En su edición de este viernes el Periódico Oficial de Guerrero publicó la reforma al Código Penal que contempla la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.
Dicha reforma que aprobó este martes 17 de mayo el Congreso local se convirtió en ley ya entra en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.
El decreto que es firmado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se lee, “Decreto número 180 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de guerrero, número 499, en materia de aborto”.
En la publicación se explica que con la reforma al Código Penal del estado se reformaron los artículos 154, 155, 156, 157 y el 159 de dicho Código.
De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa y que están publicados en el Periódico Oficial la reforma a los artículos del Código Penal es para armonizarse con la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la NOM-046 de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
También explica que dichas reformas formaron parte de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo, además de una serie de recomendaciones derivadas de las dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Con la publicación del decreto en el Periódico Oficial el aborto deja de ser un delito y la mujer que decida practicárselo antes de las 12 semanas de gestación podrá hacerlo sin necesidad de presentar una denuncia por violación ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC).
Este martes durante la sesión del Congreso que debatían sobre esta reforma al Código Penal, grupos religiosos de Provida, dijeron que esperaban que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no firmara el decreto para despenalizar el aborto.
Con la reforma al Código Penal, Guerrero se convierte en el octavo esta del país en despenalizar el aborto, detrás de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima.
Entre bengalas verdes y moradas, mujeres feministas celebraron con abrazos, baile, llanto y gritos la despenalización del aborto en Guerrero, fuera de las instalaciones del Poder Legislativo.
En una pequeña computadora y un aparato de sonido monitorearon desde la puerta del estacionamiento del Congreso la sesión que se desarrolló dentro del pleno.
“Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo se aprueba el dictamen”, se escuchó decir a Flor Añore Ocampo por una bocina cuando las mujeres feministas gritaron de la emoción.
Muchas se abrazaron y entre llantos de emoción se decían “Lo logramos”.
Frente a ellas, grupos religiosos y pro vida se manifestaron contra de los diputados por aprobar la reforma a los artículos 158 y 159 del Código Penal del Estado.
«Si te hubieran abortado no serías diputado», «Tu mamá dijo si, por eso estás aquí», gritaban los religiosos que al igual que las colectivas feministas se concentraron desde muy temprano fuera del Congreso.
Ambos grupos estaban a 20 metros de distancia, pero ya por la tarde cuando ya las y los diputados debatían en el salón de sesiones el dictamen de la despenalización del aborto algunos jóvenes de Provida se acercaron cerca de las feministas repartiendo volantes a los automovilistas.
Pero no hubo pleito, solo algunos gritos.
«Saquen sus rosarios para mis ovarios», gritaban las feministas.
«Si a la vida, no a la muerte», contestaban los religiosos.
Poco después de las once de la mañana, la legisladora local priísta Julieta Fernández -que ha sido la promotora de las protestas del grupo de Provida- dialogo con el grupo religioso.
Posteriormente la diputada se dirigió a la puerta del estacionamiento del Congreso donde estaba el grupo de las colectivas feministas quienes al verla le gritaron: «no nos representas, no nos representas».
Fernández alzó la mano derecha en señal de saludo y les envió un beso cuando ya estaba en el pasillo del estacionamiento.
El momento del clímax empezó cerca de las 4 de la tarde cuando las colectivas feministas vieron a través de la trasmisión de la sesión del Congreso que empezaba el debate del dictamen de la reforma del Código Penal.
Las mujeres estuvieron atentas a lo que sucedía adentro del salón de sesiones. Abuchearon a los priístas Julieta Fernández y a Jesús Parra cuando hablaban en tribuna en contra de la reforma.
A las 5 con 31 minutos, la feministas estallaron en júbilo cuando el secretario de la mesa directiva del Congreso, Jaoquín Badillo Escamilla informaba el recuento total de votos.
Para las colectivas lo que sucedió en el Congreso fue resultado de una lucha histórica de 30 años atrás que comenzó con los primeros grupos feministas que buscaron la igualdad de derechos para las mujeres guerrerenses.
Pero mientras las feministas festejaban, los grupos religiosos despotricaban contra las y los diputados que habían aprobado el dictamen.
«Ellos (los diputados) no se van a ir al cielo», decían algunas de sus consignas.
Uno de los dirigentes de Provida, aseguraba que él milita en las filas de Morena pero que le daba verguenza que las y los legisladores morenistas hubieran votado a favor de una reforma que atenta contra los valores humanos y de la vida.
«Yo espero que la gobernadora (Evelyn Salgado) ordene que no se publique en el Periódico Oficial esta reforma para que no entre en vigor», dijo el religioso.
Pero para los del grupo Provida era ya un día de luto, para las feministas, era un día histórico de una lucha que han dado muchas mujeres de Guerrero.
María Garfias Marín, ex diputada local del desaparecido PRT, catedrática de la UAG y emblemática líder de las luchas feministas en Guerrero, decía que fueron 30 años de buscar este anhelo.
Este martes 17 de mayo, las mujeres estuvieron 10 horas fuera del Congreso esperando la culminación de esta lucha.
Durante ese tiempo (diez horas) las mujeres feministas bailaron canciones y gritaron consignas a favor del aborto.
En medio de las protestas el resguardo policial se hizo presente. Elementos de la Policía Estatal resguardaron en todo momento los alrededores del Congreso.
Después de la votación los colectivos feministas bloquearon por unos minutos la avenida y marcharon pocos metros en ambos sentidos para celebrar la determinación del congreso.
“Las mujeres que nos antecedieron hace 30 años en esta lucha abrieron el camino para que hoy esto fuera posible, y después de que hace 15 años en la Ciudad de México se hizo legal logramos conseguir eso para Guerrero” dijo Viridiana Gutiérrez, integrante de la Red Guerrerense a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres.
