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Ángel Aguirre Rivero: la invisibilidad política después de Ayotzinapa

Los nueve años transcurridos desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han invisibilizado al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien en 2018 intentó infructuosamente ser diputado y que ahora sólo dirige una corriente dentro del PRD guerrerense.

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

27 de septiembre, 2023

Ni Ángel Aguirre Rivero ni alguno de los actores del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa hace nueve años, enfrentaron consecuencias penales, pero al menos sí vieron frenadas sus carreras políticas.

En la actualidad, son personajes que no han podido reinsertarse en el servicio público por la sombra de este caso, aún sin resolver.

Uno de los más visibles es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, a los 27 días de los hechos de Iguala. El ex priista y ex perredista sigue en una especie de congeladora. Uno de sus últimos comentarios a la prensa fue que pide con todas las fuerzas de su alma que resuelvan el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Después de ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida al final del segundo año del peñismo, el ex gobernador hizo una pausa formal de casi tres años en su vida política. En realidad, no ha vuelto a funciones públicas mayores, sólo la de ser líder de una corriente interna del PRD en Guerrero, partido que lo llevó al poder.

El PRD, por su lado, que había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, se ha ido desdibujando desde la desaparición de los normalistas. Meses después de los hechos, perdió las elecciones de gobernador -en las que ganó el priista Héctor Astudillo-, se debilitó en el Congreso local, en las alcaldías y, en 2021, se alió con el PRI para enfrentar a Morena, pero no pudo impedir la victoria de Evelyn Salgado.

Aguirre intentó volver al servicio público y no lo dejaron. Para la elección de 2018 ya se presentaba como precandidato a diputado federal por el distrito 08, con sede en Costa Chica, Guerrero, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), pero las madres y los padres de los 43 normalistas le recordaron que tenía una deuda pendiente.

En la prensa local quedó documentado el día en el que le frustraron su arranque de precampaña en el salón Ávila de la cabecera de Ayutla de los Libres. Era el 27 de diciembre de 2017. Un grupo de madres y padres de los 43 subió hasta el templete, donde dirigiría un discurso, para exigirle que les dijera dónde estaban sus hijos.

“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, le mencionó una de las madres, según la crónica de ese día del periódico El Sur, donde los simpatizantes del ex gobernador salieron en su defensa.

Después de esos reclamos, Aguirre abandonó su aspiración. “El día de mañana retiraré mi solicitud como precandidato a diputado federal de mayoría relativa por el distrito 08, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero”, escribió en Twitter (ahora X) el 7 de enero del 2018.

Desde entonces, se ha concentrado en sus funciones como una especie de “líder moral” de la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG). En lo formal y en lo público Alberto Catalán Bastida es el dirigente estatal del PRD, considerado como un personaje cercano al exgobernador Aguirre.

Algunos actores dentro del PRD todavía le dan a Aguirre Rivero el peso de mover los hilos en el partido. Le atribuyeron que fraguó la alianza en 2021 con el PRI, que ubicó a Mario Moreno Arcos, otro de sus cercanos, pero del ala priista, como el candidato a gobernador por este frente, que perdió ante la actual gobernadora.

Otros, lo ubican ahora como un personaje político disminuido. Un ejemplo: en 2021 no pudo colocar a ningún regidor del PRD en el Cabildo de Ometepec, municipio de donde es originario que es considerado su mayor bastión.

Uno de sus compañeros de partido proporcionó otro dato interno: su corriente, el IPG, tampoco tuvo cuadros para presentar como propuestas a alcaldes en la elección pasada. De los 19 alcaldes actuales del PRD en Guerrero, sólo Tomás Hernández Palma, de San Marcos, pertenece a su corriente, pero porque el edil renunció a Nueva Mayoría (NM), corriente que lidera el perredista Evodio Velázquez Aguirre.

Aguirre “ahora no tiene base social”, comentó la fuente.

Lo que ha mantenido al ex gobernador vigente en la opinión pública durante estos años son sus artículos de opinión en El Sur, a nivel local, y Milenio, a nivel nacional. En ellos ha llegado a comentar algunos elementos del caso que atañe a la noche de Iguala, casi siempre en su defensa.

En una entrevista con reporteros en Chilpancingo, el domingo 17 de septiembre pasado, el ex gobernador informó que el Ejército le ocultó información de los hechos en Iguala, porque el comandante de la región militar le dijo que el 26 y 27 de septiembre de 2014 los estudiantes estaban en la Normal Rural y que se había inventado la desaparición. Esto lo expresó nueve años después.

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en su última aparición pública. Acudió al panteón central de Chilpancingo por el aniversario luctuoso del ex mandatario estatal, Alejandro Cervantes Delgado, el 17 de septiembre pasado.

Los funcionarios de la primera fila de su gobierno

Quien se libró en 2022 de una orden de aprehensión porque un juez federal ordenó la cancelación, es el abogado Iñaki Blanco Cabrera, quien era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2014.

De estos servidores públicos, además de Blanco Cabrera, 16 son integrantes del Ejército, como el comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En últimas fechas, el exprocurador ha concedido entrevistas extensas a periodistas de la capital del país para dar detalles de lo que hizo al frente de la ex PGJE tras los hechos en Iguala.

En el programa Contra cara de Heraldo Televisión, en agosto pasado, expuso, entre otras cosas, que la Procuraduría a su cargo fue la primera instancia en investigar los hechos de Iguala, antes de que la investigación fuera atraída por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), como “desaparición forzada”, porque entonces ya sabían de la participación de los policías municipales de Iguala y Cocula.

También que personal a su cargo concentró durante las primeras horas alrededor de 270 elementos municipales de Iguala en las oficinas regionales, los desarmó, les aplicó pruebas periciales y confirmó que al menos 22 habían accionado sus armas en las horas en que ocurrían los hechos. Expuso que le pidió ayuda a elementos militares y a una base de la Policía Federal para concentrar en sus instalaciones a los policías municipales retenidos por los indicios de su participación, pero que se la negaron.

