Los padres y madres de los 43 insisten en que AMLO encubre al Ejército

Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminarán con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez 

12 de junio de 2022

Chilpancingo

 

Al culminar aquí en Chilpancingo la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala reiteraron en acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger al Ejército de su responsabilidad de estos hechos de Iguala ocurridos casi ocho años.

Este domingo la protesta de los padres y madres, así como los estudiantes empezó en el punto conocido como El Caballito, al norte de la ciudad, y cruzó por las avenidas principales de Chilpancingo.

Durante el trayecto los manifestantes gritaron «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!».

La marcha terminó en el antimonumento, ubicado en el monumento a las banderas, al sur de la capital, con un mitin donde los oradores exigieron al gobierno federal dar con el paradero de los 43 estudiantes, que el Ejército y la Marina abran sus archivos y castigo a los culpables del caso Ayotzinapa.

“No podemos aceptar otra verdad histórica, el Ejército y la Marina planean engañarnos, pero no nos vamos a dejar, no abandonaremos esta lucha hasta saber verdaderamente donde están nuestros hijos, nosotros no olvidamos y no perdonamos”, mencionó durante su participación Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 desaparecidos.

Padres y madres de los 43 exigen castigo a los culpables

El pasado 28 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe del caso Ayotzinapa, donde se reveló la participación de la Marina y del Ejército en los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

Por ese motivo las madres y padres de los 43 normalistas exigen a las fuerzas armadas abrir sus archivos y expedientes para conocer sus implicaciones en el caso y castigar a los responsables.

De acuerdo con lo dijeron los padres durante el mitin existe un testigo protegido que asegura que 25 estudiantes de los 43 estuvieron en el 27 batallón de infantería horas antes de ser desaparecidos por la Policía Municipal y civiles armados.

Además de que los elementos de la Marina estuvieron en el basurero de Cocula, lugar donde de acuerdo con la verdad histórica fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes.

“A más de siete años que desaparecieron a nuestros hijos ningún gobierno da una solución, pedimos que dejen de engañarnos con su verdad histórica, queremos juicio para Enrique Peña Nieto y para (el ex gobernador perredista de Guerrero) Ángel Aguirre”, dijo otro de los padres.

Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminará con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.

En la marcha, que comenzó a las once de la mañana, participaron alrededor de 500 personas, entre padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa y de distintas normales del país, organizaciones sociales y colectivos de personas desaparecidas.

Los oradores de las distintas organizaciones como la Coordinadora Estatal de la Educación Guerrero (CETEG), de la Coordinadora Nacional de Comités Ciudadanos, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP) y del comité del 60, coincidieron en que a tres años y seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay garantías de justicia y se está encubriendo a las fuerzas armadas.

La marcha fue pacífica y después del pase de lista a los 43 estudiantes desaparecidos los manifestantes entonaron el himno Venceremos y se retiraron en los 14 autobuses en los que llegaron a esta capital desde la mañana de este domingo.

Familiares de desaparecidos en la Guerra Sucia protestaron en la 35 Zona Militar

Familiares de desaparecidos en la Guerra Sucia protestaron en la 35 Zona Milita

Marcharon con fotografías de sus desaparecidos y con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia: “Justicia y verdad, no más impunidad”, que el gobierno sea responsable de investigar y aclarar los hechos ocurridos en la Guerra Sucia”

Texto: Beatriz García

Fotografía: Óscar Guerrero

Han pasado 62 años desde que militares asesinaran en la sierra de Atoyac a cientos de familias. En ese territorio suman más de 700 desaparecidos.

Este sábado, Día del Ejército Mexicano, marcharon en la capital, y protestaron en la 35 zona militar, para exigir se abran “expedientes secretos” que tiene en su poder esa institución, donde habla de lo que pasó en la Guerra Sucia.

Por la mañana, un evento oficial encabezado por la  gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, celebró la presencia militar en Guerrero y la supuesta labor de protección que desempeña en la población, pero a la par la sociedad civil recuerda las graves violaciones que esta institución ha cometido a lo largo y ancho del estado.