Por su parte los grupos pro vida, representados por Gerardo García Sánchez, representante de la Asociación Nacional de Padre de Familia dijo que lo que hoy hicieron los diputados fue una traición al electorado que los apoyó con su voto en 2021 y que no desistirán en su lucha por defender las dos vidas.
“Les queremos decir a esos diputados de Morena que no se confíen, sabemos quienes son y nos vamos ver las caras en el 2024”, dijo.
Ya casi anochecía y los grupos religiosos se retiraron del lugar.
Las feministas seguían festejando. Bailaban, gritaban y se tomaron uno que otro mezcal.
Para cerrar con broche de oro su alegría las feministas hicieron una proyección virtual sobre la fachada del Congreso con la siguiente leyenda con letras verdes: «Es ley, Guerrero».
Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y uno nulo, el Congreso de Guerrero reformó el Código Penal del estado que legaliza el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
Texto: Jesús Guerrero y Arturo de Dios Palma
Fotografía: Amílcar Juárez
Chilpancingo
La larga espera terminó. A las 2 de la tarde de este martes comenzó la cuenta regresiva. No había vuelta atrás. La sesión que se postergó por semanas inició y los diputados y diputadas discutieron y votaron la despenalización del aborto.
Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y uno nulo, el Congreso de Guerrero reformó el Código Penal del estado que legaliza el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
Después de casi 15 años, de tres iniciativas, en el pleno del Congreso se aprobó la iniciativa que presentaron en enero pasado las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez.
Fue una jornada larga que comenzó muy temprano. A las 8 de la mañana un grupo de 20 feministas tomaron el acceso principal del Congreso. Lo cercaron con pañuelos verdes. Esta vez actuaron más rápido que los grupos provida, que semanas atrás habían ganado ese espacio.
La toma del acceso por parte de feministas garantizó la entrada de los diputados y diputadas, trabajadores y reporteros.
La sesión estaba convocada para las 11 de la mañana, pero inició casi tres horas después. Dentro y fuera del Congreso la tensión estaba centrada en el inciso b del punto cuatro del orden del día: el dictamen de reformas al Código Penal.
La sesión comenzó, en hora y media se desahogaron varios puntos del orden del día que en esta ocasión no robaron ninguna atención. Eran las 3:24 de la tarde y llegó el punto de la despenalización. Era la hora que habían tratado de evitar durante varias semanas y años.
La Mesa Directiva propuso dispensar la segunda lectura del dictamen e iniciar de inmediato la discusión y votación. 31 diputados y diputadas estuvieron a favor. La discusión comenzó.
En la lista de oradores se anotaron nueve legisladores y legisladoras, cinco a favor y cuatro en contra. La discusión duró una hora y media. Subieron a ratificar sus posturas.
Los priistas Jesús Parra García, Julieta Fernández Márquez, la panista Ana Lenis Reséndiz Javier; y la perredista, Yanelly Hernández Martínez, dieron sus argumentos en contra del dictamen.
Parra García dijo que no se podía aprobar el dictamen porque el proceso legislativo fue irregular. Como presidente de la Comisión de Justicia siguió su teoría del «albazo legislativo».
Denunció que el dictamen se aprobó de forma ilegal por los diputados Beatriz Mojica, Estrella de la Paz, de Morena y el perredista Bernardo Ortega.
Luego dijeron que con la despenalización en Guerrero se asesinará “tumultos” de niños; uno más aseguró que tras el aborto legal hay un gran negocio que deja ganancias “millonarias” a grandes empresas de “4 millones de pesos al año”. Que la iniciativa Spotlight de la ONU financia con recursos del extranjero a laboratorios que se dedican a realizar abortos en México.
A favor participaron las tres diputadas de Morena que propusieron la iniciativa, Mojica, Calixto y Velázquez. Denunciaron el hostigamiento al que fueron sometidas; contaron que recibieron decenas de mensajes intimidatorios, incluso, la advertencia de la iglesia de ser excomulgadas.
Velázquez fue contundente, dijo que los diputados y diputadas que se oponían al dictamen no tenían calidad moral ni ética para oponerse a las libertades de las mujeres.
«Interrumpirán su embarazo quien así lo decida, no vengan con argumentos falaces que encubren adoctrinamiento y recriminación religiosa a cuestionarnos incluso nuestra propia religiosidad para echarnos en cara de que las mujeres debemos ser sumisas y aceptar la voluntad divina de un violador», dijo Velázquez.
También, casi de forma didáctica, explicaron que con la despenalización ninguna mujer estará obligada a practicarse el aborto; que es un derecho, una libertad de las mujeres; que la despenalización no está contra la vida.
La discusión terminó y la Mesa Directiva anunció la votación. Los diputados del PRI intentaron obstruirla, como último recurso cuestionaron la forma en que se realizaría: en voto secreto. La priísta Alicia Zamora exigió que fuera de manera económica, es decir a mano alzada. Pidió que se leyera un artículo de la Ley Orgánica del Congreso que establece la forma en que se debe de votar reformas de ley.
Visiblemente nerviosa, la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve, le pidió al secretario Joaquín Badillo que leyera la petición hecha por la Junta de Coordinación Política de que la votación fuera por cédula.
Badillo leyó el documento y en ese momento Alicia Zamora le exigió que dijera quien había firmado el documento.
Badillo se turbó y contestó que la firma era del morenista Alfredo Sánchez Esquivel en calidad de presidente de la Jucopo.
«Usted está permitiendo que se cometa una ilegalidad porque un documento como ese no debe de ir firmado sólo el presidente de la Junta», reclamó.
