Foto: Cromática Miércoles 22 de mayo de 2024 Chilpancingo
Comerciantes de la central de abastos de Acapulco bloquearon el bulevar Vicente Guerrero de este puerto para denunciar que un grupo del crimen organizado los extorsiona con el cobro de una cuota y amenaza con secuestrarlos.
Los comerciantes se manifestaron en esta zona donde en los dos últimos días, hombres armados asesinaron a una mujer y a un hombre, además de que atacaron a la patrulla 140 de la policía municipal de Acapulco.
«Los comerciantes de la zona conurbada de Acapulco no vamos a permitir el cobro de piso por parte de la delincuencia; ni tampoco nos vamos a someter como tienen a todos los comerciantes de la central», se leía una cartulina expuesta por los manifestantes.
Durante la protesta, los comerciantes exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado que ordene la destitución del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Rafael Barriga porque, aseguraron, tiene nexos con integrantes de una organización criminal de esta zona de Acapulco.
Los manifestantes, que pidieron que sus nombres no se dieran a conocer para evitar represalias, exigieron que sea un militar o un elemento de la Secretaría de la Marina el que ocupe la Fiscalía Regional de Acapulco.
De acuerdo con lo que dijeron los comerciantes, el actual encargado de la fiscalía regional recibe sobornos por parte de la delincuencia organizada.
Denunciaron que este martes 21 de mayo, integrantes de un grupo criminal intentó secuestrar a dos comerciantes de esta central de abastos.
Otros dos asesinados en Acapulco
Autoridades de este puerto informaron que cerca de las 12 del día de este martes 22, un grupo de hombres armados llegaron a un establecimiento de materiales para la construcción y asesinaron a balazos a un trabajador e hirieron a otro.
Estos hechos ocurrieron en la colonia Libertadores, cercana a la cárcel de Las Cruces.
Otro hombre, tras ser perseguido por varios individuos, fue asesinado a golpes la mañana de este martes en la colonia Benito Juárez, en la zona suburbana de este puerto.
En las últimas 72 horas, ya suman 14 personas asesinadas y cuatro heridos en distintos puntos de Acapulco.
“No has muerto. No has muerto. No has muerto camarada, tu muerte, tu muerte será vengada”, consignaron los normalistas rurales del país, entre otras frases combativas, en las calles de Chilpancingo, donde esta mañana marcharon para exigir castigo para el policía que asesinó a su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Esta consigna dedicada al Che Guevara, en 1967, acomoda bien a los estudiantes normalistas para protestar este 2024 por el asesinato de Yanqui Kothan asesinado el pasado jueves 7 de marzo.
Los 61 años que han pasado desde la ejecución del Che a manos de un policía, parecen ser en vano. Yanqui Kothan murió por la mano de un policía, ahora prófugo, se dice.
Se trató de un contingente de unos 800 normalistas rurales de todo el país, al que se sumaron madres y padres de los 43 desaparecidos, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y los colectivos Centro de Derechos de las Personas Víctimas de Violencia Minera Bello y el Colectivo de Personas Desaparecidas en Chilpancingo Lupita Rodríguez Enciso. En total, entre 1,100 y 1,300 personas marcharon para exigir justicia.
La marcha partió de la avenida Insurgentes, de la estatua de Nicolás Bravo, a las 11:20 de la mañana, una hora con 20 minutos más tarde del horario establecido en la convocatoria y concluyó hasta la salida a Tixtla, en el sitio en el que Yanqui Kothan fue asesinado.
Vianey Guzmán, la madre y otros familiares de Yanqui Kothan, también participaron en esta multitudinaria marcha para exigir justicia por el hijo, el hermano, el primo, el que ya no está con ellos desde hace nueve días. Los familiares se mimetizan entre los normalistas, por medidas de seguridad también se cubren el rostro para no ser identificados.
La marcha pasó por las avenidas Insurgentes e Ignacio Ramírez, hasta llegar al punto conocido como Las Banderas en donde se hizo una parada en el antimonumento a las 43, donde las madres y padres de los 43 se solidarizaron con la madre de Yanqui Kothan. Dijeron que comprenden su dolor, porque es un sentimiento compartido porque a nueve años y seis meses no saben nada de sus hijos.
De ahí se encaminaron rumbo al viejo libramiento a Tixtla, punto en el que los primeros manifestantes comenzaron a arribar alrededor de las 13:40 horas. Todo el contingente llegó al punto del lugar del asesinato hasta las 14:00 horas.
En el sitio del asesinato realizaron una manifestación, en donde habló Vianey Peralta; de parte de las madres y padres de los 43, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Angel Navarrete, además de un joven normalista de cada delegación de las normales del país integradas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Vianey Peralta exigió justicia para su hijo, pero también habló de cómo está la economía nacional y local, la que hace que las familias apenas tengan para sobrevivir.
