La salida del exgobernador del sol azteca se da a un mes de que se cumplan 10 años de los hechos de Iguala.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Fb Ángel Aguirre Rivero
Domingo 25 de agosto de 2024
Chilpancingo
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero renunció por segunda ocasión a su militancia en el PRD, a un mes de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a días de que se reavivaron las acusaciones contra él y otros funcionarios estatales por su responsabilidad en este caso.
Este domingo 25 de agosto de 2024, en un salón Mundo Imperial, de Acapulco, Ángel Aguirre, arropado excolaboradores de su gobierno, dio a conocer que su corriente política, Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), se separó del PRD y ahora será una asociación política.
Ángel Aguirre fundó IPG en 2013, cuando era gobernador, para apuntalar a su hijo Ángel Aguirre Herrera, ya fallecido, para que fuera candidato a la presidencia municipal de Acapulco en 2015.
Pero el proyecto político de Ángel Aguirre se cayó en 2014 por los acontecimientos de Iguala, ya que el 28 de octubre de ese año solicitó licencia al Congreso para separarse del cargo, y semanas después renunció al PRD en medio de protestas radicales de los normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los 43 y organizaciones sociales, entre éstas, el magisterio disidente.
Sin embargo, Ángel Aguirre mantuvo los hilos en el PRD a través de su corriente política, cuyo dirigente formal es hasta la fecha Alberto Catalán Bastida, dirigente estatal del sol azteca.
Catalán Bastida, ahijado de Aguirre, termina su periodo como dirigente en octubre próximo.
En 2018, meses antes de las elecciones, Aguirre regresó al PRD y pretendió la candidatura a la diputación federal por el distrito 08 de la Costa Chica, pero su proyecto se frustró debido a las protestas en su contra por parte de los normalistas de Ayotzinapa y los padres y madres de los 43.
Aun así, Aguirre siguió controlando gran parte de los hilos del PRD en Guerrero.
Ahora, tras la estrepitosa derrota de la alianza PAN-PRI-PRD en el país y en Guerrero en las elecciones del 2 de junio, Ángel Aguirre anuncia su retiro del sol azteca.
En el acto político que encabezó este domingo en Acapulco, Aguirre estuvo acompañado por Humberto Salgado Gómez y Jesús Martínez Garnelo, quienes ocuparon la Secretaría General de Gobierno durante su gobierno en diferentes momentos; también por Alberto Catalán y Óscar Díaz, entre otros.
En su discurso de 20 minutos, Ángel Aguirre se refirió al caso Ayotzinapa para deslindarse de esos acontecimientos.
La reaparición del exgobernador se da luego de que el jueves 22 de agosto, las madres y los padres de los 43 solicitaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, que se investigue a los responsables de la destrucción o ocultamiento de los videos de las cámaras de Ciudad Judicial de Iguala en los que se captó el momento en que hombres armados y policías municipales bajaron de un autobús a 20 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
La Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa acusó a la entonces presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, por no haber entregado esos videos. Ahora en el retiro, Lambertina Galeana representaba en aquellos días a uno de los tres poderes constitucionales del gobierno de Guerrero, pero su jefe era Ángel Aguirre.
«Ya se van a cumplir diez años de los lamentables acontecimientos de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, que durante estos 10 años no se me ha fincado ninguna responsabilidad absolutamente de nada», se deslindó Aguirre Rivero.
«Puedo mirarlos de frente a todos mis paisanos y puedo decirles, a la distancia, nunca jamás tuve contacto alguno con ningún grupo de la delincuencia organizada en Guerrero, ni antes ni después», aseguró el ex gobernador Ángel Aguirre.
Reveló que en unos días se dará a conocer un informe final de los hechos de Iguala y en éste se indicará que no tuvo nada que ver en los hechos.
El dictamen a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados se propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y otros seis organismos autónomos constitucionales.
Texto: Alexis Ortiz / Animal Político Foto: Facebook Inai
23 de agosto del 2024
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados llega a la recta final de la aprobación de los dictámenes del “Plan C”. Hoy discutirán la penúltima iniciativa, relacionada con la desaparición de siete órganos autónomos. El asunto es tan controvertido, que anoche aún se especulaba sobre la posibilidad de que la reunión de la Comisión se pospusiera hasta la próxima semana.
La aprobación del “Plan C”, el último paquete de reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador, sigue adelante, ahora con la votación de un dictamen en el que se propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y otros seis organismos autónomos constitucionales.
Desde que empezó el mes de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado 15 iniciativas del Plan C, con el objetivo de dejarlas listas para que el Pleno de la Cámara de Diputados las pueda votar en cuanto se inicie el periodo de sesiones de septiembre.
Morena dejó para el final las iniciativas que han causado más polémica: la relacionada con la desaparición de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial, que incluso provocó un paro de actividades de los juzgados federales como forma de protesta, y la de la Guardia Nacional, que fue aprobada ayer con los votos de Morena y sus aliados en la Comisión respectiva.
Este viernes 23 de agosto toca el turno a la iniciativa en materia de simplificación administrativa, que incluye la extinción de órganos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ayer por la tarde una declaración de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, puso en duda si hoy se iba a discutir la reforma de desaparición de órganos autónomos. Entre los mismos morenistas que integran la Comisión de Puntos Constitucionales había esa incógnita. Pero al final la discusión del dictamen sí fue integrada a la agenda de la Cámara de Diputados, y hasta anoche aparecía en el programa de actividades de San Lázaro.
La desaparición de órganos autónomos es una idea que López Obrador tuvo en los primeros años de su gobierno, pero es hasta ahora, a un mes de que concluya su sexenio, que ese proyecto avanza en el Congreso, justo cuando Morena está a punto de conseguir los espacios necesarios en el Senado y la Cámara de Diputados para aprobar el dictamen.
¿De qué trata la reforma de desaparición de órganos autónomos?
La iniciativa enviada por el presidente López Obrador, y que será aprobada por los legisladores de Morena que controlan la Comisión de Puntos Constitucionales, trata sobre la eliminación de siete organismos autónomos.
Estos son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Morena busca que las funciones de estos organismos autónomos se transfieran a dependencias del propio gobierno federal, un modelo que en el caso del INAI se replicaría en las dependencias de los gobiernos estatales.
Las funciones de Mejoredu, un organismo con autonomía operativa y presupuestaria, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pasarían a la Secretaría de Educación Pública.
Los trabajos que hace el INAI, un organismo que garantiza el acceso a la información y protección de datos personales, los realizaría la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso del gobierno federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a las contralorías del Congreso de la Unión, y a los órganos de control de los órganos autónomos que quedan. Este modelo se replicaría en los gobiernos estatales.
Las funciones del Coneval, una dependencia que hace estudios del desarrollo de la pobreza en México, ahora las realizaría el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de competencia económica, las funciones de la CRE y la CNH, quienes regulan y fomentan la competencia en los mercados de energía e hidrocarburos, se trasladarían a la Secretaría de Energía.
Mientras que las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promueve la competencia entre las empresas para que haya mejores servicios y precios, pasarían a formar parte de la Secretaría de Economía.
Las funciones del IFT, encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones, serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
El dinero de los autónomos para las pensiones del bienestar
El dictamen que los diputados de Morena buscan aprobar propone que los recursos de los órganos autónomos que desaparezcan sean utilizados en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado apenas el año pasado.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso que tiene el objetivo de garantizar un ingreso a las personas que se jubilen de sus trabajos y que hayan empezado a cotizar después del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con este fondo, el gobierno mexicano busca entregar a las personas jubiladas hasta 16 mil 778 pesos mensuales, monto que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023.
Según el dictamen en materia de simplificación administrativa, entre 2018 y 2024 los siete organismos autónomos que se quieren desaparecer recibieron 32 mil 313 millones 546 mil pesos, lo que equivale a 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.
Los recursos de los organismos autónomos ayudarían a dar vida al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual ha sido criticado por especialistas debido a que no cuenta con un plan de financiamiento constante, es decir, los recursos con los que va a operar en buena parte se obtendrían de la eliminación de instituciones, de la desaparición de fondos y fideicomisos del Poder Judicial o de la venta de bienes asegurados por el gobierno mexicano.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
Debido al paro de actividades de los trabajadores del Poder Judicial, los juzgados federales del país solo atienden casos “urgentes”, lo que ha provocado que otros asuntos queden relegados.