Poco después Badillo rectificó y leyó la página adjunta del documento en donde iban las firmas del perredista Raymundo García y la de la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, junto con la de presidente de la Jucopo.
Comenzó la votación. Uno a uno de los diputados y diputadas pasó hasta la tribuna a emitir su voto en la urna. Muy pocos mostraron su voto, entre ellas la priista Gabriela Bernal, que desafió la línea que impuso su partido: votó a favor.
En cuanto se supo el resultado, en el acceso del Congreso estalló la alegría. Cientos de feministas brincaron, cantaron, bailaron, lloraron.
“Compañeras primero vamos a agradecer a todas las feministas que hemos puesto el cuerpo, el corazón y la lucha para que hoy sea ley en Guerrero. Guerrero no se podía quedar atrás, en Guerrero no se podía seguir violando ese derecho a las mujeres. Mucha gente nos dijo que no se podía, mucha gente nos dijo que era imposible, muchos atentaron contra este proyecto que hoy está dando dignidad a las mujeres. Por todas las víctimas es esta lucha. Por todas las niñas es esta lucha. Incluso es por las que están en contra de esta lucha. Era justo que nos dieran un poco de esperanza en medio de tanta violencia en la que estamos inmersas.”, dijo la feminista Viridiana Gutiérrez Solano.
De forma improvisada comenzaron una marcha en torno al Congreso. Fue reducida, desorganizada pero diferente a todas las demás: esta vez fue de alegría, no de coraje, de indignación, de dolor, de denuncia, como es casi siempre que salen a exigir justicia por los feminicidios, por las desaparecidas, por los matrimonios forzados de niñas o porque las autoridades no escuchan sus gritos de auxilio, por la lacerante impunidad.
Guerrero se convirtió en el octavo estado en despenalizar el aborto. Este martes los diputados y diputadas no tenían muchas salidas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga a legislar para que a ninguna mujer se le criminalice que decida abortar de manera voluntaria y, también, porque la segunda Alerta de Violencia de Género (AVG) decretada en el estado ordena homologar el Código Penal con la NOM-046 para que las mujeres accedan a servicios de salud de calidad, sobre todo, las que sufrieron una violación sexual.
En la escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en la colonia Trinchera en Chilpancingo, lo único que quedó de este programa es un letrero alusivo a este plan.
En Guerrero desde el 2021 el gobierno federal dejó de enviar recursos para mil 382 escuelas que desde hace más de una década estaban en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.
En este programa que consistía en alargar el horario académico y de darle alimentación a los niños de educación básica se ejercían 600 millones de pesos cada año.
«Pero esos recursos ya no los hay porque la Federación dejó de enviarlos y el gobierno estatal no lo puede absorber porque no hay presupuesto», señaló el Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) Ricardo Castillo Peña.
El funcionario estatal dijo que el programa de Escuelas de Tiempo Completo dejó de operar durante la pandemia del Covid-19, o sea en el 2021 pero que en este 2021 pese a que ya empezaron las clases presenciales el gobierno federal tampoco envió recursos.
«Se requieren 600 millones de pesos para reanudar el programa de escuelas de tiempo completo y eso no está en el presupuesto pero esperamos que en el 2023, si», dijo.
Eran 143 mil los niños de escuelas de preescolar y primaria beneficiados.
«Se les daba comida caliente a los niños y era un buen programa pero lamentablemente desapareció», afirmó.
Castillo Peña dijo que seguramente esos recursos que se utilizaban para este programa de Escuelas de Tiempo Completo fueron destinados para la compra de las vacunas contra el Covid-19.
Dijo que es posible que haya una petición formal del gobierno estatal a la Federación para que este programa regrese en el próximo ciclo escolar.
Padres de familia piden que regrese programa
En la escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en la colonia Trinchera de esta ciudad, lo único que quedó de este programa es un letrero alusivo a este plan.
Este programa que desde el 2008 operaba en esta escuela resolvía algunas de las necesidades de los padres de familia: sus hijos recibían alimentos de manera gratuita además de que tenían más horas de aprendizaje académico.
En febrero de este año la SEP dio a conocer la desaparición de Escuelas de Tiempo Completo, pero después dio marcha atrás en esta decisión.
«A los padres les beneficiaba mucho este programa porque mientras ellos se iban a trabajar al centro de la ciudad aquí dejaban a sus pequeños sin preocuparse de su alimentación y además tenían más horas de clases», señaló la profesora Evangelina Flores.
«A los niños se les daba su sopa, guisado, agua y fruta de temporada y todo este menú alimenticio estaba coordinada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán», expresó.
Cuando este programa existía el horario de clases de los niños era de 8 de la mañana a las 15 horas.
Cuenta que la matrícula de la escuela era de más de cien niños pero con la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo bajó hasta 81 alumnos.
Desde el pasado 2 de mayo en esta escuela empezaron las clases presenciales con un horario de ocho de la mañana a las 12 con 30 minutos.
A partir de ese día los padres de familia le deben de dar a sus hijos su lounch.
En el patio del edificio escolar siguen abandonados los dos comedores en donde a los niños les servían sus alimentos cuando existía el programa de Tiempo Completo.
«Los niños estaban bien alimentados porque la comida que se les daba tenía muchos nutrientes y eso se reflejaba en su nivel académico», según la directora Evangelina Flores.
La maestra recordó que algunas veces pidieron a las autoridades educativas una explicación del por qué les retiraban del programa y la contestación fue de que ya no era necesario porque no estaban en clases presenciales.
Mencionó que también a los maestros les afectó el retiro del programa de Escuelas de Tiempo Completo porque les daban un pago extra cada cuatro meses por las horas extras de clases que impartían.
