La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, advirtió que impugnará su expulsión del Morena.
«La justicia es nuestra y tenemos de nuestro lado la bandera de la verdad; y por eso acudiré a las instancias correspondientes.
El tiempo nos dará la razón”, publicó en Facebook la morenista expulsada del partido oficial, a causa de su reunión con un presunto líder del grupo del crimen organizado Los Ardillos.
La reacción de Norma Otilia Hernández se produce al mismo tiempo que familiares de ella y funcionarios del ayuntamiento emprendieron en redes sociales una campaña para defenderla.
Este domingo 8 de septiembre, tras conocerse la sanción a Norma Otilia, su excuñado Russel Rivera Romero, director de Comunicación Social del ayuntamiento, compartió en redes sociales su apoyo a Norma Otilia.
«No estás sola», se lee en la publicación de Russel Rivera, en referencia a su jefa, la alcaldesa de la capital guerrerense.
En tanto, la presidenta del DIF municipal, Valeria Rentería Hernández, hija de Norma Otilia, comparó en Facebook: “Norma Otilia es más morenista que el presidente estatal del partido”, en referencia al dirigente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, quien a pesar de que las elecciones para la gubernatura son hasta el 2027, ya se anda promoviendo para la candidatura.
«Apoyo total»… «basta de violencia de género», exigió Valeria Rentería.
Junto a los mensajes de apoyo a Norma Otilia, sus defensores publicaron fotografías en las que la mandataria capitalina aparece con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Este domingo 8, la Comisión Nacional de Justicia del CEN de Morena dio a conocer la expulsión de Norma Otilia Hernández, por reunirse con el presunto criminal.
En julio de 2023 se difundió en redes digitales, primero, un audio en la que se oye a Norma Otilia Hernández conversando con un individuo, y después, un video en el que ella aparece con el mismo hombre, al que la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó como Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos.
Los Ardillos mantienen un clima de violencia en varios municipios de la Región Centro de Guerrero, donde están coludidos con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Este sábado 7 de septiembre, horas antes de que se diera a conocer su expulsión de las filas de Morena, Norma Otilia Hernández participó en un foro en donde estuvieron morenistas que son enemigos políticos de la gobernadora Evelyn Salgado, el padre de ésta, el senador Félix Salgado, y el dirigente estatal del Morena, Jacinto González.
Galdino Nava, consejero estatal de Morena, se pronunció por la destitución de Jacinto González, por violar los estatutos del partido, al tener dos cargos a la vez: diputado y dirigente.
La propuesta de Galdino provocó risas y aplausos de los asistentes, entre ellos, Norma Otilia y el ex diputado local Alfredo Sánchez Esquivel.
El acto de los opositores a los Salgado y a Jacinto González se desarrolló en el hotel Holiday Inn, en Chilpancingo.
Un hombre fue herido de bala en la cancha de futbol de la colonia Los Ángeles, de Chilpancingo, la tarde de este domingo 8 de septiembre.
Al momento del ataque, la víctima llevaba a su pequeño hijo, quien resultó ileso.
Testigos aseguran que el herido había acompañado a su hijo a la cancha de futbol rápido, donde había jugado un partido.
El herido fue llevado al hospital por familiares.
Tras la balacera, la gente que acompañaba a sus hijos, de varios equipos, salieron de las canchas, donde ya se han registrado varios hechos de violencia.
El atentado se dio alrededor de las 2:15 de la tarde, pero los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron casi una hora después.
La liga de futbol suspendió los partidos programados para la tarde, tanto en la cancha de tierra y como en la de rápido.
En esta semana, la violencia en esta zona de Chilpancingo ha resurgido con ataques armados.
Este vienes, entre las colonias San Rafael Oriente y El Encanto, varios sujetos atacaron a balazos a un hombre que viajaba en una motocicleta.
Una mujer que se dirigía al kínder a recoger a su hijo resultó herida por una bala perdida.
Posteriormente, se informó que tanto el motociclista como la mujer murieron.
Hasta hace unos años, estas tres colonias estaban controladas por un grupo de la delincuencia organizada, lo que propiciaba una aparente calma.
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue expulsada del Morena por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, por haberse reunido con presunto jefe del grupo de la delincuencia organizada Los Ardillos.
«Reunirse con un presunto líder criminal atenta los principios y lineamientos del partido y se atenta contra la paz social y bienestar de la población que gobierna bajo los lineamientos de nuestro movimiento», argumenta la resolución de la CNHJ en contra de la alcaldesa, denunciada ante este órgano partidista el 25 de agosto de 2023 por militantes de su propio partido, pero que por razones de seguridad Morena omitió sus nombres.