Texto: Alexis Ortiz / Animal Político Foto: Cromática Agencia Fotográfica 22 de agosto del 2024
Froylán Sánchez, abogado en materia civil, es defensor de cuatro familias que viven en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y que serán desalojadas de su hogar el próximo 30 de agosto por orden de un juez de primera instancia.
El abogado acudió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para interponer un amparo que evite el desalojo de las familias, sin embargo, no tuvo éxito porque jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se fueron a un paro de actividades.
Al llegar al edificio sede del CJF en San Lázaro, trabajadoras de ese inmueble informaron a Froylán que, por el poco personal que se encuentra activo y que se divide en distintos horarios, por el momento solo se están atendiendo asuntos considerados “urgentes”, y que el suyo no cumple con esas características.
“Entiendo que estén defendiendo sus derechos laborales, porque es realmente lo que están defendiendo, pero también hay la otra cara de la moneda, también se afecta el patrimonio de familias que están en esta situación”, lamenta Froylan en entrevista con Animal Político.
Trabajadores del Poder Judicial en paro laboral en Acapulco, el miércoles 21 de agosto del 2024. Foto: Cromática Agencia Fotográfica
¿Por qué están en paro en el Poder Judicial?
Desde el lunes pasado, más de 50 mil trabajadores de juzgados federales suspendieron sus actividades como forma de protesta contra la reforma al Poder Judicial que empezará a ser discutida la siguiente semana en la Cámara de Diputados. Este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados de todo el país se sumaron a todo el movimiento.
El paro de labores es una forma de defender la independencia judicial ante la reforma que busca aprobar Morena, pero como un efecto secundario quedaron en el aire los casos que no son considerados urgentes y que no tendrán resolución al menos en las siguientes semanas.
El acceso principal del edificio del CJF en San Lázaro se ha reducido a una pequeña puerta que es custodiada por los mismos trabajadores del lugar, quienes hacen una rápida revisión de cada caso que llevan los abogados para determinar si se les puede dar atención o no. Los que tienen suerte pueden acceder al inmueble, los que no se van con las manos vacías.
Froylán, desconcertado, se enteró ahí mismo de la circular 16/2024 que recientemente publicó el CJF. En ese documento se enumeran los tipos de casos considerados urgentes que los juzgadores atenderán durante el paro de actividades.
“Me llevo la sorpresa de que es día inhábil, no corren términos, no se sabe cuándo va a terminar toda esta situación de protestas (…) Ahora tengo que ver la manera de cómo presentar un recurso, hablar con el secretario de acuerdos o con el juez, pedir un poco de chance o ver la manera de cómo mi cliente se pueda mover”, expresa Froylán.
¿Cuáles son los casos urgentes que sí atiende el Poder Judicial en paro?
El 19 de agosto, al mismo tiempo que trabajadores del Poder Judicial iniciaron su paro de actividades, el CJF publicó su circular 16/2024, en la que especificó los casos urgentes que serían atendidos en cada tribunal del país para evitar que el sistema de impartición de justicia se paralizara por completo.
En términos generales, los casos urgentes tienen que ver con procedimientos relacionados con la privación de la libertad de las personas, además de garantizar algunos derechos como el acceso al agua, la electricidad y la salud. También se atienden asuntos que tienen que ver con huelgas de trabajadores.
De igual forma los juzgadores federales no pueden abandonar casos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas. También se garantiza el derecho de los migrantes a acceder a la justicia, y se deben brindar medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general.
La circular 16/2024 también deja abierta la posibilidad de que los juzgadores del país evalúen cada caso para determinar si es urgente, y para hacerlo deberán tomar en cuenta los derechos humanos que están en juego y las consecuencias que puede haber por no atender el asunto debido al paro de labores.
Trabajadores del Poder Judicial consultados para este trabajo desconocieron la cantidad exacta de casos no urgentes que se podrían dejar de atender durante su suspensión de actividades, sin embargo, estadísticas del CJF muestran que durante el 2023 los tribunales, juzgados y centros de justicia tuvieron una carga de trabajo de 2 millones 25 mil asuntos.
A la negativa de recepción de nuevos trámites, también se suma el paro total a las audiencias en las que los juzgadores emiten sentencias en distintas materias. Los juzgadores tampoco se reúnen para emitir acuerdos si no se trata de casos urgentes.
La justicia, salvo algunas excepciones, entró en una parálisis total.
Abogados se van del CJF sin resolución a sus casos
El paro de actividades de los trabajadores del Poder Judicial ya alcanzó a todo el país. El día de ayer los voceros del movimiento tenían conocimiento de que los 32 circuitos judiciales que hay en México ya habían frenado sus labores.
Organizaciones sociales, personajes políticos y órganos jurisdiccionales siguen dando su respaldo al movimiento, como fue el caso del Poder Judicial de Chihuahua que manifestó su solidaridad con los trabajadores de juzgados federales que entraron en paro.
En contraparte a las muestras de apoyo, están los casos que por el paro no podrán ser atendidos. Abogados y abogadas llegan a diario a los juzgados del CJF para cerciorarse de que sus casos no entran en la categoría de urgentes. Otros defensores se enteran ahí mismo que no serán recibidos por nadie.
Manuel Mosco, quien cuenta con una carta de pasante para trabajar en un despacho especializado en materia laboral, acudió a la sede del CJF en San Lázaro para tramitar una promoción, con el objetivo de dar celeridad a la resolución de un amparo relacionado con la violación del derecho sindical de una persona.
A su llegada a San Lázaro, este miércoles 21 de agosto por la mañana, Manuel recibió la noticia de que su asunto tampoco era considerado urgente, por lo tanto no le recibirían ninguna promoción o escrito, lo cual ralentizará la resolución del caso que defiende.
“Yo sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo el personal del Poder Judicial, pero por otro lado no porque, al ser postulante, muchas veces los clientes son los que se desesperan porque sus casos no avanzan y se nos echan encima a nosotros”, lamentó Mosco en entrevista.
En San Lázaro, las consignas contra la reforma judicial de las personas en paro se llevan toda la atención. Sus reclamos son aplaudidos por los carros y por las personas que pasan frente al inmueble del CJF. Políticos como Guadalupe Acosta Naranjo y Alejandro Rojas Díaz Durán también han acudido al lugar para expresar su apoyo.
Detrás de toda esa manifestación, en la pequeña puerta habilitada para acceder al edificio, la misma entrada que los trabajadores utilizan para ir al baño, abogados van y vienen.
El defensor Sergio Meza acudió por la tarde a San Lázaro para solicitar un recursos de revisión a la decisión de un juez que negó concederle un amparo a su cliente
“Esto sí nos afecta en cuestión tiempo, a nosotros personalmente, pero los términos se están interrumpiendo, se respetan”, señala Meza, quien a pesar de todo cree que la protesta de los trabajadores del Poder Judicial es una “lucha justa” y no será eterna.
Pero mientras las cosas volverán a la normalidad, su cliente y muchas más personas que no tienen casos “urgentes” deberán esperar a que el sistema de impartición de justicia vuelva a operar en su totalidad.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
En el tercer día del paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en las sedes Iguala, Chilpancingo y Acapulco, en contra de la reforma judicial, magistrados y jueces se sumaron a la protesta este miércoles 21 de agosto.
Los trabajadores sindicalizados y de confianza, entre actuarios judiciales, secretarios, proyectistas, oficiales judiciales, los tres jueces de distrito y magistrados, se reunieron en las instalaciones del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y de trabajo, con sede en Chilpancingo.
«Nos encontramos en un punto de inflexión con una reforma legislativa que es promovida por el presidente de la República y analizada por la mayoría parlamentaria que amenaza con socavar los pilares donde se asienta nuestro estado de derecho», expuso el magistrado José Jerónimo Martínez Martínez.
Al referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario judicial advirtió que la concentración de poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la autonomía del Poder Judicial, sino que también es un golpe a la democracia.
«La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder», refirió el presidente del Tribunal Colegiado del 21 Circuito.
«Esta reforma (judicial) no solo amenaza la justicia, también amenaza la estabilidad de nuestra nación; sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas y la confianza en nuestras instituciones se desmoronan. Y los derechos humanos quedarán en las manos de una maquinaria estatal centralizada autoritaria», consideró Jerónimo José Martínez.