«Nosotros en pandemia del coronavirus trabajamos todo el día frente a la computadora dando clases de manera virtual a nuestros alumnos», se quejó la directora.
Recuerda que en alguna ocasión directores y directoras de 80 escuelas de primaria y de preescolar de Chilpancingo, Tixtla y otros municipios cercanos tuvieron una reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero para pedirles el regreso del programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Eso ocurrió durante el 2021 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores.
«Nunca nos dieron una explicación clara y solo nos dijeron que ya no había dinero», externó.
«Yo le hago un llamado a las autoridades que regresen el programa porque al desaparecerlo están afectando a la gente más pobre», dijo.
Silvia Ocampo Romero madre de familia que tiene dos niños estudiando en la escuela «Gregorio Torres Quintero», señaló que el programa de Escuelas de Tiempo Completo no solo les beneficiaba a los estudiantes sino también era un gran apoyo para ellos como padres.
«Aquí nuestros hijos desayunaban y eso era un apoyo muy importante para nosotros porque era una ayuda a nuestra economía», expresó Ocampo.
Dijo que otra cosa importante que tenía este programa es de que los niños tenían más tiempo en clases y aprendían más.
«Ya pasó la pandemia (del Covid-19) pues ahora que el gobierno regrese este programa porque en esta colonia todos somos muy pobres», dijo.
Teófila Díaz dijo que a las madres o padres solteros les beneficia mucho porque aquí dejan en la escuela a sus hijos y no tenían de que preocuparse por darles de comer porque aquí se les daba.
«Que el gobierno regrese sus ojos aquí para vernos y que el programa (Escuelas de Tiempo Completo) lo reactive», pidió la señora que tiene dos niños estudiando en esta escuela.
La colonia Trinchera está ubicada al suroeste de Chilpancingo en donde la mayoría de sus habitantes son migrantes de municipios de la región de la Montaña.
Es una demarcación precarista en donde se carece de una red de drenaje y sus calles están sin pavimentar.
La mayoría de las familias son vendedores ambulantes del centro de la ciudad.
Poco después del 2010, el gobierno construyó el edificio de la escuela después de varios años de lucha que dieron los padres de familia y maestros.
Muchos años los niños recibían clases en galeras.
«Hoy el gobierno que es distinto al PRI nos arrebató este programa (Escuelas de Tiempo Completo) que era algo que nos ayudaba en algo en nuestra economía porque nuestros niños tenían cuando menos algo en el estómago», dijo la señora Teófila Díaz.
Fotografía: Oscar Guerrero, Vania Pigeonutt y Yaretzi Pigeonutt
25 de enero del 2022
Ciudad de México y Chilpancingo
Al final de la protesta frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) los colegas proyectaron en la pared principal de la dependencia: “No se mata la verdad matando periodistas”.
Velas y altares en forma de fotos en tendederos con rostros de las y los periodistas asesinados en México relucieron en la protesta nacional de periodistas en la capital del país, que de acuerdo a la organización Artículo 19 suma 148 comunicadores asesinados del año 2000 a la fecha; con Andrés Manuel López Obrador van 28 periodistas asesinados.
En enero han sido asesinados tres periodistas: José Luis Gamboa apuñalado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana a balazos. Ella estaba en el mecanismo estatal de protección a periodistas.
La movilización se llevó a cabo en 65 ciudades de estados como Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, hasta Chiapas y otros estados. Fueron 30 estados los que alzaron la voz contra la injusticia gremial y las agresiones contra los periodistas.
La organización de más de 300 periodistas se dio desde WhatsApp. Periodistas como Alejandro Castro, de Yucatán, organizaron un chat en el que colaboraron con ideas, organización y articulación periodistas de todos los estados. “Es algo emotivo, pero a la vez nos hace ver nuestra propia vulnerabilidad”, dice Castro.
En las participaciones en Segob, los periodistas frente al memorial-tendedero de las fotografías de Gregorio Jiménez, Francisco Pacheco, Regina Martínez, Javier Valdéz, Miroslava Breach, entre otros periodistas cuyas imágenes fueron proyectadas en la pared de la dependencia federal, leyeron un pronunciamiento en el que mencionaron las condiciones precarias en las que hacen su labor, además de ser México uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.
“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”.
En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades, detallaron.
En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.
Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.
Los periodistas también pidieron justicia y que funcione realmente el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Aunque la protesta se prolongó hasta casi las 10 de la noche, no salió ninguna autoridad a atender a los periodistas.
En Guerrero
Para exigir el esclarecimiento de los tres periodistas asesinados en este mes de enero, dos en Tijuana, Baja California y uno en Veracruz, reporteros de Guerrero protestaron en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo.
Aquí en Chilpancingo, los trabajadores de los medios realizaron un mitin afuera de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) y prendieron veladoras en señal de luto.
La periodista Alina Fernández, dijo que ya no se debe de permitir ni un asesinato más contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Dijo que en este mes de enero han sido asesinados tres periodistas; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, Baja California y José Luis Gamboa, éste último en Veracruz.
Señaló que actualmente los periodistas enfrentan dos graves riesgos: trabajar en zonas silenciadas por la delincuencia y por asedio del gobierno.
«Tanto el gobierno como la delincuencia tienen vínculos», aseveró.
En Acapulco, los reporteros se manifestaron en el Asta Bandera que está en la avenida Miguel Alemán.
También en Atoyac de Álvarez, hubo protestas de reporteros.
En las movilizaciones, los reporteros denunciaron que en las ciudades de Iguala y Taxco de Alarcón, hay periodistas desplazados por las amenazas que han recibido por la delincuencia.