A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos en los años sesenta, en la denominada Guerra Sucia, se reunieron en la capital, en la alameda Granados Maldonado. Los familiares marcharían hacia la 35 zona militar, en una marcha que denominaron: Marcha contra el Ejército Mexicano.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala”, se publicó en un texto en Amapola. Periodismo transgresor este sábado.

Los familiares de desaparecidos marcharon con fotografías de sus desaparecidos y con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia: “Justicia y verdad, no más impunidad”, “Justicia, pido el esclarecimiento de la desaparición de mi padre, Zenón Zamora Hernández, que el gobierno sea responsable de investigar y aclarar los hechos ocurridos en la Guerra Sucia, el 16 de julio de 1974”, “Desaparecido por el Ejército Mexicano, Raymundo Barrientos, el Rincón de las Parotas”.

El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974, de ellos siguen sin saberse y no se han castigado a los culpables, porque fueron desaparecidos por el Ejército de forma sistemática, una orden dada desde el comandante supremo de las fuerzas armadas, los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez y López Portillo.

Los desaparecidos, antes, fueron torturados, “con tratos inhumanos crueles y degradantes”, de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables, y que incluso hay militares que se hacen llamar “honorables” y que hasta medallas se les han entregado, pero que son unos criminales.

Lamentó que las desapariciones forzadas en el país y en el estado siguen, que es “una crisis humanitaria”, que pueden desaparecer una persona y nadie investiga nada, y que por ello es necesario se investigue desde la Guerra Sucia, porque si no esto crímenes se seguirán cometiendo.

Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen.
El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de  la 35 Zona Militar, donde en todo momento las puertas permanecieron cerrada.

En una torre de las instalaciones militares fotografiaron y grabaron la protesta de los manifestantes.

Los manifestantes colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.

En el lugar se escuchó el clamor de: ¡Justicia!, mientras realizaron un mitin donde  algunos familiares dieron su testimonio, y aclararon que no iban a felicitar a los militares si no a exigir la investigación de sus desaparecidos.
Al final un militar accedió a abrir una pequeña ventana, donde hubo una confrontación verbal, porque no los quisieron recibir, lo único que pudieron hacer es entregar un documento que firmaron todos los familiares, para exigir investigación y verdad en la Guerra Sucia.

Trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje denuncian retención de salarios

Exigen que se les regularice su relación laboral para que tengan beneficios como la prima vacacional, salario justo y que se les inscriba en el ISSSTE para tener servicio médico y otras prestaciones

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

15 de febrero de 2022

Chilpancingo

Actuarios y auxiliares del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCAE) interpusieron una demanda en la que reclaman sus derechos laborales como son salarios justos con todas las prestaciones sociales.

Los ocho trabajadores del TCAE que ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas de la delegación XVII del SNRP, dijeron que decidieron interponer la demanda porque la presidenta de esta instancia, Miriam Cisneros Cortés les retuvo su salario desde julio del 2021 y han recibido malos tratos de parte de ella.

A los trabajadores les dejaron de pagar sin decirles por qué retuvieron su salario, buscaron a Cisneros Cortés para que les diera una explicación; sin embargo, después de intentar un acercamiento verbal y después escrito al que se negó responder, los inconformes demandaron al Tribunal por privación de salarios.

La demanda fue interpuesta ante la Comisión sustanciadora del Poder Judicial y serán los magistrados los que determinen la resolución.

Los inconformes informaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuenta con un presupuesto de 36 millones de pesos y hay recurso catalogado para salarios y viáticos, pero Cisneros Cortés se los niega, dijo la actuaria Anabel Ayala Arteaga.

“Como actuaria tenemos que salir a notificar fuera de la ciudad y no nos dan viáticos, nos dicen que los gastos los tiene que cubrir el abogado”, comentó Ayala.

Los inconformes fueron acompañados por su abogado, Carlos Marx Barbosa Guzmán.

Iván Vargas Reyes representante de los afectados informó que en la demanda exigen que se les regularice su relación laboral para que tengan beneficios como la prima vacacional, salario justo y que se les inscriba en el ISSSTE para tener servicio médico y otras prestaciones.