Además, dijo que la estructura de la dependencia a su cargo auxilió a algunos de los estudiantes ilesos de esa noche, quienes fueron los primeros en proporcionarles información de lo que ocurrió.

La idea de pedir ayuda, aclaró, era separar a los estudiantes que también llegaban a las instalaciones regionales de los policías retenidos.

“Mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las autoridades federales o bien, que no se solicitó la intervención del Ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del Ejército, para que me permitieran concentrar a los elementos de la Policía Municipal en instalaciones militares. Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o como sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde ya tenía a resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y familiares”, fue parte de su comentario en el programa.

El caso sin resolver de la desaparición de los 43 normalistas también hizo imposible que Blanco Cabrera volviera al servicio público, actividad en la que se había desarrollado en los últimos años.

Antes de procurador tuvo varios cargos en la PGR: fue coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo, coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, delegado en Guerrero y titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de director de Quejas Recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todas estos cargos los luce en sus redes sociales como una carta de presentación.

En las últimas entrevistas lo presentan como un jurista destacado.

Con quien Blanco Cabrera comparte un escenario similar es con la magistrada en retiro Galeana Marín, quien también libró una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia, al igual que otros servidores públicos del TSJ de Guerrero, porque no resguardaron los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.

Cerca de este edificio público ocurrió una parte importante de los hechos de la noche de Iguala; hay indicios, por las indagaciones adicionales sobre el caso, de que a unos metros se llevaron a un número importante de los normalistas desaparecidos. En este dato estriba la importancia de los videos que nadie halla en el Poder Judicial.

En medio de este cuestionamiento, la magistrada se retiró de sus funciones.

Quien no pudo librarse de acciones legales, aun cuando estuvo en la primera línea de funcionarios públicos del gobierno de Aguirre Rivero, fue el teniente retirado del Ejército, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, porque fue detenido el 28 de octubre de 2022, en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada, además de llevar a cuestas el señalamiento de omisiones en la desaparición de los 43 normalistas.

Aun cuando por obvias razones está desdibujado del servicio público, Vázquez Pérez, sumaba 12 años en cargos públicos policiales y de seguridad, lo que expone que los actores políticos le tenían confianza.

Antes de ascender a secretario, el 7 de enero de 2014, era subsecretario de Prevención y Operación Policial, y antes coordinador operativo de la Policía Estatal, región Acapulco. Fue el cuarto secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguirre Rivero, quien entró en funciones en 2011.

Fue herencia de la administración de Alberto López Rosas, como alcalde de Acapulco (2002-2005), periodo en el que fue comandante de la Policía Turística. En la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) ocupó varios cargos, uno de ellos como coordinador general de Seguridad al Sector Turístico SSP.

Vázquez Pérez sólo duró nueve meses como secretario, porque dejó sus funciones a partir de la renuncia de Aguirre Rivero.

Uno de los funcionarios que libró la sombra de haber sido parte del gobierno de Aguirre, es Jesús Martínez Garnelo, quien fue su secretario General de Gobierno.

Martínez Garnelo sigue en sus funciones como magistrado del TSJ y es catedrático e investigador académico. Fue secretario a partir del 8 de julio de 2013; unas horas antes pidió licencia a la presidencia del TSJ.

Apenas este 20 de septiembre de 2023, el Poder Judicial del Estado de Guerrero convocó a través de las redes sociales a la presentación del libro del magistrado: “El juez penal y su procedimiento especial de ejecución de sentencias, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Chilpancingo”.

La prensa ha documentado que de cara a los hechos de Iguala, Martínez Garnelo se comunicó con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al tercer día de los hechos, el 29 de septiembre de 2014, para saber qué había pasado, pero que le contestó que no sabía.

Además, el gobierno de Aguirre Rivero adquirió un equipo para hackear computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa Hacking Team, unos meses antes de los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso en abril de 2016.

En su historia como magistrado, Martínez Garnelo ha sido considerado como una de las personas más cercanas a Aguirre Rivero. En 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por algunos años, porque junto a otro magistrado y una jueza liberaron al secuestrador sentenciado, Carlos Alberto Castro, apodado El Calilla.

Abarca Velázquez, otro de los actores políticos alrededor del caso Iguala, es hasta ahora en quien ha recaído la responsabilidad pública de la noche en que desaparecieron 43 y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa, aun cuando en términos legales, su permanencia en la cárcel está deslindada de esos hechos.

Un mismo juez, en un periodo de ocho meses, lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, aun cuando lleva casi nueve años detenido, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrida el 30 de mayo de 2013. De este caso se desprende el asesinato de tres dirigentes, entre ellos Arturo Hernández Cardona.

Lo que ocurrió la noche de Iguala evidencia un alto nivel de implicaciones de servidores públicos, no sólo a nivel municipal, también estatal y federal, pero a nueve años de distancia, la mayor de las afectaciones del primer círculo de las administraciones al frente de los poderes públicos locales, es un desgaste de su imagen política.

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al exprocurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”.

Texto: Jhon Gibler / Quinto Elemento Lab

Fotografía: Quinto Elemento Lab

26 de septiembre 2023

Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU.

Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero.

“Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.

Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.

Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.

Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero. “Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”.

Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia.

Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba.

“Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.

el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.

“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.

El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.

En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.

El reportaje completo está en Quinto Elemento Lab

La Normal Rural de Ayotzinapa un recinto de memoria por su lucha

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayotzinapa

25 de septiembre del 2023

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, además de ser un edificio educativo de formación para maestros en Educación Primaria y Educación Primaria con enfoque bilingüe, es un recinto de memoria sobre las luchas sociales emprendidas por los normalistas desde los tiempos de Lucio Cabañas Barrientos.

Cada generación de estudiantes de la Normal Rural plasma en sus paredes los rostros, las consignas y los ideales de los actores presentes y ausentes de su historia. Es un ejercicio claro para no olvidarlos y fortalecer la memoria colectiva.