En julio de 2023, se difundió en redes sociales un video donde se ve a Norma Otilia Hernández y su esposo Diego Omar Benigno González en una reunión con un hombre armado a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó como Celso Ortega Jiménez, dirigente del grupo criminal Los Ardillos.
Tras la difusión del video y un audio de una conversación de Norma Otilia Hernández con el supuesto criminal se ha desatado una espiral de violencia en Chilpancingo y localidades vecinas en las que esta organización mantiene una disputa con el grupo criminal Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina.
En febrero de este año, autoridades católicas intervinieron ante los líderes de ambos grupos criminales para establecer una tregua, aun así la violencia en Chilpancingo se mantiene en sus mismos niveles y ha dejado un saldo de decenas de personas asesinadas y desaparecidas, a pesar de la fuerte presencia del Ejército y la Guardia Nacional.
A más de un año de la difusión de la reunión de Norma Otilia Hernández y el supuesto líder criminal, la FGE no ha dado a conocer los avances de la investigación.
Desde 2023, Norma Otilia Hernández tiene un distanciamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado.
Después de la difusión de la reunión entre Norma Otilia Hernández y Celso Ortrga, no se ha visto a la alcaldesa capitalina en los actos públicos de la mandataria estatal en Chilpancingo, a pesar de que ambas militan en el Morena.
El último evento público en el que se les vio juntas, fue en abril de 2023, en el arranque de la remodelación de varias plazas publicas de recreación en la capital.
Este año, luego de que Morena la dejó fuera para participar como precandidata a la alcaldía para buscar la reelección en los comicios del 2 de junio, Norma Otilia apoyó al abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandro Arcos Catalán, quien derrotó al morenista Jorge Salgado Parra.
Durante la campaña electoral, Jorge Salgado denunció que nunca pudo hacer campaña en comunidades del municipio de Chilpancingo que controlan Los Ardillos, que fue justo donde Alejandro Arcos arrasó en las urnas, y justo eso votos fueron determinantes para su triunfo electoral.
*La alcaldesa pide a reporteros que pregunte a la FGR sobre su caso*
El 28 de agosto de este año, a dos días de rendir su tercer y último informe de labores al frente del ayuntamiento, Norma Otilia Hernández pidió a reporteros que pregunten a la Fiscalía General de la República si tiene en su contra una investigación.
«Ustedes son periodistas y pregunten o investiguen en la FGR si tengo algo», sugirió molesta.
Mencionó que está escribiendo sus memorias para plasmarlas en un libro en el que hablará sobre sus tres años de gobierno.
Norma Otilia Hernández tachó de amargados a los periodistas que la han cuestionado debido a que a ella le gusta bailar en los eventos públicos que organiza.
Tres elementos de la Guardia Nacional (GN) resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento con varios sujetos en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, este viernes 6 de septiembre a mediodía.
De acuerdo con los informes de las autoridades, los miembros de la GN realizaban un recorrido por las calles de la localidad, cuando al pasar cerca de la cancha de basquetbol, se encontraron de frente con tres vehículos donde iban sujetos armados que los atacaron y ellos repelieron la agresión.
Los tres heridos de la GN fueron trasladados al hospital de la 35 Zona Militar de Chilpancingo.
Según las autoridades estatales, los agresores sobrepasaban en número a los policías, por lo que se dieron a la fuga con facilidad.
La madre de Juan Carlos Díaz Gaspar, desaparecido en abril, Petra Gaspar Mendoza, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva cuatro meses sin dar con el paradero de su hijo desaparecido después de salir del restaurante Vips de Chilpancingo, donde laboraba como chef.
El 17 de abril, poco después de las tres de la tarde, Juan Carlos Díaz salió del restaurante y desde esa fecha se ignora su paradero.
De acuerdo con la versión de los familiares, esa tarde, Juan Carlos habría abordado su motocicleta Para ir a la clínica del IMSS a una cita médica, a la que no llegó.
«Es como si se lo hubiera tragado la tierra; no lo encontramos y hemos realizado muchas búsquedas nosotros como familia y personas que nos apoyan”, señaló Petra Gaspar, entrevistada durante una protesta de activistas sociales en demanda de la presentación con vida de tres estudiantes y un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero desaparecidos en la década de los setenta del siglo pasado.
La rutina de Juan Carlos, que el 12 de agosto cumpliría 27 años, era salir del restaurante e irse a su casa en la colonia Valle Verde, en la zona sur de Chilpancingo.