Previó que con el movimiento de protesta que realiza el Poder Judicial en todo el país, se va a desencadenar una crisis institucional sin precedentes.
«A partir de este 21 de agosto, hacemos un acto legítimo de resistencia contra esta reforma, hasta que ésta sea desechada para dar paso a la construcción de una reforma integral de sistema de justicia, a la cual nos sumaríamos», expuso el magistrado.
En Iguala, los trabajadores y jueces de los juzgados Noveno y Quinto distrito se unieron al paro de labores de manera indefinida.
En Acapulco, todo el personal de los ocho juzgados federales y magistrados de los tribunales colegiados, se sumaron a las protestas.
Trabajadores del Poder Judicial en paro laboral en Acapulco, hoy miércoles 21 de agosto del 2024. Foto: Cromática Agencia Fotográfica
De acuerdo con los trabajadores en paro, son mil 100 trabajadores, jueces, actuarios, secretarios, oficiales judiciales, proyectistas y magistrados del Poder Judicial de la Federación que participan en el movimiento.
Por ser el grupo mayoritario, Morena mantendrá la presidencia de la Jucopo.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Fb Congreso del Estado de Guerrero
Lunes 19 de agosto de 204
Chilpancingo
Los 22 diputados locales electos de Morena que asumirán el cargo este 1 de septiembre se observan divididos por la disputa de la coordinación de la fracción parlamentaria y, en consecuencia, por la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Este lunes 19 de agosto, se abrió el registro de los 46 legisladores que integrarán la próxima legislatura, la número 64, del congreso local. Los primeros en llegar al recinto legislativo para cumplir el trámite fueron los morenistas, pero se presentaron en tres bloques.
Un grupo de siete diputados del partido oficial llegó encabezado por Jesús Urióstegui García, cercano al senador Félix Salgado y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Jesús Urióstegui fungió como su jefe de Oficina de la gobernadora desde el arranque de la administración hasta mayo de 2023, fecha en que fue obligado a renunciar por haber participado, en horas hábiles, en actos de campaña de la entonces candidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.
Jesús Urióstegui, uno de los aspirantes a coordinar la bancada de Morena, tuvo un desayuno con el bloque de dipuatdos electos con el que llegó a la sede cameral para registrarse.
Después llegó a registrase otro grupo de seis diputados electos de Morena encabezado por la actual presidenta de la Jucopo Gloria Citlali Calixto Jiménez.
Registro de diputadas y diputados electos de Morena que integrarán la LXIV Legislatura en el Congreso del Estado de Guerrero, el 19 de agosto del 2024. Foto: Facebook del Congreso del Estado de Guerrero
Citlali Calixto, quien es diputada en la actual legislatura y también lo será en la siguiente por haberse reelegido, pretende mantenerse en la coordinación de la fracción morenista y, en consecuencia, repetir en la presidencia de la Jucopo, para lo cual, según fuentes del Congreso, busca el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado y del senador Félix Salgado.
Sin embargo, hay factores que dificultan sus aspiraciones; por ejemplo, su declaración de que a menos de un mes de que concluya la legislatura en curso, el Poder Legislativo carece de recursos para liquidar a 300 trabajadores administrativos y asesores de diputados salientes.
El 2 de agosto, el Congreso envió una solicitud impulsada por Citlali Calixto, al secretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Raymundo Segura Estrada, para que se amplíe el presupuesto por un monto de 108 millones de pesos.
Pero Raymundo Segura ya estableció que no va a autorizar ningún recurso extra al Congreso, porque no está presupuestado.
Un tercer grupo de siete diputados de Morena, encabezado por el dirigente estatal del partido guinda, Jacinto González Varona, también acudió a la sede legislativa para cumplir con el requisito del registro previo a la instalación de la siguiente legislatura.
Jacinto González, quien es diputado electo, afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado, los legisladores morenistas y él opinarán a quién eligen como coordinador o coordinadora de la fracción parlamentaria.
«A diferencia de la anterior legislatura, que llegamos divididos, ahora no es así», aseguró Jacinto González.
La 64 Legislatura local, que entrerá en funciones el 1 de septiembre, estará integrada por diputados de Morena, PRD, PRI, PVEM, PT, PAN y MC.
Hasta el momento el único partido que ya eligió a su coordinador de bancada es el PRI, cuyos cinco diputados eligieron a Alejandro Bravo Abarca como su líder. Bravo Abarca es dirigente estatal del PRI.
Jacinto González afirmó que esperan que el PT y PVEM formen una alianza en el Congreso para tener la mayoría calificada.
Con aplausos y gritos, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Guerrero iniciaron este lunes 19 de agosto un paro de labores hasta el próximo 2 de octubre en rechazo a la reforma judicial que se pretende aprobar el próximo 26 de agosto.
En una protesta en las instalaciones del Tercer Tribunal Colegiado en material Civil y del Trabajo, con sede en Chilpancingo, se informó que en este paro de labores participan más de mil trabajadores, entre jueces, proyectistas, secretarios de acuerdos, oficiales judiciales, actuarios y personal administrativo.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Guerrero en paro de labores en las instalaciones del Tercer Tribunal Colegiado en material Civil y del Trabajo, con sede en Chilpancingo, la mañana de este lunes 19 de agosto del 2024. Foto: Jesús Guerrero
Patricia Yazmín García Sánchez, secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil y del Trabajo, dijo que por votación de la base trabajadora se acordó cerrar los juzgados de distrito con sus sedes en Iguala, Chilpancingo y Acapulco así como los tribunales colegiados.
«Solo se atenderán asuntos urgentes; sobre todo, en materia penal», especificó.
Este lunes, los trabajadores cerraron las oficinas del Poder Judicial de la Federación y solo habrá un rol de guardias.
«Es una medida que nosotros los trabajadores del Poder Judicial no quisiéramos tomar; y mejor estuviéramos trabajando a favor de los justiciables en Guerrero, pero lo que estamos haciendo es una medida necesaria para hacer llamar la atención al Poder Legislativo», justificó el secretario del tercer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo, Raúl Arias Martínez.
Reconoció que la protesta va a paralizar el tema de impartición de justicia en términos generales, pero manifestó que tienen la esperanza de que los legisladores corrijan la iniciativa de la reforma cancelando la propuesta de que los juzgadores sean designados mediante el voto de la ciudadanía.
«Si de verdad la sociedad no tuviera confianza en Poder Judicial no estaría incrementándose la carga de trabajo. Y prueba de ello es que han aumentado los asuntos de amparos por atención médica, de gente a la que le faltó la aplicación de vacunas, desaparecidos», refirió el funcionario.
Iram Román, secretario del Segundo Tribunal Colegiado, dijo que un Poder Judicial debe ser independiente y no ser una secretaría más del titular del Poder Ejecutivo.
Desde las nueve de la mañana, los trabajadores de los tres juzgados de distrito y dos tribunales colegiados con sede en Chilpancingo iniciaron la protesta.
Casi a las once de la mañana, los trabajadores informaron su declaración de paro de labores y cierre de oficinas en Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
Los manifestantes colocaron mantas y pancartas en las puertas de los edificios, con consignas contra la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Patricia Yazmín García señaló que con la reforma se pretende cortar de tajo la carrera judicial, violando los derechos de los trabajadores que en base a su trabajo y aprendizaje van escalando cargos.
«Vamos a regresar a trabajar el 2 de octubre, pero si nuestras demandas no son escuchadas vamos a seguir en paro de labores por tiempo indefinido», advirtió Patricia Yazmín.
Dijo que las mujeres que laboran en los juzgados y tribunales que van a quedar desempleadas.
Mencionó que en México se está en un punto en el que a las mujeres les cuesta mucho llegar a puestos de poder.
«Esta reforma va a dejar sin trabajo a muchas jueces y magistradas que con mucho trabajo han logrado verdaderamente romper el techo de cristal», afirmó Patricia Yazmín García.
Calificó como una «falacia» lo que el gobierno federal dice, en el sentido de que la reforma no va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial.
En medio de la espiral de violencia que se vive en Guerrero, este viernes 15 de agosto fueron relevados dos mandos, uno de la Guardia Nacional (GN) y otro de un batallón del Ejército mexicano.