“Los salarios son injustos, en tienda de raya los actuarios cobramos desde 1250 pesos, hasta 2500, y eso es algo que no alcanza para nada”, comentó Vargas Reyes.
Los inconformes explicaron que durante la pandemia Cisneros Cortés los hizo ir a las oficinas a pesar de no haber trabajo, ya que ninguna dependencia laboraba, informaron que a pesar de haber trabajadores contagiados de Covid-19 la institución sólo les da una semana de descanso.

Dijeron que siempre buscaron un dialogo con Cisneros Cortés, pero siempre se negó y desde que interpusieron la demanda no los atiende.

Miriam Cisneros Cortés fue nombrada presidenta del Tribunal el pasado 2 de septiembre de 2022 por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, de acuerdo con el Reglamento Interno del Trribunal, la presidenta debe ser nombrada por el gobernador en turno y se mantendrá en el cargo por seis años, culminado esa etapa se podrá ratificar por otros seis años.

“Es vergonzoso que un Tribunal que debe expedir justicia laboral los esta transgrediendo en casa y esta violando derechos humanos”, mencionó Vargas.

Exigieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que conozca la situación y concilie para que disminuyan los malos tratos a sus trabajadores.

Marchan normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo: «Nosotros sólo respondimos con lo que teníamos»

Durante la protesta, Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, consideró como provocación la respuesta de las fuerzas policiacas federales y estatales y que derivó en el enfrentamiento con los normalistas. «Esas fuerzas de seguridad deberían de estar apoyando al pueblo, no atacándolo»


 

Texto: José Miguel Sánchez y Amapola Periodismo
Fotografía: Óscar Guerrero
05 de febrero de 2022
Chilpancingo

 

Unos 300 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa marcharon por las principales avenidas de la ciudad, para exigir a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un alto a las agresiones que sufren por parte de la Guardia Nacional y Policía Estatal.

Los estudiantes dijeron que mantendrán la toma de las casetas para seguir financiando su lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desparecidos la madrugada del 26 de septiembre en Iguala y se haga justicia por 10 estudiantes asesinados en la historia de la escuela rural.

La marcha se realizó un día después del enfrentamiento que hubo entre elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal en la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Palo Blanco, donde denunciaron que 20 de sus compañeros resultaron lesionados y tres de ellos permanecen hospitalizados, uno de ellos grave por golpe en la cabeza.

La Secretaría General de Gobierno informó que el enfrentamiento dejó un saldo de 22 lesionados, 14 de la Guardia Nacional y ocho de la policía estatal, además de daños materiales por el tráiler que fue lanzado por los normalistas contra las fuerzas policiacas y que chocó contra un módulo de información turística.

La marcha inició en la Alameda Granados Maldonado. A las once de la mañana los estudiantes llegaron en siete autobuses procedentes de la Normal Rural, ubicada en Tixtla.

Recorrieron las principales avenidas de la ciudad hasta llegar al monumento a las banderas donde está el anitmonumento con el número 43, dedicado a sus compañero desaparecidos desde hace más de siete años. Allí realizaron un mitin acompañados de distintas organizaciones sociales.

Los estudiantes exigieron a Salgado Pineda detenga las intimidaciones y las agresiones que realizan las corporaciones de seguridad, recordaron que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron en Acapulco a cinco estudiantes al culparlos de poseer un vehículo robado, y los hechos del pasado viernes cuando un contingente de Guardia Nacional y Policía Estatal impidió a las madres y padres de los 43 desparecidos de Ayotzinapa realizar una activad de volanteo en la caseta de Palo Blanco.

Uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa, aseguró que los hechos de este viernes se originaron porque los agentes de seguridad fueron los que iniciaron la agresión. «Nosotros sólo respondimos con lo que teníamos», mencionó.

Los normalistas responsabilizaron a Salgado Pineda de lo ocurrido este viernes porque un día antes advirtió que aplicaría la ley a los que tomaran las casetas.

«Nosotros no somos vándalos como lo dijo Evelyn, y si protestamos es porque queremos que el gobierno nos cumpla entregándonos a nuestros 43 compañeros desaparecidos en Iguala».
La marcha fue pacífica y concluyó sin daños materiales, al término del mitin los estudiantes subieron a los autobuses en los que llegaron y se retiraron.