Este ejercicio se ha convertido, a la vez, en un recordatorio de la deuda del Estado con ellos al intentar frenar sus luchas en distintos periodos, lo que convierte las paredes del recinto en un grito permanente de justicia.

Recorrer el plantel en estos momentos que se conmemoran los nueve años de la desaparición de los 43 y el asesinato de tres de sus estudiantes durante la noche de Iguala reaviva la fuerza de su grito: castigo a los responsables de todos los niveles de una noche que refleja el involucramiento de agentes de Estado y fuera de él, asociados en un propósito, desaparecer y aniquilar estudiantes.

Aquí mostramos estos lienzos de concreto de la Normal Rural que han tomado vida propia.

Foto 1. Los rostros de nueve de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la ventana de una caseta del plantel.

Foto 2. Estudiante de nuevo ingreso de la Normal Rural posa en un mural donde aparecen los rostros de sus compañeros caídos en diferentes momentos de la historia de su escuela.

Foto 3 y 4. Mural que presenta la lucha de nueve años por los 43 estudiantes desaparecidos; adelante una escena donde estudiantes se enfrentan a la Policía Estatal.

Foto 5. Mural en memoria de Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, quien fuera torturado y asesinado en noche de Iguala. En la pared continua aparece Genaro Vázquez Rojas Rojas, profesor y guerrillero referente de lucha de los estudiantes de Ayotzinapa.

Foto 6. Mural en honor a la lucha emprendida por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Foto 7. En este mural están los rostros de Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista y Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, en un reconocimiento que hacen los estudiantes a la lucha ya de nueve años de madres y padres de los 43.

Foto 8. El rostro de Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado la noche del 26 en Iguala.

Foto 9. Mural basado en la fotografía del fotorreportero José Luis de la Cruz, donde aparece Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro de los 43, cuando enfrenta a antimotines de la Policía Militar.

Foto 10. Mural con el que exigen de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su promesa de resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Con música, baile y poesía dicen no a la privatización del parque Pezuapa

La defensa del parque Pezuapa se debe a que en las últimas semanas un particular, de quien se desconoce el nombre, intentó apoderarse de una parte: cortó árboles y la cercó.

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

Con un bazar, encuentros artísticos, culturales y deportivos, vecinos de Chilpancingo defendieron al parque Pezuapa de la privatización que pretende realizar un particular.

En el festival participaron alrededor de cien expositores que vendieron desde ropa nueva, de segunda mano, comida, chilate, productos artesanales, orgánicos e internacionales.

También se realizó una expo-venta fotográfica y la intervención de un mural por parte de varios artistas de Chilpancingo y Tixtla con la temática del cuidado del medio ambiente.

Hubo conciertos de grupos musicales de la capital, demostraciones de deportes, bailes y poesía.

La defensa del parque Pezuapa se debe a que en las últimas semanas un particular, de quien se desconoce el nombre, intentó apoderarse de una parte: cortó árboles y la cercó.

El presunto propietario presentó unas escrituras de hace 20 años donde, según él, se comprueba que una parte del parque es suyo.

En respuesta, vecinos comenzaron a movilizarse para visibilizar la problemática: han protestado fuera del ayuntamiento, actividades en el parque, una de esas actividades de protesta es el Festival Pezuapa, recolectaron firmas para pedir que las autoridades invaliden las escrituras que presentó el supuesto dueño.

Las firmas serán entregadas a la alcaldesa en la próxima audiencia que tengan los vecinos.

“Yo no soy de aquí, pero me enteré de lo que estaban haciendo y quise venir apoyar con mi firma, no nos pueden arrebatar nuestros espacios”, comenta una mujer que asistió a firmar la petición.

En el bazar, este sábado y domingo, los asistentes se detenían a firmar la petición.

“Yo vengo todas las tardes con mis hijos y ahí donde cercaron jugábamos fútbol, así que no vamos a dejar que nos quiten ese espacio porque es de todos”, dijo uno de los que firmaron el escrito.

Durante una presentación deportiva que realizó la escuela de Tahi Boxing Guerrero Jaguar, que entrena todas las tardes en el parque Pezuapa, los alumnos se pronunciaron en contra de la venta de este espacio cultural y recreativo.

Y es que en Chilpancingo hay pocos espacios deportivos y de recreación donde la gente pueda acudir para un rato de esparcimiento.

Hace décadas la voz popular de los habitantes y visitantes de esta ciudad decían que en Chilpancingo hay más cantinas que canchas deportivas y escuelas.

Por ejemplo el Vivero de la colonia Los Ángeles que era uno de los principales pulmones de esta capital fue convertida en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo en la década de los ochentas durante el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado y la administración municipal de Alberto Saavedra Ramos.

Fueron devastados cientos de árboles en ese lugar que hoy está convertido en un muladar que en diciembre de cada año es una «gran cantina».

“Lo que hoy estamos haciendo es tratar de recuperar el espacio donde hacemos ejercicio porque no es justo que se quieran apropiar de algo que es de todos los chilpancingueños”, comentaron los alumnos al término de su presentación los alumnos de Tahi Boxing Guerrero Jaguar.

De forma paralela al bazar y las actividades artísticas, se colgaron listones y moños en la malla que levantó el particular para impedir el acceso a lo que, según él, le pertenece.

En el listón que colgaron en la malla la gente escribió la exigencia de no a la privatización del parque.

“Esta movilización es un acto de protesta, entendemos que la última palabra la tendrá el ayuntamiento y serán ellos quien resuelva el conflicto, pero como vecinos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que demostrar que este parque es importante para nosotros”, dice César Castro, vecino y organizador del festival.

Los parques cumplen una función social

Para el arquitecto Víctor Antonio Luviano Gutiérrez, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAM), los parques y espacios públicos cumplen una función muy importante en las ciudades, no sólo en cuestiones arquitectónicas, también cumplen una función social.