En Chilpancingo, el general de Brigada del Estado Mayor Ulises Orduña Campos rindió protesta como comisario jefe de la GN en Guerrero en sustitución de Víctor Fernández Mondragón, quien asumió el cargo el 16 de enero de este año.
El nuevo jefe policiaco rindió protesta en las instalaciones del cuartel de la GN ubicadas en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, cerca de la comunidad de Petaquillas.
Con este nuevo cambio en la GN, suman cinco los comisarios de la GN en Guerrero entre 2022 y 2024.
El nuevo jefe de la GN en Guerrero se ha capacitado en inteligencia militar, antiterrorismo, armamento y en prevención y gestión de crisis internacional.
A su vez, en el 109 Batallón de Infantería del Ejército ubicado en la comunidad de El Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, asumió la comandancia el coronel de infantería del Estado Mayor Efrén Cruz Hernández, en sustitución de Francisco Aldaba Macías, quien asumió el cargo en enero de 2023.
El relevo de Francisco Aldaba se da en el contexto de las protestas de habitantes de más de 40 comunidades de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, que cerraron la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo 36 horas para exigir al Ejército y a la Guardia Nacional garantías de seguridad en esa zona de la Sierra en donde al menos tres grupos del crimen organizado han sembrado el terror, con desapariciones, extorsiones y ataques con drones explosivos.
Las autoridades de las comunidades acusaron a los mandos del Ejército y de la GN, con destacamento en esta zona, de inacción para frenar a estas organizaciones del crimen organizado.
Ambos cambios de mando, uno de la GN y otro en el 109 Batallón del Ejército, se dan cuando hay una alta incidencia delictiva en Guerrero.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en los primeros seis meses del año, en Guerrero se habían registrado 845 asesinatos, la mayoría en Acapulco.
En el cambio de mando de la GN en Chilpancingo, estuvo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien llegó al cuartel acompañada por más de 20 elementos de seguridad.
Fiel a su costumbre, la mandataria estatal no aceptó las preguntas de los reporteros, quienes durante el acto fueron encerrados en un círculo rodeados de vallas metálicas.
Los reporteros pudieron salir hasta cuando los guardias de seguridad retiraron las vallas después de que Evelyn Salgado se retirara a bordo de su camioneta blindada.
En sesión solemne, el Tribunal Electoral entregó a Sheinbaum la constancia que la acredita como ganadora de las elecciones. Ella se comprometió a honrar la lucha de las mujeres por la paridad y aprovechó para defender la representación de Morena en la próxima Legislatura.
Texto: Ernesto Núñez Albarrán / Animal Político 15 de agosto del 2024
Luego de recibir la constancia que la acredita como ganadora de las elecciones del 2 de junio y presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció libertad, igualdad y respeto a la división de Poderes.
Sheinbaum se convirtió en presidenta electa a las 12:30 horas, cuando la magistrada Mónica Soto le entregó el pergamino con la constancia de presidenta electa, y de inmediato pronunció un discurso en el que destacó, por un lado, la importancia histórica de la primera ocasión en que México tendrá una mujer presidenta, y por otro, el significado de la continuación del proyecto político al que pertenece.
“No llego sola, llegamos todas. Llego nutrida y llena de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad. Y cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente, el porvenir de nuestra patria”, dijo.
Sheinbaum afirmó que es claro el mandato de los más de 35 millones de votos que obtuvo en los comicios del 2 de junio: seguir con la “cuarta transformación” que inició hace seis años el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Claudia Sheinbaum se convierte oficialmente en la primera presidenta electa de México. Foto: Fb Claudia Sheinbaum
Según dijo, la mayoría de los votantes optó por continuar con gobiernos honestos, un régimen democrático en el que se respeten los derechos de las personas y se procure el bienestar de todas y todos.
En su primer discurso como presidenta electa de México, Sheinbaum definió su mandato como la continuidad de un México de bienestar en el que se conviven como derechos, y no como privilegios, la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo y la pensión suficiente.
“El pueblo decidió que continúe la economía moral y no regrese el sistema neoliberal”, resumió.
Los mensajes políticos en la entrega de constancia de Sheinbaum
La presidenta electa aprovechó esta intervención para defender la estrategia de López Obrador en materia de seguridad. Aseguró que su compromiso es continuar con el combate a las causas de la violencia y abatiendo la impunidad.
“Lo haremos con estrategia, no regresará la guerra contra el narco, seguiremos construyendo paz con justicia”, enfatizó.
Aseguró que el mandato es, también, un México fraterno, sin discriminación ni clasismo, y un México democrático.
Al hablar de democracia, citó a Morelos (“la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo”) y a Benito Juárez (“la democracia es el destino de la humanidad; la libertad, su brazo indestructible”).
Y aprovechó para enviar un mensaje a las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes próximamente deberán asignar las diputaciones de Representación Proporcional, y a las magistradas y magistrados -ahí presentes-, que tendrán la última palabra en el polémico tema de la sobrerrepresentación legislativa.
“El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de Mayoría y de Representación Proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones, y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo”, sostuvo.
Emulando a López Obrador, Sheinbaum dijo que, además de la división de Poderes, es importante la división entre el poder político y el poder económico.
Y, sin aludir directamente a la reforma judicial que actualmente procesan Morena y aliados en el Congreso de la Unión, dijo que la justicia es, también, un verdadero sistema que sea igual para todas y para todos.
“Como titular del Ejecutivo, como primera presidenta, actuaré con honestidad, responsabilidad y respetando la independencia de los Poderes. Gobernaré para todas y para todos. Nadie debe temer a nada; al contrario, el futuro es promisorio.
“Estaremos a la altura de las circunstancias. Hago el compromiso de no defraudar y poner todo mi empeño, todo mi conocimiento, todo mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma, para servir a mi patria y al pueblo. ¡Que viva México!”, exclamó.
Quiénes acompañaron a la presidenta electa
La sesión solemne de la Sala Superior del TEPJF congregó a las cabezas de los tres Poderes de la Unión, entre ellas la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene públicas diferencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido.
Además de Piña, estuvieron presentes en la ceremonia el resto de integrantes de la SCJN: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Las ministras y ministros ocuparon un lugar en el salón de la Sala Superior, a lado de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y una docena de próximos integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum: Rosa Icela Rodríguez, Raquel Buenrostro, Alicia Bárcenas, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Juan Ramón de la Fuente, entre otros.
A Norma Piña, Claudia Sheinbaum la saludó de mano y con un beso en la mejilla, luego de hacer lo propio con Luisa María Alcalde y Guadalupe Taddei, quienes ocupaban −junto con la ministra− butacas en la primera fila.
También acudieron al acto los excompetidores de Sheinbaum en el proceso interno de Morena, y futuros legisladores, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.
Este último destacó la diferencia entre esta ceremonia y la de hace 18 años, cuando el panista Felipe Calderón recibió su acta de presidente electo, en el mismo lugar, en medio de un operativo de la Policía Federal ante el acecho de miles de simpatizantes de López Obrador, que se manifestaban denunciando “fraude electoral”.
“Qué diferencia con 2006”, dijo Fernández Noroña, quien encabezaba aquellas protestas y ahora será senador de la República.
A las afueras del Tribunal, algunos integrantes de la “marea rosa” y FRENAA se manifestaban en contra de Claudia Sheinbaum y Morena, alegando “fraude y dictadura”, pero su presencia era apenas percibida dentro del recinto.
Gritaron consignas cuando Sheinbaum llegó al Tribunal acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, pero no pudieron pasar las vallas metálicas con los que el recinto fue resguardado desde primera hora del día.
“México ha roto el techo de cristal”
Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, destacó que Claudia Sheinbaum será la primera mujer en asumir la máxima magistratura del país, después de 200 años de y 65 hombres en el cargo de la Presidencia de la República.
“México ha roto el techo de cristal”, expresó la magistrada, en una ceremonia plagada de simbolismos para la paridad sustantiva: estaban presentes la presidenta del Tribunal Electoral, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consejera presidenta del INE, la secretaria de Gobernación en funciones, las presidentas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y decenas de mujeres que próximamente asumirán cargos en el gobierno federal y el Congreso de la Unión.