Condena Micaela Cabañas los hechos de la caseta

Micaela Cabañas Ayala, directora de Área de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró como provocación la respuesta a una protesta, por parte de las fuerzas policiacas federales y estatales y que derivó en el enfrentamiento con los normalistas.

Cabañas Ayala, hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, estuvo en calidad de observadora en la protesta que los normalistas realizaron este sábado en Chilpancingo.

Consideró que hubo órdenes de arriba para que las fuerzas de seguridad actuaran de esa manera contra los estudiantes.

«Nos vimos agredidos las organizaciones sociales y estamos en un descontento contra el gobierno estatal», opinó.
«No entiendo porque no aplican toda esa fuerza policiaca que tiene el Estado para combatir la inseguridad», exigió.
En Guerrero y el país hay suficientes fuerzas armadas para acabar con la inseguridad pero no están haciendo su trabajo como debería de ser.

«Esas fuerzas de seguridad deberían de estar apoyando al pueblo, no atacándolo», añadió.
Cabañas Ayala adelantó que será la presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra la que emita un posicionamiento oficial sobre los hechos de este viernes en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol.

Condenan activistas y padres de los 43 respuesta policiaca contra protesta de normalisas de Ayotzinapa

Eloy Cisneros opina que se inhibe la lucha social ante el cerco policiaco de la caseta de Palo Blanco, mientras que Tlachinollan y padres de los 43 lamentaron que el Estado en lugar de darles respuestas reprima al movimiento


 

Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez

05 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa condenaron el cerco policiaco impuesto por la Guardia Nacional y la policía del estado sobre la Autopista del Sol, que dejó un saldo de varios estudiantes y policías heridos.

Mediante un comunicado, respaldado también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el objeto de manifestarse fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y denunciar la falta de avances en las investigaciones; sin embargo, en respuesta, más de 800 policías los encapsularon coartando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Los padres de familian narraron que ayer, durante la confrontación con los elementos de seguridad, “los estudiantes optaron por retirarse a su escuela, pero un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses, razón por cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran, pero fueron rechazados violentamente con gases lacrimógenas que lanzó la Policía Estatal”.

En el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, hay cinco estudiantes que fueron detenidos y luego liberados, y dos más heridos que recibieron atención médica en un hospital de Tixtla.

En la opinión del movimiento, era totalmente innecesario emprender acciones de encapsulamiento y choque contra los estudiantes dado que estos ya se retiraban a su escuela evitando entrar en confrontación con las fuerzas policiales, pero en una acción injustificada e innecesaria.

“La Policía del Estado inició acciones de hostilidad y represión contra los jóvenes lo que implica un uso desproporcionado de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos”, ponderaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Respaldados por Tlachinollan, que también exigió al gobierno de Salgado Pineda alto a la represión, las madres y padres consideraron que: «se privilegia el uso de la fuerza del estado contra los que se movilizan por verdad y justicia, pero se deja que los grupos de la delincuencia organizada ejerzan un autogobierno e impongan sus reglas en varios territorios del estado de Guerrero, donde nada hace para contener el saldo de violencia y muerte que dejan a su paso”.

Condena luchador social acciones policiacas contra Ayotzinapa

El luchador social Eloy Cisneros Guillén se pronunció contra las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de permitir que la Guardia Nacional y la Policía Estatal impidan que madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa se manifiesten en las casetas de cobro de la Autopista del Sol.

“Yo difiero de las acciones que realiza la Policía Estatal y el ejército disfrazado de Guardia Nacional en las casetas de cobro, ya que inhiben la lucha social, que lo único que quieren es saber de sus familiares”, comentó después de presentar su libro “Rimas y calaveritas”, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Estas declaraciones las da después que Salgado Pineda dijo en un acto público que los cercos policiacos instalados en las casetas son para impedir actos de vandalismo.

Cisneros Guillen presentó su libro de poesía titulado Rimas y Calaveritas donde narra la persecución que sufrió de parte del Estado mexicano en la década de los setenta.

En el evento estuvo presente la secretaria de la cultura, Aida Martínez Rebolledo, quien dijo ir en representación de Salgado Pineda e hizo referencia al contenido del libro, dijo que las historias de persecución que se narran ya no se repetirán, “Quiero decirles que este no es un gobierno represor, ahora ponderamos la justicia social”, mencionó.