Los parques, explica, tienen tres funciones muy importantes, la primera: un parque sirve como conector entre uno o varios puntos de una ciudad.

“Un parque bien planeado siempre será un espacio transitado, porque tiene la función de ser un conector entre dos avenidas, colonias, o calles”, comenta.

Tal es el caso del parque Pezuapa que conecta a las colonias Margarita Viguri y Vicente Lombardo con el barrio de Tequicorral.

La segunda función tiene que ver con lo social y económico. Luviano Gutiérrez afirma que a través de los espacios públicos la gente convive con sus vecinos, se conocen y crean comunidad, logrando un ambiente social seguro y tranquilo, además de ser espacios donde la gente acude a hacer ejercicio, platicar, jugar o descansar, actividades que son esenciales para el bienestar humano.

Luviano Gutiérrez considera que si un parque es bien planeado por los urbanistas puede ser un detonante económico en la zona; recordó que eso se intentó realizar con el parque lineal sobre el río Huacapa, además de zonas de esparcimiento contaba con espacios para pequeños productores y negocios.

“Pero eso no funcionó precisamente por una mala planeación”, asegura.

La tercera función es que a través de los parques y espacios públicos las personas generan un sentimiento de identidad con el espacio donde habitan: “lo hacen suyo, lo usan como punto de referencia y se genera una apropiación colectiva”.

Luviano Gutiérrez trabajó restaurando parques en Morelos y desde su perspectiva la apropiación de un parque debe ser social y colectiva, no de un particular.

Consideró que al eliminar un parque de una ciudad se pierde la relación entre las personas y se pone en riesgo la integridad de los peatones que diariamente transitan por ahí.

“Imagina que desaparecen el parque Pezuapa, que pasa por debajo de la avenida Lázaro Cárdenas, una de las principales de la ciudad y además se pierde la conexión entre las colonias, el peatón ahora tiene que cruzar la avenida en calles inseguras y muy transitadas arriesgando su integridad física”, explica.

Luviano Gutiérrez sugiere que se revise cómo está catalogado el predio, porque si es propiedad federal es imposible que se hagan válidas las escrituras.

“Las escrituras necesitan ser firmadas por un alcalde, pero cuando se trata de algo que es propiedad de la Nación, ningún gobernador o autoridad local está por encima de esa figura legal”, afirma.

Los vecinos y asistentes del parque esperan que la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, se ponga a favor del parque y contra la privatización.

El festival en defensa del parque Pezuapa concluyó ayer domingo en la noche.

Te puede interesar: En Guerrero no hay apoyo oficial a enfermos mentales

Histórica protesta nacional de periodistas alcanza 65 ciudades y 30 estados

Texto: Vania Pigeonutt y Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero, Vania Pigeonutt y Yaretzi Pigeonutt

25 de enero del 2022

Ciudad de México y Chilpancingo

Al final de la protesta frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) los colegas proyectaron en la pared principal de la dependencia: “No se mata la verdad matando periodistas”.

Velas y altares en forma de fotos en tendederos con rostros de las y los periodistas asesinados en México relucieron en la protesta nacional de periodistas en la capital del país, que de acuerdo a la organización Artículo 19 suma 148 comunicadores asesinados del año 2000 a la fecha; con Andrés Manuel López Obrador van 28 periodistas asesinados.

En enero han sido asesinados tres periodistas: José Luis Gamboa apuñalado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana a balazos. Ella estaba en el mecanismo estatal de protección a periodistas.

La movilización se llevó a cabo en 65 ciudades de estados como Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, hasta Chiapas y otros estados. Fueron 30 estados los que alzaron la voz contra la injusticia gremial y las agresiones contra los periodistas.

La organización de más de 300 periodistas se dio desde WhatsApp. Periodistas como Alejandro Castro, de Yucatán, organizaron un chat en el que colaboraron con ideas, organización y articulación periodistas de todos los estados. “Es algo emotivo, pero a la vez nos hace ver nuestra propia vulnerabilidad”, dice Castro.

En las participaciones en Segob, los periodistas frente al memorial-tendedero de las fotografías de Gregorio Jiménez, Francisco Pacheco, Regina Martínez, Javier Valdéz, Miroslava Breach, entre otros periodistas cuyas imágenes fueron proyectadas en la pared de la dependencia federal, leyeron un pronunciamiento en el que mencionaron las condiciones precarias en las que hacen su labor, además de ser México uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.

“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”.

En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades, detallaron.

En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.

Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.

Los periodistas también pidieron justicia y que funcione realmente el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Aunque la protesta se prolongó hasta casi las 10 de la noche, no salió ninguna autoridad a atender a los periodistas.

En Guerrero

Para exigir el esclarecimiento de los tres periodistas asesinados en este mes de enero, dos en Tijuana, Baja California y uno en Veracruz, reporteros de Guerrero protestaron en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo.

Aquí en Chilpancingo, los trabajadores de los medios realizaron un mitin afuera de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) y prendieron veladoras en señal de luto.

La periodista Alina Fernández, dijo que ya no se debe de permitir ni un asesinato más contra los trabajadores de los medios de comunicación.

Dijo que en este mes de enero han sido asesinados tres periodistas; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, Baja California y José Luis Gamboa, éste último en Veracruz.

Señaló que actualmente los periodistas enfrentan dos graves riesgos: trabajar en zonas silenciadas por la delincuencia y por asedio del gobierno.

«Tanto el gobierno como la delincuencia tienen vínculos», aseveró.

En Acapulco, los reporteros se manifestaron en el Asta Bandera que está en la avenida Miguel Alemán.

También en Atoyac de Álvarez, hubo protestas de reporteros.

En las movilizaciones, los reporteros denunciaron que en las ciudades de Iguala y Taxco de Alarcón, hay periodistas desplazados por las amenazas que han recibido por la delincuencia.