Emiliano Navarrete, por su parte, criticó a los policías que sin miramientos asesinan a jóvenes estudiantes, como ahora le tocó a Yanqui Kothan, de 23 años.
Anuncia la gobernadora la remoción inmediata de la fiscal del estado
Texto: Marlén Castro
Foto: Agencia fotográfica cromática
Viernes 15 de marzo del 2024
Chilpancingo
A los policías estatales Francisco N y Sigifredo N señalados de participar en los hechos en los que mataron al estudiante de la Norma de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, les dictaron prisión preventiva la noche del jueves, después de una larga audiencia en el Juzgado Federal, en Acapulco.
Durante todo el tiempo de la audiencia, unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se mantuvieron a la expectativa afuera de los juzgados federales, ubicados por la zona Diamante del puerto.
La audiencia comenzó alrededor de las 12:00 del día, momentos antes arribaron los normalistas de Ayotzinapa. Afuera de los juzgados federales, los estudiantes protestaron de manera pacífica por el homicidio de Yanqui Kothan.
Después de la larga audiencia, a los policías se les dictó prisión preventiva, no quedaron vinculados a proceso porque la defensa de los elementos de la Policía Estatal solicitó al juez federal ampliación del término.
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron pacíficamente en los juzgados federales, en Acapulco, durante la audiencia de los dos policías implicados en el asesinato de Yanqui Kothan, este jueves 14 de marzo. Foto: Agencia Fotográfica Cromática.
Los estudiantes normalistas y la familia de Yanqui Kothan junto con el Centro de Derechos Humanos de las Personas Víctimas de la Violencia Minerva Bello exigieron a las autoridades agilizar la búsqueda del tercer policía.
Los dos policías implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta el miércoles 13 de marzo, a los siete días del asesinato del normalista.
El comunicado de la SSP al respecto aseguró que los dos policías permanecieron concentrados estos siete días de forma voluntaria en las instalaciones de la dependencia.
El tercer elemento David N y el que es señalado de disparar a Yanqui Kothan en la cabeza sigue prófugo.
La forma cómo procedieron la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado sobre las detenciones de los elementos y la fuga del tercero generaron la destitución y la remoción de los titulares.
En el caso de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, anunció que ejercerá su derecho de audiencia en el Congreso local, porque al ser nombrada por la Cámara de Diputados, el procedimiento para separarla del cargo es diferente.
Gobierno del estado anuncia la remoción inmediata de la fiscal
Por la noche del jueves, ya casi cerca de la madrugada, el gobierno del estado emitió un boletín para informar que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda determinó la remoción inmediata de la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Foto: Agencia fotográfica cromática.
El comunicado informa que el artículo 142 de la Constitución Política del estado establece la remoción por causas graves y como puede ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, dentro de un plazo de diez días hábiles.
Añade que si eso ocurriera la fiscal podría ser restituida de sus funciones y si el Congreso no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción.
Por lo tanto, a la espera del proceso constitucional que conlleva la designación de una nueva persona titular de la FGE por parte del Congreso local, corresponde al vicefiscal de Investigación asumir las funciones.
—En tu nombre señor vamos a marchar¬, dijo un hombre de camisa blanca con una biblia en la mano izquierda pegada al abdomen. Automáticamente el resto de gente, la que tardó más de una hora en reunirse, se sumó a la plegaria e iniciaron la marcha para pedir paz a las autoridades estatales.
Eran las 10:15 de la mañana del jueves 8 de febrero, cuando el contingente de unas 100 personas salió de la estatua del Caballito, en el parque Margarita Maza de Juárez, dobló a la derecha, rodeó la entrada a la colonia Electricistas y se metió al carril Norte-Sur del bulevar Vicente Guerrero.
Así inició la marcha por la paz y la seguridad en esta ciudad que la mañana del jueves sumó cuatro días sin transporte público porque el primer fin de semana largo del año, del 3 al 5 de febrero, asesinaron a seis conductores de taxis, mixtas y urvans.
Conductores de Taxis y transporte público marchan por el bulevard Vicente Guerrero para exigir seguridad, en Chilpancingo, este 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
—“¿Qué queremos para Chilpancingo?”
—¡Seguridad¡ ¡Seguridad! ¡Seguridad! Contestaba el escaso contingente.
La marcha se internó al carril de alta velocidad de la Autopista del Sol. Durante el recorrido de unos seis kilómetros, hasta el punto donde doblaron para dirigirse al Palacio de Gobierno, del lado derecho del bulevar, vieron cuatro taxis con pasaje.
—¡Bájate, súmate! Les gritaron.