Mientras Martínez Rebolledo dirigió sus palabras al público que asistió a la presentación del libro, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol normalistas de Ayotzinapa se confrontaron con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Cisneros Guillen defendió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y dijo que la lucha que ellos emprenden todos los días por saber de sus familiares es una lucha justa y sentida por miles de personas.

Dijo comprender el sentimiento de tener un amigo y familiar desaparecido, ya que él vivió en carne propia la desaparición.

“En mi caso estuve desaparecido nueve días los cuales fueron una tortura generalizada para mi familia, ¿Qué será de los padres de los 43 que tienen más de siete años sin saber de sus hijos?, ellos viven una tortura psicológica”.

Hizo un llamado a las autoridades estatales a no usar las fuerzas policiacas ni militares para reprimir la lucha social y recomendó usar siempre el diálogo antes de usar la fuerza pública.

“La gente no hace plantones, bloquea calles, ni toma casetas por gusto, lo hacen porque tienen un problema, yo propondría abrir espacios para que la gente se exprese”, dijo.

El luchador social, Eloy Cisneros Guillén, durante la presentación de su libro Rimas y Calaveritas, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

Normalistas de Ayotzinapa se confrontan con la Guardia Nacional y Policía Estatal

Es la primera confrontación de esta dimensión entre el gobierno de la 4T en Guerrero y la Normal Rural de Ayotzinapa


Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
3 de febrero de 2022
Chilpancingo
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal, luego de que las agrupaciones policiacas evitaran que los estudiantes entregaran volantes sobre su movimiento, que entre otros puntos demanda la presentación con vida de sus 43 compañeros desarecidos en Iguala y que tomaran los módulos de cobro de la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.
El saldo de esta confrontación fue de al menos una decena de heridos. Durante casi una hora la autopista del Sol lució como un campo de batalla. Los normalistas lanzaron petardos y piedras, mientras que los policías con equipo antimotín y pistolas de gas lacrimógeno disparaban para dispersar la manifestación.
Sobre los heridos, cinco eran de la Guardia Nacional y cinco por parte de los normalistas.
Cuando los estudiantes se retiraban, detuvieron un tráiler, bajaron al conductor pusieron la palanca de velocidades en neutral y dejaron que se desplazara y se estrellara en una caseta de información turística dejando daños materiales.
Hasta las 14 horas, los más de 500 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal mantenían cerrada la caseta en tanto que los normalistas se retiraron en seis autobuses a las instalaciones de la escuela, en Tixtla.
A su paso por el punto conocido como el Parador del Marqués de la misma vía de cuota, a la salida de Chilpancingo, los normalistas lanzaron un petardo, de acuerdo a versiones de un automovilista que circulaba por esa vía, a una patrulla de la Guardia Nacional.
A la protesta acudieron organizaciones sociales en respaldo de los normalistas, que también exigen mejoras para su escuela rural ubicada en el municipio de Tixtla y que hasta el momento las autoridades no les han cumplido.
Estos hechos se dan, un día después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunciara el operativo para resguardar las casetas ante la toma de éstas por parte de los normalistas para continuar financiando las acciones de sus exigencias de justicia de justicia.
Durante al menos tres horas ese tramo, el kilómetro 20 de la autopista del Sol, mantenía el tránsito lento.
Acivistas condenaron los hechos y que la Guardia Nacional sea empleada para estos fines.

Violencia contra periodistas en México: más de 90% de crímenes impunes y mecanismos de protección insuficientes

Ya son 28 periodistas asesinados presuntamente por su labor periodística en lo que va del gobierno de López Obrador, según el registro de Artículo 19


Texto: Samedi Aguirre / Animal político

Fotografía: Oscar Guerrero

26 de septiembre de 2022

 

El asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana es el vigésimo octavo homicidio de una o un informador presuntamente por su labor periodística en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el tercero en el año, de acuerdo con el conteo de la organización Artículo 19.

El caso, que activó llamados a protestas este en varios estados este 25 de enero, tiene como antecedente un predominio de la impunidad en el país, que  abre paso a más violencia contra comunicadores. Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México inició 3,419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del 1% respecto al total de casos.