Personas de la sociedad civil, organizaciones sociales, como el sindicato de telefonistas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan apoyaron las protestas. Estas terminaron con flores, cámaras en forma de altar en la calle y exigencias de justicia en múltiples cartulinas y mantas que exigieron alto al fuego.
La iniciativa: “¡Justicia para periodistas asesinados!” que fue subida al portal Change.org tiene un gran respaldo social con más de 47 mil firmas. Aún puedes apoyar acá: Change.org/periodismoenriesgo
Los periodistas protestaron en las siguientes ciudades:
Esta primaria está asentada al sureste de la capital, en las faldas de un cerro, entre calles empinadas, pedregosas y de tierra blanca y suelta, a unos 25 minutos del centro de la capital en transporte público
Texto: Beatriz García
Fotografía: Amílcar Juárez
25 de enero del 2022
Chilpancingo
Padres de familia y autoridades de la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, ubicada en la periferia sur de Chilpancingo, desde hace 16 años luchan para que sus hijas e hijos tengan una escuela bilingüe intercultural digna para estudiar la primaria.
En este tiempo con todas su limitaciones económicas, los padres de familia construyeron aulas de adobe y madera, que ahora resultan insuficientes para recibir la educación básica.
La escuela fue fundada en 2006 que empezó a funcionar sin que tenga infraestructura adecuada. Los profesores trabajaron con tres claves prestadas por otras escuelas, apenas hace dos años las autoridades educativas les entregaron una clave a la primaria y los habitantes la llamaron Gregorio Alfonso Alvarado, en memoria de uno de sus compañeros de lucha desaparecido en 1996.
Este lunes, autoridades del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física y Educativa (Igife) acudieron al asentamiento junto con 10 representantes del mismo número de constructoras que concursarán para hacerse cargo de la construcción de la primaria.
Todo indica que los años de protesta de las familias al insistir a las autoridades por más de una década se reflejará en la construcción de la escuela.
Esta primaria está asentada al sureste de la capital, en las faldas de un cerro, entre calles empinadas, pedregosas y de tierra blanca y suelta, a unos 25 minutos del centro de la capital en transporte público.
La fundaron los padres de familia y habitantes de la colonia, un año después de que habitaran los terrenos a la que llamaron Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, en el 2006.
En la Emperador Cuauhtémoc están asentadas familias en 160 lotes provenientes de los diferentes pueblos originarios del estado donde confluyen nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, y juntos lucharon inspirados en la lucha zapatista.
En la comunidad hay un preescolar bilingüe intercultural que también está en condiciones precarias con sólo un aula de madera, techo de lámina y piso de tierra. La lucha de las familias en la comunidad no parará hasta que también se construyan aulas para este kínder.
Este lunes en la explanada de la primaria, están dos aulas de madera y techo de lámina, y los baños del mismo material y fosas sépticas que los padres de familia construyeron. Recién destruyeron unas aulas de adobe porque las autoridades prometieron que en febrero iniciaría la construcción de la obra de la escuela.
En esta escuela asisten 68 niños y niñas, y cuatro profesores, y los padres de familia confían en que con esta construcción la matrícula aumente.
En entrevista, el director del plantel, Hipólito Hernández Ojédiz, celebró que la lucha de los habitantes dio fruto, después de 16 años de exigirlo les construirán su escuela: una dirección, dos aulas, los baños, la barda perimetral y si de los recursos económicos que se dispongan para la obra queda un excedente se hará una explanada para suplir el piso de tierra, que en temporada de lluvia el lodo abundante impide jugar y ejercitarse a los niños.
Regularización de los predios del asentamiento
Los habitantes aprovecharon para exigir a las autoridades municipales los volteen regularicen sus predios, debido a que hace 17 años fundaron la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc sin que hasta el momento haya un reconocimiento por parte de las autoridades municipales de su asentamiento.
Los habitantes lograron tener agua entubada sin ayuda de ninguna autoridad, también lograron la electrificación aunque todavía no cuentan con drenaje ni calles pavimentadas.
Hugo Juárez, habitante de esa colonia, recordó que son 17 años de permanecer organizados y también luchando por preservar la cultura de sus pueblos pese a que están asentados en la mancha urbana, por ejemplo, en la comunidad rescatan la medicina tradicional mexicana.
“Son 17 años que requieren de una regularización por parte desde aspecto jurídico de la comunidad, y en ese proceso estamos. Aprovechamos también para que el ayuntamiento, que es la instancia donde vemos que es la posibilidad de regularizarnos, sea sensible, nos dé el apoyo, respete los 17 años que tenemos de habitar la tierra aquí, sufrir bastante y tome en cuenta”, pidió Hugo a nombre de su comunidad.
La iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Corte sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
18 de enero del 2022
Chilpancingo
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pide al Congreso de Guerrero que apruebe la iniciativa de modificaciones al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.
Esta iniciativa que fue presentada el pasado 12 de enero por las legisladoras morenistas Nora Velázquez, Gloria Citlali Calixto y Beatriz Mojica Morga se encuentra en trámite legislativo en las comisiones de justicia y salud.
Mediante un comunicado, el Inmujeres, recuerda que la penalización del aborto no evita su práctica y mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad para gestar quedan expuestas a realizar procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida y vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Menciona que, en el tema de la interrupción legal del embarazo, el Estado mexicano tiene diversas observaciones de organismos internacionales que lo han instado a armonizar su marco jurídico a nivel nacional y subnacional conforme a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que México se ha comprometido.
El Inmujeres expone que la iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir.
Dicha iniciativa de decreto da elementos para cumplir con las recomendaciones dadas al estado de Guerrero en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado.
Menciona que en Guerrero todavía es una de las pocas entidades del país en el que las mujeres, adolescentes o niñas víctimas de violación deben tener autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo.