«¡Auxilio! Gob. Del Edo. ¡Nos están matando!» Decía una pancarta que portaba un transportista de unos sesenta años. Este señor dijo tener 40 años con su permiso de taxi.
«¡Gobernadora necesitamos trabajo!» Decía la pancarta de otro transportista, quien contó que lleva cuatro días sin llevar sustento a su familia.
En la marcha iban dos mujeres comerciantes de venta de chicharrones y palomitas. Las mujeres contaron que tienen hijos que mantener y si las niñas y los niños no acuden a las escuelas ellas no venden sus productos.
“Tengo miedo pero por amor a Chilpancingo me tengo que manifestar”, decía la pancarta de otro señor, un maestro jubilado que bajó de la colonia PRD para pedir paz. Dijo que leyó la convocatoria, que salió a invitar a sus vecinos, que éstos le dijeron que no irían porque temían por sus vidas y se vino solo, aunque traía temor.
Conductores de Taxis y transporte público marchan por el bulevard Vicente Guerrero para exigir seguridad, en Chilpancingo, este 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Este señor durante la marcha gritaba a la gobernadora que se preocupara por la paz de los capitalinos y el sustento de cientos de familias, también que tuviera compasión por las familias que lloran a sus difuntos y aparte de eso no tienen recursos para comer porque las actividades están paralizadas.
El grupo de transportistas dentro del contingente aparte de que gritaba que querían paz y seguridad, también decían: —“Fuera la MUTOEG”. “Fuera”. “Fuera”. “Fuera”.
¿Por qué quieren fuera a la MUTOEG? Se preguntó a uno de los que gritaban. Todos los transportistas callaron.
Movilidad Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero (MUTOEG), es la organización que aglutina a las uniones de transportistas de la capital y de otras ciudades del estado de Guerrero.
De acuerdo con uno de los transportistas, hace más o menos un mes y medio, aproximadamente a mediados de diciembre, los líderes de cada organización llamaron a los agremiados y pasaron la voz de que tenían que pagar una cuota de 1,000 pesos por concepto de seguridad. Junto con esta solicitud, la MUTOEG también les dijo que de ahora en adelante todos los vehículos de transporte público deberán estar registrados en el Registro Público de Vehículos (Repuve). Una gran parte, aceptaron, no están en ese listado.
De acuerdo con la misma fuente, la negativa a pagar esta cuota es lo que generó la violencia actual contra los conductores.
El escaso contingente llegó a la intersección del bulevar con la calle que baja al Palacio de Gobierno. Ahí bloqueo durante unos 10 minutos la circulación del carril Sur-Norte de la Autopista del Sol para una breve manifestación.
Pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora, a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, los tres niveles de gobierno en manos del partido Morena, no dejar solo a Chilpancingo con el problema de la violencia y de las familias que no tienen ingresos por la parálisis económica.
En seguida bajaron al Palacio de Gobierno. En el trayecto, los encontró el titular de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval, quien les dijo que en el gobierno estatal querían escucharlos para hallar la solución. Pidió que formaran una comisión para dialogar.
-«Entramos todos o nadie», gritaron.
Protesta de transportistas llega al Palacio de Gobierno para exigir medidas de seguridad ante la ola de violencia en Chilpancingo, el 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
En una breve entrevista, en este punto, Salinas Sandoval aseguró que 30 por ciento aproximadamente del transporte público había reanudado actividades desde temprano. Se vio circular a taxis, los que encontró este contingente durante la marcha, pero ninguna Urvan o mixta.
A partir de aquí, Salinas Sandoval, formó parte del contingente.
En la entrada del Palacio de Gobierno se negaron a formar una comisión. Entraron todos.
Mientras negociaron, se notó que las oficinas gubernamentales no suspendieron labores. Este jueves que ya es el cuarto día sin transporte, salvo alguno que otro taxi, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, no explica todavía a la ciudadanía qué problema hay con el transporte, por qué la gente tiene que quedarse encerrada en su casa, porque no hay unidades para moverse, y por miedo a quedar en medio de un fuego cruzado.
Unas horas más tarde, por primera ocasión, el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, dará la cara en un mensaje vía redes sociales. No explicará cuál es el origen del problema, pero pedirá calma a la ciudadanía y a los transportistas. Para tranquilizarlos dirá que no ha ocurrido ningún asesinato en las últimas 48 horas, que la ciudad está vigilada y que detuvieron a 14 sospechosos y decomisaron equipo como armas y cartuchos, además de autos y motocicletas.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, en su mensaje a la ciudadanía y transportistas para pedir calma. Foto: Captura de video del mensaje difundido en redes
La respuesta
Sólo unos veinte minutos estuvo el contingente de marchistas en la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. Los aproximadamente 100 marchistas salieron en tres grupos diferentes. El de las ciudadanas y ciudadanos contaron que lo que escucharon no les dio indicaciones de que el problema del transporte en la ciudad se resolvería pronto.