Petra Gaspar Mendoza aseguró que hasta el momento las autoridades de la FGE siguen sin realizar la búsqueda de su hijo, a pesar de que ella acude con frecuencia a pedírselos de manera correcta.
«Nosotros como familia acudimos a la Fiscalía el 18 de abril para poner la denuncia de su desaparición, y según iban a investigar, pero ya se cumplieron cuatro meses y no sabemos nada de él; y solo nos dicen (las autoridades) que no dejó ningún rastro o una pista», confirmó Petra Gaspar.
Juan Carlos Díaz, quien estudió para chef en una escuela de Cuernavaca, Morelos, tenía un año de laborar en el Vips; antes había laborado en un restaurante cercano al centro de Chilpancingo.
«Desde que mi hijo se casó se fue de mi casa; y ahora tiene una niña», refirió Petra Gaspar, quien desde la desaparición de su hijo se ha dedicado a realizar búsquedas con colectivos de esta ciudad.
«Yo trabajo de cocinera en casas particulares, pero ya no puedo hacerlo porque me dedico a buscar a mi hijo», mencionó la señora, quien padece hipertensión arterial y últimamente tiene un dolor en el hígado, según comenta.
La familia de Juan Carlos Díaz ignora si éste fue privado de su libertad por un grupo de la delincuencia.
«No sabemos nada de él, pero tampoco las autoridades hacen las investigaciones para que nos digan qué fue lo que le pasó a mi hijo», reprocha Petra Gaspar.
También se les investiga, junto con los cuatro policías vinculados a proceso el martes 4, por el caso del comerciante Enrique Hernández, sepultado en Taxco el jueves 5.
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Redes
Viernes 6 de septiembre de 2024
Chilpancingo
Seis policías municipales de Taxco fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada en agravio de una mujer que desde agosto de este año sigue desaparecida.
En una audiencia judicial que concluyó este jueves poco después de las 11 de la noche, los expolicías Luis «N», David «N», Carlos «N», Cristofer «N», Alexis «N» y Ángel «N», fueron notificados de esa decisión por parte de un juez de control de Iguala.
A los seis policías acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de desaparición forzada, se les investiga también por su presunta autoría material en la desaparición y asesinato del comerciante Enrique Hernández Avilez, hallado en una fosa clandestina en la comunidad de Espejo Potrero la semana pasada, lo mismo que a los cuatro policías vinculados a proceso el martes 4 por otros delitos.
A los agentes Yolanda «N», Florentino «N» y Eusebio «N» se les vinculó a proceso por el delito de secuestro agravado, en tanto que a su compañero Marino «N», por el delito de trata de personas.
Los 10 policías presuntamente relacionados con un grupo criminal que opera en Taxco, fueron detenidos el 27 de agosto por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, cuando estaban en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y barandilla, en donde se supone tenían su centro de operaciones para realizar sus actividades ilícitas.
En esa operación policiaca y militar, también fueron detenidos otros 39, entre policías, agentes de tránsito y trabajadores de Protección Civil, pero fueron dejados en libertad ese mismo día.
Fuentes de la Fiscalía aseguran que también se pretendía detener al titular municipal de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristopher Hernández alías, la Sombra, pero éste se dio a la fuga.
Desde el viernes 30 de agosto, el Ejército, laGuardia Nacional y la Policía Estatal tienen el control de la seguridad en el municipio de Taxco.
Este jueves 5 a mediodía fue sepultado en Taxco el comerciante Enrique Hernández Avilez; y sus familiares y amigos exigieron justicia y castigo a los agentes que lo detuvieron, asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina.
De acuerdo con versiones de lugareños, Enrique Hernández fue detenido el 18 de junio por agentes viales y policías municipales cuando viajaba en su automóvil.
Con la exigencia de justicia, fue sepultado en Taxco el comerciante Enrique Hernández Avilez, detenido y asesinado presuntamente por policías municipales, quienes se encuentran detenidos.
El sepelio, que se llevó a cabo este jueves 5 de septiembre a mediodía en un panteón de Taxco, contó con la presencia de familiares y amigos de Enrique Hernández.
Pero antes se ofreció una misa de cuerpo presente en la iglesia de La Veracruz.
Los familiares de Enrique Hernández reconocieron su cadáver el lunes 2 de septiembre en el Servicio Medico Forense (Semefo) de Iguala, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo exhumó de una fosa clandestina en la comunidad de Espejo Potrero, municipio de Taxco.