En 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, y hasta diciembre de 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70% de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.

A finales de 2020, el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoció que “hay un porcentaje muy alto de impunidad”. En noviembre de ese año dijo que en los casos de 38 periodistas asesinados en lo que iba del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador -el gobierno y organizaciones tienen distintos métodos de conteo- sólo se habían obtenido, hasta ese momento, 2 sentencias condenatorias.  Lo que arroja, de nuevo, más de 90% de impunidad.

“Yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy difícil para el gremio periodístico y para el país en general, que hemos visto el incremento de atentados contra periodistas y asesinatos”, comenta respecto a la crisis de violencia contra periodistas Lucía Lagunes, directora de la organización CIMAC.

“En la medida en la que la violencia contra la prensa va imponiendo el silencio en vastas regiones de nuestro país se está violentando nuestro derecho a la información. Cuando se pierden esas voces, esos ojos, esos oídos que nos están informando la sociedad pierde mucho y perdemos  también la posibilidad de construir una verdadera sociedad democrática”, destaca Polo Maldonado, director de Artículo 19 en México.

Otra organización, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.

“A pesar de que las autoridades han obtenido condenas clave en los casos de los periodistas asesinados Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea en 2020 y 2021, los medios continúan siendo atacados con frecuencia alarmante.

Al 31 de agosto, el CPJ había documentado como mínimo tres casos de asesinato de periodistas en México con absoluta impunidad en 2021; cuatro periodistas sufrieron la misma suerte en 2020, cifra solamente superada por los casos de periodistas asesinados en Afganistán”, refirió el CPJ.

Una Fiscalía insuficiente

En México, la  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) es la autoridad que se encarga a nivel federal de “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión”, según como se lee su página institucional.​

El director de Artículo 19 relata que esta fiscalía se creó hace más 10 años, gracias a las exigencias de diferentes organizaciones, periodistas y activistas, precisamente porque las investigaciones en materia de delitos contra la prensa requieren de un enfoque que pueda construir investigaciones a partir del contexto de la víctima periodista, de sus publicaciones  y de quienes pudieron haberse sentido exhibidos por sus investigaciones.

Sin embargo, Lucía Lagunes señala que dicha fiscalía tendría que haber empezado a dar resultados desde que se creó, lo cual no ha sucedido. Tampoco con el gobierno de López Obrador:

“Un cambio de gobierno en el cual se nos ha machacado de que aquí no hay impunidad, pues nosotras las periodistas tenemos otros datos, y los datos están siendo contrastados con la vida,  la vida de periodistas que estaban siendo asesinados y que no hay investigación.

De periodistas que han tenido que dejar las entidades federativas, porque de quedarse en ellas es probable que los asesinen, y son desterrados del lugar donde hacen su labor periodística y son echados a exiliarse dentro de su propio país, a otras ciudades donde muchas veces pierden la oportunidad de seguir haciendo periodismo”.

Así le ocurrió a la periodista Laura Sánchez Ley, originaria de Tijuana, quien hace 6 años tuvo que abandonar su estado tras ser agredida, acosada y amenazada por su trabajo de investigación periodística en aquella entidad.

“Consideré que ya  era momento de partir porque estaba de por medio también mi familia”, dijo Sánchez Ley a Animal Político, quien continúa como periodista independiente pero desde otra ciudad.

“La verdad es una situación muy compleja porque te pasan por la cabeza muchas cosas, piensas que te ven, piensas que te están vigilando, estás en constante comunicación con tu familia porque la familia es lo que más preocupa en esos lugares como Tijuana”, describe Sánchez Ley.

Ante la necesidad de homologar los procesos en todas las fiscalías del país, en 2018 se creó el  “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, como una herramienta para que las y los agentes del Ministerio Público, policías, peritos y analistas de información de toda la República pudieran resolver con mayor eficacia este tipo de delitos.

Pero a decir de Maldonado, “este protocolo, lamentablemente, en muchas de las entidades es letra muerta, y no se aborda la violencia contra la prensa con un lenguaje especializado”.

En parte, dice, esto se debe a que tampoco existe el interés por parte de la autoridad de hacerlo,  puesto que “la violencia contra la prensa tiene una motivación política  y precisamente al trastocar sus intereses políticos es que las investigaciones  no avanzan en el fuero común”.