La propuesta que escucharon como solución al problema, hasta a ellos, que no eran transportistas, les pareció disparatada. Contaron que Salinas Sandoval propuso que una comisión de cuatro o cinco transportistas se integrara a un grupo de WhatsApp en el que mientras cubren sus rutas informen los puntos críticos y el gobierno y las fuerzas policíacas refuercen la seguridad.
—Obvio nadie quiso estar en un grupo así, quien lo haga corre peligro de morir por estar informando tal cosa—, contó el colono de la PRD.
Protesta de transportistas llega al Palacio de Gobierno para exigir medidas de seguridad ante la ola de violencia en Chilpancingo, el 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Un segundo grupo estuvo conformado por transportistas viejos de la ciudad, los que refirieron al salir que la propuesta que escucharon de la autoridad les indicó que el problema del transporte no se resolvería en corto, porque no se resuelve con retenes y vigilancia en las bases y paradas.
El tercer grupo, el de los transportistas que gritaban «fuera la MUTOEG», dijeron que no llegaron a ningún acuerdo, pero que seguirían dialogando.
De acuerdo con esta tercera versión, este viernes a la una de la tarde, tienen un nuevo encuentro con la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.
—Después de mañana, veremos, dijeron—. Se fueron de ahí en sus carros particulares. Sus taxis, urvans y mixtas están guardadas en sus casas.
La MUTOEG
Una rápida búsqueda en redes sociales y en noticias de internet arrojaron que el líder de la MUTOEG, Arturo Godínez Alarcón, es uno de los 21 aspirantes morenistas al Primer Distrito electoral local.
Que en la anterior paralización de la ciudad, en agosto del 2023, cuando asesinaron y calcinaron a tres conductores del transporte público de la ruta de Los Angeles-Mercado, el líder transportista firmó los acuerdos con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, para volver a circular y que el transportista junto con la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez recorrieron la ciudad capital, en noviembre del año anterior, para mejorar las operaciones de seguridad implementadas por el Ayuntamiento.
En las redes sociales, como WhatsApp, circula una amenaza de muerte de Los Ardillos, uno de los dos grupos del crimen organizado con operaciones en la ciudad, contra Arturo Godínez Alarcón, a quien llaman empleado de Los Tlacos, el otro grupo del crimen organizado con dominio territorial, económico y político en esta parte de la entidad.
Marchan conductores y concesionarios del transporte por la capital para exigir seguridad, se reúnen al final en Palacio de Gobierno con autoridades y concluye encuentro sin salidas al problema
Texto y foto: José Miguel Sánchez
8 de febrero del 2024
Chilpancingo
Esta mañana unas 100 personas, entre conductores del transporte público, concesionarios y ciudadanía marcharon en Chilpancingo, por el boulevard Vicente Guerrero, para exigir garantías de seguridad al gobierno municipal, estatal y federal.
La marcha fue convocada por redes sociales desde ayer y se invitaba a transportistas y población en general a unirse para exigir seguridad para que las unidades del servicio público vuelvan a operar en la capital.
La movilización ocurrió al cuarto día sin transporte público tanto local como foráneo y después de los crímenes de seis conductores y nueve unidades atacadas a balazos e incendiadas por grupos del crimen organizado.
Conductores de Taxis y transporte público marchan por el bulevard Vicente Guerrero para exigir seguridad, en Chilpancingo, este 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
“Queremos seguir trabajando y la población necesita el transporte público, por eso nosotros pedimos el apoyo del gobierno, que se pongo a trabajar”, dijo un líder transportista, que pidió omitir su nombre por seguridad, al iniciar la marcha.
Los pocos más de 100 manifestantes iniciaron la marcha en el parque Margarita Maza de Juárez, al norte de la capital y avanzó hacia el sur por los carriles centrales del boulevard Vicente Guerrero.
Antes de iniciar la marcha, los manifestantes reconocieron que existía miedo por manifestarse, derivado del último ataque contra un taxi en el fraccionamiento Jardines de Zinnia, que ocurrió este jueves por la mañana, y de mensajes amenazantes que circulan por redes sociales.
Conductores de Taxis y transporte público marchan por el bulevard Vicente Guerrero para exigir seguridad, en Chilpancingo, este 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
La madrugada de hoy, hombres armados incendiaron un taxi en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Zinnia e intentaron quemar otro en la colonia José María Izazaga.
La marcha culminó en la entrada de Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el titular de la Comisión Técnica de Transporte del estado, Arturo Salinas Sandoval.
En breves declaraciones, Salinas Sandoval dijo que llamó a los conductores y concesionarios a guardar sus unidades para que nos les pase nada.