Según las investigaciones ministeriales, varios policías municipales detuvieron a Enrique Hernández y lo habrían asesinado y sepultado en la fosa clandestina.
Según sus familiares, Enrique Hernández fue detenido con todo y su automóvil por policías municipales, el 18 de junio de este año, en la avenida de Los Plateros, en Taxco.
Desde esa fecha, estaba desaparecido.
Enrique Hernández ya casi no se dedicaba al comercio. Según sus familiares, se dedicaba al periodismo y mandaba información a un portal de noticias de Cancún, Quintana Roo.
También rentaba un taxi para trabajarlo en sus ratos libres.
Tras una serie de denuncias de presuntas desapariciones de personas en Taxco, la semana pasada la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal realizaron un operativo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal de Taxco.
En el operativo, detuvieron a 49 personas y las trasladaron a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo.
De los 49 detenidos, 39 fueron puestos en libertad ese mismo día.
Este miércoles 4 de septiembre, las autoridades informaron que de los diez policías municipales que quedaron detenidos, Yolanda «N», Eusebio «N» y Florentino «N» fueron vinculados a proceso por un juez de control de Iguala por el delito de , secuestro agravado.
El policía Marino «N» fue vinculado a proceso por trata de personas.
En las próximas horas, un juez de control de Iguala determinará si existen elementos jurídicos para vincular a proceso a los policías municipales Luis «N», David «N», Carlos «N», Cristofer «N», Alexis «N» y Ángel «N» por el delito de desaparición forzada.
Estos último grupo de seis policías presos en la cárcel de Tuxpan, en Iguala, habrían sido los responsables de la desaparición forzada del comerciante Enrique Hernández.
A más de una semana de la detención de los policías municipales, el secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández, alías La Sombra, está prófugo, aunque la FGE no ha informado si existe o no una orden de aprehensión en su contra.
En tanto, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal están a cargo de la seguridad en Taxco.
La dimisión se da tres días antes de que termine su periodo de cuatro años.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Redes
Jueves 5 de septiembre de 2024
Chilpancingo
El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, renunció al cargo este jueves 5 de septiembre, tres días antes de que en la asamblea partidista del sábado 7 sea relevado, al igual que los demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.
En una carta dirigida al presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia, Alberto Catalán da las gracias a sus compañeros de partido que le dieron oportunidad de dirigir este instituto por cuatro años.
«Hoy concluye una etapa de suma importancia para mi carrera política; el PRD de Guerrero tiene la oportunidad de refundarse, dejando a un lado las viejas prácticas que tanto daño le han hecho, es el momento de enfocar nuestras acciones en fortalecer el perredismo guerrerense y seguir siendo la verdadera resistencia democrática», expone el exdirigente del sol azteca.
Horas antes de la renuncia de Alberto Catalán, el Consejo Estatal del partido publicó la convocatoria, firmada por Mario Ruiz Valencia, para la asamblea, del sábado 7, de consejeros, para renovar o sustituir a los integrantes de la dirección estatal del PRD.
En las elecciones del 2 de junio, el PRD perdió su registro nacional, pero aquí en Guerrero lo conservó al obtener más de un tres puntos porcentuales de la votación válida para alcaldes y diputados.
El 1 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó oficialmente al PRD la pérdida de su registro nacional por no haber obtenido cuando menos el 3 por ciento de la votación emitida en las elecciones para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales en los 300 distritos.
Alberto Catalán, quien fue diputado local, preside la corriente política Izquierda Popular Guerrerense (IPG), cuyo líder moral es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien el 25 de agosto renunció a la militancia perredista y dio a conocer que la corriente política IPG se va a transformar en una asociación política.
Hace cuatro años, Alberto Catalán llegó a la dirigencia estatal del sol azteca con el apoyo, precisamente, de Ángel Aguirre. Poeso, ahora que el exgobernador renunció al PRD, los más seguro es que Alberto Catalán también lo haga y se sume de lleno al IPG junto a Ángel Aguirre, según fuentes del PRD Guerrero.
Las nuevas autoridades tomaron la decisión a pesar de que aún no entran en funciones, ya que su periodo empieza a partir del 30 de septiembre.
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Redes
Miércoles 4 de septiembre de 2024
Chilpancingo
Aunque aún no entra en funciones, el ayuntamiento electo del municipio de Leonardo Bravo acordó suspender la fiesta en honor de San Miguel Arcángel, debido a los problemas de inseguridad que existen en esta zona desde agosto de 2023.