Personas de la sociedad civil, organizaciones sociales, como el sindicato de telefonistas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan apoyaron las protestas. Estas terminaron con flores, cámaras en forma de altar en la calle y exigencias de justicia en múltiples cartulinas y mantas que exigieron alto al fuego.

La iniciativa: “¡Justicia para periodistas asesinados!” que fue subida al portal Change.org tiene un gran respaldo social con más de 47 mil firmas. Aún puedes apoyar acá: Change.org/periodismoenriesgo

Los periodistas protestaron en las siguientes ciudades:

Acapulco
Acayucan
Atoyac de Álvarez
Bahía de Banderas
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Emperador Cuauhtémoc: 16 años de lucha para la construcción de su escuela bilingüe

Esta primaria está asentada al sureste de la capital, en las faldas de un cerro, entre calles empinadas, pedregosas y de tierra blanca y suelta, a unos 25 minutos del centro de la capital en transporte público

Texto: Beatriz García

Fotografía: Amílcar Juárez

25 de enero del 2022

Chilpancingo

Padres de familia y autoridades de la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, ubicada en la periferia sur de Chilpancingo, desde hace 16 años luchan para que sus hijas e hijos tengan una escuela bilingüe intercultural digna para estudiar la primaria.

En este tiempo con todas su limitaciones económicas, los padres de familia construyeron aulas de adobe y madera, que ahora resultan insuficientes para recibir la educación básica.

La escuela fue fundada en 2006 que empezó a funcionar sin que tenga infraestructura adecuada. Los profesores trabajaron con tres claves prestadas por otras escuelas, apenas hace dos años las autoridades educativas les entregaron una clave a la primaria y los habitantes la llamaron Gregorio Alfonso Alvarado, en memoria de uno de sus compañeros de lucha desaparecido en 1996.

Este lunes, autoridades del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física y Educativa (Igife) acudieron al asentamiento junto con 10 representantes del mismo número de constructoras que concursarán para hacerse cargo de la construcción de la primaria.

Todo indica que los años de protesta de las familias al insistir a las autoridades por más de una década se reflejará en la construcción de la escuela.

La fundaron los padres de familia y habitantes de la colonia, un año después de que habitaran los terrenos a la que llamaron Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, en el 2006.

En la Emperador Cuauhtémoc están asentadas familias en 160 lotes provenientes de los diferentes pueblos originarios del estado donde confluyen nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, y juntos lucharon inspirados en la lucha zapatista.

En la comunidad hay un preescolar bilingüe intercultural que también está en condiciones precarias con sólo un aula de madera, techo de lámina y piso de tierra. La lucha de las familias en la comunidad no parará hasta que también se construyan aulas para este kínder.

Este lunes en la explanada de la primaria, están dos aulas de madera y techo de lámina, y los baños del mismo material y fosas sépticas que los padres de familia construyeron. Recién destruyeron unas aulas de adobe porque las autoridades prometieron que en febrero iniciaría la construcción de la obra de la escuela.

En esta escuela asisten 68 niños y niñas, y cuatro profesores, y los padres de familia confían en que con esta construcción la matrícula aumente.

En entrevista, el director del plantel, Hipólito Hernández Ojédiz, celebró que la lucha de los habitantes dio fruto, después de 16 años de exigirlo les construirán su escuela: una dirección, dos aulas, los baños, la barda perimetral y si de los recursos económicos que se dispongan para la obra queda un excedente se hará una explanada para suplir el piso de tierra, que en temporada de lluvia el lodo abundante impide jugar y ejercitarse a los niños.

Regularización de los predios del asentamiento

Los habitantes aprovecharon para exigir a las autoridades municipales los volteen regularicen sus predios, debido a que hace 17 años fundaron la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc sin que hasta el momento haya un reconocimiento por parte de las autoridades municipales de su asentamiento.

Los habitantes lograron tener agua entubada sin ayuda de ninguna autoridad, también lograron la electrificación aunque todavía no cuentan con drenaje ni calles pavimentadas.

Hugo Juárez, habitante de esa colonia, recordó que son 17 años de permanecer organizados y también luchando por preservar la cultura de sus pueblos pese a que están asentados en la mancha urbana, por ejemplo, en la comunidad rescatan la medicina tradicional mexicana.

“Son 17 años que requieren de una regularización por parte desde aspecto jurídico de la comunidad, y en ese proceso estamos. Aprovechamos también para que el ayuntamiento, que es la instancia donde vemos que es la posibilidad de regularizarnos, sea sensible, nos dé el apoyo, respete los 17 años que tenemos de habitar la tierra aquí, sufrir bastante y tome en cuenta”, pidió Hugo a nombre de su comunidad.

Pide Inmujeres a Congreso que apruebe despenalización del aborto

La iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Corte sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

18 de enero del 2022

Chilpancingo

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pide al Congreso de Guerrero que apruebe la iniciativa de modificaciones al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.

Esta iniciativa que fue presentada el pasado 12 de enero por las legisladoras morenistas Nora Velázquez, Gloria Citlali Calixto y Beatriz Mojica Morga se encuentra en trámite legislativo en las comisiones de justicia y salud.

Mediante un comunicado, el Inmujeres, recuerda que la penalización del aborto no evita su práctica y mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad para gestar quedan expuestas a realizar procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida y vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Menciona que, en el tema de la interrupción legal del embarazo, el Estado mexicano tiene diversas observaciones de organismos internacionales que lo han instado a armonizar su marco jurídico a nivel nacional y subnacional conforme a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que México se ha comprometido.

El Inmujeres expone que la iniciativa para despenalizar el aborto que presentaron las legisladoras de Morena, incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir.

Dicha iniciativa de decreto da elementos para cumplir con las recomendaciones dadas al estado de Guerrero en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado.

Menciona que en Guerrero todavía es una de las pocas entidades del país en el que las mujeres, adolescentes o niñas víctimas de violación deben tener autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo.