Como invitadas especiales, estaban también la escritora Elena Poniatowska, la artista y activista Jesusa Rodríguez, la senadora Citlalli Hernández y la diputada electa Ifigenia Martínez, quien será la encargada de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en la toma de protesta del próximo 1º de octubre.
La Sala Superior, en la que transcurría la ceremonia, era también una muestra de paridad, con tres magistradas (la presidenta Mónica Soto, Janine Otálora y Claudia Valle, y tres magistrados: Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez).
Claudia Sheinbaum con las magistradas y magistrados del TEPJF que calificaron la elección presidencial| Foto: TEPJF
Incluso la escolta que portó la bandera para la ceremonia protocolaria, estaba conformada sólo por mujeres.
La magistrada presidenta aprovechó su intervención para defender el trabajo del Tribunal Electoral en los comicios y destacar la importancia del sistema judicial en el funcionamiento de la democracia.
Sin mencionar a la Corte o a algún otro actor político, la magistrada aseguró que el Tribunal defendió su autonomía e independencia ante el acecho de otros órganos jurisdiccionales.
Y dijo que, si algo garantiza el estado de derecho, la justicia y la igualdad, eso es la separación de los Poderes, la Constitución y sus leyes.
“Este acto encarna los principios fundamentales sobre los que construimos nuestra democracia”, señaló Soto, “desde esta alta tribuna judicial seguiremos trabajando para consolidar a nuestra nación como un país justo, paritario, incluyente”.
Luego de su discurso, Mónica Soto leyó la declaratoria formal de presidenta electa y, a las 12:38 horas, dio un golpe en la mesa con el mallete que usan los jueces para rubricar sus sentencias.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
Morena evade hablar del tema; el PRI pide que se investigue.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Oscar Guerrero/Archivo
Jueves 15 de agosto de 2024
Chilpancingo
La 63 Legislatura de Guerrero finalizará el próximo 31 de agosto, sin haber terminado la construcción de la biblioteca que comenzó en 2022, con una inversión de 49 millones de pesos.
En la imagen, los trabajos de demolición de la Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso local. El 16 de noviembre del 2022. Foto: Óscar Guerrero/Archivo
La obra inició en enero de 2022, pero en mayo de ese mismo año fue suspendida por falta de presupuesto, hasta que en el mes de diciembre subsiguiente, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo para reanudar los trabajos.
Aun así, la obra volvió a parar en 2023, y hasta la fecha, a unos días de finalizar el periodo de la legislatura en curso, la obra sigue abandonada.
El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, dijo desconocer el motivo de que la biblioteca del Congreso no esté terminada, pese a que ya se entregaron recursos, pero que no se ejercieron para reiniciar los trabajos.
«Es la Secretaría de Obras Públicas la encargada de esa obra (la biblioteca); y se destinaron recursos, pero no se ejercieron», reconoció en entrevista el funcionario estatal.
De acuerdo con proyecto, la biblioteca contaría con un salón de reuniones, salón de plenos, estudio de grabación, oficinas de atención, servicio médico, sindicato, oficina de equidad y género y de transparencia.
En enero de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de observaciones por un monto de 9 millones 600 mil pesos de los recursos que se ejercieron en la demolición y cimentación de la biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso del estado.
Este jueves 15 de agosto, los integrantes de la bancada de Morena, que son mayoría en el Congreso, hicieron un recuento de las iniciativas de ley que se aprobaron durante los tres años de la legislatura, pero evadieron hablar sobre el tema de la biblioteca.
«De ese tema (de la biblioteca) después hablamos», contestó la jefa de la bancada de Morena,Gloria Citllali Calixto Jiménez., quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, demandó que se realice una investigación sobre la construcción de la biblioteca.
«Desde un principio que se planeó esa obra (la biblioteca), había cosas muy raras; y luego vinieron las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que vinieron a confirmar lo que nosotros dijimos», expuso Héctor Apreza.
A menos de un mes de que concluyan su periodo constitucional, los diputados locales de Guerrero solicitaron al gobierno estatal una partida especial de 108 millones de pesos para otorgarse un bono de retiro cada uno de los representantes populares, según Sergio Montes Carrillo, integrante de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC).
«Sacando cifras, si el gobierno estatal entrega al Congreso los 108 millones de pesos a cada uno de los 46 diputados le corresponderá más de 2 millones de pesos de bono de retiro», calculó el emecista.
En un oficio firmado por el director de servicios administrativos del Congreso, Joanan Navarrete Cisneros, le solicita al secretario estatal de Administración y Finanzas del Gobierno, Raymundo Segura Estrada, su apoyo para que sea autorizada la ampliación y liberación de recursos al presupuesto de egresos una cantidad de 108 millones, 476 mil, 267 pesos.
El funcionario del Congreso argumenta que este recurso (los 108 millones de pesos) es «para atender en tiempo y forma con los compromisos en materia laboral derivado del término de la 62 Legislatura».
Para este 2024, el Congreso local ejerce un presupuesto de 676 millones 378 mil pesos.
«Es una pena que esta legislatura que concluye su mandato constitucional el próximo 30 de agosto y que ha sido una de las más improductivas en aprobar leyes en beneficio del pueblo, sus diputados exijan un bono de retiro», criticó Sergio Montes.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gloria Citlali Calixto Jiménez, reconoció que se solicitó al gobierno estatal una ampliación de presupuesto, pero que este recurso se va a destinar para pagar las liquidaciones a los trabajadores que se le termina su contrato laboral.
Rechazó que ese presupuesto extra sea para un bono a los 46 legisladores locales.
No se darán recursos extras al Congreso: secretario de Finanzas
El secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, confirmó que el Congreso solicitó un presupuesto extra de 108 millones de pesos, pero en el escrito oficial que recibió los diputados no explican a qué se va a destinar ese recurso.
«Es solo un oficio en donde me solicitan (el Congreso); y ahí no menciona bonos. Pero no se entregarán recursos extraordinarios», descartó el funcionario estatal.
Entrevistado por Amapola, Periodismo, Raymundo Segura señaló que este año, el gobierno del estado ha entregando el presupuesto al Congreso con puntualidad.
“¿Entonces no se justifica una ampliación del presupuesto al Congreso?”, se le preguntó al funcionario.
“No, porque no está presupuestado”, contestó.
Agregó que no es responsabilidad del gobierno estatal que la obra de la biblioteca del Congreso esté tirada y sin concluir desde el 2022.
«Se destinó un presupuesto (para seguir con la construcción de la biblioteca), pero no se ejerció por parte de (Secretaría) de Obras Públicas del gobierno estatal», aseguró el titular de Administración y Finanzas.
De acuerdo con documentos oficiales del Congreso, durante los años 2022 y 2023, se presupuestaron 40 millones de pesos para la construcción de la biblioteca, pero dicha obra está parada desde 2022.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) la tiene observada con un monto de 9 millones de pesos .
Los debates sobre la reforma al Poder Judicial dejaron fuera a las personas con alguna discapacidad, como pasa siempre en las discusiones importantes para el país. ¿Qué tienen que decir? En entrevista, Susana Gómez, integrante de la Coalición de Personas Sordas, adelanta algunas reflexiones
Texto: Isabel Briseño / Pie de Página 13 agosto del 2024 Foto: Cortesía CoPeSor
CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión sobre cuál es la reforma judicial que necesita el país parecía la oportunidad perfecta para, por fin, abrir el debate sobre las carencias estructurales que sufren las personas con discapacidad para acceder a la justicia. Sin embargo, esto no fue así.
“La estrategia de realizar foros públicos para acercar la información a las personas fue buena, pero como siempre, no se incorporaron las necesidades de las personas con discapacidad”, señala Susana Gómez, integrante de la Coalición de Personas Sordas (CoPeSor).
En entrevista, la activista hace un recuento de las carencias que reflejaron los foros sobre la reforma al Poder Judicial. Y también, la ausencia de mecanismos dentro del Estado mexicano para realmente garantizar el acceso a la información (y la justicia) para toda la población.
Foros inaccesibles reflejan olvido institucional
Para que las personas sordas pudieran tener acceso a la información sobre la reforma judicial, los foros donde se debatieron debieron incluir intérpretes.