Lagunes coincide y señala que quienes son agredidos “son estos periodistas que investigan las corrupciones de las entidades federativas en los gobiernos estatales, pero también en el gobierno federal”.

Por ejemplo, Artículo 19 registró 362 agresiones contra la prensa cometidas en el primer semestre del 2021, de las cuales 193  fueron por coberturas de política y corrupción.

Para Lagunes, el nivel de impunidad que se alcanza en nuestro país es muy insultante, que tendría que llevar al Fiscal General de la República a replantearse el lugar que se ocupa. Pues estamos hablando de una impunidad de entre el 90, 98%, digamos, dependiendo de las estadísticas”.

Además, Maldonado destaca que hay que ver las cifras con cuidado porque cuando se logra sentencia pues “no necesariamente se logra  en contra de todos los implicados”.

Rara vez, continuó, se logra concretar una sentencia en contra de los autores intelectuales de las agresiones, y ese debería ser parte del objetivo.

Y la situación se complica más a nivel local, pues Maldonado recuerda que el 50% de las agresiones contra la prensa las cometen funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, quienes suelen tener complicidad con los agentes del ministerio público locales.

Otro punto que destaca Lagunes es que se debería considerar la vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres periodistas en un país en donde la violencia contra las mujeres está normalizada socialmente.

Mecanismos de protección que también se quedan cortos

Por otro lado, en México también existe a nivel federal, y en algunas regiones a nivel local un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La FEADLE, en su reporte de diciembre de 2021, dio la cifra de  510 periodistas que habían solicitado medidas de protección entre julio de 2010 y diciembre de 2021, medidas entre las que se encuentran rondines domiciliarios, botón de pánico, y chalecos antibalas.

Al respecto, Lagunes señala que en su momento el Mecanismo también fue un recurso impulsado desde la sociedad civil y el gremio periodístico, pues “las organizaciones veíamos en su momento que era fundamental hacer evidente la responsabilidad del Estado mexicano ante la violencia que estaban viviendo personas defensoras y periodistas, los eslabones fundamentales para la democracia en México y en cualquier país”.

Lagunes destaca que “el mecanismo ha hecho de lo que ha podido y hasta hace muy poco tiempo decíamos, había salvado vidas. Creo que en muchos casos sigue salvando vidas, pero hoy tenemos periodistas asesinados, defensores defensoras asesinadas que estaban bajo el mecanismo de protección y debería haber una revisión interna de cuáles fueron las falencias que no advirtieron el riesgo para prevenir el homicidio”.

Leopoldo Maldonado señala que el problema es que “estos mecanismos son reactivos, no preventivos, y  es algo que se tiene que cambiar, pero además no siempre cuentan con los recursos humanos, financieros y logísticos para poder avanzar en fortalecer las medidas de protección, ser más eficaces”.

Sánchez Ley lo sabe de primera mano, pues relata que cuando sufrió la agresión la medida precautoria que le dieron con base en los mecanismos de defensa de periodistas fue algo llamado botón de pánico.

“Era el número directo del supervisor del C4 en Baja California, en ese momento hice la prueba, hice la llamada y nunca me contestaron ¿Que hubiera pasado si hubiera estado en una situación de riesgo? No me hubieran contestado, esa es la verdad que los mecanismos son un verdadero fracaso que de ninguna manera ha logrado ofrecer certezas a los periodistas y a las familias de quienes estamos en riesgo”, señala.

“Si la protección no va acompañada del abatimiento de la impunidad, no va a haber mecanismo, no va a haber programa de protección que pueda garantizar la seguridad de la prensa. Es una mirada integral, es una mirada sistémica que hoy por hoy no existe en México”, señala Maldonado.

Lo que se necesita, insiste, “es ir más allá de las medidas reactivas y de protección que va a recibir un periodista sino avanzar en que  las instituciones cumplan con sus  funciones y sus responsabilidad”.

Lagunes coincide, pues señala que “los atentados a la libertad de prensa son el reflejo de la debilidad de una democracia”.