Además de que este documento contempla como excluyente de responsabilidad penal el aborto por violación, así como inseminación artificial no consentida, riesgo de salud, alteración genética y por abortos espontáneos o accidentales y mantiene como delito el aborto forzado sin la voluntad de la mujer o persona gestante, dice el Inmujeres.

Esta iniciativa presentada por las tres legisladoras de Morena ha provocado protestas de los grupos religiosos que se han pronunciado en contra de que el Congreso la apruebe.

La legisladora local del PRI, Julieta Fernández, encabezó una protesta frente al Congreso local de un grupo católicos entre ellos el Provida y del Grupo Interreligioso de Guerrero exigiendo que no se apruebe la despenalización del aborto.

Según la diputada priísta en el Congreso hay asuntos más importantes en la agenda legislativa que impulsar estas adecuaciones al Código Penal de Guerrero que permite la despenalización del aborto.

También grupos activistas que han luchado por los derechos de las mujeres se manifestado a favor de esta iniciativa.

Protestan en Casa Guerrero por estudiante desaparecida en la Ciudad de México

Los familiares de la estudiante desaparecida denunciaron que la Fiscalía General de Guerrero se negó a realizar las gestiones de búsqueda bajo el argumento de que el caso no está en su área de jurisdicción

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

18 de enero de 2022

Chilpancingo

Familiares y amigos de la estudiante Zeltzin Osiris de la Rosa Gómez que desde el pasado 12 de diciembre desapareció en la Ciudad de México protestaron en las calles y terminaron con un mitin afuera de la residencia oficial de Casa Guerrero para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para la búsqueda y presentación con vida de la joven que reside en esta capital del estado.

Mientras la mandataria estatal encabezaba en la sala de la República un acto oficial de la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afuera los manifestantes extendían pancartas y mantas en donde tenían la imagen de Zeltzin Osiris quien estudia en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

La protesta empezó con una marcha que partió en el parque Margarita Maza de Juárez, el norte de Chilpancingo.

De acuerdo con Karla Gabriela De la Rosa Gómez, dijo que su hermana Zeltzin salió de Chilpancingo a las 9 de la mañana del 12 de enero a bordo de un autobús de pasajeros Estrella Blanca a la Ciudad de México.

Narró que a las 12 con 30 minutos recibió un mensaje de su hermana Zeltzin de que ya estaba a punto de llegar a la Ciudad de México y que ya había solicitado el servicio de un Uber para transportarse a otra estación de transporte colectivo y llegar a su escuela en Atizapán de Zaragoza.

El viaje de Zeltzin Osiris a su escuela de la UPN fue para realizar unos trámites administrativos y verificar si las clases seguirán siendo en línea o presenciales.

Karla Gabriela contó que a las 12 con 49 minutos su hermana Zeltzin le mandó un mensaje de que estaba esperando el Uber, pero a las 12 con 52 minutos, ya no le contestó los mensajes.

«Estamos muy preocupados de que mi hermana no aparece; ella es bien tranquila y estamos pidiendo a las autoridades que la busquen y regrese con nosotros», dijo en entrevista Karla Gabriela.

Después de que los padres de Zeltzin presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esta institución ya emitió una ficha de búsqueda, aseguró Karla Gabriela.

“Queremos que nos escuchen, ese es nuestro objetivo, que nos tomen en cuenta, que las autoridades nos apoyen para que Zeltzin pueda aparecer”, comentó.

Durante la marcha pidieron el apoyo a la ciudadanía para que comparta la ficha de búsqueda en redes sociales y aportar a la pronta aparición con vida.

La marcha llegó al inmueble de Casa Guerrero a las 12 del día donde personal de seguridad les impidió la entrada, posteriormente fueron atendidos por el subsecretario de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, quien se comprometió a darles el acompañamiento jurídico.

Durante el mitin, los familiares de la estudiante desaparecida denunciaron que la Fiscalía General de Guerrero se negó a realizar las gestiones de búsqueda bajo el argumento de que el caso no está en su área de jurisdicción.

“Se buscó a la fiscalía para hacer las gestiones pero nos comentaron que no es su jurisdicción porque ya es otro estado pero que iban a realizar unas llamadas y ver si pueden hacer algo”, dijo Karla Gabriela, hermana de la víctima.

Anunciaron que este miércoles se trasladarán a la Ciudad de México para realizar una protesta en la Fiscalía General de Justicia y exigir la búsqueda de Zeltzin Osiris de la Rosa.

Covid-19: Sin freno éxodo de migrantes y violaciones a sus derechos humanos

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país

Texto: Beatriz García

Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

18 de enero del 2021

Chilpancingo

La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.

De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.

En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.

“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.

En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.

Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y tres por coronavirus.

Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.

“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.

Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.

Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.

En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.

Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.

El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.

Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.

Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.

El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.

Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional

En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.

Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se atendió el problema de los jornaleros.

La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.

Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo, se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa se registraron 14 mil jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.

Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.

Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.

La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.

ASE: siete meses sin auditor, una terna aprobada por Félix y Evelyn con un Congreso sin definir

Los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria de la ASE en donde se establece que para aspirar no debieron ser titular de dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.

Texto: Jesús Guerrero

Foto: Oficial

12 de enero del 2021

Chilpancingo

El Congreso local sigue sin definir el nombramiento del Auditor Superior del Estado (ASE) aunque la terna de aspirantes para ese cargo fue avalada desde hace meses por el senador Félix Salgado y su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La terna la integran: Ediseo Rubio Vejar, Héctor Gervasio Jiménez y Olivia Valdovinos Sarabia, ésta última es quien se perfila para ocupar la titularidad de la ASE, de acuerdo a fuentes del Congreso local y del gobierno estatal.

Alfredo Sánchez Esquivel, jefe de la bancada de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso ya tiene en sus manos el proyecto de dictamen.

Desde hace más de seis meses la ASE quedó acéfala luego de que su titular Alfonso Damián Peralta dejó el cargo al concluir su período de seis años.