A través de un comunicado, el presidente municipal electo, Leonardo Maldonado Zúñiga, del Morena, informó que la cancelación de estas festividades que incluyen una feria en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, estaban programadas a partir del 29 de septiembre y durante los días 3, 4, 5 y 6 de octubre.
Llama la atención que quien suspendió las fiestas patronales fue el ayuntamiento electo que asumirá el poder hasta el 30 de septiembre, y no el ayuntamiento que todavía está en funciones.
«Con profunda pena, les informamos que tomamos la decisión de suspender las actividades con motivo de las fiestas patronales que se realizan en honor a San Miguel Arcángel en aras de salvaguardar la integridad de los habitantes y quienes visitan nuestro territorio», anuncia el cuerpo edilicio.
«Les aseguramos que se agotó hasta lo último para buscar salvar esta fiesta de las y los chichihualtecos, pero valoramos que no hay las condiciones para su realización», argumenta el comunicado firmado por el alcalde Leonardo Maldonado, quien asegura que lo que más le importa a él es la seguridad de la ciudadanía.
Desde agosto de 2023, la violencia en Chichihualco, localidad ubicada a 40 minutos de Chilpancingo, ha paralizado en forma intermitente la actividad económica y las clases presenciales en los planteles de educación preescolar, primaria, secundaria y de educación media superior.
Este lunes 2 de septiembre, el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, anunció que en Chichihualco reiniciaron las clases presenciales en el plantel 26 del Colegio de Bachilleres.
Sin embargo, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, las clases se siguen impartiendo de manera virtual, tal como se ha hecho desde agosto de 2023.
Desde agosto de 2023, los habitantes de esta cabecera municipal han vivido oleadas de violencia que protagonizan grupos del crimen organizado, pese a la presencia de fuerzas de seguridad federal y estatal.
En mayo de este año, cientos de integrantes de la autollamada policía comunitaria de Tlacotepec ocuparon cinco días Chichihualco bajo el argumento de que darían seguridad a sus habitantes.
Pero las supuestas autodefensas se retiraron tras un arreglo con el gobierno del estado, pero advirtieron que regresarían en caso de que en Chichihualco no se restableciera la paz.
Activistas sociales exigieron al gobierno la presentación con vida de cuatro estudiantes y un profesor universitarios detenidos y desaparecidos por el Ejército y corporaciones policiacas en la década de los setenta del siglo pasado, durante el periodo conocido como la guerra sucia.
En un acto de protesta afuera del edificio docente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), este miércoles 4 de septiembre, los manifestantes llevaron a cabo un mitin y pegaron en la fachada de las preparatorias 1 y 9 lonas con fotografías de los desaparecidos que reclaman.
Se trata de la estudiante Victoria Hernández Brito, desaparecida por el Ejército el 11 de noviembre de 1976, de los estudiantes de derecho Luis Armando Cabañas y Carlos Díaz Frías (Chilango), desaparecidos el 16 de junio de 1978, y de Teresa Estrada Ramírez, exestudiante de la Escuela de Filosofía y Letras, desaparecida por el Ejército el 1 de septiembre de 1974 cuando acudió al penal de Lecumberri a visitar a Juan Lino Hernández, militante del grupo guerrillero del Partido de los Pobres, que dirigía el profesor Lucio Cabañas Barrientos.
También fue colocada una lona con la fotografía del profesor de la preparatoria 23, del municipio de San Jerónimo de Juárez, Jacob Nájera, quien fue sacado de su domicilio por fuerzas policiacas y del Ejército el 2 de septiembre de 1974.
«Ya se cumplieron 50 años de la desaparición del profesor Jacob Nájera y no sabemos nada de él, porque los gobiernos protegen a los perpetradores, en este caso al Ejército», acusó Andrés Nájera, hermano de Jacob Nájera, durante el mitin.
En la protesta participaron líderes sociales de izquierda, entre ellos, Apolinar Segueda y Diana Acevedo Acevedo, así como familiares de desaparecidos del colectivo Guadalupe Rodríguez.
A pesar de que los desaparecidos hace 50 años eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, no acudió al acto ninguna autoridad de la institución que dirige el rector expriísta Javier Saldaña Almazán, ahora cercano al partido oficial Morena.
Celina Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera, refirió que lleva 50 años en la lucha exigiendo a los distintos gobiernos que le hagan justicia a ella y a otros muchos familiares que tienen parientes desaparecidos.