Antes de ingresar a Palacio de Gobierno, los manifestantes llamaron a los tres niveles de gobierno a brindar la seguridad para retomar el servicio del transporte público.
“Tenemos miedo de hacer este tipo de manifestaciones, por miedo de que estos grupos que andan haciendo daño y mientras las autoridades se cruzan de brazos”, mencionaron.
Conductores de Taxis y transporte público marchan por el bulevard Vicente Guerrero para exigir seguridad, en Chilpancingo, este 8 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Después de 30 minutos reunidos con Salinas Sandoval, los manifestantes salieron y dijeron que no hubo acuerdo que les garantice la seguridad para retomar sus labores.
“No nos aseguraron nada, lo único que tenemos seguro es la muerte”, dijo un conductor al salir de la reunión.
Afuera de Palacio de Gobierno denunciaron que ayer el conductor de una mixta del transporte público desapareció junto con su unidad después de hacer un servicio al puerto de Acapulco.
Los conductores y concesionarios dijeron que no hay acuerdo ni fechas para que vuelvan a operar sus unidades y el transporte público se restablezca.
Protesta de transportistas llega al Palacio de Gobierno para exigir medidas de seguridad ante la ola de violencia en Chilpancingo, este 7 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
El titular de la Comisión del Transporte dijo que hoy ya opera un 30 por ciento de unidades, entre urvans y taxis.
En las calles no se observa que dicha cifra sea cierta. Se notó la circulación de unos pocos taxis por la ciudad. En algunos momentos de la marcha por el bulevard, alrededor de tres horas, el contingente abucheó a cuatro taxistas con pasajeros.
Protesta de transportistas llega al Palacio de Gobierno para exigir medidas de seguridad ante la ola de violencia en Chilpancingo, este 7 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Los trabajadores de partidos políticos que protestaron durante 10 días afuera del edificio Juan Álvarez, en el centro de Chilpancingo, para exigir el pago sus salarios levantaron hoy su protesta al prometerles el pago de las dos quincenas de enero.
Desde el martes de la semana pasada alrededor de 100 trabajadores administrativos del PRI, PAN y PRD tomaron el edificio de finanzas y recaudación, Juan Álvarez, para exigir a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), el pago de 26 millones de pesos al Iepcgro para pago de prerrogativas a los partidos políticos.
Los manifestantes mencionaron que se les deben cinco quincenas desde noviembre y los partidos no podían pagar porque el gobierno estatal no entregaba los recursos para su dispersión.
Los trabajadores de partidos políticos dejaron el edificio Juan Álvarez después de 10 días de protesta, este 1 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Con la confirmación del depósito a los partidos políticos, los trabajadores levantaron su protesta.
Los trabajadores de partidos políticos dejaron el edificio Juan Álvarez después de 10 días de protesta, este 1 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchezcontinuarán con la exigencia del pago completo de sus quincenas y que buscarán que los representantes de cada uno de los partidos lleven el tema al Consejo General del Iepcgro.
Los trabajadores en protesta, mayormente del PRI, cumplen hoy nueve días en protestas
Texto y foto: José Miguel Sánchez
31 de enero del 2023
Chilpancingo
Trabajadores de diversos partidos políticos cumplen nueve días de protestas para exigir a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) pague un adeudo de 26 millones de pesos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y este a su vez pague las prerrogativas a los partidos.
Los trabajadores protestan porque se les adeuda sus salarios, debido a la retención de las prerrogativas.
El adeudo corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, tiempo en el que, de acuerdo con los trabajadores manifestantes, no recibieron su pago de nómina.
“Nos deben ya cinco quincenas y acumulándose”, mencionó Ángel Domínguez Estrada, uno de los trabajadores del PRI afectados.
Son más de 100 trabajadores de partidos políticos los que se manifiestan desde hace nueve días afuera del edificio Juan Álvarez.
Aunque los manifestantes mencionan que los salarios varían, dependiendo del puesto y la antigüedad, la mayoría percibe el salario mínimo y otros un poco más, pero aseguran nadie rebasa los 5,000 pesos mensuales.
Si se hace una estimación, partiendo del salario mínimo, al mes un trabajador recibe 6,210 pesos.
Al mes, por estos 100 trabajadores, los partidos políticos destinan 621,000 pesos.
Por los tres meses adeudados, los partidos políticos, en este caso PRI, PAN, PRD y Movimiento ciudadano, deben a su base trabajadora un millón 863 mil pesos.
Con esta estimación, el pago de nómina es una mínima parte del adeudo de 26 millones que se debe a los partidos políticos.
Los 26 millones que adeuda la Sefina al Iepcgro, se repartían entre los entonces cuatro partidos, por lo que a cada uno le toca de seis millones de pesos y un millón se destina para el pago de nómina.