Los tres candidatos que fueron avalados por Félix y su hija la gobernadora Evelyn Salgado, según la organización Colectivo Gamma dirigida por Jesús Flores García, no cumplen con los requisitos que establece la convocatoria que publicó el Congreso el 30 de junio del 2021.

En un escrito que esta agrupación envío al Congreso, señala que los tres candidatos violan la fracción VIII de la convocatoria en donde se establece que para aspirar a la Auditoría es no haber sido titular dependencia, entidad y organismo de la función pública estatal o municipal o representante popular federal, estatal, titular de algún órgano constitucional, autónomo, magistrado del Poder Judicial, consejero de la judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable durante dos años previos a su designación.

Tres perfiles señalados

En el caso de Héctor Gervasio Jiménez desde el gobierno de Héctor Astudillo fue designado encargado de despacho de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud estatal.

Gervasio se inscribió como aspirante a auditor y en vez de renunciar sigue en este mismo cargo en el actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

El 26 de noviembre del 2021, Gervasio, en su calidad de Contralor Interno de la Secretaría de Salud, le dio posesión a Ernesto Andraca Rodríguez como administrador del Hospital General de Chilpancingo, lo cual se mantiene en la información de esta dependencia en su página de Facebook.

Gervasio Jiménez, depende directamente del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova quien ocupaba este cargo en el gobierno de Héctor Astudillo y Evelyn Salgado lo ratificó en el puesto.

En el 2019, la Auditoría Superior de la Federación responsabilizó a Héctor Jiménez Gervasio de la contratación de 15 trabajadores que no cumplían con el perfil y eso originó que este órgano fiscalizador lo sancionara con la obligación de devolver 4 millones y medio de pesos a las arcas públicas.

Eso señalan los resultados de la auditoría 2019-A-12000-19-081-2020-812-DS, que realizó la ASF, en denuncia del ciudadano, Fernando Rodríguez Bermeo.

Olivia Valdovinos Sarabia, otra de las que está en la terna, fue directora de la Auditoría de Desempeño y Presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta el 2019, señala en su denuncia el ciudadano Fernando Rodríguez Bermeo.

El otro que tampoco cumple el requisito, según la organización Gamma, es Ediseo Rubio Vejar quien hasta el 2020, era coordinador de planeación y estrategias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y es gente allegada al anterior Auditor, Alfonso Damián Peralta y del ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

«Es evidente que es Félix Salgado Macedonio el que propuso esta terna para Auditor y de ninguna manera dejó que el Congreso realizara su trabajo de análisis de cada uno de las 28 aspirantes que se registraron para obtener ese cargo», dijo Jesús Flores García del grupo Gamma.

«Ya todo está arreglado para que cualquiera de ellos (a) sea el elegido en la Auditoría en base a lo que opine Félix Salgado», expresó.

El diputado local Jacinto González Varona, confirmó que ya está en manos de la Junta de Coordinación Política este dictamen pero que no existe fecha para que sea sometido ante el pleno y uno de los tres candidatos resulte electo.

«Efectivamente los tres candidatos que van en esta propuesta podrían ser sujetos a una impugnación en caso de que alguno de ellos resultara electo porque el proceso de elección no fue el más adecuado», externó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, aseguró que los tres cumplieron con los requisitos para que uno de ellos sea el elegido luego de que pasaron la evaluación.

«La terna está bajo resguardo en la mesa directiva y estamos en pláticas para llegar a un consenso y que el pleno decida», afirmó el legislador en una entrevista.

Este proyecto de dictamen de la terna es el mismo que la pasada 62 legislatura local pretendía que se analizara y se votara en su última sesión del 30 de agosto.

Sin embargo, en esa asamblea legislativa este dictamen ya no fue incluido en el orden del día debido a que las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y el PVEM condicionaban el nombramiento del auditor (a) siempre y cuando se aprobara también un decreto en el que se declarara como deuda pública los 14 mil millones de pesos al ISSSTE que se adeuda desde las administraciones estatales pasadas.

Este mismo dictamen podría ser sometido a consideración este enero.

Héctor Apreza Patrón, jefe de la bancada del PRI, asegura que el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel no les ha entregado el proyecto del dictamen, pero sabe que desde diciembre el morenista pedía que se aprobara el nombramiento de Olivia Valdovinos Sarabia para la titularidad de la ASE.

«Nosotros no vamos avalar algo que no conocemos porque además ni siquiera tenemos ese dictamen», expresó el legislador del PRI.

Escuelas en Guerrero: clases híbridas ante aumento de casos por covid-19

En Chilpancingo dos maestros dan positivo al virus

Texto: Beatriz García

Foto: Óscar Guerrero

10 de enero del 2021

Chilpancingo

Escuelas en el estado optaron por reiniciar clases a distancia y otras más de una manera híbrida que permita no estar todos los días en las aulas, ello, ante el alto índice de contagios por Covid-19 y pese al llamado de las autoridades del estado de regresar a clases presenciales.

Las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria que regresaron a las aulas lo hicieron al igual que el inicio del ciclo escolar en agosto del año pasado, asumiendo los costos económicos para tratar de cumplir con las medidas sanitarias.

Sin embargo, las autoridades educativas no han resuelto problemas como el de infraestructura, agua entubada y faltante de maestros, coincidieron maestros de la región centro, Montaña y el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano.

El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, argumentó que estaba en reunión y no podía atender la entrevista cuyo objetivo fue conocer el panorama de este reinicio a clases.

El reinicio de clases se dio el pasado 3 de enero, pero hubo escuelas iniciaron clases hasta este lunes, ante el temor de que maestros, trabajadores de los planteles y alumnos estuvieran contagiados después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En la inauguración del reinicio de clases presenciales el pasado 3 de enero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que era muy importante el regreso a clases, que era la oportunidad de niños y niñas para prepararse.