El 2 de septiembre de 1974, Jacob Nájera estaba en su casa en San Jerónimo, en la Costa Grande, cuando llegó un grupo de agentes judiciales del estado, dirigidos por el comandante Isidro Galeana Abarca, y se lo llevó a las instalaciones del batallón del Ejército ubicado en Atoyac de Álvarez.
Doña Celina, quien acudió al cato vestida de negro y estuvo sentada en una silla durante su desarrollo, recordó que su pequeña hija salió llorando y les pidió a los agentes que no se llevaran a su padre.
«Antes de que los agentes se llevaran a Jacob, éste se acercó a su hija a quien le entregó una libreta y le dijo ahorita regreso hija», recordó doña Celina.
El maestro Jacob Nájera militaba en el Partido Comunista (PC) y pertenecía a las filas del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), que dirigía Othón Salazar Ramírez.
«Yo identifiqué a Isidro Galeana Abarca (comandante de la policía judicial) como uno de los que se llevaron a mi esposo», señaló Celina Piedra, quien participó en una huelga de hambre durante cuatro días en la catedral de la Ciudad de México, junto a Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del grupo Eureka.
Asegura que vio a su esposo Jacob cuando estaba en las instalaciones del Batallón en Atoyac, en donde fue torturado y después trasladado al Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México.
A 50 años de la desaparición de su esposo, Celina Piedra reprochó que el caso sigue igual, pese a que durante el gobierno del panista Vicente Fox se constituyó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP), y ahora, con la actual administración del morenista Andrés. Manuel López Obrador, se constituyó la Comisión para Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia.
«Con Andrés Manuel (López Obrador) no pasaron esos hechos», refirió doña Celina.
Cuatro policías municipales de Taxco fueron vinculados a proceso por presuntos delitos del fuero común, por un juez de control de Iguala, este martes 3 de septiembre.
Se trata de Yolanda «N», Florentino «N» y Eusebio «N», acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de secuestro agravado en agravio de una persona a quien detuvieron, golpearon y mantuvieron privada de su libertad en las instalaciones de la comandancia de la corporación.
Los agentes habrían pedido un rescate económico a los familiares de la víctima.
Por su parte, Marino «N», fue vinculado a proceso por trata de personas.
Los cuatro policías están presos en la cárcel de Tuxpan, al igual que otros seis policías de esa misma corporación acusados por la FGE por el delito de desaparición forzada.
Luis «N», David «N», Carlos «N», Cristofer «N», Alexis «N» y Ángel «N» habrían solicitado la ampliación del plazo constitucional para que el juez valore si hay elementos o no para vincularlos a proceso.
Los seis agentes están señalados como presuntos secuestradores de un comerciante de Taxco a quien posteriormente habrían asesinado.
Varios de los diez agentes municipales de Taxco detenidos el 28 de agosto por la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Policía Estatal, eran escoltas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández, alías _La Sombra_, quien se halla prófugo de la justicia.
Durante la operación del 28 de agosto en las instalaciones del C-4 y la comandancia, Protección Civil y Tránsito y Vialidad fueron detenidas 49 personas, entre policías, agentes de tránsito y trabajadores de protección civil.
La misma noche del 28 de agosto, 39 de los detenidos fueron puestos en libertad y custodiados por la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, durante su regreso a Taxco.
El 29 de agosto, las fuerzas de seguridad federal y estatal asumieron el control de la seguridad en Taxco.
Desde la llegada de estas corporaciones de seguridad, en el municipio de Taxco se vive una aparente tranquilidad.
El presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, no ha informado quién está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.
Morena y aliados usaron la aplanadora y aprobaron en lo general el dictamen de la reforma judicial, mientras la Cámara de Diputados lleva 24 horas bloqueada por trabajadores del poder judicial y estudiantes protestaron afuera de la sede alterna en la que los legisladores se vieron obligados a sesionar
Texto y foto: Animal político
04 de septiembre de 2024
Chilpancingo
En un gimnasio convertido en salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, resguardados por grupos de granaderos, con estudiantes protestando en las puertas y trabajadores del poder judicial bloqueando los accesos del recinto legislativo de San Lázaro, Morena y sus aliados del Verde y el PT aprobaron en lo general la reforma que transforma al Poder Judicial.
Pese a tres suspensiones judiciales, con 359 a favor, Morena, PVEM y PT concretaron lo que ya se preveía, aprobar una reforma constitucional que requería las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes.
Los morenistas no dudaron en usar la aplanadora y aprobar la reforma prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo general, pese a que afuera estudiantes mantenían una protesta y la Cámara de Diputados estuvo todo el día tomada en sus accesos por quienes trabajan en juzgados federales.