El asunto no es menor, reflexiona Susana Gómez, pues la ausencia de intérpretes impidió que las personas sordas, por ejemplo, se enteraran de la propuesta, y por ende, las excluyó de participar.
“Casi ningún foro tuvo intérpretes de lengua de señas. Sólo el último, que fue el de Sinaloa, sí tuvo intérprete, pero no participaron personas con discapacidad”, explica Susana.
Ante esto, la Coalición de Personas Sordas solicitó a la Cámara de Diputados que se realizara, por lo menos, un foro enfocado a personas con discapacidad. El Poder Legislativo no respondió a la solicitud.
¿Por qué el Congreso no está consultando a personas con discapacidad?
«¿Por qué el Congreso no ha generado un espacio, un mecanismo (así como tienen las áreas de género), para que cuando se requiera, se consulte a personas con discapacidad?», cuestiona Susana Gómez, y su reclamo es totalmente válido.
Un ejemplo, explica, es que aunque desde 2005 la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como lengua nacional, en los órganos de impartición de justicia sigue sin haber intérpretes o la participación de personas sordas.
Éste desinterés se refleja en las convocatorias, como las de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, las cuales, critica la activista, no se presentaron en un formato accesible ni con antelación, un factor clave para garantizar el acceso a las personas con alguna discapacidad, pues siempre necesitan más tiempo para participar.
Aunado a esto, en los debates tampoco se discutió la violencia estructural que impide a comunidades concretas el acceso a la justicia. Y así, como las mujeres o los pueblos originarios fueron excluidos en las reflexiones, también pasó con las personas con alguna discapacidad.
Los obstáculos
En México, según el Censo Nacional de los Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal del NEGI, en 2023 existían 233 mil 277 personas privadas de la libertad o internadas. La cifra es la más alta desde 2017.
De éstas, se desconoce cuántas tienen alguna discapacidad, lo cual representa un riesgo, pues en muchos de los casos, explica Susana Gómez, los juicios se hicieron violando los procesos judiciales.
Muchos de estos casos, explica la activista, terminan llegando a la Suprema Corte, quienes determinan las violaciones al proceso que sufrieron las personas con discapacidad. Esto, algunas de las veces, tarda hasta 10 años, cuando es algo que debería atenderse desde el primer momento de un juicio.
“Hay casos de personas que están encarceladas sin un juicio justo, porque a veces es el mismo juez quien niega el intérprete adecuado», critica.
Como ejemplo, recuerda el caso de una mujer sorda y migrante, originaria de Guatemala, a la que detuvieron. Su caso es particular, pues aunque esa mujer tuvo acceso a un intérprete, no le fue de ayuda, porque como en las lenguas indígenas, la lengua de señas, también varía de acuerdo con el país.
“Es ridículo que tengamos protocolos que dicen que se necesitan personas de apoyo, y no existan esas personas de apoyo. O Inclusive, a veces los intérpretes, en el caso de personas sordas, no entienden nada del proceso judicial”.
Además de esto, otro obstáculo que enfrentan las personas con alguna discapacidad se encuentra en el momento de la denuncia.
Por ejemplo, recuerda Susana, desde hace dos años el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación recibió una queja porque las Fiscalías no tienen un mecanismo que permita hacer denuncias por videollamadas, con intérpretes que faciliten el acceso a la justicia. Hasta la fecha, la situación sigue igual.
“Lo más lamentable de todo es que no hay personal competente. Las personas sordas no saben en dónde pueden pedir un intérprete, que además sea competente en los temas de acceso a la justicia”, lamenta Susana.
¿Desinterés? ¿Falta de recursos? ¿O ambas?
La falta de intérpretes no es una casualidad, pues los trabajadores del Poder Judicial tienen muchos cursos disponibles sobre temas de derechos de personas con discapacidad. Sin embargo, acusa Susana, éstos cursos no son obligatorios, por lo que no hay una consecuencia para los jueces, o las autoridades encargadas, si no toman los cursos, o aplican ciertos protocolos.
Esta situación, añade, también devela otro mecanismo de exclusión: la falta de profesionistas del Derecho que sean sordos dentro de los órganos de impartición de justicia, lo que pone a relieve la exclusión de las personas con alguna discapacidad de los procesos formativos, o de su reconocimiento profesional.
Pese a esto, no todo es adverso, pues Susana reconoce que órganos como el Instituto de la Defensoría Pública ha tomado un papel importante en el tema de defensa de derechos de personas con discapacidad.
Esta institución, dice, ha retomado casos de personas con discapacidad, y «hacen lo mejor posible». Sin embargo, añade la activista, no cuentan con los recursos ni con el personal como para poder apoyar en todos los casos.
Por eso, para Susana, la base para paliar las desigualdades está en incorporar medidas de accesibilidad básicas, como el derecho a un intérprete. Pero también, la asignación de recursos para que esto sea posible, así como la obligación de todo funcionario en capacitarse al respecto.
Los pendientes
La discusión sobre la reforma judicial, aunque no les contempló, sigue siendo una gran oportunidad para hablar de los pendientes que hay para garantizar acceso a la justicia para personas con alguna discapacidad.
Para Susana, los pendientes pueden resumirse en tres grupos: el desinterés, la ignorancia, y la falta de accesibilidad.
“En el tema de discriminación a personas con discapacidad todavía no se comprende que el capacitismo funciona igualito que el machismo o que el racismo. Al final son sistemas de opresión que se basan en una exclusión de ciertas personas, con ciertas características”.
Como en el machismo y el racismo, reflexiona Susana, el capacitismo también está atravesado por el neoliberalismo. No basta, por ejemplo, que para las personas sordas ya haya intérpretes en noticieros o en las conferencias del presidente, sino que ésta capacitación debería ser pública, y no privada.
“Por ser población vulnerable, deberían de haber instancias públicas que se dediquen a la certificación y que no lo dejen a los privados”, apunta Susana.
Además de esto, cuando se atiende desde el sector público la necesidad de un intérprete, también, como todo trabajador, las personas con alguna discapacidad están a expensas de la precarización.
Esto, dice Susana, es porque dentro de las instituciones no existen espacios específicos para intérpretes o personal de apoyo para las diversas discapacidades, lo que provoca que, cuando están, estén dentro de contratos temporales o contratos por evento.
Otro problema que ve la integrante de CoPeSoR es que no ponen a los intérpretes en donde se necesitan.
Como ejemplo, critica lo que hace el Instituto Nacional Electoral, que pone intérpretes en las sesiones del Tribunal o el Consejo, pero «si alguna persona sorda tiene un problema con su INE, y va a algún módulo a pedir ayuda, no hay intérpretes”.
Y añade:
“Debería ser más fácil. Al final, los servicios que prestan los intérpretes, o cualquier otro personal de apoyo para personas con discapacidad, son servicios que se pagan con recursos públicos. Deberían de estar disponibles para quien los ocupe, y no ser limitativos de la institución a la que pertenezcan. Si se juntan el desinterés, la falta de voluntad y la falta de recursos, es una suma de todo”.
Susana González enfatiza que los foros sobre la reforma judicial son una gran oportunidad para que se abra el diálogo a los espacios públicos, pero pide que no se deje atrás a las personas con discapacidad:
“Toda esta apertura no va a servir si no hay forma de difundirlo a la población con discapacidad. El Poder Judicial debe garantizar los diversos apoyos”.
Este texto es original de Pie de Página y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Primera parte: Dos asesinatos, un destierro y un encierro
En este municipio de solo 15,000 habitantes hay dos personas que aspiraban a la presidencia municipal enterrados en el panteón de la cabecera, una candidata desterrada y desplazada con toda su familia y, finalmente, quien puede ser el alcalde y asumir el cargo el próximo 30 de septiembre, el teniente de fragata retirado Rogelio Lozano Pérez, está encerrado en su casa, en la que hay una operación policíaca para mantenerlo con vida.
El lunes pasado, alrededor de las dos de la mañana, fue asesinado el alcalde electo, el capitán de corbeta retirado, Salvador Villalva Flores, cuando regresaba de Ciudad de México a Copala a bordo de un autobús de pasajeros. El próximo 28 de junio se cumple un año del asesinato de Jesús González Ríos, quien aspiraba a ser candidato a la presidencia y fue privado de la libertad y al día siguiente apareció asesinado, y tiene dos meses y 20 días que Candy Espinoza Ríos, hermana de Jesús y candidata del PVEM a la alcaldía, se desterró de Copala con toda su familia, porque recibió un ultimátum de 24 horas para hacerlo.