Además de que este documento contempla como excluyente de responsabilidad penal el aborto por violación, así como inseminación artificial no consentida, riesgo de salud, alteración genética y por abortos espontáneos o accidentales y mantiene como delito el aborto forzado sin la voluntad de la mujer o persona gestante, dice el Inmujeres.
Esta iniciativa presentada por las tres legisladoras de Morena ha provocado protestas de los grupos religiosos que se han pronunciado en contra de que el Congreso la apruebe.
La legisladora local del PRI, Julieta Fernández, encabezó una protesta frente al Congreso local de un grupo católicos entre ellos el Provida y del Grupo Interreligioso de Guerrero exigiendo que no se apruebe la despenalización del aborto.
Según la diputada priísta en el Congreso hay asuntos más importantes en la agenda legislativa que impulsar estas adecuaciones al Código Penal de Guerrero que permite la despenalización del aborto.
También grupos activistas que han luchado por los derechos de las mujeres se manifestado a favor de esta iniciativa.
Los familiares de la estudiante desaparecida denunciaron que la Fiscalía General de Guerrero se negó a realizar las gestiones de búsqueda bajo el argumento de que el caso no está en su área de jurisdicción
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
18 de enero de 2022
Chilpancingo
Familiares y amigos de la estudiante Zeltzin Osiris de la Rosa Gómez que desde el pasado 12 de diciembre desapareció en la Ciudad de México protestaron en las calles y terminaron con un mitin afuera de la residencia oficial de Casa Guerrero para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para la búsqueda y presentación con vida de la joven que reside en esta capital del estado.
Mientras la mandataria estatal encabezaba en la sala de la República un acto oficial de la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afuera los manifestantes extendían pancartas y mantas en donde tenían la imagen de Zeltzin Osiris quien estudia en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
La protesta empezó con una marcha que partió en el parque Margarita Maza de Juárez, el norte de Chilpancingo.
De acuerdo con Karla Gabriela De la Rosa Gómez, dijo que su hermana Zeltzin salió de Chilpancingo a las 9 de la mañana del 12 de enero a bordo de un autobús de pasajeros Estrella Blanca a la Ciudad de México.
Narró que a las 12 con 30 minutos recibió un mensaje de su hermana Zeltzin de que ya estaba a punto de llegar a la Ciudad de México y que ya había solicitado el servicio de un Uber para transportarse a otra estación de transporte colectivo y llegar a su escuela en Atizapán de Zaragoza.
El viaje de Zeltzin Osiris a su escuela de la UPN fue para realizar unos trámites administrativos y verificar si las clases seguirán siendo en línea o presenciales.
Karla Gabriela contó que a las 12 con 49 minutos su hermana Zeltzin le mandó un mensaje de que estaba esperando el Uber, pero a las 12 con 52 minutos, ya no le contestó los mensajes.
«Estamos muy preocupados de que mi hermana no aparece; ella es bien tranquila y estamos pidiendo a las autoridades que la busquen y regrese con nosotros», dijo en entrevista Karla Gabriela.
Después de que los padres de Zeltzin presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esta institución ya emitió una ficha de búsqueda, aseguró Karla Gabriela.
“Queremos que nos escuchen, ese es nuestro objetivo, que nos tomen en cuenta, que las autoridades nos apoyen para que Zeltzin pueda aparecer”, comentó.
Durante la marcha pidieron el apoyo a la ciudadanía para que comparta la ficha de búsqueda en redes sociales y aportar a la pronta aparición con vida.
La marcha llegó al inmueble de Casa Guerrero a las 12 del día donde personal de seguridad les impidió la entrada, posteriormente fueron atendidos por el subsecretario de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, quien se comprometió a darles el acompañamiento jurídico.
Durante el mitin, los familiares de la estudiante desaparecida denunciaron que la Fiscalía General de Guerrero se negó a realizar las gestiones de búsqueda bajo el argumento de que el caso no está en su área de jurisdicción.
“Se buscó a la fiscalía para hacer las gestiones pero nos comentaron que no es su jurisdicción porque ya es otro estado pero que iban a realizar unas llamadas y ver si pueden hacer algo”, dijo Karla Gabriela, hermana de la víctima.
Anunciaron que este miércoles se trasladarán a la Ciudad de México para realizar una protesta en la Fiscalía General de Justicia y exigir la búsqueda de Zeltzin Osiris de la Rosa.
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país
La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.
De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.
En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.
“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.
En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.
En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.
Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y tres por coronavirus.
Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.
“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.
Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.
Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.
En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.
Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.
El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.
Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.
Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.
El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.
Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional
En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.
Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se atendió el problema de los jornaleros.
La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.
Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo, se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa se registraron 14 mil jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.
Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.
Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.
La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.
Los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria de la ASE en donde se establece que para aspirar no debieron ser titular de dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Oficial
12 de enero del 2021
Chilpancingo
El Congreso local sigue sin definir el nombramiento del Auditor Superior del Estado (ASE) aunque la terna de aspirantes para ese cargo fue avalada desde hace meses por el senador Félix Salgado y su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La terna la integran: Ediseo Rubio Vejar, Héctor Gervasio Jiménez y Olivia Valdovinos Sarabia, ésta última es quien se perfila para ocupar la titularidad de la ASE, de acuerdo a fuentes del Congreso local y del gobierno estatal.
Alfredo Sánchez Esquivel, jefe de la bancada de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso ya tiene en sus manos el proyecto de dictamen.
Desde hace más de seis meses la ASE quedó acéfala luego de que su titular Alfonso Damián Peralta dejó el cargo al concluir su período de seis años.
Los tres candidatos que fueron avalados por Félix y su hija la gobernadora Evelyn Salgado, según la organización Colectivo Gamma dirigida por Jesús Flores García, no cumplen con los requisitos que establece la convocatoria que publicó el Congreso el 30 de junio del 2021.