Con todo y estas protestas, Morena puso a debate la reforma judicial con más de mil 600 reservas de las que sólo debatirán 68. La discusión se extendió por más de once horas solo en lo general, sin entrar al detalle de los artículos reservados de la reforma, con más de seis rondas de posicionamientos de diputadas y diputados.
Los legisladores crearon una comisión especial, con representantes de todos los partidos, para atender a las personas que se manifestaban en contra del dictamen. Pero las opiniones de los inconformes ya no se pudieron tomar en cuenta, pues los morenistas tenían todo listo para aprobar el proyecto.
“Mi fracción parlamentaria no actuará por mayoriteo, pues representa la voz de miles de mexicanos e invito a la oposición a presentar una propuesta para debatir punto por punto”, defendió Leonel Godoy, diputado de Morena, ante las críticas de la oposición respecto a la velocidad con la que los integrantes del partido guinda querían aprobar el dictamen.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que así como aprobarían la reforma judicial, también lo harían con las otras reformas constitucionales del presidente.
Con las hojas de su discurso en mano, Monreal se fue contra el poder Judicial para justificar la reforma: “se instalaron en el poder judicial como una tercera cámara legislativa, se instrumentó y se usó por la derecha este mecanismo de la tecnocracia”.
“El Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra soberanía”, dijo y provocó aplausos y gritos de morenistas.
“Proponemos un cambio crucial”, reconoció.
El debate de la reforma judicial en la sala de armas
Durante las primera hora, diputadas y diputados debatieron sobre las condiciones en las que se aprobó la reforma judicial, que transformará el Poder Judicial como lo conocemos desde 1994 y con el que por primera vez en México se pretende que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, y que sean designados con una tómbola, y crea la figura de jueces sin rostro para casos de crimen organizado.
“Están aquí escondidos del pueblo de México, en una guarida de mayoría salinista”, reclamó el panista Federico Döring.
Grupos de trabajadores del Poder Judicial madrugaron a los legisladores y bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados desde la 4 de la mañana. Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena y Pedro Haces, recién nombrado coordinador de operación política de la bancada, activaron un plan para evitar la confrontación con los manifestantes, aunque sí hubo granaderos resguardando la Cámara desde la madrugada, y buscaron una sede alterna: la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.
Pedro Haces fue el encargado de buscar la sede. “Yo mero”, respondió cuando se le preguntó quién había elegido la Sala de Armas.
Haces y Monreal afirmaron que habían escogido esta sede porque es “del pueblo”.
“Hubieran traído a una sede más digna que la de Ana Gabriela Guevara. ¡Es una vergüenza!”, reclamó Germán Martínez del PAN en una tribuna que constaba de un micrófono y que más tarde fue complementada con un atrio y tablas de madera que fueron colocadas una sobre otra para que funcionara como escalón. El lugar se siguió adecuando mientras las horas transcurrían.
A los opositores les avisaron cuál sería la sede que improvisarían como salón de plenos cuando los morenistas ya estaban adentro de la Sala de Armas, quienes comenzaron a llegar a las 10 de la mañana al gimnasio.
Cuando los opositores llegaron, muchos de ellos no alcanzaron sillas. Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano tuvieron que seguir parte de la sesión de pie.
La oposición reprochó que Morena sesionara en una sede alterna sin que esa alternativa fuera aprobada por la Mesa Directiva en San Lázaro y lo hicieran en la Sala de Armas, ya consumado el hecho. También que no acataran las suspensiones judiciales y continuaran el proceso de la reforma judicial.
En la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se reunió antes de que iniciara la sesión, se puso a votación entre los líderes de los partidos si estaban de acuerdo con sesionar en la Sala de Armas. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, pero Morena, el PT y el Verde tomaron la decisión final por ser mayoría en la Cámara.
En la misma Jucopo se puso a consideración que la discusión de la reforma judicial se llevara a cabo en una sola sesión y no en dos, como estaba previsto para no hacerlo en fast track.
Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, relató que en ese ejercicio Reginaldo Sandoval, líder del PT, primero apoyó que hubiera dos sesiones, pero luego argumentó que se había equivocado y se repitió la votación, en la que ahora apoyó a Morena para que todo el debate se desahogara en un solo encuentro. Otros participantes de dicho encuentro confirmaron el “error” del petista.