La casa del presidente suplente electo queda a orilla de la carretera. Todo el que transita por la vía puede observar la operación policíaca para resguardar a Lozano Pérez. De pasada sólo se ve el frente resguardado, pero quien se adentra un poco a la primera cuadra paralela a la carretera y afina los sentidos percibe que hay vigilancia en los cuatro costados de la propiedad. Esta vigilancia es complicada hasta de documentarse en imágenes, porque tampoco se sabe qué otros sujetos vigilen el perímetro.
La casa de Lozano Pérez, desde el mismo lunes 22 de junio por la mañana que asesinaron a Villalva Flores, parece un destacamento de la Guardia Nacional. Esa misma mañana, cuenta, le notificaron por teléfono, a eso de las seis y media, que sería el próximo alcalde y para protegerlo llegarían elementos y patrullas de la GN, lo que ocurrió dos horas después.
Adentro y hasta el fondo del patio trasero, Lozano Pérez se mece en una hamaca. Parece despreocupado, pero es todo lo contrario. “El mayor temor es perder la vida”, se sincera el teniente retirado. Aparte de los elementos de la GN que lo vigilan las 24 horas, sus familiares: hermanos, primas, primos y amigos no lo han dejado solo ningún momento. Se turnan para acompañarlo en su casa y si alguien del núcleo familiar, la esposa o hijos, tiene que salir a algún mandado, por seguridad, no son ellos o ellas quienes salen, sino los conocidos y familiares que formaron un pertrecho humano alrededor del presidente suplente.
¿Cómo es que gobernar un municipio tan pequeño se convirtió en algo tan peligroso?
Segunda parte: La trama política y la trama criminal
Una tarde de abril pasado, Lozano Pérez recibió en su casa la visita de Villalva Flores. No eran raras esas visitas, de hecho, se frecuentaban mucho desde que regresaron a Copala, tras su retiro de la Secretaría de Marina porque coincidieron en Campeche, en donde ambos cumplieron la mayor parte de su servicio.
El presidente suplente electo de Copala, Rogelio Lozano Pérez, en su casa, la que está resguardada por la Guardia Nacional para proteger su vida.
Lozano Pérez cuenta que regresó a Copala en 2001, después de 31 años de servir a la Marina. Se jubiló como teniente de fragata, Villalva Flores como capitán de corbeta.
Fue esa tarde de abril que Villalva Flores invitó a Lozano Pérez para que se sumara a su planilla para buscar la presidencia municipal de Copala mediante el partido México Avanza, hasta ese momento desconocido para ambos, pero el que daba la oportunidad a Villalva Flores de lanzarse como candidato después de que el Partido del Trabajo lo hizo a un lado, no sólo como su candidato sino como su coordinador municipal. El PT registró primeramente a Adolfo Castro Mayo, quien se retiró, según anunció, por problemas de salud y terminó sumándose al candidato de Morena. El PT, entonces, sustituyó a Castro Mayo por Leo Monserrat Betancour.
Adolfo Castro Mayo fue asesor de la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalva, quien llegó en 2018 abanderada por el PRD, y se reeligió en 2021 por el mismo partido, pero al final de su segundo periodo, se pasó a Morena. En esta elección, García Villava fue la candidata de Morena al distrito décimo quinto de la Costa Chica, el cual ganó.
Por su cuenta, Lozano Pérez buscó ser candidato de Morena a la presidencia municipal, pero el partido guinda registró a José Luis Chávez Ventura, quien había sido en los dos periodos municipales anteriores tesorero del Ayuntamiento con Guadalupe García Villalva. En Copala no hubo alianza entre Morena, PT y PVEM, como a nivel nacional para la presidencia y en otros municipios de Guerrero.
Villalva Flores también era un amigo entrañable de Jesús González Ríos, quien aspiraba a ser candidato a la alcaldía por el PVEM y fue asesinado en junio del 2023. De acuerdo con la información recabada a partir de varios actores sociales en Copala, Villalva Flores se lanzó a ser candidato a la alcaldía porque gente del equipo que acompañaba a Jesús González Ríos le pidió participar, luego que Candy Espinoza Ríos, la hermana de Jesús, se retiró de la contienda por amenazas, pero entonces Villalva Flores se quedó sin el respaldo del PT y fue él quien buscó a integrantes de México Avanza para lanzar la candidatura por este partido prácticamente desconocido.
González Ríos, asesinado en 2023, quien también fue funcionario en la actual administración municipal, denunció que la alcaldesa y ahora diputada local electa lo había amenazado de muerte. Esa denuncia pública se dio a conocer la tarde que González Ríos fue privado de su libertad. El video fue grabado dos días antes. Sus familiares tenían la indicación de hacerlo público si algo le pasaba.
“Para ser exactos desde el día primero de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, Guerrero, la química Guadalupe García Villalva, me manda a amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino, para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”, dijo Jesús González en el video que se difundió por Facebook. Al día siguiente, alrededor de las ocho de la mañana, su cadáver fue hallado en la Laguna de Chautengo, en el municipio de Florencio Villarreal, con la cabeza decapitada y el rostro desollado.
Un 4 de abril, Candy Espinoza, quien fue registrada como candidata a la presidencia por el Partido Verde, anunció que se retiraba de la contienda. Dijo, en ese momento, que no había recibido apoyo para su seguridad de parte del gobierno estatal. Un día antes de retirarse, el esposo de Candy, estuvo desaparecido por varias horas, regresó golpeado y con el mensaje para Candy de retirarse de la contienda y de Copala. Allegados al partido cuentan que le dieron a la candidata 24 horas para desaparecer de Copala. Desde entonces, Candy Espinoza y toda su familia están desplazados. El PVEM se quedó sin candidata y no registró a nadie más porque eso también fue parte de la advertencia para salir vivos.
En Copala hubo cinco candidatos y candidatas a la presidencia municipal: Villalva Flores, del Partido México Avanza, quien obtuvo 2,819 votos; José Luis Chávez Ventura, de Morena, con 2,444 sufragios; Juan Carlos Romero Aparicio, del Partido del Bienestar Guerrero, con 1,154 votos; Miriam Padrón Gutiérrez, de la alianza PRI, PAN y PRD, quien recibió 128 sufragios; Leo Monserrat Betancour, del PT, quien sólo tuvo 137 votos y Salma Alexia Miranda Villalva, de Movimiento Ciudadano, quien no recibió ningún voto.
José Luis Chávez, el candidato de Morena, fue el tesorero en las administraciones municipales de García Villalva, Miriam Padrón de la alianza PRI, PRD y PAN fue secretaria de la Mujer en la primera administración de García Villalva y, en la segunda, directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Leo Monserrat, del PT, es la hija del principal asesor de García Villalva, y Juan Carlos Romero, el candidato del Partido del Bienestar, yerno de otro de sus asesores. Salma Alexia Miranda, de MC, es hija de Teresa Villalva, prima de García Villalva. Ganó Villalva Flores, el único candidato que no estaba ligado a ella.
“Aquí en Copala todos la vimos a ella (Guadalupe García) invitando a la gente a formar las planillas de los diferentes partidos y los que iban al frente de esas planillas todos eran sus allegados, menos el capitán Salvador Villalva”, contó un habitante este sábado.
Otro testimonio: “en la elección había una descarada simulación por parte de la presidenta manipulando a su antojo todas las piezas de los partidos”.
En sus redes sociales, algunos de estos candidatos y candidatas a la presidencia municipal publicaron fotos juntos. En una de esas fotos, como si no fueran adversarios políticos en competencia, Salma Alexia, Miriam Padrón y José Luis Chávez se levantan los tres las manos en señal de triunfo.
Jesús González también fue parte de la administración de García Villalva. Fue secretario de Obras Públicas y la apoyó en su campaña en 2018, pero en 2021, Jesús buscó la presidencia postulado por el PVEM y García Villalva se reeligió, otra vez, por el PRD. Testigos de Copala aseguran que Jesús y Guadalupe se pelearon porque él decidió buscar la presidencia después de que ella se lanzó para la reelección a pesar de un supuesto acuerdo de que el sería el candidato por el PRD en 2021 y ella lo apoyaría. Otros testimonios indican que García Villalva despidió a González Ríos cuando se dio cuenta que daba cemento a la gente para ganarse su apoyo para su futura candidatura.