Además, opina, el mecanismo “no ha logrado revertir las condiciones estructurales que permiten que los crímenes contra periodistas se puedan ejecutar. Y no lo ha logrado revertir, especialmente en estos tres años porque para el nuevo gobierno no es prioridad”.

“Entonces no se trata de que las y los periodistas son sujetos de derechos especiales, tiene una importancia y una preponderancia su labor en cualquier sociedad democrática porque precisamente nos informan, y a partir de la información es que podemos ejercer nuestros derechos y eso en México está en un grave riesgo”, señala Maldonado.

El subsecretario Encinas, en la conferencia de 2020, indicó que desde 2017 hasta agosto de ese año habían sido asesinados 6 periodistas incorporados al Mecanismo de Protección, 4 de ellos entre 2019 y 2020, Rafael Murúa, Francisco Romero, Jorge Armenta y Pablo Morrugares.

En el caso de Lourdes Maldonado, según refieren medios locales, estaba inscrita a un mecanismo de protección estatal, sin que eso impidiera su asesinato.

Docentes cierran Palacio de Gobierno para exigir prestaciones

Los maestros llevan tres años solicitando su reconocimiento en funciones administrativas, jefaturas de sector y recategorizaciones


Texto: José Miguel Sánchez

Foto: Amílcar Juárez

Chilpancingo

14 de enero del 2022

 

Alrededor de cien docentes que pertenecen al Frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero (FEDEEG) bloquearon los accesos del Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades les resuelvan una serie de demandas entre ellas la asignación de recategorizaciones y reconocimiento a sus funciones administrativas.

Desde las siete de la mañana los inconformes cerraron los accesos de la sede del Poder Ejecutivo y también la calle que está frente a estas oficinas de gobierno.

Los maestros llevan tres años solicitando su reconocimiento en funciones administrativas, jefaturas de sector y recategorizaciones, de acuerdo a lo que informaron.

El nombramiento oficial a sus verdaderas funciones que desempeñan les generaría prestaciones de ley en su beneficio.

“Hay docentes aquí en el frente que estamos desempeñando la función directiva, de supervisión o de jefatura de sector sin el reconocimiento ni la remuneración que nos corresponde por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG)”, comentó Herlinda Herrera Gálvez representante del FEDEEG en la Región Montaña.

Herrera Gálvez explicó que el pasado mes de diciembre se reunieron con el secretario de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, quien les aseguró les daría solución a sus demandas, pero a la fecha no han recibido respuesta favorable por parte de la dependencia estatal.

En las lonas que los maestros colocaron en los principales accesos del Palacio, plantearon que: “Exigimos regularización de claves efectivas, por una justicia educativa y laboral”.

Personal de la Dirección de Gobernación estatal llegó con ellos para tener un diálogo para que liberaran los accesos al inmueble, pero los maestros les dijeron que lo que querían es tener una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La mandataria estatal está desde este jueves en la región de la Tierra Caliente en donde realiza una gira de trabajo.

“Los de Gobernación vienen y dicen que nos entienden y están con nosotros, pero no es verdad, si de verdad nos entienden ya nos hubieran resuelto”, comentó una de las manifestantes.

Desde la administración del priísta Héctor Astudillo Flores, los maestros han estado pidiendo solución a sus demandas.

El 20 de mayo de 2021 al no ser
atendidos por la anterior administración estatal, los docentes se manifestaron en el Palacio Nacional y en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México pero tampoco recibieron respuesta.

Con la administración de Salgado Pineda los maestros retomaron el diálogo con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, quien les prometió revisar el techo presupuestal y conforme a eso darles solución a sus demandas, pero hasta el día de hoy no tiene respuesta.

Los docentes inconformes, aseguraron que ellos están trabajando de manera gratuita la parte administrativa y docente y solo se les paga una función, muchos de ellos son maestros y son directores al mismo tiempo y para lograr atender esas dos funciones trabajan por la tarde, o fines de semana sin remuneración ni prestaciones laborales.

“Nos preocupa la negligencia, la falta de interés y de compromiso por parte de la secretaria de educación a nuestra situación, por eso hoy estamos aquí, pidiendo un diálogo y solución a nuestras peticiones”, afirmó la maestra Herlinda Herrera Gálvez.

 

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