PAN y Movimiento Ciudadano documentan fallas en la sesión
Conforme avanzaba la discusión, la bancada del PAN y de MC contabilizaban las irregularidades que los morenistas cometían durante la sesión para poder impugnar la reunión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre las fallas del proceso legislativo que señalaron las y los diputados de oposición, y por las que planean impugnar el proceso, está el pase de lista que ahora se hizo de manera manual y no en el sistema informático que tiene la Cámara de Diputados. También señalaron que no todos pasaron lista.
MC exigió que se volviera a registrar el quórum, pues consideraron que no había certeza de cuántos legisladores se encontraban presentes. Sin embargo, Gutiérrez Luna le contestó que la mesa directiva consideraba que sí había quórum legal, y rechazó su propuesta.
“Esta asamblea es ilegal, porque no estamos en el Palacio Legislativo, han convocado a una sede alterna y ni siquiera sabemos si el quórum es legal, si realmente todos los que están aquí son o no son parte del Poder Legislativo”, dijo Gildardo Pérez, diputado de Movimiento Ciudadano.
Ivonne Ortega señaló que los lugares de los legisladores de Morena fueron ocupados por choferes y personas del staff, y no había quórum legal para sesionar.
Un gimnasio convertido en salón de sesiones
La prisa de Morena por aprobar la reforma judicial llevó a que el partido guinda utilizar la Sala de Armas como salón de sesiones. Aunque se trata de un lugar céntrico en la Ciudad de México, el acceso para los legisladores, los asesores, los medios de comunicación y demás asistentes fue un caos porque el lugar fue blindado por personal de la policía capitalina.
Cuando ya había iniciado la sesión, los legisladores del PAN acusaron que hasta un 40% de sus integrantes no sabían por dónde ingresar. Laura Ballesteros, una diputada de Movimiento Ciudadano y secretaria de la mesa directiva de la Cámara, publicó en sus redes sociales un video donde denunciaba que policías capitalinos no la dejaban pasar.
Ya dentro de la Sala de Armas, el registro de asistencia se realizó mediante listas con firma autógrafa y las votaciones nominales de viva voz, donde los diputadas y diputados mencionaron su nombre y el sentido de su voto.
En la Plaza de Armas las sillas de plástico sustituyeron las curules, el tablero electrónico por gritos y manos alzadas, y la mesa directiva se instaló en mesas plegables, donde se colocó al centro el tintero, una pieza ornamental presente en todas las sesiones.
Las canastas de basquetbol quedaron arrumbadas a un lado. Algunos ventiladores de piso fueron el remedio que encontraron los organizadores ante el abrumador calor por el domo metálico y una temperatura de 25 grados a medio día.
Pedro Haces prometió tacos en la mañana y se los cumplió por la noche. Durante el día, las y los diputados comieron lo que encontraron.
“Dile a Laura que se traiga unos cacahuatitos”, le dijo el diputado Reginaldo Sandoval del PT a uno de sus asistentes. Los cacahuates llegaron. También las uvas y los vasos con papas fritas para las y los legisladores.
A las 8:30 de la noche, con la discusión en lo general en curso, una tercera parte del gimnasio fue llenado con mesas circulares con moños guinda, centros de mesa de flores rojas, y servilletas de tela. Los panistas se burlaban de la fiesta de “XV años morenista”, mientras los legisladores seguían debatiendo en el salón de plenos alterno.
A las 11 de la noche comenzó el servicio de banquete para los morenistas: tacos de pollo con mole, chicharrón en salsa verde, bistec y pizzas.
Aprueban tres reservas oficialistas
Aunque parecía que Morena y aliados aprobarían el dictamen sin modificación, al final aceptaron reservas de la mayoría legislativa y rechazaron las de la oposición.
Entre todos los partidos políticos presentaron mil 600 propuestas de modificación al dictamen, sin embargo, por un acuerdo entre las bancadas solo se discutieron 68.
De estas 68 reservas, tres fueron aprobadas. Una fue de PT, otra de PVEM y una última de Morena.
La del Partido Verde establece que las y los magistrados de circuito y jueces de distrito podrán ejercer su profesión en Derecho fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo.
Originalmente el dictamen proponía que estos juzgadores no pudieran ser representantes legales en los dos años posteriores a su retiro.
Mientras que la reserva del Partido del Trabajo (PT) añade el lenguaje inclusivo al dictamen para utilizar la palabra “jueza” en varios artículos en los que solo decía “jueces”.
En tanto la reserva de Morena, presentada por Arturo Ávila, es una modificación para que los magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, que concluyen su encargo, sean acreedores a un importe equivalente a tres meses de salario.