El capitán de corbeta retirado no dejó ningún video sobre el origen de las amenazas bajo las cuales llevó a cabo su campaña, pero en Copala, cuando se supo de su asesinato, culparon a García Villalva. La tarde del sepelio, el martes 17 de junio, llegó para acompañar el cortejo fúnebre. En cuanto la vieron, los dolientes gritaron justicia. Le pidieron que se saliera, que respetara el dolor, ella se mantenía a un costado del ataúd. Un familiar gritó que nadie avanzara más, que ella y la gente que la acompañara caminara sola. Después de unos minutos de que la marcha se detuvo por completo, García Villalva se retiró.
Salvador Villalva Flores y Guadalupe García Villalva son primos. El papá de Salvador y la mamá de Guadalupe García son primos hermanos. En el Ayuntamiento de Copala hay varios funcionarios de la familia Villalva. Algunos, incluso, son familiares con lazo familiar más directo con Salvador que con Guadalupe.
Cuando la alcaldesa con licencia llegó al funeral de Salvador dijo que iba a acompañar a su familia por la pérdida.
Tercera parte: Negocio y muerte
Algunos habitantes de Copala consideran que llegaron a este punto de violencia por el negocio de la venta de las drogas. Hay niños y jóvenes adictos, más que otros años. Estos jóvenes se hicieron adictos a alguna sustancia ilícita en Copala. Hace una década, los adictos a alguna sustancia eran los jóvenes que se iban a trabajar a Estados Unidos, los actuales se hacen adictos en el mismo pueblo, lo que quiere decir que las sustancias ilícitas las tienen al alcance, probablemente por la existencia de una red de suministro local.
Los habitantes relacionan este aumento de consumo de drogas con la llegada de Guadalupe García Villalva a la presidencia municipal, en 2018. Con la presidenta suplente y ahora diputada electa también se acentuó la violencia física. Copala se convirtió en un municipio como Acapulco en cuestión de violencia. Las noticias de personas asesinadas, de hallazgos de cadáveres con signos de tortura y de balaceras se hicieron frecuentes. Los asesinatos del aspirante a la presidencia municipal, del alcalde electo y el destierro de la candidata del PVEM ocurren en un escenario de violencia recurrente y cotidiana.
El panteón de Copala en el que descansan un aspirante y un alcalde electo.
Copala se localiza al sureste del estado de Guerrero, donde ocupa un rinconcito en el litoral del Océano Pacífico. Cuenta con 14,463 habitantes, de los que 51.7 por ciento son mujeres y 48.3 por ciento hombres. Las y los habitantes de Copala se dedican principalmente a la agricultura, ganadería y pesca. Producen principalmente maíz, frijol, papayas, plátanos y mangos.
Del 2019 a la fecha, la actividad turística en Copala comienza a despuntar desde la construcción de la carretera que conecta Playa Ventura con Playa Azul, dos de los destinos turísticos importantes de la Costa Chica, los cuales pertenecen a este municipio pequeño. Se trata de una vía de 19 kilómetros de extensión a lo largo de la cual comienzan a surgir hoteles, clubes acuáticos, restaurantes y bares. De acuerdo con la promoción del gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, de 2015 a 2021, el binomio Playa Ventura-Playa Azul se busca detonar como el cuarto polo turístico de Guerrero. La zona conocida como la Nueva Costera es un área boyante que apenas florece.
En Copala, de acuerdo con un mapa criminal elaborado por el gobierno estatal, el grupo del crimen organizado Los Rusos, en alianza con Los Caborca, controlan el territorio, aunque gente local asegura que el grupo Los Ardillos, el que tiene control sobre parte de la zona Centro y Montaña baja, pelea a Los Rusos el control político y económico.
Aspectos de la tumba del alcalde electo de Copala en el panteón municipal.
El municipio de Copala tuvo como presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, 14 millones 419 mil pesos. Algunos actores sociales y políticos de este municipio costero aseguran que el control de esos recursos es parte del botín que disputan los grupos del crimen organizado.
Cuarta parte: El entierro y el encierro
Del asesinato de Villalva Flores, Chava Loco, como aquí conocían al capitán de corbeta, la gente de Copala no entiende por qué el marino retirado hizo ese viaje imprevisto a la Ciudad de México, sin resguardo policíaco, y por qué tomó un autobús para llegar en la madrugada, solo él y su esposa. Villalva Flores se ganó ese apodo porque era alegre de forma escandalosa. Le gustaba su apodo. Tenía una carnicería cuya razón social era esa.
¿A qué fue a la Ciudad de México? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo sabían que venía en ese autobús?
La respuesta a estas dudas son el enigma en el que se entretienen los habitantes de Copala desde el lunes que se enteraron del asesinato. En redes sociales de allegados a Villalva Flores circula la foto del capitán retirado asesinado. Está sentado, pegado a la ventanilla. Un hilillo de sangre le escurre del cuello al pecho. Trae una gorra.
La esposa del capitán retirado está resguardada. Sólo ella sabe a qué fueron a la Ciudad de México y renunciaron a la vigilancia de sus guardias, como informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente suplente electo también lo desconoce.
¿Usted sabe por qué fue Villalva Flores a Ciudad de México y a qué? –se le pregunta a Lozano Pérez.
El teniente retirado asegura desconocerlo.
Lozano Pérez está dispuesto a vivir con la casa rodeada de elementos de la Guardia Nacional de aquí hasta el 30 de septiembre que, de acuerdo con la ley electoral local, rendirá protesta como alcalde. Después, dice, él mismo se generará la estrategia y la operación para su seguridad. Tiene experiencia: 31 años como teniente.
Desde la mañana del lunes 17 de junio que recibió la llamada de que sería el presidente ante el asesinato de Villalva Flores, sólo salió el martes para acompañar un rato el cortejo fúnebre de Chava Loco. Después el encierro total para él y su familia.
Tiene planes para Copala. Quiere que se convierta en un municipio próspero y resolver lo de la violencia. Lozano Pérez también formó parte de la primera administración de Guadalupe García Villalva, en el área de Catastro Municipal.
En Copala, la mayoría de la militancia de Morena emigró a otros partidos, cuando se dio el anunció de que Guadalupe García Villalva sería la candidata a la diputación local, principalmente los fundadores, entre ellos Elizabeth Sosa Pacheco, quien fue la candidata de México Avanza a la diputación local, lo que la hizo adversaria de García Villalva.
Elizabeth Sosa Pacheco hizo una campaña de bajo perfil, sobre todo, después de que recibió amenazas cuando hacia campaña en Juchitán, municipio que pertenece al décimo quinto distrito electoral.
“Me dijeron que me dejara de hacer la valiente porque me iba a cargar la chingada”, cuenta la ex candidata. Desde ese día hizo campaña virtual porque aunque denunció las amenazas nunca llegaron elementos para resguardarla, lo que sí ocurrió en el caso de Villalva Flores. El capitán retirado tenía elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
Elizabeth Sosa también desconoce porque Villalva Flores, quien ya era alcalde electo, fue a Ciudad de México sin resguardo y regresó de madrugada. En Copala se rumora que lo mandaron llamar de la Marina, porque querían hacerle un homenaje, pero sólo es un rumor.
La foto del alcalde electo asesinado indica que el capitán retirado no tuvo tiempo de reaccionar. Al parecer estaba dormido. Eran las dos de la madrugada cuando interceptaron el autobús en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado San Pedro Las Playas, zona rural de Acapulco. Está sentado en posición relajada, con la cabeza inclinada sobre el hombro derecho.
En el panteón de este pueblo de sólo 15,000 habitantes hay dos personas que aspiraban a ser presidentes municipales enterrados. Uno es Jesús González Ríos. El próximo 28 de junio cumple un año; está enterrado en la parte antigua del panteón.
Salvador Villalva Flores fue enterrado en una zona que le llaman el panteón nuevo, que en realidad es una extensión del antiguo.
Rumbo a la presidencia municipal, dos amigos están enterrados, Candy Espinoza desterrada y Lozano Pérez encerrado.