De acuerdo con el presidente del Concejo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia, además del pago de nóminas ese recurso se destina al pago de oficinas, salarios de la dirigencia y algunos viáticos.
“La postura del PRD, desde que el gobierno del estado comenzó a deberle al órgano electoral es de exigir el pago, lo de los trabajadores es un tema, pero nosotros como dirigencia, a través de nuestra representación, estamos exigiendo ese pago desde hace meses”, dijo Ruiz Valencia.
A pregunta sobre cuanto gana la dirigencia estatal del PRD, no respondió.
Aunque la mayoría de los trabajadores manifestantes son del PRI, aseguran que es un movimiento de trabajadores y no es un tema político.
“Nos han querido embarrar en un tema político, pero nosotros solo queremos nuestros salarios, porque de eso dependen nuestras familias”, mencionó la vocera del movimiento Araceli de la Torre Salgado en entrevista en el plantón que mantienen en el edificio de finanzas.
“Nosotros hemos sido muy respetuosos con la gobernadora, solo pedimos que se ponga en nuestros zapatos, que como ella tenemos hijos, gastos y asuntos personales fuera de la política”, agregó.
– ¿Por qué la protesta no es contra su patrón directo que son los partidos políticos? Se le preguntó a de la Torre Salgado.
Trabajadores de diferentes partidos políticos protestan afuera de la Sefina, este 31 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
«La verdad es que ellos no nos dicen nada por estar aquí y creemos que entienden la situación por la que pasamos», respondió.
Los trabajadores del PRI, además de liderar esta movilización en el edificio de Finanzas, también tienen cerradas sus oficinas centrales, ubicadas en la colonia Villa Moderna, al sur de la capital.
De acuerdo con información del Iepcgro, anualmente el PAN recibe 14 millones de pesos; el PRI, 49 millones; el PRD, 29 millones; Movimiento Ciudadano 13 millones y Morena 68 millones.
El adeudo de los 28 millones era solo para terminar el ejercicio fiscal 2023 y pagar quincenas y aguinaldos.
Desde el martes de la semana pasada, estos trabajadores de partidos políticos, mantienen cerrado el edificio Juan Álvarez.
Trabajadores de diferentes partidos políticos protestan afuera de la Sefina, este 31 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Durante estos nueve días de protesta cerraron algunas calles del centro de la ciudad e irrumpieron durante una sesión del Iepcgro para exigir al órgano electoral más determinación para exigir el adeudo.
“Nosotros aquí vamos a seguir, hasta que no veamos reflejados nuestros pagos, porque nos deben 2023 y comienzan a deber 2024”, agrego Domínguez Estrada.
Esta tarde, una comisión se reunió de nuevo con la presidenta del Iepcgro, Luz Fabiola Matildes Gama, quien les dijo que ya hay recursos legales ante los tribunales para que el gobierno del estado pague el adeudo.
“El tema del recurso que fue aprobado por el Congreso no ha sido entregado en su totalidad y la prueba somo nosotros que no se nos ha pagado, pero ella (Matildes Gama) nos aseguró que esta haciendo todo lo posible”, agregó de la Torre Salgado.
Un desalojo en la Autopista del Sol por policías estatales contra docentes, alumnos, madres y padres de familia de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero (Unipeg) dejó el saldo de 20 manifestantes heridos.
Los manifestantes bloquearon la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, para exigir a las autoridades estatales y educativas el reconocimiento oficial y presupuesto para la institución.
Desde las ocho de la mañana, unos 100 manifestantes llegaron a la Autopista del Sol y bloquearon los cuatro carriles.
Madres, padres y estudiantes de la UNIPEG durante el desalojo por policías estatales. Foto: Captura de video.
La exigencia fue una mesa de trabajo con la gobernadora y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para tratar el tema del reconocimiento oficial y el presupuesto.
Después de un par de horas de bloqueo, policías estatales con equipo antimotin llegaron al lugar, se formaron y replegaron a los manifestantes.
El desalojo se realizó de manera violenta, los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, quienes respondieron con pedradas.
Hubo empujones y varios maestros resultaron heridos durante el desalojo.
Antes del desalojo, el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, se acercaron al bloqueo para entablar un diálogo con los manifestantes; no llegaron a ningún acuerdo.
En conferencia de prensa después del desalojo, los manifestantes externaron su inconformidad con las autoridades estatales, mencionaron que su protesta fue pacífica.
Docentes, madres, padres y estudiantes muestran el resultado del desalojo violento. Foto: Cortesía Interacción Noticias
Gordiano Flores Rodríguez, uno de los integrantes del movimiento, denunció que además del desalojo los policías estatales les robaron objetos personales como mochilas y carteras que tenían en la camionetas en las que llegaron a la Autopista.