En el mundo, sin excepción Guerrero, vive la cuarta ola de contagios por la Covid-19 y lo demuestran las cifras que a diario hacen públicas las autoridades de Salud en el Estado. Hasta este lunes el registro es de 1,123 casos activos, los casos nuevos confirmados en 24 horas son 48, pero esta cifra puede ser engañosa porque en fines de semana los registros disminuyen porque además los módulos de vacunación no trabajan, como lo han informado en otro momento las autoridades.

Un registro antes del actual las autoridades de Salud informaron que en las últimas 24 horas se registraron 293 contagios, y un día antes de este se registraron 267 nuevos casos en ese mismo lapso de tiempo.

En Chilpancingo dos maestros dieron positivo a Covid-19: delegada de la CETEG

En Chilpancingo dos maestros de secundaria dieron positivo por coronavirus la semana pasada, lo que indica el riesgo inminente de regresar a las aulas, dijo en entrevista la delegada DIII-16-02 de la CETEG, Reyna Bello de Jesús.

La dirigente en la región Centro dijo que aunque las autoridades del estado insistan en el regreso a clases presenciales es arriesgado para los alumnos y maestros, porque no se sabe quiénes tuvieron contacto con personas Covid en vacaciones

La profesora dijo que no tenía la precisión de cuántas escuelas regresaron a clases presenciales en la región Centro, pero que la mayoría lo hizo de manera híbrida para evitar estar mucho tiempo en las aulas.

La maestra recientemente dialogo con profesores de la región y coincidieron que hay problemas que agudizan la situación de la pandemia, por ejemplo el hospital del ISSSTE –donde están subrogados los trabajadores de la educación- no les está dando todos los servicios después de los daños que sufrió con el temblor de septiembre pasado, tampoco hay medicamentos.

Agregó que otros problemas que aquejan a los planteles es que la SEG no ha atendido problemas de infraestructura, agua, internet, ni tampoco para mantener la higiene de la escuela, y en la medida de sus posibilidades los maestros y padres de familia lo solventan.

En el inicio del ciclo escolar en agosto del año pasado, las autoridades de la SEG de la administración anterior encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores dijeron que se estaba proveyendo de insumos de higiene a las escuelas. Luego las autoridades del actual gobierno aseguraron que también lo estaban haciendo, pero a cinco meses del inicio de ciclo no es así.

“Quienes están sacando la educación sin recursos, son los docentes y son los más vulnerables, porque mandan a los niños, pero los papás anduvieron en fiestas”, destacó.

La maestra lamentó que el actual secretario de Educación está impuesto por costos políticos no por experiencia pedagógica, y que entonces a los gobiernos no les importa la educación.

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Aprueban presupuesto para mujeres, y luego recortan: hubo 4 mil mdp menos para igualdad en 2020

Un análisis de la Cuenta Pública ha detectado que los recortes son una constante; organizaciones urgen a revisar presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad.

Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

11 de enero de 2011

Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 un presupuesto de 104 mil millones de pesos para el Anexo 13, el apartado presupuestal que financia los programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Hacienda le recortó 4 mil 152 millones de pesos.

Eso impactó en sectores como Salud, que tuvo 12% menos presupuesto, y entre los nueve programas dirigidos a mujeres que opera, por ejemplo, “Salud materna, sexual y reproductiva” tenía 2 mil 44 millones de pesos de presupuesto etiquetado, pero solo pudo ocupar mil 611 millones de pesos.

Además, también han desaparecido programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género, entre 2018 y 2021, entre los que se encuentran el Programa de Fomento a la Economía Social, de Coinversión Social, o la sustitución de subsidiar los lugares de cuidado como las estancias infantiles por un programa de entrega directa de dinero que operaba la Secretaría de Bienestar, o la partida para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada que ejercía la Fiscalía General de la República.

Los presupuestos, afirma la investigadora feminista de la UNAM, Patricia Rodríguez, significa la pauta económica de un gobierno. “Si un presupuesto tiene o presume de perspectiva de género tiene que visualizarse claramente en cómo está integrado, estructurado, definido”.

Por eso es que la construcción y aplicación del presupuesto es la definición de las prioridades para una administración. “Si por ejemplo, Hacienda dará 13 mil millones de dólares para salvar a Pemex que en cuanto a la producción es pésima y ha tenido pérdidas, ahí se ve claramente el reflejo de la política económica, claramente”, dice Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.

La alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha detectado que los recortes son una constante, hacen un llamado a que el Anexo 13 “cumpla con el objetivo de ser presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad y es necesario contar mecanismo para dar seguimiento al presupuesto”.

Guerrero, el más atrasado en legislación para erradicar la violencia contra mujeres y niñas: ONU mujeres

Por ello es que proponen la instalación de “mesas interinstitucionales” porque “en este contexto de emergencia que enfrentamos por el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios, se considera imperativo una revisión urgente de los programas presupuestarios que se incluyen en el Anexo 13 y otros que no están contenidos en él, pero que son fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

Otros de los recortes estuvieron en “las entidades no sectorizadas” que tienen partidas específicas de género como en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, y que tuvieron 57%, pues de mil 356 millones de pesos de presupuesto aprobado, solo tuvo a disposición 581 millones de pesos.

La Secretaría de Economía tenía mil 926 millones de pesos, pero le recortaron 466 millones, es decir, 35% de su presupuesto, que solo opera el programa de “Apoyo al emprendedor”.

Elsa Conde, integrante de Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI) explica que esto se trata de un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.

Esto debido a que el 31 de diciembre de 2021, el presidente eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados, y el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día.

Además, no solo hay recortes en años previos, sino que los incrementos presupuestales para 2022 son mínimos, pues la mayoría oscilan entre 3.42% y 3.78%, prácticamente se trata de la inflación calculada en 3.4%. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva tendrá 2 mil 26 millones de pesos, un incremento de 3.78%.

Aunque el Anexo 13 registró un aumento presupuestal histórico, con 75% más recursos para 2022, el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, pues 89% del presupuesto irá a Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, entre otros programas sociales, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán menos.