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos donde buscaron rehacer su vida, sin embargo, muchos de ellos regresaron a su país sin lograr el asilo que buscaban. Rubbelsy y su familia aún siguen su proceso migratorio, tienen cita en la Corte de inmigración estadounidense hasta diciembre del 2026.
“Pienso en lo afortunado que fui en sobrevivir, prácticamente fue un milagro”, dice el hombre que permaneció 20 días inconsciente, “porque prácticamente estuvimos en un horno”.
¿ Y la justicia?
Ahora Rubbelsy exige justicia y que no se olvide lo que se vivió en la estación migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo del 2023.
“¿Por qué tanto retraso de la justicia?”, cuestiona. “Es frustrante pensar en lo que vivimos y luego ver que incluso se privilegia a Garduño… aunque él físicamente no estuvo ahí, como dice, él es el que da las órdenes y pudo ordenar que abrierán la puerta de la celda, nadie abrió”.
La estación migratoria permanece cerrada desde el incendio donde murieron 40 migrantes extranjeros. Aunque la contención migratoria siguió por las autoridades del INM, las personas en movilidad que son detenidas en esta región fronteriza de Chihuahua se trasladan a la estación de Janos o hacia el sur de México.
Esas acciones son encabezadas por Francisco Garduño, a quien mantuvo en el cargo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora lo sostiene el de Claudia Sheinbaum, pese a que está acusado por ejercicio ilícito del servicio público, y que organizaciones acompañantes de víctimas del incendio han solicitado de manera reiterada que Garduño sea retirado de su cargo como comisionado del INM. En enero pasado logró que se le congelara el procedimiento judicial en su contra por un plazo de 18 meses a cambio de seis acciones, entre ellas: ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
“Es una burla”, dice Rubbelsy, “tanto a las víctimas como a los fallecidos”.
El sobreviviente se muestra incrédulo por la falta de justicia a dos años de la tragedia.
Esta impunidad prevalece porque ninguno de los procesos penales abiertos han llegado a juicio, explica Marcos César Zavala Cruz, abogado de la organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas. Además, dos causas judicializadas en 2023 aún tienen pendiente la celebración de sus audiencias iniciales.
“¿Por qué no se han dado los juicios?”, pregunta y se responde: “porque cuando nosotros empezamos a revisar los primeros tomos de la carpeta de investigación, nos dimos cuenta que las víctimas no habían sido tomadas en cuenta”.
Como no se garantizaba los derechos de las víctimas, quienes fueron totalmente desdibujadas, invisibilizadas, la organización interpuso juicios de amparo, que aún no se han resuelto.
“Acusamos a la Fiscalía, acusamos las omisiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, denunciamos las omisiones del juez de control, pero aún es fecha de que el Poder Judicial no resuelve ninguno de los amparos que se promovieron desde 2023 y principios de 2024”, explica en entrevista.
En medio de este estancamiento judicial, tres de los ocho funcionarios del INM imputados por la tragedia lograron dejar la cárcel con el pago de una fianza para seguir su caso penal en libertad. Esto son: Daniel G.Y., quien al momento del incendio se desempeñaba como representante local Noroeste del Instituto Nacional de Migración; Eduardo A.M., jefe de recursos materiales de la estancia migratoria en Ciudad Juárez; Juan Carlos M.C., quien al momento del incendio se desempeñaba como coordinador del Grupo Beta.
Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, quien enfrentaba el proceso en libertad, presuntamente está evadido desde mayo del 2023.
Solo tres imputados por la muerte de los migrantes enfrentan el proceso en prisión: El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua; así como Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio.
Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela, Jeison D. C.R. y Carlos Eduardo C.R., y el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V., también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.
A estas últimas seis personas mencionadas se les vence el plazo de la prisión preventiva en unos días y como aún no han sido juzgadas es posible que a partir de abril se les conceda el cambio de la medida cautelar y sigan el proceso en libertad.
El abogado Zavala Cruz considera que este caso exhibe que el sistema de justicia penal en México no tiene capacidad para procesar graves violaciones a derechos humanos.
“Nosotros simplemente queremos que todos los implicados atraviesen un juicio… y que haya justicia”, dice.
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