En el desarrollo del desalojo, hubo un incendio a unos 50 metros del lugar.
“Ese incendio van a decir que lo provocamos nosotros, no es cierto, se incendió por las bombas que nos aventaron”, mencionó Flores Rodríguez.
Agregó que son 20 las personas lesionadas después del desalojo.
“Queremos nuestra escuela”, gritaron las y los alumnos de la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, de Chilpancingo, para exigir la reconstrucción y reubicación del plantel afectado en el 2013 por Ingrid y Manuel.
Niñas y niños estudiantes, madres, padres de familia y docentes marcharon esta mañana por el centro de Chilpancingo para exigir a las autoridades educativas la reubicación y la construcción de un nuevo plantel.
Madres, padres, niños, niñas y docentes protestan en las calles de Chilpancingo, este 21 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta
Las y los manifestantes recorrieron las principales avenidas del centro de la capital hasta llegar al edificio de finanzas Juan Álvarez, donde tomaron el inmueble.
De acuerdo con el presidente del Comité de Reconstrucción, Miguel Ángel Ventura Ramos, no hay voluntad del gobierno del estado para construir su escuela.
“No entendemos por qué el gobierno del estado no se pronuncia para darnos una respuesta firme y formal de cuándo iniciaría la construcción de nuestra escuela”, mencionó Ventura Ramos.
Dijeron que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) espera la autorización para comenzar la obra.
“Vemos a través de los medios de comunicación que inauguran obras en el boulevard, van a construir un puente en la colonia Obrera pero de nuestro plantel no se menciona nada”, agregó Ventura Ramos.
El plantel, ubicado originalmente en la colonia San Rafael, al norte de la capital, presentó daños de humedad derivado del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel y desde entonces los directivos fueron advertidos del riesgo que implicaba impartir clases en el inmueble.
Con los sismos del 2017 y 2019 la situación se agravó, hubo desprendimiento de ladera y el inmueble presentó cuarteaduras que aumentaron el riesgo.
En el 2020 y parte del 2021, por el confinamiento ocasionado por la pandemia de Covid-19, las clases fueron virtuales, por lo que no se utilizó el plantel.
Para la reactivación del formato presencial, después de que fueron levantadas las medidas sanitarias, las alumnas y los alumnos ya no tenían donde asistir.
La solución que halló la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fue improvisar seis aulas en bases de camiones de carga en desuso, instaladas en un rincón del Centro Deportivo Hermanos Galeana, también ubicado al norte de la Ciudad.
Desde hace un año madres, padres y docentes emprendieron una lucha para exigir un plantel en un nuevo espacio.
Primero, a través de marchas, toma del Ayuntamiento y bloqueos en la Autopista del Sol, lograron que el Ayuntamiento de Chilpancingo donara un predio frente al aeródromo.
Ahora, la lucha es para que la SEG y el IGIFE comiencen la construcción del edificio.
Sigifredo Villalba Torres, trabajador del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), salió la tarde del domingo 7 de enero de su domicilio a retirar dinero a una sucursal bancaria, desde entonces sus familiares y amigos no saben nada él.
Sigifredo, de 46 años, es abogado de profesión y desde hace 15 años es trabajador sindicalizado del TSJ, en el área de Juzgados Penales de Ciudad Judicial.
Sus compañeros de trabajo lo definen como una persona tranquila y que no se metía en problemas, por eso les extraña su desaparición.
El domingo por la tarde Sigifredo salió a retirar dinero a una sucursal bancaria al centro de Chilpancingo, salió de su casa, sin dar más información a su esposa.
De acuerdo con la familia, Sigifredo tenía cuentas bancarias en HSBC y Banco Azteca y desconocen a que sucursal acudió ese día, o si al menos llegó a la sucursal.
Salió de su casa en su automóvil particular, una Nissan Kicks color roja, placas HAU-688-F, de la cual tampoco saben.
El domingo por la noche, al no regresar del banco, su familia interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por desaparición.
Desde entonces está en calidad de desaparecido y la FGE emitió su ficha de búsqueda.
A cinco días de la desaparición y ante la inacción de las autoridades, familares, amigos y vecinos marcharon la tarde de hoy y protestaron en las instalaciones de la FGE para exigir avances en la investigación y la pronta aparición con vida de Sigifredo.
Amigos y familiares de Sigfredo Villalba Torres protestan en Chilpancingo, este 12 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Alrededor de 100 personas iniciaron la marcha en la entrada de Ciudad Judicial, al sur de la capital, avanzaron hacia el norte y bloqueron por 15 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, a la altura del museo La Avispa, y después regresaron al sur por la lateral del bulevar Vicente Guerrero para concluir en la entrada principal de la FGE.