En un escrito que esta agrupación envío al Congreso, señala que los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria en donde se establece que para aspirar a la Auditoría es no haber sido titular dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal, estatal, titular de algún órgano constitucional, autónomo, magistrado del Poder Judicial, consejero de la judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.
Tres perfiles señalados
En el caso de Héctor Gervasio Jiménez desde el gobierno de Héctor Astudillo fue designado encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud estatal.
Gervasio se inscribió como aspirante a auditor y en vez de renunciar sigue en este mismo cargo en el actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
El 26 de noviembre del 2021, Gervasio, en su calidad de Contralor Interno de la Secretaría de Salud, le dio posesión a Ernesto Andraca Rodríguez como administrador del Hospital General de Chilpancingo, lo cual se mantiene en la información de esta dependencia en su página de Facebook.
Gervasio Jiménez, depende directamente del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova quien ocupaba este cargo en el gobierno de Héctor Astudillo y Evelyn Salgado lo ratificó en el puesto.
En el 2019, la Auditoría Superior de la Federación responsabilizó a Héctor Jiménez Gervasio de la contratación de 15 trabajadores que no cumplían con el perfil y eso originó que este órgano fiscalizador lo sancionara con la obligación de devolver 4 millones y medio de pesos a las arcas públicas.
Eso señalan los resultados de la auditoría 2019-A-12000-19-081-2020-812-DS, que realizó la ASF, en denuncia del ciudadano, Fernando Rodríguez Bermeo.
Olivia Valdovinos Sarabia, otra de las que está en la terna, fue directora de la Auditoría de Desempeño y Presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta el 2019, señala en su denuncia el ciudadano Fernando Rodríguez Bermeo.
El otro que tampoco cumple el requisito, según la organización Gamma, es Ediseo Rubio Vejar quien hasta el 2020, era coordinador de planeación y estrategias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y es gente allegada al anterior Auditor, Alfonso Damián Peralta y del ex gobernador Héctor Astudillo Flores.
«Es evidente que es Félix Salgado Macedonio el que propuso esta terna para Auditor y de ninguna manera dejó que el Congreso realizara su trabajo de análisis de cada uno de las 28 aspirantes que se registraron para obtener ese cargo», dijo Jesús Flores García del grupo Gamma.
«Ya todo está arreglado para que cualquiera de ellos (a) sea el elegido en la Auditoría en base a lo que opine Félix Salgado», expresó.
El diputado local Jacinto González Varona, confirmó que ya está en manos de la Junta de Coordinación Política este dictamen pero que no existe fecha para que sea sometido ante el pleno y uno de los tres candidatos resulte electo.
«Efectivamente los tres candidatos que van en esta propuesta podrían ser sujetos a una impugnación en caso de que alguno de ellos resultara electo porque el proceso de elección no fue el más adecuado», externó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, aseguró que los tres cumplieron con los requisitos para que uno de ellos sea el elegido luego de que pasaron la evaluación.
«La terna está bajo resguardo en la mesa directiva y estamos en pláticas para llegar a un consenso y que el pleno decida», afirmó el legislador en una entrevista.
Este proyecto de dictamen de la terna es el mismo que la pasada 62 legislatura local pretendía que se analizara y se votara en su última sesión del 30 de agosto.
Sin embargo, en esa asamblea legislativa este dictamen ya no fue incluido en el orden del día debido a que las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y el PVEM condicionaban el nombramiento del auditor (a) siempre y cuando se aprobara también un decreto en el que se declarara como deuda pública los 14 mil millones de pesos al ISSSTE que se adeuda desde las administraciones estatales pasadas.
Este mismo dictamen podría ser sometido a consideración este enero.
Héctor Apreza Patrón, jefe de la bancada del PRI, asegura que el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel no les ha entregado el proyecto del dictamen, pero sabe que desde diciembre el morenista pedía que se aprobara el nombramiento de Olivia Valdovinos Sarabia para la titularidad de la ASE.
«Nosotros no vamos avalar algo que no conocemos porque además ni siquiera tenemos ese dictamen», expresó el legislador del PRI.
En Chilpancingo dos maestros dan positivo al virus
Texto: Beatriz García
Foto: Óscar Guerrero
10 de enero del 2021
Chilpancingo
Escuelas en el estado optaron por reiniciar clases a distancia y otras más de una manera híbrida que permita no estar todos los días en las aulas, ello, ante el alto índice de contagios por Covid-19 y pese al llamado de las autoridades del estado de regresar a clases presenciales.
Las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria que regresaron a las aulas lo hicieron al igual que el inicio del ciclo escolar en agosto del año pasado, asumiendo los costos económicos para tratar de cumplir con las medidas sanitarias.
Sin embargo, las autoridades educativas no han resuelto problemas como el de infraestructura, agua entubada y faltante de maestros, coincidieron maestros de la región centro, Montaña y el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano.
El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, argumentó que estaba en reunión y no podía atender la entrevista cuyo objetivo fue conocer el panorama de este reinicio a clases.
El reinicio de clases se dio el pasado 3 de enero, pero hubo escuelas iniciaron clases hasta este lunes, ante el temor de que maestros, trabajadores de los planteles y alumnos estuvieran contagiados después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
En la inauguración del reinicio de clases presenciales el pasado 3 de enero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que era muy importante el regreso a clases, que era la oportunidad de niños y niñas para prepararse.