Durante la marcha, los manifestantes exigieron a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, agilizar las investigaciones para la pronta localización con vida de Sigifredo.
Posteriormente, ingresaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparicion Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde fueron atendidos por el vicefiscal, Miguel Ángel Cerillo Huerta.
La familia de Sigifredo evitó declarar a la prensa; fueron sus compañeros de trabajo quienes proporcionaron la información y contaron que desde un principio hubo irregularidades en la denuncia.
La principal es que a la familia de Sigifredo no le proporcionaron un asesor jurídico de oficio, como lo marca el protocolo, por quien recibirían toda la información relacionada al caso.
Es por eso que, en estos cinco días y sin su asesor jurídico, la familia no tenía información sobre la investigación.
Cerillo Huerta atendió a la esposa de Sigifredo a puerta cerrada y se comprometió a darle toda la información necesaria y asignarle el asesor jurídico.
La activista feminista Wendy Alanis Gutiérrez fue detenida esta tarde por policías municipales de género.
Wendy Alanis realizaba pintas en el zócalo de Chilpancingo para exigir justicia por los feminicidios ocurridos en el estado.
Wendy Alanís inició esta mañana una serie de pintas en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. Frente al Ayuntamiento escribió: “Alto a los feminicidios”.
Después se trasladó al quiosco del zócalo donde colgó algunas lonas con fichas de mujeres asesinadas. En ese mismo punto realizó otras pintas en las que se leía: «por un México sin feminicidios”.
Las policías municipales esposaron a Alanis Gutiérrez y la subieron a una patrulla para llevarla a la cárcel municipal.
“Estaba exigiendo que en Chilpancingo dejen de ser asesinadas las mujeres”, contó Wendy Alanís.
Contó que las polícias le dijeron “que estaba ensuciando la ciudad”.
Estuvo detenida aproximadamente una hora.
“Por realizar una protesta pacífica me llevaron presa, estuve detenida una hora y después me soltaron, eso evidentemente es una agresión”.
La protesta de la activista fue porque durante el fin de semana, en distintos hechos, asesinaron a dos mujeres y una más está herida de bala después de un ataque armado.
En Tepecoacuilco, otras dos mujeres asesinadas fueron halladas en la comunidad de Santa Teresa, junto a dos hombres.
El fin de semana asesinaron a cuatro mujeres en Guerrero, razón por la cual la activista protestaba para exigir a las autoridades garantizar la seguridad a las mujeres.
La activista dijo que denunciará la agresión ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) por la detención que calificó como arbitraria por parte de dos elementos de la Policía Municipal de la Unidad de Género.
El Frente Popular de la Montaña (FPM) se instaló en plantón afuera del Congreso local para exigir a los diputados y diputadas la comparecencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, por omisiones en el caso del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.
A las tres de la tarde, un contingente de 50 personas, integrantes del FPM llegaron a la entrada principal del Congreso local, bloquearon la avenida Trébol, colocaron lonas y un par de casas de campaña y se declararon en plantón hasta que los diputados y diputadas atiendan su petición.
El integrante de la Comisión Directiva del FPM, Telesforo Aguilar Villanueva, exigió al Congreso local que en la medida de sus atribuciones ayude a acceder a la justicia en el casa de Cerón Soriano.
«Queremos que el Congreso local exhorte al Poder Judicial a que se haga justicia en el caso de nuestro compañero Arnulfo Cerón Soriano, asesinado hace cuatro años, por una orden dada desde el Ayuntamiento municipal», dijo Aguilar Villanueva al instalarse en plantón.
Aguilar Villanueva exigió al Congreso citar a comparecer al presidente del TSJ. Foto: captura de video de redes.
Arnulfo Cerón Soriano era activista del FPM; desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero; 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
Por su asesinato, el FPM culpó directamente al entonces asesor del Ayuntamiento, Marco Antonio García Morales.
El alcalde, en ese entonces, era el morenista Dionicio Merced Pichardo, con quien Cerón Soriano tuvo varias diferencias por exigir obra pública y transparencia de los recursos públicos.
De acuerdo con Aguilar Villanueva, la exigencia de que comparezca Casarrubias Vázquez es saber porqué declaró inocente a García Morales, a pesar de que los autores materiales señalaron al ex asesor del Ayuntamiento de ordenar el crimen.
«La liberación (de García Morales) se dio sin valorar adecuadamente las pruebas, aunque la resolución está impugnada creemos que hay acuerdos económicos entre él y el Poder Judicial», dijo Aguilar Villanueva.
Hasta las cinco de la tarde, el bloqueo continuaba y aseguraron que no se retirarán hasta ser atendidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y entregar su solicitud.