En el mundo, sin excepción Guerrero, vive la cuarta ola de contagios por la Covid-19 y lo demuestran las cifras que a diario hacen públicas las autoridades de Salud en el Estado. Hasta este lunes el registro es de 1,123 casos activos, los casos nuevos confirmados en 24 horas son 48, pero esta cifra puede ser engañosa porque en fines de semana los registros disminuyen porque además los módulos de vacunación no trabajan, como lo han informado en otro momento las autoridades.
Un registro antes del actual las autoridades de Salud informaron que en las últimas 24 horas se registraron 293 contagios, y un día antes de este se registraron 267 nuevos casos en ese mismo lapso de tiempo.
En Chilpancingo dos maestros dieron positivo a Covid-19: delegada de la CETEG
En Chilpancingo dos maestros de secundaria dieron positivo por coronavirus la semana pasada, lo que indica el riesgo inminente de regresar a las aulas, dijo en entrevista la delegada DIII-16-02 de la CETEG, Reyna Bello de Jesús.
La dirigente en la región Centro dijo que aunque las autoridades del estado insistan en el regreso a clases presenciales es arriesgado para los alumnos y maestros, porque no se sabe quiénes tuvieron contacto con personas Covid en vacaciones
La profesora dijo que no tenía la precisión de cuántas escuelas regresaron a clases presenciales en la región Centro, pero que la mayoría lo hizo de manera híbrida para evitar estar mucho tiempo en las aulas.
La maestra recientemente dialogo con profesores de la región y coincidieron que hay problemas que agudizan la situación de la pandemia, por ejemplo el hospital del ISSSTE –donde están subrogados los trabajadores de la educación- no les está dando todos los servicios después de los daños que sufrió con el temblor de septiembre pasado, tampoco hay medicamentos.
Agregó que otros problemas que aquejan a los planteles es que la SEG no ha atendido problemas de infraestructura, agua, internet, ni tampoco para mantener la higiene de la escuela, y en la medida de sus posibilidades los maestros y padres de familia lo solventan.
En el inicio del ciclo escolar en agosto del año pasado, las autoridades de la SEG de la administración anterior encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores dijeron que se estaba proveyendo de insumos de higiene a las escuelas. Luego las autoridades del actual gobierno aseguraron que también lo estaban haciendo, pero a cinco meses del inicio de ciclo no es así.
“Quienes están sacando la educación sin recursos, son los docentes y son los más vulnerables, porque mandan a los niños, pero los papás anduvieron en fiestas”, destacó.
La maestra lamentó que el actual secretario de Educación está impuesto por costos políticos no por experiencia pedagógica, y que entonces a los gobiernos no les importa la educación.
Un análisis de la Cuenta Pública ha detectado que los recortes son una constante; organizaciones urgen a revisar presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad.
Texto: Nayeli Roldán / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
11 de enero de 2011
Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 un presupuesto de 104 mil millones de pesos para el Anexo 13, el apartado presupuestal que financia los programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Hacienda le recortó 4 mil 152 millones de pesos.
Eso impactó en sectores como Salud, que tuvo 12% menos presupuesto, y entre los nueve programas dirigidos a mujeres que opera, por ejemplo, “Salud materna, sexual y reproductiva” tenía 2 mil 44 millones de pesos de presupuesto etiquetado, pero solo pudo ocupar mil 611 millones de pesos.
Además, también han desaparecido programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género, entre 2018 y 2021, entre los que se encuentran el Programa de Fomento a la Economía Social, de Coinversión Social, o la sustitución de subsidiar los lugares de cuidado como las estancias infantiles por un programa de entrega directa de dinero que operaba la Secretaría de Bienestar, o la partida para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada que ejercía la Fiscalía General de la República.
Los presupuestos, afirma la investigadora feminista de la UNAM, Patricia Rodríguez, significa la pauta económica de un gobierno. “Si un presupuesto tiene o presume de perspectiva de género tiene que visualizarse claramente en cómo está integrado, estructurado, definido”.
Por eso es que la construcción y aplicación del presupuesto es la definición de las prioridades para una administración. “Si por ejemplo, Hacienda dará 13 mil millones de dólares para salvar a Pemex que en cuanto a la producción es pésima y ha tenido pérdidas, ahí se ve claramente el reflejo de la política económica, claramente”, dice Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
La alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha detectado que los recortes son una constante, hacen un llamado a que el Anexo 13 “cumpla con el objetivo de ser presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad y es necesario contar mecanismo para dar seguimiento al presupuesto”.
Por ello es que proponen la instalación de “mesas interinstitucionales” porque “en este contexto de emergencia que enfrentamos por el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios, se considera imperativo una revisión urgente de los programas presupuestarios que se incluyen en el Anexo 13 y otros que no están contenidos en él, pero que son fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.
Otros de los recortes estuvieron en “las entidades no sectorizadas” que tienen partidas específicas de género como en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, y que tuvieron 57%, pues de mil 356 millones de pesos de presupuesto aprobado, solo tuvo a disposición 581 millones de pesos.
La Secretaría de Economía tenía mil 926 millones de pesos, pero le recortaron 466 millones, es decir, 35% de su presupuesto, que solo opera el programa de “Apoyo al emprendedor”.
Elsa Conde, integrante de Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI) explica que esto se trata de un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.
Esto debido a que el 31 de diciembre de 2021, el presidente eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados, y el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día.
Además, no solo hay recortes en años previos, sino que los incrementos presupuestales para 2022 son mínimos, pues la mayoría oscilan entre 3.42% y 3.78%, prácticamente se trata de la inflación calculada en 3.4%. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva tendrá 2 mil 26 millones de pesos, un incremento de 3.78%.
Aunque el Anexo 13 registró un aumento presupuestal histórico, con 75% más recursos para 2022, el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, pues 89% del presupuesto irá a Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, entre otros programas sociales, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán menos.
